La Opinión Popular
                  08:58  |  Sabado 27 de Diciembre de 2013  |  Entre Ríos
El clima en Paraná

Por
“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
Recomendar Imprimir
Nacionales - 16-05-2023 / 10:05
LA OPOSICIÓN LOGRA DEL PODER JUDICIAL MACRISTA LO QUE NO CONSIGUE EN EL APOYO DE LA GENTE

El macrismo formoseño pide que la candidatura de Insfrán sea declarada inconstitucional por la Corte Suprema adicta

El macrismo formoseño pide que la candidatura de Insfrán sea declarada inconstitucional por la Corte Suprema adicta
Buscando otra manito de la Corte Suprema macrista, la oposición formoseña presentó un planteo de inconstitucionalidad y en las últimas horas sumó un amparo contra la reelección indefinida en la Provincia que está avalada por la Constitución. El antecedente Tucumán y San Juan dejó argumentos servidos. La Corte se prepara para definir el caso Manzur y dejarlo abstracto, pero siguen las presiones para impedirlo.
El diputado de Juntos por el Cambio (JxC) y principal referente de la oposición formoseña, Fernando Carbajal, presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación un recurso de amparo para que se declare inconstitucional la postulación a la reelección del actual gobernador, Gildo Insfrán, de cara a los comicios de esa provincia, previstos para el 25 de junio próximo. Carbajal solicitó a la Corte que se expida sobre la constitucionalidad del artículo 132 de la Constitución de Formosa, cuya "ambigüedad", para el legislador, permite la reelección indefinida del cargo de gobernador. Ese artículo prescribe que "el gobernador y el vicegobernador durarán cuatro años en el ejercicio de sus cargos, y podrán ser reelectos".
 
En forma total o parcial, en distritos gobernados por el peronismo, los fallos del máximo tribunal hacen lugar a presentaciones del arco opositor. Además, su vocero oficial, el multimedios porteño Clarín, anticipó la posición de la Corte Suprema, que ese medio manipula, sobre las elecciones provinciales que se vienen. Catamarca, Formosa y Santa Cruz serán las próximas provincias en recibir este tipo de fallos, arbitrarios y prescriptivos, por parte de la disparatada Corte macrista. Lo único que importa es ponerle un freno a la seguidilla de triunfos del peronismo en las provincias, con un único sentido: favorecer al macrismo, a los grandes empresarios y a sus aliados mediáticos y judiciales.

Ni en sus peores pesadillas los dirigentes de Juntos por el Cambio se imaginaron que en las elecciones provinciales les iba a ir tan mal. La tercera tanda de elecciones provinciales desdobladas de la nacional ratificó una tendencia que parece irreversible: una vez más triunfaron los oficialismos y los tres gobernadores que ponían en juego su gestión resultaron triunfantes por porcentajes holgados. Se trata de gestiones que se computan a favor del gobierno nacional, toda vez que corresponden a distritos alineados del oficialismo en el Parlamento y con una similar visión macro del país. Ese dato es el que movilizó a Juntos por el Cambio a bloquear las elecciones en San Juan y Tucumán, donde un seguro triunfo de los oficialismos hubiera pintado de peronista a buena parte del mapa argentino. Por eso el macrismo pretende que la Corte se meta en los procesos provinciales violando abiertamente el sistema federal.

Las cuatro provincias representaban casi el 10% si se hubieran concretado los comicios tucumanos, que constituyen el 3,69% del total nacional. La Corte macrista hizo lo suyo para evitar una foto amarga para la oposición, que en esta tanda de elecciones provinciales no surge como opción. Como era previsible, Juntos por el Cambio le pidió a la Corte que se ponga por encima de las provincias e irrumpa, virtualmente, en todas las elecciones.
 
