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Nacionales - 13-05-2023 / 09:05
PANORAMA POLÍTICO NACIONAL

La inflación y el enroque de discursos de Sergio Massa y Alberto Fernández

La inflación y el enroque de discursos de Sergio Massa y Alberto Fernández
“No nos entra un kilombo más”, graficó el ministro Sergio Massa en Navarro, en un acto con productores agropecuarios. “Estabilidad política, para que haya estabilidad económica”, agregó. Esta semana, el ministro de Economía se metió en política, lo que había tratado de eludir. Y el presidente Alberto Fernández, que resignó su reelección, afirmó que lo había hecho para abocarse a la lucha contra la inflación, lo que parecía que había delegado en Massa.
"No nos entra un kilombo más", graficó el ministro Sergio Massa en Navarro, en un acto con productores agropecuarios. "Estabilidad política, para que haya estabilidad económica", agregó. Esta semana, el ministro de Economía se metió en política, lo que había tratado de eludir. Y el presidente Alberto Fernández, que resignó su reelección, afirmó que lo había hecho para abocarse a la lucha contra la inflación, lo que parecía que había delegado en Massa.
 
Al revés de lo que dice el ministro de Economía, el impacto de la inflación es lo que provoca inestabilidad y trastoca en forma permanente las proyecciones hacia el futuro. Si pasa con el ciudadano de a pie, es lógico que también impacte en la política.
 
El verdadero kilombo es que la persistencia de la inflación debilitó al Gobierno, posibilitó el desequilibrio de poderes ante la embestida de la corporación judicial y complicó la elección de candidatos en Juntos por el Cambio y en el Frente de Todos, algo que debía tener una resolución más fluida.
 
Y el único favorecido en medio del kilombo es Javier Milei, un personaje hitleriano, estrambótico, cuyos antecedentes más visibles son su respaldo a los genocidas de la última dictadura. Así como sus propuestas de libre mercado para el tráfico de órganos humanos, y para la eliminación de la educación pública, que sería reemplazada por un sistema de "vouchers" para que los pobres elijan la escuela privada a la que quieran concurrir.
 
El discurso desopilante y gritón es el que más concuerda con el nivel de incertidumbre y bronca al borde de la histeria que impera en la sociedad y que tienen su causa en la imposibilidad de prever cuánto costará al día siguiente comer, vestirse y alquilar. El personaje siniestro que ha crecido en las encuestas constituye un síntoma del estado de la sociedad.
 
La imposibilidad del Gobierno para frenar la crisis, sumado al discurso de odio de la oposición macrista y su estrategia de oponerse a todo, han sido la madre del borrego. Milei, un imposible para el universo de la razón, se ha convertido en la gran promesa para un tercio de los argentinos que lo siguen ya sea porque respaldaron siempre a los genocidas, o porque quieren creer en su discurso mágico purificado por la santa indignación, o simplemente porque están desilusionados y con bronca con el sistema político.
 
Cuando asumió Sergio Massa en Economía, el debate por las candidaturas en el Frente de Todos parecía estar jugado a lo que ocurriera entre el ministro de Economía y la inflación, incluso era aceptado así por los que no simpatizaban con Massa. Esa perspectiva aquietó el debate por las candidaturas.
 
Pero las expectativas puestas por el mismo ministro se desinflaron por el salto del dólar paralelo que se trasladó a los precios. La inflación desgastó primero al presidente Alberto Fernández, que retiró su intención de presentarse a la reelección. Pero ahora también esmeriló la figura de Massa. El Presidente, que se había desligado del tema para que su ministro capitalizara una esperable baja de la inflación, ahora lo retomó. Y el ministro empezó a hablar de las internas. Hubo un enroque de discursos.
 

La intervención de la Corte Suprema para interrumpir la seguidilla de victorias electorales del oficialismo mostró la confianza de los magistrados en su impunidad frente al Gobierno. Todas las decisiones que ha tomado este tribunal moldeado por el macrismo han sido en contra del peronismo y sus aliados. La historia pone de manifiesto su parcialidad. En este caso, los amparos estaban planteados desde abril. La decisión de interrumpir las elecciones en San Juan y Tucumán, cinco días antes de que se realizaran, funcionó como una bofetada al Gobierno.
 
Es también un rebote del impacto que produce en la Corte la investigación que realiza la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. Lo que con la complicidad de la corporación mediática parecía que no tendría trascendencia, se convirtió en un verdadero escándalo con epicentro en los cuatro jueces, por cuestiones de corrupción, tráfico de influencias y otros delitos que fueron revelados por testigos como el ex administrador de la Corte Héctor Marchi y otros. El presidente del Tribunal, y el más belicoso de los cuatro jueces, Horacio Rosatti, fue demolido con acusaciones lo suficientemente graves y sustentadas como para romper el blindaje mediático.
 
La interrupción de las elecciones en Tucumán y San Juan fue una respuesta a la Comisión de Juicio Político. La decisión es discutible desde el punto de vista legal, la podrían haber tomado antes y, además, es poco lo que alteran el resultado previsto en las urnas. Pero es una demostración de poder dirigida al Gobierno y a una posible candidatura de Cristina Fernández. La Corte se muestra como un poder ya no judicial, sino político, como ha sido siempre.
 
