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Nacionales - 22-03-2023 / 10:03
LA JUSTICIA DE URUGUAY VOLVIÓ A RECHAZAR EL RIDÍCULO PEDIDO DE ASILO POLÍTICO

El prófugo macrista Fabián Pepín Rodríguez Simón, a un paso de la extradición

El prófugo macrista Fabián Pepín Rodríguez Simón, a un paso de la extradición
Rodríguez Simón está prófugo hace 833 días, desde el 8 de diciembre de 2020. Hace 15 días, el 7 de marzo, fue localizado por la cámara del canal C5N cuando circulaba por el balneario La Barra en Punta del Este, Uruguay. A pesar del pedido de captura de Interpol con alerta roja, no fue detenido.
El operador judicial macrista Fabián Rodríguez Simón, prófugo desde hace casi dos años, sufrió un nuevo revés en la patria que eligió para escabullirse de la justicia argentina. La Suprema Corte de Uruguay rechazó por "inadmisible" un recurso de casación de la defensa del huidizo hombre de confianza de Mauricio Macri contra los dos fallos que hicieron trizas su relato sobre una supuesta "persecución política", y rechazaron su pretensión de convertirse en "refugiado".
 
El nuevo revés de la defensa de "Pepín", que busca agotar todas las instancias administrativas y judiciales -aún las no previstas para ese tipo de casos- para ganar tiempo, implica la reactivación de la extradición pedida por la jueza federal María Servini, quien ordenó su detención en 2021 para indagarlo por el hostigamiento y la persecución a los dueños del Grupo Indalo.
 
La decisión de la Corte uruguaya data del jueves pasado aunque se conoció ayer, el mismo día en que Rodríguez Simón estaba convocado a declarar como testigo ante la Comisión de Juicio Político de Diputados, a la que no se presentó bajo el pretexto de estar tramitando su solicitud de refugio, que ya no podrá volverá a invocar.
 
El ex asesor de Macri permanece en suelo uruguayo desde fines de 2020. Servini lo declaró en rebeldía el 19 de mayo del año siguiente, luego de que Rodríguez Simón anunciara su nuevo destino y su decisión de no presentarse a la indagatoria en la causa que investiga "la presunta existencia de actos llevados a cabo por funcionarios públicos, desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional o a instancias de aquellos, que mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo habrían importado casos de corrupción", según surge de la imputación.
 
Servini fundamentó la rebeldía en que "Pepín" dio "sobradas muestras públicas de su intención de sustraerse de la Justicia, lo cual fue ratificado por su letrado defensor" y definió la estrategia de pedir refugio político en Uruguay como una maniobra dilatoria.
 
El primer hito que registra la resolución de la Corte uruguaya data del 25 de mayo de 2021, cuando la justicia oriental recibió el exhorto de la jueza argentina solicitando la inmediata detención y extradición de "Pepín", quien al día siguiente constituyó domicilio en Uruguay y comunicó que había iniciado el trámite ante la Comisión de Refugiados (CORE) con el objetivo de ser considerado un "refugiado político".
 
Con esa maniobra logró suspender el proceso de extradición, aunque a cambio se le ordenó entregar los pasaportes en su poder, con lo cual se vería impedido de esconderse -al menos legalmente- en otro país, y se dispuso el "cierre de fronteras" para quien ya tenía emitida un alerta roja de Interpol.
 
El 3 de agosto de aquel año, después de escuchar a Rodríguez Simón, la CORE concluyó que el temor de ser un "perseguido político" no tenía fundamentos y que no cumplía con los requerimientos para ser reconocido como refugiado pues en la Argentina cuenta con todas las garantías del debido proceso.
 

 
El 23 de diciembre de 2021, en base a ese informe, la jueza penal Adriana Chamsarián dispuso "no hacer lugar a la solicitud de refugio", decisión que confirmó el 17 de junio de 2022 el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de Montevideo. "Al momento, se coincide con la primera instancia y la CORE que de los dichos del apelante y la prueba documental incorporada -que incluye múltiples consultas y reportajes de la llamada prensa independiente- no se desprende que el Poder Judicial de su país lo persigue y/o no le brinda garantías mínimas para defenderse", sostuvieron los jueces. Esa es la decisión que apeló la activa defensa del operador macrista y que ahora rechazó el máximo tribunal oriental.
 
