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El clima en Paraná

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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau
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Nacionales - 15-03-2023 / 09:03
EL INDEC COMUNICÓ UNA INFLACIÓN DE 6,6 POR CIENTO QUE ALCANZÓ 102,5 EN EL AÑO

Lo que mata es la inflación: en Economía reconocen que la inercia complica el objetivo del 60%

Lo que mata es la inflación: en Economía reconocen que la inercia complica el objetivo del 60%
En otro duro golpe al bolsillo, el Índice de Precios al Consumidor aumentó un 6,6% en febrero, lo que llevó la medición anual a 102,5%. La suba estuvo impulsada por el precio de la carne, que tuvo un salto de alrededor del 30%, y por el incumplimiento de los acuerdos de grandes empresas alimenticias. Economía promete ajustar el control, pero el lazo con el FMI lo condiciona.
Tras conocerse la inflación de febrero, que en la medición interanual quebró los tres dígitos, altas fuentes del Palacio de Hacienda ya reconocieron que no garantizan que puedan cumplir con el objetivo previsto para este año. "Nuestra meta es llegar a eso, ese es el norte que perseguimos. La macro es consistente con un 4% mensual, pero la dinámica de febrero dejó una inercia alta para marzo. No nos queda más remedio que seguir trabajando en el ordenamiento fiscal hasta que haga efecto. Podés tener un mal partido pero el sistema de juego es bueno y apuntamos a ganar el próximo encuentro", consideraron.
 
En ese proceso identificaron "factores inerciales" como la devaluación, las paritarias, el cepo y la brecha cambiaria, que según entienden funciona como incentivo para que las empresas aumenten sus márgenes de ganancia. También destacaron que en el salto del IPC de febrero jugó un papel fundamental la renovación de Precios Justos.
 
De todas formas, esto es algo que los economistas vienen señalando desde que se conocieron los detalles del Presupuesto 2023 y con el antecedente de que la inflación finalizó en 94,8% el año pasado. Por caso, la consultora Ecolatina explicó que para llegar al 60% el IPC debería promediar el 3,5% entre marzo y diciembre.
 
Uno de los factores claves para el Frente de Todos de cara a las elecciones es mostrar un buen resultado en ese frente. Los pronósticos privados anticipan que el tercer mes estará en torno al 7% y que el primer trimestre tocará el 20%, por lo que consumirá un tercio de la meta oficial.
 
En concreto, Economía resalta que el BCRA no financia directamente el déficit fiscal y que si se suma la emisión "indirecta" a través de pasivos remunerados la nominalidad debería estar en línea con sus proyecciones. La explicación que asignan al desvío que se observa actualmente tiene que ver con lo que llamaron "factores inerciales" que juegan en contra de bajar la dinámica de precios.
 
En ese sentido, en el Palacio de Hacienda consideraron que sostener la meta de déficit fiscal del 1,9% del PBI con el FMI a pesar de la sequía "debería ser una señal fuerte porque hacemos todo lo posible para no financiarnos con emisión". Eso, entienden, hace que no tengan que intentar un ajuste mayor al que está en marcha para sobreactuar la convergencia fiscal.
 
El equipo económico del Gobierno recuerda que a los efectos de la guerra en Ucrania se sumaron la sequía, las heladas y la ola de calor que perjudica algunos cultivos "como el tomate". Por otro lado, destacaron que más allá del impacto que tuvo la carne en el IPC de febrero el relanzamiento de Precios Justos generó aumentos por encima del 3,2% mensual que tienen las empresas como pauta.
 
Un informe de la Secretaría de Comercio, que conduce Matías Tombolini, mostró que el reemplazo de algunos productos que estaban congelados, a los que se les permitieron incrementos por hasta 9% promedio, y el ingreso de otros artículos con valores más altos jugó al alza. Hubo empresas que también aumentaron por encima de lo permitido. "El efecto del acuerdo debería notarse a partir de marzo, con una variación promedio más cerca del 3,2% o 3,5%, porque el cumplimiento es del 98%", mencionaron en Economía.
 
