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Nacionales - 14-03-2023 / 09:03
EMOCIONADO ADIÓS DE MAURICIO MACRI A UN CRIMINAL DE LESA HUMANIDAD

Murió impune Carlos Blaquier, un emblema de la complicidad empresaria con la dictadura

Murió impune Carlos Blaquier, un emblema de la complicidad empresaria con la dictadura
Procesado por su participación en los secuestros y desapariciones realizados en los dominios de la azucarera Ledesma durante la recordada “Noche del Apagón”, Carlos Blaquier consiguió evitar el juicio por crímenes de lesa humanidad porque la justicia macrista, la Corte Suprema y la Cámara de Casación dilataron durante años la investigación de sus crímenes.
Carlos Pedro Tadeo Blaquier murió a los 95 años, fue el mayor emblema de la complicidad empresaria con los crímenes de la última dictadura militar. Impune como solo pueden los poderosos. Pese a que fue procesado en 2012 por crímenes de lesa humanidad, jamás llegó a ser juzgado por los secuestros ocurridos en plena dictadura en la zona de influencia del ingenio Ledesma en la provincia de Jujuy.
 
La empresa "Ledesma SAAI" tenía el control poblacional de los habitantes de Libertador Gral. San Martín, más allá del ámbito laboral. El hospital, los almacenes, la farmacia, el club deportivo, el cementerio, entre otros pertenecían a la empresa. Los directivos de Ledesma perteneciente a la familia Blaquier, fueron los encargados de entregarles a los integrantes de las Fuerzas Represivas el listado del personal, las famosas listas negras de los que se oponían a la explotación laboral en el Ingenio.
 
Carlos Blaquier, protagonizó como uno los grandes empresarios que participaron y se beneficiaron, en la organización del golpe genocida. También en la represión. La dictadura militar y la empresa dueña del ingenio azucarero realizaron apagones de luz entre el 20 y 27 de Julio del año 1976. Secuestraron y desaparecieron a más de 400 trabajadores, estudiantes, militantes, sindicalistas y obreros. El reclamo por memoria, verdad y justicia, todavía sigue vigente.
 
No hay dudas que los hechos fueron ideados y puestos en marcha por la empresa Ledesma. Para evitar sentarse en el banquillo de los acusados, el dueño de una de las empresas agroindustriales más importantes de la región contó con la inestimable ayuda de los más altos tribunales del país: el Partido Judicial Macrista, la Cámara Federal de Casación Penal y la Corte Suprema, que demoraron el proceso durante casi ocho años.
 
Su impunidad fue repudiada por organismos de derechos humanos mientras que el expresidente Mauricio Macri lo despidió en las redes, enviando sus "condolencias y cariño" y caracterizando a Blaquier como "uno de los empresarios más importantes del país", evitando cualquier referencia a la responsabilidad del dueño del ingenio Ledesma con los secuestros y desapariciones de la "Noche del Apagón" y su abierta connivencia con la dictadura más sanguinaria de la historia nacional.
 
Blaquier murió impune sin condena judicial, aplaudido por el macrismo, que trató de borrar que fue, al igual que el Clan Macri, uno de los grandes empresarios que participaron y se beneficiaron del golpe genocida, de los que llegaron a tener centros clandestinos de detención en sus empresas. Pero murió cubierto por el repudio popular.
 
La Opinión Popular
 

 
TENÍA 95 AÑOS
 
Murió Carlos Blaquier, emblema de los empresarios cómplices de la dictadura
 
No llegó a sentarse en el banquillo de los acusados por los secuestros de las "Noches del Apagón" en Jujuy gracias a que la Corte y la Casación dilataron durante casi ochos años la investigación.
 
Blaquier pasó el último mes internado, según informaron desde la empresa a la que él le dedicó 60 años de su vida. Doctor en derecho y con un título en Filosofía, Blaquier fue algo más que un empresario comprometido con el terrorismo de Estado, fue uno de los civiles que le dieron carnadura al plan económico de la dictadura.
 
Su ligazón con el ingenio Ledesma quedó sellada cuando contrajo matrimonio con Nelly Arrieta, cuyos padres eran los dueños de las instalaciones dedicadas a la producción de azúcar. El joven abogado -heredero de los Álzaga- se incorporó a la empresa en 1952. Para entonces, se habían mudado con su esposa a Jujuy. Con ella tuvo cinco hijos. Su suegro, Herminio Arrieta, lo dejó al frente del ingenio en febrero de 1970 y él lo convirtió en un emporio -eso, sí, manchado con sangre-.
 
Antes del golpe, Blaquier prestaba un palacete ubicado en la calle Azcuénaga a un grupo de intelectuales y grandes empresarios que pasaron a llamarse el "Grupo Perriaux" en alusión al abogado Jaime Perriaux. Como sostienen en el informe Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad, Blaquier, de esa forma, colaboró con quienes diseñaron el plan económico que después iba a ejecutar José Martínez de Hoz.
 