Cada golpe militar echó jueces y nombró Cortes Supremas adictas. Y la jurisprudencia que produjeron esos tribunales se siguió aplicando porque nunca se anuló, como si esos tribunales hubieran sido tan legítimos como los demás. Esa permanencia se sustenta en la continuidad corporativa, no tiene nada que ver con la democracia o la división de poderes. Es un sistema que ya no califica para un sistema democrático, al punto de que una investigación parlamentaria, que tiene pocas posibilidades de convertirse en juicio político, le ha provocado una crisis de legitimidad de la que será muy difícil que se reponga.
 
La inestabilidad que genera la inflación atravesó a las fuerzas políticas. Juntos por el Cambio puede llegar a un punto de quiebre: Mauricio Macri parece buscar una alianza entre Patricia Bullrich y Milei, en tanto que Horacio Rodríguez Larreta juega con la idea de una alianza con el gobernador saliente de Córdoba, Juan Schiaretti, de recoger a otros sectores conservadores del peronismo y contener a los radicales que, en principio, rechazan ese camino.
 
Los escenarios son tan cambiantes que hasta el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, podría desdoblar las elecciones provinciales de las nacionales. En las mediciones se mantiene varios puntos por encima de los candidatos de Milei y del macrismo, pero también depende de la forma que traccionen los candidatos presidenciales, tanto del Frente de Todos como de las otras fuerzas.
 
Según las encuestas -que, como todo el mundo sabe, no son infalibles-, Milei le saca votos a Juntos por el Cambio, pero no tiene candidato bonaerense. Al desdoblarla, Milei no aparecerá en la elección provincial, lo que atenuaría el efecto de arrastre y favorecería al macrismo.
 
Es un cuadro complejo para el Frente de Todos, que necesita un candidato que recupere mística y entusiasmo y que sea creíble para la sociedad frente al flagelo de la inflación, tema determinante para muchos al decidir el voto.
 
Para resolver semejante "kilombo" -palabra del ministro- resurgió la figura de Cristina Kirchner pese a que anunció que no será candidata en ninguna categoría. Pero un sector importante del sindicalismo, de gobernadores e intendentes y de agrupaciones partidarias, peronistas y no peronistas, convocó para el 25 de Mayo a una gran movilización en la Avenida 9 de Julio como coronación del operativo clamor por la candidatura presidencial de CFK.
 
Ella ha dicho que hubiera podido ganar la elección anterior, pero que no la iban a dejar gobernar. Y por eso propuso la candidatura con Alberto Fernández. Si cambia ahora de decisión es porque ha visto la posibilidad de avanzar y romper ese bloqueo. Hasta ahora no hay señales de que vaya a cambiar y, alrededor suyo, el hermetismo sobre este tema es total.
 
Por Luis Bruschtein
 
Fuente: Página12
 

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31-12-2025 / 09:12
Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.
 
Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.
 
"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
 
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.
 
Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
 
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.
 
Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".
 
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
 
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
 

30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

29-12-2025 / 09:12
La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.
 
Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.
 
Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.
 
El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".
 
El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".
 
El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.
 
Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.
 
"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.
 
La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.
 
"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".
 

28-12-2025 / 12:12
Las ventas en rubros estratégicos de Alimentos caen hasta 20% interanual, y aun así las fábricas avisaron aumentos mayores al 5% desde el 1 de enero. El diagnóstico de la UIA da balance en rojo de Los 4 grandes. Deberá el presidente Javier "el Loco" Milei quemar en la hoguera de los balances de fin de año una de sus teorías predilectas sobre uno de los fenómenos que creyó tener bajo control, pero que se le está desmadrando.
 
Apasionado por la idea del poco iluminado economista austríaco Carl Menger, el mandatario aplicó uno de sus principios para -a lo largo de estos dos años- afirmar que los precios se establecen en relación no a los costos de producción y otros factores, sino a la cantidad de dinero que los consumidores estén dispuestos a convalidar como precio de ese bien.
 
Pero los hechos muestran que pasó exactamente lo contrario: hace varios meses, y sobre todo con mayor intensidad desde el triunfo electoral libertario el 26 de octubre, las grandes empresas del sector alimentos decidieron subir los precios, aún en un contexto de consumo masivo desplomado.
 
Es decir, eligieron regular su pérdida aumentando el precio del producto, sin importar lo que los consumidores creen, convalidan o rechazan sobre esos precios. Y esto pegó de lleno en las mediciones de inflación del INDEC, que siguen centradas más en Bienes que en Servicios, a pesar del cambio de composición en el gasto de los hogares.
 
Así, Milei y su ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, se garantizaron la permanencia en el escenario que todos los gobiernos intentan esquivar: la estanflación, es decir, estancamiento de la actividad con inflación al alza.
 
Desde octubre, de hecho, no hubo ni una sola semana con precios de alimentos estables, y las últimas cuatro semanas del mes acumulan un alza de al menos 2,5 por ciento en un rubro clave como es el consumo de bienes básicos.
 
