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El clima en Paraná

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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau
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Nacionales - 15-03-2023 / 09:03
EL INDEC COMUNICÓ UNA INFLACIÓN DE 6,6 POR CIENTO QUE ALCANZÓ 102,5 EN EL AÑO

Lo que mata es la inflación: en Economía reconocen que la inercia complica el objetivo del 60%

Lo que mata es la inflación: en Economía reconocen que la inercia complica el objetivo del 60%
En otro duro golpe al bolsillo, el Índice de Precios al Consumidor aumentó un 6,6% en febrero, lo que llevó la medición anual a 102,5%. La suba estuvo impulsada por el precio de la carne, que tuvo un salto de alrededor del 30%, y por el incumplimiento de los acuerdos de grandes empresas alimenticias. Economía promete ajustar el control, pero el lazo con el FMI lo condiciona.
Tras conocerse la inflación de febrero, que en la medición interanual quebró los tres dígitos, altas fuentes del Palacio de Hacienda ya reconocieron que no garantizan que puedan cumplir con el objetivo previsto para este año. "Nuestra meta es llegar a eso, ese es el norte que perseguimos. La macro es consistente con un 4% mensual, pero la dinámica de febrero dejó una inercia alta para marzo. No nos queda más remedio que seguir trabajando en el ordenamiento fiscal hasta que haga efecto. Podés tener un mal partido pero el sistema de juego es bueno y apuntamos a ganar el próximo encuentro", consideraron.
 
En ese proceso identificaron "factores inerciales" como la devaluación, las paritarias, el cepo y la brecha cambiaria, que según entienden funciona como incentivo para que las empresas aumenten sus márgenes de ganancia. También destacaron que en el salto del IPC de febrero jugó un papel fundamental la renovación de Precios Justos.
 
De todas formas, esto es algo que los economistas vienen señalando desde que se conocieron los detalles del Presupuesto 2023 y con el antecedente de que la inflación finalizó en 94,8% el año pasado. Por caso, la consultora Ecolatina explicó que para llegar al 60% el IPC debería promediar el 3,5% entre marzo y diciembre.
 
Uno de los factores claves para el Frente de Todos de cara a las elecciones es mostrar un buen resultado en ese frente. Los pronósticos privados anticipan que el tercer mes estará en torno al 7% y que el primer trimestre tocará el 20%, por lo que consumirá un tercio de la meta oficial.
 
En concreto, Economía resalta que el BCRA no financia directamente el déficit fiscal y que si se suma la emisión "indirecta" a través de pasivos remunerados la nominalidad debería estar en línea con sus proyecciones. La explicación que asignan al desvío que se observa actualmente tiene que ver con lo que llamaron "factores inerciales" que juegan en contra de bajar la dinámica de precios.
 
En ese sentido, en el Palacio de Hacienda consideraron que sostener la meta de déficit fiscal del 1,9% del PBI con el FMI a pesar de la sequía "debería ser una señal fuerte porque hacemos todo lo posible para no financiarnos con emisión". Eso, entienden, hace que no tengan que intentar un ajuste mayor al que está en marcha para sobreactuar la convergencia fiscal.
 
El equipo económico del Gobierno recuerda que a los efectos de la guerra en Ucrania se sumaron la sequía, las heladas y la ola de calor que perjudica algunos cultivos "como el tomate". Por otro lado, destacaron que más allá del impacto que tuvo la carne en el IPC de febrero el relanzamiento de Precios Justos generó aumentos por encima del 3,2% mensual que tienen las empresas como pauta.
 
Un informe de la Secretaría de Comercio, que conduce Matías Tombolini, mostró que el reemplazo de algunos productos que estaban congelados, a los que se les permitieron incrementos por hasta 9% promedio, y el ingreso de otros artículos con valores más altos jugó al alza. Hubo empresas que también aumentaron por encima de lo permitido. "El efecto del acuerdo debería notarse a partir de marzo, con una variación promedio más cerca del 3,2% o 3,5%, porque el cumplimiento es del 98%", mencionaron en Economía.
 
