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El clima en Paraná

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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau
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Nacionales - 15-03-2023 / 09:03
EL INDEC COMUNICÓ UNA INFLACIÓN DE 6,6 POR CIENTO QUE ALCANZÓ 102,5 EN EL AÑO

Lo que mata es la inflación: en Economía reconocen que la inercia complica el objetivo del 60%

Lo que mata es la inflación: en Economía reconocen que la inercia complica el objetivo del 60%
En otro duro golpe al bolsillo, el Índice de Precios al Consumidor aumentó un 6,6% en febrero, lo que llevó la medición anual a 102,5%. La suba estuvo impulsada por el precio de la carne, que tuvo un salto de alrededor del 30%, y por el incumplimiento de los acuerdos de grandes empresas alimenticias. Economía promete ajustar el control, pero el lazo con el FMI lo condiciona.
Tras conocerse la inflación de febrero, que en la medición interanual quebró los tres dígitos, altas fuentes del Palacio de Hacienda ya reconocieron que no garantizan que puedan cumplir con el objetivo previsto para este año. "Nuestra meta es llegar a eso, ese es el norte que perseguimos. La macro es consistente con un 4% mensual, pero la dinámica de febrero dejó una inercia alta para marzo. No nos queda más remedio que seguir trabajando en el ordenamiento fiscal hasta que haga efecto. Podés tener un mal partido pero el sistema de juego es bueno y apuntamos a ganar el próximo encuentro", consideraron.
 
En ese proceso identificaron "factores inerciales" como la devaluación, las paritarias, el cepo y la brecha cambiaria, que según entienden funciona como incentivo para que las empresas aumenten sus márgenes de ganancia. También destacaron que en el salto del IPC de febrero jugó un papel fundamental la renovación de Precios Justos.
 
De todas formas, esto es algo que los economistas vienen señalando desde que se conocieron los detalles del Presupuesto 2023 y con el antecedente de que la inflación finalizó en 94,8% el año pasado. Por caso, la consultora Ecolatina explicó que para llegar al 60% el IPC debería promediar el 3,5% entre marzo y diciembre.
 
Uno de los factores claves para el Frente de Todos de cara a las elecciones es mostrar un buen resultado en ese frente. Los pronósticos privados anticipan que el tercer mes estará en torno al 7% y que el primer trimestre tocará el 20%, por lo que consumirá un tercio de la meta oficial.
 
En concreto, Economía resalta que el BCRA no financia directamente el déficit fiscal y que si se suma la emisión "indirecta" a través de pasivos remunerados la nominalidad debería estar en línea con sus proyecciones. La explicación que asignan al desvío que se observa actualmente tiene que ver con lo que llamaron "factores inerciales" que juegan en contra de bajar la dinámica de precios.
 
En ese sentido, en el Palacio de Hacienda consideraron que sostener la meta de déficit fiscal del 1,9% del PBI con el FMI a pesar de la sequía "debería ser una señal fuerte porque hacemos todo lo posible para no financiarnos con emisión". Eso, entienden, hace que no tengan que intentar un ajuste mayor al que está en marcha para sobreactuar la convergencia fiscal.
 
El equipo económico del Gobierno recuerda que a los efectos de la guerra en Ucrania se sumaron la sequía, las heladas y la ola de calor que perjudica algunos cultivos "como el tomate". Por otro lado, destacaron que más allá del impacto que tuvo la carne en el IPC de febrero el relanzamiento de Precios Justos generó aumentos por encima del 3,2% mensual que tienen las empresas como pauta.
 
Un informe de la Secretaría de Comercio, que conduce Matías Tombolini, mostró que el reemplazo de algunos productos que estaban congelados, a los que se les permitieron incrementos por hasta 9% promedio, y el ingreso de otros artículos con valores más altos jugó al alza. Hubo empresas que también aumentaron por encima de lo permitido. "El efecto del acuerdo debería notarse a partir de marzo, con una variación promedio más cerca del 3,2% o 3,5%, porque el cumplimiento es del 98%", mencionaron en Economía.
 
