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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 29-03-2023 / 10:03
LA MAYOR “FAKE NEWS”

Multitudinarias marchas por el 24 de Marzo y el negacionismo de Ricardo López Murphy

Multitudinarias marchas por el 24 de Marzo y el negacionismo de Ricardo López Murphy
Con una pretendida ironía como elemento promocional y de combate político, Ricardo "el Bulldog" López Murphy ha publicitado televisión una suerte de resumen del negacionismo en lo que hace a los desaparecidos. Recientemente su jefe (o mandatario) Mauricio Macri volvió a ejercer la torpeza que lo caracteriza para opinar sobre el mismo asunto al utilizar la despectiva calificación de “curro” para con los derechos humanos en general, lo que le costó un par de bofetones políticos.
Es un dato contradictorio de la realidad argentina, que en las próximas elecciones presidenciales se perfile como posible ganador un candidato o candidata de la derecha, espacio que adhiere a posiciones negacionistas respecto a las violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante la dictadura militar, y propone "mano dura" y mayor represión a las manifestaciones populares. Y al mismo tiempo, las marchas en conmemoración del Día de la Memoria, hayan sido multitudinarias en todo el país, repudiando esas políticas.
 
En ese marco, y con una pretendida ironía como elemento promocional, Ricardo "el Bulldog" López Murphy ha publicitado en  televisión una suerte de resumen del negacionismo en lo que hace a los desaparecidos. Recientemente su jefe (o mandatario) Mauricio Macri volvió a ejercer la torpeza que lo caracteriza para opinar sobre el mismo asunto al utilizar la despectiva calificación de "curro" para con los derechos humanos en general, lo que le costó un par de bofetones políticos.
 
López Murphy fue ministro de Economía durante la presidencia de Fernando de la Rúa, en donde duró tan solo 15 días. Y ahora este fugaz ex ministro utiliza argumentos que quiere presentar como lógicos al decir: "Soy un ferviente defensor de la democracia y repudio las sangrientas dictaduras que tu gobierno defiende. La Conadep registra 7018 desaparecidos. Pasá nombre de los restantes 22.982 y me retracto. Mientras tanto sostengo que inventar víctimas es ser un carancho de la historia".
 
La fuerte inclinación hacia la extrema derecha ideológica que tiene este dirigente le impide advertir una verdad elemental: peor que caranchear víctimas en la historia es materializarlas justificando de algún modo las que verdadera y dolorosamente no se sabe dónde están por su misma condición de desaparecidos.
 
Periódicamente los jerarcas de la derecha política vuelan sobre ciertas verdades relativas a la última dictadura, tergiversándolas. Es evidente que este "ferviente defensor de la democracia" carece de la sensibilidad de que, ante la infamia y cobardía de desaparecer personas vale tanto que sean 30.000, tres mil, trescientos o incluso tres porque la dignidad humana se injuria con cualquier número.
 
Niega de manera desembozada la característica principal de la represión: la clandestinidad. Una sobreviviente de los campos de concentración -Adriana Calveiro- ha dicho en uno de sus trabajos: "Diez, veinte, treinta mil torturados, muertos, desaparecidos...En estos rangos las cifras dejan de tener una significación humana. En medio de los grandes volúmenes los hombres se transforman en números constitutivos de una cantidad, es entonces cuando se pierde la noción de que se está hablando de individuos". Lo importante para Lopez Murphy no es el tema de los desaparecidos sino sostener el argumento que en el registro de desaparecidos se miente.
 
Pero conociendo la trayectoria de Lopez Murphy, no se podía esperar otra cosa de alguien que considera a los represores y autores de crímenes de lesa humanidad como "prisioneros políticos", y brega para que se les otorgue prisión domiciliaria. Aun aceptando que "se vivió una guerra", el concepto no valida en absoluto haber prescindido de la estructura legal, circunstancia que este ex funcionario pretende ignorar o justificar con ironía.
 
