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Nacionales - 16-03-2023 / 10:03
LOS RESPONSABLES DE LA EMPRESA PRIVATIZADA AL BANQUILLO DE LOS ACUSADOS

El Gobierno denunció penalmente al directorio de Edesur por los cortes y pide quitarle la concesión

El Gobierno denunció penalmente al directorio de Edesur por los cortes y pide quitarle la concesión
Como hace años, sube nuevamente la bronca en CABA contra Edesur: se movilizan a las oficinas y crecen los cortes de calle. Usuario sin luz se hicieron presentes en las puertas de las oficinas de Alberdi y Lacarra, del centro porteño, donde se encuentra la filial y se van sumando de otros barrios: Mataderos, distintas zonas de Villa Lugano, además, están convocando a todas las zonas que se encuentran afectadas.
Hace años se repite la misma ecuación: la temperatura aumenta y la luz se corta en los barrios del AMBA, con foco en el conurbano bonaerense. Mientras el Gobierno inicia investigaciones para una posible quita de concesión, las ganancias de la empresa Edesur se multiplicaron y no hay planes de inversión que prometan una mejora en el servicio. 
 
Como hace años, sube nuevamente la bronca en CABA contra Edesur: se movilizan a las oficinas y crecen los cortes de calle. Usuario sin luz se hicieron presentes en las puertas de las oficinas de Alberdi y Lacarra, del centro porteño, donde se encuentra la filial y se van sumando de otros barrios: Mataderos, distintas zonas de Villa Lugano, además, están convocando a todas las zonas que se encuentran afectadas.
 
Esta vez, el gobierno de Alberto Fernández decidió ir a fondo contra Edesur y ordenó al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) que denuncie penalmente a todo el directorio de la empresa por malversación, fraude en perjuicio de la administración pública y abandono de personas.
 
La decisión de la Secretaría de Energía ocurre luego de los cortes de electricidad que afectan desde hace días a más de 90 mil personas de la CABA y el sur del Conurbano. El gobierno cree que luego de la decisión de la italiana Enel de poner en venta Edesur, dejó virtualmente a la deriva a la compañía y redujo drásticamente las cuadrillas que atienden emergencias como la actual.
 
La escalada entre la compañía se agravó cuando el gobierno no logró evitar que Enel vendiera sus centrales de Costanera y Dock Sud al macrista Nicolás "Nicky" Caputo. Y todavía en el Ministerio de Economía habían terminado de digerir esa noticia, cuando como también se enteraron que Enel planea denunciar al gobierno en el Ciadi, una vez que venda Edesur.
 
En guerra total, ahora el gobierno quiere sacarle la concesión a Edesur, antes que logre vender la empresa. Ayer, el ENRE que preside el massista Walter Martello anunció que enviará un informe técnico al Congreso sobre los incumplimientos de la distribuidora, para que la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Concesiones de Servicios Públicos aconseje dar por terminada la concesión. El escrito fue publicado en las redes por Martello, quien confirmó que se evalúa "la posible caducidad de la concesión" de la distribuidora.
 
La Opinión Popular
 

 
ENERGÍA LE PIDIÓ AL ENRE QUE DENUNCIE PENALMENTE AL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA
 
Los responsables de Edesur en el banquillo de los acusados por los cortes
 
La presentación será por malversación, fraude en perjuicio de la administración pública y abandono de persona. El interventor del ENRE, Walter Martello, sostuvo hay una serie de incumplimientos que comprometen a la compañía, pero aclaró que elevarán el caso al Congreso para que la política decida.
 
La Secretaría de Energía instruyó al ENRE a que mañana denuncie penalmente a todo el directorio de Edesur por malversación, fraude en perjuicio de la administración pública y abandono de persona. Asimismo le exigió al ENRE que eleve el informe de estado de la concesión a la Bicameral de Seguimiento de las concesiones de servicios públicos a fin de que aconseje si corresponde dar por terminada la concesión.
 
Esta medida se anunció luego de varios días de cortes de luz en el área de concesión de la empresa, cuyo concesionario los italianos de Enel habían anunciado que abandonarían el país. Además el Frente de Todos presentará en el Congreso un proyecto para estatizar Edesur.
 
