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Nacionales - 07-05-2023 / 10:05
EL TESTIMONIO EXPLOSIVO EN LA CAUSA POR EL INTENTO DE ASESINATO A LA VICE PRESIDENTA CRISTINA FERNANDEZ

Atentado a CFK: la secretaria de Milman dijo que su celular fue borrado en lo de Bullrich

Atentado a CFK: la secretaria de Milman dijo que su celular fue borrado en lo de Bullrich
La secretaria de Gerardo Milman, que el año pasado dijo que había borrado el contenido de su celular para proteger su intimidad, volvió a presentarse a declarar en la causa sobre el intento de asesinato de la vicepresidenta. Reveló que no vació el teléfono por voluntad propia, sino que fue llevada a oficinas de Patricia Bullrich, donde un perito eliminó el contenido de su aparato, el de otra asesora y el del propio Milman.
La secretaria de Gerardo Milman que declaró el año pasado que había borrado el contenido de su celular para proteger su intimidad, se presentó sorpresivamente el viernes en Comodoro Py y pidió dar testimonio por tercera vez en la causa sobre el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner.
 
Allí reveló, entre otras cosas que en realidad no había vaciado el teléfono por voluntad propia sino que la llevaron a las oficinas de Patricia Bullrich, donde un perito se dedicó durante cuatro horas a eliminar todo lo que había en su aparato, el de otra asesora y el del diputado de Juntos por el Cambio, que todavía era jefe de campaña de la precandidata presidencial.
 
Ese mismo día, horas antes, CFK había anunciado que recusaría a la jueza a cargo de investigar el atentado, la macrista María Eugenia Capuchetti, y ponía el foco en la falta de avances en la "pista Milman", uno de los posibles caminos para rastrear si hubo algún autor/a intelectual del disparo que de milagro falló.
 
La testigo en cuestión es Ivana Bohdziewicz, una de las colaboradoras que estaban con Milman en el bar Casablanca cuando otro funcionario del Congreso lo escuchó decir "cuando la maten yo estoy camino a la costa" dos días antes del atentado. La otra que estaba allí es Carolina Gómez Mónaco, la ex miss Argentina que en 2017 fue nombrada pese a su falta de antecedentes para dirigir la Escuela de Inteligencia del Delito de la gestión Bullrich-Millman en el Ministerio de Seguridad.
 
Ivana fue echada de las oficinas de Milman a comienzos de enero, pero su compañera sigue ahí. Desde hacía varios días que quería declarar ante el fiscal Carlos Rívolo, que tiene delegada ahora la causa. En su nombre se presentó el martes pasado un abogado con la petición formal para declarar, pero le dijeron que el fiscal estaba por tomar licencia, y que les parecía conveniente esperar a su vuelta. El miércoles le llegó una citación para el 10 de mayo.
 
Justo había reaparecido Gómez Mónaco después de tres meses, con mensajes donde le preguntaba cómo estaba y le decía, en tono de amiga, que quería verla. Cuando aún el escrito donde Bohdziewicz solicitaba ampliar su testimonio no estaba cargado en el sistema de tribunales, Gómez Mónaco le habría empezado a mandar mensajes ya en otro tono y como si se hubiera enterado de su pedido a la fiscalía: "¿Ahora qué querés declarar?" Le advirtió que un tal "Diego", que sería un abogado cercano a Bullrich, estaba pidiendo explicaciones y le reenvió un audio de él. Este hombre es quien, al parecer, las asesoró desde que fueron convocadas a dar testimonio. "No me traiciones", le habría advertido también su ex compañera.
 
Bohdziewicz entendió todo esto como una intimidación, no quiso esperar más y fue directo a Comodoro Py, a la mesa de entradas de la fiscalía. Le dieron algunas vueltas pero al final le tomó el testimonio la fiscala Alejandra Mangano, que subroga a Rívolo en estos días. A ella le dejó los mensajes y audios en cuestión para que sean analizados.   
 