"A juicio de la Suprema Corte de Justicia corresponde declarar la inadmisibilidad del recurso en trámite", escribieron ahora los jueces Elena Martínez, Tabaré Sosa Aguirre y John Pérez Brignani, en un fallo de 23 páginas. Para llegar a esa conclusión recordaron que "existen sólo dos tipos de sentencias respecto de las cuales se puede interponer" ese recurso y que son "las sentencias definitivas -sean condenatorias o absolutorias-" y "las sentencias interlocutorias con fuerza de definitivas, en cuanto pongan fin a la acción penal o hagan imposible su continuación". "A juicio de la Suprema Corte de Justicia la respuesta es clara, en cuanto a que la resolución recurrida no pone fin a la acción penal, ni hace imposible la continuación del proceso principal. En efecto, la resolución impugnada trae aparejada como consecuencia que se continúe con el proceso de extradición, y será allí, en el marco del contradictorio que se establezca, que se resuelva la situación de Rodríguez", remarcaron los jueces.
 
Fuente: Página 12
 

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18-07-2025 / 12:07
Tech Security, la firma fundada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martin Menem, fue beneficiada con una licitación pública para la seguridad de distintas sedes de la banca estatal. Facturará más de tres millones de dólares. El negociado se suma a los que venía acumulando una sociedad vinculada al clan a través de otro empresario, que ya acumula varios contratos. La casta al palo.
 
La supuesta pelea libertaria contra "la casta" demuestra tener patas cada vez más cortas. Si con el apellido sólo no alcanzaba, los contratos que la familia Menem sigue ampliando con el Estado salen a la luz para demostrar que varios de los principales funcionarios del Gobierno, incluidos los de máxima confianza de Javier Milei, replican las mismas prácticas que dicen combatir.
 
La empresa Tech Security, fundada hace casi 20 años por el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem junto a sus dos hermanos, Fernando Nicolás Menem y Eduardo Adrián, resultó beneficiada con un contrato multimillonario con el Banco Nación. Se trata de la preadjudicación de una licitación pública para brindar el servicio de seguridad en distintas sedes de esa entidad financiera.
 
La suma total que embolsará trepa a los $3.933.026.507,98, poco más de tres millones de dólares. Que se suman a los más de 3 mil millones que desde diciembre de 2023 ya facturó otra empresa vinculada al clan a través de distintos intermediarios, de nombre Global Protection Service (GPS) Group. 
 
El contrato se concretó a través de la Licitación Pública CDS 1251/2025 del Banco Central, con fecha del 4 de julio de este año. Si bien Tech Security ya brindaba el mismo servicio desde 2018, los contratos se renovaban anualmente, mientras que esta vez, ya con Milei en el poder, se hizo por 24 meses, con opción a dos años más.
 
A diferencia de otras renovaciones, además, esta es la primera vez que la empresa gana una licitación por semejante monto con Menem ocupando un cargo relevante en la administración pública, lo que generaría, a priori, un conflicto de intereses, además de llevarse a las patadas con los postulados de la Ley de Ética Pública.
 
Por otro lado, el clan Menem ya venía ganando influencia en el Banco Nación desde hace meses, por ejemplo, en la rama de negocios de Nación Seguros, que llamativamente quedó afuera del listado de empresas públicas que Milei quería privatizar cuando impulsó la primera versión de la Ley Bases. El director de Nación Seguros es Alfonso Torres, cercano a Eduardo "Lule" Menem.
 
La Opinión Popular
 

18-07-2025 / 11:07
Una multitud se movilizó este jueves desde Congreso hasta Plaza de Mayo para defender al Hospital Garrahan y a la salud pública del brutal ajuste implementado por el gobierno de Javier "el Loco" Milei. La Marcha Federal de la Salud, que tuvo su réplica en diversas ciudades de la Argentina, fue convocada por la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) y sumó la presencia de numerosos sindicatos y organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, culturales y de derechos humanos, junto a una gran cantidad de familias y gente de a pie que participó de la manifestación para expresar su apoyo al reclamo.
 
Los trabajadores del Hospital Garrahan protagonizaron este jueves una masiva movilización al Congreso de la Nación, en defensa de la salud pública y en rechazo al ajuste impulsado por el Gobierno nacional. La marcha coronó una jornada de paro total en el hospital pediátrico, uno de los más reconocidos del país y referente en atención infantil.
 