Un participante de las redes sociales acotó: "Si en Alemania negás el genocidio vas preso. Si en Argentina negás el genocidio vas a la televisión. La mentira de que 'no hay 30.000 desaparecidos' es la mayor fake news que instaló la ultraderecha".
 
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OPINIÓN
 
Multitudinarias marchas por el 24 de Marzo
 
El Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia fue conmemorado en todo el país. Centenares de miles de personas se movilizaron para repudiar el terrorismo de Estado y reafirmar la defensa de los Derechos Humanos y la democracia.
 
Como todos los años, en Plaza de Mayo y en muchas ciudades del país hubo dos marchas. En Buenos Aires la más numerosa fue la encabezada por los organismos de DDHH: Madres de Plaza de Mayo (la Asociación y la Línea Fundadora), Abuelas, Familiares, Hijos, CELS, Liga Argentina por los DDHH, Asamblea Permanente, entre otras, que adhieren en general al gobierno del Frente de Todxs. Muchos integrantes de esas agrupaciones son funcionarios de la actual gestión, como Horacio Pietragalla (secretario de DDHH de la Nación) o Victoria Montenegro (legisladora en CABA por el FdT).
 
Este sector reivindica los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, critica fuertemente el lawfare y al Poder Judicial, exige al presidente Alberto Fernández el indulto para Milagro Sala, etc. Todo eso es positivo, pero se omite toda referencia a la responsabilidad del gobierno nacional en la actual situación de crisis, cuyas consecuencias está pagando la mayoría del pueblo trabajador. El "operativo clamor", para que la vicepresidenta Cristina Fernández sea candidata en las próximas elecciones presidenciales, pese a la oposición de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, estuvo muy presente en este evento.
 
La marcha del espacio Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, conformada también por organizaciones de DDHH como la Correpi y el Ceprodh, nuclea a los partidos del Frente de Izquierda Unidad (FITU) y por otras agrupaciones de izquierda, muy críticas del gobierno nacional. Su documento, si bien reivindica el juicio y castigo a los genocidas, hace hincapié en las violaciones actuales a los DDHH, al ajuste que implica el acuerdo firmado con el FMI y apoyan las luchas del movimiento piquetero y de trabajadores contra esas políticas antipopulares.
 
Aún con estas diferencias, que se potencian a pocos meses de las elecciones nacionales, es innegable el denominador común de estas movilizaciones: el repudio a la dictadura militar, que contó con la complicidad de empresarios, jueces, obispos y medios de comunicación.
 
 
Presos en sus casas
 
En ambos espacios se denunció la complicidad del Poder Judicial, porque a 17 años de comenzados los juicios por los crímenes de lesa humanidad, las condenas firmes no llegan ni al 40 por ciento de las causas. Según datos de la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad, hay 296 sentencias producidas y 1.115 condenados, pero casi el 80 por ciento se encuentra en prisión domiciliaria. Hasta el genocida Luciano B. Menéndez murió en su casa...
 
La continuidad de la impunidad para los civiles cómplices del terrorismo de Estado se patentizó con la muerte del empresario Carlos Pedro Blaquier, del Ingenio Ledesma, quien nunca fue llevado a juicio favorecido por las demoras y complicidad del Poder Judicial, como lo recordó esta columna la semana pasada.
 
 
Contradicción
 
La oposición de derecha -Juntos por el Cambio, Javier Milei, José Luis Espert, etcétera- rechaza esta conmemoración. Este sector sostiene teorías negacionistas respecto a la represión de la dictadura, cuestiona el número de personas desaparecidas y en el caso del ex presidente Mauricio Macri, considera que las políticas de DDHH son "un curro".
 
Contradicciones de la situación política argentina, pues mientras centenares de miles de compatriotas marcharon por los DDHH el pasado viernes, para las próximas elecciones se vaticina un probable triunfo de la derecha negacionista. ¿Todos los votantes de JxC estarán de acuerdo con esa visión sobre lo que ocurrió durante la dictadura?
 