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Alimentos sin control, FMI y el golpe político
 
El dato de febrero, el más alto de la gestión Massa, combina el impacto inflacionario del acuerdo con el Fondo y la violación de los acuerdos de las alimenticias.
 
El 6,6 por ciento de inflación del mes de febrero que comunicó el INDEC fue un dato muy duro para el bolsillo, para la Casa Rosada y el Ministerio de Economía. El número, el más alto desde que Sergio Massa es ministro -detrás del 7 por ciento de arrastre de Martín Guzmán- y el más alto anualizado en 30 años obliga al Gobierno a tener, sí o sí, un IPC de 3,5 por ciento hasta fin de año para llegar a la meta del 60 por ciento del Presupuesto, casi un imposible.
 
Pero abre además el debate sobre una perspectiva a futuro, en un año electoral, más que compleja por dos razones centrales: es una de las primeras veces que se combinan, para este número que pone la inflación anual en 102,5 por ciento, las subas récord en alimentos y una serie de violaciones a los acuerdos de precios por parte de las alimenticias, con el efecto inflacionario que el acuerdo con el Fondo Monetario (FMI) tiene sobre algunas variables como tarifas y precios regulados. Todo en un escenario de sequía que instala un período de alta volatilidad.
 
Además, y quizás sea este uno de los datos más importantes, se da horas después de que el organismo que comanda Kristalina Georgieva emitiera un comunicado condonando parte de la meta de acumulación de reservas del Banco Central (BCRA) pero advirtiéndole a la vez a Economía que está atado de pies y manos, sin aval del organismo, para hacer dos cosas que en año electoral parecen fundamentales si la idea es contener los precios: usar sus dólares para intervenir en el mercado cambiario y pisar tarifas de los servicios. Esto adelanta que el mes de marzo volverá a tener una inflación elevada, más cercana a los 7 puntos, según analistas.
 
Según el INDEC, el 6,6 de febrero es el tercer mes seguido de inflación en alza y completa un primer bimestre con 13,1 por ciento de suba en los precios, teniendo a Alimentos y Bebidas como el rubro que más pegó en todo el país, con un alza de 9,8 por ciento. Jugaron allí muy fuerte carnes, derivados de leche y huevos, pero también mayores alzas de precios de góndola.
 
Como viene contando hace meses Página I12, las alimenticias, para compensar lo que pierden de aumentar en los grandes híper con Precios Justos, vienen subiendo los precios en los barrios muy por encima de la media.
 
En Argentina, 8 de cada 10 compran fuera de los híper, por eso el Gobierno estaba tan preocupado el mes pasado por cómo los precios se moverían allí y adelantaban que iba a impactar en el IPC. Ahora, en los próximos días se vendrán medidas muy fuertes contra los que especularon, según supo este diario.
 
Con alimentos hay otro dato más político: en el GBA, donde se concentra el núcleo de votantes del Frente de Todos, Alimentos y Bebidas subió 10,2 por ciento, por sobre el índice nacional. Pegó además con dureza la carne: 28,6 por ciento el asado, 35 la picada y 32,8 la nalga, con el resto de los productos en esa línea. Según datos del centro CEPA, el consumo de carne representa, en la conformación del IPC, entre 7% (GBA) y 13,3% (noreste) del total, por eso "este incremento afectó sensiblemente el indicador de precios del mes".
 
En frutas, en tanto, hubo subas muy fuertes, como el 72 por ciento de la naranja; además de más de un 13 por ciento en huevos y 6,8 en cebolla. En esos dos rubros, el Gobierno también tiene un lado ciego de control y cumplimiento.
  
