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Nacionales - 14-03-2023 / 09:03
EMOCIONADO ADIÓS DE MAURICIO MACRI A UN CRIMINAL DE LESA HUMANIDAD

Murió impune Carlos Blaquier, un emblema de la complicidad empresaria con la dictadura

Murió impune Carlos Blaquier, un emblema de la complicidad empresaria con la dictadura
Procesado por su participación en los secuestros y desapariciones realizados en los dominios de la azucarera Ledesma durante la recordada “Noche del Apagón”, Carlos Blaquier consiguió evitar el juicio por crímenes de lesa humanidad porque la justicia macrista, la Corte Suprema y la Cámara de Casación dilataron durante años la investigación de sus crímenes.
Carlos Pedro Tadeo Blaquier murió a los 95 años, fue el mayor emblema de la complicidad empresaria con los crímenes de la última dictadura militar. Impune como solo pueden los poderosos. Pese a que fue procesado en 2012 por crímenes de lesa humanidad, jamás llegó a ser juzgado por los secuestros ocurridos en plena dictadura en la zona de influencia del ingenio Ledesma en la provincia de Jujuy.
 
La empresa "Ledesma SAAI" tenía el control poblacional de los habitantes de Libertador Gral. San Martín, más allá del ámbito laboral. El hospital, los almacenes, la farmacia, el club deportivo, el cementerio, entre otros pertenecían a la empresa. Los directivos de Ledesma perteneciente a la familia Blaquier, fueron los encargados de entregarles a los integrantes de las Fuerzas Represivas el listado del personal, las famosas listas negras de los que se oponían a la explotación laboral en el Ingenio.
 
Carlos Blaquier, protagonizó como uno los grandes empresarios que participaron y se beneficiaron, en la organización del golpe genocida. También en la represión. La dictadura militar y la empresa dueña del ingenio azucarero realizaron apagones de luz entre el 20 y 27 de Julio del año 1976. Secuestraron y desaparecieron a más de 400 trabajadores, estudiantes, militantes, sindicalistas y obreros. El reclamo por memoria, verdad y justicia, todavía sigue vigente.
 
No hay dudas que los hechos fueron ideados y puestos en marcha por la empresa Ledesma. Para evitar sentarse en el banquillo de los acusados, el dueño de una de las empresas agroindustriales más importantes de la región contó con la inestimable ayuda de los más altos tribunales del país: el Partido Judicial Macrista, la Cámara Federal de Casación Penal y la Corte Suprema, que demoraron el proceso durante casi ocho años.
 
Su impunidad fue repudiada por organismos de derechos humanos mientras que el expresidente Mauricio Macri lo despidió en las redes, enviando sus "condolencias y cariño" y caracterizando a Blaquier como "uno de los empresarios más importantes del país", evitando cualquier referencia a la responsabilidad del dueño del ingenio Ledesma con los secuestros y desapariciones de la "Noche del Apagón" y su abierta connivencia con la dictadura más sanguinaria de la historia nacional.
 
Blaquier murió impune sin condena judicial, aplaudido por el macrismo, que trató de borrar que fue, al igual que el Clan Macri, uno de los grandes empresarios que participaron y se beneficiaron del golpe genocida, de los que llegaron a tener centros clandestinos de detención en sus empresas. Pero murió cubierto por el repudio popular.
 
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TENÍA 95 AÑOS
 
Murió Carlos Blaquier, emblema de los empresarios cómplices de la dictadura
 
No llegó a sentarse en el banquillo de los acusados por los secuestros de las "Noches del Apagón" en Jujuy gracias a que la Corte y la Casación dilataron durante casi ochos años la investigación.
 
Blaquier pasó el último mes internado, según informaron desde la empresa a la que él le dedicó 60 años de su vida. Doctor en derecho y con un título en Filosofía, Blaquier fue algo más que un empresario comprometido con el terrorismo de Estado, fue uno de los civiles que le dieron carnadura al plan económico de la dictadura.
 