 
Casta represora
 
Milei lanza diatribas contra la "casta" política, pero oculta (ayudado por la prensa corporativa, que también fue cómplice de la dictadura) que él nació a la política como asesor del genocida Antonio Domingo Bussi en la Convención Constituyente de 1994. Bussi había sido elegido convencional por el voto popular en la provincia de Tucumán. Fue gobernador de facto entre 1976 y 1978, período en el cual comandó la salvaje represión contra el movimiento popular y las organizaciones revolucionarias.
 
A 40 años de recobrada la democracia, es bueno hacer Memoria: Bussi siguió incursionando en la política y fue nuevamente gobernador de Tucumán en 1995, en elecciones. Luego fue electo diputado nacional en 1999, pero esta vez, por acuerdo entre la Alianza (UCR - Frepaso) y el PJ, no se le permitió jurar por "inhabilidad moral", por acusaciones de enriquecimiento ilícito, violaciones a los derechos humanos y apropiación ilegal de menores. El discurso más encendido en aquella oportunidad, fue el de Elisa Carrió, quien cambió con los años y actualmente es una de las patas de otra alianza, que niega el genocidio: JxC. A su vez, en Tucumán, el hijo del genocida, Ricardo Bussi, se presentará como candidato a gobernador aliado al partido de Milei.
 
 
Memoria
 
Es muy necesario recordar la historia reciente, para analizar correctamente el presente y no volver a cometer gruesos errores en el futuro. El negacionismo debe ser combatido, pero los Derechos Humanos no son solo los violados durante la dictadura militar. La pobreza, el desempleo, la marginalidad, la violencia institucional, las muertes por "gatillo fácil", etc., son datos del presente. No pueden ser negados ni minimizados ni atribuidos solamente al gobierno macrista anterior, que es responsable del endeudamiento y de muchos otros males que hoy sufre el pueblo argentino. Pero no se puede eludir la responsabilidad del gobierno actual, que ha provocado la decepción de sus votantes de 2019.
 
Por Irina Santesteban
 
Fuente: Diario La Arena
 

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26-12-2025 / 07:12
Sea por la infatuación que le dio el triunfo en las elecciones de octubre, por un criterio equivocado o por simple ignorancia política, el gobierno de Javier "el Loco" Milei ha incurrido en un error que puede resultarle caro. Aunque no explícitamente, se ha indispuesto con la Iglesia Católica, porque esta defiende la Justicia Social.
 
Se sabe que esta institución, se diría que, desde siempre, ha sido el credo mayoritario en el país, con militancia de las clases altas y muchas de las jerarquías militares, y si no recordar los últimos meses del primer período de gobierno peronista, cuando hubo un abierto enfrentamiento con la Iglesia y los aviones que bombardearon a gente inocente en Plaza de Mayo lo hicieron con el claro signo de "Cristo Vence" escrito en el fuselaje de sus máquinas.
 
Aquí y ahora la situación no ha llegado a extremos semejantes, pero se manifiesta claramente en el tradicional cambio de saludos para fin de año que concretaron la Iglesia y el Gobierno. A una nota enviada por el arzobispo al Presidente en la que destaca "nuestro anhelo de una paz social sólida, fundada en el cuidado de cada persona y especialmente de quienes atraviesan mayores fragilidades: los pobres, los trabajadores que sostienen día a día la vida del país y los ancianos cuya sabiduría y experiencia necesitamos valorar y acompañar".
 
Milei respondió diciendo que aprecia y valora "el llamado a la reflexión, a la paz social y el compromiso por el bien común" planteado por la jerarquía católica" y sostiene que "seguiremos trabajando incansablemente para generar las condiciones que permitan a cada argentino desarrollarse con dignidad, libertad y oportunidades reales de progreso, especialmente a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad".
 
