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Nacionales - 14-03-2023 / 09:03
EMOCIONADO ADIÓS DE MAURICIO MACRI A UN CRIMINAL DE LESA HUMANIDAD

Murió impune Carlos Blaquier, un emblema de la complicidad empresaria con la dictadura

Murió impune Carlos Blaquier, un emblema de la complicidad empresaria con la dictadura
Procesado por su participación en los secuestros y desapariciones realizados en los dominios de la azucarera Ledesma durante la recordada “Noche del Apagón”, Carlos Blaquier consiguió evitar el juicio por crímenes de lesa humanidad porque la justicia macrista, la Corte Suprema y la Cámara de Casación dilataron durante años la investigación de sus crímenes.
Carlos Pedro Tadeo Blaquier murió a los 95 años, fue el mayor emblema de la complicidad empresaria con los crímenes de la última dictadura militar. Impune como solo pueden los poderosos. Pese a que fue procesado en 2012 por crímenes de lesa humanidad, jamás llegó a ser juzgado por los secuestros ocurridos en plena dictadura en la zona de influencia del ingenio Ledesma en la provincia de Jujuy.
 
La empresa "Ledesma SAAI" tenía el control poblacional de los habitantes de Libertador Gral. San Martín, más allá del ámbito laboral. El hospital, los almacenes, la farmacia, el club deportivo, el cementerio, entre otros pertenecían a la empresa. Los directivos de Ledesma perteneciente a la familia Blaquier, fueron los encargados de entregarles a los integrantes de las Fuerzas Represivas el listado del personal, las famosas listas negras de los que se oponían a la explotación laboral en el Ingenio.
 
Carlos Blaquier, protagonizó como uno los grandes empresarios que participaron y se beneficiaron, en la organización del golpe genocida. También en la represión. La dictadura militar y la empresa dueña del ingenio azucarero realizaron apagones de luz entre el 20 y 27 de Julio del año 1976. Secuestraron y desaparecieron a más de 400 trabajadores, estudiantes, militantes, sindicalistas y obreros. El reclamo por memoria, verdad y justicia, todavía sigue vigente.
 
No hay dudas que los hechos fueron ideados y puestos en marcha por la empresa Ledesma. Para evitar sentarse en el banquillo de los acusados, el dueño de una de las empresas agroindustriales más importantes de la región contó con la inestimable ayuda de los más altos tribunales del país: el Partido Judicial Macrista, la Cámara Federal de Casación Penal y la Corte Suprema, que demoraron el proceso durante casi ocho años.
 
Su impunidad fue repudiada por organismos de derechos humanos mientras que el expresidente Mauricio Macri lo despidió en las redes, enviando sus "condolencias y cariño" y caracterizando a Blaquier como "uno de los empresarios más importantes del país", evitando cualquier referencia a la responsabilidad del dueño del ingenio Ledesma con los secuestros y desapariciones de la "Noche del Apagón" y su abierta connivencia con la dictadura más sanguinaria de la historia nacional.
 
Blaquier murió impune sin condena judicial, aplaudido por el macrismo, que trató de borrar que fue, al igual que el Clan Macri, uno de los grandes empresarios que participaron y se beneficiaron del golpe genocida, de los que llegaron a tener centros clandestinos de detención en sus empresas. Pero murió cubierto por el repudio popular.
 
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TENÍA 95 AÑOS
 
Murió Carlos Blaquier, emblema de los empresarios cómplices de la dictadura
 
No llegó a sentarse en el banquillo de los acusados por los secuestros de las "Noches del Apagón" en Jujuy gracias a que la Corte y la Casación dilataron durante casi ochos años la investigación.
 
Blaquier pasó el último mes internado, según informaron desde la empresa a la que él le dedicó 60 años de su vida. Doctor en derecho y con un título en Filosofía, Blaquier fue algo más que un empresario comprometido con el terrorismo de Estado, fue uno de los civiles que le dieron carnadura al plan económico de la dictadura.
 
Su ligazón con el ingenio Ledesma quedó sellada cuando contrajo matrimonio con Nelly Arrieta, cuyos padres eran los dueños de las instalaciones dedicadas a la producción de azúcar. El joven abogado -heredero de los Álzaga- se incorporó a la empresa en 1952. Para entonces, se habían mudado con su esposa a Jujuy. Con ella tuvo cinco hijos. Su suegro, Herminio Arrieta, lo dejó al frente del ingenio en febrero de 1970 y él lo convirtió en un emporio -eso, sí, manchado con sangre-.
 