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Alimentos sin control, FMI y el golpe político
 
El dato de febrero, el más alto de la gestión Massa, combina el impacto inflacionario del acuerdo con el Fondo y la violación de los acuerdos de las alimenticias.
 
El 6,6 por ciento de inflación del mes de febrero que comunicó el INDEC fue un dato muy duro para el bolsillo, para la Casa Rosada y el Ministerio de Economía. El número, el más alto desde que Sergio Massa es ministro -detrás del 7 por ciento de arrastre de Martín Guzmán- y el más alto anualizado en 30 años obliga al Gobierno a tener, sí o sí, un IPC de 3,5 por ciento hasta fin de año para llegar a la meta del 60 por ciento del Presupuesto, casi un imposible.
 
Pero abre además el debate sobre una perspectiva a futuro, en un año electoral, más que compleja por dos razones centrales: es una de las primeras veces que se combinan, para este número que pone la inflación anual en 102,5 por ciento, las subas récord en alimentos y una serie de violaciones a los acuerdos de precios por parte de las alimenticias, con el efecto inflacionario que el acuerdo con el Fondo Monetario (FMI) tiene sobre algunas variables como tarifas y precios regulados. Todo en un escenario de sequía que instala un período de alta volatilidad.
 
Además, y quizás sea este uno de los datos más importantes, se da horas después de que el organismo que comanda Kristalina Georgieva emitiera un comunicado condonando parte de la meta de acumulación de reservas del Banco Central (BCRA) pero advirtiéndole a la vez a Economía que está atado de pies y manos, sin aval del organismo, para hacer dos cosas que en año electoral parecen fundamentales si la idea es contener los precios: usar sus dólares para intervenir en el mercado cambiario y pisar tarifas de los servicios. Esto adelanta que el mes de marzo volverá a tener una inflación elevada, más cercana a los 7 puntos, según analistas.
 
Según el INDEC, el 6,6 de febrero es el tercer mes seguido de inflación en alza y completa un primer bimestre con 13,1 por ciento de suba en los precios, teniendo a Alimentos y Bebidas como el rubro que más pegó en todo el país, con un alza de 9,8 por ciento. Jugaron allí muy fuerte carnes, derivados de leche y huevos, pero también mayores alzas de precios de góndola.
 
Como viene contando hace meses Página I12, las alimenticias, para compensar lo que pierden de aumentar en los grandes híper con Precios Justos, vienen subiendo los precios en los barrios muy por encima de la media.
 
En Argentina, 8 de cada 10 compran fuera de los híper, por eso el Gobierno estaba tan preocupado el mes pasado por cómo los precios se moverían allí y adelantaban que iba a impactar en el IPC. Ahora, en los próximos días se vendrán medidas muy fuertes contra los que especularon, según supo este diario.
 
Con alimentos hay otro dato más político: en el GBA, donde se concentra el núcleo de votantes del Frente de Todos, Alimentos y Bebidas subió 10,2 por ciento, por sobre el índice nacional. Pegó además con dureza la carne: 28,6 por ciento el asado, 35 la picada y 32,8 la nalga, con el resto de los productos en esa línea. Según datos del centro CEPA, el consumo de carne representa, en la conformación del IPC, entre 7% (GBA) y 13,3% (noreste) del total, por eso "este incremento afectó sensiblemente el indicador de precios del mes".
 
En frutas, en tanto, hubo subas muy fuertes, como el 72 por ciento de la naranja; además de más de un 13 por ciento en huevos y 6,8 en cebolla. En esos dos rubros, el Gobierno también tiene un lado ciego de control y cumplimiento.
  