  
Los otros rubros
  
En el ranking de mayores aumentos aparecieron también los rubros Comunicación (7,8%), sobre la que incidió el alza de los servicios de telefonía e internet, y Restaurantes y hoteles (7,5%). Lo de Comunicación es un dato muy fuerte porque ya el mes previo había subido 8 por ciento. Aquí el Gobierno, vale decir, está condicionado por el freno que la Justicia le puso a la declaración de las telecomunicaciones como servicio público, lo que no le permite regular las alzas.
 
Además, se destacó el aumento de las cuotas de las prepagas, que impactó sobre el rubro Salud (5,3%); cigarrillos, en Bebidas alcohólicas y tabaco (5,2%); los combustibles, dentro de Transporte (4,9%); y los servicios de electricidad y agua en algunas regiones, en Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (4,8% este mes, el previo había dado 8).
 
En ese pelotón, también, el Gobierno hizo poco para no convalidar subas en Prepagas y avaló alzas en naftas de manera permanente, que condicionan el resto de los precios de la economía. Y allí se ve además cómo las subas de tarifas y quitas de subsidios, una imposición en el acuerdo con el FMI, tienen un peso casi habitual en el IPC de los meses pasados, actuales y futuros.
 
De hecho, el IPC núcleo, que mide precios sin regular, tuvo un aumento de 7,7 por ciento, muy por encima de la media, mientras que regulados le cargó 5,1 por ciento, demasiado si la idea es que el promedio general baje. Incluso restando rubros que otrora cargaban mucho (textiles pasó de 10 mensual a 3,9 y hubo un alza de 3,2 en educación), se disparó la inflación por los alimentos y el acuerdo con el FMI.
 
 
En los despachos oficiales
  
El dato sorprendió a todos, incluso superando a los cálculos de las consultoras privadas y bastante por encima del 6 por ciento de inflación del organismo estadístico de la Ciudad de Buenos Aires. En los despachos oficiales ya se venía viendo desde principios de mes que alimentos tendría una penetración federal muy fuerte, la más fuerte desde que Massa es ministro.
 
Fuentes oficiales contaron a este diario que el IPC de febrero se explica en las condiciones climáticas que "impactaron en la producción y el precio de los alimentos". Señalan no sólo a la sequía sino también a la ola de calor y a una helada tardía que complicó el precio de los frescos.
 
En paralelo, sostienen aunque fue alta, es menor a la de febrero del 2022. En enero había sido al reves, máas alta este enero que el del 22. "No queremos decir que estamos conformes ni mucho menos, solo lo vamos a estar cuando consolidemos un sendero sostenido a la baja", aclaran de todos modos en el oficialismo.
 
Además, en los próximos habrá una convocatoria a todas las empresas que han aumentado precios en los barrios tratando de gambetear el Precios Cuidados. "Se acabó la Argentina de ganar especulando. Para ganar más hay que producir más, no aumentar los precios", se escuchó de boca de un alto funcionario de Hacienda, que admite que una de las razones del IPC alto de febrero es la "rentabilidad cruzada".
 
En un año electoral en el que el Frente de Todos no definió candidatos y más que alguno en particular lo que podría condicionar sus posibilidades es el escenario general de precios, se especulan diferentes frentes de aquí a lo que queda del año. Según reconstruyó este diario con diferentes consultoras como Ecolatina y Analytica, el escenario más probable es que se termine con una inflación superior al 90 por ciento y un promedio mensual de 5,5.
 
Luego, hay escenarios optimistas y pesimistas. El optimista es de 60,1 por ciento de inflación con 4 mensual; o 79,6 si todos los meses de acá a fin de año dieran 5 por ciento. Los pesimistas, en tanto, son un 101,2 por ciento con 6 todos los meses, o 152,2 por ciento si hubiera 7 mensuales.
 
En el Gobierno insisten en que el sendero se ordenará, pero los condicionantes de política económica del FMI ponen a prueba no sólo la pericia para manejar los números internos, sino para ver cuánta flexibilidad real tiene el organismo multilateral ante una Argentina a la que cumplir con el Fondo le dificulta la perspectiva de corto y largo plazo.
 