 
EL TESTIMONIO EXPLOSIVO DE LA SECRETARIA DE MILMAN EN LA CAUSA POR EL ATENTADO A CFK
 
A borrar el celular a las oficinas de Bullrich
 
La mujer había dicho que vació su teléfono "para proteger su intimidad". Volvió a declarar y dijo que la citaron para que un perito eliminara el contenido de los aparatos. 
 
Ambas asesoras, Bohdziewicz y Gómez Mónaco, habían declarado por primera vez el 26 de octubre del año pasadoAl comienzo fingieron no recordar haber estado en Casablanca, un restaurante emblemático de la esquina del Congreso, pero de pronto les volvió la memoria cuando les mostraron los videos que las mostraban ingresando al lugar con Milman en la fecha y a la hora señalada por el testigo, que había aportado su relato un mes antes. Luego tuvieron contradicciones sobre si se había hablado o no de un viaje del diputado a Pinamar, que efectivamente existió. Pese a la insistencia de la querella de Cristina Kirchner, la jueza Capuchetti y el fiscal Rívolo no les secuestraron sus celulares en ese momento. Esto recién se concretaría en diciembre, después que la Cámara Federal le diera la razón al reclamo de la vicepresidenta.     
 
De acuerdo a la nueva declaración de Bohdziewicz, según allegados a la causa, el 10 de noviembre del año pasado se juntó a tomar un café con Gómez Mónaco y hablaron de la cuestión de los celulares y la posibilidad de que finalmente se los secuestren. Carolina habría intentado asustarla con el argumento de que violarían su intimidad y revisarían su vida personal y le dijo --según al declaración-- que irían a ver a  Milman. El diputado las esperaba en unas oficinas que Ivana atribuyó a Bullrich, lo que tendría lógica porque las situó en Avenida de Mayo al 900 y es precisamente en el número 953 de esa calle donde están las oficinas del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES), la fundación que la precandidata maneja y a través de cual se la acusa de haber desviado fondos para su campaña.  
 
Allí, de acuerdo al relato, llegaron cerca de las tres de la tarde y se quedaron cuatro horas. Las esperaba Milman con un perito informático que sería de confianza de Patricia Bullrich (aunque ella no estaba). Les pidió los aparatos a los tres y se dedicó durante todo ese lapso a borrar el contenido.  Bohdziewicz dijo que su teléfono tenía información personal y de la oficina pero que no sabía qué tenían los del diputado y Gómez Mónaco. Mientras eso sucedía el abogado al que llamaban "Diego" participaba por teléfono en altavoz. Uno de los temas que deliberaron tenía que ver con que a Gómez Mónaco le habían dado un celular nuevo que no estaba a su nombre y le advirtieron que debía desconectarlo y no entregarlo a la justicia. El perito les habría indicado comprar nuevos aparatos y evitar registrar cuentas personales para que no se descargue ningún "backup" de información que pudieran tener almacenada. 
 
 
Coincidencias
 
Ese mismo 10 de noviembre del borrado de celulares pero a la mañana, Cristina Fernández de Kirchner anunció en Twitter que había instruido a sus abogados --Marcos Aldazabal y José Manuel Ubeira-- para que recusaran a la jueza. En ese posteo difundió un video donde le reprochaba, además de la parsimonia general de la causa, cuestiones puntuales como no haber citado al diputado Milman, pese a todos los indicios que conducían a acercar su nombre al expediente. "Cuando aparecieron las primeras pruebas que involucran a la política con el ataque, la jueza Capuchetti paralizó y boicoteó la investigación", se escucha la voz en off de la periodista Julia Mengolini. 
 