La ola de calor que afectó al Área Metropolitana de Buenos Aires durante los últimos 15 días volvió a dejar en evidencia las vulnerabilidades del sistema eléctrico, fundamentalmente en el área de concesión de Edesur. El martes unos 188 mil clientes de la distribuidora se quedaron sin servicio mientras debieron soportar una sensación térmica superior a los 40 grados.
 
Este miércoles la lluvia trajo un poco de alivio en varias zonas, pero igual por la tarde seguían sin luz 71 mil usuarios de Edesur. Lo que preocupa en el gobierno no solo son los cortes sino su extensión, ya que hay familias que no tienen servicio hace más de 4 días y otras a las que se les viene cortando la luz de manera recurrente durante largas horas.
 
El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) anticipó el martes que dentro de los próximos 90 días elevará las conclusiones de su informe de auditoría a las autoridades competentes y al Congreso Nacional y aclaró que los incumplimientos detectados "pueden afectar la continuidad de la concesión".
 
Casi todos los cortes que se vienen registrando en el AMBA se concentran en el área de concesión de Edesur. La falta de inversión de la compañía y su lenta reacción cuando se producen los cortes la llevó a estar contra las cuerdas en varias ocasiones.
 
De hecho, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner ya estuvo cerca de expropiar la empresa a comienzos de 2014 luego de los grandes apagones que se registraron en el AMBA, pero finalmente se descartó esa opción. Ahora Edesur vuelve a estar en la mira del gobierno por el deficiente servicio que presta y su impacto en la calidad de vida de decenas de miles de vecinos.
 
"Ya es el séptimo día con más de 70 mil personas afectadas. Eso amerita sanciones extraordinarias. Algunas de ellas tienen resarcimiento directo al usuario, pero nuestro esfuerzo está puesto ahora en presionar a la empresa para, ahora que bajo la temperatura, empiece a levantar esos cortes que en muchos casos vienen desde cuatro o cinco días", aseguró el interventor del ENRE, Walter Martello.
 
Página/12 preguntó en el ENRE cuáles fueron los barrios de la Ciudad de Buenos Aires y los municipios del conurbano más afectados por los cortes y el listado incluye a Caballito, Flores, Mataderos, Liniers, Villa Lugano, Lomas de Zamora y Quilmes.
 
"Por supuesto que hay muchas más zonas afectadas pero estas son en las que se repitieron y se extendieron los cortes en los últimos días", señaló una fuente del organismo. En esas zonas donde los cortes se han extendido durante días es donde los vecinos decidieron salir a cortar la calle y quemar gomas y/o basura para forzar algún tipo de respuesta, tanto de la empresa como de las autoridades.
 
Desde la compañía suelen remarcar que el congelamiento tarifario condicionó los niveles de inversión y constituye un dato imposible de soslayar al momento de entender la situación actual. Sin embargo, ese mismo congelamiento también afectó a Edenor y ni la cantidad de cortes ni la reacción frente a esos cortes viene siendo la misma.
 
 
Los próximos pasos
  
A mediados de febrero el ministro de Economía Sergio Massa instruyó la puesta en marcha de una veeduría del ENRE con auditoría en la distribuidora para revisar el valor del activo regulatorio, el cumplimiento del régimen de inversiones, los tiempos de respuesta a los usuarios y la calidad del servicio. A fines de febrero, el ENRE dio inicio a la auditoría técnica y este martes el organismo informó que dentro de los próximos 90 días elevará un informe con las conclusiones.
 
"La auditoría en curso considera la evaluación operativa y de gestión de la distribuidora que han derivado en la falta de atención en tiempo y forma de los reclamos de los usuarios y en la reposición del servicio, incumplimientos estos que, más allá de los indicadores globales e individuales de calidad, denotan cuestiones subyacentes que pueden afectar la continuidad de la concesión", aseguró a través de un comunicado.
 