Por Leandro Renou
 
Fuentes: Página 12 y BAE Negocios
 

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18-02-2026 / 10:02
Comenzó la reforma laboral y la empresa de neumáticos Fate resolvió el cierre definitivo de su planta en San Fernando tras 80 años. No hubo ninguna notificación ni aviso por parte de la empresa. La Policía ocupó la planta, demoró a Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, e hirió con balas de goma a trabajadores, quienes ingresaron pacíficamente a la planta y desde ahí llaman a solidarizarse con su pelea contra el cierre. Los dueños culparon a la política de apertura de importaciones indiscriminadas del gobierno libertario de Javier "el Loco" Milei, que destruye cada vez más la industria nacional.
 
Con una cruda declaración pública que demuestra los daños del modelo económico del gobierno anarco capitalista en la producción nacional, la compañía propiedad de la familia Madanes Quintanilla aclaró que el anuncio no se trata de un concurso preventivo de acreedores y descartó una reestructuración o un plan de salvataje. Se trata del cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente. "Se liquida todo y se baja la persiana", sentenciaron.
  
En un comunicado, la firma dejó claro que la principal consecuencia de la decisión que deja en la calle a casi mil familias se debe a la política de apertura de importaciones impulsada por la administración de La Libertad Avanza (LLA). Fate estaba produciendo 150 mil neumáticos mensuales, el 25 por ciento de su capacidad. Hoy, el 75 por ciento de las ruedas del mercado son chinas. Los otros grandes jugadores del sector, Pirelli y Bridgestone, enfrentan situaciones similares.
 
"Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre", dice el comunicado emitido a primeras horas de hoy por FATE. "Las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán dentro del plazo legal", aseguró el texto.
  
La planta de San Fernando es una de las más grandes del país y tenía una capacidad productiva que superó los 5 millones de neumáticos por año. Sin embargo, esa eficiencia se vio sacudida por el ingreso de 860.000 cubiertas de origen chino importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios obligó a Fate a rebajar sus productos y, consecuentemente, a dejar por el piso sus márgenes de ganancia.
 
Su cierre se trata de un evento anunciado. Desde 2024, la empresa había advertido sobre los golpes en su competitividad producto de la apertura económica indiscriminada que afecta la producción nacional. Durante los últimos dos años, la crisis comercial y productiva que hundió a la empresa fue erosionando la relación con los empleados, que a través de la representación gremial reclamó permanentemente sobre los daños al costo laboral, sueldos atrasados y reducción de jornadas de trabajo.
 
En su declaración, la compañía recordó que "a lo largo de más de ocho décadas Fate construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad".
 
"Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina", destacó. Milei los liquidó.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 10:02
El ministro de Economía, el endeudador serial Luis "Toto" Caputo, salió este domingo a interpelar públicamente al empresariado por la falta de respaldo explícito a la reforma laboral retrograda y esclavista impulsada por el Gobierno anarco capitalista. A través de un mensaje directo en redes sociales, el funcionario expresó su "asombro" ante lo que consideró una reacción tibia -o directamente nula- de las cámaras empresarias frente a los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.
 
El reclamo de Caputo se produjo en un momento de alta tensión política y sindical, con la Confederación General del Trabajo convocando a un paro en rechazo al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ministro buscó correr el foco del conflicto y presionar al sector privado para que se pronuncie en favor de una reforma que el Ejecutivo presenta como anti trabajadores.
 
El eje del planteo oficial es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos herramientas que apuntan a reducir significativamente el costo laboral. La reforma permitiría bajar las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador desde el 27 actual al 15 por ciento durante un período de 48 meses. En términos más amplios, la cuña laboral promedio se reduciría del 44 al 32 por ciento del salario bruto.
 
Pese a estos números, Caputo se mostró molesto por la falta de entusiasmo empresario. "Les bajamos un 85 por ciento las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", escribió en la red social X.
 
