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Nacionales - 18-05-2023 / 09:05
LO ASEGURÓ LA AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN UN LAPIDARIO INFORME QUE DENUNCIA MÚLTIPLES IRREGULARIDADES

El brutal préstamo del FMI a Macri fue irregular, perjudicó al país y permitió la fuga de dólares

El brutal préstamo del FMI a Macri fue irregular, perjudicó al país y permitió la fuga de dólares
La Auditoría General de la Nación (AGN) aprobó un informe donde expuso los múltiples incumplimientos que cometió el gobierno de Mauricio Macri al firmar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que endeudó al país por casi 57.000 millones de dólares. La auditoría especializada reveló que el entonces ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, quien firmó el acuerdo, no tenía facultades para gestionar ni autorizar la deuda pública.
La Auditoría General de la Nación (AGN) aprobó un informe donde expuso los múltiples incumplimientos que cometió el gobierno de Mauricio Macri al firmar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que endeudó al país por casi 57.000 millones de dólares. La auditoría especializada reveló que el entonces ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, quien firmó el acuerdo, no tenía facultades para gestionar ni autorizar la deuda pública. Además, se omitió la aplicación de los procesos específicos para préstamos multilaterales y no se le solicitó al Banco Central un dictamen sobre el impacto de la operación en la balanza de pagos, tal como exige el artículo 61 de la ley 24.156 de Administración Financiera.
 
El informe fue aprobado por mayoría en una reunión llevada adelante en la sede de la AGN de la que participación su titular Jesús Rodríguez, y los auditores generales Francisco Javier Fernández, María Graciela de la Rosa, Juan Ignacio Forlón, Gabriel Mihura Estrada, Miguel Ángel Pichetto y Alejandro M. Nieva.
 
La AGN informó que el acuerdo resultó ser el más importante de la historia de la Argentina y también de la historia del FMI, representando 127 veces la capacidad de endeudamiento del país, determinando que, por su magnitud y características, impactó de manera adversa en la estructura de la deuda y sus riesgos.
 
Los fondos ingresados de la deuda con el FMI se aplicaron casi exclusivamente al pago de servicios de deuda detectándose que el 71 por ciento de los mismos, equivalentes a 27.732 millones de dólares, fueron utilizados para cancelar servicios de deuda de corto plazo emitida entre 2016 y 2019, es decir, durante el mismo gobierno de Mauricio Macri. "Estos pagos resultaron en una masa de recursos volcada al mercado que coexistió con una salida de capitales sin control, situación que debería haber sido evitada conforme al Convenio Constitutivo del FMI", remarcó la AGN en un comunicado.
 
Asimismo, el organismo resaltó la falta de intervenciones técnicas adecuadas para evaluar los costos y riesgos de la operación, inexistencia de opinión de la Unidad de Auditoría Interna, como así también la falta de asesoramiento jurídico oportuno y efectivo, destacando sobre todo la omisión de la actuación del Ministerio de Finanzas, que tenía a su cargo específicamente la gestión de la deuda pública. En el informe se destaca incluso que no se pudo encontrar el documento definitivo del acuerdo, dado que existen múltiples versiones del texto del crédito stand-by.
 
Como conclusión, la auditoría especializada señaló que los procesos y procedimientos relacionados al préstamo no aseguraron la eficiencia y la efectividad en la gestión de la deuda, provocando incumplimientos legales, afectando la prudencia en la administración del endeudamiento, y vulnerando la adecuada supervisión del financiamiento. "El auditado tomó decisiones sin contar con la debida información en cuanto al costo y riesgo asumidos, impactando en la solvencia y sostenibilidad de la deuda pública", subrayó el organismo.
 
El informe de la AGN le será enviado a la jueza federal María Eugenia Capuchetti. Magistrada que tiene a cargo la causa contra Mauricio Macri, Luis Caputo (ex ministro de Finanzas) y Federico Sturzenegger (ex titular del BCRA) por los delitos de malversación de fondos y administración fraudulenta en la contratación del crédito con el FMI en 2018 y el posterior desvío de los recursos obtenidos.
 
El fiscal interviniente imputó a los tres mencionados y a otros dos ex integrantes de los equipos económicos de Macri. Sin embargo, ninguno de los cinco fue llamado ni una sola vez a declarar por la jueza macrista Capuchetti, a pesar de que pasó más de un año y medio desde aquella imputación. ¿La mafia judicial macrista apañará este delito y lo encubrirá?
 
