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“A muerte estoy con los jubilados. Lo que les hacen es una vergüenza. Yo defiendo a los jubilados ¿cómo no los voy a defender? Tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados”. Diego Maradona
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Nacionales - 19-03-2023 / 10:03
SORPRESA EN EL GOBIERNO: LA INFLACIÓN POR ENCIMA DE LAS PREDICCIONES

Qué implica el índice de precios del seis coma seis, superior a lo esperado

Qué implica el índice de precios del seis coma seis, superior a lo esperado
El martes pasado hasta los gurúes de derecha más chantas y valorados predecían unas décimas menos. El equipo del ministro de Economía Sergio Massa vaticinaba también entre 5,8 por ciento y 6,2 por ciento guarismos abrumadores de por sí. El INDEC no filtró data, por lo visto. El índice sacudió al oficialismo que no insinuó respuesta novedosa hasta el cierre de esta nota.
En política, se suele explicar, dos más dos casi nunca (o nunca) es igual a cuatro. El sabio proverbio retoma vigencia tras conocerse el índice de precios al consumidor de febrero. El 6,6 por ciento es más que el seis como seis por ciento en el Palacio, en el Ágora, en el mundillo político.
 
Para la curtida gente común el porcentaje está por debajo de la inflación real, a la que sufren día tras día. La miden con el ojímetro y la experiencia. En una de esas aciertan más que los consultores económicos y que varios funcionarios.
 
Las subas que padecen las personas de a pie refieren en particular a sus consumos ineludibles, empezando por los alimentos y artículos del hogar que superan a la media. "¿Qué culpa tiene el tomate?" cantaban los republicanos españoles. Ninguna, concluyen los dones y doñas nadies, Juan y Juana Pueblo: responsabilizan a las autoridades o a grandes empresas. Las autoridades, en primer lugar.
 
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) recobró credibilidad y prestigio, enhorabuena. Sus informes son creíbles. Para acrecentar su prestigio el ente comandado por Marco Lavagna difunde los índices de precios en un día prefijado, a las cuatro de la tarde, la hora señalada.
 
El martes pasado hasta los gurúes de derecha más chantas y valorados predecían unas décimas menos. El equipo del ministro de Economía Sergio Massa vaticinaba también entre 5,8 por ciento y 6,2 por ciento guarismos abrumadores de por sí. El INDEC no filtró data, por lo visto. El índice sacudió al oficialismo que no insinuó respuesta novedosa hasta el cierre de esta nota.
 
En la misma semana el Fondo Monetario Internacional (FMI) metió pressing al Gobierno mientras aliviaba una de las metas del acuerdo: el nivel de reservas. Quedó incumplible como tantas otras. Ante un pésimo trance nacional y local el Fondo cuestionó a la moratoria previsional, la rotuló como inesperada. Mocionó que se atenúe el respectivo impacto fiscal.
 
Voces oficiales en off (el esperanto de la etapa) divulgaron que un posible rebusque sería limitar la cantidad de beneficiarios escudriñando niveles de pudiencia o algo así. Cuánto gastan en tarjetas, si compraron divisas, si son dueños de su hogar, etcéteras. Y reducir el número de beneficiarios potenciales.
 
Sería muy complicado poner en práctica la reforma, interpreta este cronista. Y lo que es más grave, se desnaturalizaría el espíritu de la moratoria. El Gobierno no debe ceder a las presiones, serruchando el piso de protección para los jubilados. Podrá ser peliagudo plantarse, vaya uno a saber... pero el suicidio sería peor.
 

 
Las plagas: 
  
La pandemia, la guerra en Ucrania, la sequía... se añade una crisis financiera incubada en el centro del mundo. Es incipiente lo que hace imposible pronosticar la dimensión. Algo es seguro, cualquier garúa sobre el sistema financiero internacional se vuelve tormenta en los países emergentes. La Argentina atravesó muchas, en todas sufrió daños.
 
Un coletazo certero, enseñan los expertos de derechas, es el "vuelo a la calidad" ("fly to quality"); los dineros migran hacia las comarcas que generaron la crisis. No hay contrasentido sino atracción gravitatoria. En nuestros pagos (acaso en otros también) se añaden las maniobras especulativas de grandes jugadores que pescan en río revuelto. Cualquier cimbronazo vale como coartada para acrecentar ganancias, sacar ventaja, evadir, fugar. El bien común no marida con "los mercados".
 