  
Los otros rubros
  
En el ranking de mayores aumentos aparecieron también los rubros Comunicación (7,8%), sobre la que incidió el alza de los servicios de telefonía e internet, y Restaurantes y hoteles (7,5%). Lo de Comunicación es un dato muy fuerte porque ya el mes previo había subido 8 por ciento. Aquí el Gobierno, vale decir, está condicionado por el freno que la Justicia le puso a la declaración de las telecomunicaciones como servicio público, lo que no le permite regular las alzas.
 
Además, se destacó el aumento de las cuotas de las prepagas, que impactó sobre el rubro Salud (5,3%); cigarrillos, en Bebidas alcohólicas y tabaco (5,2%); los combustibles, dentro de Transporte (4,9%); y los servicios de electricidad y agua en algunas regiones, en Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (4,8% este mes, el previo había dado 8).
 
En ese pelotón, también, el Gobierno hizo poco para no convalidar subas en Prepagas y avaló alzas en naftas de manera permanente, que condicionan el resto de los precios de la economía. Y allí se ve además cómo las subas de tarifas y quitas de subsidios, una imposición en el acuerdo con el FMI, tienen un peso casi habitual en el IPC de los meses pasados, actuales y futuros.
 
De hecho, el IPC núcleo, que mide precios sin regular, tuvo un aumento de 7,7 por ciento, muy por encima de la media, mientras que regulados le cargó 5,1 por ciento, demasiado si la idea es que el promedio general baje. Incluso restando rubros que otrora cargaban mucho (textiles pasó de 10 mensual a 3,9 y hubo un alza de 3,2 en educación), se disparó la inflación por los alimentos y el acuerdo con el FMI.
 
 
En los despachos oficiales
  
El dato sorprendió a todos, incluso superando a los cálculos de las consultoras privadas y bastante por encima del 6 por ciento de inflación del organismo estadístico de la Ciudad de Buenos Aires. En los despachos oficiales ya se venía viendo desde principios de mes que alimentos tendría una penetración federal muy fuerte, la más fuerte desde que Massa es ministro.
 
Fuentes oficiales contaron a este diario que el IPC de febrero se explica en las condiciones climáticas que "impactaron en la producción y el precio de los alimentos". Señalan no sólo a la sequía sino también a la ola de calor y a una helada tardía que complicó el precio de los frescos.
 
En paralelo, sostienen aunque fue alta, es menor a la de febrero del 2022. En enero había sido al reves, máas alta este enero que el del 22. "No queremos decir que estamos conformes ni mucho menos, solo lo vamos a estar cuando consolidemos un sendero sostenido a la baja", aclaran de todos modos en el oficialismo.
 
Además, en los próximos habrá una convocatoria a todas las empresas que han aumentado precios en los barrios tratando de gambetear el Precios Cuidados. "Se acabó la Argentina de ganar especulando. Para ganar más hay que producir más, no aumentar los precios", se escuchó de boca de un alto funcionario de Hacienda, que admite que una de las razones del IPC alto de febrero es la "rentabilidad cruzada".
 
En un año electoral en el que el Frente de Todos no definió candidatos y más que alguno en particular lo que podría condicionar sus posibilidades es el escenario general de precios, se especulan diferentes frentes de aquí a lo que queda del año. Según reconstruyó este diario con diferentes consultoras como Ecolatina y Analytica, el escenario más probable es que se termine con una inflación superior al 90 por ciento y un promedio mensual de 5,5.
 
Luego, hay escenarios optimistas y pesimistas. El optimista es de 60,1 por ciento de inflación con 4 mensual; o 79,6 si todos los meses de acá a fin de año dieran 5 por ciento. Los pesimistas, en tanto, son un 101,2 por ciento con 6 todos los meses, o 152,2 por ciento si hubiera 7 mensuales.
 
En el Gobierno insisten en que el sendero se ordenará, pero los condicionantes de política económica del FMI ponen a prueba no sólo la pericia para manejar los números internos, sino para ver cuánta flexibilidad real tiene el organismo multilateral ante una Argentina a la que cumplir con el Fondo le dificulta la perspectiva de corto y largo plazo.
 
