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Nacionales - 11-03-2023 / 10:03
UN FALLO POLÍTICO QUE NO ADMITE DISCUSIÓN TÉCNICA

Sin pruebas pero sin dudas, los insólitos fundamentos para proscribir a Cristina Kirchner

Sin pruebas pero sin dudas, los insólitos fundamentos para proscribir a Cristina Kirchner
No se trata de comparar a nadie con Cristina Kirchner, pero sí de mostrar que la persecución judicial existe, no es un invento ni una fantasía, viene de hace mucho tiempo y siempre se ha usado contra dirigentes que se pusieron en la mira del poder establecido: el poder económico hegemónico, su representación política, en este caso el macrismo, y ahora la corporación mediática y el Partido Judicial.
Son 1600 páginas acusatorias que se basan en "no tenemos pruebas, pero tampoco dudas" o "es muy difícil obtener pruebas en este tipo de organización, pero es evidente que..." o "todos los indicios apuntan a..." sazonadas con cientos de adjetivos que exageran para sostener un cuerpo inconsistente. 
 
Con esa fórmula hueca, los jueces limitan el derecho al voto de millones de ciudadanos. La condena tiene consecuencias individuales graves para Cristina Kirchner pero --como ella dijo en su discurso de ayer en Río Negro--, junto con el intento de asesinarla como consecuencia de los discursos de odio de la derecha, rompe el pacto democrático de 1983. O sea: termina con los primeros cuarenta años de democracia ininterrumpida en los más de 200 años de vida independiente del país.
 
El principal impacto de este fallo es político como lo reconoce el mismo tribunal cuando pretende negarlo. Afirman que es normal que los acusados de estos delitos acusen a los jueces y fiscales de lawfare o guerra judicial contra los adversarios políticos y que este argumento es tan viejo como la historia de la humanidad.
 
En realidad es lo opuesto: por lo menos las falsas acusaciones contra personalidades que disintieron con el poder establecido es tan antiguo como la historia de este país. En 1964, el expresidente Arturo Frondizi publicó el libro "Estrategia y táctica del movimiento nacional". El capítulo cuatro se titula: "La corrupción: pretexto para derribar gobiernos populares".
 
Frondizi hace un recordatorio: a Mariano Moreno lo acusaron de corrupción cuando ya estaba muerto. Al orador de la revolución, Juan José Castelli, que en esos meses agonizaba por un cáncer de lengua, lo procesaron acusado falsamente de quedarse con dineros ajenos en el Alto Perú. Al general José de San Martín se lo acusó de abrir una cuenta en forma irregular en Londres con fondos ajenos.
 
Y sigue la lista: cuando derribaron a Hipólito Yrigoyen, lo acusaron de un montón de negociados: que se había quedado con fondos públicos, que no había cumplido con sus deberes de funcionario, y así. Eso pasó la primera vez que lo metieron preso. Cuando salió de su segunda prisión, fue a vivir a la casa de la hermana: no tenía un solo peso para mantenerse.
 
Son todos políticos que sobresalieron por su compromiso con sociedades más justas y democráticas. En sociedades desiguales hegemonizadas por intereses de minorías económicas, estos próceres fueron perseguidos con el lawfare, porque de esa forma se evita el debate político, en el que los privilegios de las minorías son indefendibles e impopulares.

A Juan Perón lo procesaron por una infinidad de delitos económicos que nunca fueron probados porque había sido proscripto, perseguido y exiliado. O la injusticia que cometieron contra Ramón Carrillo, que había sido su ministro de Salud y al que Argentina le debe uno de los sistemas de salud más avanzados del planeta.
 
Carrillo inauguró decenas de hospitales en todo el país con aparatología de avanzada, erradicó enfermedades endémicas, creó la primera fábrica de medicamentos para abaratar los remedios y fue el padre del sanitarismo en la Argentina. Fue acusado falsamente de corrupción, de haber robado fortunas millonarias al erario público y debió exiliarse en Brasil, donde murió en la total pobreza.


No se trata de comparar a nadie con Cristina Kirchner, pero sí de mostrar que la persecución judicial existe, no es un invento ni una fantasía, viene de hace mucho tiempo y siempre se ha usado contra dirigentes que se pusieron en la mira del poder establecido: el poder económico hegemónico, su representación política, en este caso el macrismo, y ahora la corporación mediática y el Partido Judicial.