La Opinión Popular
 

 
Alimentos sin control, FMI y el golpe político
 
El dato de febrero, el más alto de la gestión Massa, combina el impacto inflacionario del acuerdo con el Fondo y la violación de los acuerdos de las alimenticias.
 
El 6,6 por ciento de inflación del mes de febrero que comunicó el INDEC fue un dato muy duro para el bolsillo, para la Casa Rosada y el Ministerio de Economía. El número, el más alto desde que Sergio Massa es ministro -detrás del 7 por ciento de arrastre de Martín Guzmán- y el más alto anualizado en 30 años obliga al Gobierno a tener, sí o sí, un IPC de 3,5 por ciento hasta fin de año para llegar a la meta del 60 por ciento del Presupuesto, casi un imposible.
 
Pero abre además el debate sobre una perspectiva a futuro, en un año electoral, más que compleja por dos razones centrales: es una de las primeras veces que se combinan, para este número que pone la inflación anual en 102,5 por ciento, las subas récord en alimentos y una serie de violaciones a los acuerdos de precios por parte de las alimenticias, con el efecto inflacionario que el acuerdo con el Fondo Monetario (FMI) tiene sobre algunas variables como tarifas y precios regulados. Todo en un escenario de sequía que instala un período de alta volatilidad.
 
Además, y quizás sea este uno de los datos más importantes, se da horas después de que el organismo que comanda Kristalina Georgieva emitiera un comunicado condonando parte de la meta de acumulación de reservas del Banco Central (BCRA) pero advirtiéndole a la vez a Economía que está atado de pies y manos, sin aval del organismo, para hacer dos cosas que en año electoral parecen fundamentales si la idea es contener los precios: usar sus dólares para intervenir en el mercado cambiario y pisar tarifas de los servicios. Esto adelanta que el mes de marzo volverá a tener una inflación elevada, más cercana a los 7 puntos, según analistas.
 
Según el INDEC, el 6,6 de febrero es el tercer mes seguido de inflación en alza y completa un primer bimestre con 13,1 por ciento de suba en los precios, teniendo a Alimentos y Bebidas como el rubro que más pegó en todo el país, con un alza de 9,8 por ciento. Jugaron allí muy fuerte carnes, derivados de leche y huevos, pero también mayores alzas de precios de góndola.
 
Como viene contando hace meses Página I12, las alimenticias, para compensar lo que pierden de aumentar en los grandes híper con Precios Justos, vienen subiendo los precios en los barrios muy por encima de la media.
 
En Argentina, 8 de cada 10 compran fuera de los híper, por eso el Gobierno estaba tan preocupado el mes pasado por cómo los precios se moverían allí y adelantaban que iba a impactar en el IPC. Ahora, en los próximos días se vendrán medidas muy fuertes contra los que especularon, según supo este diario.
 
Con alimentos hay otro dato más político: en el GBA, donde se concentra el núcleo de votantes del Frente de Todos, Alimentos y Bebidas subió 10,2 por ciento, por sobre el índice nacional. Pegó además con dureza la carne: 28,6 por ciento el asado, 35 la picada y 32,8 la nalga, con el resto de los productos en esa línea. Según datos del centro CEPA, el consumo de carne representa, en la conformación del IPC, entre 7% (GBA) y 13,3% (noreste) del total, por eso "este incremento afectó sensiblemente el indicador de precios del mes".
 
En frutas, en tanto, hubo subas muy fuertes, como el 72 por ciento de la naranja; además de más de un 13 por ciento en huevos y 6,8 en cebolla. En esos dos rubros, el Gobierno también tiene un lado ciego de control y cumplimiento.
  
  
Los otros rubros
  
En el ranking de mayores aumentos aparecieron también los rubros Comunicación (7,8%), sobre la que incidió el alza de los servicios de telefonía e internet, y Restaurantes y hoteles (7,5%). Lo de Comunicación es un dato muy fuerte porque ya el mes previo había subido 8 por ciento. Aquí el Gobierno, vale decir, está condicionado por el freno que la Justicia le puso a la declaración de las telecomunicaciones como servicio público, lo que no le permite regular las alzas.
 