Por Leandro Renou
 
Fuentes: Página 12 y BAE Negocios
 

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21-02-2026 / 10:02
Mundo desequilibrado. Discuten el futuro de Palestina para convertirla en una Miami del Medio Oriente, pero no consultan a los palestinos. En Argentina, el gobierno de Javier "el Loco" Milei organiza el trabajo como una Disneylandia para empresarios, y no consulta a los trabajadores. A diferente escala, porque en el primer caso se oculta un genocidio. Pero los argentinos trajinan sus propias tragedias con el cierre brutal de empresas y miles de trabajadores lanzados a la calle.
 
El jueves, cuando en Buenos Aires Diputados aprobaba la reforma laboral, en el marco de un paro nacional muy masivo, en Washington el cipayo Milei, se deshacía en elogios al mandatario estadounidense Donald Trump, que se autoproclamó presidente vitalicio del Consejo de la Paz. Trump habló de sus proyectos inmobiliarios de pacificación en Gaza, sin hablar de desmilitarizarla primero, al mismo tiempo que amenazaba, pacíficamente, con bombardear a Irán.
 
En este Occidente en decadencia y tan desigual y desequilibrado suceden cosas insólitas. En medio de su relajado discurso, en el que insistió que "no me interesa el premio Nobel de la Paz, me importa salvar vidas, que quede claro", Trump detuvo su alocución para piropear al presidente paraguayo, Santiago Peña: "un joven hermoso y apuesto, pero a mí no me gustan los hombres jóvenes y apuestos, a mí me gustan las mujeres".
 
Al Consejo de la Paz se unieron 27 países, aunque a la reunión del jueves asistieron también representantes de la mayoría de los latinoamericanos y europeos, que prefirieron mantenerse en calidad de observadores.
 
El martes, cuando Milei abandonó el país, la empresa FATE anunció que cerraba las puertas de su fábrica de neumáticos y dejaba en la calle a 920 obreros. La mayoría de ellos tenía varias décadas de antigüedad en una empresa que se fundó hace 80 años y ha exportado neumáticos a Estados Unidos y Europa, pero no pudo resistir la apertura de las importaciones.
 
La destrucción de la Argentina productiva avanzó a velocidad de la luz con Milei. Primero fue la industria textil, después la de electrodomésticos, y ahora tocó el turno a industrias más consolidadas, como Techint de Paolo Rocca, o Fate de los Madanes.
 
Techint se trasnacionalizó, pero el sesgo progresista distinguió el crecimiento de Fate, con Aluar. El ministro de Economía de Perón, José Ber Gelbard fue socio de los Madanes en Aluar, cuando la empresa acogió a científicos que habían sido expulsados de Ciencias Exactas e Ingeniería por la dictadura de Onganía, como Manuel Sadovsky, Carlos Varsavsky y el ingeniero Humberto Ciancaglini.
 
En ese momento los titulares de la empresa eran Adolfo y Manuel Madanes, quien impulsó la participación de Gelbard y después las de Sadovsky y Varsavsky. Adolfo se resistía a las implicancias políticas que tenía el proyecto de su hermano. El actual dueño, Javier Madanes, es hijo de Adolfo y sobrino de Manuel.
 
Desde la gerencia de Investigación y Desarrollo impulsada por Sadovsky y Varsavsky se crearon mecanismos propios para la producción de aluminio, y se convocó a un grupo de ingenieros que décadas más tarde formaría parte del que fue el emprendimiento privado más estratégico de innovación tecnológica.
 

20-02-2026 / 10:02
La bronca desde abajo le impuso a la CGT el paro nacional. Fue contundente a pesar de los límites de la conducción y mostró que la reforma laboral esclavista de Javier "el Loco" Milei es socialmente ilegítima. Casi ningún colectivo, nada de trenes, nada de industria, el centro de la ciudad vacía, muchos comercios cerrados y en el conurbano la misma inactividad. La convocatoria al paro lanzada por la CGT y las dos CTA y militada por el Frente de Sindicatos Unidos tuvo un enorme respaldo. Pasada la medianoche se aprobó en Diputados con modificaciones. Ahora vuele al Senado.
 