El escenario empeoró en este verano con la sequía como principal ariete. Es imprescindible, ante eventualidades nefastas e imprevisibles, alguna forma de renegociación. La inminencia de las elecciones señala que revisar la moratoria, reducir la inversión social perjudicarían a la clase trabajadora.
 
Una tormenta perfecta, agravar el malestar colectivo en el verano ardiente, contribuiría a las nada desdeñables posibilidades de victoria de Juntos por el Cambio (JpC), enemigo declarado de la moratoria, de las políticas sociales en general, de los derechos laborales.
 
La moratoria continúa con lineamientos trazados entre 2003 y 2015. Cubrir a los damnificados por la evasión patronal que los dejaron sin aportes aunque hubieran laburado en relación de dependencia. O a quienes no pudieron aportar porque sobrevivieron entre tantas crisis. La derecha los desampara con argumentos "meritocráticos": no se pusieron porque fueron vagos, que carguen con su culpa.
 
El piso de protección social que construyó el kirchnerismo pudo ser depreciado después de 2015 pero no destruido sobre todo cuando tiene consagración legal. Entre las deudas del Gobierno descolló la de no haber creado ni una institución perdurable de derechos sociales o laborales, una constante de los mandatos de Juan Domingo Perón, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.
 
La marca de la presidencia de Alberto Fernández son medidas coyunturales, aumentos posteriores a rebotes inflacionarios, aciertos por tiempo limitado como los IFE (Ingreso familiar de emergencia) o los ATP (Anticipos para la Producción y el Trabajo) en 2020. Todo corto plazo, nunca ampliaciones de derechos amplias y arduas para derogar.
 
Esta columna no califica para proyectar costos de la movida. Intuye que serán decrecientes según corran los años. Las jubilaciones mínimas se volcarán al mercado interno, dinamizarán el consumo. Son un derecho conculcado.
 
Conjugando las variables enumeradas, el gobierno dispone de una jugada única. Cumplir con lo prometido y legislado. Asombra que haya sorprendido a las autoridades del FMI porque estaba macerando en Diputados tras haber sido aprobada en el Senado. Quizá algún negociador deslenguado les prometió lo imposible o quizá aprietan por método.
 
La intransigencia de "este" Fondo es un dilema. Un fallecido economista radical sabio y con olfato político (rara avis) Adolfo Canitrot decía que el Fondo te tira un salvavidas cuando te ahogás, te lleva a la costa, te hace respiración boca y te vuelve a arrojar al agua cuando mejorás un poco. Tal su vivencia, treinta años atrás. La traducción en el siglo XXI está por verse. Dependerá del organismo, del Departamento de Estado y del Tesoro. Son reductos en los que Massa sabe ser bien acogido, más que el peronismo en general.
 
Nueva intuición de este cronista: el establishment económico argentino será determinante en el curso de los acontecimientos. Con sigilo, visiblemente o sinmigo, el Fondo escuchará sus dictámenes o leerá sus comportamientos.
 
¿Le conviene a la crema del empresariado la crisis acelerada que incita el macrismo, con desparpajo y mala fe? ¿O le conviene que la economía y el sistema democrático atraviesen el desierto, bien que mal? ¿Le conviene, simplificando apenas, que se jaquee la gobernabilidad justo antes de las elecciones? Mejor ahorrar presagios, la clase dominante argentina es atávicamente simplista, brutal, a menudo gorila, aunque pierda guita en el camino.
  
Las honras a Carlos Blaquier posteriores a su fallecimiento ostentan el rostro de la clase que no se avergüenza tan siquiera de su participación protagónica en el terrorismo de Estado. Personajes paradójicos que aplauden a la película "Argentina, 1985" y a muchos villanos que pasaron por el banquillo o lo gambetean con complicidad del Poder Judicial.
 
