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Nacionales - 16-05-2023 / 10:05
LA OPOSICIÓN LOGRA DEL PODER JUDICIAL MACRISTA LO QUE NO CONSIGUE EN EL APOYO DE LA GENTE

El macrismo formoseño pide que la candidatura de Insfrán sea declarada inconstitucional por la Corte Suprema adicta

El macrismo formoseño pide que la candidatura de Insfrán sea declarada inconstitucional por la Corte Suprema adicta
Buscando otra manito de la Corte Suprema macrista, la oposición formoseña presentó un planteo de inconstitucionalidad y en las últimas horas sumó un amparo contra la reelección indefinida en la Provincia que está avalada por la Constitución. El antecedente Tucumán y San Juan dejó argumentos servidos. La Corte se prepara para definir el caso Manzur y dejarlo abstracto, pero siguen las presiones para impedirlo.
El diputado de Juntos por el Cambio (JxC) y principal referente de la oposición formoseña, Fernando Carbajal, presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación un recurso de amparo para que se declare inconstitucional la postulación a la reelección del actual gobernador, Gildo Insfrán, de cara a los comicios de esa provincia, previstos para el 25 de junio próximo. Carbajal solicitó a la Corte que se expida sobre la constitucionalidad del artículo 132 de la Constitución de Formosa, cuya "ambigüedad", para el legislador, permite la reelección indefinida del cargo de gobernador. Ese artículo prescribe que "el gobernador y el vicegobernador durarán cuatro años en el ejercicio de sus cargos, y podrán ser reelectos".
 
En forma total o parcial, en distritos gobernados por el peronismo, los fallos del máximo tribunal hacen lugar a presentaciones del arco opositor. Además, su vocero oficial, el multimedios porteño Clarín, anticipó la posición de la Corte Suprema, que ese medio manipula, sobre las elecciones provinciales que se vienen. Catamarca, Formosa y Santa Cruz serán las próximas provincias en recibir este tipo de fallos, arbitrarios y prescriptivos, por parte de la disparatada Corte macrista. Lo único que importa es ponerle un freno a la seguidilla de triunfos del peronismo en las provincias, con un único sentido: favorecer al macrismo, a los grandes empresarios y a sus aliados mediáticos y judiciales.

Ni en sus peores pesadillas los dirigentes de Juntos por el Cambio se imaginaron que en las elecciones provinciales les iba a ir tan mal. La tercera tanda de elecciones provinciales desdobladas de la nacional ratificó una tendencia que parece irreversible: una vez más triunfaron los oficialismos y los tres gobernadores que ponían en juego su gestión resultaron triunfantes por porcentajes holgados. Se trata de gestiones que se computan a favor del gobierno nacional, toda vez que corresponden a distritos alineados del oficialismo en el Parlamento y con una similar visión macro del país. Ese dato es el que movilizó a Juntos por el Cambio a bloquear las elecciones en San Juan y Tucumán, donde un seguro triunfo de los oficialismos hubiera pintado de peronista a buena parte del mapa argentino. Por eso el macrismo pretende que la Corte se meta en los procesos provinciales violando abiertamente el sistema federal.

Las cuatro provincias representaban casi el 10% si se hubieran concretado los comicios tucumanos, que constituyen el 3,69% del total nacional. La Corte macrista hizo lo suyo para evitar una foto amarga para la oposición, que en esta tanda de elecciones provinciales no surge como opción. Como era previsible, Juntos por el Cambio le pidió a la Corte que se ponga por encima de las provincias e irrumpa, virtualmente, en todas las elecciones.
 
Queda claro que la oposición gana en los tribunales "amigos" lo que no está logrando en los territorios donde va a elecciones. Además, los mejores resultados para Juntos por el Cambio llegaron de la mano de candidatos radicales como fue el caso de Gerardo Morales en Jujuy, hace una semana o este domingo en La Pampa, donde, si bien no logró ganar la gobernación, Martín Berhongaray, le dio pelea al peronista Sergio Ziliotto. El PRO ni figuró, demostrado que es solo un partido vecinal del Puerto de Buenos Aires.
 