El movimiento obrero no tiene la fuerza de los años del capitalismo industrial o de la sustitución de importaciones. Sin embargo, el acatamiento al paro fue de una masividad que debería llamar a la reflexión al Gobierno y a los miserables diputados que votaron la reforma laboral. Más que el movimiento obrero, el paro fue representativo de la mayoría de la sociedad. Hay rechazo al despojo de reivindicaciones históricas. Pero muchos de los que acataron el paro conocen poco la letra completa del proyecto de ley, pero interpretaron y rechazaron el sustrato de desprecio y discriminación a los trabajadores que conlleva la propuesta.
 
La carga de desprecio, el volumen de humillación y maltrato que sobrevuelan a toda la norma consolida la idea que quieren instalar de un país con ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. El personaje profundamente mediocre y ofensivo de Federico Sturzenegger expresa un fanatismo tan vulgar, tan gris, que no alcanza a percibir el rechazo profundo que produjo en la mayoría de la sociedad. El economista que fracasó en los gobiernos de Fernando de la Rúa y de Mauricio Macri ha sido la cara visible de esta propuesta y al que todos acusan de haber intercalado la miserable iniciativa de pagarles la mitad del salario a los trabajadores enfermos.
 
Hay una narrativa antiderechos, antipolítica y antisindical que se construyó sobre defectos que existen pero que son excepcionales si se los compara con los beneficios, a los que esa narrativa desprecia o, al menos no valora. Todo lo que sea derechos constituye un robo. Los discapacitados mienten su discapacidad, los trabajadores mienten cuando dicen que están enfermos, los trabajadores nunca van a la universidad, los científicos son diletantes, la política y el sindicalismo solo sirven para robar.
 
Pero se les fue la mano y tuvieron que retirar la monstruosidad de pagarle la mitad a un trabajador enfermo. Eso no ocurría ni con los esclavos. Esa burrada es Sturzenegger puro. Esa narrativa tomó cuerpo en un sector de la sociedad y mucha gente votó esta gestión. Pero cuando empiezan a sacar derechos y obligaciones que buscaban asegurar a todos los ciudadanos como sujetos de derecho, la mayoría se siente afectada, incluso muchos de los que votaron al Loco Milei. Puede ser que haya otra explicación para este paro contundente, pero sería importante que el masivo acatamiento a esta convocatoria sirva para la reflexión de muchos de los diputados y senadores que aprueban esta norma que los marcará a fuego.
 
Pero toda la norma está concebida desde ese lugar donde se considera al trabajador poco menos que como un estafador con el que los autores de la norma están obligados a convivir. Por eso, los radicales, los gobernadores traidores de Catamarca, Tucumán y Salta, que se dicen peronistas, y los diputados misioneros, todos ellos que colaboraron en habilitar esta ley, quedaron muy lejos de la expectativa de sus votantes. El punto crítico para este gobierno será cuando ese enorme porcentaje que rechaza estas políticas se convierta también en rechazo a los que las impulsan.
 
Para impedir que se apruebe hay que multiplicar fuerzas, peleando por imponer un verdadero paro activo de 36 horas, que garantice una movilización masiva para impedir el retroceso en protección laboral.
 
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18-02-2026 / 10:02
Comenzó la reforma laboral y la empresa de neumáticos Fate resolvió el cierre definitivo de su planta en San Fernando tras 80 años. No hubo ninguna notificación ni aviso por parte de la empresa. La Policía ocupó la planta, demoró a Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, e hirió con balas de goma a trabajadores, quienes ingresaron pacíficamente a la planta y desde ahí llaman a solidarizarse con su pelea contra el cierre. Los dueños culparon a la política de apertura de importaciones indiscriminadas del gobierno libertario de Javier "el Loco" Milei, que destruye cada vez más la industria nacional.
 