La discusión técnica sobre la condena no tiene sentido. La verdadera fundamentación está en algunos de los puntos de la clase magistral de Cristina Kirchner ayer en Río Negro donde planteó la construcción de hegemonía democrática frente a las fuerzas del odio autoritario y desarrolló una propuesta de país sin dependencia ni desigualdad, con alta participación del salario de los trabajadores en el PBI. Es una propuesta que tiene el reconocimiento de universidades, gremios y millones de argentinos.
 
Las voces que, haciéndose las tontas, quisieron defender la condena con clases de jurisprudencia paternalista, están marcadas por su funcionalidad con el macrismo y las corporaciones mediáticas, por sus columnas en los medios hegemónicos y sus silencios ante la corrupción macrista. El fallo es esencialmente político y tiene consecuencias graves para la institucionalidad democrática.
 
El país que deja para el futuro es el de nuevas generaciones desilusionadas por una falsa democracia donde el Partido Judicial interfiere las propuestas de cambio. Este país formó generaciones desilusionadas por la intervención permanente del Partido Militar, jóvenes que buscaron otras formas de hacer escuchar sus sueños y esperanzas.
 
La vicepresidenta advirtió por el desprestigio cada vez mayor de la política en la sociedad. "No nos merecemos un debate tan chato" fue su última reflexión en la charla de ayer, en la que el público la aclamó como en todas sus presentaciones y la interrumpió varias veces con el coro de "Cristina presidenta".
 
Su proscripción rebota en las próximas elecciones porque las deslegitima al prohibir su candidatura. Los tiempos del juicio y el anuncio de esta condena y sus fundamentos fueron minuciosamente pensados para que coincidieran con el comienzo de los tiempos electorales, muy poco antes de que venzan los plazos para presentar candidaturas.
 
Y si las elecciones se deslegitiman, su resultado seguirá la misma suerte. El candidato que resulte ganador será un presidente sin legitimidad. Incluso con la vulnerabilidad de que, en un mundo globalizado, sus decisiones podrán ser cuestionadas cuando cambien las circunstancias políticas, como cambiaron con Perón.
 
Hablar ahora de cambio de contextos y escenarios tan drásticos puede parecer una estupidez, pero los fundamentos de la condena solamente se sostienen en el contexto actual condicionado por los permanentes discursos de odio y difamación contra Cristina Kirchner. Fuera de ese contexto son insostenibles.
 
Discutir sobre la figura del "garante necesario", traído de la "jurisprudencia alemana", son floripondios de diletancia cuando no pueden probar en forma efectiva si hubo sobreprecio o favoritismo en las obras viales en cuestión. Todo es un gran simulacro para esconder la esencia política reaccionaria de la condena.
 
Es probable que Casación y la Corte, las dos instancias de apelación que restan, dosifiquen los tiempos hasta llegar a una condena en firme en un proceso que trate de evitar este escenario de deslegitimidad que se derramaría como cascada sobre las elecciones, su resultado y sobre el próximo presidente. La excusa de que no está proscripta porque la condena todavía no está en firme les sirve para esquivar formalmente la figura tan fuerte de la proscripción. Pero la condena es taxativa al prohibirle ocupar puestos públicos.
El camino para transformar esta realidad con una democracia amputada por el Partido Judicial es la conformación de hegemonías democráticas, señaló la vicepresidenta en su discurso.
 
Por Luis Bruschtein
 
Fuente: Página 12
 

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18-07-2025 / 12:07
Tech Security, la firma fundada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martin Menem, fue beneficiada con una licitación pública para la seguridad de distintas sedes de la banca estatal. Facturará más de tres millones de dólares. El negociado se suma a los que venía acumulando una sociedad vinculada al clan a través de otro empresario, que ya acumula varios contratos. La casta al palo.
 
La supuesta pelea libertaria contra "la casta" demuestra tener patas cada vez más cortas. Si con el apellido sólo no alcanzaba, los contratos que la familia Menem sigue ampliando con el Estado salen a la luz para demostrar que varios de los principales funcionarios del Gobierno, incluidos los de máxima confianza de Javier Milei, replican las mismas prácticas que dicen combatir.
 