Sin embargo, el silencio por parte del empresariado expone una incomodidad que el Gobierno subestima. Voces del sector privado reconocen que la baja de cargas es un incentivo relevante, pero advierten que persisten dudas sobre la implementación del nuevo esquema, la estabilidad macroeconómica y la falta de políticas complementarias para reactivar la producción y el crédito. En sectores industriales, incluso, señalan que la reducción de costos laborales no alcanza si no hay demanda ni financiamiento.
 
Mientras el Gobierno ultra derechista exhibe el recorte de cargas patronales como una concesión histórica al empresariado, las principales cámaras evitan celebrarlo abiertamente, atrapadas entre el conflicto sindical, la incertidumbre económica y un modelo laboral que todavía genera más interrogantes que certezas.
 
Muchos empresarios están sensibilizados por los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores, afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y por lo tanto achica aún más el mercado interno, con lo que a las Pymes les pega de lleno.
 
Los empresarios ni fu ni fa con la medida. En tanto, la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día en que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno libertario quiere que la Cámara de Diputados lo transforme urgente en ley, aunque si le hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios del transporte.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 08:02
El gobierno del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei volvió a quedar en el centro del escándalo por un vergonzoso contrato estatal que cuestiona su prédica contra la "casta" y las prácticas de su gestión. La controversia gira en torno a una adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico "Pelado" Sturzenegger, el de la motosierra y el "achicamiento del Estado" para todos, menos para su esposa.
 
La contratación, formalizada mediante una disposición oficial publicada en el sistema COMPR.AR, asciende a 114.044.133 de pesos y contempla la capacitación en inglés de 132 empleados durante 2026. El procedimiento utilizado fue una "Adjudicación Simple por Especialidad", justificada en el expediente bajo el argumento de que la AACI era el único proveedor capaz de garantizar la continuidad del programa formativo. Sin embargo, el dato de que se registró una sola oferta -la de la propia entidad adjudicada- alimentó cuestionamientos sobre la competencia real del proceso.
 
El vínculo matrimonial entre Rouillet y Sturzenegger obligó a activar el mecanismo de integridad previsto por el Decreto 202/2017. En ese marco intervinieron la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, que confirmaron en dictamen la existencia de un vínculo familiar directo con un ministro nacional. Como respuesta, el área de Compras recomendó la firma de un Pacto de Integridad para prevenir conflictos de interés.
 
Aunque ese procedimiento se presentó como garantía de transparencia, especialistas en administración pública suelen advertir que estos mecanismos son correctivos y no sustituyen el principio básico de evitar situaciones que puedan generar sospechas de favoritismo. El hecho de que el Estado contrate a una organización dirigida por un familiar directo de un funcionario de alto rango, aun con controles formales, expone una zona gris difícil de conciliar con el discurso oficial contra los privilegios políticos de casta.
 
El caso no es aislado. Registros del mismo portal oficial muestran que Cancillería ya había contratado a la AACI en 2024 por 55.388.180 pesos para un servicio similar. En esa ocasión, la documentación pública no incluía un Pacto de Integridad ni permitía descargar el pliego completo, lo que suma interrogantes sobre la consistencia de los estándares de transparencia aplicados.

Desde su campaña presidencial, Milei construyó su identidad política en torno a la denuncia de la "casta" y la promesa de terminar con los beneficios para funcionarios y allegados. Sin embargo, episodios como este niegan esa narrativa. Si bien la contratación no fue declarada ilegal y siguió los pasos administrativos exigidos, el problema radica en el plano político: la percepción de que ciertos vínculos personales siguen teniendo acceso privilegiado a recursos públicos.

La defensa oficial se apoya en la legalidad de los procedimientos. Pero la discusión pública se mueve en otro terreno: el de la legitimidad ética y simbólica. En un gobierno que hizo de la austeridad y la lucha contra los privilegios su principal bandera, cada contratación que involucra familiares directos de altos cargos se convierte en una prueba de inconsistencia. Ya denunciaron penalmente a Sturzenegger.