Antes del golpe, Blaquier prestaba un palacete ubicado en la calle Azcuénaga a un grupo de intelectuales y grandes empresarios que pasaron a llamarse el "Grupo Perriaux" en alusión al abogado Jaime Perriaux. Como sostienen en el informe Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad, Blaquier, de esa forma, colaboró con quienes diseñaron el plan económico que después iba a ejecutar José Martínez de Hoz.
 
El 24 de marzo de 1976, comenzaron los secuestros en Jujuy. Una de las víctimas fue Luis Arédez, quien, como médico del ingenio, había importunado a sus dueños tratando de darles acceso a tratamientos de calidad a quienes enfermaban. Lo mismo había hecho Arédez cuando fue intendente municipal de Libertador General San Martín.
 
Para llevar adelante esos secuestros, las fuerzas contaron con vehículos que había proporcionado la misma empresa. Para entonces, Ledesma también producía listas negras de trabajadores. En julio de 1976, la metodología se perfeccionó. Las localidades que rodean al ingenio se vieron envueltas en un gran corte de suministro eléctrico que posibilitó que las fuerzas salieran a secuestrar bajo el total anonimato. En lo que se conoció como las Noches del Apagón, fueron raptadas decenas de personas. Todas ellas fueron llevadas a la hostería de Guerrero, que funcionaba como centro de torturas, y luego trasladadas.
 
La denuncia sobre los crímenes de Ledesma se inició en plena dictadura. Este año, la marcha del apagón cumplirá 40 años -tantos como la democracia-. Olga Márquez, la esposa de Arédez, fue uno de los emblemas de esa denuncia. Su hijo Ricardo todavía está conmocionado por la noticia del deceso de Blaquier después de tantos años de esperar verlo en el banquillo. "Ha sido una lucha tremenda y en el feudo de Blaquier. Allá no cambió nada. Se convive con el que entregó listas", le dice a Página/12.
 
 
Historia de una demora
  
Lograr que avanzara una investigación contra Blaquier en Jujuy fue casi una proeza. Debió ir un juez de otra jurisdicción, Fernando Poviña, para llamarlo a indagatoria y procesarlo. En las calles, el reclamo de los familiares recibió el apoyo multitudinario de la Túpac Amaru de Milagro Sala.
 
En 2012, Poviña lo procesó en dos causas: la de los secuestros posteriores al golpe y la de las Noches del Apagón. En 2013, la Cámara Federal de Salta confirmó los procesamientos. En ese momento, Blaquier todavía ocupaba la presidencia del directorio de Ledesma. La dejó mientras avanzaba la causa en su contra. En ese entonces, todavía frecuentaba la sede de la Escuela de Yoga Buenos Aires (EYBA), la secta VIP donde mujeres jóvenes eran reducidas a la servidumbre sexual. Blaquier era el visitante más asiduo del edificio de Estado de Israel, según se reconstruyó en una investigación penal.
 
En marzo de 2015, cuando se avecinaban vientos de cambios políticos y Macri ya prometía terminar con el "curro de los derechos humanos", la Casación hizo algo atípico: revocó los procesamientos y, de esa forma, impidió que Blaquier siguiera su camino hacia el juicio oral. Contra esa decisión, se pronunciaron las querellas y el fiscal Javier de Luca. La entonces procuradora Alejandra Gils Carbó pidió que dejaran continuar el proceso.
 
La Corte cajoneó casi seis años el expediente. En el Palacio, le atribuían responsabilidad a Carlos Rosenkrantz por la demora. El supremo tenía vínculos con Ledesma a través de su esposa y de la Universidad de San Andrés que dirigía antes de que Macri lo nominara para el máximo tribunal.
 
Recién en julio de 2021, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton dejaron sin efecto el fallo de Casación y acusaron a los camaristas de haber obstaculizado indebidamente el avance de una de las causas emblema de la responsabilidad empresarial en crímenes de lesa humanidad. Nada dijeron de su propia demora.
 
Después de eso, la defensa de Blaquier -encabezada por el excamarista del Juicio a las Juntas Jorge Valerga Aráoz- dijo que el empresario no estaba en condiciones de afrontar un proceso penal. El Tribunal Oral Federal (TOF) de Jujuy lo dejó fuera del juicio, pero Casación ordenó que se le realizaran nuevos estudios. En eso estaban cuando Blaquier murió.
 
