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Nacionales - 20-05-2023 / 10:05
OBSCENA MANIOBRA MAFIOSA DE LA JUSTICIA MACRISTA

La IGJ denunció a Patricia Bullrich, pero el juez Ramos mandó a investigar a la IGJ

La IGJ denunció a Patricia Bullrich, pero el juez Ramos mandó a investigar a la IGJ
MAFIA MACRISTA. El titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Ricardo Nissen, consideró este jueves que el allanamiento ordenado por el fiscal Carlos Stornelli a la sede de ese organismo tras la denuncia presentada contra la fundación de la titular del PRO, Patricia Bullrich, por desvío de fondos es "un mensaje mafioso" y un "amedrentamiento inaceptable".
Cuando la Inspección General de Justicia (IGJ) supo que su denuncia por las presuntas actividades irregularidades del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES), -la asociación civil que preside la precandidata presidencial del PRO Patricia Bullrich- había recaído en el juzgado de Sebastián Ramos con intervención del fiscal Carlos Stornelli, lo primero que hizo fue recusar a ambos por "temor de parcialidad".
 
Ello ocurrió el 10 de mayo pasado, según los registros judiciales. Sobre el juez, el escrito decía: "Es públicamente conocido que usted ha aparecido en chats y que ha sido citado a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados por habérsele relacionado, de modo muy singular, con un notorio integrante del PRO y (ex) integrante del Gabinete de Horacio Rodríguez Larreta cuya investigación por los delitos denunciados aquí se propicia".
 
Sobre Stornelli, "fue en su día -desde 2007- integrante de la Comisión de Seguridad de Boca Juniors cuando su presidente era Mauricio Macri, relevante integrante a su vez de Compromiso para el Cambio (desde 2005) y del PRO (desde 2008), del que forman parte las personas que aquí se investigan".
  
Dos días después, la IGJ recibió un oficio por parte de la fiscalía en el que le reclamaba documentación para la investigación sobre IEES, de acuerdo con el contenido de la denuncia.
 
El 15 de mayo, a las 13.18, mediante un escrito firmado por Ricardo Nissen, la IGJ le respondió a la fiscalía: "habiendo recibido este organismo un oficio remitido desde vuestra fiscalía el día 12 de mayo de 2023 relacionado a la instrucción de la presente causa en trámite, hago saber al Sr. Fiscal que este organismo ha planteado la recusación y/o pedido de inhibición del titular de esta fiscalía actuante y, de igual modo, respecto del juez interviniente en estos autos".
 
La IGJ consideró que la resolución de las recusaciones era una instancia previa a entregar la documentación requerida. Podía ocurrir que les estuviera suministrando información necesaria para la investigación a un juez y un fiscal que, finalmente y a instancias del propio organismo, no pudieran seguir interviniendo en la causa, justamente por las razones invocadas en las recusaciones. Dicho de otra manera, les podía estar suministrando información relevante a un juez y un fiscal cuya imparcialidad estaba cuestionada, por ser ambos macristas.
 
"En consecuencia, el precitado oficio será debidamente respondido una vez que exista resolución firme sobre el apartamiento o eventual prosecución de intervención en la causa penal respecto del Sr. Fiscal y del Sr. juez respectivamente", respondió la IGJ  sobre el filo del cierre del horario de atención al público en Tribunales aquel 15 de mayo.
  
Aquellas recusaciones fueron tácitamente rechazadas. La IGJ lo apeló de inmediato, argumentando además que no había existido un pronunciamiento explícito sobre las razones invocadas en el escrito en el que pidió el apartamiento del juez y del fiscal.
 
Al día siguiente, efectivos de la División Delitos Tecnológicos de la Policía Federal, acompañados por el auxiliar fiscal Ariel Quety y la secretaria de la fiscalía Florencia Desiderio, se presentaron en la IGJ con una "orden de presentación con allanamiento en subsidio". 
 

 
Ramos respondió con un allanamiento
 
El papel, firmado por el juez Ramos, le ordenaba a la Inspección que "en el día de la fecha haga inmediata entrega de la actuación sumarial 1.765.534, trámite 9.496.608, junto con anexos y documentación pertinente, así como también de todo otro expediente administrativo o actuación interna física o informática relacionada con los hechos denunciados".
 
El tono y los términos del escrito parecían indicar que se trataba de las primeras medidas destinadas a investigar la investigación que la IGJ había realizado y denunciado sobre la asociación civil encabezada por Patricia Bullrich.
 