En el Frente de Todos (FdT), a su vez se reprochó a AF no haber promulgado la moratoria, que el Ejecutivo acompañó y que se logró con la unidad del bloque oficialista. Una exageración, por ahí. Las leyes aprobadas en el Congreso pueden entrar en vigencia por promulgación expresa o por haber transcurrido diez días "útiles" (hábiles en jerga actual) desde la comunicación del Parlamento al Ejecutivo sin que medie acción alguna de éste.
 
En criollo y si no falla el ábaco del cronista; la ley habría entrado en vigencia solita el viernes pasado. Vetarla o "devolverla" no estaba en la caja de herramientas, la vocación por las diatribas internas es una constante común del kirchnerismo y del albertismo.
 
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En defensa propia: 
  
El 6,6 por ciento hizo entrar en el pasado a las estimaciones de Sergio Massa. El índice de marzo, parece, superará dicha marca record. El de abril no comenzará con cuatro. El 60 por ciento incluido en el Presupuesto es imposible y complicado llegar al 80 por ciento que se susurraba como soportable, en "off". La potencial candidatura del ministro retrocede varios casilleros, en paralelo con las chances del FdT.
 
El Ministerio de Trabajo convoca al Consejo del Salario (CSMVM) para reducir daños. En especial para los beneficiarios de programas o planes sociales. Un parche tan necesario como transitorio.
 
Los sindicatos repiten las diferencias clásicas en estos años. Los más combativos insisten con el reclamo de aumento general de suma fija para los trabajadores registrados. El Gobierno la desestimó a fines de 2022 cuando había mejor plafón y hubiera sido más funcional.
 
La totalidad de los dirigentes gremiales reivindica a las convenciones colectivas como la mejor herramienta para sus representados. Se reabren o actualizan con frecuencia creciente.
 
Los resultados, cabe imaginar, diferirán según la combatividad de los sindicatos. Siempre fue desaconsejable interpretar el resultado de una paritaria fundándose solamente en el aumento promedio "que sale en los medios". Los convenios colectivos son frondosos, pródigos en beneficios o concesiones captables por lectores avezados.
 
El acuerdo firmado por la Bancaria da un ejemplo flamante. Los aumentos se robustecen con beneficios extra salariales, con la participación en las ganancias, constitucional e infrecuente por añadir solo un par de referencias rotundas.
 
Entre el fin del verano y el comienzo del invierno se sucederán paritarias relevantes. En junio se cierra la anotación de listas para las Primarias Abiertas (PASO) nacionales.
 
Una diferencia con relación a las elecciones de 2015, notable y algo olvidada. La dirigencia sindical peronista era más hosca respecto de la entonces presidenta Cristina que hoy con relación a Alberto Fernández. No es amor nunca, ni alineamiento casi nunca.
  
Apenas haber sido escarmentados por Macri y su equipazo. Hoy los gremialistas saben que un regreso de la derecha viene por ellos y por los derechos de los trabajadores. La premisa de hacer lo mismo pero más rápido atañe tanto a las empresas públicas (y sus empleados) como a la Ley de contrato de trabajo, a las indemnizaciones por despido solo para empezar.
 
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Confesión y cierre: 
  
Una confesión antes de recapitular y cerrar. El cronista ignora qué pasará si el gobierno desoye los cantos de sirena del Fondo e insiste con un programa coherente hasta diciembre. Si habrá renegociación con cierta transigencia en función de las debacles combinadas. O si se decretará un default. O si conseguirá surfear con un programa mínimo.
 
Sí sabe que la jubilación para quienes laburaron toda la vida es un derecho humano y social. Que no hay margen para borrar o desfigurar con el codo una política pública digna y flamante.
 
El ABC de la política también existe. Terminar retrocediendo, adoptando (algunos dirán acentuando) el programa del adversario político es un viaje de ida al fracaso electoral y una injusticia con los representados.
 
El verano se insinuó promisorio con el sabor del Mundial en las mentes y los brindis, las vacaciones, los pronósticos voluntaristas, Hoy en día cuesta imaginar que terminará marzo... pero terminará.
 