Además, se destacó el aumento de las cuotas de las prepagas, que impactó sobre el rubro Salud (5,3%); cigarrillos, en Bebidas alcohólicas y tabaco (5,2%); los combustibles, dentro de Transporte (4,9%); y los servicios de electricidad y agua en algunas regiones, en Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (4,8% este mes, el previo había dado 8).
 
En ese pelotón, también, el Gobierno hizo poco para no convalidar subas en Prepagas y avaló alzas en naftas de manera permanente, que condicionan el resto de los precios de la economía. Y allí se ve además cómo las subas de tarifas y quitas de subsidios, una imposición en el acuerdo con el FMI, tienen un peso casi habitual en el IPC de los meses pasados, actuales y futuros.
 
De hecho, el IPC núcleo, que mide precios sin regular, tuvo un aumento de 7,7 por ciento, muy por encima de la media, mientras que regulados le cargó 5,1 por ciento, demasiado si la idea es que el promedio general baje. Incluso restando rubros que otrora cargaban mucho (textiles pasó de 10 mensual a 3,9 y hubo un alza de 3,2 en educación), se disparó la inflación por los alimentos y el acuerdo con el FMI.
 
 
En los despachos oficiales
  
El dato sorprendió a todos, incluso superando a los cálculos de las consultoras privadas y bastante por encima del 6 por ciento de inflación del organismo estadístico de la Ciudad de Buenos Aires. En los despachos oficiales ya se venía viendo desde principios de mes que alimentos tendría una penetración federal muy fuerte, la más fuerte desde que Massa es ministro.
 
Fuentes oficiales contaron a este diario que el IPC de febrero se explica en las condiciones climáticas que "impactaron en la producción y el precio de los alimentos". Señalan no sólo a la sequía sino también a la ola de calor y a una helada tardía que complicó el precio de los frescos.
 
En paralelo, sostienen aunque fue alta, es menor a la de febrero del 2022. En enero había sido al reves, máas alta este enero que el del 22. "No queremos decir que estamos conformes ni mucho menos, solo lo vamos a estar cuando consolidemos un sendero sostenido a la baja", aclaran de todos modos en el oficialismo.
 
Además, en los próximos habrá una convocatoria a todas las empresas que han aumentado precios en los barrios tratando de gambetear el Precios Cuidados. "Se acabó la Argentina de ganar especulando. Para ganar más hay que producir más, no aumentar los precios", se escuchó de boca de un alto funcionario de Hacienda, que admite que una de las razones del IPC alto de febrero es la "rentabilidad cruzada".
 
En un año electoral en el que el Frente de Todos no definió candidatos y más que alguno en particular lo que podría condicionar sus posibilidades es el escenario general de precios, se especulan diferentes frentes de aquí a lo que queda del año. Según reconstruyó este diario con diferentes consultoras como Ecolatina y Analytica, el escenario más probable es que se termine con una inflación superior al 90 por ciento y un promedio mensual de 5,5.
 
Luego, hay escenarios optimistas y pesimistas. El optimista es de 60,1 por ciento de inflación con 4 mensual; o 79,6 si todos los meses de acá a fin de año dieran 5 por ciento. Los pesimistas, en tanto, son un 101,2 por ciento con 6 todos los meses, o 152,2 por ciento si hubiera 7 mensuales.
 
En el Gobierno insisten en que el sendero se ordenará, pero los condicionantes de política económica del FMI ponen a prueba no sólo la pericia para manejar los números internos, sino para ver cuánta flexibilidad real tiene el organismo multilateral ante una Argentina a la que cumplir con el Fondo le dificulta la perspectiva de corto y largo plazo.
 
Por Leandro Renou
 
Fuentes: Página 12 y BAE Negocios
 

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11-02-2026 / 11:02
La crisis policial volvió a estallar en Santa Fé, continúa también en la Federal y amenaza con extenderse a otras provincias y otras fuerzas. Se viene alertando sobre la situación desde hace 10 días. La base excluyente es la cuestión salarial -suboficiales que cobran 850.000 pesos-, pero deriva en un feroz endeudamiento y, casi de inmediato, en problemas psiquiátricos.
 
