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Entre Ríos - 17-05-2023 / 10:05
POR PRESUNTO VENCIMIENTO DE LOS PLAZOS DE LA INVESTIGACIÓN PENAL

Rechazaron el planteo de prescripción que presentó Sergio Urribarri en la causa por enriquecimiento ilícito

Rechazaron el planteo de prescripción que presentó Sergio Urribarri en la causa por enriquecimiento ilícito
El juez de Garantías Julián Vergara rechazó este miércoles el planteo de prescripción en la causa por enriquecimiento ilícito que se abrió en 2015 al exgobernador Sergio Urribarri que habían solicitado el 9 del actual los defensores Raúl Barrandeguy y Candelario Pérez.
 
El juez de Garantías Julián Vergara rechazó este miércoles el planteo de prescripción en la causa por enriquecimiento ilícito que se abrió en 2015 al exgobernador Sergio Urribarri que habían solicitado el 9 del actual los defensores Raúl Barrandeguy y Candelario Pérez.
 
El magistrado no halló razones para aplicar el beneficio de la prescripción y se apoyó para eso en la permanencia, de forma casi ininterrumpida, de Urribarri en cargos públicos, un condicionamiento que pone la ley para suspender los plazos de la prescripción. La ley intuye que siendo funcionario público podría entorpecer la investigación.
 
El exgobernador Urribarri estuvo al frente del Ejecutivo entre 2008 y 2015; luego, fue diputado provincial hasta 2019; y desde mayo de 2020 hasta junio de 2022, y luego de ser condenado en el megajuicio a 8 años de cárcel, embajador argentino en Israel. El juez dijo que la apertura de la causa por enriquecimiento, ocurrida en 2015, no interrumpe los plazos de la prescripción; solo lo hace la declaración de imputado, hecho que ocurrirá recién en junio próximo.
 
«Entiendo de que no ha operado la prescripción en el presente legajo porque el tiempo de prescripción ha estado suspendido desde 2015 hasta 2019, luego unos meses, hasta que fue nombrado embajador en 2020. De ninguna manera podemos decir que han operado los plazos de la prescripción», señaló.
 
Tampoco el juez hizo lugar al planteo de extensión de los plazos procesales y que Fiscalía se había excedido en el tiempo de la investigación penal. En concreto, los defensores señalaron un plazo concreto, entre el 21 de agosto de 2019 y el 11 de diciembre de 2020, la causa estuvo paralizada. En contraposición, el Ministerio Público Fiscal le presentó al magistrado un listado extenso de medidas procesales que se concretaron en ese período. El 27 de mayo de 2020, por ejemplo, se dio inicio a la pericial contable sobre Urribarri que arrojó como dato un crecimiento injustificado de sus bienes de unos 9 millones de dólares. «Hubo intensa actividad procesal con participación de la defensa», resumió el juez. «Esto demuestra que no hubo abandono de la investigación», abundó.
 
El plazo para que venza el tiempo que tiene Fiscalía para llevar adelante la investigación se cuenta a partir de la última declaración de imputado, explicó. El 27 de abril de 2023 se dispuso citar a declaración de imputado de Urribarri para el 14 de junio, a las 10. «No ha sido previamente convocado. En virtud de esta información es que no empezó a correr el plazo. No vencieron los tres meses porque no hubo declaración de imputado. Por eso, más allá de que hubo intensa actividad procesal, no ha empezado a correr el plazo. No voy a hacer lugar al pedido de insubsistencia de la acción penal». señaló Vergara.
 
También negó el planteo de la defensa que reprochó el decreto de apertura de la causa por enriquecimiento a Urribarri. «No podamos darle entidad que no tiene a la apertura de causa», subrayó. «La apertura de causa es una descripción respecto de un hecho delictivo, que le da marco a la investigación. Estamos en los primeros pasos del proceso penal. Esta apertura de causa puede estar incompleta, fragmentada, pero esto no significa que ya estemos juzgando o determinando que el delito ha sido cometido. Por eso no voy a hacer lugar al planteo de nulidad al decreto de apertura de causa», sostuvo.
 