Su ligazón con el ingenio Ledesma quedó sellada cuando contrajo matrimonio con Nelly Arrieta, cuyos padres eran los dueños de las instalaciones dedicadas a la producción de azúcar. El joven abogado -heredero de los Álzaga- se incorporó a la empresa en 1952. Para entonces, se habían mudado con su esposa a Jujuy. Con ella tuvo cinco hijos. Su suegro, Herminio Arrieta, lo dejó al frente del ingenio en febrero de 1970 y él lo convirtió en un emporio -eso, sí, manchado con sangre-.
 
Antes del golpe, Blaquier prestaba un palacete ubicado en la calle Azcuénaga a un grupo de intelectuales y grandes empresarios que pasaron a llamarse el "Grupo Perriaux" en alusión al abogado Jaime Perriaux. Como sostienen en el informe Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad, Blaquier, de esa forma, colaboró con quienes diseñaron el plan económico que después iba a ejecutar José Martínez de Hoz.
 
El 24 de marzo de 1976, comenzaron los secuestros en Jujuy. Una de las víctimas fue Luis Arédez, quien, como médico del ingenio, había importunado a sus dueños tratando de darles acceso a tratamientos de calidad a quienes enfermaban. Lo mismo había hecho Arédez cuando fue intendente municipal de Libertador General San Martín.
 
Para llevar adelante esos secuestros, las fuerzas contaron con vehículos que había proporcionado la misma empresa. Para entonces, Ledesma también producía listas negras de trabajadores. En julio de 1976, la metodología se perfeccionó. Las localidades que rodean al ingenio se vieron envueltas en un gran corte de suministro eléctrico que posibilitó que las fuerzas salieran a secuestrar bajo el total anonimato. En lo que se conoció como las Noches del Apagón, fueron raptadas decenas de personas. Todas ellas fueron llevadas a la hostería de Guerrero, que funcionaba como centro de torturas, y luego trasladadas.
 
La denuncia sobre los crímenes de Ledesma se inició en plena dictadura. Este año, la marcha del apagón cumplirá 40 años -tantos como la democracia-. Olga Márquez, la esposa de Arédez, fue uno de los emblemas de esa denuncia. Su hijo Ricardo todavía está conmocionado por la noticia del deceso de Blaquier después de tantos años de esperar verlo en el banquillo. "Ha sido una lucha tremenda y en el feudo de Blaquier. Allá no cambió nada. Se convive con el que entregó listas", le dice a Página/12.
 
 
Historia de una demora
  
Lograr que avanzara una investigación contra Blaquier en Jujuy fue casi una proeza. Debió ir un juez de otra jurisdicción, Fernando Poviña, para llamarlo a indagatoria y procesarlo. En las calles, el reclamo de los familiares recibió el apoyo multitudinario de la Túpac Amaru de Milagro Sala.
 
En 2012, Poviña lo procesó en dos causas: la de los secuestros posteriores al golpe y la de las Noches del Apagón. En 2013, la Cámara Federal de Salta confirmó los procesamientos. En ese momento, Blaquier todavía ocupaba la presidencia del directorio de Ledesma. La dejó mientras avanzaba la causa en su contra. En ese entonces, todavía frecuentaba la sede de la Escuela de Yoga Buenos Aires (EYBA), la secta VIP donde mujeres jóvenes eran reducidas a la servidumbre sexual. Blaquier era el visitante más asiduo del edificio de Estado de Israel, según se reconstruyó en una investigación penal.
 
En marzo de 2015, cuando se avecinaban vientos de cambios políticos y Macri ya prometía terminar con el "curro de los derechos humanos", la Casación hizo algo atípico: revocó los procesamientos y, de esa forma, impidió que Blaquier siguiera su camino hacia el juicio oral. Contra esa decisión, se pronunciaron las querellas y el fiscal Javier de Luca. La entonces procuradora Alejandra Gils Carbó pidió que dejaran continuar el proceso.
 
La Corte cajoneó casi seis años el expediente. En el Palacio, le atribuían responsabilidad a Carlos Rosenkrantz por la demora. El supremo tenía vínculos con Ledesma a través de su esposa y de la Universidad de San Andrés que dirigía antes de que Macri lo nominara para el máximo tribunal.
 
Recién en julio de 2021, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton dejaron sin efecto el fallo de Casación y acusaron a los camaristas de haber obstaculizado indebidamente el avance de una de las causas emblema de la responsabilidad empresarial en crímenes de lesa humanidad. Nada dijeron de su propia demora.
 