Los mayores dramas terminan en una oleada de suicidios, 2 en los últimos 8 días en Rosario. A esto se agregan los malos tratos y la corrupción. En Santa Fé, la mayoría de los policías son del norte provincial y deben viajar entre 200 y 600 kilómetros para prestar servicio en Rosario.
 
Para eso les ponen micros en estado deplorable y las travesías suelen tardar 8 horas. Los bajos salarios derivaron en que casi no se reclutan hombres y la mayoría de los policías son mujeres, que tienen que recorrer esas distancias para ver a sus hijos. La protesta masiva y explosiva era previsible. Este diario recibió una nueva denuncia judicial sobre las increíbles maniobras de los jefes de una Unidad Operativa de la Federal.
 
Los llaman "la corona" y esos superiores se quedan con dinero de las horas adicionales, informan de efectivos que no existen, "rodean una zona con un policía" (sic), desarman investigaciones para concentrarse en narcomenudeo y hacer estadísticas para conformar al Ministerio de Seguridad y hasta liberan vastas zonas en acuerdo con un jefe narco regional. "Sólo hay plata para los proyectiles antidisturbios", dicen los rebeldes.
 
Durante la semana pasada se produjo el encadenamiento a la reja de la Casa Rosada del cabo Miguel Ángel Montiel, de la Policía Federal. El efectivo reclamaba por la situación salarial y también por la corrupción en la Superintendencia de Transporte, que integran los policías que custodian el ferrocarril. Los jefes de la Federal filtraron que Montiel estuvo con carpeta psiquiátrica y que por eso realizaba la protesta.
 
Página/12 relató la trastienda de la crisis policial, con la cuestión salarial como punto clave -lo que le sucede a todos los estatales-, pero con tramas de ribetes escandalosos: destinos fantasmas, es decir jefes que les dan horas extras a unos y no a otros, efectivos que ni siquiera concurren y comparten lo que cobran con los superiores; brutales acosos a las mujeres y groseras trampas para no realizar investigaciones de narcotráfico.
 
La crisis policial se expandía de manera silenciosa en la Federal y en otras fuerzas. En Santa Fé se vio algo inédito: ya no protestaron las familias y los retirados, sino efectivos en actividad, con los patrulleros, las sirenas, las motos y hasta los micros. El movimiento en Santa Fé desnuda una situación que no se ve a simple vista. Los que protestan son policías de calle y de las comisarías, con sus patrulleros. Es decir, los que están en la seguridad cotidiana de los vecinos.
 
Del otro lado, los que mayoritariamente respondieron al gobierno de Pullaro fueron los cuerpos especiales, Operaciones Especiales, Asalto Táctico, Infantería, que reciben bonos y adicionales de manera masiva. Ellos constituyen la estructura más orientada a la represión de los jubilados o cualquier otra protesta. Eso va en línea con lo que señala una de las denuncias: "para lo único que hay dinero es para los proyectiles antidisturbios".
 

10-02-2026 / 11:02
El Senado tratará el miércoles el proyecto de reforma laboral del gobierno de Javier "el Loco" Milei, cuestionado por sectores opositores por su avanzada brutal contra los derechos de los trabajadores. Pero los focos no solo estarán puestos en el Congreso: afuera, múltiples sectores, encabezados por la Confederación General del Trabajo (CGT), protestarán con el objetivo de que su voz sea escuchada.
 
La semana pasada, el Consejo Directivo de la CGT convocó a marchar contra la reforma laboral, que ya tiene dictamen desde fin del año pasado y que podría tener media sanción el miércoles. "El Gobierno nacional impulsa una reforma laboral que no moderniza: transfiere recursos del Estado a los sectores privados más concentrados, ataca el sistema de jubilaciones y recorta ingresos que corresponden a las provincias. Es una reforma que se hace a costa de las y los trabajadores: menos derechos, más precarización y salarios a la baja", indicó la CGT en redes sociales.
 
La principal central obrera citó a las 14.30 en Yrigoyen y Solís, frente al edificio en el que los senadores comenzarán a definir el camino legislativo de la iniciativa. "Es una reforma que se hace a costa de las y los trabajadores: menos derechos, más precarización y salarios a la baja. No es modernización: es ajuste sobre las y los trabajadores. No es libertad: es pérdida de derechos. La CGT convoca a movilizarse para decir basta. Porque el trabajo no se negocia. Porque las jubilaciones se defienden. Porque las provincias no se entregan. Porque los derechos se conquistan y se defienden en la calle", agregó el comunicado.
 