Fuente: Entre Ríos Ahora
 

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El porteño Rogelio Frigerio y buena parte de los gobernadores escucharon al presidente Javier Milei, quien celebró la supuesta mejora macroeconómica, el control político pleno que La Libertad Avanza logró en el Congreso pese a no tener mayoría, las reformas que él considera irreversibles y el avance de las ideas libertarias, que parecen irrefrenables. Frigerio y los gobernadores escucharon un relato triunfal mientras afrontan la complejidad creciente de sus administraciones provinciales, de la economía real, del derrumbe de los sectores regionales industriales y de la grave situación social.
 
Esa parte de la realidad, dolorosamente territorial y expulsiva, radica en el interior federal, aunque dependa casi exclusivamente de decisiones que toma Milei. El desfinanciamiento cada vez más pronunciado de las administraciones provinciales les resta posibilidades de acción territorial y política. No obstante, los diputados y senadores de las provincias votan a favor de las leyes de Milei. El oficialismo entrerriano, entre ellos.
 
El posicionamiento político de Frigerio es cada vez más difícil de clasificar. Intenta calmar los reproches del pueblo, pero en simultáneo avala la reforma laboral. Apoya la macroeconomía de puertas abiertas de par en par, con importaciones indiscriminadas, pero reclama igualdad de condiciones para la golpeada industria provincial. Los diagnósticos son tenebrosos en materia de empleo y de condiciones sociales del amplio sector asalariado entrerriano que desde hace décadas vive de industrias que van perdiendo competitividad, y que el proyecto libertario ha venido a liquidar. Milei lo hace sin complejos: celebra el cierre de empresas, trata de delincuentes a los principales empresarios del país y jamás habla de producción ni de empleo.
 
Cuando se observa el posicionamiento de Frigerio, su margen político se evidencia dramáticamente reducido. Y las consecuencias en la propia administración son crecientes. Frigerio sostiene el ajuste en los sueldos públicos y en las jubilaciones pese al malestar gremial en alza; intenta amortiguar la caída generalizada de recursos con mayor endeudamiento, con refinanciamiento caro y sobre costos. Mientras, subsiste gracias al intercambio de votos en el Congreso por algún ATN. Se balancea al borde del abismo y la conflictividad se incrementa en todo el territorio provincial.
 
En ese marco, Nadia Burgos, dirigente del MST en el FIT-U y delegada gremial del Ministerio de Salud se expresó: "La paritaria estatal en Entre Ríos volvió a mostrar el mismo esquema de siempre: el gobierno presenta una oferta que no recompone el salario real y pretende cerrar el conflicto con el aval de UPCN, mientras miles de trabajadores siguen perdiendo poder adquisitivo y en su mayoría con salario de pobreza". La miserable propuesta de Frigerio, del 15,8% sobre sueldo básico de junio 2025, no cubre la inflación acumulada ni garantiza una recuperación del salario, sumado a los 9 meses de salarios congelado junto a los recortes de ingreso de junio 2025. Las sumas fijas, tramos diferidos y promesas de revisión no resuelven el problema de fondo: los sueldos estatales están por debajo de lo necesario para vivir. Frigerio está muy alejado de lo que se vive en los lugares de trabajo: el salario no llega, las condiciones laborales se deterioran y el ajuste se descarga sobre quienes sostienen el funcionamiento del Estado y los jubilados.
 
Por su parte, para el sector pasivo se otorgará una suma fija de 75.000 pesos que reemplaza la suma fija que venían percibiendo de $40.000. Aumento real: $35.000. Una miseria. Las cifras establecidas están muy debajo de la inflación real y en la mitad de los índices truchos del gobierno de Milei. Y no recomponen el poder de compra de los trabajadores. El Consejo Provincial del Partido Justicialista expresó su "profunda preocupación y rechazo ante el reciente anuncio del gobierno provincial de otorgar incrementos salariales bajo la modalidad de sumas no remunerativas y no bonificables". Resulta contradictorio e injustificable que, en un contexto donde el propio oficialismo impulsa una reforma previsional que afectará directamente a trabajadores activos y jubilados, se dispongan mecanismos salariales que reducen aportes, debilitan el financiamiento del sistema previsional y deterioran el salario real de los empleados públicos.
 

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