Queda claro que la oposición gana en los tribunales "amigos" lo que no está logrando en los territorios donde va a elecciones. Además, los mejores resultados para Juntos por el Cambio llegaron de la mano de candidatos radicales como fue el caso de Gerardo Morales en Jujuy, hace una semana o este domingo en La Pampa, donde, si bien no logró ganar la gobernación, Martín Berhongaray, le dio pelea al peronista Sergio Ziliotto. El PRO ni figuró, demostrado que es solo un partido vecinal del Puerto de Buenos Aires.
 
La gran incógnita, una vez más, es si estos resultados se trasladarían a nivel nacional. La dura derrota libertaria en Tierra del Fuego, que se suma a otras tantas que viene padeciendo esa fuerza, ¿Cómo explica los números que las encuestas le otorgan a Javier Milei?  Y el enojo social con la gestión del gobierno ¿por qué no se refleja en los comicios provinciales, cuyos electorados padecen como el resto del país el mismo índice inflacionario? Más allá de lo que ocurra en octubre en las elecciones presidenciales, el peronismo no es una fuerza raquítica, y ese dato no es menor para quien vaya a gobernar la Argentina los próximos cuatro años.
 
La Opinión Popular
 

 
EN BUSCA DE OTRA MANITO DE LA CORTE SUPREMA
 
Juntos por el Cambio y la trama para bloquear las elecciones de Formosa

 
La alianza macrista presentó un pedido para que declare inconstitucional un artículo de la constitución de Formosa, el 132, que habilita la reelección indefinida del gobernador y el vicegobernador, un régimen que existe en muchos países: Alemania, Israel, Turquía, España y la gran mayoría de los estados norteamericanos. El argumento de Fernando Carbajal, candidato a gobernador del macrismo, es que la reelección indefinida no es republicana, algo que mencionó la actual mayoría automática integrada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda en los casos de Tucumán y San Juan.
 


En los fallos que suspendieron las elecciones en esas dos provincias, el trio sostuvo que lo republicano se opone a la perpetuación y presupone periodicidad, algo que no figura en ninguno de los textos constitucionales. En el atardecer del lunes, ya circulaba un proyecto de resolución de la Corte declarando abstracto el caso de Tucumán, dado que Juan Manzur declinó su candidatura a vicegobernador.

 
Sin embargo, JxC insistió y ahora exige que el máximo tribunal se expida sobre el fondo. Es muy probable que el nuevo planteo del macrismo ni se trate, pero el máximo tribunal pasó a ser un ente imprevisible. Ya no es una cuestión jurídica, sino política: la Corte abre las puertas a meterse en todos los aspectos y cuando quiera. Puede considerar que tal cosa no es republicana e invade, sin límites.
 
 
El show de las presiones
 
Página/12 reveló este domingo que detrás de los fallos de Rosatti-Rosenkrantz-Maqueda había una fuerte presión del abogado de JxC en Tucumán en las presentaciones, Alberto Garay, cuyo hijo y hermano trabajan en la Corte desde la vocalía de Rosatti. Garay es, a la vez, el presidente del Colegio de Abogados de la calle Montevideo, que agrupa a los abogados de los represores y representa la corriente más de derecha de los letrados.
 
También juegan los directivos del diario La Nación y, por supuesto, el propio Mauricio Macri y Patricia Bullrich, el primero tildando de feudales a los gobernadores del interior y la segunda adjudicándose el fallo de la Corte que suspendió las elecciones de Tucumán y San Juan. En paralelo, el silencio del Colegio Público de Abogados es impactante, con Ricardo Gil Lavedra a la cabeza, igualmente alineado con JxC.
 
En lo esencial, el macrismo pretende que la Corte se meta en los procesos provinciales pasando por encima del sistema federal y aplicando algo así como un termómetro de republicanismo: "tal cosa es republicana y la dejamos correr, tal cosa no es republicana y la bloqueamos", podrían decir. "Incluso la bloqueamos cuando se nos da la gana, cinco días antes de los comicios", rematarían.
 
