21:49 | Jueves 01 de Enero de 2013 | Entre Ríos

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Nacionales - 15-03-2023 / 09:03

EL INDEC COMUNICÓ UNA INFLACIÓN DE 6,6 POR CIENTO QUE ALCANZÓ 102,5 EN EL AÑO

Lo que mata es la inflación: en Economía reconocen que la inercia complica el objetivo del 60%

En otro duro golpe al bolsillo, el Índice de Precios al Consumidor aumentó un 6,6% en febrero, lo que llevó la medición anual a 102,5%. La suba estuvo impulsada por el precio de la carne, que tuvo un salto de alrededor del 30%, y por el incumplimiento de los acuerdos de grandes empresas alimenticias. Economía promete ajustar el control, pero el lazo con el FMI lo condiciona.

Tras conocerse la inflación de febrero, que en la medición interanual quebró los tres dígitos, altas fuentes del Palacio de Hacienda ya reconocieron que no garantizan que puedan cumplir con el objetivo previsto para este año. "Nuestra meta es llegar a eso, ese es el norte que perseguimos. La macro es consistente con un 4% mensual, pero la dinámica de febrero dejó una inercia alta para marzo. No nos queda más remedio que seguir trabajando en el ordenamiento fiscal hasta que haga efecto. Podés tener un mal partido pero el sistema de juego es bueno y apuntamos a ganar el próximo encuentro", consideraron.

En ese proceso identificaron "factores inerciales" como la devaluación, las paritarias, el cepo y la brecha cambiaria, que según entienden funciona como incentivo para que las empresas aumenten sus márgenes de ganancia. También destacaron que en el salto del IPC de febrero jugó un papel fundamental la renovación de Precios Justos.

De todas formas, esto es algo que los economistas vienen señalando desde que se conocieron los detalles del Presupuesto 2023 y con el antecedente de que la inflación finalizó en 94,8% el año pasado. Por caso, la consultora Ecolatina explicó que para llegar al 60% el IPC debería promediar el 3,5% entre marzo y diciembre.

Uno de los factores claves para el Frente de Todos de cara a las elecciones es mostrar un buen resultado en ese frente. Los pronósticos privados anticipan que el tercer mes estará en torno al 7% y que el primer trimestre tocará el 20%, por lo que consumirá un tercio de la meta oficial.

En concreto, Economía resalta que el BCRA no financia directamente el déficit fiscal y que si se suma la emisión "indirecta" a través de pasivos remunerados la nominalidad debería estar en línea con sus proyecciones. La explicación que asignan al desvío que se observa actualmente tiene que ver con lo que llamaron "factores inerciales" que juegan en contra de bajar la dinámica de precios.

En ese sentido, en el Palacio de Hacienda consideraron que sostener la meta de déficit fiscal del 1,9% del PBI con el FMI a pesar de la sequía "debería ser una señal fuerte porque hacemos todo lo posible para no financiarnos con emisión". Eso, entienden, hace que no tengan que intentar un ajuste mayor al que está en marcha para sobreactuar la convergencia fiscal.

El equipo económico del Gobierno recuerda que a los efectos de la guerra en Ucrania se sumaron la sequía, las heladas y la ola de calor que perjudica algunos cultivos "como el tomate". Por otro lado, destacaron que más allá del impacto que tuvo la carne en el IPC de febrero el relanzamiento de Precios Justos generó aumentos por encima del 3,2% mensual que tienen las empresas como pauta.

Un informe de la Secretaría de Comercio, que conduce Matías Tombolini, mostró que el reemplazo de algunos productos que estaban congelados, a los que se les permitieron incrementos por hasta 9% promedio, y el ingreso de otros artículos con valores más altos jugó al alza. Hubo empresas que también aumentaron por encima de lo permitido. "El efecto del acuerdo debería notarse a partir de marzo, con una variación promedio más cerca del 3,2% o 3,5%, porque el cumplimiento es del 98%", mencionaron en Economía.