Después de eso, la defensa de Blaquier -encabezada por el excamarista del Juicio a las Juntas Jorge Valerga Aráoz- dijo que el empresario no estaba en condiciones de afrontar un proceso penal. El Tribunal Oral Federal (TOF) de Jujuy lo dejó fuera del juicio, pero Casación ordenó que se le realizaran nuevos estudios. En eso estaban cuando Blaquier murió.
 
 
Ejemplo de una justicia injusta
  
"Estuvimos 40 y pico de años esperando el juicio a Blaquier, pero no ocurrió por el pase de pelota entre Casación, la Corte y la justicia de Jujuy", se lamenta Arédez, que sigue reclamando que la política se esmere en horadar la impunidad que sigue vigente en esa provincia.
 
"Ésta es una nueva muestra de que los juicios de lesa deben ser una prioridad en las agendas de todos los tribunales. Llegamos a este punto por la demora judicial", le dice a este diario la fiscal Ángeles Ramos, que lidera la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH).
 
"La posibilidad del trámite extenso del recurso estuvo dado porque Casación lo abrió por fuera de las normas legales. Eso lo reconoció la Corte, que no dejó de formar parte de ese trámite extenso porque se tomó seis años para resolver", apunta Pablo Pelazzo, exfiscal del caso. "Es una forma de haber posibilitado la impunidad biológica de Blaquier o de haber imposibilitado que se llevara adelante el juicio".
 
Para la historiadora Victoria Basualdo, el desenlace de la causa Ledesma muestra cuán difícil es hacer justicia con los poderosos. "La muerte de Blaquier es un duro y amargo recordatorio de los obstáculos inmensos que enfrentamos para juzgar a los responsables empresariales de violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado, y de la impunidad que se garantizó a estos sectores de poder económico", explica a este medio.
 
"Cuando Casación dictó el sobreseimiento, nosotros dijimos que era sellar la impunidad de Blaquier porque no había forma de que ese fallo pudiera sostenerse", recuerda María José Castillo, abogada de HIJOS Jujuy. "Lo que hizo Blaquier tiene una condena social. Nadie duda que los hechos fueron ideados y puestos en marcha por la empresa Ledesma. Nosotros vamos a trabajar para que la empresa reconozca su responsabilidad de otra manera".
 
 
Para que se haga el juicio
  
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que conduce Horacio Pietragalla Corti, denunció que Blaquier murió impune como consecuencia del accionar del Poder Judicial y reclamó que se avance en llevar a juicio a Alberto Lemos, el administrador del ingenio Ledesma durante la dictadura, que también está procesado por los mismos hechos.
 
"Tenemos que buscar que en la historia quede escrito que el ingenio Ledesma, con el poder que tuvo la familia Blaquier, fue responsable del apagón y cómplice de la dictadura que secuestró a trabajadores organizados y a referentes de Calilegua y Libertador General San Martín", le dijo Pietragalla Corti a Página/12. "Sabemos que estamos a contrarreloj para que no gane la impunidad biológica".
 
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunció que las demoras en los juicios de lesa constituyen un "grave problema", que se profundiza en los casos de responsabilidad empresarial.
 
La Asociación Madres de Plaza de Mayo sostuvo que es "inaceptable" que continúen en sus cargos los ministros de la Corte o los camaristas que nunca avanzaron siquiera en hacer sentar en el banquillo de los acusados a Blaquier. Desde H.I.J.O.S Capital lo llamaron el "civil del horror" y recordaron que murió sin condena judicial, pero con el repudio popular.
 
Por Luciana Bertoia
 
Fuente: Página 12
 

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10-02-2026 / 11:02
El Senado tratará el miércoles el proyecto de reforma laboral del gobierno de Javier "el Loco" Milei, cuestionado por sectores opositores por su avanzada brutal contra los derechos de los trabajadores. Pero los focos no solo estarán puestos en el Congreso: afuera, múltiples sectores, encabezados por la Confederación General del Trabajo (CGT), protestarán con el objetivo de que su voz sea escuchada.
 