 
Ahora, Formosa
 
Era cantado. Si la Corte suspendió elecciones con apenas cinco días de anticipación en dos provincias, las puertas se abrían para que lluevan las presentaciones macristas. No importa que las constituciones de Formosa, Santa Cruz y Catamarca permitan las reelecciones indefinidas y tampoco que Gildo Insfrán, el gobernador de Formosa, ni siquiera sea candidato todavía.
 
Tampoco se tiene en cuenta que ya hubo dos fallos de la Corte sobre Formosa, en ambos casos declarando inadmisibles los recursos, en 2005 y 2013. Lo único que parece importar es intentar ponerle un freno a la seguidilla de triunfos del peronismo en las provincias.
 
Fernando Carbajal, que se presenta como diputado nacional y candidato a gobernador de Juntos por Formosa Libre, le pidió a la Corte Suprema que declare inconstitucional el artículo 132 de la Constitución de Formosa que dice, textualmente: "El Gobernador y el Vicegobernador durarán cuatro años en el ejercicio de sus cargos, y podrán ser reelectos". No pone ningún límite a las reelecciones, como sucede con otras constituciones provinciales que explícitamente las mencionan.
 
Por supuesto que Carbajal toma los dos conceptos que sacaron de la galera Rosatti-Rosenkrantz-Maqueda: que la Constitución de Formosa no es republicana porque no evita la perpetuidad y no fija una periodicidad. En el mundo, hay corrientes que sostienen que debe haber alternancia en el poder y que eso refresca a los gobernantes y otras corrientes que afirman que todo debe depender del voto: los pueblos pueden resolver que el tiempo de un gobernante ya pasó y tal otro no.
 
Los ejemplos se multiplican: Angela Merkel en Alemania, Felipe González en España, Recep Erdogan en Turquía tuvieron mandatos que van de los 15 a los 20 años. Como sostuvo Mario Wainfeld en este diario, resulta curioso que los jueces hablen en contra de la perpetuidad o a favor de la periodicidad cuando ellos mismos son vitalicios y nunca revalidan sus títulos.
 
Así las cosas, con el aliento de las irrupciones del máximo tribunal, este mismo lunes al mediodía, entró una segunda presentación sobre Formosa, presentado por otra rama del macrismo, el Frente Amplio Formoseño. Los conceptos no son muy distintos, pero en esta presentación se pide, además, un amparo suspendiendo todo el proceso electoral y advirtiendo que ampliarán la presentación cuando Insfrán se postule como candidato. Es que el gobernador, hasta ahora, ni siquiera es candidato. 
 
 
En Tucumán vuelven a la carga
 
La Corte objetó la presentación de Juan Manzur como candidato a vicegobernador, dado que ya fue gobernador por dos períodos. El texto de la Constitución no lo prohíbe, pero Rosatti-Rosenkrantz-Maqueda invocaron lo republicano para suspender la elección, cautelar mediante. Tuvieron el caso en análisis durante un mes y no lo resolvieron -apenas dictaron una cautelar- siendo que se trata de una cuestión que no requiere ni pericias ni testigos ni autopsias.
 
El peronismo tucumano resolvió cortar por lo sano, Manzur resignó su candidatura, lo reemplazó Miguel Acevedo. Por lo tanto, la cuestión pasó a ser abstracta, porque se suprimió el obstáculo que era la postulación de Manzur. En la Corte Suprema habrá un acuerdo este martes y todo indica que se aprobará un proyecto que va en ese sentido: se levanta la cautelar porque el caso quedó abstracto. Lo votarían los cuatro supremos, Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda y Lorenzetti, ya regresado de su viaje.
 
Sin embargo, este lunes al atardecer, volvió a la carga Germán Alfaro, del Partido por la Justicia Social, el nombre del macrismo en Tucumán. Obviamente con el patrocino de Alberto Garay, la pieza clave de los que ejercen presión. Como no podía ser de otra manera, Alfaro le dijo a la Corte que se opone al levantamiento de la cautelar, no importa que la cuestión se haya vuelto abstracta. En la presentación se pide que las elecciones tucumanas sigan suspendidas y que la Corte igual se expida sobre el fondo, o sea que la fórmula del peronismo, aunque ya cambió, no respetaba el criterio republicano.
 