La Opinión Popular

Alimentos sin control, FMI y el golpe político

El dato de febrero, el más alto de la gestión Massa, combina el impacto inflacionario del acuerdo con el Fondo y la violación de los acuerdos de las alimenticias.

El 6,6 por ciento de inflación del mes de febrero que comunicó el INDEC fue un dato muy duro para el bolsillo, para la Casa Rosada y el Ministerio de Economía. El número, el más alto desde que Sergio Massa es ministro -detrás del 7 por ciento de arrastre de Martín Guzmán- y el más alto anualizado en 30 años obliga al Gobierno a tener, sí o sí, un IPC de 3,5 por ciento hasta fin de año para llegar a la meta del 60 por ciento del Presupuesto, casi un imposible.

Pero abre además el debate sobre una perspectiva a futuro, en un año electoral, más que compleja por dos razones centrales: es una de las primeras veces que se combinan, para este número que pone la inflación anual en 102,5 por ciento, las subas récord en alimentos y una serie de violaciones a los acuerdos de precios por parte de las alimenticias, con el efecto inflacionario que el acuerdo con el Fondo Monetario (FMI) tiene sobre algunas variables como tarifas y precios regulados. Todo en un escenario de sequía que instala un período de alta volatilidad.

Además, y quizás sea este uno de los datos más importantes, se da horas después de que el organismo que comanda Kristalina Georgieva emitiera un comunicado condonando parte de la meta de acumulación de reservas del Banco Central (BCRA) pero advirtiéndole a la vez a Economía que está atado de pies y manos, sin aval del organismo, para hacer dos cosas que en año electoral parecen fundamentales si la idea es contener los precios: usar sus dólares para intervenir en el mercado cambiario y pisar tarifas de los servicios. Esto adelanta que el mes de marzo volverá a tener una inflación elevada, más cercana a los 7 puntos, según analistas.

Según el INDEC, el 6,6 de febrero es el tercer mes seguido de inflación en alza y completa un primer bimestre con 13,1 por ciento de suba en los precios, teniendo a Alimentos y Bebidas como el rubro que más pegó en todo el país, con un alza de 9,8 por ciento. Jugaron allí muy fuerte carnes, derivados de leche y huevos, pero también mayores alzas de precios de góndola.

Como viene contando hace meses Página I12, las alimenticias, para compensar lo que pierden de aumentar en los grandes híper con Precios Justos, vienen subiendo los precios en los barrios muy por encima de la media.

En Argentina, 8 de cada 10 compran fuera de los híper, por eso el Gobierno estaba tan preocupado el mes pasado por cómo los precios se moverían allí y adelantaban que iba a impactar en el IPC. Ahora, en los próximos días se vendrán medidas muy fuertes contra los que especularon, según supo este diario.

Con alimentos hay otro dato más político: en el GBA, donde se concentra el núcleo de votantes del Frente de Todos, Alimentos y Bebidas subió 10,2 por ciento, por sobre el índice nacional. Pegó además con dureza la carne: 28,6 por ciento el asado, 35 la picada y 32,8 la nalga, con el resto de los productos en esa línea. Según datos del centro CEPA, el consumo de carne representa, en la conformación del IPC, entre 7% (GBA) y 13,3% (noreste) del total, por eso "este incremento afectó sensiblemente el indicador de precios del mes".

En frutas, en tanto, hubo subas muy fuertes, como el 72 por ciento de la naranja; además de más de un 13 por ciento en huevos y 6,8 en cebolla. En esos dos rubros, el Gobierno también tiene un lado ciego de control y cumplimiento.


Los otros rubros

En el ranking de mayores aumentos aparecieron también los rubros Comunicación (7,8%), sobre la que incidió el alza de los servicios de telefonía e internet, y Restaurantes y hoteles (7,5%). Lo de Comunicación es un dato muy fuerte porque ya el mes previo había subido 8 por ciento. Aquí el Gobierno, vale decir, está condicionado por el freno que la Justicia le puso a la declaración de las telecomunicaciones como servicio público, lo que no le permite regular las alzas.