Martello dio más precisiones esté miércoles en diálogo con la TV Pública. "El informe final va a dejar todos los parámetros por las fallas en la calidad del servicio para que quienes tienen la responsabilidad de decidir, que en este caso no es el ENRE, tomen las medidas que consideren pertinentes. Nosotros consideramos que 60 años más de concesión, que es lo que le queda a la empresa, no amerita que tengamos está calidad pésima de servicio y pésima de vida. Como es una decisión que va a trascender a varios gobiernos, creemos que es la política la que tiene que involucrarse y empezar a tomar decisiones sobre la continuidad o no de la empresa", sostuvo.
 
Martello aseguró que "no se quiere dejar ningún flanco abierto ante eventuales demandas judiciales de Enel", la controladora italiana de Edesur. "Enel han contratado a un estudio internacional de abogados para litigar ante el Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) en caso de la rescisión (...) No le vamos a dar a Edesur la posibilidad de que litigue con fundamento, vamos a tomar todas las precauciones para que el Congreso, la política en su conjunto, defina qué hacer", agregó el interventor.
 
 
Con un pie afuera
  
Enel anunció en noviembre un plan de desinversión que incluye su salida de Argentina, Perú y Rumania con el objetivo de reducir su deuda neta y centrar su transición hacia energías más limpias. La firma vendió recientemente las centrales térmicas Costanera y Dock Sud y designó al banco Santander Río para que consiga un comprador para Edesur ya que quiere estar fuera antes de fin de año.
 
Este es un dato que no pasa desapercibido en el gobierno porque forzar un conflicto en el CIADI con una empresa que se está yendo no parece la decisión más inteligente. Algunas voces oficiales señalan que lo mejor es tratar de incidir en esa transición para que ingrese un accionista nacional con otro grado de compromiso, pero todavía no hay nada definido. Los próximos meses serán claves para ver si Edesur se va por las buenas o por las malas.
 
 
Fuente: Página 12
 

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22-03-2023 / 10:03
El operador judicial macrista Fabián Rodríguez Simón, prófugo desde hace casi dos años, sufrió un nuevo revés en la patria que eligió para escabullirse de la justicia argentina. La Suprema Corte de Uruguay rechazó por "inadmisible" un recurso de casación de la defensa del huidizo hombre de confianza de Mauricio Macri contra los dos fallos que hicieron trizas su relato sobre una supuesta "persecución política", y rechazaron su pretensión de convertirse en "refugiado".
 
El nuevo revés de la defensa de "Pepín", que busca agotar todas las instancias administrativas y judiciales -aún las no previstas para ese tipo de casos- para ganar tiempo, implica la reactivación de la extradición pedida por la jueza federal María Servini, quien ordenó su detención en 2021 para indagarlo por el hostigamiento y la persecución a los dueños del Grupo Indalo.
 
La decisión de la Corte uruguaya data del jueves pasado aunque se conoció ayer, el mismo día en que Rodríguez Simón estaba convocado a declarar como testigo ante la Comisión de Juicio Político de Diputados, a la que no se presentó bajo el pretexto de estar tramitando su solicitud de refugio, que ya no podrá volverá a invocar.
 
El ex asesor de Macri permanece en suelo uruguayo desde fines de 2020. Servini lo declaró en rebeldía el 19 de mayo del año siguiente, luego de que Rodríguez Simón anunciara su nuevo destino y su decisión de no presentarse a la indagatoria en la causa que investiga "la presunta existencia de actos llevados a cabo por funcionarios públicos, desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional o a instancias de aquellos, que mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo habrían importado casos de corrupción", según surge de la imputación.
 
Servini fundamentó la rebeldía en que "Pepín" dio "sobradas muestras públicas de su intención de sustraerse de la Justicia, lo cual fue ratificado por su letrado defensor" y definió la estrategia de pedir refugio político en Uruguay como una maniobra dilatoria.
 
El primer hito que registra la resolución de la Corte uruguaya data del 25 de mayo de 2021, cuando la justicia oriental recibió el exhorto de la jueza argentina solicitando la inmediata detención y extradición de "Pepín", quien al día siguiente constituyó domicilio en Uruguay y comunicó que había iniciado el trámite ante la Comisión de Refugiados (CORE) con el objetivo de ser considerado un "refugiado político".
 