La gran incógnita, una vez más, es si estos resultados se trasladarían a nivel nacional. La dura derrota libertaria en Tierra del Fuego, que se suma a otras tantas que viene padeciendo esa fuerza, ¿Cómo explica los números que las encuestas le otorgan a Javier Milei?  Y el enojo social con la gestión del gobierno ¿por qué no se refleja en los comicios provinciales, cuyos electorados padecen como el resto del país el mismo índice inflacionario? Más allá de lo que ocurra en octubre en las elecciones presidenciales, el peronismo no es una fuerza raquítica, y ese dato no es menor para quien vaya a gobernar la Argentina los próximos cuatro años.
 
La Opinión Popular
 

 
EN BUSCA DE OTRA MANITO DE LA CORTE SUPREMA
 
Juntos por el Cambio y la trama para bloquear las elecciones de Formosa

 
La alianza macrista presentó un pedido para que declare inconstitucional un artículo de la constitución de Formosa, el 132, que habilita la reelección indefinida del gobernador y el vicegobernador, un régimen que existe en muchos países: Alemania, Israel, Turquía, España y la gran mayoría de los estados norteamericanos. El argumento de Fernando Carbajal, candidato a gobernador del macrismo, es que la reelección indefinida no es republicana, algo que mencionó la actual mayoría automática integrada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda en los casos de Tucumán y San Juan.
 


En los fallos que suspendieron las elecciones en esas dos provincias, el trio sostuvo que lo republicano se opone a la perpetuación y presupone periodicidad, algo que no figura en ninguno de los textos constitucionales. En el atardecer del lunes, ya circulaba un proyecto de resolución de la Corte declarando abstracto el caso de Tucumán, dado que Juan Manzur declinó su candidatura a vicegobernador.

 
Sin embargo, JxC insistió y ahora exige que el máximo tribunal se expida sobre el fondo. Es muy probable que el nuevo planteo del macrismo ni se trate, pero el máximo tribunal pasó a ser un ente imprevisible. Ya no es una cuestión jurídica, sino política: la Corte abre las puertas a meterse en todos los aspectos y cuando quiera. Puede considerar que tal cosa no es republicana e invade, sin límites.
 
 
El show de las presiones
 
Página/12 reveló este domingo que detrás de los fallos de Rosatti-Rosenkrantz-Maqueda había una fuerte presión del abogado de JxC en Tucumán en las presentaciones, Alberto Garay, cuyo hijo y hermano trabajan en la Corte desde la vocalía de Rosatti. Garay es, a la vez, el presidente del Colegio de Abogados de la calle Montevideo, que agrupa a los abogados de los represores y representa la corriente más de derecha de los letrados.
 
También juegan los directivos del diario La Nación y, por supuesto, el propio Mauricio Macri y Patricia Bullrich, el primero tildando de feudales a los gobernadores del interior y la segunda adjudicándose el fallo de la Corte que suspendió las elecciones de Tucumán y San Juan. En paralelo, el silencio del Colegio Público de Abogados es impactante, con Ricardo Gil Lavedra a la cabeza, igualmente alineado con JxC.
 
En lo esencial, el macrismo pretende que la Corte se meta en los procesos provinciales pasando por encima del sistema federal y aplicando algo así como un termómetro de republicanismo: "tal cosa es republicana y la dejamos correr, tal cosa no es republicana y la bloqueamos", podrían decir. "Incluso la bloqueamos cuando se nos da la gana, cinco días antes de los comicios", rematarían.
 
 
Ahora, Formosa
 
Era cantado. Si la Corte suspendió elecciones con apenas cinco días de anticipación en dos provincias, las puertas se abrían para que lluevan las presentaciones macristas. No importa que las constituciones de Formosa, Santa Cruz y Catamarca permitan las reelecciones indefinidas y tampoco que Gildo Insfrán, el gobernador de Formosa, ni siquiera sea candidato todavía.
 
Tampoco se tiene en cuenta que ya hubo dos fallos de la Corte sobre Formosa, en ambos casos declarando inadmisibles los recursos, en 2005 y 2013. Lo único que parece importar es intentar ponerle un freno a la seguidilla de triunfos del peronismo en las provincias.
 
Fernando Carbajal, que se presenta como diputado nacional y candidato a gobernador de Juntos por Formosa Libre, le pidió a la Corte Suprema que declare inconstitucional el artículo 132 de la Constitución de Formosa que dice, textualmente: "El Gobernador y el Vicegobernador durarán cuatro años en el ejercicio de sus cargos, y podrán ser reelectos". No pone ningún límite a las reelecciones, como sucede con otras constituciones provinciales que explícitamente las mencionan.
 