La denuncia describía un supuesto mecanismo de recaudación de fondos que le permitió a IEES obtener unos 90 millones de pesos en 2022, parte de los cuales fueron destinados a pagar honorarios a algunos de sus propios miembros e integrantes de su comisión directiva, como por ejemplo el diputado Gerardo Milman (quien cobró 2.766.170 pesos); el ex  secretario de Coordinación, Planeamiento y Formación del Ministerio de Seguridad en la gestión Bullrich, Alberto Fernando Föhrig, (quien percibió 1.590.000) y el economista Martín Siracusa (quien obtuvo 1.400.000).
 
"Los destinatarios de los pagos referenciados no sólo son asociados de IEES sino que son miembros de su comisión directiva", es decir que se pagan a sí mismos, explica el informe, del que dio cuenta Tiempo en su momento.
 
El escrito que blandían los funcionarios policiales y de la fiscalía imponía que la IGJ "también deberá entregar los papeles de trabajo de los que se hubiera nutrido la investigación interna realizada e informar los funcionarios del organismo que intervinieron en la misma".  Además, "tendrá que aportar el organigrama de esa Inspección, junto con copias certificadas de la Resolución General 7/2015 y Resolución Particular 243/2023" y "hacer entrega de copias certificadas de las actuaciones vinculadas a la acción civil a la que se hizo referencia en la denuncia 'Inspección General de Justicia c/ Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad Asociación Civil s/ medidas precautorias', debiendo informar el Juzgado Civil donde quedaron radicadas".
 
El texto imprecaba: "En caso de negativa o falta de colaboración para el cumplimiento de la diligencia, el personal designado se encuentra facultado a proceder al allanamiento del organismo con el objeto de secuestrar la documentación precedentemente detallada".
 
La IGJ entregó toda la documentación en un pendrive. Y recordó que en el escrito de recusación al juez y al fiscal que dispusieron medidas para investigar la investigación había destacado que "hace a la transparencia de las Instituciones Republicanas que los delitos sean investigados y juzgados por personas no relacionadas con los imputados; imparciales".
 
Por: Néstor Espósito
 
Fuente: Tiempo Argentino
 

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15-01-2026 / 10:01
Desde que Javier "el Loco" Milei llegó a la Casa Rosada, cada 24 horas desaparecieron 30 empresas y se perdieron 400 empleos formales. Semejante carnicería productiva, 21.046 empresas y 272.607 puestos de trabajo menos en dos años, es resultado directo de las políticas oficiales, anarco capitalistas, que cerraron la Secretaría Pyme en el Ministerio de Economía y desfinanciaron todos los organismos destinados a impulsar la producción.
 
La destrucción del entramado productivo avanza a un ritmo sostenido en la Argentina bajo el gobierno de Javier Milei y no aparece como un efecto colateral inesperado, sino como una consecuencia directa del rumbo elegido. Entre noviembre de 2023 y octubre de 2025 desaparecieron 21.046 empleadores con trabajadores registrados, lo que equivale a un promedio de 30 empresas menos por día.
 
En paralelo, se perdieron 272.607 puestos de trabajo formales en unidades productivas, una caída del 2,77 por ciento que implica la eliminación de casi 400 empleos registrados diarios desde el inicio de la gestión libertaria, según los datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo procesados por el Centro de Economía Política Argentina.
 
Lejos de tratarse de una anomalía transitoria, el retroceso del empleo y de los empleadores se inscribe en una definición política explícita del Gobierno nacional. Desde el inicio de la administración neoliberal de Milei, la política industrial fue descartada como herramienta de desarrollo.
 
"La mejor política industrial consiste simplemente en tener buenas políticas fiscales y monetarias", repiten los libertontos una consigna que se tradujo en el desmantelamiento de áreas específicas del Estado orientadas a sostener la producción, el entramado Pyme y el empleo formal.
 
En esa línea se inscribe el cierre de la Secretaría Pyme dentro del Ministerio de Economía, la eliminación de programas públicos de crédito productivo y el vaciamiento de instrumentos que históricamente apuntaban a sostener a las pequeñas y medianas empresas frente a los ciclos recesivos.
 
La contracción del Estado como actor de coordinación productiva dejó a miles de firmas expuestas a un contexto macroeconómico adverso, sin amortiguadores ni políticas contracíclicas que atenúen el impacto del ajuste.
 