El 24 de marzo de 1976, comenzaron los secuestros en Jujuy. Una de las víctimas fue Luis Arédez, quien, como médico del ingenio, había importunado a sus dueños tratando de darles acceso a tratamientos de calidad a quienes enfermaban. Lo mismo había hecho Arédez cuando fue intendente municipal de Libertador General San Martín.
 
Para llevar adelante esos secuestros, las fuerzas contaron con vehículos que había proporcionado la misma empresa. Para entonces, Ledesma también producía listas negras de trabajadores. En julio de 1976, la metodología se perfeccionó. Las localidades que rodean al ingenio se vieron envueltas en un gran corte de suministro eléctrico que posibilitó que las fuerzas salieran a secuestrar bajo el total anonimato. En lo que se conoció como las Noches del Apagón, fueron raptadas decenas de personas. Todas ellas fueron llevadas a la hostería de Guerrero, que funcionaba como centro de torturas, y luego trasladadas.
 
La denuncia sobre los crímenes de Ledesma se inició en plena dictadura. Este año, la marcha del apagón cumplirá 40 años -tantos como la democracia-. Olga Márquez, la esposa de Arédez, fue uno de los emblemas de esa denuncia. Su hijo Ricardo todavía está conmocionado por la noticia del deceso de Blaquier después de tantos años de esperar verlo en el banquillo. "Ha sido una lucha tremenda y en el feudo de Blaquier. Allá no cambió nada. Se convive con el que entregó listas", le dice a Página/12.
 
 
Historia de una demora
  
Lograr que avanzara una investigación contra Blaquier en Jujuy fue casi una proeza. Debió ir un juez de otra jurisdicción, Fernando Poviña, para llamarlo a indagatoria y procesarlo. En las calles, el reclamo de los familiares recibió el apoyo multitudinario de la Túpac Amaru de Milagro Sala.
 
En 2012, Poviña lo procesó en dos causas: la de los secuestros posteriores al golpe y la de las Noches del Apagón. En 2013, la Cámara Federal de Salta confirmó los procesamientos. En ese momento, Blaquier todavía ocupaba la presidencia del directorio de Ledesma. La dejó mientras avanzaba la causa en su contra. En ese entonces, todavía frecuentaba la sede de la Escuela de Yoga Buenos Aires (EYBA), la secta VIP donde mujeres jóvenes eran reducidas a la servidumbre sexual. Blaquier era el visitante más asiduo del edificio de Estado de Israel, según se reconstruyó en una investigación penal.
 
En marzo de 2015, cuando se avecinaban vientos de cambios políticos y Macri ya prometía terminar con el "curro de los derechos humanos", la Casación hizo algo atípico: revocó los procesamientos y, de esa forma, impidió que Blaquier siguiera su camino hacia el juicio oral. Contra esa decisión, se pronunciaron las querellas y el fiscal Javier de Luca. La entonces procuradora Alejandra Gils Carbó pidió que dejaran continuar el proceso.
 
La Corte cajoneó casi seis años el expediente. En el Palacio, le atribuían responsabilidad a Carlos Rosenkrantz por la demora. El supremo tenía vínculos con Ledesma a través de su esposa y de la Universidad de San Andrés que dirigía antes de que Macri lo nominara para el máximo tribunal.
 
Recién en julio de 2021, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton dejaron sin efecto el fallo de Casación y acusaron a los camaristas de haber obstaculizado indebidamente el avance de una de las causas emblema de la responsabilidad empresarial en crímenes de lesa humanidad. Nada dijeron de su propia demora.
 
Después de eso, la defensa de Blaquier -encabezada por el excamarista del Juicio a las Juntas Jorge Valerga Aráoz- dijo que el empresario no estaba en condiciones de afrontar un proceso penal. El Tribunal Oral Federal (TOF) de Jujuy lo dejó fuera del juicio, pero Casación ordenó que se le realizaran nuevos estudios. En eso estaban cuando Blaquier murió.
 
 
Ejemplo de una justicia injusta
  
"Estuvimos 40 y pico de años esperando el juicio a Blaquier, pero no ocurrió por el pase de pelota entre Casación, la Corte y la justicia de Jujuy", se lamenta Arédez, que sigue reclamando que la política se esmere en horadar la impunidad que sigue vigente en esa provincia.
 
"Ésta es una nueva muestra de que los juicios de lesa deben ser una prioridad en las agendas de todos los tribunales. Llegamos a este punto por la demora judicial", le dice a este diario la fiscal Ángeles Ramos, que lidera la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH).
 