 
El caso, lejos de cerrarse con la firma de un supuesto pacto administrativo, reabre el debate sobre hasta qué punto la promesa de terminar con la "casta" queda limitada al terreno discursivo. Porque, cuando los beneficiarios de contratos estatales están vinculados a la cúpula del poder, la distancia entre relato y realidad es indisimulable.
 
La Opinión Popular
 
 

16-02-2026 / 09:02
Si algo faltaba para completar la foto de una ofensiva gubernamental a todo trapo, llegó con las medias sanciones de reforma laboral y baja en la edad de punibilidad. Triunfo político del Gobierno, sin dudas, con paliza para la oposición. Sin embargo, resta constatar si esa foto es parte de una película rumbo a ser concluida o si, al cabo, no es más que un recuadro.
 
Lo que el oficialismo se anima a denominar como "modernización" de las condiciones laborales se vio impregnado por el despliegue represivo en los alrededores del Congreso. Hay que detenerse en este punto, porque algunos de sus rasgos son sustantivos para entender fondos de la cuestión.
 
Hubo una marcha de protesta -no impactante, sí muy numerosa- que se dispersó apenas diseminado el impresionante operativo policial. Esos manifestantes fueron ignorados por la prensa oficialista, desde ya. Pero resulta que los medios opositores, con escasas excepciones, también ningunearon a los manifestantes. Prefirieron centrarse en lo burdo de infiltrados y/o marginales que fueron a pudrirla, casi sin registro de quiénes, cuántos, con qué composición, habían ganado la calle.
 
Todo fue de manual. Cuando una manifestación es imponente y bien organizada, no hay services ni ocho cuartos capaces de empiojar. Hacía falta -y esto no se dice con el diario de lunes, sino con repetida evidencia- que los organizadores tomaran precauciones ante lo obvio. No lo hicieron, y lo obvio sucedió.
 
Primeros apuntes, entonces: una marcha justificadísima pero convocada sin mayor convicción, empezando por la otrora "central obrera", y unos marchantes que quedaron al arbitrio de ser operados en forma infantil.
 
Luego, adentro del Congreso ya estaba cocinado que la cúpula cegetista -no hablamos de toda la CGT- había conseguido retener sus cuotas de privilegios burocráticos en materia de aportes sindicales y empresariales. Ellos y los tránsfugas del peronismo "del interior" o "dialoguista", en reemplazo de otras definiciones que hoy resuman de qué se trata el peronismo por fuera de consignas clásicas.
 
Lo objetivo es que se medio-sancionó una reforma de la que, en primer término, una mayoría de la población no tiene o parece no tener ni la menor idea informativa. "Porque son todos iguales". "Porque gracias si me dedico a arreglarme como puedo". "Porque la política no me interesa" y, con sus variantes, sigue la lista de respuestas similares.
 
Viene la votación en Diputados. No debiera arriesgarse una sentencia concluyente porque, en un país político como éste que para bien y mal siempre depara sorpresas, habrá de verse si no falla alguna transa en el propio oficialismo. Por caso, es incierto que el ítem espeluznante de las licencias por enfermedad atraviese el filtro de la Cámara Baja.
 
Como fuere y de hecho, el gobierno de los Milei se metió sus denuncias retóricas contra "las ratas de los senadores" allí donde la espalda pierde su buen nombre y honor. Negoció cuanto era necesario y dos de los grandes bloques de intereses, el del empresariado sin un mínimo rasgo de burguesía inteligente y el de los dirigentes sindicales entregados, obtuvieron lo que querían.
 
Nadie en su sano juicio supone que esta reforma significará potenciar el mercado laboral, ni oportunidades de empleo, ni cosa que se le asemeje. Lo aceptan ellos mismos, los voceros del establishment, en sus diálogos reservados. Reconocen que se da trabajo cuando crece la economía y la gente tiene un mango en el bolsillo. No cuando se profundizan las condiciones contractuales entre el zorro y las gallinas.
 