Por supuesto que Carbajal toma los dos conceptos que sacaron de la galera Rosatti-Rosenkrantz-Maqueda: que la Constitución de Formosa no es republicana porque no evita la perpetuidad y no fija una periodicidad. En el mundo, hay corrientes que sostienen que debe haber alternancia en el poder y que eso refresca a los gobernantes y otras corrientes que afirman que todo debe depender del voto: los pueblos pueden resolver que el tiempo de un gobernante ya pasó y tal otro no.
 
Los ejemplos se multiplican: Angela Merkel en Alemania, Felipe González en España, Recep Erdogan en Turquía tuvieron mandatos que van de los 15 a los 20 años. Como sostuvo Mario Wainfeld en este diario, resulta curioso que los jueces hablen en contra de la perpetuidad o a favor de la periodicidad cuando ellos mismos son vitalicios y nunca revalidan sus títulos.
 
Así las cosas, con el aliento de las irrupciones del máximo tribunal, este mismo lunes al mediodía, entró una segunda presentación sobre Formosa, presentado por otra rama del macrismo, el Frente Amplio Formoseño. Los conceptos no son muy distintos, pero en esta presentación se pide, además, un amparo suspendiendo todo el proceso electoral y advirtiendo que ampliarán la presentación cuando Insfrán se postule como candidato. Es que el gobernador, hasta ahora, ni siquiera es candidato. 
 
 
En Tucumán vuelven a la carga
 
La Corte objetó la presentación de Juan Manzur como candidato a vicegobernador, dado que ya fue gobernador por dos períodos. El texto de la Constitución no lo prohíbe, pero Rosatti-Rosenkrantz-Maqueda invocaron lo republicano para suspender la elección, cautelar mediante. Tuvieron el caso en análisis durante un mes y no lo resolvieron -apenas dictaron una cautelar- siendo que se trata de una cuestión que no requiere ni pericias ni testigos ni autopsias.
 
El peronismo tucumano resolvió cortar por lo sano, Manzur resignó su candidatura, lo reemplazó Miguel Acevedo. Por lo tanto, la cuestión pasó a ser abstracta, porque se suprimió el obstáculo que era la postulación de Manzur. En la Corte Suprema habrá un acuerdo este martes y todo indica que se aprobará un proyecto que va en ese sentido: se levanta la cautelar porque el caso quedó abstracto. Lo votarían los cuatro supremos, Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda y Lorenzetti, ya regresado de su viaje.
 
Sin embargo, este lunes al atardecer, volvió a la carga Germán Alfaro, del Partido por la Justicia Social, el nombre del macrismo en Tucumán. Obviamente con el patrocino de Alberto Garay, la pieza clave de los que ejercen presión. Como no podía ser de otra manera, Alfaro le dijo a la Corte que se opone al levantamiento de la cautelar, no importa que la cuestión se haya vuelto abstracta. En la presentación se pide que las elecciones tucumanas sigan suspendidas y que la Corte igual se expida sobre el fondo, o sea que la fórmula del peronismo, aunque ya cambió, no respetaba el criterio republicano.
 
Todo indica que el máximo tribunal no hará caso a semejante planteo y levantará la cautelar, aunque a esta altura todo dejó de ser previsible. En su momento, Rosenkrantz dijo que la Corte no podía meterse en la elección de Rio Negro porque era incompetente y ahora sostuvo todo lo contrario, porque su voto era imprescindible para voltear las dos elecciones -Tucumán y San Juan- con amplio favoritismo peronista.
 
 
El termómetro "republicano"
 
Todo el contencioso evidencia que hay una nueva mayoría en la Corte dispuesta a intervenir en todo. Por ejemplo, Rosatti opinó ante la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (Amcham) que se podrían declarar inconstitucionales los niveles actuales de emisión monetaria. No está claro cuál sería el parámetro y quién decidiría hasta qué nivel la emisión es constitucional y a partir de qué nivel es inconstitucional.
 
