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Nacionales - 20-05-2023 / 10:05
OBSCENA MANIOBRA MAFIOSA DE LA JUSTICIA MACRISTA

La IGJ denunció a Patricia Bullrich, pero el juez Ramos mandó a investigar a la IGJ

La IGJ denunció a Patricia Bullrich, pero el juez Ramos mandó a investigar a la IGJ
MAFIA MACRISTA. El titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Ricardo Nissen, consideró este jueves que el allanamiento ordenado por el fiscal Carlos Stornelli a la sede de ese organismo tras la denuncia presentada contra la fundación de la titular del PRO, Patricia Bullrich, por desvío de fondos es "un mensaje mafioso" y un "amedrentamiento inaceptable".
Cuando la Inspección General de Justicia (IGJ) supo que su denuncia por las presuntas actividades irregularidades del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES), -la asociación civil que preside la precandidata presidencial del PRO Patricia Bullrich- había recaído en el juzgado de Sebastián Ramos con intervención del fiscal Carlos Stornelli, lo primero que hizo fue recusar a ambos por "temor de parcialidad".
 
Ello ocurrió el 10 de mayo pasado, según los registros judiciales. Sobre el juez, el escrito decía: "Es públicamente conocido que usted ha aparecido en chats y que ha sido citado a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados por habérsele relacionado, de modo muy singular, con un notorio integrante del PRO y (ex) integrante del Gabinete de Horacio Rodríguez Larreta cuya investigación por los delitos denunciados aquí se propicia".
 
Sobre Stornelli, "fue en su día -desde 2007- integrante de la Comisión de Seguridad de Boca Juniors cuando su presidente era Mauricio Macri, relevante integrante a su vez de Compromiso para el Cambio (desde 2005) y del PRO (desde 2008), del que forman parte las personas que aquí se investigan".
  
Dos días después, la IGJ recibió un oficio por parte de la fiscalía en el que le reclamaba documentación para la investigación sobre IEES, de acuerdo con el contenido de la denuncia.
 
El 15 de mayo, a las 13.18, mediante un escrito firmado por Ricardo Nissen, la IGJ le respondió a la fiscalía: "habiendo recibido este organismo un oficio remitido desde vuestra fiscalía el día 12 de mayo de 2023 relacionado a la instrucción de la presente causa en trámite, hago saber al Sr. Fiscal que este organismo ha planteado la recusación y/o pedido de inhibición del titular de esta fiscalía actuante y, de igual modo, respecto del juez interviniente en estos autos".
 
La IGJ consideró que la resolución de las recusaciones era una instancia previa a entregar la documentación requerida. Podía ocurrir que les estuviera suministrando información necesaria para la investigación a un juez y un fiscal que, finalmente y a instancias del propio organismo, no pudieran seguir interviniendo en la causa, justamente por las razones invocadas en las recusaciones. Dicho de otra manera, les podía estar suministrando información relevante a un juez y un fiscal cuya imparcialidad estaba cuestionada, por ser ambos macristas.
 
"En consecuencia, el precitado oficio será debidamente respondido una vez que exista resolución firme sobre el apartamiento o eventual prosecución de intervención en la causa penal respecto del Sr. Fiscal y del Sr. juez respectivamente", respondió la IGJ  sobre el filo del cierre del horario de atención al público en Tribunales aquel 15 de mayo.
  
Aquellas recusaciones fueron tácitamente rechazadas. La IGJ lo apeló de inmediato, argumentando además que no había existido un pronunciamiento explícito sobre las razones invocadas en el escrito en el que pidió el apartamiento del juez y del fiscal.
 
Al día siguiente, efectivos de la División Delitos Tecnológicos de la Policía Federal, acompañados por el auxiliar fiscal Ariel Quety y la secretaria de la fiscalía Florencia Desiderio, se presentaron en la IGJ con una "orden de presentación con allanamiento en subsidio". 
 

 
Ramos respondió con un allanamiento
 
El papel, firmado por el juez Ramos, le ordenaba a la Inspección que "en el día de la fecha haga inmediata entrega de la actuación sumarial 1.765.534, trámite 9.496.608, junto con anexos y documentación pertinente, así como también de todo otro expediente administrativo o actuación interna física o informática relacionada con los hechos denunciados".
 
El tono y los términos del escrito parecían indicar que se trataba de las primeras medidas destinadas a investigar la investigación que la IGJ había realizado y denunciado sobre la asociación civil encabezada por Patricia Bullrich.
 
La denuncia describía un supuesto mecanismo de recaudación de fondos que le permitió a IEES obtener unos 90 millones de pesos en 2022, parte de los cuales fueron destinados a pagar honorarios a algunos de sus propios miembros e integrantes de su comisión directiva, como por ejemplo el diputado Gerardo Milman (quien cobró 2.766.170 pesos); el ex  secretario de Coordinación, Planeamiento y Formación del Ministerio de Seguridad en la gestión Bullrich, Alberto Fernando Föhrig, (quien percibió 1.590.000) y el economista Martín Siracusa (quien obtuvo 1.400.000).
 
"Los destinatarios de los pagos referenciados no sólo son asociados de IEES sino que son miembros de su comisión directiva", es decir que se pagan a sí mismos, explica el informe, del que dio cuenta Tiempo en su momento.
 
