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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 17-05-2023 / 09:05
LA VICE RATIFICÓ QUE NO SERÁ CANDIDATA EN UNA ELECCIÓN CON PROSCRIPCIÓN

Proscribiendo a Cristina la Corte macrista no podrá acabar con la memoria ni con los sueños de millones de argentinos

Proscribiendo a Cristina la Corte macrista no podrá acabar con la memoria ni con los sueños de millones de argentinos
Mientras concluía el congreso del PJ, la vicepresidenta confirmó vía tuit que no jugará en las elecciones. "No voy a ser mascota del poder por ninguna candidatura". Reiteró que el Poder Judicial, “una task force de Juntos por el Cambio y los grupos económicos concentrados”, proscribió al peronismo y llamó a construir “un programa de gobierno que vuelva enamorar a los argentinos y las argentinas”. El Frente de Todos ahora deberá definir quién será su candidato o candidata.
La vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, ratificó que no la dejaron ser candidata en las elecciones de este año. El mensaje de la Corte Suprema fue más fuerte que el operativo clamor. No es renunciamiento. Cristina fue obligada a tomar esta decisión. Si fuera renunciamiento, la responsabilidad de la decisión estaría en ella. La Corte con el poder mediático y la oposición la proscribieron. La proscripción, que no es solo a Cristina sino al peronismo, es una falla institucional grave que obligará a la fuerza política mayoritaria a competir en una situación muy desfavorable.
 
La única decisión que podía tomar Cristina era afrontar ahora la proscripción o esperar a la condena en firme que debe salir de la Corte, como le sucedió al gobernador de San Juan, Sergio Uñac, cinco días antes de las elecciones. Al adelantarse a la condena en firme, le dio la posibilidad al Frente de Todos de hacer campaña sin temor a perder el candidato en la Justicia, donde se libra la madre de todas las batallas.
 
Si esperaba a que la condena en firme saliera como en San Juan, cinco días antes de las elecciones, hubiera quedado más clara la intención proscriptiva del tribunal que la juzgó y de las distintas instancias que debe atravesar la sentencia hasta llegar a la Corte. Pero en ese caso, el Frente de Todos se quedaba sin candidato, lo que hubiera puesto al país al borde de la violencia.
 
Las investigaciones contra los jueces de la Corte macrista tendrían que haber empezado desde el primer día que asumió Alberto Fernández. La tarea que realiza la comisión de juicio político de Diputados demuestra que se trata de una Corte muy vulnerable. Han surgido indicios concretos sobre graves irregularidades y corrupción que comprometen a los cuatro jueces que la integran.
 
Son indicios y testimonios lo suficientemente fuertes como para romper el blindaje mediático que protege a los funcionarios del Partido Judicial. Esta Corte macrista es aún más turbia que la vieja Corte menemista de la mayoría automática. Y su titular, Horacio Rosatti, no oculta las ambiciones políticas que lo llevan a tomar medidas temerarias, al borde de la imprudencia, confiado en la impunidad que le concede su alianza con el macrismo y las grandes corporaciones mediáticas.
 
Cristina era la candidata más resistida por el llamado Círculo Rojo, que son los representantes del capital concentrado que vertebra el sistema de desigualdad e injusticias. Cristina ha sido la más atacada por ese Círculo Rojo, a diferencia de Javier Milei, que es un hombre del sistema, financiado incluso por los empresarios más recalcitrantes, que también le ponen fichas a la candidatura de Patricia Bullrich. Pero no tienen las simpatías de otros empresarios que advierten la impericia y superficialidad de sus propuestas.
 
La desazón que generará su ausencia en las listas de candidatos corre el riesgo de profundizar la falta de confianza que se ha extendido en los sectores de la sociedad más agobiados por la inflación. El Frente de Todos puede elegir sus candidatos en unas internas o avalar a aquel que sea más representativo de las posiciones de Cristina, para tratar de contener el caudal mayoritario de votos que convoca ella. Y tiene que ser además un candidato que traccione.
 
No será la primera vez que los candidatos del movimiento popular sufran la proscripción del sistema. Y en este caso, como en todos los anteriores, quedó lesionada la legitimidad del acto electoral y del sistema que las engendró. El Frente de Todos deberá competir en evidente desigualdad porque no puede llevar como candidata a su principal dirigente. Y aún así tiene la responsabilidad de ganar para transformar y democratizar ese mismo sistema que lo proscribe.
 
La Opinión Popular


 
EL MENSAJE Y LA BOMBA EN EL MICROESTADIO DE FERRO
 
CFK frenó el operativo clamor y ordena el rearmado del peronismo
 
La vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, ratificó que no será candidata en las elecciones de este año. Ya lo había dicho el 6 de diciembre de 2022, tras conocerse la sentencia del tribunal Oral Federal 2 por la causa denominada Vialidad, en la que la condenaron a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
 
En medio del operativo clamor que venía llevando adelante el kirchnerismo para que ella sea la candidata del peronismo, y una vez finalizado el Congreso del PJ, CFK publicó una carta en la que repitió lo que había dicho en diciembre y dejó en claro su decisión: "Ya lo dije el 6 de diciembre del 2022. No voy a ser mascota del poder por ninguna candidatura", aseguró y aclaró: "Como vengo sosteniendo desde hace mucho tiempo, no se trata sólo de la proscripción de una persona, sino del peronismo".
 