Además del episodio de Casablanca, el video recuerda que el 18 de agosto Milman había presentado un extraño proyecto de declaración donde pedía información sobre la custodia de jueces y fiscales (transcurría el juicio de Vialidad alentado por la oposición) y sobre la custodia de la vicepresidenta. Alertaba: "No vaya a ser que algún vanguardista iluminado pretenda favorecer el clima de violencia que se está armando, con un falso ataque a la figura de Cristina, para victimizarla, sacarla de entre las cuerdas judiciales en las que se halla y no puede salir, y recrear un nuevo 17 de octubre que la reivindique ante sus seguidores".  Uno de los cofirmantes de ese proyecto fue el diputado neuquino Francisco Sánchez, que había pedido públicamente la pena de muerte para CFK. 
 
En un tramo de su declaración Bohdziewicz habría contado que después del intento de magnicidio, Milman mandó por chat ese proyecto y se ufanaba frente a sus asesoras de predecir el futuro. Detalló que en los días previos al atentado vio al diputado particularmente nervioso y enojado, tanto que en un arranque de ira amenazó con despedir a todas las colaboradoras de su despacho. 
 
Después de que se conocieran las declaraciones de ella y Gómez Mónaco las convocaron a una reunión en el estudio de otro abogado, Julián Curi, quien suele representar y asistir a Bullrich. Además, comenzaron a salir a la luz dudosos negocios (como un centro de belleza) a nombre de Gómez Mónaco y otras personas del entorno de Milman en la misma época en que ella fue nombrada en la escuela de Inteligencia y que su hermana manejaba los fondos reservados de la Dirección de Inteligencia Criminal. Curi habría intentado llevar tranquilidad a las asesoras y el compromiso de ocuparse del asunto. 
 
 
Enigmas
 
Cuando volvieron a testificar a principio de diciembre, bajo las indicaciones de la Cámara, la fiscalía les secuestró sus celulares, que a esa altura ya estaban alterados según las mismas mujeres dijeron en el momento. Bohdziewicz, sin dar detalles, declaró que había borrado el contenido y que se había asesorado. Gómez Mónaco dijo que había cambiado de aparato. Se mandaron a peritar igual y algunas cosas se rescataron. Entre los mensajes recuperados del equipo de Ivana apareció un grupo de WhatsApp llamado "Las Reinas del Despacho" (las asesoras de Milman) donde el día previo a Casablanca y tres antes del atentado les decía: "Chicas, borren todo lo del chat, mis fotos y demás. De lo de la oficina. Plis". No está del todo claro el origen de esa frase sugestiva. Lo mismo sucede con mensajes de la exmiss Argentina que habla con un tal Norberto Novoa, que no se investigó quien es. Este hombre le dice frases como "hay que emprolijar a Florencia", que para la querella podría ser una alusión a la esposa de Milman, la diputada Florencia Retamoso. 
 
Más allá de que la aparición del nombre de Milman guste o no guste, haga ruido o despierte suspicacias, existen elementos sugestivos e indicios que quedaron a mitad de camino. Jamás se lo citó ni se indagó en su celular. ¿Por qué querría eliminar lo que tenía allí? Es una de las razones, entre otras tantas, por las que la querella de CFK se opuso a cerrar la pesquisa o fragmentarla y elevarla juicio con tres acusados por el hecho material: Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo. Ahora la pregunta es ¿Investigarán quién es el perito? ¿Identificarán al abogado que guió a las secretarias? ¿Qué había en los teléfonos? ¿Hubo un encubrimiento al intentar eliminar prueba? ¿Sabía algo Milman respecto del atentado? ¿Qué hace Bullrich en medio de todo ese despliegue de asistencia legal y técnica? 
 
Este es el cuadro de situación, lleno de preguntas en un caso de gravedad extrema, el atentado contra la vida de la vicepresidenta y principal líder popular, del que ya pasaron ocho meses. 
 