La empresa Tech Security, fundada hace casi 20 años por el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem junto a sus dos hermanos, Fernando Nicolás Menem y Eduardo Adrián, resultó beneficiada con un contrato multimillonario con el Banco Nación. Se trata de la preadjudicación de una licitación pública para brindar el servicio de seguridad en distintas sedes de esa entidad financiera.
 
La suma total que embolsará trepa a los $3.933.026.507,98, poco más de tres millones de dólares. Que se suman a los más de 3 mil millones que desde diciembre de 2023 ya facturó otra empresa vinculada al clan a través de distintos intermediarios, de nombre Global Protection Service (GPS) Group. 
 
El contrato se concretó a través de la Licitación Pública CDS 1251/2025 del Banco Central, con fecha del 4 de julio de este año. Si bien Tech Security ya brindaba el mismo servicio desde 2018, los contratos se renovaban anualmente, mientras que esta vez, ya con Milei en el poder, se hizo por 24 meses, con opción a dos años más.
 
A diferencia de otras renovaciones, además, esta es la primera vez que la empresa gana una licitación por semejante monto con Menem ocupando un cargo relevante en la administración pública, lo que generaría, a priori, un conflicto de intereses, además de llevarse a las patadas con los postulados de la Ley de Ética Pública.
 
Por otro lado, el clan Menem ya venía ganando influencia en el Banco Nación desde hace meses, por ejemplo, en la rama de negocios de Nación Seguros, que llamativamente quedó afuera del listado de empresas públicas que Milei quería privatizar cuando impulsó la primera versión de la Ley Bases. El director de Nación Seguros es Alfonso Torres, cercano a Eduardo "Lule" Menem.
 
La Opinión Popular
 

18-07-2025 / 11:07
Una multitud se movilizó este jueves desde Congreso hasta Plaza de Mayo para defender al Hospital Garrahan y a la salud pública del brutal ajuste implementado por el gobierno de Javier "el Loco" Milei. La Marcha Federal de la Salud, que tuvo su réplica en diversas ciudades de la Argentina, fue convocada por la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) y sumó la presencia de numerosos sindicatos y organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, culturales y de derechos humanos, junto a una gran cantidad de familias y gente de a pie que participó de la manifestación para expresar su apoyo al reclamo.
 
Los trabajadores del Hospital Garrahan protagonizaron este jueves una masiva movilización al Congreso de la Nación, en defensa de la salud pública y en rechazo al ajuste impulsado por el Gobierno nacional. La marcha coronó una jornada de paro total en el hospital pediátrico, uno de los más reconocidos del país y referente en atención infantil.
 
Desde las 16:30, médicos, médicas, personal de enfermería, residentes y técnicos se congregaron en una columna que avanzó por las calles del centro porteño, respaldados por organizaciones gremiales, sociales y una amplia adhesión ciudadana. La consigna fue clara: denunciar el desfinanciamiento, exigir mejoras salariales y visibilizar la crítica situación que atraviesa el sistema sanitario público.
 
El reclamo incluye el rechazo a las reformas en el sistema de residencias, la pérdida de personal por las condiciones laborales y una caída del poder adquisitivo estimada en un 54% en términos reales, según un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria. El documento también advirtió que los insumos médicos y medicamentos sufren una inflación superior al promedio general, agravando el panorama.
 
La protesta fue una nueva expresión de una lucha que los trabajadores del Garrahan vienen sosteniendo desde hace meses, con paros, asambleas y acciones callejeras. La continuidad y la masividad del reclamo reflejan no solo el deterioro de las condiciones laborales, sino también la preocupación por el futuro de una institución que es pilar de la salud infantil en Argentina.
 
En ese marco, los gremios que nuclean a los trabajadores del hospital, entre ellos la Asociación de Profesionales y Técnicos y ATE, rechazaron el aumento salarial propuesto por el Gobierno, al considerar que no cubre las necesidades básicas del personal.
 