Todo indica que el máximo tribunal no hará caso a semejante planteo y levantará la cautelar, aunque a esta altura todo dejó de ser previsible. En su momento, Rosenkrantz dijo que la Corte no podía meterse en la elección de Rio Negro porque era incompetente y ahora sostuvo todo lo contrario, porque su voto era imprescindible para voltear las dos elecciones -Tucumán y San Juan- con amplio favoritismo peronista.
 
 
El termómetro "republicano"
 
Todo el contencioso evidencia que hay una nueva mayoría en la Corte dispuesta a intervenir en todo. Por ejemplo, Rosatti opinó ante la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (Amcham) que se podrían declarar inconstitucionales los niveles actuales de emisión monetaria. No está claro cuál sería el parámetro y quién decidiría hasta qué nivel la emisión es constitucional y a partir de qué nivel es inconstitucional.
 
La nueva mayoría también resolvió que el Estado nacional debía transferirle a la Ciudad de Buenos Aires el 2.95 por ciento de los fondos coparticipables. El porcentaje no se estableció en base a pericias o a un dictamen razonado, sino que fue una cautelar política otorgada al gobierno macrista de CABA.
 
Pero el fallo suspendiendo de las elecciones en Tucumán y San Juan es aún peor, porque fija el precedente de que la Corte puede decidir casi cualquier cosa con el argumento de que lo considera republicano o no lo considera republicano. O sea, si la Constitución de una provincia dice explícitamente que no hay obstáculos para reelecciones, la Corte puede igual decidir que no es republicano. Puede prohibir algo que no está prohibido.
 
Esos sí, todo tiene siempre un único sentido: favorecer al macrismo, a los grandes empresarios y a sus aliados mediáticos y judiciales. Ese es el termómetro "republicano".
 
Por Raúl Kollmann
 
Fuente: Página12 
 

Agreganos como amigo a Facebook
26-12-2025 / 07:12
Sea por la infatuación que le dio el triunfo en las elecciones de octubre, por un criterio equivocado o por simple ignorancia política, el gobierno de Javier "el Loco" Milei ha incurrido en un error que puede resultarle caro. Aunque no explícitamente, se ha indispuesto con la Iglesia Católica, porque esta defiende la Justicia Social.
 
Se sabe que esta institución, se diría que, desde siempre, ha sido el credo mayoritario en el país, con militancia de las clases altas y muchas de las jerarquías militares, y si no recordar los últimos meses del primer período de gobierno peronista, cuando hubo un abierto enfrentamiento con la Iglesia y los aviones que bombardearon a gente inocente en Plaza de Mayo lo hicieron con el claro signo de "Cristo Vence" escrito en el fuselaje de sus máquinas.
 
Aquí y ahora la situación no ha llegado a extremos semejantes, pero se manifiesta claramente en el tradicional cambio de saludos para fin de año que concretaron la Iglesia y el Gobierno. A una nota enviada por el arzobispo al Presidente en la que destaca "nuestro anhelo de una paz social sólida, fundada en el cuidado de cada persona y especialmente de quienes atraviesan mayores fragilidades: los pobres, los trabajadores que sostienen día a día la vida del país y los ancianos cuya sabiduría y experiencia necesitamos valorar y acompañar".
 
Milei respondió diciendo que aprecia y valora "el llamado a la reflexión, a la paz social y el compromiso por el bien común" planteado por la jerarquía católica" y sostiene que "seguiremos trabajando incansablemente para generar las condiciones que permitan a cada argentino desarrollarse con dignidad, libertad y oportunidades reales de progreso, especialmente a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad".
 