En la próxima semana volverá a jugar la Selección en su patria. Y se conmemorará el aniversario del golpe de estado de 1976. Ojalá que el sentido común colectivo y la destreza de los dirigentes construyan una fiesta popular inolvidable el jueves. Y que el viernes, en Plaza de Mayo y en muchas otras de todo el país se reiteren la masividad, los homenajes a las Madres y las Abuelas, el respeto a la memoria de los compañeros detenidos-desaparecidos.


La celebración popular, las banderas de siempre, la unidad en las calles y en la acción pueden soplar una brisa fresca en tiempos difíciles. Pueden, podrán, podrían... Ojalá.
 
Por Mario Wainfeld
 
Fuente: pagina12.com.ar
 

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18-07-2025 / 12:07
Tech Security, la firma fundada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martin Menem, fue beneficiada con una licitación pública para la seguridad de distintas sedes de la banca estatal. Facturará más de tres millones de dólares. El negociado se suma a los que venía acumulando una sociedad vinculada al clan a través de otro empresario, que ya acumula varios contratos. La casta al palo.
 
La supuesta pelea libertaria contra "la casta" demuestra tener patas cada vez más cortas. Si con el apellido sólo no alcanzaba, los contratos que la familia Menem sigue ampliando con el Estado salen a la luz para demostrar que varios de los principales funcionarios del Gobierno, incluidos los de máxima confianza de Javier Milei, replican las mismas prácticas que dicen combatir.
 
La empresa Tech Security, fundada hace casi 20 años por el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem junto a sus dos hermanos, Fernando Nicolás Menem y Eduardo Adrián, resultó beneficiada con un contrato multimillonario con el Banco Nación. Se trata de la preadjudicación de una licitación pública para brindar el servicio de seguridad en distintas sedes de esa entidad financiera.
 
La suma total que embolsará trepa a los $3.933.026.507,98, poco más de tres millones de dólares. Que se suman a los más de 3 mil millones que desde diciembre de 2023 ya facturó otra empresa vinculada al clan a través de distintos intermediarios, de nombre Global Protection Service (GPS) Group. 
 
El contrato se concretó a través de la Licitación Pública CDS 1251/2025 del Banco Central, con fecha del 4 de julio de este año. Si bien Tech Security ya brindaba el mismo servicio desde 2018, los contratos se renovaban anualmente, mientras que esta vez, ya con Milei en el poder, se hizo por 24 meses, con opción a dos años más.
 
A diferencia de otras renovaciones, además, esta es la primera vez que la empresa gana una licitación por semejante monto con Menem ocupando un cargo relevante en la administración pública, lo que generaría, a priori, un conflicto de intereses, además de llevarse a las patadas con los postulados de la Ley de Ética Pública.
 
Por otro lado, el clan Menem ya venía ganando influencia en el Banco Nación desde hace meses, por ejemplo, en la rama de negocios de Nación Seguros, que llamativamente quedó afuera del listado de empresas públicas que Milei quería privatizar cuando impulsó la primera versión de la Ley Bases. El director de Nación Seguros es Alfonso Torres, cercano a Eduardo "Lule" Menem.
 
La Opinión Popular
 

18-07-2025 / 11:07
Una multitud se movilizó este jueves desde Congreso hasta Plaza de Mayo para defender al Hospital Garrahan y a la salud pública del brutal ajuste implementado por el gobierno de Javier "el Loco" Milei. La Marcha Federal de la Salud, que tuvo su réplica en diversas ciudades de la Argentina, fue convocada por la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) y sumó la presencia de numerosos sindicatos y organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, culturales y de derechos humanos, junto a una gran cantidad de familias y gente de a pie que participó de la manifestación para expresar su apoyo al reclamo.
 
Los trabajadores del Hospital Garrahan protagonizaron este jueves una masiva movilización al Congreso de la Nación, en defensa de la salud pública y en rechazo al ajuste impulsado por el Gobierno nacional. La marcha coronó una jornada de paro total en el hospital pediátrico, uno de los más reconocidos del país y referente en atención infantil.
 
Desde las 16:30, médicos, médicas, personal de enfermería, residentes y técnicos se congregaron en una columna que avanzó por las calles del centro porteño, respaldados por organizaciones gremiales, sociales y una amplia adhesión ciudadana. La consigna fue clara: denunciar el desfinanciamiento, exigir mejoras salariales y visibilizar la crítica situación que atraviesa el sistema sanitario público.
 