Por Irina Hauser
 
Fuente: Página 12
 

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18-02-2026 / 10:02
Comenzó la reforma laboral y la empresa de neumáticos Fate resolvió el cierre definitivo de su planta en San Fernando tras 80 años. No hubo ninguna notificación ni aviso por parte de la empresa. La Policía ocupó la planta, demoró a Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, e hirió con balas de goma a trabajadores, quienes ingresaron pacíficamente a la planta y desde ahí llaman a solidarizarse con su pelea contra el cierre. Los dueños culparon a la política de apertura de importaciones indiscriminadas del gobierno libertario de Javier "el Loco" Milei, que destruye cada vez más la industria nacional.
 
Con una cruda declaración pública que demuestra los daños del modelo económico del gobierno anarco capitalista en la producción nacional, la compañía propiedad de la familia Madanes Quintanilla aclaró que el anuncio no se trata de un concurso preventivo de acreedores y descartó una reestructuración o un plan de salvataje. Se trata del cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente. "Se liquida todo y se baja la persiana", sentenciaron.
  
En un comunicado, la firma dejó claro que la principal consecuencia de la decisión que deja en la calle a casi mil familias se debe a la política de apertura de importaciones impulsada por la administración de La Libertad Avanza (LLA). Fate estaba produciendo 150 mil neumáticos mensuales, el 25 por ciento de su capacidad. Hoy, el 75 por ciento de las ruedas del mercado son chinas. Los otros grandes jugadores del sector, Pirelli y Bridgestone, enfrentan situaciones similares.
 
"Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre", dice el comunicado emitido a primeras horas de hoy por FATE. "Las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán dentro del plazo legal", aseguró el texto.
  
La planta de San Fernando es una de las más grandes del país y tenía una capacidad productiva que superó los 5 millones de neumáticos por año. Sin embargo, esa eficiencia se vio sacudida por el ingreso de 860.000 cubiertas de origen chino importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios obligó a Fate a rebajar sus productos y, consecuentemente, a dejar por el piso sus márgenes de ganancia.
 
Su cierre se trata de un evento anunciado. Desde 2024, la empresa había advertido sobre los golpes en su competitividad producto de la apertura económica indiscriminada que afecta la producción nacional. Durante los últimos dos años, la crisis comercial y productiva que hundió a la empresa fue erosionando la relación con los empleados, que a través de la representación gremial reclamó permanentemente sobre los daños al costo laboral, sueldos atrasados y reducción de jornadas de trabajo.
 
En su declaración, la compañía recordó que "a lo largo de más de ocho décadas Fate construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad".
 
"Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina", destacó. Milei los liquidó.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 10:02
El ministro de Economía, el endeudador serial Luis "Toto" Caputo, salió este domingo a interpelar públicamente al empresariado por la falta de respaldo explícito a la reforma laboral retrograda y esclavista impulsada por el Gobierno anarco capitalista. A través de un mensaje directo en redes sociales, el funcionario expresó su "asombro" ante lo que consideró una reacción tibia -o directamente nula- de las cámaras empresarias frente a los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.
 
El reclamo de Caputo se produjo en un momento de alta tensión política y sindical, con la Confederación General del Trabajo convocando a un paro en rechazo al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ministro buscó correr el foco del conflicto y presionar al sector privado para que se pronuncie en favor de una reforma que el Ejecutivo presenta como anti trabajadores.
 
El eje del planteo oficial es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos herramientas que apuntan a reducir significativamente el costo laboral. La reforma permitiría bajar las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador desde el 27 actual al 15 por ciento durante un período de 48 meses. En términos más amplios, la cuña laboral promedio se reduciría del 44 al 32 por ciento del salario bruto.
 
Pese a estos números, Caputo se mostró molesto por la falta de entusiasmo empresario. "Les bajamos un 85 por ciento las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", escribió en la red social X.
 
Sin embargo, el silencio por parte del empresariado expone una incomodidad que el Gobierno subestima. Voces del sector privado reconocen que la baja de cargas es un incentivo relevante, pero advierten que persisten dudas sobre la implementación del nuevo esquema, la estabilidad macroeconómica y la falta de políticas complementarias para reactivar la producción y el crédito. En sectores industriales, incluso, señalan que la reducción de costos laborales no alcanza si no hay demanda ni financiamiento.
 