Es fácil advertir que ambas misivas rezuman protocolo. Es posible que en el proceder de la Presidencia se refleje la dudosa capacidad de sus colaboradores en la materia (tal como se ha hecho evidente en materia diplomática) pero en el asunto cuentan dos hechos altamente significativos.
 
El primero es la abierta confesión de Milei de su militancia en la religión judía, la que no sólo lo ha llevado a alineamientos internacionales con Israel que hicieron trizas la tradicional neutralidad argentina; y también a cometer algunas torpezas dentro del rito mismo. Imbuida de una tradición de presidentes católicos o poco menos, la Iglesia debió deglutir en silencio el sapo que representó su presencia en actos de profunda significación dentro de la fe católica.
 
El otro error fue más grosero. No solamente faltó el tradicional encuentro de Navidad y Fin de Año entre ambos sectores político-religiosos; desde el Ejecutivo ha habido una suspensión de fondos a obras sociales que eran administradas por la Iglesia Católica, con el agravante -se diría que casi ofensa-- de derivarlos hacia congregaciones protestantes y evangelistas, miembros de la llamada Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas (Aciera).
 
A primera vista parecería una áspera respuesta por elevación a las repetidas homilías que el Episcopado católico ha hecho públicas, claramente críticas de la actual política de gobierno. Tampoco hay que olvidar la presencia presidencial de hace algunos meses en la inauguración de un gran templo evangélico, que hasta contó con la concreción de pretendidos -y torpes-milagros. La falta de contactos efectivos mencionada antes tuvo un agravante: sus principales integrantes evangélicos sí fueron participantes de un encuentro con autoridades del Poder Ejecutivo.
 
"El presidente -ha dicho uno de los principales analistas en el tema- no invita a dialogar a las autoridades del Episcopado católico, mientras orienta fondos hacia los evangelistas de Aciera y celebra con ellos en Casa Rosada". Una relación que va de fría a congelada.
 
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24-12-2025 / 11:12
La guerra de las coimas. Daniel Garbellini, el hombre de los primos Menem al que Daniel Spagnuolo definía en sus audios como "un delincuente" y al que le echó toda la culpa por la corrupción con los remedios para discapacitados, declaró ante la Justicia que el verdadero culpable era el propio Spagnuolo. "El asumió la suma del poder en la Andis y era el único que tenía firma autorizada para realizar pagos", sostiene en un documento.
 
La causa sobre coimas, direccionamiento y sobreprecios en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejó expuesta una batalla entre los principales imputados. Después de que el exdirector del organismo, Spagnuolo, buscara en un escrito responsabilizarlo por las irregularidades, Garbellini -su exnúmero dos, extitular de Acceso a los Servicios de Salud- le devolvió en un descargo la gentileza.
 
En el marco de la causa que investiga las irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad, Garbellini, ex número dos del organismo, presentó un escrito ante la Justicia en el que negó todas las acusaciones y trasladó la responsabilidad de las decisiones operativas y administrativas a Diego Spagnuolo, ex abogado personal de Javier "el Loco" Milei y exdirector ejecutivo de la entidad.
 
Garbellini fue removido de su cargo tras el escándalo por sobornos en la compra de medicamentos y detalló que asumió la Dirección de Acceso a los Servicios de Salud en junio de 2024. Según su descargo, sus funciones se limitaban a la gestión del programa Incluir Salud, destinado a brindar cobertura médica a personas con discapacidad sin obra social, y no incluían facultades decisorias sobre contrataciones ni sobre bajas de pensiones.
 
En su presentación, sostuvo que el control total del sistema informático, las compulsas de precios y los pagos estaban en manos exclusivas de la Dirección Ejecutiva. "Tanto el suscripto como el resto de los funcionarios éramos usuarios del sistema", afirmó, y remarcó que el acceso pleno e irrestricto a la información dependía únicamente del director ejecutivo.
 