Es fácil advertir que ambas misivas rezuman protocolo. Es posible que en el proceder de la Presidencia se refleje la dudosa capacidad de sus colaboradores en la materia (tal como se ha hecho evidente en materia diplomática) pero en el asunto cuentan dos hechos altamente significativos.
 
El primero es la abierta confesión de Milei de su militancia en la religión judía, la que no sólo lo ha llevado a alineamientos internacionales con Israel que hicieron trizas la tradicional neutralidad argentina; y también a cometer algunas torpezas dentro del rito mismo. Imbuida de una tradición de presidentes católicos o poco menos, la Iglesia debió deglutir en silencio el sapo que representó su presencia en actos de profunda significación dentro de la fe católica.
 
El otro error fue más grosero. No solamente faltó el tradicional encuentro de Navidad y Fin de Año entre ambos sectores político-religiosos; desde el Ejecutivo ha habido una suspensión de fondos a obras sociales que eran administradas por la Iglesia Católica, con el agravante -se diría que casi ofensa-- de derivarlos hacia congregaciones protestantes y evangelistas, miembros de la llamada Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas (Aciera).
 
A primera vista parecería una áspera respuesta por elevación a las repetidas homilías que el Episcopado católico ha hecho públicas, claramente críticas de la actual política de gobierno. Tampoco hay que olvidar la presencia presidencial de hace algunos meses en la inauguración de un gran templo evangélico, que hasta contó con la concreción de pretendidos -y torpes-milagros. La falta de contactos efectivos mencionada antes tuvo un agravante: sus principales integrantes evangélicos sí fueron participantes de un encuentro con autoridades del Poder Ejecutivo.
 
"El presidente -ha dicho uno de los principales analistas en el tema- no invita a dialogar a las autoridades del Episcopado católico, mientras orienta fondos hacia los evangelistas de Aciera y celebra con ellos en Casa Rosada". Una relación que va de fría a congelada.
 
La Opinión Popular
 

24-12-2025 / 11:12
La guerra de las coimas. Daniel Garbellini, el hombre de los primos Menem al que Daniel Spagnuolo definía en sus audios como "un delincuente" y al que le echó toda la culpa por la corrupción con los remedios para discapacitados, declaró ante la Justicia que el verdadero culpable era el propio Spagnuolo. "El asumió la suma del poder en la Andis y era el único que tenía firma autorizada para realizar pagos", sostiene en un documento.
 
La causa sobre coimas, direccionamiento y sobreprecios en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejó expuesta una batalla entre los principales imputados. Después de que el exdirector del organismo, Spagnuolo, buscara en un escrito responsabilizarlo por las irregularidades, Garbellini -su exnúmero dos, extitular de Acceso a los Servicios de Salud- le devolvió en un descargo la gentileza.
 
En el marco de la causa que investiga las irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad, Garbellini, ex número dos del organismo, presentó un escrito ante la Justicia en el que negó todas las acusaciones y trasladó la responsabilidad de las decisiones operativas y administrativas a Diego Spagnuolo, ex abogado personal de Javier "el Loco" Milei y exdirector ejecutivo de la entidad.
 
Garbellini fue removido de su cargo tras el escándalo por sobornos en la compra de medicamentos y detalló que asumió la Dirección de Acceso a los Servicios de Salud en junio de 2024. Según su descargo, sus funciones se limitaban a la gestión del programa Incluir Salud, destinado a brindar cobertura médica a personas con discapacidad sin obra social, y no incluían facultades decisorias sobre contrataciones ni sobre bajas de pensiones.
 
En su presentación, sostuvo que el control total del sistema informático, las compulsas de precios y los pagos estaban en manos exclusivas de la Dirección Ejecutiva. "Tanto el suscripto como el resto de los funcionarios éramos usuarios del sistema", afirmó, y remarcó que el acceso pleno e irrestricto a la información dependía únicamente del director ejecutivo.
 