Con esa maniobra logró suspender el proceso de extradición, aunque a cambio se le ordenó entregar los pasaportes en su poder, con lo cual se vería impedido de esconderse -al menos legalmente- en otro país, y se dispuso el "cierre de fronteras" para quien ya tenía emitida un alerta roja de Interpol.
 
El 3 de agosto de aquel año, después de escuchar a Rodríguez Simón, la CORE concluyó que el temor de ser un "perseguido político" no tenía fundamentos y que no cumplía con los requerimientos para ser reconocido como refugiado pues en la Argentina cuenta con todas las garantías del debido proceso.
 

22-03-2023 / 10:03
"No fue solamente la economía sino lo que pudimos reconstruir en materia de derechos humanos. No nos van a perdonar nunca". Está allí la razón de la persecución en los tribunales para Cristina Fernández de Kirchner, la razón de la condena y la proscripción que puede dejarla afuera de la carrera electoral. Y así lo hizo saber la vicepresidenta frente a un auditorio compuesto por expresidentes de la región y juristas que integran el Grupo de Puebla y vienen hace tiempo denunciando que el lawfare es el mecanismo que se usa desde los estrados judiciales para condicionar los procesos políticos progresistas.
 
No fue un acto altisonante pero el mensaje fue concreto: ya no es el partido militar el que le respira en la nuca a la democracia, sino el partido judicial. Y ella lo sufre en carne propia. "Lo que el partido militar fue a los gobiernos populares del siglo XX, el lawfare lo es a los gobiernos nacionales, populares y democráticos. Exactamente lo mismo", dijo CFK mientras la aplaudían dirigentes de la región, integrantes del Frente de Todos y miembros de organismos de derechos humanos que se congregaron en el III Foro de Derechos Humanos, pero sobre todo para brindarle su apoyo después de la condena del Tribunal Oral Federal 2 en causa Vialidad. "No nos persiguen porque somos populistas. Nos persiguen porque igualamos sociedades, por la justicia social y por el derecho de los trabajadores a participar en el producto bruto de lo que producen".
 
Rodeada de expresidentes que acompañaron sus mandatos como Evo Morales (Bolivia), José Luis Rodríguez Zapatero (España), Rafael Correa (Ecuador), Ernesto Samper (Colombia) o José "Pepe" Mujica (Uruguay), CFK repasó cuáles fueron sus políticas que terminaron siendo combatidas desde los tribunales. En dos meses, de hecho, se cumplirán veinte años desde que su compañero, Néstor Kirchner, llegó a la Casa Rosada.
 
"Se inició en 2003 la construcción de una nueva Argentina. Se empezó una Argentina diferente. Ese hombre junto con Lula, decidieron pagarle al FMI, para que nunca más pudiera dirigir la economía en la Argentina", remarcó CFK. "Fue la década virtuosa. Fue el momento donde más se redujo la desigualdad económica y social en la región, esta es la clave. No nos persiguen porque somos populistas, nos persiguen porque igualamos sociedades, por la justicia social, el derecho de los trabajadores a participar en el producto bruto de lo que producen", agregó.
 
Desde entonces, la apuesta tuvo que ver con reconstruir el Estado democrático constitucional, dijo CFK: no solo lo que representaba la Casa Rosada, sino lo que representaba el Poder Legislativo. En el Congreso, recordó, se compraban leyes y puso como ejemplo la denuncia de la Banelco para aprobar la flexibilización laboral de Fernando de la Rúa. "También le tocó a él -en referencia a Kirchner-, pese al 22 por ciento de los votos, reconstruir un Poder Judicial que había eliminado la mayoría automática y que había amenazado, no al gobierno sino a los argentinos con la dolarización de la economía".
 

21-03-2023 / 10:03
En medio de la crisis energética por la masividad de cortes de luz que afectan al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Gobierno anunció la intervención de la empresa Edesur durante 180 días, prestadora del suministro. Quedará a cargo Jorge Ferraresi como interventor. Los reclamos de familias, que incluso llevaron semanas sin servicio, y el aumento del descontento social motivaron el accionar de la Secretaría de Energía, que depende del Ministerio de Economía.
 