"La posibilidad del trámite extenso del recurso estuvo dado porque Casación lo abrió por fuera de las normas legales. Eso lo reconoció la Corte, que no dejó de formar parte de ese trámite extenso porque se tomó seis años para resolver", apunta Pablo Pelazzo, exfiscal del caso. "Es una forma de haber posibilitado la impunidad biológica de Blaquier o de haber imposibilitado que se llevara adelante el juicio".
 
Para la historiadora Victoria Basualdo, el desenlace de la causa Ledesma muestra cuán difícil es hacer justicia con los poderosos. "La muerte de Blaquier es un duro y amargo recordatorio de los obstáculos inmensos que enfrentamos para juzgar a los responsables empresariales de violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado, y de la impunidad que se garantizó a estos sectores de poder económico", explica a este medio.
 
"Cuando Casación dictó el sobreseimiento, nosotros dijimos que era sellar la impunidad de Blaquier porque no había forma de que ese fallo pudiera sostenerse", recuerda María José Castillo, abogada de HIJOS Jujuy. "Lo que hizo Blaquier tiene una condena social. Nadie duda que los hechos fueron ideados y puestos en marcha por la empresa Ledesma. Nosotros vamos a trabajar para que la empresa reconozca su responsabilidad de otra manera".
 
 
Para que se haga el juicio
  
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que conduce Horacio Pietragalla Corti, denunció que Blaquier murió impune como consecuencia del accionar del Poder Judicial y reclamó que se avance en llevar a juicio a Alberto Lemos, el administrador del ingenio Ledesma durante la dictadura, que también está procesado por los mismos hechos.
 
"Tenemos que buscar que en la historia quede escrito que el ingenio Ledesma, con el poder que tuvo la familia Blaquier, fue responsable del apagón y cómplice de la dictadura que secuestró a trabajadores organizados y a referentes de Calilegua y Libertador General San Martín", le dijo Pietragalla Corti a Página/12. "Sabemos que estamos a contrarreloj para que no gane la impunidad biológica".
 
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunció que las demoras en los juicios de lesa constituyen un "grave problema", que se profundiza en los casos de responsabilidad empresarial.
 
La Asociación Madres de Plaza de Mayo sostuvo que es "inaceptable" que continúen en sus cargos los ministros de la Corte o los camaristas que nunca avanzaron siquiera en hacer sentar en el banquillo de los acusados a Blaquier. Desde H.I.J.O.S Capital lo llamaron el "civil del horror" y recordaron que murió sin condena judicial, pero con el repudio popular.
 
Por Luciana Bertoia
 
Fuente: Página 12
 

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31-12-2025 / 09:12
Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.
 
Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.
 
"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
 
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.
 
Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
 
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.
 
Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".
 
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
 
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
 

30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

29-12-2025 / 09:12
La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.
 
Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.
 
Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.
 
El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".
 
El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".
 
El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.
 
Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.
 
"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.
 
La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.
 
"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".
 

28-12-2025 / 12:12
Las ventas en rubros estratégicos de Alimentos caen hasta 20% interanual, y aun así las fábricas avisaron aumentos mayores al 5% desde el 1 de enero. El diagnóstico de la UIA da balance en rojo de Los 4 grandes. Deberá el presidente Javier "el Loco" Milei quemar en la hoguera de los balances de fin de año una de sus teorías predilectas sobre uno de los fenómenos que creyó tener bajo control, pero que se le está desmadrando.
 
Apasionado por la idea del poco iluminado economista austríaco Carl Menger, el mandatario aplicó uno de sus principios para -a lo largo de estos dos años- afirmar que los precios se establecen en relación no a los costos de producción y otros factores, sino a la cantidad de dinero que los consumidores estén dispuestos a convalidar como precio de ese bien.
 
Pero los hechos muestran que pasó exactamente lo contrario: hace varios meses, y sobre todo con mayor intensidad desde el triunfo electoral libertario el 26 de octubre, las grandes empresas del sector alimentos decidieron subir los precios, aún en un contexto de consumo masivo desplomado.
 
Es decir, eligieron regular su pérdida aumentando el precio del producto, sin importar lo que los consumidores creen, convalidan o rechazan sobre esos precios. Y esto pegó de lleno en las mediciones de inflación del INDEC, que siguen centradas más en Bienes que en Servicios, a pesar del cambio de composición en el gasto de los hogares.
 
Así, Milei y su ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, se garantizaron la permanencia en el escenario que todos los gobiernos intentan esquivar: la estanflación, es decir, estancamiento de la actividad con inflación al alza.
 
Desde octubre, de hecho, no hubo ni una sola semana con precios de alimentos estables, y las últimas cuatro semanas del mes acumulan un alza de al menos 2,5 por ciento en un rubro clave como es el consumo de bienes básicos.
 