La Opinión Popular


 
El préstamo del FMI al gobierno de Macri fue irregular y perjudicó al país, aseguró la Auditoría General de la Nación
 
El informe publicado este jueves asegura que los 57 mil millones de dólares otorgados en 2018 excedían 127 veces la capacidad de endeudamiento. Casi el treinta por ciento de los desembolsos del FMI se usaron para financiar la salida de capitales financieros.
 
El colegio de auditores de la Auditoría General de la Nación (AGN) aprobó este miércoles por mayoría el estudio realizado sobre el préstamo que el Fondo Monetario Internacional (FMI) le otorgó al gobierno de Mauricio Macri, que detectó numerosas irregularidades, y advirtió que por la magnitud y características del acuerdo "impactó de manera adversa en la estructura de la deuda y sus riesgos".
 
Durante la reunión, el auditor general, Francisco Fernández -en su carácter de presidente de la Comisión de Supervisión de Deuda Pública- explicó los «hallazgos principales del informe» y la importancia de esta auditoría por ser la primera que se realiza sobre un préstamo del FMI.
 
El encuentro se realizó en el Salón Eva Perón de la sede de la AGN y participaron su titular, Jesús Rodríguez, y los auditores generales Miguel Ángel Pichetto, Francisco Javier Fernández, María Graciela de la Rosa, Juan Ignacio Forlón, Gabriel Mihura Estrada y Alejandro Nieva.
 
Por la aprobación del informe firmaron los auditores Fernández, Forlón, De la Rosa y Mihura, mientras que por la negativa se pronunciaron Pichetto, Nieva y Rodríguez.
 
 
127 veces por encima de lo posible
 
«El acuerdo suscripto, de casi 57 mil millones de dólares, resultó ser el más importante de la historia de la Argentina y también de la historia del Fondo, representando 127 veces la capacidad de endeudamiento de nuestro país«, recordó el auditor general Fernández.
 
«Por su magnitud y características, este endeudamiento impactó de manera adversa en la estructura de la deuda y sus riesgos«, señaló la AGN en un comunicado de prensa.
 
Según informó la auditoría, entre los principales hallazgos, se destacan «relevantes incumplimientos normativos, como la falta de autorización del endeudamiento, la omisión en la aplicación de los procesos específicos para préstamos multilaterales, la inexistencia del dictamen del BCRA sobre el impacto de la operación en la balanza de pagos y la firma del acuerdo por parte de funcionarios sin facultades legales para hacerlo».
 
Además, se advirtió sobre «la falta de intervenciones técnicas adecuadas para evaluar los costos y riesgos de la operación, inexistencia de opinión de la Unidad de Auditoría Interna, como así también la falta de asesoramiento jurídico oportuno y efectivo, destacando sobre todo la omisión de la actuación del Ministerio de Finanzas, que tenía a su cargo específicamente la gestión de la deuda pública».
 
«El 12 de junio (de 2018) se firmó el primer acuerdo con el FMI y los firmantes fueron el presidente del Banco Central (Federico Sturzenegger) y el ministro de Hacienda (Nicolás Dujovne), es decir, el ministro que no tenía facultades respecto de deuda pública», recordó la AGN.
 
El informe de la auditoría también destacó que por el préstamo «se pagaron comisiones y gastos al FMI por más de trece mil millones de pesos equivalentes, por ejemplo, al 52 por ciento del presupuesto del Conicet en 2018.
 
Ya con el préstamo récord otorgado, el detalle de los auditores subrayó que «casi el treinta por ciento de los desembolsos del FMI se usaron para financiar la salida de capitales financieros«.
 
Como conclusión, la auditoría especializada señaló que «los procesos y procedimientos relacionados al préstamo no aseguraron la eficiencia y la efectividad en la gestión de la deuda, provocando incumplimientos legales, afectando la prudencia en la administración del endeudamiento, y vulnerando la adecuada supervisión del financiamiento».
 
«El auditado (Ministerio de Haciendas-Banco Central gestión Macri) tomó decisiones sin contar con la debida información en cuanto al costo y riesgo asumidos, impactando en la solvencia y sostenibilidad de la deuda pública», remató la AGN.
 
Fuente: Tiempo Argentino
 

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09-02-2026 / 09:02
Karina Milei quiere concretar cambios en la cúpula del poder para tener el "control total" de lo que ocurre en el gobierno. La hermana presidencial, influenciada por los Menem, busca desalojar del sistema de decisión libertario a Santiago Caputo, a más tardar en marzo.
 