La nueva mayoría también resolvió que el Estado nacional debía transferirle a la Ciudad de Buenos Aires el 2.95 por ciento de los fondos coparticipables. El porcentaje no se estableció en base a pericias o a un dictamen razonado, sino que fue una cautelar política otorgada al gobierno macrista de CABA.
 
Pero el fallo suspendiendo de las elecciones en Tucumán y San Juan es aún peor, porque fija el precedente de que la Corte puede decidir casi cualquier cosa con el argumento de que lo considera republicano o no lo considera republicano. O sea, si la Constitución de una provincia dice explícitamente que no hay obstáculos para reelecciones, la Corte puede igual decidir que no es republicano. Puede prohibir algo que no está prohibido.
 
Esos sí, todo tiene siempre un único sentido: favorecer al macrismo, a los grandes empresarios y a sus aliados mediáticos y judiciales. Ese es el termómetro "republicano".
 
Por Raúl Kollmann
 
Fuente: Página12 
 

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18-07-2025 / 12:07
Tech Security, la firma fundada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martin Menem, fue beneficiada con una licitación pública para la seguridad de distintas sedes de la banca estatal. Facturará más de tres millones de dólares. El negociado se suma a los que venía acumulando una sociedad vinculada al clan a través de otro empresario, que ya acumula varios contratos. La casta al palo.
 
La supuesta pelea libertaria contra "la casta" demuestra tener patas cada vez más cortas. Si con el apellido sólo no alcanzaba, los contratos que la familia Menem sigue ampliando con el Estado salen a la luz para demostrar que varios de los principales funcionarios del Gobierno, incluidos los de máxima confianza de Javier Milei, replican las mismas prácticas que dicen combatir.
 
La empresa Tech Security, fundada hace casi 20 años por el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem junto a sus dos hermanos, Fernando Nicolás Menem y Eduardo Adrián, resultó beneficiada con un contrato multimillonario con el Banco Nación. Se trata de la preadjudicación de una licitación pública para brindar el servicio de seguridad en distintas sedes de esa entidad financiera.
 
La suma total que embolsará trepa a los $3.933.026.507,98, poco más de tres millones de dólares. Que se suman a los más de 3 mil millones que desde diciembre de 2023 ya facturó otra empresa vinculada al clan a través de distintos intermediarios, de nombre Global Protection Service (GPS) Group. 
 
El contrato se concretó a través de la Licitación Pública CDS 1251/2025 del Banco Central, con fecha del 4 de julio de este año. Si bien Tech Security ya brindaba el mismo servicio desde 2018, los contratos se renovaban anualmente, mientras que esta vez, ya con Milei en el poder, se hizo por 24 meses, con opción a dos años más.
 
A diferencia de otras renovaciones, además, esta es la primera vez que la empresa gana una licitación por semejante monto con Menem ocupando un cargo relevante en la administración pública, lo que generaría, a priori, un conflicto de intereses, además de llevarse a las patadas con los postulados de la Ley de Ética Pública.
 
Por otro lado, el clan Menem ya venía ganando influencia en el Banco Nación desde hace meses, por ejemplo, en la rama de negocios de Nación Seguros, que llamativamente quedó afuera del listado de empresas públicas que Milei quería privatizar cuando impulsó la primera versión de la Ley Bases. El director de Nación Seguros es Alfonso Torres, cercano a Eduardo "Lule" Menem.
 
La Opinión Popular
 

18-07-2025 / 11:07
Una multitud se movilizó este jueves desde Congreso hasta Plaza de Mayo para defender al Hospital Garrahan y a la salud pública del brutal ajuste implementado por el gobierno de Javier "el Loco" Milei. La Marcha Federal de la Salud, que tuvo su réplica en diversas ciudades de la Argentina, fue convocada por la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) y sumó la presencia de numerosos sindicatos y organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, culturales y de derechos humanos, junto a una gran cantidad de familias y gente de a pie que participó de la manifestación para expresar su apoyo al reclamo.
 
Los trabajadores del Hospital Garrahan protagonizaron este jueves una masiva movilización al Congreso de la Nación, en defensa de la salud pública y en rechazo al ajuste impulsado por el Gobierno nacional. La marcha coronó una jornada de paro total en el hospital pediátrico, uno de los más reconocidos del país y referente en atención infantil.
 