Garbellini insistió en que no tenía atribuciones para transparentar o abrir las contrataciones, y que cualquier falta de publicidad o control público fue una decisión ajena a su responsabilidad. Incluso aseguró haber sugerido cambios estructurales que fueron rechazados con el argumento de que "todo se hacía por urgencia".
 
El caso se originó a partir de grabaciones que involucraban a Spagnuolo, aunque esas pruebas no fueron consideradas válidas por el fiscal Franco Picardi. En esos registros también se mencionaba un vínculo entre Garbellini y Karina Milei, a través de un colaborador cercano, aunque esa línea no avanzó formalmente.
 
Hasta ahora, el único testimonio oral fue el de Roger Grant, quien admitió irregularidades en las contrataciones del programa PACBI y aseguró que actuaba bajo órdenes directas de Garbellini, a quien señaló como la figura que definía la operatoria. Sin embargo, evitó referirse a presuntas coimas. El expediente también incorpora anotaciones secuestradas en un allanamiento que vuelven a comprometer al exfuncionario libertario y refuerzan la disputa de responsabilidades en la causa.
 
La Opinión Popular
 

23-12-2025 / 09:12
Un fallo de Cámara obliga al Gobierno a explicar ante la Justicia dónde está el oro que, en junio de 2024, el gobierno de Javier "el Loco" Milei sacó del Banco Central para enviar al exterior. Para los jueces, esa información constituye "un asunto de indudable interés público como es la administración de las reservas". La presentación la hizo La Asociación Bancaria, el gremio que descubrió y denunció la maniobra con los lingotes de oro. El presidente del Banco central, Santiago Bausili, ya se negó a contestar un requerimiento de la Auditoría General de La Nación. Junto a "Toto" Caputo sacaron el oro del país y nunca informaron sobre su destino.
 
En un operativo clandestino de ribetes policiales, comenzó una saga de ocultamiento de las autoridades sobre el destino de uno de los principales activos líquidos del organismo monetario. El diputado nacional y líder de La Bancaria, Sergio Palazzo, presentó varios pedidos de informes exigiendo a las autoridades que expliquen donde está el oro y que tipo de cauciones lo afectan. Caputo nunca quiso explicar su destino, se limitó a comentar muy por arriba en un programa de televisión que se giró a un banco para cobrar intereses. No explicó quien lo tiene ni qué tipo de operación se hizo con ese importante activo.
 
Ahora, la Justicia Federal ordenó este lunes al Banco Central que entregue información precisa sobre el destino del oro. En una resolución firmada por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, consideró que la autoridad monetaria no justificó de manera suficiente su decisión de no informar sobre el destino del activo y sostuvo que la negativa vulneró los principios de transparencia.
 
Es que Caputo y Bausili sostienen que la operación forma parte de la "administración" de las reservas y por ende es secreta. El mismo criterio opaco que Caputo utiliza para no dar precisiones sobre el swap firmado con Estados Unidos y los bonos que le entregó al Tesoro para que rentabilice la venta de dólares que hizo sobre el cierre de la campaña.
 
Los jueces fueron punzantes sobre el lamentable manejo de Caputo sobre información que debería ser pública. "La configuración de alguna de las excepciones legales a la entrega de información pública no puede depender de una apreciación unilateral del sujeto obligado", sostiene el fallo y subraya que es el Estado quien debe demostrar, de manera concreta, que la difusión de los datos solicitados causaría un daño a un interés legítimamente protegido.
 
El Banco Central respondió apenas con un comunicado formal que "había completado transferencias de parte de sus reservas en oro entre sus diferentes cuentas", sin precisar monto, destino ni motivo concreto. La respuesta evasiva del BCRA encendió alarmas. Porque ese oro no es un adorno: según informes oficiales, las reservas de oro rondan unos USD 4.900 millones, un componente significativo del total de activos extranjeros del Central.
 