Pero no está fácil. El asesor tiene acceso directo al presidente Milei, que valora sus aportes. De hecho, en las últimas semanas, lejos de perder poder lo acrecentó. Se quedó con el control total de la agencia recaudadora (ARCA) y amplió las competencias de la SIDE, luego de desplazar al empleado infiel Sergio Neiffert y ubicar en su lugar a su contador, Cristian Aguadra.
 
Santiago Caputo incluso estaría aumentando su influencia sobre los aparatos militares y de seguridad. En las últimas semanas afianzó su relación con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva y de Defensa, Carlos Presti.
 
"Santiago está emocionado con todo lo militar: gestos simbólicos, Plan Bandera, los F16, los tanques, los granaderos, el nuevo Iosfa, son todas piezas de un plan para sacarle a Villarruel el voto de los militares", explicó un funcionario libertario.
 
Esta situación enardece a los Menem e impacta en el ánimo de Karina Milei, que tiene dificultades para entender que la idea del "control total" de un funcionario no votado como ella, no sintoniza con el espíritu democrático.
 
La molestia de la hermana presidencial quedó en evidencia este domingo: le avisó a su hermano que no lo acompañara a otro viaje más de subordinación trumpista. El presidente tenía pensado viajar este lunes a la cumbre de un supuesto trumpismo latino en Mar-a-Lago.
 
Karina le avisó a su hermano que no cuente con ella y Milei anunció que cancelaba su participación. "Javier no puede viajar sin la hermana", exageran en la Casa Rosada. Acaso más exacto sea que la hermana no quiera someterse a otro papelón como la última vez que fueron al club de la Florida de Trump, que suele alquilar su salón a distintos aventureros.
 
 De paso, no se confirmó aún su asistencia el 18 de febrero a la nueva "presentación oficial" del Board of Peace de Trump en Washington. El republicano se vio forzado a repetir el evento luego del fiasco de su lanzamiento en Davos, que juntó a Milei con una serie de "plutócratas afines a Putin", según el prestigioso diario inglés Financial Times.
 
La decisión de Karina Milei se suma a un dato muy interesante que publicó Perfil este domingo: en diciembre pasado la hermana del presidente no visitó Olivos.
 
"Ella está presionando a fondo para que le de el control total", sintetizó un dirigente libertario que conoce de cerca a los Milei. El asesor rehúye la pelea con la hermana y prefiere mantener la tensión a nivel de los Menem.
 
Karina no oculta su entusiasmo por la obediencia absoluta. La semana que pasó envió un mensaje claro a las bases libertarias. Su hombre en la provincia de Buenos Aires, el diputado Sebastián Pareja, dijo en un encuentro con militantes en Mar del Plata: "No hay mucha vuelta. Nosotros trabajamos bajo la lógica de un partido político que tiene sus autoridades y tiene su manual disciplinario. El que ventile sus diferencias, está fuera del espacio".
 

07-02-2026 / 19:02
Claudio Drescher, presidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria, uno de los sectores que más se benefició en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, dijo que los empresarios votaron al cipayo Javier Milei porque esperaban un cambio. Bueno, el cambio llegó y ahora el ministro de Economía del gobierno que votó, promueve la ropa importada.
 
El problema de Drescher es que no es el único perjudicado. No lo dijo, es probable que no lo vea o no le importe, pero todos los miércoles apalean a los jubilados y el gobierno quiere imponer una nueva legislación laboral que precarizará el empleo. El trabajo está más barato que nunca porque con este gobierno el salario perdió el 35 por ciento de su valor, están más bajos que en el 2001. Zafan los que trabajan mal pagados en varios empleos.
 
Y el comercio debe pagar fletes, alquileres y tarifas astronómicas. Varias tiendas cerraron en la calle Avellaneda, pero una señora de condición humilde que pasaba por allí, fue entrevistada por el cronista "Sergio en la calle". La mujer dijo que le costaba llegar a fin de mes aunque tenía tres trabajos, pero que el rumbo del gobierno era correcto. "¿Qué le parecen estos comercios con las persianas bajas?" preguntó el youtuber. "No, eso no es culpa del Presidente, eso es por malas decisiones personales".
 
Con el kirchnerismo, pagando buenos salarios, los empresarios textiles hicieron fortunas, pero votaron el cambio, según Drescher. Como el empresario, la señora de la calle Avellaneda está peor, pero uno y otra son incapaces de asimilar que respaldan un modelo de país donde ellos no tienen ninguna importancia.
 