La semana pasada, el Consejo Directivo de la CGT convocó a marchar contra la reforma laboral, que ya tiene dictamen desde fin del año pasado y que podría tener media sanción el miércoles. "El Gobierno nacional impulsa una reforma laboral que no moderniza: transfiere recursos del Estado a los sectores privados más concentrados, ataca el sistema de jubilaciones y recorta ingresos que corresponden a las provincias. Es una reforma que se hace a costa de las y los trabajadores: menos derechos, más precarización y salarios a la baja", indicó la CGT en redes sociales.
 
La principal central obrera citó a las 14.30 en Yrigoyen y Solís, frente al edificio en el que los senadores comenzarán a definir el camino legislativo de la iniciativa. "Es una reforma que se hace a costa de las y los trabajadores: menos derechos, más precarización y salarios a la baja. No es modernización: es ajuste sobre las y los trabajadores. No es libertad: es pérdida de derechos. La CGT convoca a movilizarse para decir basta. Porque el trabajo no se negocia. Porque las jubilaciones se defienden. Porque las provincias no se entregan. Porque los derechos se conquistan y se defienden en la calle", agregó el comunicado.
 
El plan de lucha de la CGT tuvo cuestionamientos de algunos sectores sindicales, como el de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), cuyo secretario general, Rodolfo Aguiar, criticó que la marcha no esté acompañada de un paro general. "El miércoles todos los trabajadores tienen que parar igual. Aunque la CGT no convoque, tienen cobertura legal", advirtió Aguiar y ratificó el paro nacional de estatales para el miércoles.
 
"Todos los trabajadores del sector público y de las distintas ramas de la actividad privada están amparados porque las CTA tienen personería jurídica. Sería un error grave frente a una reforma laboral demoledora para los trabajadores privarlos de ejercer el derecho de huelga. Tenemos que paralizar todas las actividades para este miércoles impedir los sobornos en el Senado y ponerle fin a la especulación de los gobernadores".
 
Mientras crece la bronca por abajo, Patricia Bullrich negocia la reforma laboral esclavista con gobernadores y senadores "dialoguistas" que cada vez se parecen más a los libertarios. Este lunes la ex ministra se reunión con senadores y senadoras de los bloques cómplices. Buscan acordar algunos artículos mientras mantienen lo esencial de los ataques contra la clase trabajadora. Cedería con Ganancias y conformaría así a los gobernadores y a los legisladores que responden a las provincias. En proteger alguno de los derechos de los trabajadores que correrán riesgo a partir de la probable sanción, eso sí, nadie gastó saliva.
 
La Reforma laboral esclavista del gobierno para los ricos de Milei es para profundizar esta política de transferencia masiva de recursos económicos y políticos de los trabajadores a los empresarios, que busca además debilitar la organización sindical y el poder de los trabajadores. Trabajar más y con menos derechos, en beneficios de las patronales. Son los millonarios o loe trabajadores. El miércoles 11 de febrero, sumate a la lucha por tus derechos y las futuras generaciones.
 
La Opinión Popular
 

09-02-2026 / 09:02
Karina Milei quiere concretar cambios en la cúpula del poder para tener el "control total" de lo que ocurre en el gobierno. La hermana presidencial, influenciada por los Menem, busca desalojar del sistema de decisión libertario a Santiago Caputo, a más tardar en marzo.
 
Pero no está fácil. El asesor tiene acceso directo al presidente Milei, que valora sus aportes. De hecho, en las últimas semanas, lejos de perder poder lo acrecentó. Se quedó con el control total de la agencia recaudadora (ARCA) y amplió las competencias de la SIDE, luego de desplazar al empleado infiel Sergio Neiffert y ubicar en su lugar a su contador, Cristian Aguadra.
 
Santiago Caputo incluso estaría aumentando su influencia sobre los aparatos militares y de seguridad. En las últimas semanas afianzó su relación con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva y de Defensa, Carlos Presti.
 
"Santiago está emocionado con todo lo militar: gestos simbólicos, Plan Bandera, los F16, los tanques, los granaderos, el nuevo Iosfa, son todas piezas de un plan para sacarle a Villarruel el voto de los militares", explicó un funcionario libertario.
 
Esta situación enardece a los Menem e impacta en el ánimo de Karina Milei, que tiene dificultades para entender que la idea del "control total" de un funcionario no votado como ella, no sintoniza con el espíritu democrático.
 