Además, se destacó el aumento de las cuotas de las prepagas, que impactó sobre el rubro Salud (5,3%); cigarrillos, en Bebidas alcohólicas y tabaco (5,2%); los combustibles, dentro de Transporte (4,9%); y los servicios de electricidad y agua en algunas regiones, en Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (4,8% este mes, el previo había dado 8).

En ese pelotón, también, el Gobierno hizo poco para no convalidar subas en Prepagas y avaló alzas en naftas de manera permanente, que condicionan el resto de los precios de la economía. Y allí se ve además cómo las subas de tarifas y quitas de subsidios, una imposición en el acuerdo con el FMI, tienen un peso casi habitual en el IPC de los meses pasados, actuales y futuros.

De hecho, el IPC núcleo, que mide precios sin regular, tuvo un aumento de 7,7 por ciento, muy por encima de la media, mientras que regulados le cargó 5,1 por ciento, demasiado si la idea es que el promedio general baje. Incluso restando rubros que otrora cargaban mucho (textiles pasó de 10 mensual a 3,9 y hubo un alza de 3,2 en educación), se disparó la inflación por los alimentos y el acuerdo con el FMI.

En los despachos oficiales

El dato sorprendió a todos, incluso superando a los cálculos de las consultoras privadas y bastante por encima del 6 por ciento de inflación del organismo estadístico de la Ciudad de Buenos Aires. En los despachos oficiales ya se venía viendo desde principios de mes que alimentos tendría una penetración federal muy fuerte, la más fuerte desde que Massa es ministro.

Fuentes oficiales contaron a este diario que el IPC de febrero se explica en las condiciones climáticas que "impactaron en la producción y el precio de los alimentos". Señalan no sólo a la sequía sino también a la ola de calor y a una helada tardía que complicó el precio de los frescos.

En paralelo, sostienen aunque fue alta, es menor a la de febrero del 2022. En enero había sido al reves, máas alta este enero que el del 22. "No queremos decir que estamos conformes ni mucho menos, solo lo vamos a estar cuando consolidemos un sendero sostenido a la baja", aclaran de todos modos en el oficialismo.

Además, en los próximos habrá una convocatoria a todas las empresas que han aumentado precios en los barrios tratando de gambetear el Precios Cuidados. "Se acabó la Argentina de ganar especulando. Para ganar más hay que producir más, no aumentar los precios", se escuchó de boca de un alto funcionario de Hacienda, que admite que una de las razones del IPC alto de febrero es la "rentabilidad cruzada".

En un año electoral en el que el Frente de Todos no definió candidatos y más que alguno en particular lo que podría condicionar sus posibilidades es el escenario general de precios, se especulan diferentes frentes de aquí a lo que queda del año. Según reconstruyó este diario con diferentes consultoras como Ecolatina y Analytica, el escenario más probable es que se termine con una inflación superior al 90 por ciento y un promedio mensual de 5,5.

Luego, hay escenarios optimistas y pesimistas. El optimista es de 60,1 por ciento de inflación con 4 mensual; o 79,6 si todos los meses de acá a fin de año dieran 5 por ciento. Los pesimistas, en tanto, son un 101,2 por ciento con 6 todos los meses, o 152,2 por ciento si hubiera 7 mensuales.

En el Gobierno insisten en que el sendero se ordenará, pero los condicionantes de política económica del FMI ponen a prueba no sólo la pericia para manejar los números internos, sino para ver cuánta flexibilidad real tiene el organismo multilateral ante una Argentina a la que cumplir con el Fondo le dificulta la perspectiva de corto y largo plazo.

Por Leandro Renou

Fuentes: Página 12 y BAE Negocios

01-01-2026 / 21:01

El objetivo del Loco Milei: La latinoamericación argentina con la destrucción de la clase media

Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).

De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.

Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.

Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.

Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.

Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.

El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.

Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.

Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).

Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.

31-12-2025 / 09:12

Para disimular las coimas a Karina y los sobreprecios con los medicamentos para discapacitados, cerraron la Andis

Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.

Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.

"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.

El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.

Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.

Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.

Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".

Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.

En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.

30-12-2025 / 10:12

El fallo de la Justicia declaró al cruel protocolo antipiquetes de Bullrich nulo e ilegítimo

La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.

La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.

El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.

El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".

"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.

Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.

En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.

La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.

29-12-2025 / 09:12

Los datos oficiales, muy lejos de la realidad en inflación, pobreza y salario, entre los más deficitarios

La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.

Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.

Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.

El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".

El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".

El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.

Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.

"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.

La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.

"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".

28-12-2025 / 12:12

Al revés de lo que pretende Milei, las empresas remarcan para amortiguar caída de ventas y pérdidas millonarias

Las ventas en rubros estratégicos de Alimentos caen hasta 20% interanual, y aun así las fábricas avisaron aumentos mayores al 5% desde el 1 de enero. El diagnóstico de la UIA da balance en rojo de Los 4 grandes. Deberá el presidente Javier "el Loco" Milei quemar en la hoguera de los balances de fin de año una de sus teorías predilectas sobre uno de los fenómenos que creyó tener bajo control, pero que se le está desmadrando.

Apasionado por la idea del poco iluminado economista austríaco Carl Menger, el mandatario aplicó uno de sus principios para -a lo largo de estos dos años- afirmar que los precios se establecen en relación no a los costos de producción y otros factores, sino a la cantidad de dinero que los consumidores estén dispuestos a convalidar como precio de ese bien.

Pero los hechos muestran que pasó exactamente lo contrario: hace varios meses, y sobre todo con mayor intensidad desde el triunfo electoral libertario el 26 de octubre, las grandes empresas del sector alimentos decidieron subir los precios, aún en un contexto de consumo masivo desplomado.

Es decir, eligieron regular su pérdida aumentando el precio del producto, sin importar lo que los consumidores creen, convalidan o rechazan sobre esos precios. Y esto pegó de lleno en las mediciones de inflación del INDEC, que siguen centradas más en Bienes que en Servicios, a pesar del cambio de composición en el gasto de los hogares.

Así, Milei y su ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, se garantizaron la permanencia en el escenario que todos los gobiernos intentan esquivar: la estanflación, es decir, estancamiento de la actividad con inflación al alza.

Desde octubre, de hecho, no hubo ni una sola semana con precios de alimentos estables, y las últimas cuatro semanas del mes acumulan un alza de al menos 2,5 por ciento en un rubro clave como es el consumo de bienes básicos.

PáginaI12 accedió en las últimas horas a listados con aumentos de precios de hasta 6 por ciento a aplicarse desde el 1° de enero en diferentes rubros. "No hay explicación alguna", admiten los comerciantes que recibieron las alzas, pero aseguran que las empresas de alimentos nucleadas en la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL) precisan que no hay otra forma de amortiguar que la crisis que venden por precios lo que no sale de góndola por cantidades.

Hay un pelotón de firmas, entre las que están los gigantes Procter & Gamble, SC Johnson y Unilever, que ya avisaron que desde el 1° de enero aumentan un 5 por ciento toda su línea de productos. Un poco más abajo, aparecen lácteas como La Serenísima, que pasaron listas con aumentos del 2,5 para enero. Esto último es curioso, dado que la mayoría de las empresas, a diferencia de lo que ve el Gobierno, estiman que la inflación será mayor, no menor, en los meses siguientes.

En ese grupo de las que pasaron aumentos cercanos al 3 por ciento también aparecen Coca Cola y Pepsi, y varias de las empresas que producen cerveza, que hace al menos tres meses no suben de precio y tienen ventas derrumbadas, aún en los calores, temporada alta de su negocio.

Lo curioso es que, a muchas de estas firmas, hace cerca de dos semanas, los supermercados y comercios ya les rechazaron listas de aumentos por no querer aplicarlos. El Gobierno, que se jacta de ser el más liberal del mundo, les ruega a los comerciantes que no acepten aumentos, sino el desborde sería mayor.