Las promesas incumplidas de la democracia en la cercanía de los 40 años de su restitución, la ausencia de respuestas a los problemas económicos y sociales, la Corte Suprema como "task force" de la oposición y de los poderes concentrados y una durísima crítica al FMI por su préstamo "insólito, inédito y político" al gobierno de Mauricio Macri, convalidado más tarde por Alberto Fernández fueron algunas claves de la carta. El jueves, al cumplirse exactamente cuatro años desde que anunció la fórmula que encabezaría Alberto Fernández con ella como vicepresidenta, CFK dará una entrevista mientras crece la expectativa sobre nuevas definiciones.
 
 
Cómo sigue
  
En su carta, CFK adelantó, tal como dijo en su último discurso en Río Negro y como repitió su hijo, Máximo Kirchner, al cierre del congreso del PJ bonaerense el sábado pasado, que "ante esta situación resulta imprescindible --más que nunca-- la construcción de un programa de gobierno que vuelva a enamorar a los argentinos y las argentinas, y convencerlos de que un país mejor no sólo es posible sino que, además, es deseable. Un programa de gobierno que es necesario no sólo para el peronismo, sino para el sistema democrático en su conjunto".
 
A la salida del Congreso del PJ, dirigentes de su espacio aseguraban que "ella sigue siendo la conducción", y que ahora es necesario esperar para que CFK indique los pasos a seguir. Además, puntualizaban: "De esto se sale con un programa y con la suscripción de las partes a ese programa". "Tendremos que trabajarlo y todos seremos garantes de que se cumpla", explicaban.
 
Ahora restará esperar si el peronismo decide o no ir por unas internas o por un candidato único. Los nombres que suenan son el ministro de Economía, Sergio Massa, --que reclama que no haya PASO--; el embajador en Brasil, Daniel Scioli; el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro; el jefe de Gabinete, Agustín Rossi --que luego del anuncio de CFK dijo que en los próximos días oficializaría su candidatura-- y dirigentes sociales como Juan Grabois, entre otros.
 
 
Una bomba tras el Congreso
  
La noticia cayó como una bomba en el microestadio de Ferro, donde se terminaba de llevar a cabo el Congreso del PJ nacional. Allí los casi 500 congresales de todas las provincias, tan sólo minutos antes, habían cantado con los dedos en V "Cristina Presidenta". De hecho, muchos de ellos al día siguiente tenían cita en la sede porteña del sindicato SMATA para organizar un nuevo acto del "operativo clamor", esta vez, planificado para el 25 de mayo en la avenida 9 de Julio. La reunión, según contaron a este diario sus organizadores, se sostendrá, pero allí definirán qué harán con el evento y si seguirá en pie tras la definición de la vice.
 
En el Congreso del PJ se definió que la persona encargada de firmar la autorización para construir las alianzas electorales con la que el peronismo irá a los comicios, será solo el presidente del Congreso, Gildo Insfrán. No tendrá lapicera para ello el Presidente, Alberto Fernández, como se había especulado. Eso ocurrió años anteriores como en 2019 cuando, por ejemplo, los encargados de la firma fueron Insfrán y el expresidente del Partido, José Luis Gioja. Esta vez Fernández quedó corrido de la política de alianzas.
 
Antes de bajar al escenario donde se votaron los cinco puntos del orden del día (todos salieron por unanimidad), hubo una reunión reducida en la que estuvieron el jefe de gabinete Agustín Rossi, el vice Juan Manuel Olmos, el Canciller Santiago Cafiero, Insfrán, "Wado" de Pedro y el gobernador en uso de licencia de Tucumán, Juan Manzur. Allí se definió que Insfrán iba a ser la única firma para construir las alianzas, pero se debatió si tenían que tener firma o no el Presidente y el gobernador Axel Kicillof. Algo que no ocurrió. También se definió la renovación de las autoridades del Congreso, que más tarde fue votada. Estaba previsto que el Presidente asista --y hasta tuvo una silla asignada en el escenario-- pero definió no ir. En el centro del escenario, se sentó Insfrán, a su lado De Pedro y del otro lado la titular del ANSES, Fernanda Raverta, que fue elegida como una de las vicepresidentas del Congreso. Insfrán, en tanto, volvió a ser elegido como Presidente.
 
"Esta persona va a hacer la mejor alianza para que el peronismo siga siendo gobierno", dijo el gobernador de Formosa para cerrar. Durante la media hora que duró el Congreso se votó la orden del día; se convocó a la marcha del 25; se cantó "Cristina Presidenta"; se repudió el fallo de la Corte Suprema que suspendió las elecciones en Tucumán y San Juan y para terminar se cantó la marcha peronista con los dedos en V. Cuando todos salían y daban declaraciones empezaron a sonar los teléfonos y los dirigentes frenaban las entrevistas que estaban realizando para tomarse un minuto y leer en sus celulares la carta de la vicepresidenta.
 