El gobierno que votaron para que las cosas cambien apareció envuelto en varios hechos de corrupción. Se destacaron dos por sus evidencias: el escándalo de las criptomonedas $Libra, que involucró de manera muy directa al presidente. El otro hecho de corrupción que destacó entre muchos, fueron las coimas del ocho por ciento a los laboratorios, por los remedios para discapacitados, una estafa denigrante, en la que se mencionó a Karina, la hermana del Presidente.
 
El modelo tiene banca también en el ámbito judicial. Esta semana un decreto de Milei retiró al Estado argentino como parte en la causa por el megacrédito tomado en 2018 con el FMI. La causa está caratulada como "Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública". Entre los "y otros" están Federico Sturzenegger y el ministro de Economía que no compra nunca en Argentina, Luis Caputo.
 
La jueza María Eugenia Capuchetti, la misma que intervino en la fallida investigación del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, determinó que los delitos denunciados no eran tales sino "discrepancias con decisiones políticas". Por ese préstamo concedido de manera irregular, los funcionarios del Fondo que intervinieron, fueron expulsados. El fiscal Franco Picardi apeló la decisión de la jueza, porque el gobierno de Mauricio Macri tampoco siguió la normativa al tomar deuda y porque nunca se aclaró cuál sería el destino del préstamo ni en qué se usó. Esa deuda comprometió la soberanía argentina y el país quedó subordinado al control permanente de sus decisiones económicas.
 
Para Caputo no era una situación nueva. En 2017 apareció en los Panama Papers, en una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, como administrador de una gerenciadora de fondos de inversión en las islas Caimán, un paraíso fiscal. El periodista Marcelo Bonelli denunció en 2018 que la entonces "titular de la Oficina Anticorrupción y exlegisladora del PRO Laura Alonso, prometió al presidente Macri cerrar la investigación contra Caputo, por haber ocultado en sus declaraciones juradas que tenía acciones en dos compañías offshore en las Islas Caimán y que era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami."
 

07-02-2026 / 11:02
El vergonzoso acuerdo que Javier "el Cipayo" Milei selló recientemente con Estados Unidos constituye el Estatuto Legal de Coloniaje, al transformar la actual dependencia de la Argentina respecto de Washington en un esquema permanente de subordinación colonialista que, además de poner en riesgo la producción y el empleo nacional en numerosos sectores, restringe severamente el margen de acción del estado nacional en áreas críticas. La decisión de convertir a la Argentina en un apéndice económico y político de la potencia yanqui ya está tomada.
 
La lectura rigurosa del tratado permite observar con claridad el contraste entre las partes. Washington utilizó el proceso para fijar reglas, ampliar su acceso al mercado argentino y alinear el marco regulatorio local con sus propias prioridades económicas y estratégicas. Los cipayos funcionarios libertarios, por su parte, aceptaron servilmente ese esquema sin introducir compensaciones, contrapesos ni salvaguardias. La Argentina incorpora más de un centenar de obligaciones operativas, mientras que Estados Unidos asume menos de una decena de compromisos, en su mayoría condicionales o discrecionales.
 
Ese patrón se reproduce capítulo por capítulo. En comercio de bienes, numerosos productos industriales pasan a tener arancel cero desde la entrada en vigor del acuerdo, incluyendo dispositivos médicos, instrumental hospitalario, reactivos químicos, maquinaria eléctrica y componentes industriales. Otros productos contemplan una reducción inmediata del arancel al 2 por ciento. Entre ellos, autopartes, insumos industriales y bienes de capital. La apertura recae, asimismo, sobre múltiples sectores sensibles, sin instancias de adecuación ni salvaguardias productivas, en un contexto de desindustrialización y destrucción de empleo.
 
El sector automotor es ilustrativo de esa lógica. El acuerdo habilita un cupo anual de 10.000 vehículos originarios de Estados Unidos con arancel cero, desde el primer año de vigencia. El impacto se concentra en provincias con fuerte base automotriz y autopartista como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Aquí tampoco se introducen mecanismos de administración del flujo ni exigencias de inversión, trasladando el impacto de la apertura directamente sobre la producción local.
 
En el complejo aviar, la asimetría es todavía más directa. El tratado obliga a habilitar el ingreso de aves y productos avícolas estadounidenses en un plazo máximo de un año. El régimen sanitario queda alineado así con los criterios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la certificación del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, facilitando el acceso de productos provenientes de uno de los principales exportadores mundiales del sector y exponiendo al entramado avícola argentino, con impacto directo en Entre Ríos y Buenos Aires.
 