La molestia de la hermana presidencial quedó en evidencia este domingo: le avisó a su hermano que no lo acompañara a otro viaje más de subordinación trumpista. El presidente tenía pensado viajar este lunes a la cumbre de un supuesto trumpismo latino en Mar-a-Lago.
 
Karina le avisó a su hermano que no cuente con ella y Milei anunció que cancelaba su participación. "Javier no puede viajar sin la hermana", exageran en la Casa Rosada. Acaso más exacto sea que la hermana no quiera someterse a otro papelón como la última vez que fueron al club de la Florida de Trump, que suele alquilar su salón a distintos aventureros.
 
 De paso, no se confirmó aún su asistencia el 18 de febrero a la nueva "presentación oficial" del Board of Peace de Trump en Washington. El republicano se vio forzado a repetir el evento luego del fiasco de su lanzamiento en Davos, que juntó a Milei con una serie de "plutócratas afines a Putin", según el prestigioso diario inglés Financial Times.
 
La decisión de Karina Milei se suma a un dato muy interesante que publicó Perfil este domingo: en diciembre pasado la hermana del presidente no visitó Olivos.
 
"Ella está presionando a fondo para que le de el control total", sintetizó un dirigente libertario que conoce de cerca a los Milei. El asesor rehúye la pelea con la hermana y prefiere mantener la tensión a nivel de los Menem.
 
Karina no oculta su entusiasmo por la obediencia absoluta. La semana que pasó envió un mensaje claro a las bases libertarias. Su hombre en la provincia de Buenos Aires, el diputado Sebastián Pareja, dijo en un encuentro con militantes en Mar del Plata: "No hay mucha vuelta. Nosotros trabajamos bajo la lógica de un partido político que tiene sus autoridades y tiene su manual disciplinario. El que ventile sus diferencias, está fuera del espacio".
 

07-02-2026 / 19:02
Claudio Drescher, presidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria, uno de los sectores que más se benefició en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, dijo que los empresarios votaron al cipayo Javier Milei porque esperaban un cambio. Bueno, el cambio llegó y ahora el ministro de Economía del gobierno que votó, promueve la ropa importada.
 
El problema de Drescher es que no es el único perjudicado. No lo dijo, es probable que no lo vea o no le importe, pero todos los miércoles apalean a los jubilados y el gobierno quiere imponer una nueva legislación laboral que precarizará el empleo. El trabajo está más barato que nunca porque con este gobierno el salario perdió el 35 por ciento de su valor, están más bajos que en el 2001. Zafan los que trabajan mal pagados en varios empleos.
 
Y el comercio debe pagar fletes, alquileres y tarifas astronómicas. Varias tiendas cerraron en la calle Avellaneda, pero una señora de condición humilde que pasaba por allí, fue entrevistada por el cronista "Sergio en la calle". La mujer dijo que le costaba llegar a fin de mes aunque tenía tres trabajos, pero que el rumbo del gobierno era correcto. "¿Qué le parecen estos comercios con las persianas bajas?" preguntó el youtuber. "No, eso no es culpa del Presidente, eso es por malas decisiones personales".
 
Con el kirchnerismo, pagando buenos salarios, los empresarios textiles hicieron fortunas, pero votaron el cambio, según Drescher. Como el empresario, la señora de la calle Avellaneda está peor, pero uno y otra son incapaces de asimilar que respaldan un modelo de país donde ellos no tienen ninguna importancia.
 
El gobierno que votaron para que las cosas cambien apareció envuelto en varios hechos de corrupción. Se destacaron dos por sus evidencias: el escándalo de las criptomonedas $Libra, que involucró de manera muy directa al presidente. El otro hecho de corrupción que destacó entre muchos, fueron las coimas del ocho por ciento a los laboratorios, por los remedios para discapacitados, una estafa denigrante, en la que se mencionó a Karina, la hermana del Presidente.
 
El modelo tiene banca también en el ámbito judicial. Esta semana un decreto de Milei retiró al Estado argentino como parte en la causa por el megacrédito tomado en 2018 con el FMI. La causa está caratulada como "Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública". Entre los "y otros" están Federico Sturzenegger y el ministro de Economía que no compra nunca en Argentina, Luis Caputo.
 