Mientras el Gobierno ultra derechista exhibe el recorte de cargas patronales como una concesión histórica al empresariado, las principales cámaras evitan celebrarlo abiertamente, atrapadas entre el conflicto sindical, la incertidumbre económica y un modelo laboral que todavía genera más interrogantes que certezas.
 
Muchos empresarios están sensibilizados por los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores, afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y por lo tanto achica aún más el mercado interno, con lo que a las Pymes les pega de lleno.
 
Los empresarios ni fu ni fa con la medida. En tanto, la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día en que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno libertario quiere que la Cámara de Diputados lo transforme urgente en ley, aunque si le hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios del transporte.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 08:02
El gobierno del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei volvió a quedar en el centro del escándalo por un vergonzoso contrato estatal que cuestiona su prédica contra la "casta" y las prácticas de su gestión. La controversia gira en torno a una adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico "Pelado" Sturzenegger, el de la motosierra y el "achicamiento del Estado" para todos, menos para su esposa.
 
La contratación, formalizada mediante una disposición oficial publicada en el sistema COMPR.AR, asciende a 114.044.133 de pesos y contempla la capacitación en inglés de 132 empleados durante 2026. El procedimiento utilizado fue una "Adjudicación Simple por Especialidad", justificada en el expediente bajo el argumento de que la AACI era el único proveedor capaz de garantizar la continuidad del programa formativo. Sin embargo, el dato de que se registró una sola oferta -la de la propia entidad adjudicada- alimentó cuestionamientos sobre la competencia real del proceso.
 
El vínculo matrimonial entre Rouillet y Sturzenegger obligó a activar el mecanismo de integridad previsto por el Decreto 202/2017. En ese marco intervinieron la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, que confirmaron en dictamen la existencia de un vínculo familiar directo con un ministro nacional. Como respuesta, el área de Compras recomendó la firma de un Pacto de Integridad para prevenir conflictos de interés.
 
Aunque ese procedimiento se presentó como garantía de transparencia, especialistas en administración pública suelen advertir que estos mecanismos son correctivos y no sustituyen el principio básico de evitar situaciones que puedan generar sospechas de favoritismo. El hecho de que el Estado contrate a una organización dirigida por un familiar directo de un funcionario de alto rango, aun con controles formales, expone una zona gris difícil de conciliar con el discurso oficial contra los privilegios políticos de casta.
 
El caso no es aislado. Registros del mismo portal oficial muestran que Cancillería ya había contratado a la AACI en 2024 por 55.388.180 pesos para un servicio similar. En esa ocasión, la documentación pública no incluía un Pacto de Integridad ni permitía descargar el pliego completo, lo que suma interrogantes sobre la consistencia de los estándares de transparencia aplicados.

Desde su campaña presidencial, Milei construyó su identidad política en torno a la denuncia de la "casta" y la promesa de terminar con los beneficios para funcionarios y allegados. Sin embargo, episodios como este niegan esa narrativa. Si bien la contratación no fue declarada ilegal y siguió los pasos administrativos exigidos, el problema radica en el plano político: la percepción de que ciertos vínculos personales siguen teniendo acceso privilegiado a recursos públicos.

La defensa oficial se apoya en la legalidad de los procedimientos. Pero la discusión pública se mueve en otro terreno: el de la legitimidad ética y simbólica. En un gobierno que hizo de la austeridad y la lucha contra los privilegios su principal bandera, cada contratación que involucra familiares directos de altos cargos se convierte en una prueba de inconsistencia. Ya denunciaron penalmente a Sturzenegger.