El plan de lucha de la CGT tuvo cuestionamientos de algunos sectores sindicales, como el de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), cuyo secretario general, Rodolfo Aguiar, criticó que la marcha no esté acompañada de un paro general. "El miércoles todos los trabajadores tienen que parar igual. Aunque la CGT no convoque, tienen cobertura legal", advirtió Aguiar y ratificó el paro nacional de estatales para el miércoles.
 
"Todos los trabajadores del sector público y de las distintas ramas de la actividad privada están amparados porque las CTA tienen personería jurídica. Sería un error grave frente a una reforma laboral demoledora para los trabajadores privarlos de ejercer el derecho de huelga. Tenemos que paralizar todas las actividades para este miércoles impedir los sobornos en el Senado y ponerle fin a la especulación de los gobernadores".
 
Mientras crece la bronca por abajo, Patricia Bullrich negocia la reforma laboral esclavista con gobernadores y senadores "dialoguistas" que cada vez se parecen más a los libertarios. Este lunes la ex ministra se reunión con senadores y senadoras de los bloques cómplices. Buscan acordar algunos artículos mientras mantienen lo esencial de los ataques contra la clase trabajadora. Cedería con Ganancias y conformaría así a los gobernadores y a los legisladores que responden a las provincias. En proteger alguno de los derechos de los trabajadores que correrán riesgo a partir de la probable sanción, eso sí, nadie gastó saliva.
 
La Reforma laboral esclavista del gobierno para los ricos de Milei es para profundizar esta política de transferencia masiva de recursos económicos y políticos de los trabajadores a los empresarios, que busca además debilitar la organización sindical y el poder de los trabajadores. Trabajar más y con menos derechos, en beneficios de las patronales. Son los millonarios o loe trabajadores. El miércoles 11 de febrero, sumate a la lucha por tus derechos y las futuras generaciones.
 
La Opinión Popular
 

09-02-2026 / 09:02
Karina Milei quiere concretar cambios en la cúpula del poder para tener el "control total" de lo que ocurre en el gobierno. La hermana presidencial, influenciada por los Menem, busca desalojar del sistema de decisión libertario a Santiago Caputo, a más tardar en marzo.
 
Pero no está fácil. El asesor tiene acceso directo al presidente Milei, que valora sus aportes. De hecho, en las últimas semanas, lejos de perder poder lo acrecentó. Se quedó con el control total de la agencia recaudadora (ARCA) y amplió las competencias de la SIDE, luego de desplazar al empleado infiel Sergio Neiffert y ubicar en su lugar a su contador, Cristian Aguadra.
 
Santiago Caputo incluso estaría aumentando su influencia sobre los aparatos militares y de seguridad. En las últimas semanas afianzó su relación con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva y de Defensa, Carlos Presti.
 
"Santiago está emocionado con todo lo militar: gestos simbólicos, Plan Bandera, los F16, los tanques, los granaderos, el nuevo Iosfa, son todas piezas de un plan para sacarle a Villarruel el voto de los militares", explicó un funcionario libertario.
 
Esta situación enardece a los Menem e impacta en el ánimo de Karina Milei, que tiene dificultades para entender que la idea del "control total" de un funcionario no votado como ella, no sintoniza con el espíritu democrático.
 
La molestia de la hermana presidencial quedó en evidencia este domingo: le avisó a su hermano que no lo acompañara a otro viaje más de subordinación trumpista. El presidente tenía pensado viajar este lunes a la cumbre de un supuesto trumpismo latino en Mar-a-Lago.
 
Karina le avisó a su hermano que no cuente con ella y Milei anunció que cancelaba su participación. "Javier no puede viajar sin la hermana", exageran en la Casa Rosada. Acaso más exacto sea que la hermana no quiera someterse a otro papelón como la última vez que fueron al club de la Florida de Trump, que suele alquilar su salón a distintos aventureros.
 