El escrito que blandían los funcionarios policiales y de la fiscalía imponía que la IGJ "también deberá entregar los papeles de trabajo de los que se hubiera nutrido la investigación interna realizada e informar los funcionarios del organismo que intervinieron en la misma".  Además, "tendrá que aportar el organigrama de esa Inspección, junto con copias certificadas de la Resolución General 7/2015 y Resolución Particular 243/2023" y "hacer entrega de copias certificadas de las actuaciones vinculadas a la acción civil a la que se hizo referencia en la denuncia 'Inspección General de Justicia c/ Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad Asociación Civil s/ medidas precautorias', debiendo informar el Juzgado Civil donde quedaron radicadas".
 
El texto imprecaba: "En caso de negativa o falta de colaboración para el cumplimiento de la diligencia, el personal designado se encuentra facultado a proceder al allanamiento del organismo con el objeto de secuestrar la documentación precedentemente detallada".
 
La IGJ entregó toda la documentación en un pendrive. Y recordó que en el escrito de recusación al juez y al fiscal que dispusieron medidas para investigar la investigación había destacado que "hace a la transparencia de las Instituciones Republicanas que los delitos sean investigados y juzgados por personas no relacionadas con los imputados; imparciales".
 
Por: Néstor Espósito
 
Fuente: Tiempo Argentino
 

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02-04-2026 / 18:04
02-04-2026 / 18:04
01-04-2026 / 14:04
La Argentina de Javier Milei ha ingresado en una fase peligrosa: la de la construcción de una realidad paralela. Mientras las persianas de las pymes se bajan definitivamente, los comedores populares se desbordan y el consumo de leche cae a niveles históricos, el Gobierno nacional ha decidido que la mejor manera de combatir la pobreza no es con políticas públicas, sino con un lápiz y una goma de borrar en las oficinas del INDEC.


El reciente anuncio que sitúa la pobreza en un 28,2% para el segundo semestre de 2025 no es solo una provocación; es un insulto a la inteligencia de un pueblo que sobrevive en el ajuste más brutal de la historia argentina moderna. Estamos ante el "milagro estadístico" de un gobierno que pretende hacernos creer que, en medio de una recesión galopante y salarios de miseria, la pobreza ha retrocedido por arte de magia.



Javier Milei ha decidido abrazar el dogma por encima de la vida. Su gestión se ha convertido en una maquinaria de propaganda que utiliza la macroeconomía financiera para ocultar la microeconomía de la heladera vacía. Festejar un 28,2% de pobreza en un contexto de desguace del Estado, entrega de la soberanía y destrucción del mercado interno no es solo cinismo; es una declaración de guerra contra la realidad.



El Gobierno podrá seguir "dibujando" números y publicando gráficos en redes sociales, pero la calle tiene su propia estadística. Y en esa estadística, la que se mide en el boleto de colectivo, en el alquiler impagable y en el plato de comida que falta, el modelo de Milei solo ha demostrado ser un éxito en una sola cosa: en producir una miseria estructural que ningún comunicado oficial podrá ocultar por mucho tiempo. El despertar de este sueño estadístico será, lamentablemente, una pesadilla social de la que nos costará años recuperarnos.


De la redacción de La Opinión Popular

31-03-2026 / 16:03
29-03-2026 / 15:03
La gestión de Javier Milei atraviesa un momento muy complejo, atrapada en una tenaza que combina corrupción sistémica y degradación económica. La narrativa de austeridad se ha quebrado frente a pruebas judiciales contundentes: por un lado, el Caso $LIBRA, donde el peritaje técnico confirma un esquema de promoción de estafas piramidales que involucra directamente al Presidente y a Karina Milei por presuntos cobros millonarios; por otro, el escándalo de Manuel Adorni, cuya utilización de vuelos privados y un crecimiento patrimonial injustificado -que incluye mansiones y gastos de lujo- lo colocan como el nuevo emblema de los privilegios que el Gobierno prometió desterrar.

Sin embargo, el factor que transforma estos escándalos en un veneno letal para el oficialismo es el contexto de asfixia social. La paciencia popular, que hasta hace poco funcionaba como un cheque en blanco, se está agotando ante una realidad incontrastable marcada por la pobreza récord Con indicadores que ya superan el 55%, el ajuste ha dejado de caer sobre la política para ensañarse con la clase media y los sectores vulnerables; la inflación persistente, la cual, a pesar del discurso oficial, el costo de vida -especialmente en alimentos y servicios públicos- sigue demoliendo el poder adquisitivo de los salarios. A esto se le suma la crisis de expectativas: El contraste entre el "no hay plata" para comedores escolares y el despliegue de recursos en el entorno de Adorni ha roto el vínculo de confianza con su base electoral.


En definitiva, la caída en las encuestas no es solo producto de los tribunales; es el resultado de un modelo que pide sacrificios extremos a la población mientras sus máximos referentes se ven cercados por causas de corrupción que huelen a vieja política. La "libertad" parece haberse convertido, para el círculo íntimo del poder, en la libertad de gozar de privilegios mientras el resto del país cae en la indigencia.


De la redacción de La Opinión Popular

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