Aunque la entidad insiste en que las operaciones no alteran el volumen agregado de las reservas, nadie sabe realmente dónde están físicamente esos lingotes y si siguen efectivamente en poder del Estado o se remataron en algunas de las operaciones de préstamos igualmente opacas que concretó Caputo. El balance del BCRA, en ciertos trimestres, llegó incluso a no mostrar ese componente con claridad, como si hubiera desaparecido entre páginas y cifras.
 
La Auditoría General de la Nación (AGN) reveló recientemente que el Banco Central se negó a entregar documentación sobre dónde están los lingotes, bajo qué condiciones se conservan y si parte del oro fue transformado en instrumentos financieros. El argumento oficial: la información es "confidencial" y su difusión podría poner en riesgo la seguridad de los activos. Como sea, la pregunta es: ¿dónde está el oro? Eso es lo que la Justicia ahora exige que responda Milei.
 
La Opinión Popular
 

22-12-2025 / 10:12
Las joyas de la abuela que remata el gobierno. A espaldas del Congreso, el Gobierno ya vendió 40 valiosos terrenos del Estado (pertenecientes a las fuerzas armadas, instituciones científicas y hasta predios de ex centros clandestinos de detención) y tiene 140 inmuebles más para subastar. Luis "Toto" Caputo sueña con conseguir unos mil millones de dólares mientras las grandes inmobiliarias amigas del gobierno, con Eduardo Costantini a la cabeza, se quedan con el botín.
 
Tierras del Plan Procrear, de las Fuerzas Armadas, ferroviarias, de instituciones científicas, predios de ex Centros Clandestinos de Detención y hasta un pedazo de montaña en Mendoza. Todo eso incluye la lista de más de 180 terrenos e inmuebles públicos que conforman el plan de ventas de bienes del Estado que ya avanza en el Gobierno de Javier "el Loco" Milei.
 
Los remates, que esta semana fueron noticia por la venta de tierras destinadas originalmente a viviendas sociales, se concentran por ahora en la Ciudad de Buenos Aires con las empresas de Eduardo Costantini como principales beneficiarias y otros grandes jugadores del sector, como el Grupo IRSA, codiciando las tierras.
 
A través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), y sin pasar por el Congreso, la fuerza libertaria ya vendió cerca de 40 bienes y tiene en lista otros 140 lotes e inmuebles publicados para subastar en lo que le queda de mandato.
 
La lista de subastas futuras cuenta con terrenos de hasta 300 hectáreas a vender en el interior del país con destino al negocio agropecuario o a grandes proyectos inmobiliarios. Especialistas y organizaciones ambientalistas advierten que se trata "de uno de los procesos de descapitalización pública más agresivos de nuestra historia reciente".
 
"Vamos a vender muchos de los activos de la AABE y eso va a generar un ingreso de miles de millones". No mentía el ministro de Economía, "Toto" Caputo, cuando a principios de junio reconocía que el gobierno remataría las tierras del Estado para intentar sostener las reservas, en conjunto con los procesos de privatizaciones y concesiones.
 
Sólo desde ese mes la Agencia abrió subastas para un total de 26 terrenos e inmuebles a los que hay que sumarle otros 17 procesos de remate que se habían abierto desde fines de 2023. En paralelo a las subastas de la AABE, el gobierno remata también las tierras que estaban destinadas al ya disuelto Plan Procrear y apunta a recaudar una suma de entre 800 y 1000 millones de dólares por todo el paquete. Aunque hubo ventas en Mendoza, La Plata, Pinamar y Córdoba, la mayor parte de los bienes vendidos hasta ahora se concentran en la Ciudad de Buenos Aires.
 
El terreno más grande de ese paquete es el predio de cuatro hectáreas que pertenecía al Ejército y que Eduardo Costantini adquirió por más de 120 millones de dólares. El mismo empresario se quedó con un lote de la Policía Federal en Bajo Belgrano a través de la firma Argencons, que controla desde mayo, en una subasta peleada en la que la empresa le ganó incluso al peso pesado de Eduardo Elsztain y su Grupo IRSA.
 