 De paso, no se confirmó aún su asistencia el 18 de febrero a la nueva "presentación oficial" del Board of Peace de Trump en Washington. El republicano se vio forzado a repetir el evento luego del fiasco de su lanzamiento en Davos, que juntó a Milei con una serie de "plutócratas afines a Putin", según el prestigioso diario inglés Financial Times.
 
La decisión de Karina Milei se suma a un dato muy interesante que publicó Perfil este domingo: en diciembre pasado la hermana del presidente no visitó Olivos.
 
"Ella está presionando a fondo para que le de el control total", sintetizó un dirigente libertario que conoce de cerca a los Milei. El asesor rehúye la pelea con la hermana y prefiere mantener la tensión a nivel de los Menem.
 
Karina no oculta su entusiasmo por la obediencia absoluta. La semana que pasó envió un mensaje claro a las bases libertarias. Su hombre en la provincia de Buenos Aires, el diputado Sebastián Pareja, dijo en un encuentro con militantes en Mar del Plata: "No hay mucha vuelta. Nosotros trabajamos bajo la lógica de un partido político que tiene sus autoridades y tiene su manual disciplinario. El que ventile sus diferencias, está fuera del espacio".
 

07-02-2026 / 19:02
Claudio Drescher, presidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria, uno de los sectores que más se benefició en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, dijo que los empresarios votaron al cipayo Javier Milei porque esperaban un cambio. Bueno, el cambio llegó y ahora el ministro de Economía del gobierno que votó, promueve la ropa importada.
 
El problema de Drescher es que no es el único perjudicado. No lo dijo, es probable que no lo vea o no le importe, pero todos los miércoles apalean a los jubilados y el gobierno quiere imponer una nueva legislación laboral que precarizará el empleo. El trabajo está más barato que nunca porque con este gobierno el salario perdió el 35 por ciento de su valor, están más bajos que en el 2001. Zafan los que trabajan mal pagados en varios empleos.
 
Y el comercio debe pagar fletes, alquileres y tarifas astronómicas. Varias tiendas cerraron en la calle Avellaneda, pero una señora de condición humilde que pasaba por allí, fue entrevistada por el cronista "Sergio en la calle". La mujer dijo que le costaba llegar a fin de mes aunque tenía tres trabajos, pero que el rumbo del gobierno era correcto. "¿Qué le parecen estos comercios con las persianas bajas?" preguntó el youtuber. "No, eso no es culpa del Presidente, eso es por malas decisiones personales".
 
Con el kirchnerismo, pagando buenos salarios, los empresarios textiles hicieron fortunas, pero votaron el cambio, según Drescher. Como el empresario, la señora de la calle Avellaneda está peor, pero uno y otra son incapaces de asimilar que respaldan un modelo de país donde ellos no tienen ninguna importancia.
 
El gobierno que votaron para que las cosas cambien apareció envuelto en varios hechos de corrupción. Se destacaron dos por sus evidencias: el escándalo de las criptomonedas $Libra, que involucró de manera muy directa al presidente. El otro hecho de corrupción que destacó entre muchos, fueron las coimas del ocho por ciento a los laboratorios, por los remedios para discapacitados, una estafa denigrante, en la que se mencionó a Karina, la hermana del Presidente.
 
El modelo tiene banca también en el ámbito judicial. Esta semana un decreto de Milei retiró al Estado argentino como parte en la causa por el megacrédito tomado en 2018 con el FMI. La causa está caratulada como "Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública". Entre los "y otros" están Federico Sturzenegger y el ministro de Economía que no compra nunca en Argentina, Luis Caputo.
 
La jueza María Eugenia Capuchetti, la misma que intervino en la fallida investigación del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, determinó que los delitos denunciados no eran tales sino "discrepancias con decisiones políticas". Por ese préstamo concedido de manera irregular, los funcionarios del Fondo que intervinieron, fueron expulsados. El fiscal Franco Picardi apeló la decisión de la jueza, porque el gobierno de Mauricio Macri tampoco siguió la normativa al tomar deuda y porque nunca se aclaró cuál sería el destino del préstamo ni en qué se usó. Esa deuda comprometió la soberanía argentina y el país quedó subordinado al control permanente de sus decisiones económicas.
 