En conferencia de prensa, el ministro Sergio Massa, afirmó: "Hemos vivido situaciones que nos golpearon y dolieron, comercios tirando mercaderías, y hogares sin luz ni agua. Fueron las imágenes que marcaron la agenda de los últimos 15 días. En ese sentido, la inminente decisión de Enel de poner en venta la compañía Edesur aparece como una situación que genera incertidumbre sobre la prestación del servicio". El funcionario también informó que la empresa deberá devolver el dinero de las facturas a los usuarios que sufrieron cortes.
 
Por otra parte, el tigrense explicó: "Hemos tomado la decisión de ejecutar los $ 2.700 millones de sentencia, que implican un mecanismo de devolución por parte de la empresa a todos los usuarios del servicio de las multas que, de alguna manera, el Estado le aplicara y que tienen como objeto central la devolución del servicio no prestado por parte de la empresa a los usuarios".
 
Massa realizó el anuncio junto a la secretaria de Energía, Flavia Royon; el secretario Legal y Administrativo, Ricardo Casal, y el interventor del ENRE, Walter Martello, luego de los múltiples cortes de luz de los últimos días. El ENRE publicará una resolución este martes para hacer efectiva la resolución.
 
El último jueves, el Gobierno denunció penalmente a la compañía Edesur por "malversación de fondos, fraude en perjuicio de la administración pública y abandono de personas". En conferencia de prensa, la portavoz, Gabriela Cerruti, precisó que son un total de 75 mil los usuarios que padecieron cortes de luz extendidos en el tiempo y acusó a Edesur de ser la única empresa de servicios con esa cifra de cortes.
 
Días atrás, Martello se refirió a la posibilidad de que Edesur pierda la concesión, o al menos una parte, en caso de que así lo debata y apruebe el Congreso. Además, deslizó que existe la posibilidad de que el Estado tenga una futura participación en el servicio del suministro de luz. El funcionario profundizó: "Hay experiencias que se pueden tener en cuenta, como la de Brasil con Eletrobrás, donde el Estado tiene participación con el 45% de las acciones y eso le permite una posición más fuerte en el directorio a la hora de tomar criterios de inversión, de asignaciones prioritarias y un mejor control".
 
Esta intervención llega luego de la enorme crisis social que significaron los cortes masivos de luz en Buenos Aires. Esos cortes, que correspondieron mayoritariamente a Edesur, llegaron a afectar diariamente a más de 100.000 o 150.000 hogares, desnudando la crisis estructural de un sistema energético que no invierte en obras ni mantenimiento, lo que no alcanza a cubrir la demanda de energía, en el marco de la ola de calor que afectó al país.
 
La Opinión Popular
 

20-03-2023 / 11:03
El 6,6 por ciento de inflación en el mes de febrero que se dio a conocer esta semana y los primeros cálculos para marzo, que muestran nuevamente una tendencia al alza, impactan en la línea de flotación de la candidatura presidencial de Sergio Massa, esgrimida con más entusiasmo por otros socios del Frente de Todos que por el propio ministro de Economía. La falta de alternativas le da sobrevida a un proyecto que, desde el primer día, se sabía improbable.
 
Aunque quiera hacerse el distraído con la responsabilidad que le toca, el presidente Alberto Fernández también acusa el deterioro de la economía doméstica de la mayoría de los argentinos. Si no hay un cambio rotundo en la tendencia, dejará en diciembre un país con mejor PBI y más empleos que cuando asumió pero con la misma cantidad de pobres. Un resultado mixto que otros podrían vender como un puntito inteligente en años difíciles, lujo que el peronismo tiene vedado.
 
El sueño de una nueva postulación presidencial de Cristina Fernández de Kirchner, a esta altura, lo sostienen solamente aquellos cuyo destino electoral está atado a la atracción gravitatoria que ejerce la vicepresidenta, incluso después de haber sido sometida a ocho años de desgaste mediático, político y judicial. Otros se probaron o se prueban el traje, sin mover el amperímetro. Las especulaciones transcurren a años luz de la calle, candidatos sin votos que apuestan a sacarse la grande.
 