Con una cruda declaración pública que demuestra los daños del modelo económico del gobierno anarco capitalista en la producción nacional, la compañía propiedad de la familia Madanes Quintanilla aclaró que el anuncio no se trata de un concurso preventivo de acreedores y descartó una reestructuración o un plan de salvataje. Se trata del cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente. "Se liquida todo y se baja la persiana", sentenciaron.
  
En un comunicado, la firma dejó claro que la principal consecuencia de la decisión que deja en la calle a casi mil familias se debe a la política de apertura de importaciones impulsada por la administración de La Libertad Avanza (LLA). Fate estaba produciendo 150 mil neumáticos mensuales, el 25 por ciento de su capacidad. Hoy, el 75 por ciento de las ruedas del mercado son chinas. Los otros grandes jugadores del sector, Pirelli y Bridgestone, enfrentan situaciones similares.
 
"Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre", dice el comunicado emitido a primeras horas de hoy por FATE. "Las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán dentro del plazo legal", aseguró el texto.
  
La planta de San Fernando es una de las más grandes del país y tenía una capacidad productiva que superó los 5 millones de neumáticos por año. Sin embargo, esa eficiencia se vio sacudida por el ingreso de 860.000 cubiertas de origen chino importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios obligó a Fate a rebajar sus productos y, consecuentemente, a dejar por el piso sus márgenes de ganancia.
 
Su cierre se trata de un evento anunciado. Desde 2024, la empresa había advertido sobre los golpes en su competitividad producto de la apertura económica indiscriminada que afecta la producción nacional. Durante los últimos dos años, la crisis comercial y productiva que hundió a la empresa fue erosionando la relación con los empleados, que a través de la representación gremial reclamó permanentemente sobre los daños al costo laboral, sueldos atrasados y reducción de jornadas de trabajo.
 
En su declaración, la compañía recordó que "a lo largo de más de ocho décadas Fate construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad".
 
"Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina", destacó. Milei los liquidó.
 
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17-02-2026 / 10:02
El ministro de Economía, el endeudador serial Luis "Toto" Caputo, salió este domingo a interpelar públicamente al empresariado por la falta de respaldo explícito a la reforma laboral retrograda y esclavista impulsada por el Gobierno anarco capitalista. A través de un mensaje directo en redes sociales, el funcionario expresó su "asombro" ante lo que consideró una reacción tibia -o directamente nula- de las cámaras empresarias frente a los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.
 
El reclamo de Caputo se produjo en un momento de alta tensión política y sindical, con la Confederación General del Trabajo convocando a un paro en rechazo al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ministro buscó correr el foco del conflicto y presionar al sector privado para que se pronuncie en favor de una reforma que el Ejecutivo presenta como anti trabajadores.
 
El eje del planteo oficial es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos herramientas que apuntan a reducir significativamente el costo laboral. La reforma permitiría bajar las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador desde el 27 actual al 15 por ciento durante un período de 48 meses. En términos más amplios, la cuña laboral promedio se reduciría del 44 al 32 por ciento del salario bruto.
 
Pese a estos números, Caputo se mostró molesto por la falta de entusiasmo empresario. "Les bajamos un 85 por ciento las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", escribió en la red social X.
 
Sin embargo, el silencio por parte del empresariado expone una incomodidad que el Gobierno subestima. Voces del sector privado reconocen que la baja de cargas es un incentivo relevante, pero advierten que persisten dudas sobre la implementación del nuevo esquema, la estabilidad macroeconómica y la falta de políticas complementarias para reactivar la producción y el crédito. En sectores industriales, incluso, señalan que la reducción de costos laborales no alcanza si no hay demanda ni financiamiento.
 