 
El caso, lejos de cerrarse con la firma de un supuesto pacto administrativo, reabre el debate sobre hasta qué punto la promesa de terminar con la "casta" queda limitada al terreno discursivo. Porque, cuando los beneficiarios de contratos estatales están vinculados a la cúpula del poder, la distancia entre relato y realidad es indisimulable.
 
La Opinión Popular
 
 

16-02-2026 / 09:02
Si algo faltaba para completar la foto de una ofensiva gubernamental a todo trapo, llegó con las medias sanciones de reforma laboral y baja en la edad de punibilidad. Triunfo político del Gobierno, sin dudas, con paliza para la oposición. Sin embargo, resta constatar si esa foto es parte de una película rumbo a ser concluida o si, al cabo, no es más que un recuadro.
 
Lo que el oficialismo se anima a denominar como "modernización" de las condiciones laborales se vio impregnado por el despliegue represivo en los alrededores del Congreso. Hay que detenerse en este punto, porque algunos de sus rasgos son sustantivos para entender fondos de la cuestión.
 
Hubo una marcha de protesta -no impactante, sí muy numerosa- que se dispersó apenas diseminado el impresionante operativo policial. Esos manifestantes fueron ignorados por la prensa oficialista, desde ya. Pero resulta que los medios opositores, con escasas excepciones, también ningunearon a los manifestantes. Prefirieron centrarse en lo burdo de infiltrados y/o marginales que fueron a pudrirla, casi sin registro de quiénes, cuántos, con qué composición, habían ganado la calle.
 
Todo fue de manual. Cuando una manifestación es imponente y bien organizada, no hay services ni ocho cuartos capaces de empiojar. Hacía falta -y esto no se dice con el diario de lunes, sino con repetida evidencia- que los organizadores tomaran precauciones ante lo obvio. No lo hicieron, y lo obvio sucedió.
 
Primeros apuntes, entonces: una marcha justificadísima pero convocada sin mayor convicción, empezando por la otrora "central obrera", y unos marchantes que quedaron al arbitrio de ser operados en forma infantil.
 
Luego, adentro del Congreso ya estaba cocinado que la cúpula cegetista -no hablamos de toda la CGT- había conseguido retener sus cuotas de privilegios burocráticos en materia de aportes sindicales y empresariales. Ellos y los tránsfugas del peronismo "del interior" o "dialoguista", en reemplazo de otras definiciones que hoy resuman de qué se trata el peronismo por fuera de consignas clásicas.
 
Lo objetivo es que se medio-sancionó una reforma de la que, en primer término, una mayoría de la población no tiene o parece no tener ni la menor idea informativa. "Porque son todos iguales". "Porque gracias si me dedico a arreglarme como puedo". "Porque la política no me interesa" y, con sus variantes, sigue la lista de respuestas similares.
 
Viene la votación en Diputados. No debiera arriesgarse una sentencia concluyente porque, en un país político como éste que para bien y mal siempre depara sorpresas, habrá de verse si no falla alguna transa en el propio oficialismo. Por caso, es incierto que el ítem espeluznante de las licencias por enfermedad atraviese el filtro de la Cámara Baja.
 
Como fuere y de hecho, el gobierno de los Milei se metió sus denuncias retóricas contra "las ratas de los senadores" allí donde la espalda pierde su buen nombre y honor. Negoció cuanto era necesario y dos de los grandes bloques de intereses, el del empresariado sin un mínimo rasgo de burguesía inteligente y el de los dirigentes sindicales entregados, obtuvieron lo que querían.
 
Nadie en su sano juicio supone que esta reforma significará potenciar el mercado laboral, ni oportunidades de empleo, ni cosa que se le asemeje. Lo aceptan ellos mismos, los voceros del establishment, en sus diálogos reservados. Reconocen que se da trabajo cuando crece la economía y la gente tiene un mango en el bolsillo. No cuando se profundizan las condiciones contractuales entre el zorro y las gallinas.
 