Para Caputo no era una situación nueva. En 2017 apareció en los Panama Papers, en una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, como administrador de una gerenciadora de fondos de inversión en las islas Caimán, un paraíso fiscal. El periodista Marcelo Bonelli denunció en 2018 que la entonces "titular de la Oficina Anticorrupción y exlegisladora del PRO Laura Alonso, prometió al presidente Macri cerrar la investigación contra Caputo, por haber ocultado en sus declaraciones juradas que tenía acciones en dos compañías offshore en las Islas Caimán y que era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami."
 

07-02-2026 / 11:02
El vergonzoso acuerdo que Javier "el Cipayo" Milei selló recientemente con Estados Unidos constituye el Estatuto Legal de Coloniaje, al transformar la actual dependencia de la Argentina respecto de Washington en un esquema permanente de subordinación colonialista que, además de poner en riesgo la producción y el empleo nacional en numerosos sectores, restringe severamente el margen de acción del estado nacional en áreas críticas. La decisión de convertir a la Argentina en un apéndice económico y político de la potencia yanqui ya está tomada.
 
La lectura rigurosa del tratado permite observar con claridad el contraste entre las partes. Washington utilizó el proceso para fijar reglas, ampliar su acceso al mercado argentino y alinear el marco regulatorio local con sus propias prioridades económicas y estratégicas. Los cipayos funcionarios libertarios, por su parte, aceptaron servilmente ese esquema sin introducir compensaciones, contrapesos ni salvaguardias. La Argentina incorpora más de un centenar de obligaciones operativas, mientras que Estados Unidos asume menos de una decena de compromisos, en su mayoría condicionales o discrecionales.
 
Ese patrón se reproduce capítulo por capítulo. En comercio de bienes, numerosos productos industriales pasan a tener arancel cero desde la entrada en vigor del acuerdo, incluyendo dispositivos médicos, instrumental hospitalario, reactivos químicos, maquinaria eléctrica y componentes industriales. Otros productos contemplan una reducción inmediata del arancel al 2 por ciento. Entre ellos, autopartes, insumos industriales y bienes de capital. La apertura recae, asimismo, sobre múltiples sectores sensibles, sin instancias de adecuación ni salvaguardias productivas, en un contexto de desindustrialización y destrucción de empleo.
 
El sector automotor es ilustrativo de esa lógica. El acuerdo habilita un cupo anual de 10.000 vehículos originarios de Estados Unidos con arancel cero, desde el primer año de vigencia. El impacto se concentra en provincias con fuerte base automotriz y autopartista como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Aquí tampoco se introducen mecanismos de administración del flujo ni exigencias de inversión, trasladando el impacto de la apertura directamente sobre la producción local.
 
En el complejo aviar, la asimetría es todavía más directa. El tratado obliga a habilitar el ingreso de aves y productos avícolas estadounidenses en un plazo máximo de un año. El régimen sanitario queda alineado así con los criterios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la certificación del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, facilitando el acceso de productos provenientes de uno de los principales exportadores mundiales del sector y exponiendo al entramado avícola argentino, con impacto directo en Entre Ríos y Buenos Aires.
 
En salud, el acuerdo profundiza la apertura importadora de medicamentos y dispositivos médicos de uso humano. A esa liberalización comercial se suma un corrimiento del poder regulatorio del Estado argentino, al aceptar como suficientes las autorizaciones otorgadas por la autoridad sanitaria estadounidense. La combinación de apertura y subordinación normativa limita la capacidad de la ANMAT de definir estándares propios y condiciona el desarrollo del complejo médico-industrial local.
 
El capítulo aduanero consolida una apertura sin instrumentos de administración del comercio. Se elimina el requisito consular y se fija la eliminación de la tasa estadística en un plazo de tres años; mientras en economía digital, el tratado garantiza el libre flujo transfronterizo de datos, reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada y prohíbe requisitos de localización o transferencia tecnológica, restringiendo severamente la capacidad regulatoria del Estado sobre las grandes plataformas tecnológicas.
 

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