PáginaI12 accedió en las últimas horas a listados con aumentos de precios de hasta 6 por ciento a aplicarse desde el 1° de enero en diferentes rubros. "No hay explicación alguna", admiten los comerciantes que recibieron las alzas, pero aseguran que las empresas de alimentos nucleadas en la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL) precisan que no hay otra forma de amortiguar que la crisis que venden por precios lo que no sale de góndola por cantidades.
 
Hay un pelotón de firmas, entre las que están los gigantes Procter & Gamble, SC Johnson y Unilever, que ya avisaron que desde el 1° de enero aumentan un 5 por ciento toda su línea de productos. Un poco más abajo, aparecen lácteas como La Serenísima, que pasaron listas con aumentos del 2,5 para enero. Esto último es curioso, dado que la mayoría de las empresas, a diferencia de lo que ve el Gobierno, estiman que la inflación será mayor, no menor, en los meses siguientes.
 
En ese grupo de las que pasaron aumentos cercanos al 3 por ciento también aparecen Coca Cola y Pepsi, y varias de las empresas que producen cerveza, que hace al menos tres meses no suben de precio y tienen ventas derrumbadas, aún en los calores, temporada alta de su negocio.
 
Lo curioso es que, a muchas de estas firmas, hace cerca de dos semanas, los supermercados y comercios ya les rechazaron listas de aumentos por no querer aplicarlos. El Gobierno, que se jacta de ser el más liberal del mundo, les ruega a los comerciantes que no acepten aumentos, sino el desborde sería mayor.
 

27-12-2025 / 09:12
Negando lo innegable, defendiendo lo indefendible. Con iglesias evangélicas que se oponen al aborto pero apoyan a un gobierno que regala libros que elogian a proxenetas y narcos; con militares que votan en masa a un gobierno que los lleva al suicidio; con industriales que se entusiasman con el oficialismo que los lleva a la quiebra; con jóvenes que se ilusionan con un "cambio" que les roba el futuro; con un gobierno que abandona a los discapacitados, pero se queda con una coima del tres por ciento de sus medicamentos, el país parece terminar el año en un descomunal aquelarre cuya lógica la oposición no termina de aprehender.
 
Surgen gurúes de la pobreza que entienden todo y autoflagelaciones de culpa que recriminan incapacidad, pero en realidad no se trata de un fenómeno exclusivo, sino que acompaña la deriva de Occidente. Estados Unidos, que ha sido la matriz ideológica de las últimas décadas, se ha lanzado a la conquista agresiva de Latinoamérica.
 
El diseño es igual de esquizofrénico, primero establece una ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que le permite sólo a Estados Unidos fabricar guerras para robar petróleo, como a Venezuela, confiscar recursos financieros, como a Rusia, o decretar aranceles de castigo para todo el mundo.
 
Y después la completa con lineamientos de seguridad nacional que le permiten agredir, invadir o bloquear a cualquier otro país. La esquizofrenia está en la pretensión de que el mundo acepte esos auto permisos como leyes establecidas incluso por los que son agredidos.
 
En la que fue la primera democracia del planeta cualquiera puede ser detenido sin causa sólo por el tono de su piel y tiene de presidente a Donald Trump que fue acusado de intentar un golpe de Estado. Por años, Occidente ha asimilado en forma bizarra el producto ideológico de esa matriz que en realidad ocultaba la relación entre el imperio y sus colonias dominadas.
 
Con la pérdida de poder de Estados Unidos en su puja con China, el fondo de esa lógica quedó al descubierto, pero Washington mantiene la pretensión de que su propuesta de opresión se asuma como de libertad. Parece una estupidez obvia, pero cuenta con el dispositivo de construcción simbólica más poderoso del planeta y de la historia de la humanidad para hacerlo creíble.
 
Aparecieron réplicas en América Latina y aquí en Argentina se expresó en los libertarios, donde esa palabra que identificaba a los viejos anarquistas fue apropiada por lo opuesto: el poder de las corporaciones sobre el resto de la sociedad; la palabra Libertad también significa lo opuesto a lo que ellos proponen y la idea de "cambio" en realidad significa para ellos romper los cambios verdaderos que promovieron igualdad y libertad.
 
Son sociedades donde la esperanza se reemplazó por la ansiedad y la depresión, porque la ilusión de que sólo basta el mérito personal termina en frustración. Son sociedades, como la Argentina, donde el suicidio se ha triplicado a causa de la frustración y la depresión y se ha convertido en la principal causa de muerte violenta en los jóvenes entre los 10 y 19 años. Todos los días se suicida un chico o chica en Argentina según un informe del Ministerio de Seguridad que se publicó a mediados de noviembre, en 2024 hubo 4294 suicidios.
 
En la semana previa a las navidades, -que la diputada libertaria Juliana Santillán confundió con las Pascuas (¡!)- hubo tres suicidios de soldados y otro de un gendarme. Las Fuerzas Armadas y De Seguridad votaron masivamente a este gobierno que los ha hundido en la pobreza. 
 

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