15-02-2026 / 09:02
Hay algo que Javier "el Loco" Milei parece haber entendido con claridad y que demuestra que, más allá de cuán loco esté, tiene intuición política. Lo que Milei entendió es que la oligarquía: los sectores del poder fáctico de la argentina, los siete grupos empresarios aglutinados en AEA, los medios de comunicación hegemónicos, el Poder Judicial de la guarida de Cómodo Py, tienen un mismo jefe. Vive en Avenida Pennsylvania al 1600, en la Casa Blanca, ciudad de Washington. Milei puede decirle "señor chatarrín" al supuestamente todo poderoso Paolo Rocca porque tiene el respaldo abierto de Donald Trump. El líder del Grupo Techint jamás entraría en fricción con el inquilino de la Casa Blanca. Lo mismo se aplica a Héctor Magnetto de Clarín y a toda la cúpula judicial. 
 
El "gran empresariado argentino", a diferencia del brasileño, no tiene proyecto nacional. Una "burguesía nacional" se piensa a si misma rivalizando con otras por negocios y mercados. Eduardo Duhalde, cuando fue presidente interino, decía que había que cobrarle impuestos a los grandes empresarios, pero "aliarse con ellos" para rivalizar con las empresas de otras latitudes. Es la concepción básica del capitalismo nacional. El punto es que los grupos económicos locales no tienen una visión de país. Su imaginario es el de quien administra un territorio colonial. Tienen sus cuentas en EE UU y consiguen ahí el financiamiento. Entonces están sometidos a la legislación americana y a los jueces americanos que sólo un niño puede creer que son independientes.
 
Cristina Fernández está presa por el deseo de venganza de la derecha argentina que quiere darle una lección a la clase política. Es cierto. Pero también es una perseguida política de un sector del poder estadounidense que hoy está gobernando. El anuncio del secretario de Estado Marco Rubio en marzo de 2025 de que le quitaba la visa a CFK para ingresar a EE UU fue la batiseñal para que el poder judicial argentino actuara. Y lo hizo de inmediato. El poder judicial es veloz cuando las órdenes vienen del jefe supremo. Hay que recordar el episodio vergonzoso del Boing 747 de la empresa venezolana Emtrasur que fue directamente robado por la justicia argentina por orden de EE UU. Los jueces le tienen terror a la CIA.
 
Incluso entre los políticos peronistas, si se mira con detenimiento, los que conservan buenas relaciones con Washington también tienen menos problemas judiciales. No es una crítica a esos dirigentes ni una acusación de cipayismo. Es una descripción de cómo funciona el poder en Argentina, de quién maneja los hilos detrás del telón. El economista Roberto Felleti sostiene la hipótesis de que Milei quiere reemplazar al gran capital argentino por uno de origen norteamericano. El único freno que ese proyecto podría tener está en el propio Estados Unidos. El gran capital local se entregaría sin ofrecer resistencia.
 
¿Cómo se libera a la Colonia Argentina? Liberarla del todo es imposible. Se pueden ganar márgenes de soberanía. Los 12 años de peronismo muestran que mientras más soberanía se gana mejor vive el pueblo. No existe la colonia próspera. Es la gran mentira de la derecha. Tampoco hay prosperidad enfrentándose por completo al imperio militar más poderosos que conoció la historia humana. Es un juego de equilibrios.
 
El documento que anunció la lista de unidad para elegir las autoridades del peronismo bonaerense es una luz en el camino. Se sabe que quienes lo firmaron no se quieren demasiado. No se reunirían para brindar en año nuevo. La política se trata justamente de construir entre los que no se quieren en pos de un objetivo superior. El documento tiene dos puntos clave: termina de posicionar a Axel Kicillof como jefe político y no como subalterno y pone el acento en la necesidad de lograr la liberación de CFK como objetivo estratégico. No hay recuperación de soberanía sin la liberación de Cristina. Y el peronismo no tiene sentido sin la búsqueda de soberanía.
 
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