Los números muestran que el deterioro no distingue rubros ni regiones. La cantidad total de empleadores cayó de 512.357 en noviembre de 2023 a 492.223 en octubre de 2025. El sector más afectado fue transporte y almacenamiento, con 5.042 empleadores menos, seguido por comercio, servicios inmobiliarios, servicios profesionales e industria manufacturera.
 
También la construcción y las actividades agropecuarias registraron caídas significativas, reflejando el efecto combinado de la paralización de la obra pública, la caída del consumo interno y el encarecimiento del financiamiento.
 
Mientras las empresas se cierran y crece la desocupación, Milei se va de joda a Jesús María y a Davos como si el país anduviera bárbaro. Este industricidio aberrante solo se puede hacer con una sociedad completamente desmovilizada, una CGT que parece un club de viejas jugando a la canasta y una juventud idiotizada por internet con toda esa mierda rentada de youtubers e influencers. Esto es tierra fértil para la canalla fascista criolla.
 
La Opinión Popular 
 

14-01-2026 / 10:01
En la segunda semana de enero, los conflictos por despidos se propagan en la papelera Lustramax de Tortuguitas y la textil TN Platex de Tucumán y hasta en el gigante Mercado Libre. En ese cuadro, que contradice por completo la euforia del gobierno de Javier "el Loco" Milei, el INDEC dio a conocer el dato de inflación más alto de los últimos ocho meses, una señal de que ni siquiera el activo principal que vende el gobierno está funcionando bien.
 
El último IPC del año fue del 2,8% y los precios terminaron 2025 con un alza acumulada de 31,5%. Las Canastas Básicas aumentaron por encima: una familia tipo necesita más de $1,3 millones al mes para no ser pobre. La inflación subió por séptimo mes consecutivo y las Canastas Básicas aumentaron por encima de la variación de precios según el informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicado este martes. El estudio indica que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó un 2,8% en diciembre y cerró 2025 con un incremento acumulado anual de 31,5%. Por su parte, las líneas de pobreza e indigencia saltaron un 4,1% cada una.
 
La inflación se disparó un 2,8% el último mes del año pasado motorizada principalmente por las subas en Transporte (4%), tarifas (3,4%), Comunicación (3,3%), Restaurantes y hoteles (3,2%) y Alimentos y bebidas no alcohólicas (3,1%). Se trata de la marca más elevada desde abril de 2025 y el séptimo mes consecutivo sin caídas tras mayo (1,5%), junio (1,6%), julio (1,9%), agosto (1,9%), septiembre (2,1%), octubre (2,3%) y noviembre (2,5%).
 
En tanto, las Canastas Básicas Alimentaria y Total crecieron un 4,1% cada una - más de un punto por encima de la inflación mensual. Las CBA y CBT marcaron así sus subas más altas en los últimos meses: la línea de indigencia no registraba un incremento así desde marzo de 2025 (5,9%), mientras que la línea de pobreza tuvo su marca más alta del último año en diciembre. Trasladado a precios, la CBA se asentó en $190.780 y la CBT cerró a $423.532 en términos individuales mensuales. Por otra parte, un hogar de cuatro integrantes necesitó $589.510 al mes para no ser indigente y $1.308.713 para no ser pobre.
 
Por otra parte, la temporada turística no remonta. Pese a la profusa publicidad que desde las usinas oficiales lanzaron en los primeros días del año, la verdad, vista desde los propios lugares de vacaciones de los argentinos y comparando con la ocupación de cuando "estábamos mal", es que las vacaciones de millones de argentinos se achicaron a unos pocos días o nada.
 
Así lo revela la simple mirada a las playas de la costa atlántica o una recorrida por la disponibilidad de hospedajes. Enero, un mes donde era imposible conseguir un lugar y cuando se lograba, la exigencia era que se debía contratar por lo menos una semana, ha dado paso hoy a conseguir alojamiento en casi cualquier punto del país, y con una predisposición hotelera o de casas de alquiler a aceptar uno, dos o tres días, sin mayores exigencias.
 
Es que, como dicen los vendedores ambulantes de playa o de sierra, o los comerciantes céntricos, o las inmobiliarias, hay poca gente en comparación con otros años, con el agravante que vienen pocos días, preferentemente fines de semana, y con un presupuesto ajustado, "gasolero", como se dice.
 