La jueza María Eugenia Capuchetti, la misma que intervino en la fallida investigación del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, determinó que los delitos denunciados no eran tales sino "discrepancias con decisiones políticas". Por ese préstamo concedido de manera irregular, los funcionarios del Fondo que intervinieron, fueron expulsados. El fiscal Franco Picardi apeló la decisión de la jueza, porque el gobierno de Mauricio Macri tampoco siguió la normativa al tomar deuda y porque nunca se aclaró cuál sería el destino del préstamo ni en qué se usó. Esa deuda comprometió la soberanía argentina y el país quedó subordinado al control permanente de sus decisiones económicas.
 
Para Caputo no era una situación nueva. En 2017 apareció en los Panama Papers, en una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, como administrador de una gerenciadora de fondos de inversión en las islas Caimán, un paraíso fiscal. El periodista Marcelo Bonelli denunció en 2018 que la entonces "titular de la Oficina Anticorrupción y exlegisladora del PRO Laura Alonso, prometió al presidente Macri cerrar la investigación contra Caputo, por haber ocultado en sus declaraciones juradas que tenía acciones en dos compañías offshore en las Islas Caimán y que era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami."
 

07-02-2026 / 11:02
El vergonzoso acuerdo que Javier "el Cipayo" Milei selló recientemente con Estados Unidos constituye el Estatuto Legal de Coloniaje, al transformar la actual dependencia de la Argentina respecto de Washington en un esquema permanente de subordinación colonialista que, además de poner en riesgo la producción y el empleo nacional en numerosos sectores, restringe severamente el margen de acción del estado nacional en áreas críticas. La decisión de convertir a la Argentina en un apéndice económico y político de la potencia yanqui ya está tomada.
 
La lectura rigurosa del tratado permite observar con claridad el contraste entre las partes. Washington utilizó el proceso para fijar reglas, ampliar su acceso al mercado argentino y alinear el marco regulatorio local con sus propias prioridades económicas y estratégicas. Los cipayos funcionarios libertarios, por su parte, aceptaron servilmente ese esquema sin introducir compensaciones, contrapesos ni salvaguardias. La Argentina incorpora más de un centenar de obligaciones operativas, mientras que Estados Unidos asume menos de una decena de compromisos, en su mayoría condicionales o discrecionales.
 
Ese patrón se reproduce capítulo por capítulo. En comercio de bienes, numerosos productos industriales pasan a tener arancel cero desde la entrada en vigor del acuerdo, incluyendo dispositivos médicos, instrumental hospitalario, reactivos químicos, maquinaria eléctrica y componentes industriales. Otros productos contemplan una reducción inmediata del arancel al 2 por ciento. Entre ellos, autopartes, insumos industriales y bienes de capital. La apertura recae, asimismo, sobre múltiples sectores sensibles, sin instancias de adecuación ni salvaguardias productivas, en un contexto de desindustrialización y destrucción de empleo.
 
El sector automotor es ilustrativo de esa lógica. El acuerdo habilita un cupo anual de 10.000 vehículos originarios de Estados Unidos con arancel cero, desde el primer año de vigencia. El impacto se concentra en provincias con fuerte base automotriz y autopartista como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Aquí tampoco se introducen mecanismos de administración del flujo ni exigencias de inversión, trasladando el impacto de la apertura directamente sobre la producción local.
 
En el complejo aviar, la asimetría es todavía más directa. El tratado obliga a habilitar el ingreso de aves y productos avícolas estadounidenses en un plazo máximo de un año. El régimen sanitario queda alineado así con los criterios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la certificación del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, facilitando el acceso de productos provenientes de uno de los principales exportadores mundiales del sector y exponiendo al entramado avícola argentino, con impacto directo en Entre Ríos y Buenos Aires.
 
En salud, el acuerdo profundiza la apertura importadora de medicamentos y dispositivos médicos de uso humano. A esa liberalización comercial se suma un corrimiento del poder regulatorio del Estado argentino, al aceptar como suficientes las autorizaciones otorgadas por la autoridad sanitaria estadounidense. La combinación de apertura y subordinación normativa limita la capacidad de la ANMAT de definir estándares propios y condiciona el desarrollo del complejo médico-industrial local.
 