Por Melisa Molina
Por Luis Bruschtein
 
Fuente: Página12
 

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04-01-2026 / 17:01
La doctrina "Donroe" (Donald + Monroe) arrasa con la prevención que tuvo hasta George W. Bush para no ser confundido con la ilegalidad de los setenta en América Latina. Al amigo narco de Honduras, todo; al dictador "comunista" de Venezuela, ni justicia. Sin épica, ni coherencia, ni discurso; prima la violencia de los hechos. Milei se recluye en el papel que se asignó: rabia y goce.
 
Aunque Trump gaste algunas palabras sin convicción, no promete la victoria de la libertad frente al totalitarismo como en la Guerra Fría, ni la primacía de la razón en el choque de civilizaciones desatado tras la caída del Muro de Berlín. Vocifera la guerra contra el comunismo, un enemigo casi inexistente. En rigor, el magnate no dedica mucha energía al engaño: quiere asegurar(se) negocios.
 
Ayer se cumplió un mes del indulto de Trump a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, condenado por narcotráfico a 45 años de prisión por un tribunal federal de Nueva York. Testimonios tomados en cuenta por el jurado indican que Hernández recibió al menos USD 1 millón del Chapo Guzmán y que se vanagloriaba de "meter la droga a los gringos en sus narices".
 
El fallo del jurado fue unánime, pero, como Hernández es derechista y su delegado en la elección reciente de Honduras, Nasry Asfura, promete seguir la agenda ultra, Trump lo dejó en libertad. Maduro será trasladado a Nueva York para ser juzgado por narcotráfico en los próximos días. Probablemente le tocará el mismo tribunal que juzgó a Hernández, pero éste lo mirará desde alguna finca de lujo entre Florida o Tegucigalpa.
 
Tampoco hay que prestar atención a los versículos sobre el amor por la democracia y contra los crímenes de lesa humanidad. Ello no está en la agenda real de Trump ni de Milei. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tiene pedido de captura de la Corte Penal Internacional por sus supuestos crímenes de lesa humanidad, mientras Israel como Estado es juzgado por genocidio en la Corte Internacional de Justicia.
 
Son procesos que se rigen por el derecho internacional, con acusaciones, testigos, expertos y defensas garantizados por la ley. El presidente estadounidense no sólo desconoce esos procesos, sino que activa sanciones abusivas contra investigadores, jueces y fiscales que los llevan a cabo.
 
Maduro se transformó en un dictador y está acusado de delitos contra la humanidad, pero nadie puede sospechar que un mandatario, Trump, que dispara misiles contra barcazas y coquetea con supremacistas de su país tiene alguna intención real de combatir el narcotráfico ni los abusos de los derechos humanos. Qué decir de Milei, gozador patológico con los apaleamientos a jubilados y familiares de discapacitados, y negacionista del terrorismo de Estado.
 
El Presidente y los suyos entraron en éxtasis ayer por la mañana. Agustín Romo, presidente del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y uno de los fieles de mayor peso de gurú Santiago Caputo, se sintió poseído por un protagonismo hollywoodense para explicar la razón real del ataque de Trump a Venezuela.
 
"Why? Because we fucking can. And if we can, we do" ("¿Por qué? Porque podemos, carajo. Y si podemos, lo hacemos"). Su segundo mensaje fue contra Axel Kicillof. "Sos un zurdo hijo de puta que defiende dictadores, asesinos y narcotraficantes. No metas a los bonaerenses en tu mierda, forro", posteó el jefe de la oposición de la principal provincia argentina ante la condena del gobernador de Buenos Aires a la intervención armada yanqui.
 
No se trató de un arrebato circunscripto a un integrista católico enardecido como Romo. Pablo Quirno, veterano del JP Morgan, ahora ocupa el cargo de canciller. También se dirigió a Kicillof a través de un reposteo. "Ya que les gusta tanto el derecho, empezá por cerrar bien el orto, enano comunista". La brutalidad de la época avergüenza, pero la historia demostró que no concluye en sus destellos más revulsivos.
 

02-01-2026 / 10:01
El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.

La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control judicial. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.

El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU). 
Además, a la SIDE se la ha sumado un cuantioso presupuesto de gastos reservados, sin rendición de cuentas, para sobornar, legisladores, jueces y periodistas.


Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?

Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".
 
Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
 
Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la politización de la defensa militar; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.
 
La Opinión Popular
 

 

01-01-2026 / 21:01
Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).
 
De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.
 
Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.
 
Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.
 
Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.
 
Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.
 
El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.
 
Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.
 
Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).
 
Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.
 

31-12-2025 / 09:12
Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.
 
Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.
 
"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
 
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.
 
Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
 
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.
 
Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".
 
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
 
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
 

30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

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