Si se tiene en cuenta que diciembre es el mes donde millones de argentinos que aún gozan de un empleo en blanco cobran el medio aguinaldo y que al ser el mes de las fiestas se tiende culturalmente a consumir más alimentos y a comprar obsequios, la cifra de una caída tal da cuenta del desastre económico que el ajuste provoca en la parte media de la pirámide social y económica. No hablemos ya de la parte baja. Pero la Argentina es hoy un país donde al parecer, como en el dicho, hay una supuesta mayoría que le gusta que le mientan.
 
La Opinión Popular
 

13-01-2026 / 10:01
El Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE) publicó un informe que refleja el ajuste del gobierno de Javier Milei sobre los jubilados. "Las jubilaciones tienen un techo, no recuperaron lo perdido al inicio del gobierno y están atadas a la inflación (desde el DNU 274/2024), por lo tanto, con la actual ley tampoco lo recuperarán", señaló el escrito.
 
El centro de estudios calculó que la jubilación media es hoy 23% menor a la de diciembre de 2023, cuando inició la gestión libertaria. Como resultado, cada jubilado acumula, en promedio, una pérdida de 4,8 millones de pesos desde que asumió Milei.
 
Esto significó un brutal ajuste. Desde MATE alertaron que el Estado "ahorró" 100,8 billones de pesos desde que gobierna Milei, siendo los recortes en jubilaciones junto con obra pública y programa sociales, los tres segmentos más golpeados.
 
"El ajuste sobre los jubilados sigue siendo uno de los principales componentes del ahorro fiscal con 16,5 billones de pesos", detallaron. De esta manera, los adultos mayores se transformaron en "el sector social más castigado por el gobierno".
 
En paralelo, días atrás, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) calculó que el haber mínimo jubilatorio sería 27% superior si la gestión libertaria no hubiera modificado la fórmula en 2024.
 
En este sentido, en diciembre de 2025, la jubilación mínima sin bono se ubicó en $340.886 pesos. De haber continuado el esquema anterior, ese haber habría alcanzado los $434.279 pesos, un 27,4% más.
 
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13-01-2026 / 08:01
Cinismo libertario al palo. Después de desfinanciar el Plan de Manejo de Fuego en un 80% y rebajar los sueldos del área hasta un 30%, Javier "el Loco" Milei buscó capitalizar el trabajo de los que están controlando los incendios en el sur. Publicó una imagen suya con fuego y brigadistas, creada con IA, y los llamó "héroes". Le respondieron denunciando el destrato que reciben, la pérdida salarial y la precarización creciente.

Luego que su gobierno desfinanciara el Plan de Manejo del Fuego y negara las consecuencias del cambio climático, ni él ni sus funcionarios pisaron la zona de los incendios que llevan arrasadas 21 mil hectáreas en la Patagonia. Pero el presidente Milei se mostró en la red X en una foto trucha con las llamas de fondo y saludando a un brigadista. ¿Nos gobierna un idiota?

En medio de una ola de críticas en las redes sociales, el gobierno libertario esperó a la lluvia que este domingo cayó en la zona de Epuyén y El Hoyo, la más afectada por el desastre de los incendios, para salir a chapear sobre el despliegue de recursos nacionales que supuestamente ayudó a extinguir 22 de los 32 focos.
 
"Quiero mandar un agradecimiento especial a todos los brigadistas, bomberos y cada uno de los voluntarios que están combatiendo el fuego", escribió un muy formal Milei en X. Pero en Instagram compartió imágenes hechas con IA que lo muestran como un héroe en la zona de los incendios.
 
Pero la realidad es que Milei no viajó a la zona de incendios y ni siquiera llamó por teléfono al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, según contó en declaraciones televisivas. Pero además el gobierno nacional viene recortando sistemáticamente los fondos para combate de los incendios.
 
Organizaciones ambientalistas denunciaron que el Presupuesto 2026 establece un recorte del 78,5% en términos reales de las partidas para Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Además, los ambientalistas denunciaron que en 2025 el gobierno dejó sin ejecutar el 25% de los recursos asignado al SNMF y en 2024 apenas había ejecutado el 22%.
 
En ese sentido, este fin de semana los brigadistas de Parques Nacionales denunciaron las condiciones en las que trabajan. "Nuestra situación viene precaria y sin resolución desde hace mucho tiempo. Nosotros estamos pidiendo lo esencial: un salario digno, una planta permanente, estabilidad y una jubilación acorde. Necesitamos las respuestas de manera urgente", afirman.
 