El capítulo aduanero consolida una apertura sin instrumentos de administración del comercio. Se elimina el requisito consular y se fija la eliminación de la tasa estadística en un plazo de tres años; mientras en economía digital, el tratado garantiza el libre flujo transfronterizo de datos, reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada y prohíbe requisitos de localización o transferencia tecnológica, restringiendo severamente la capacidad regulatoria del Estado sobre las grandes plataformas tecnológicas.
 

06-02-2026 / 09:02
Con un comunicado insólito el gobierno autoritario de Javier "el Loco" Milei anunció la creación de una cuenta de X que será la Oficina de Respuesta Oficial que tendrá como objetivo "desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política". Asociaciones como Adepa (que agrupa a más de 180 empresas periodísticas) y Fopea (que nuclea a cientos de periodistas) expresaron su rechazo. El Gobierno anarco capitalista se autopercibe como dueño de la verdad y busca atacar la libertad de expresión con fondos públicos para imponer sus dogmas y su relato libertario.
 
"La Oficina de Respuesta Oficial fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas", anunció el Gobierno al crear esta página que funcionará como el oscuro "Ministerio de la Verdad" que Orwell anunció en su novela de ciencia ficción "1984". Del odio periodístico a la patrulla digital: el cipayo Milei copia a Trump y crea quilombo anti-fake news.
 
Este esfuerzo por esclarecer lo verdadero en la era de la posverdad que representa este gobierno, seguramente destruirá la mentira de la inflación. Milei dijo que no cambiará el método para establecer la medición de este flagelo. O sea, reconoció que es necesario cambiar el sistema que usó hasta ahora porque no arrojó resultados reales. La Oficina de Respuesta Oficial deberá aclarar porqué si reconoce que el Indec mintió cada mes, igual anunció que seguirá mintiendo hasta que desaparezca la inflación sobre la cual está mintiendo.
 
Hay falsedades concretas por todos lados. Que la Oficina de Respuesta Oficial desmienta entonces a su inventor. En un canal de cable, la "psiquiatra pediátrica" Lilia Lemoine diagnosticó al chico autista Ian Moche como un chico sin autismo que simulaba su condición. El pibe recorrió los medios de comunicación para defender los derechos de la discapacidad, que el Gobierno abolió. Y la "psiquiatra" Lemoine diagnosticó que eso demostraba que no era autista. Al parecer Lemoine no es pediatra ni psiquiatra y, aunque lo fuera, nunca tuvo contacto con Ian como para diagnosticarlo. Mintió la terraplanista. Pero a Ian le hizo bien defender su dignidad, porque además lo hizo de manera inteligente, a diferencia de la señora mentirosa Lemoine que cree en la Tierra plana.
 
O sea, la terraplanista estaba mintiendo con el único objetivo de hacerle daño al pibe con autismo que lucha por sus derechos, que es lo mismo que luchar por dignidad. La Justicia le dio la razón a Ian y a su madre porque obligó al gobierno que integra Lemoine a reponer los derechos de la discapacidad que intentó retirarle. O sea, la señora Lemoine, mintió para hacer daño desde un lugar de poder y contra personas especialmente vulnerables. Como si un médico se ensañara con su paciente atado a la camilla. O sea que, además de mentirosa, es cruel y poco inteligente si se tiene en cuenta que era una mentira repugnante y de patas cortas.
 
Señores de la Oficina de la Respuesta Oficial de la República Argentina, ya tienen dos grandes mentiras para desmentir: la de una inflación de mentira que le ha comido el salario y la jubilación a los argentinos y una diputada que miente para atacar a un pibe de doce años para defender las mentiras del gobierno. Pero la Oficina Tal por Cual solo desmentirá y perseguirá a la verdad. Como siempre, el ladrón se rasga las vestiduras con el discurso de la honradez y ataca con mentiras a los demás. Y el mentiroso sobreactúa el discurso de la verdad para ocultar sus mentiras.
 
En ese contexto, la "Oficina de Respuesta Oficial" no parece solo una herramienta comunicacional. Es la institucionalización de una lógica: responder siempre, atacar primero y convertir cada crítica en un enemigo. Una versión local de un libreto yanqui importado, aplicada con fanatismo y sin demasiados matices. La libertad de expresión y el derecho a la información están bajo ataque autoritario.
 
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