 
Ejemplo de una justicia injusta
  
"Estuvimos 40 y pico de años esperando el juicio a Blaquier, pero no ocurrió por el pase de pelota entre Casación, la Corte y la justicia de Jujuy", se lamenta Arédez, que sigue reclamando que la política se esmere en horadar la impunidad que sigue vigente en esa provincia.
 
"Ésta es una nueva muestra de que los juicios de lesa deben ser una prioridad en las agendas de todos los tribunales. Llegamos a este punto por la demora judicial", le dice a este diario la fiscal Ángeles Ramos, que lidera la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH).
 
"La posibilidad del trámite extenso del recurso estuvo dado porque Casación lo abrió por fuera de las normas legales. Eso lo reconoció la Corte, que no dejó de formar parte de ese trámite extenso porque se tomó seis años para resolver", apunta Pablo Pelazzo, exfiscal del caso. "Es una forma de haber posibilitado la impunidad biológica de Blaquier o de haber imposibilitado que se llevara adelante el juicio".
 
Para la historiadora Victoria Basualdo, el desenlace de la causa Ledesma muestra cuán difícil es hacer justicia con los poderosos. "La muerte de Blaquier es un duro y amargo recordatorio de los obstáculos inmensos que enfrentamos para juzgar a los responsables empresariales de violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado, y de la impunidad que se garantizó a estos sectores de poder económico", explica a este medio.
 
"Cuando Casación dictó el sobreseimiento, nosotros dijimos que era sellar la impunidad de Blaquier porque no había forma de que ese fallo pudiera sostenerse", recuerda María José Castillo, abogada de HIJOS Jujuy. "Lo que hizo Blaquier tiene una condena social. Nadie duda que los hechos fueron ideados y puestos en marcha por la empresa Ledesma. Nosotros vamos a trabajar para que la empresa reconozca su responsabilidad de otra manera".
 
 
Para que se haga el juicio
  
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que conduce Horacio Pietragalla Corti, denunció que Blaquier murió impune como consecuencia del accionar del Poder Judicial y reclamó que se avance en llevar a juicio a Alberto Lemos, el administrador del ingenio Ledesma durante la dictadura, que también está procesado por los mismos hechos.
 
"Tenemos que buscar que en la historia quede escrito que el ingenio Ledesma, con el poder que tuvo la familia Blaquier, fue responsable del apagón y cómplice de la dictadura que secuestró a trabajadores organizados y a referentes de Calilegua y Libertador General San Martín", le dijo Pietragalla Corti a Página/12. "Sabemos que estamos a contrarreloj para que no gane la impunidad biológica".
 
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunció que las demoras en los juicios de lesa constituyen un "grave problema", que se profundiza en los casos de responsabilidad empresarial.
 
La Asociación Madres de Plaza de Mayo sostuvo que es "inaceptable" que continúen en sus cargos los ministros de la Corte o los camaristas que nunca avanzaron siquiera en hacer sentar en el banquillo de los acusados a Blaquier. Desde H.I.J.O.S Capital lo llamaron el "civil del horror" y recordaron que murió sin condena judicial, pero con el repudio popular.
 
Por Luciana Bertoia
 
Fuente: Página 12
 

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24-03-2026 / 13:03
24-03-2026 / 13:03
24-03-2026 / 12:03
Mientras la mayor parte de los argentinos dormían, en la madrugada del miércoles 24 de marzo de 1976, me desperté sobresaltado por los golpes en la puerta de mi casa. El "Chueco", un viejo compañero de militancia, me vino a comunicar que las Fuerzas Armadas habían derrocado al gobierno constitucional del peronismo.
 
Me vestí apresuradamente, me cambié el peinado, me afeite los bigotes y salí inmediatamente a alertar a otros compañeros. La primera casa a la que llegué, la de Rodolfo "Rody" Vittar, no existía más. Horas antes un comando paramilitar había llegado para detenerlo, y como no lo encontró, instaló explosivos y voló la vivienda hasta los cimientos.
 
La represión en Córdoba fue muy dura, igual que en muchos otros lugares del país. Este proceso desembocó en una sangrienta y larga noche de males, que dejó como saldo miles desaparecidos, una guerra perdida a manos de Gran Bretaña y un país económicamente quebrado, entre otras cosas.
 
Por eso, en el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y Justicia, en este nuevo aniversario del golpe militar genocida, quiero recordar y rendir un recóndito homenaje a tres queridos compañeros y amigos, asesinados ese siniestro 24 de marzo.