PáginaI12 accedió en las últimas horas a listados con aumentos de precios de hasta 6 por ciento a aplicarse desde el 1° de enero en diferentes rubros. "No hay explicación alguna", admiten los comerciantes que recibieron las alzas, pero aseguran que las empresas de alimentos nucleadas en la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL) precisan que no hay otra forma de amortiguar que la crisis que venden por precios lo que no sale de góndola por cantidades.
 
Hay un pelotón de firmas, entre las que están los gigantes Procter & Gamble, SC Johnson y Unilever, que ya avisaron que desde el 1° de enero aumentan un 5 por ciento toda su línea de productos. Un poco más abajo, aparecen lácteas como La Serenísima, que pasaron listas con aumentos del 2,5 para enero. Esto último es curioso, dado que la mayoría de las empresas, a diferencia de lo que ve el Gobierno, estiman que la inflación será mayor, no menor, en los meses siguientes.
 
En ese grupo de las que pasaron aumentos cercanos al 3 por ciento también aparecen Coca Cola y Pepsi, y varias de las empresas que producen cerveza, que hace al menos tres meses no suben de precio y tienen ventas derrumbadas, aún en los calores, temporada alta de su negocio.
 
Lo curioso es que, a muchas de estas firmas, hace cerca de dos semanas, los supermercados y comercios ya les rechazaron listas de aumentos por no querer aplicarlos. El Gobierno, que se jacta de ser el más liberal del mundo, les ruega a los comerciantes que no acepten aumentos, sino el desborde sería mayor.
 

27-12-2025 / 09:12
Negando lo innegable, defendiendo lo indefendible. Con iglesias evangélicas que se oponen al aborto pero apoyan a un gobierno que regala libros que elogian a proxenetas y narcos; con militares que votan en masa a un gobierno que los lleva al suicidio; con industriales que se entusiasman con el oficialismo que los lleva a la quiebra; con jóvenes que se ilusionan con un "cambio" que les roba el futuro; con un gobierno que abandona a los discapacitados, pero se queda con una coima del tres por ciento de sus medicamentos, el país parece terminar el año en un descomunal aquelarre cuya lógica la oposición no termina de aprehender.
 
Surgen gurúes de la pobreza que entienden todo y autoflagelaciones de culpa que recriminan incapacidad, pero en realidad no se trata de un fenómeno exclusivo, sino que acompaña la deriva de Occidente. Estados Unidos, que ha sido la matriz ideológica de las últimas décadas, se ha lanzado a la conquista agresiva de Latinoamérica.
 
El diseño es igual de esquizofrénico, primero establece una ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que le permite sólo a Estados Unidos fabricar guerras para robar petróleo, como a Venezuela, confiscar recursos financieros, como a Rusia, o decretar aranceles de castigo para todo el mundo.
 
Y después la completa con lineamientos de seguridad nacional que le permiten agredir, invadir o bloquear a cualquier otro país. La esquizofrenia está en la pretensión de que el mundo acepte esos auto permisos como leyes establecidas incluso por los que son agredidos.
 
En la que fue la primera democracia del planeta cualquiera puede ser detenido sin causa sólo por el tono de su piel y tiene de presidente a Donald Trump que fue acusado de intentar un golpe de Estado. Por años, Occidente ha asimilado en forma bizarra el producto ideológico de esa matriz que en realidad ocultaba la relación entre el imperio y sus colonias dominadas.
 
Con la pérdida de poder de Estados Unidos en su puja con China, el fondo de esa lógica quedó al descubierto, pero Washington mantiene la pretensión de que su propuesta de opresión se asuma como de libertad. Parece una estupidez obvia, pero cuenta con el dispositivo de construcción simbólica más poderoso del planeta y de la historia de la humanidad para hacerlo creíble.
 
Aparecieron réplicas en América Latina y aquí en Argentina se expresó en los libertarios, donde esa palabra que identificaba a los viejos anarquistas fue apropiada por lo opuesto: el poder de las corporaciones sobre el resto de la sociedad; la palabra Libertad también significa lo opuesto a lo que ellos proponen y la idea de "cambio" en realidad significa para ellos romper los cambios verdaderos que promovieron igualdad y libertad.
 
Son sociedades donde la esperanza se reemplazó por la ansiedad y la depresión, porque la ilusión de que sólo basta el mérito personal termina en frustración. Son sociedades, como la Argentina, donde el suicidio se ha triplicado a causa de la frustración y la depresión y se ha convertido en la principal causa de muerte violenta en los jóvenes entre los 10 y 19 años. Todos los días se suicida un chico o chica en Argentina según un informe del Ministerio de Seguridad que se publicó a mediados de noviembre, en 2024 hubo 4294 suicidios.
 
En la semana previa a las navidades, -que la diputada libertaria Juliana Santillán confundió con las Pascuas (¡!)- hubo tres suicidios de soldados y otro de un gendarme. Las Fuerzas Armadas y De Seguridad votaron masivamente a este gobierno que los ha hundido en la pobreza. 
 

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