15-02-2026 / 09:02
Hay algo que Javier "el Loco" Milei parece haber entendido con claridad y que demuestra que, más allá de cuán loco esté, tiene intuición política. Lo que Milei entendió es que la oligarquía: los sectores del poder fáctico de la argentina, los siete grupos empresarios aglutinados en AEA, los medios de comunicación hegemónicos, el Poder Judicial de la guarida de Cómodo Py, tienen un mismo jefe. Vive en Avenida Pennsylvania al 1600, en la Casa Blanca, ciudad de Washington. Milei puede decirle "señor chatarrín" al supuestamente todo poderoso Paolo Rocca porque tiene el respaldo abierto de Donald Trump. El líder del Grupo Techint jamás entraría en fricción con el inquilino de la Casa Blanca. Lo mismo se aplica a Héctor Magnetto de Clarín y a toda la cúpula judicial. 
 
El "gran empresariado argentino", a diferencia del brasileño, no tiene proyecto nacional. Una "burguesía nacional" se piensa a si misma rivalizando con otras por negocios y mercados. Eduardo Duhalde, cuando fue presidente interino, decía que había que cobrarle impuestos a los grandes empresarios, pero "aliarse con ellos" para rivalizar con las empresas de otras latitudes. Es la concepción básica del capitalismo nacional. El punto es que los grupos económicos locales no tienen una visión de país. Su imaginario es el de quien administra un territorio colonial. Tienen sus cuentas en EE UU y consiguen ahí el financiamiento. Entonces están sometidos a la legislación americana y a los jueces americanos que sólo un niño puede creer que son independientes.
 
Cristina Fernández está presa por el deseo de venganza de la derecha argentina que quiere darle una lección a la clase política. Es cierto. Pero también es una perseguida política de un sector del poder estadounidense que hoy está gobernando. El anuncio del secretario de Estado Marco Rubio en marzo de 2025 de que le quitaba la visa a CFK para ingresar a EE UU fue la batiseñal para que el poder judicial argentino actuara. Y lo hizo de inmediato. El poder judicial es veloz cuando las órdenes vienen del jefe supremo. Hay que recordar el episodio vergonzoso del Boing 747 de la empresa venezolana Emtrasur que fue directamente robado por la justicia argentina por orden de EE UU. Los jueces le tienen terror a la CIA.
 
Incluso entre los políticos peronistas, si se mira con detenimiento, los que conservan buenas relaciones con Washington también tienen menos problemas judiciales. No es una crítica a esos dirigentes ni una acusación de cipayismo. Es una descripción de cómo funciona el poder en Argentina, de quién maneja los hilos detrás del telón. El economista Roberto Felleti sostiene la hipótesis de que Milei quiere reemplazar al gran capital argentino por uno de origen norteamericano. El único freno que ese proyecto podría tener está en el propio Estados Unidos. El gran capital local se entregaría sin ofrecer resistencia.
 
¿Cómo se libera a la Colonia Argentina? Liberarla del todo es imposible. Se pueden ganar márgenes de soberanía. Los 12 años de peronismo muestran que mientras más soberanía se gana mejor vive el pueblo. No existe la colonia próspera. Es la gran mentira de la derecha. Tampoco hay prosperidad enfrentándose por completo al imperio militar más poderosos que conoció la historia humana. Es un juego de equilibrios.
 
El documento que anunció la lista de unidad para elegir las autoridades del peronismo bonaerense es una luz en el camino. Se sabe que quienes lo firmaron no se quieren demasiado. No se reunirían para brindar en año nuevo. La política se trata justamente de construir entre los que no se quieren en pos de un objetivo superior. El documento tiene dos puntos clave: termina de posicionar a Axel Kicillof como jefe político y no como subalterno y pone el acento en la necesidad de lograr la liberación de CFK como objetivo estratégico. No hay recuperación de soberanía sin la liberación de Cristina. Y el peronismo no tiene sentido sin la búsqueda de soberanía.
 
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