Ellos son: Víctor Lorenzo, Concejal en Córdoba Capital por la Juventud Revolucionaria Peronista, quien fuera ejecutado, el día del golpe, de un tiro en la cabeza en la cárcel local; don Luis Carnevale, Senador Nacional por la misma provincia, secuestrado y desaparecido ese mismo día; y el mayor Bernardo Alberte, ex Delegado Personal de Juan Perón, quien fuera arrojado a través de la ventana de su departamento, en un sexto piso, por una patrulla militar, la madrugada del siniestro Golpe de Estado.

Hay muertes, que por ser las primeras, son todo un símbolo. Los militares asesinos los eligieron primero porque eran peronistas. Y no se lo perdonaron. Pero, a pesar de las cárceles y los fusilamientos, de los compañeros muertos y los desaparecidos, nunca fuimos vencidos. Continuamos invariablemente las luchas que emprendieron Eva y Juan Perón.

Compañeros Víctor Lorenzo, Luis Carnevale y Bernardo Alberte, Presentes. Hasta la victoria, siempre.

Por Blas García para La Opinión Popular 

24-03-2026 / 12:03
El 24 de marzo de 1976 una sublevación cívico-militar derrocó a la presidenta constitucional, María Estela Martínez, instalando una dictadura de tipo permanente autodenominada "Proceso de Reorganización Nacional", gobernada por una Junta Militar integrada por tres jerarcas militares, uno por cada fuerza. La junta designó como presidente de facto a Jorge Rafael Videla.
 
El gobierno militar suprimió los derechos civiles de los ciudadanos y las libertades públicas, anuló las garantías constitucionales, suspendió la actividad política, vedó los derechos de los trabajadores, intervino los sindicatos y la CGT, prohibió las huelgas, disolvió el Congreso y los partidos políticos, y destituyó la Corte Suprema de Justicia.

 
La dictadura impuso el terrorismo de Estado como método sistemático, un régimen de represión ilegal, violencia indiscriminada, persecuciones, tortura sistematizada y desaparición forzada de personas, en el que se violaron masivamente los derechos humanos y se produjeron, en un verdadero genocidio, decenas de miles de desaparecidos.

 
Pero la dictadura no se instaló sólo para torturar y matar gente, sino para posibilitar una transferencia masiva de riquezas hacia los núcleos más concentrados de la economía, quienes se apropiaron además de buena parte de los negocios públicos. Durante el proceso militar, por ejemplo, el grupo Macri pasó de tener 7 a 47 empresas, mostrando que el golpe no fue solo accionar de fuerzas represivas. Y los empresarios que mandaban en 1976, siguen mandando.

 
Para imponer un régimen alejado de los intereses nacionales y populares, el golpe militar fue ejecutado en contra del Pueblo y del peronismo en su conjunto, institucional, política e individualmente. Pensado en función del molde agro exportador de fines del siglo XIX que, dados los cambios internacionales, derivó en el programa pro financiero y desindustrializador, el modelo neoliberal. Hoy Javier Milei y Victoria Villaruel expresan muchos de esos ideales de Videla y Martínez de Hoz, pero también de los grandes empresarios, eternos dueños del país.

 
El Terrorismo de Estado produjo miles de desaparecidos. Hubo 30.000 luchadores sociales barridos por la represión, de todos los sectores políticos populares y revolucionarios. La inmensa mayoría de las víctimas fueron jóvenes, la inmensa mayoría fueron cuadros y militantes de la clase trabajadora, la inmensa mayoría fueron peronistas.


El Proceso puso fin al "Estado de Bienestar" fundado por Juan Perón y al Proyecto Nacional y Popular concebido por el justicialismo desde la década del 40, dejando en lamentable estado la convivencia democrática, la economía, la sociedad y las instituciones, abriendo profundas grietas que recién después de más de cuatro décadas empiezan a ser curadas.


A 50 años de aquel infausto 24 de marzo, en el contexto de un gobierno anarco capitalista que niega, justifica o exalta los crímenes cometidos por las fuerzas represivas, convocamos a mantener viva la memoria del Pueblo en apoyo a la continuidad de la búsqueda de memoria, verdad y justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos y en defensa de los Derechos Constitucionales, los Derechos Humanos y las Libertades individuales de ayer, de hoy y de siempre.


Carlos Morales para La Opinión Popular 

23-03-2026 / 10:03
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