Garbellini insistió en que no tenía atribuciones para transparentar o abrir las contrataciones, y que cualquier falta de publicidad o control público fue una decisión ajena a su responsabilidad. Incluso aseguró haber sugerido cambios estructurales que fueron rechazados con el argumento de que "todo se hacía por urgencia".
 
El caso se originó a partir de grabaciones que involucraban a Spagnuolo, aunque esas pruebas no fueron consideradas válidas por el fiscal Franco Picardi. En esos registros también se mencionaba un vínculo entre Garbellini y Karina Milei, a través de un colaborador cercano, aunque esa línea no avanzó formalmente.
 
Hasta ahora, el único testimonio oral fue el de Roger Grant, quien admitió irregularidades en las contrataciones del programa PACBI y aseguró que actuaba bajo órdenes directas de Garbellini, a quien señaló como la figura que definía la operatoria. Sin embargo, evitó referirse a presuntas coimas. El expediente también incorpora anotaciones secuestradas en un allanamiento que vuelven a comprometer al exfuncionario libertario y refuerzan la disputa de responsabilidades en la causa.
 
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23-12-2025 / 09:12
Un fallo de Cámara obliga al Gobierno a explicar ante la Justicia dónde está el oro que, en junio de 2024, el gobierno de Javier "el Loco" Milei sacó del Banco Central para enviar al exterior. Para los jueces, esa información constituye "un asunto de indudable interés público como es la administración de las reservas". La presentación la hizo La Asociación Bancaria, el gremio que descubrió y denunció la maniobra con los lingotes de oro. El presidente del Banco central, Santiago Bausili, ya se negó a contestar un requerimiento de la Auditoría General de La Nación. Junto a "Toto" Caputo sacaron el oro del país y nunca informaron sobre su destino.
 
En un operativo clandestino de ribetes policiales, comenzó una saga de ocultamiento de las autoridades sobre el destino de uno de los principales activos líquidos del organismo monetario. El diputado nacional y líder de La Bancaria, Sergio Palazzo, presentó varios pedidos de informes exigiendo a las autoridades que expliquen donde está el oro y que tipo de cauciones lo afectan. Caputo nunca quiso explicar su destino, se limitó a comentar muy por arriba en un programa de televisión que se giró a un banco para cobrar intereses. No explicó quien lo tiene ni qué tipo de operación se hizo con ese importante activo.
 
Ahora, la Justicia Federal ordenó este lunes al Banco Central que entregue información precisa sobre el destino del oro. En una resolución firmada por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, consideró que la autoridad monetaria no justificó de manera suficiente su decisión de no informar sobre el destino del activo y sostuvo que la negativa vulneró los principios de transparencia.
 
Es que Caputo y Bausili sostienen que la operación forma parte de la "administración" de las reservas y por ende es secreta. El mismo criterio opaco que Caputo utiliza para no dar precisiones sobre el swap firmado con Estados Unidos y los bonos que le entregó al Tesoro para que rentabilice la venta de dólares que hizo sobre el cierre de la campaña.
 
Los jueces fueron punzantes sobre el lamentable manejo de Caputo sobre información que debería ser pública. "La configuración de alguna de las excepciones legales a la entrega de información pública no puede depender de una apreciación unilateral del sujeto obligado", sostiene el fallo y subraya que es el Estado quien debe demostrar, de manera concreta, que la difusión de los datos solicitados causaría un daño a un interés legítimamente protegido.
 
El Banco Central respondió apenas con un comunicado formal que "había completado transferencias de parte de sus reservas en oro entre sus diferentes cuentas", sin precisar monto, destino ni motivo concreto. La respuesta evasiva del BCRA encendió alarmas. Porque ese oro no es un adorno: según informes oficiales, las reservas de oro rondan unos USD 4.900 millones, un componente significativo del total de activos extranjeros del Central.
 