El brigadista Hernán Mondino explicó que en la Patagonia están cobrando alrededor de 860 mil pesos de sueldo, mientras que en otras zonas del país perciben unos 600 mil pesos. "Empezamos a las 7 de la mañana y, si hay cierta estabilidad en el incendio, trabajamos hasta las 8 de la noche. Si pasa como el otro día, que el fuego estaba descontrolado, estás hasta las 12 o 1 de la mañana. Y no se pagan horas extras, no te devuelven el día", contó en radio Led.
 
Ariel Dattoli, brigadista de Parques Nacionales, apuntó que la pérdida salarial oscila entre un 25 y un 30 por ciento desde 2023: "Nos llaman héroes porque ahora les sirve, pero durante dos años nos castigaron salarialmente y nos tuvieron con contratos trimestrales, con el miedo de no saber si el periodo siguente ibamos o no a tener trabajo".
 
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12-01-2026 / 10:01
Una denuncia penal presentada en el ámbito de la Justicia Federal volvió a poner en el centro de la escena al presidente Javier "el Loco" Milei, esta vez por presuntas responsabilidades internacionales vinculadas al Estatuto de Roma y a la Corte Penal Internacional. El planteo fue registrado bajo el expediente CFP 58/2026 y lleva la firma de Aldo Sergio Parodi, quien acusa a Milei de ser cómplice y encubridor de un crimen de agresión cometido contra el Estado soberano de Venezuela.
 
Según el escrito, la denuncia se basa en la Ley 25.390, mediante la cual la Argentina aprobó el Estatuto de Roma en 1998, aceptando la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Parodi sostiene que el 3 de enero de 2026, en horas de la madrugada, se habría producido un "brutal y terrorista crimen de agresión" atribuido al presidente yanqui Donald Trump, con un saldo de víctimas fatales aún indeterminado.
 
En ese contexto, afirma que el presidente Milei omitió denunciar el hecho ante los organismos internacionales correspondientes, lo que, a su entender, configura un grave encubrimiento. El denunciante argumenta que, al ser la Argentina un Estado parte del Estatuto de Roma, el Poder Ejecutivo no solo puede sino que debe denunciar ante la Corte Penal Internacional cualquier crimen de lesa humanidad, especialmente aquellos tipificados como crimen de agresión en el artículo 8 bis del tratado.
 
En su presentación, Parodi afirma que la supuesta inacción del presidente Milei no sería un hecho menor, sino una violación directa a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino. En el escrito se remarca que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y de jurisdicción universal, conforme a lo establecido también por la Ley 26.200.
 
Bajo esa premisa, Parodi solicita que se investigue penalmente al presidente Milei para que explique por qué motivo no promovió una denuncia internacional y por qué, según su interpretación, habría avalado públicamente el accionar atribuido a Trump. La denuncia va más allá del ámbito local y pide que la Fiscalía General de la Corte Penal Internacional investigue el comportamiento de los jefes de Estado miembros del Estatuto de Roma que, siempre según el planteo, habrían aceptado o tolerado el hecho denunciado.
 
Parodi sostiene que, hasta el momento, la única acción penal internacional concreta estaría radicada ante la Justicia Federal argentina, situación que califica como "preocupante" por el impacto que estos hechos tendrían sobre la paz mundial. En otro tramo del escrito, el denunciante solicita expresamente que sea citado el ex fiscal general de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, para que, desde su experiencia en derechos humanos, ilustre al fiscal interviniente sobre la responsabilidad del Estado argentino frente a este tipo de situaciones.
 
También afirma que las expresiones públicas de Milei ante organismos internacionales, lejos de condenar el crimen, lo habrían avalado, lo que encuadra, a su criterio, en el delito de apología del crimen previsto en el Código Penal argentino. La presentación concluye con un pedido formal para que se investigue a Milei por una presunta violación a la Ley 25.390 y por apología de un crimen de agresión en perjuicio de un Estado soberano miembro del Estatuto de Roma.
 
El expediente quedó en manos del fiscal federal interviniente, quien deberá evaluar la viabilidad jurídica de la denuncia y los pasos a seguir. Por el momento, no se conocieron respuestas oficiales de Milei ni pronunciamientos de la Justicia sobre el fondo de la acusación, en torno a la política exterior argentina y a las obligaciones internacionales del Estado.
 
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