Desde las 16:30, médicos, médicas, personal de enfermería, residentes y técnicos se congregaron en una columna que avanzó por las calles del centro porteño, respaldados por organizaciones gremiales, sociales y una amplia adhesión ciudadana. La consigna fue clara: denunciar el desfinanciamiento, exigir mejoras salariales y visibilizar la crítica situación que atraviesa el sistema sanitario público.
 
El reclamo incluye el rechazo a las reformas en el sistema de residencias, la pérdida de personal por las condiciones laborales y una caída del poder adquisitivo estimada en un 54% en términos reales, según un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria. El documento también advirtió que los insumos médicos y medicamentos sufren una inflación superior al promedio general, agravando el panorama.
 
La protesta fue una nueva expresión de una lucha que los trabajadores del Garrahan vienen sosteniendo desde hace meses, con paros, asambleas y acciones callejeras. La continuidad y la masividad del reclamo reflejan no solo el deterioro de las condiciones laborales, sino también la preocupación por el futuro de una institución que es pilar de la salud infantil en Argentina.
 
En ese marco, los gremios que nuclean a los trabajadores del hospital, entre ellos la Asociación de Profesionales y Técnicos y ATE, rechazaron el aumento salarial propuesto por el Gobierno, al considerar que no cubre las necesidades básicas del personal.
 
La Opinión Popular
 

17-07-2025 / 10:07
Mientras la canasta de crianza supera los 500 mil pesos, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, lanzó un insólito nuevo plan social que busca cambiar el eje de la asistencia: en lugar de alimentos, vouchers para actividades deportivas y culturales.
 
La propuesta, dijo, está pensada para las zonas "más vulnerables del país", aunque su fundamento ideológico no deja lugar a dudas: "El Estado no tiene que cuidar a los niños, los tiene que cuidar la familia".
 
La frase, que dejó caer en una entrevista, resume el espíritu de la medida. Pettovello detalló que los vouchers se entregarán a familias que asistan a "escuelas para padres" y podrán canjearse en parroquias o clubes.
 
Según explicó, el objetivo es fortalecer los vínculos familiares sin intermediación política, como parte de los futuros "Centros de Familia" que comenzarán a funcionar en agosto con una prueba piloto en la ciudad de Concordia.
 
La visión de Pettovello sobre la infancia es coherente con el discurso del oficialismo, que busca reducir la presencia del Estado en las políticas de cuidado.
 
Pero los números no acompañan el repliegue: según el INDEC, criar a un hijo en Argentina cuesta entre $411.000 y $517.000 por mes, según la edad del menor. Se trata de una canasta de crianza que incluye tanto bienes y servicios como el costo del tiempo de cuidado. La cifra más alta corresponde a niños y niñas entre 6 y 12 años.
 
Los datos son contundentes: solo en junio, el costo de criar a un bebé menor de un año fue de $411.201, mientras que el de un niño en edad escolar trepó a $517.364. Frente a estos montos, el lanzamiento de vouchers recreativos aparece más como un gesto simbólico que como una respuesta estructural a la pobreza infantil.
 
El anuncio también llega en un contexto de fuertes cuestionamientos a la gestión de Capital Humano por la retención de alimentos en depósitos oficiales. Lejos de reforzar el esquema de comedores comunitarios, Pettovello insiste en una política de asistencia "directa", en línea con el ideario libertario. "La familia tiene una función que no se puede delegar en el Estado", aseguró.
 
Mientras se ajustan presupuestos en salud, educación y cultura, la ministra apuesta a que un taller de cerámica o una clase de fútbol puedan reemplazar a un plato de comida caliente. En esa lógica, el Estado deja de garantizar derechos y pasa a sugerir actividades.
 

17-07-2025 / 10:07
El gobierno de Javier "el Loco" Milei intenta resistir hasta octubre en medio de tensiones económicas y políticas crecientes. Los frentes de conflicto se multiplican: ¿se le hizo demasiado largo el calendario electoral al libertario? En el medio asoman las peleas con los gobernadores.
 
A pesar de que el receso invernal del Congreso le abrió una ventana de tiempo para negociar, el gobierno de Milei enfrenta una tormenta en Diputados que podría llevarlo a una dura derrota, como la que sufrió la semana pasada en el Senado. La oposición prepara una sesión para aprobar el financiamiento universitario y la declaración de emergencia en pediatría a raíz del conflicto del Hospital Garrahan.
 