Desde las 16:30, médicos, médicas, personal de enfermería, residentes y técnicos se congregaron en una columna que avanzó por las calles del centro porteño, respaldados por organizaciones gremiales, sociales y una amplia adhesión ciudadana. La consigna fue clara: denunciar el desfinanciamiento, exigir mejoras salariales y visibilizar la crítica situación que atraviesa el sistema sanitario público.
 
El reclamo incluye el rechazo a las reformas en el sistema de residencias, la pérdida de personal por las condiciones laborales y una caída del poder adquisitivo estimada en un 54% en términos reales, según un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria. El documento también advirtió que los insumos médicos y medicamentos sufren una inflación superior al promedio general, agravando el panorama.
 
La protesta fue una nueva expresión de una lucha que los trabajadores del Garrahan vienen sosteniendo desde hace meses, con paros, asambleas y acciones callejeras. La continuidad y la masividad del reclamo reflejan no solo el deterioro de las condiciones laborales, sino también la preocupación por el futuro de una institución que es pilar de la salud infantil en Argentina.
 
En ese marco, los gremios que nuclean a los trabajadores del hospital, entre ellos la Asociación de Profesionales y Técnicos y ATE, rechazaron el aumento salarial propuesto por el Gobierno, al considerar que no cubre las necesidades básicas del personal.
 
La Opinión Popular
 

17-07-2025 / 10:07
Mientras la canasta de crianza supera los 500 mil pesos, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, lanzó un insólito nuevo plan social que busca cambiar el eje de la asistencia: en lugar de alimentos, vouchers para actividades deportivas y culturales.
 
La propuesta, dijo, está pensada para las zonas "más vulnerables del país", aunque su fundamento ideológico no deja lugar a dudas: "El Estado no tiene que cuidar a los niños, los tiene que cuidar la familia".
 
La frase, que dejó caer en una entrevista, resume el espíritu de la medida. Pettovello detalló que los vouchers se entregarán a familias que asistan a "escuelas para padres" y podrán canjearse en parroquias o clubes.
 
Según explicó, el objetivo es fortalecer los vínculos familiares sin intermediación política, como parte de los futuros "Centros de Familia" que comenzarán a funcionar en agosto con una prueba piloto en la ciudad de Concordia.
 
La visión de Pettovello sobre la infancia es coherente con el discurso del oficialismo, que busca reducir la presencia del Estado en las políticas de cuidado.
 
Pero los números no acompañan el repliegue: según el INDEC, criar a un hijo en Argentina cuesta entre $411.000 y $517.000 por mes, según la edad del menor. Se trata de una canasta de crianza que incluye tanto bienes y servicios como el costo del tiempo de cuidado. La cifra más alta corresponde a niños y niñas entre 6 y 12 años.
 
Los datos son contundentes: solo en junio, el costo de criar a un bebé menor de un año fue de $411.201, mientras que el de un niño en edad escolar trepó a $517.364. Frente a estos montos, el lanzamiento de vouchers recreativos aparece más como un gesto simbólico que como una respuesta estructural a la pobreza infantil.
 
El anuncio también llega en un contexto de fuertes cuestionamientos a la gestión de Capital Humano por la retención de alimentos en depósitos oficiales. Lejos de reforzar el esquema de comedores comunitarios, Pettovello insiste en una política de asistencia "directa", en línea con el ideario libertario. "La familia tiene una función que no se puede delegar en el Estado", aseguró.
 
Mientras se ajustan presupuestos en salud, educación y cultura, la ministra apuesta a que un taller de cerámica o una clase de fútbol puedan reemplazar a un plato de comida caliente. En esa lógica, el Estado deja de garantizar derechos y pasa a sugerir actividades.
 

17-07-2025 / 10:07
El gobierno de Javier "el Loco" Milei intenta resistir hasta octubre en medio de tensiones económicas y políticas crecientes. Los frentes de conflicto se multiplican: ¿se le hizo demasiado largo el calendario electoral al libertario? En el medio asoman las peleas con los gobernadores.
 
A pesar de que el receso invernal del Congreso le abrió una ventana de tiempo para negociar, el gobierno de Milei enfrenta una tormenta en Diputados que podría llevarlo a una dura derrota, como la que sufrió la semana pasada en el Senado. La oposición prepara una sesión para aprobar el financiamiento universitario y la declaración de emergencia en pediatría a raíz del conflicto del Hospital Garrahan.
 