Antes, Costantini también había sumado otro terreno a pocos metros del Campo Argentino de Polo. En los tres casos se construirán desarrollos inmobiliarios.
 

21-12-2025 / 09:12
Cuando los cimientos están agrietados, todo lo que se construye es frágil e inestable. Cincuenta días tardó Javier "el Loco" Milei, tras una sorpresiva e impactante victoria en las elecciones de medio término, en fagocitarse el crédito político, de la misma forma que se fagocitó -durante los últimos dos años- una cantidad récord de divisas sin poder acumular reservas.
 
Ahora, tiene por delante dos años en los que su suerte está atada a la voluntad de aliados poco confiables. El FMI volvió a intervenir la economía, forzando un volantazo; los gobernadores pasaron por caja y después le votaron en contra. Un poco de su propia medicina. Hola incertidumbre, mi vieja amiga, podría cantar el presidente. Dos años, en Argentina, es mucho tiempo.
 
Después de la sesión del miércoles en la Cámara de Diputados, la mayoría de los medios titularon con un triunfo del oficialismo por la media sanción de diputados y apenas destinaron alguna línea en la bajada para comentar, como algo secundario, la inesperada derrota en el Capítulo 11 que se votó de madrugada. Con el correr de las horas, la realidad se encargó de corregir ese evidente error de criterio.
 
La derrota del gobierno fue completa y sus consecuencias están teniendo ramificaciones imprevistas. Milei amenazó con vetar su propio presupuesto y Patricia Bullrich tuvo que anunciar la postergación del tratamiento de la reforma laboral, justo a la hora que la CGT desconcentraba la Plaza de Mayo. Una derrota indisimulable.
 
El debate sobre la Ley de Presupuesto en la Cámara Baja era la primera y la más sencilla de todas las sesiones que tiene por delante el Gobierno para aprobar las reformas que anunció. La dificultad insalvable que encontró esta semana echa dudas sobre la viabilidad del resto de sus planes, justo cuando tiene que convencer a los acreedores que le vuelvan a prestar el dinero que no podrá devolver en 20 días.
 
La forma en la que intentó, sin éxito, salvar esa dificultad, repercutió negativamente en la relación con todos sus aliados, a los que necesita para que el Congreso le siga dando una pátina de legitimidad a sus decisiones, muchas veces ilegales e inconstitucionales.
 
La caída del artículo 75, el corazón de la derrota, está cargada de significado político porque fue una rebelión contra la cláusula de la humillación. Enceguecido por una mala lectura de las urnas, Milei no se contentó con ganar sino que quiso escenificar un triunfo absoluto y definitivo sometiendo a los legisladores que antes de la elección habían apoyado las leyes que daban presupuesto a la Universidad Pública y a las personas con discapacidad, para que votaran explícitamente en contra de esas mismas leyes. Ese era el corazón político del proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo. Las partidas pueden reconducirse por decreto. Lo importante era coronar a Milei.
 
Así, el solsticio de verano no sólo marca hoy el final de la primavera, sino también, en coincidencia, el de la primaverita política que había comenzado para el gobierno con el resultado de las elecciones de medio término y que terminó sin que pudiera capitalizar de manera alguna ese éxito. La realidad muestra que, al fin y al cabo, las cosas no son tan malas como parecían en septiembre ni tan buenas como nos quisieron hacer creer después de octubre.
 
Todo sigue más o menos parecido a lo que fue el largo 2025: precario, inestable, violento, cada vez más autoritario y deteriorado. Este año Milei necesitó tres rescates del FMI, de Trump y de las urnas, para llegar hasta acá. Va a necesitar uno más, de los Senadores, antes del brindis del 31. Y con el 2026 comenzará una historia diferente.
 

NicoSal soluciones web

© Copyright 2009 LA OPINIÓN POPULAR – www.laopinionpopular.com.ar - Todos los derechos reservados.

E-mail: contacto@laopinionpopular.com.ar