Aunque la entidad insiste en que las operaciones no alteran el volumen agregado de las reservas, nadie sabe realmente dónde están físicamente esos lingotes y si siguen efectivamente en poder del Estado o se remataron en algunas de las operaciones de préstamos igualmente opacas que concretó Caputo. El balance del BCRA, en ciertos trimestres, llegó incluso a no mostrar ese componente con claridad, como si hubiera desaparecido entre páginas y cifras.
 
La Auditoría General de la Nación (AGN) reveló recientemente que el Banco Central se negó a entregar documentación sobre dónde están los lingotes, bajo qué condiciones se conservan y si parte del oro fue transformado en instrumentos financieros. El argumento oficial: la información es "confidencial" y su difusión podría poner en riesgo la seguridad de los activos. Como sea, la pregunta es: ¿dónde está el oro? Eso es lo que la Justicia ahora exige que responda Milei.
 
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22-12-2025 / 10:12
Las joyas de la abuela que remata el gobierno. A espaldas del Congreso, el Gobierno ya vendió 40 valiosos terrenos del Estado (pertenecientes a las fuerzas armadas, instituciones científicas y hasta predios de ex centros clandestinos de detención) y tiene 140 inmuebles más para subastar. Luis "Toto" Caputo sueña con conseguir unos mil millones de dólares mientras las grandes inmobiliarias amigas del gobierno, con Eduardo Costantini a la cabeza, se quedan con el botín.
 
Tierras del Plan Procrear, de las Fuerzas Armadas, ferroviarias, de instituciones científicas, predios de ex Centros Clandestinos de Detención y hasta un pedazo de montaña en Mendoza. Todo eso incluye la lista de más de 180 terrenos e inmuebles públicos que conforman el plan de ventas de bienes del Estado que ya avanza en el Gobierno de Javier "el Loco" Milei.
 
Los remates, que esta semana fueron noticia por la venta de tierras destinadas originalmente a viviendas sociales, se concentran por ahora en la Ciudad de Buenos Aires con las empresas de Eduardo Costantini como principales beneficiarias y otros grandes jugadores del sector, como el Grupo IRSA, codiciando las tierras.
 
A través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), y sin pasar por el Congreso, la fuerza libertaria ya vendió cerca de 40 bienes y tiene en lista otros 140 lotes e inmuebles publicados para subastar en lo que le queda de mandato.
 
La lista de subastas futuras cuenta con terrenos de hasta 300 hectáreas a vender en el interior del país con destino al negocio agropecuario o a grandes proyectos inmobiliarios. Especialistas y organizaciones ambientalistas advierten que se trata "de uno de los procesos de descapitalización pública más agresivos de nuestra historia reciente".
 
"Vamos a vender muchos de los activos de la AABE y eso va a generar un ingreso de miles de millones". No mentía el ministro de Economía, "Toto" Caputo, cuando a principios de junio reconocía que el gobierno remataría las tierras del Estado para intentar sostener las reservas, en conjunto con los procesos de privatizaciones y concesiones.
 
Sólo desde ese mes la Agencia abrió subastas para un total de 26 terrenos e inmuebles a los que hay que sumarle otros 17 procesos de remate que se habían abierto desde fines de 2023. En paralelo a las subastas de la AABE, el gobierno remata también las tierras que estaban destinadas al ya disuelto Plan Procrear y apunta a recaudar una suma de entre 800 y 1000 millones de dólares por todo el paquete. Aunque hubo ventas en Mendoza, La Plata, Pinamar y Córdoba, la mayor parte de los bienes vendidos hasta ahora se concentran en la Ciudad de Buenos Aires.
 
El terreno más grande de ese paquete es el predio de cuatro hectáreas que pertenecía al Ejército y que Eduardo Costantini adquirió por más de 120 millones de dólares. El mismo empresario se quedó con un lote de la Policía Federal en Bajo Belgrano a través de la firma Argencons, que controla desde mayo, en una subasta peleada en la que la empresa le ganó incluso al peso pesado de Eduardo Elsztain y su Grupo IRSA.
 