El reclamo incluye el rechazo a las reformas en el sistema de residencias, la pérdida de personal por las condiciones laborales y una caída del poder adquisitivo estimada en un 54% en términos reales, según un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria. El documento también advirtió que los insumos médicos y medicamentos sufren una inflación superior al promedio general, agravando el panorama.
 
La protesta fue una nueva expresión de una lucha que los trabajadores del Garrahan vienen sosteniendo desde hace meses, con paros, asambleas y acciones callejeras. La continuidad y la masividad del reclamo reflejan no solo el deterioro de las condiciones laborales, sino también la preocupación por el futuro de una institución que es pilar de la salud infantil en Argentina.
 
En ese marco, los gremios que nuclean a los trabajadores del hospital, entre ellos la Asociación de Profesionales y Técnicos y ATE, rechazaron el aumento salarial propuesto por el Gobierno, al considerar que no cubre las necesidades básicas del personal.
 
La Opinión Popular
 

17-07-2025 / 10:07
Mientras la canasta de crianza supera los 500 mil pesos, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, lanzó un insólito nuevo plan social que busca cambiar el eje de la asistencia: en lugar de alimentos, vouchers para actividades deportivas y culturales.
 
La propuesta, dijo, está pensada para las zonas "más vulnerables del país", aunque su fundamento ideológico no deja lugar a dudas: "El Estado no tiene que cuidar a los niños, los tiene que cuidar la familia".
 
La frase, que dejó caer en una entrevista, resume el espíritu de la medida. Pettovello detalló que los vouchers se entregarán a familias que asistan a "escuelas para padres" y podrán canjearse en parroquias o clubes.
 
Según explicó, el objetivo es fortalecer los vínculos familiares sin intermediación política, como parte de los futuros "Centros de Familia" que comenzarán a funcionar en agosto con una prueba piloto en la ciudad de Concordia.
 
La visión de Pettovello sobre la infancia es coherente con el discurso del oficialismo, que busca reducir la presencia del Estado en las políticas de cuidado.
 
Pero los números no acompañan el repliegue: según el INDEC, criar a un hijo en Argentina cuesta entre $411.000 y $517.000 por mes, según la edad del menor. Se trata de una canasta de crianza que incluye tanto bienes y servicios como el costo del tiempo de cuidado. La cifra más alta corresponde a niños y niñas entre 6 y 12 años.
 
Los datos son contundentes: solo en junio, el costo de criar a un bebé menor de un año fue de $411.201, mientras que el de un niño en edad escolar trepó a $517.364. Frente a estos montos, el lanzamiento de vouchers recreativos aparece más como un gesto simbólico que como una respuesta estructural a la pobreza infantil.
 
El anuncio también llega en un contexto de fuertes cuestionamientos a la gestión de Capital Humano por la retención de alimentos en depósitos oficiales. Lejos de reforzar el esquema de comedores comunitarios, Pettovello insiste en una política de asistencia "directa", en línea con el ideario libertario. "La familia tiene una función que no se puede delegar en el Estado", aseguró.
 
Mientras se ajustan presupuestos en salud, educación y cultura, la ministra apuesta a que un taller de cerámica o una clase de fútbol puedan reemplazar a un plato de comida caliente. En esa lógica, el Estado deja de garantizar derechos y pasa a sugerir actividades.
 

17-07-2025 / 10:07
El gobierno de Javier "el Loco" Milei intenta resistir hasta octubre en medio de tensiones económicas y políticas crecientes. Los frentes de conflicto se multiplican: ¿se le hizo demasiado largo el calendario electoral al libertario? En el medio asoman las peleas con los gobernadores.
 
A pesar de que el receso invernal del Congreso le abrió una ventana de tiempo para negociar, el gobierno de Milei enfrenta una tormenta en Diputados que podría llevarlo a una dura derrota, como la que sufrió la semana pasada en el Senado. La oposición prepara una sesión para aprobar el financiamiento universitario y la declaración de emergencia en pediatría a raíz del conflicto del Hospital Garrahan.
 