También se sumarían los proyectos de todos los gobernadores para distribuir de forma equitativa los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del impuesto a los combustibles, que aprobó la Cámara alta y ayer ingresaron a Diputados, donde el oficialismo buscará obstaculizar su tratamiento.
 
Más complicado aún para la Casa Rosada será si la convocatoria incluye el rechazo al veto de Milei a la emergencia en Bahía Blanca (que ya revocó el Senado), donde sus propios aliados del PRO que votaron la emergencia deberán discernir si sostienen el veto presidencial para bancar la alianza electoral bonaerense detrás de los libertarios o si ratificaran la ayuda económica para la ciudad devastada por la inundación.
 
Los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica vienen trabajando en la convocatoria a una sesión para la última semana de julio (podría ser el 30) o la primera de Agosto (el 6), que tienen como ejes darle media sanción a los proyectos de financiamiento para las universidades nacionales y la declaración de emergencia en el hospital pediátrico Garrahan.
 
Además, ayer ingresaron a la Cámara de Diputados los proyectos con media sanción del Senado impulsados por los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para establecer por ley un esquema de coparticipación de los ATN y de una porción del impuesto a los combustibles destinados para obras viales que el Gobierno central recauda, no distribuye o lo hace a cuentagotas y de manera discrecional.
 
Ahora, el titular del cuerpo legislativo, el libertario riojano Martín Menem, deberá definir a que comisiones será girado cada uno de ellos. No se descarta que ambos vayan a la comisión de Presupuesto, donde su presidente José Luis Espert comanda la primera barricada oficialista para frenar cualquier iniciativa que incomode al Gobierno.
 
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16-07-2025 / 09:07
Javier "el Loco" Milei pretendía imponer límites a las huelgas mediante un decreto, esquivando al Congreso e ignorando las garantías constitucionales. La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo le puso un freno al decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por el prescindente Milei que pretendía recortar el derecho de huelga en Argentina.
 
Con una sentencia definitiva, el tribunal suspendió la aplicación del DNU 340/2025, una medida que ampliaba de forma arbitraria la cantidad de actividades consideradas "esenciales" y obligaba a mantener entre un 50 y un 75 por ciento de la actividad aun en situaciones de conflicto gremial.
 
El fallo fue firmado por los jueces Silvia Pinto Varela y Héctor Guisado, quienes ratificaron la resolución de la jueza de primera instancia Moira Fullana, que ya había dado lugar a un amparo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT). El tercer integrante de la sala, Manuel Diez Selva, no participó por estar de licencia.
 
El intento del Gobierno de Milei de cercenar el derecho de huelga, un derecho constitucional y fundamental de los trabajadores, fue declarado inválido por la Justicia por no cumplir los requisitos básicos para dictar un decreto de necesidad y urgencia.
 
En su voto, Silvia Pinto Varela dejó en claro que no se dan las "circunstancias excepcionales" que exige la Constitución Nacional para utilizar esta herramienta.
 
"Es muy claro que no se dan los extremos excepcionales a los que se refiere reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para justificar el dictado de un DNU, esto es, la imposibilidad de que se reúna el Congreso de la Nación", sostuvo.
 
El DNU 340/2025 había sido firmado por Milei el 21 de mayo. En su artículo 3 ordenaba, por decreto, que en los servicios esenciales no se pudiera negociar una cobertura menor al 75 por ciento, y en las actividades de "importancia trascendental", no se pudiera bajar del 50 por ciento.
 
Es decir, el Ejecutivo pretendía imponer límites a las huelgas mediante un decreto, esquivando al Congreso e ignorando las garantías constitucionales. La maniobra no es nueva: estos mismos cambios ya estaban en el capítulo 4 del DNU 70/2023, otro megadecreto de Milei, que también fue suspendido por la Justicia y que aún espera un fallo definitivo de la Corte Suprema.
 
La CGT había solicitado la acción de amparo argumentando que el decreto viola el principio de división de poderes y ataca la libertad sindical. La Justicia le dio la razón. El fallo representa un freno a un gobierno autoritario y anti democrático que viene avanzando sin consenso ni diálogo en medidas que afectan directamente los derechos laborales y sociales de los argentinos.
 
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