Mientras el Gobierno ultra derechista exhibe el recorte de cargas patronales como una concesión histórica al empresariado, las principales cámaras evitan celebrarlo abiertamente, atrapadas entre el conflicto sindical, la incertidumbre económica y un modelo laboral que todavía genera más interrogantes que certezas.
 
Muchos empresarios están sensibilizados por los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores, afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y por lo tanto achica aún más el mercado interno, con lo que a las Pymes les pega de lleno.
 
Los empresarios ni fu ni fa con la medida. En tanto, la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día en que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno libertario quiere que la Cámara de Diputados lo transforme urgente en ley, aunque si le hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios del transporte.
 
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17-02-2026 / 08:02
El gobierno del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei volvió a quedar en el centro del escándalo por un vergonzoso contrato estatal que cuestiona su prédica contra la "casta" y las prácticas de su gestión. La controversia gira en torno a una adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico "Pelado" Sturzenegger, el de la motosierra y el "achicamiento del Estado" para todos, menos para su esposa.
 
La contratación, formalizada mediante una disposición oficial publicada en el sistema COMPR.AR, asciende a 114.044.133 de pesos y contempla la capacitación en inglés de 132 empleados durante 2026. El procedimiento utilizado fue una "Adjudicación Simple por Especialidad", justificada en el expediente bajo el argumento de que la AACI era el único proveedor capaz de garantizar la continuidad del programa formativo. Sin embargo, el dato de que se registró una sola oferta -la de la propia entidad adjudicada- alimentó cuestionamientos sobre la competencia real del proceso.
 
El vínculo matrimonial entre Rouillet y Sturzenegger obligó a activar el mecanismo de integridad previsto por el Decreto 202/2017. En ese marco intervinieron la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, que confirmaron en dictamen la existencia de un vínculo familiar directo con un ministro nacional. Como respuesta, el área de Compras recomendó la firma de un Pacto de Integridad para prevenir conflictos de interés.
 
Aunque ese procedimiento se presentó como garantía de transparencia, especialistas en administración pública suelen advertir que estos mecanismos son correctivos y no sustituyen el principio básico de evitar situaciones que puedan generar sospechas de favoritismo. El hecho de que el Estado contrate a una organización dirigida por un familiar directo de un funcionario de alto rango, aun con controles formales, expone una zona gris difícil de conciliar con el discurso oficial contra los privilegios políticos de casta.
 
El caso no es aislado. Registros del mismo portal oficial muestran que Cancillería ya había contratado a la AACI en 2024 por 55.388.180 pesos para un servicio similar. En esa ocasión, la documentación pública no incluía un Pacto de Integridad ni permitía descargar el pliego completo, lo que suma interrogantes sobre la consistencia de los estándares de transparencia aplicados.

Desde su campaña presidencial, Milei construyó su identidad política en torno a la denuncia de la "casta" y la promesa de terminar con los beneficios para funcionarios y allegados. Sin embargo, episodios como este niegan esa narrativa. Si bien la contratación no fue declarada ilegal y siguió los pasos administrativos exigidos, el problema radica en el plano político: la percepción de que ciertos vínculos personales siguen teniendo acceso privilegiado a recursos públicos.

La defensa oficial se apoya en la legalidad de los procedimientos. Pero la discusión pública se mueve en otro terreno: el de la legitimidad ética y simbólica. En un gobierno que hizo de la austeridad y la lucha contra los privilegios su principal bandera, cada contratación que involucra familiares directos de altos cargos se convierte en una prueba de inconsistencia. Ya denunciaron penalmente a Sturzenegger.

 
El caso, lejos de cerrarse con la firma de un supuesto pacto administrativo, reabre el debate sobre hasta qué punto la promesa de terminar con la "casta" queda limitada al terreno discursivo. Porque, cuando los beneficiarios de contratos estatales están vinculados a la cúpula del poder, la distancia entre relato y realidad es indisimulable.
 
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