También se sumarían los proyectos de todos los gobernadores para distribuir de forma equitativa los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del impuesto a los combustibles, que aprobó la Cámara alta y ayer ingresaron a Diputados, donde el oficialismo buscará obstaculizar su tratamiento.
 
Más complicado aún para la Casa Rosada será si la convocatoria incluye el rechazo al veto de Milei a la emergencia en Bahía Blanca (que ya revocó el Senado), donde sus propios aliados del PRO que votaron la emergencia deberán discernir si sostienen el veto presidencial para bancar la alianza electoral bonaerense detrás de los libertarios o si ratificaran la ayuda económica para la ciudad devastada por la inundación.
 
Los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica vienen trabajando en la convocatoria a una sesión para la última semana de julio (podría ser el 30) o la primera de Agosto (el 6), que tienen como ejes darle media sanción a los proyectos de financiamiento para las universidades nacionales y la declaración de emergencia en el hospital pediátrico Garrahan.
 
Además, ayer ingresaron a la Cámara de Diputados los proyectos con media sanción del Senado impulsados por los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para establecer por ley un esquema de coparticipación de los ATN y de una porción del impuesto a los combustibles destinados para obras viales que el Gobierno central recauda, no distribuye o lo hace a cuentagotas y de manera discrecional.
 
Ahora, el titular del cuerpo legislativo, el libertario riojano Martín Menem, deberá definir a que comisiones será girado cada uno de ellos. No se descarta que ambos vayan a la comisión de Presupuesto, donde su presidente José Luis Espert comanda la primera barricada oficialista para frenar cualquier iniciativa que incomode al Gobierno.
 
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16-07-2025 / 09:07
Javier "el Loco" Milei pretendía imponer límites a las huelgas mediante un decreto, esquivando al Congreso e ignorando las garantías constitucionales. La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo le puso un freno al decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por el prescindente Milei que pretendía recortar el derecho de huelga en Argentina.
 
Con una sentencia definitiva, el tribunal suspendió la aplicación del DNU 340/2025, una medida que ampliaba de forma arbitraria la cantidad de actividades consideradas "esenciales" y obligaba a mantener entre un 50 y un 75 por ciento de la actividad aun en situaciones de conflicto gremial.
 
El fallo fue firmado por los jueces Silvia Pinto Varela y Héctor Guisado, quienes ratificaron la resolución de la jueza de primera instancia Moira Fullana, que ya había dado lugar a un amparo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT). El tercer integrante de la sala, Manuel Diez Selva, no participó por estar de licencia.
 
El intento del Gobierno de Milei de cercenar el derecho de huelga, un derecho constitucional y fundamental de los trabajadores, fue declarado inválido por la Justicia por no cumplir los requisitos básicos para dictar un decreto de necesidad y urgencia.
 
En su voto, Silvia Pinto Varela dejó en claro que no se dan las "circunstancias excepcionales" que exige la Constitución Nacional para utilizar esta herramienta.
 
"Es muy claro que no se dan los extremos excepcionales a los que se refiere reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para justificar el dictado de un DNU, esto es, la imposibilidad de que se reúna el Congreso de la Nación", sostuvo.
 
El DNU 340/2025 había sido firmado por Milei el 21 de mayo. En su artículo 3 ordenaba, por decreto, que en los servicios esenciales no se pudiera negociar una cobertura menor al 75 por ciento, y en las actividades de "importancia trascendental", no se pudiera bajar del 50 por ciento.
 
Es decir, el Ejecutivo pretendía imponer límites a las huelgas mediante un decreto, esquivando al Congreso e ignorando las garantías constitucionales. La maniobra no es nueva: estos mismos cambios ya estaban en el capítulo 4 del DNU 70/2023, otro megadecreto de Milei, que también fue suspendido por la Justicia y que aún espera un fallo definitivo de la Corte Suprema.
 
La CGT había solicitado la acción de amparo argumentando que el decreto viola el principio de división de poderes y ataca la libertad sindical. La Justicia le dio la razón. El fallo representa un freno a un gobierno autoritario y anti democrático que viene avanzando sin consenso ni diálogo en medidas que afectan directamente los derechos laborales y sociales de los argentinos.
 
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