En salud, el acuerdo profundiza la apertura importadora de medicamentos y dispositivos médicos de uso humano. A esa liberalización comercial se suma un corrimiento del poder regulatorio del Estado argentino, al aceptar como suficientes las autorizaciones otorgadas por la autoridad sanitaria estadounidense. La combinación de apertura y subordinación normativa limita la capacidad de la ANMAT de definir estándares propios y condiciona el desarrollo del complejo médico-industrial local.
 
El capítulo aduanero consolida una apertura sin instrumentos de administración del comercio. Se elimina el requisito consular y se fija la eliminación de la tasa estadística en un plazo de tres años; mientras en economía digital, el tratado garantiza el libre flujo transfronterizo de datos, reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada y prohíbe requisitos de localización o transferencia tecnológica, restringiendo severamente la capacidad regulatoria del Estado sobre las grandes plataformas tecnológicas.
 

06-02-2026 / 09:02
Con un comunicado insólito el gobierno autoritario de Javier "el Loco" Milei anunció la creación de una cuenta de X que será la Oficina de Respuesta Oficial que tendrá como objetivo "desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política". Asociaciones como Adepa (que agrupa a más de 180 empresas periodísticas) y Fopea (que nuclea a cientos de periodistas) expresaron su rechazo. El Gobierno anarco capitalista se autopercibe como dueño de la verdad y busca atacar la libertad de expresión con fondos públicos para imponer sus dogmas y su relato libertario.
 
"La Oficina de Respuesta Oficial fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas", anunció el Gobierno al crear esta página que funcionará como el oscuro "Ministerio de la Verdad" que Orwell anunció en su novela de ciencia ficción "1984". Del odio periodístico a la patrulla digital: el cipayo Milei copia a Trump y crea quilombo anti-fake news.
 
Este esfuerzo por esclarecer lo verdadero en la era de la posverdad que representa este gobierno, seguramente destruirá la mentira de la inflación. Milei dijo que no cambiará el método para establecer la medición de este flagelo. O sea, reconoció que es necesario cambiar el sistema que usó hasta ahora porque no arrojó resultados reales. La Oficina de Respuesta Oficial deberá aclarar porqué si reconoce que el Indec mintió cada mes, igual anunció que seguirá mintiendo hasta que desaparezca la inflación sobre la cual está mintiendo.
 
Hay falsedades concretas por todos lados. Que la Oficina de Respuesta Oficial desmienta entonces a su inventor. En un canal de cable, la "psiquiatra pediátrica" Lilia Lemoine diagnosticó al chico autista Ian Moche como un chico sin autismo que simulaba su condición. El pibe recorrió los medios de comunicación para defender los derechos de la discapacidad, que el Gobierno abolió. Y la "psiquiatra" Lemoine diagnosticó que eso demostraba que no era autista. Al parecer Lemoine no es pediatra ni psiquiatra y, aunque lo fuera, nunca tuvo contacto con Ian como para diagnosticarlo. Mintió la terraplanista. Pero a Ian le hizo bien defender su dignidad, porque además lo hizo de manera inteligente, a diferencia de la señora mentirosa Lemoine que cree en la Tierra plana.
 
O sea, la terraplanista estaba mintiendo con el único objetivo de hacerle daño al pibe con autismo que lucha por sus derechos, que es lo mismo que luchar por dignidad. La Justicia le dio la razón a Ian y a su madre porque obligó al gobierno que integra Lemoine a reponer los derechos de la discapacidad que intentó retirarle. O sea, la señora Lemoine, mintió para hacer daño desde un lugar de poder y contra personas especialmente vulnerables. Como si un médico se ensañara con su paciente atado a la camilla. O sea que, además de mentirosa, es cruel y poco inteligente si se tiene en cuenta que era una mentira repugnante y de patas cortas.
 
Señores de la Oficina de la Respuesta Oficial de la República Argentina, ya tienen dos grandes mentiras para desmentir: la de una inflación de mentira que le ha comido el salario y la jubilación a los argentinos y una diputada que miente para atacar a un pibe de doce años para defender las mentiras del gobierno. Pero la Oficina Tal por Cual solo desmentirá y perseguirá a la verdad. Como siempre, el ladrón se rasga las vestiduras con el discurso de la honradez y ataca con mentiras a los demás. Y el mentiroso sobreactúa el discurso de la verdad para ocultar sus mentiras.
 