Antes, Costantini también había sumado otro terreno a pocos metros del Campo Argentino de Polo. En los tres casos se construirán desarrollos inmobiliarios.
 

21-12-2025 / 09:12
Cuando los cimientos están agrietados, todo lo que se construye es frágil e inestable. Cincuenta días tardó Javier "el Loco" Milei, tras una sorpresiva e impactante victoria en las elecciones de medio término, en fagocitarse el crédito político, de la misma forma que se fagocitó -durante los últimos dos años- una cantidad récord de divisas sin poder acumular reservas.
 
Ahora, tiene por delante dos años en los que su suerte está atada a la voluntad de aliados poco confiables. El FMI volvió a intervenir la economía, forzando un volantazo; los gobernadores pasaron por caja y después le votaron en contra. Un poco de su propia medicina. Hola incertidumbre, mi vieja amiga, podría cantar el presidente. Dos años, en Argentina, es mucho tiempo.
 
Después de la sesión del miércoles en la Cámara de Diputados, la mayoría de los medios titularon con un triunfo del oficialismo por la media sanción de diputados y apenas destinaron alguna línea en la bajada para comentar, como algo secundario, la inesperada derrota en el Capítulo 11 que se votó de madrugada. Con el correr de las horas, la realidad se encargó de corregir ese evidente error de criterio.
 
La derrota del gobierno fue completa y sus consecuencias están teniendo ramificaciones imprevistas. Milei amenazó con vetar su propio presupuesto y Patricia Bullrich tuvo que anunciar la postergación del tratamiento de la reforma laboral, justo a la hora que la CGT desconcentraba la Plaza de Mayo. Una derrota indisimulable.
 
El debate sobre la Ley de Presupuesto en la Cámara Baja era la primera y la más sencilla de todas las sesiones que tiene por delante el Gobierno para aprobar las reformas que anunció. La dificultad insalvable que encontró esta semana echa dudas sobre la viabilidad del resto de sus planes, justo cuando tiene que convencer a los acreedores que le vuelvan a prestar el dinero que no podrá devolver en 20 días.
 
La forma en la que intentó, sin éxito, salvar esa dificultad, repercutió negativamente en la relación con todos sus aliados, a los que necesita para que el Congreso le siga dando una pátina de legitimidad a sus decisiones, muchas veces ilegales e inconstitucionales.
 
La caída del artículo 75, el corazón de la derrota, está cargada de significado político porque fue una rebelión contra la cláusula de la humillación. Enceguecido por una mala lectura de las urnas, Milei no se contentó con ganar sino que quiso escenificar un triunfo absoluto y definitivo sometiendo a los legisladores que antes de la elección habían apoyado las leyes que daban presupuesto a la Universidad Pública y a las personas con discapacidad, para que votaran explícitamente en contra de esas mismas leyes. Ese era el corazón político del proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo. Las partidas pueden reconducirse por decreto. Lo importante era coronar a Milei.
 
Así, el solsticio de verano no sólo marca hoy el final de la primavera, sino también, en coincidencia, el de la primaverita política que había comenzado para el gobierno con el resultado de las elecciones de medio término y que terminó sin que pudiera capitalizar de manera alguna ese éxito. La realidad muestra que, al fin y al cabo, las cosas no son tan malas como parecían en septiembre ni tan buenas como nos quisieron hacer creer después de octubre.
 
Todo sigue más o menos parecido a lo que fue el largo 2025: precario, inestable, violento, cada vez más autoritario y deteriorado. Este año Milei necesitó tres rescates del FMI, de Trump y de las urnas, para llegar hasta acá. Va a necesitar uno más, de los Senadores, antes del brindis del 31. Y con el 2026 comenzará una historia diferente.
 

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