El déficit electoral del oficialismo es consecuencia de un vacío político y no al revés. Hoy nadie, en el Frente de Todos, puede explicar, por la positiva, por qué debería la sociedad renovar el voto de confianza que dio en 2019 y fue defraudado por una dirigencia que no estuvo a la altura de las circunstancias. Aunque todos se animan a pegarle al gobierno (no faltan motivos válidos), curiosamente falta alguien que plantee qué haría diferente y cómo haría para no chocar con los mismos obstáculos.
 
La expresión de deseos sobre que "CFK es un programa en sí mismo", ensayada hace una semana en Avellaneda como un atajo que permita saltear ese trámite, se topa rápidamente con sus propias limitaciones. Por un lado, remite a otra campaña en la que se decía que el candidato era el proyecto. Eso no terminó bien. Por el otro, a esta altura, no termina de quedar claro cuál es, hoy, ese programa: ¿el de Massa, al que la vicepresidenta apoya y promueve en silencio? Parece insuficiente.
 
Sin una propuesta explícita que interpele a la sociedad, el peronismo le entregará, por segunda vez en ocho años, el poder a un espacio político gorila cuya principal identidad reside en la voluntad es verlo reducido a la mínima expresión, amaestrado o directamente inexistente. Prácticamente una invitación al suicidio político, un sacrificio en el altar de sus perseguidores, donde el papel de chivo expiatorio recaerá, como siempre, en las clases medias y populares, ajustando con aguante.
 

19-03-2023 / 10:03
En política, se suele explicar, dos más dos casi nunca (o nunca) es igual a cuatro. El sabio proverbio retoma vigencia tras conocerse el índice de precios al consumidor de febrero. El 6,6 por ciento es más que el seis como seis por ciento en el Palacio, en el Ágora, en el mundillo político.
 
Para la curtida gente común el porcentaje está por debajo de la inflación real, a la que sufren día tras día. La miden con el ojímetro y la experiencia. En una de esas aciertan más que los consultores económicos y que varios funcionarios.
 
Las subas que padecen las personas de a pie refieren en particular a sus consumos ineludibles, empezando por los alimentos y artículos del hogar que superan a la media. "¿Qué culpa tiene el tomate?" cantaban los republicanos españoles. Ninguna, concluyen los dones y doñas nadies, Juan y Juana Pueblo: responsabilizan a las autoridades o a grandes empresas. Las autoridades, en primer lugar.
 
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) recobró credibilidad y prestigio, enhorabuena. Sus informes son creíbles. Para acrecentar su prestigio el ente comandado por Marco Lavagna difunde los índices de precios en un día prefijado, a las cuatro de la tarde, la hora señalada.
 
El martes pasado hasta los gurúes de derecha más chantas y valorados predecían unas décimas menos. El equipo del ministro de Economía Sergio Massa vaticinaba también entre 5,8 por ciento y 6,2 por ciento guarismos abrumadores de por sí. El INDEC no filtró data, por lo visto. El índice sacudió al oficialismo que no insinuó respuesta novedosa hasta el cierre de esta nota.
 
En la misma semana el Fondo Monetario Internacional (FMI) metió pressing al Gobierno mientras aliviaba una de las metas del acuerdo: el nivel de reservas. Quedó incumplible como tantas otras. Ante un pésimo trance nacional y local el Fondo cuestionó a la moratoria previsional, la rotuló como inesperada. Mocionó que se atenúe el respectivo impacto fiscal.
 
Voces oficiales en off (el esperanto de la etapa) divulgaron que un posible rebusque sería limitar la cantidad de beneficiarios escudriñando niveles de pudiencia o algo así. Cuánto gastan en tarjetas, si compraron divisas, si son dueños de su hogar, etcéteras. Y reducir el número de beneficiarios potenciales.
 
Sería muy complicado poner en práctica la reforma, interpreta este cronista. Y lo que es más grave, se desnaturalizaría el espíritu de la moratoria. El Gobierno no debe ceder a las presiones, serruchando el piso de protección para los jubilados. Podrá ser peliagudo plantarse, vaya uno a saber... pero el suicidio sería peor.
 

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