En ese contexto, la "Oficina de Respuesta Oficial" no parece solo una herramienta comunicacional. Es la institucionalización de una lógica: responder siempre, atacar primero y convertir cada crítica en un enemigo. Una versión local de un libreto yanqui importado, aplicada con fanatismo y sin demasiados matices. La libertad de expresión y el derecho a la información están bajo ataque autoritario.
 
La Opinión Popular
 

05-02-2026 / 11:02
Sacar un adelanto de sueldo con el banco, tarjetear, tomar un préstamo se volvieron cosas habituales bajo el desastroso gobierno de Javier Milei. No poder pagar toda la tarjeta, refinanciar con intereses elevados o no pagar la cuota del préstamo genera mora y eso está aumentando mes a mes. El endeudamiento de los hogares argentinos entró en una zona crítica. Los últimos datos del Banco Central, analizados por el Instituto Argentina Grande, muestran un salto alarmante en la morosidad: el 11 por ciento de los créditos personales y el 9,2 por ciento de las tarjetas de crédito registran irregularidades en los pagos. Hace apenas 2 años, a fines de 2023, esos números eran muy distintos: 4,2 por ciento en préstamos personales y 1,7 por ciento en tarjetas.
 
Se trata de los niveles más altos desde que el organismo tiene registros, es decir, desde 2010. El fenómeno refleja una realidad concreta: los ingresos ya no alcanzan para cubrir gastos cotidianos como alimentos, tarifas o medicina privada. Frente a ese escenario, el desahorro y el endeudamiento dejaron de ser excepciones y pasaron a formar parte de la rutina de millones de familias. Cada vez más hogares recurren al pago mínimo de la tarjeta de crédito como estrategia para estirar el ingreso mensual. Esa práctica, que puede dar aire en el corto plazo, termina convirtiéndose en una trampa por las altas tasas de interés, que aceleran el deterioro de la capacidad de pago.
 
El problema no se limita al consumo diario. También crece la morosidad en los préstamos prendarios, generalmente destinados a la compra de autos, motos o maquinaria. En noviembre de 2025 alcanzó el 5,2 por ciento, cuando 2 años antes era del 2,7. Esto evidencia que el estrés financiero ya impacta en decisiones de mayor plazo y compromete el patrimonio familiar. El deterioro de estos indicadores expone un cuadro social cada vez más frágil. El crédito dejó de ser una herramienta para mejorar la calidad de vida y pasó a convertirse en un recurso de supervivencia que oculta la pérdida del poder adquisitivo.
 
Para muchas familias, especialmente jóvenes sin ingresos formales, el financiamiento no proviene de los bancos sino de cadenas comerciales, prestadores directos y, cada vez más, billeteras virtuales y fintech, que ofrecen créditos rápidos y de acceso inmediato. En ese terreno, la situación también es preocupante. La morosidad en compras de electrodomésticos alcanzó el 27 por ciento en julio de 2025, el valor más alto en más de 4 años. En el caso de los préstamos otorgados por fintech, el 18 por ciento presentaba incumplimientos en julio, pero estimaciones privadas indican que esa cifra ya ronda el 21 por ciento.
 
Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares confirman el deterioro de las economías domésticas. En el segundo trimestre de 2025, el 48 por ciento de los hogares no logró cubrir sus gastos y debió recurrir a ahorros, venta de bienes o endeudamiento, tanto formal como informal. La clase media aparece como uno de los sectores más afectados: el 53 por ciento de sus hogares no logra llegar a fin de mes. Según datos del Indec publicados este viernes, el 60% de los asalariados gana menos de $950.000 en el tercer trimestre del año. Es decir, que la mayoría de los trabajadores viven con ingresos por debajo de la canasta de consumos mínimos que realiza la Junta Interna de ATE Indec (el promedio del tercer trimestre del año fue $1.941.853). Esta canasta no es un ideal ni un óptimo, pero se acerca a lo que se necesita para llegar a fin de mes.
 
Mientras el Gobierno libertario insiste en mentir con indicadores de estabilidad y crecimiento, la realidad que se vive puertas adentro de los hogares argentinos es otra: deuda creciente, ingresos que no alcanzan y una morosidad que ya funciona como termómetro del deterioro económico y social. Los hogares están endeudados porque los ingresos no alcanzan. Es urgente un aumento de emergencia de salarios, jubilaciones y programas sociales.
 
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