También se sumarían los proyectos de todos los gobernadores para distribuir de forma equitativa los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del impuesto a los combustibles, que aprobó la Cámara alta y ayer ingresaron a Diputados, donde el oficialismo buscará obstaculizar su tratamiento.
 
Más complicado aún para la Casa Rosada será si la convocatoria incluye el rechazo al veto de Milei a la emergencia en Bahía Blanca (que ya revocó el Senado), donde sus propios aliados del PRO que votaron la emergencia deberán discernir si sostienen el veto presidencial para bancar la alianza electoral bonaerense detrás de los libertarios o si ratificaran la ayuda económica para la ciudad devastada por la inundación.
 
Los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica vienen trabajando en la convocatoria a una sesión para la última semana de julio (podría ser el 30) o la primera de Agosto (el 6), que tienen como ejes darle media sanción a los proyectos de financiamiento para las universidades nacionales y la declaración de emergencia en el hospital pediátrico Garrahan.
 
Además, ayer ingresaron a la Cámara de Diputados los proyectos con media sanción del Senado impulsados por los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para establecer por ley un esquema de coparticipación de los ATN y de una porción del impuesto a los combustibles destinados para obras viales que el Gobierno central recauda, no distribuye o lo hace a cuentagotas y de manera discrecional.
 
Ahora, el titular del cuerpo legislativo, el libertario riojano Martín Menem, deberá definir a que comisiones será girado cada uno de ellos. No se descarta que ambos vayan a la comisión de Presupuesto, donde su presidente José Luis Espert comanda la primera barricada oficialista para frenar cualquier iniciativa que incomode al Gobierno.
 
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16-07-2025 / 09:07
Javier "el Loco" Milei pretendía imponer límites a las huelgas mediante un decreto, esquivando al Congreso e ignorando las garantías constitucionales. La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo le puso un freno al decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por el prescindente Milei que pretendía recortar el derecho de huelga en Argentina.
 
Con una sentencia definitiva, el tribunal suspendió la aplicación del DNU 340/2025, una medida que ampliaba de forma arbitraria la cantidad de actividades consideradas "esenciales" y obligaba a mantener entre un 50 y un 75 por ciento de la actividad aun en situaciones de conflicto gremial.
 
El fallo fue firmado por los jueces Silvia Pinto Varela y Héctor Guisado, quienes ratificaron la resolución de la jueza de primera instancia Moira Fullana, que ya había dado lugar a un amparo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT). El tercer integrante de la sala, Manuel Diez Selva, no participó por estar de licencia.
 
El intento del Gobierno de Milei de cercenar el derecho de huelga, un derecho constitucional y fundamental de los trabajadores, fue declarado inválido por la Justicia por no cumplir los requisitos básicos para dictar un decreto de necesidad y urgencia.
 
En su voto, Silvia Pinto Varela dejó en claro que no se dan las "circunstancias excepcionales" que exige la Constitución Nacional para utilizar esta herramienta.
 
"Es muy claro que no se dan los extremos excepcionales a los que se refiere reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para justificar el dictado de un DNU, esto es, la imposibilidad de que se reúna el Congreso de la Nación", sostuvo.
 
El DNU 340/2025 había sido firmado por Milei el 21 de mayo. En su artículo 3 ordenaba, por decreto, que en los servicios esenciales no se pudiera negociar una cobertura menor al 75 por ciento, y en las actividades de "importancia trascendental", no se pudiera bajar del 50 por ciento.
 
Es decir, el Ejecutivo pretendía imponer límites a las huelgas mediante un decreto, esquivando al Congreso e ignorando las garantías constitucionales. La maniobra no es nueva: estos mismos cambios ya estaban en el capítulo 4 del DNU 70/2023, otro megadecreto de Milei, que también fue suspendido por la Justicia y que aún espera un fallo definitivo de la Corte Suprema.
 
La CGT había solicitado la acción de amparo argumentando que el decreto viola el principio de división de poderes y ataca la libertad sindical. La Justicia le dio la razón. El fallo representa un freno a un gobierno autoritario y anti democrático que viene avanzando sin consenso ni diálogo en medidas que afectan directamente los derechos laborales y sociales de los argentinos.
 
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