La Opinión Popular
 

17-07-2025 / 10:07
Mientras la canasta de crianza supera los 500 mil pesos, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, lanzó un insólito nuevo plan social que busca cambiar el eje de la asistencia: en lugar de alimentos, vouchers para actividades deportivas y culturales.
 
La propuesta, dijo, está pensada para las zonas "más vulnerables del país", aunque su fundamento ideológico no deja lugar a dudas: "El Estado no tiene que cuidar a los niños, los tiene que cuidar la familia".
 
La frase, que dejó caer en una entrevista, resume el espíritu de la medida. Pettovello detalló que los vouchers se entregarán a familias que asistan a "escuelas para padres" y podrán canjearse en parroquias o clubes.
 
Según explicó, el objetivo es fortalecer los vínculos familiares sin intermediación política, como parte de los futuros "Centros de Familia" que comenzarán a funcionar en agosto con una prueba piloto en la ciudad de Concordia.
 
La visión de Pettovello sobre la infancia es coherente con el discurso del oficialismo, que busca reducir la presencia del Estado en las políticas de cuidado.
 
Pero los números no acompañan el repliegue: según el INDEC, criar a un hijo en Argentina cuesta entre $411.000 y $517.000 por mes, según la edad del menor. Se trata de una canasta de crianza que incluye tanto bienes y servicios como el costo del tiempo de cuidado. La cifra más alta corresponde a niños y niñas entre 6 y 12 años.
 
Los datos son contundentes: solo en junio, el costo de criar a un bebé menor de un año fue de $411.201, mientras que el de un niño en edad escolar trepó a $517.364. Frente a estos montos, el lanzamiento de vouchers recreativos aparece más como un gesto simbólico que como una respuesta estructural a la pobreza infantil.
 
El anuncio también llega en un contexto de fuertes cuestionamientos a la gestión de Capital Humano por la retención de alimentos en depósitos oficiales. Lejos de reforzar el esquema de comedores comunitarios, Pettovello insiste en una política de asistencia "directa", en línea con el ideario libertario. "La familia tiene una función que no se puede delegar en el Estado", aseguró.
 
Mientras se ajustan presupuestos en salud, educación y cultura, la ministra apuesta a que un taller de cerámica o una clase de fútbol puedan reemplazar a un plato de comida caliente. En esa lógica, el Estado deja de garantizar derechos y pasa a sugerir actividades.
 

17-07-2025 / 10:07
El gobierno de Javier "el Loco" Milei intenta resistir hasta octubre en medio de tensiones económicas y políticas crecientes. Los frentes de conflicto se multiplican: ¿se le hizo demasiado largo el calendario electoral al libertario? En el medio asoman las peleas con los gobernadores.
 
A pesar de que el receso invernal del Congreso le abrió una ventana de tiempo para negociar, el gobierno de Milei enfrenta una tormenta en Diputados que podría llevarlo a una dura derrota, como la que sufrió la semana pasada en el Senado. La oposición prepara una sesión para aprobar el financiamiento universitario y la declaración de emergencia en pediatría a raíz del conflicto del Hospital Garrahan.
 
También se sumarían los proyectos de todos los gobernadores para distribuir de forma equitativa los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del impuesto a los combustibles, que aprobó la Cámara alta y ayer ingresaron a Diputados, donde el oficialismo buscará obstaculizar su tratamiento.
 
Más complicado aún para la Casa Rosada será si la convocatoria incluye el rechazo al veto de Milei a la emergencia en Bahía Blanca (que ya revocó el Senado), donde sus propios aliados del PRO que votaron la emergencia deberán discernir si sostienen el veto presidencial para bancar la alianza electoral bonaerense detrás de los libertarios o si ratificaran la ayuda económica para la ciudad devastada por la inundación.
 
Los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica vienen trabajando en la convocatoria a una sesión para la última semana de julio (podría ser el 30) o la primera de Agosto (el 6), que tienen como ejes darle media sanción a los proyectos de financiamiento para las universidades nacionales y la declaración de emergencia en el hospital pediátrico Garrahan.
 
Además, ayer ingresaron a la Cámara de Diputados los proyectos con media sanción del Senado impulsados por los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para establecer por ley un esquema de coparticipación de los ATN y de una porción del impuesto a los combustibles destinados para obras viales que el Gobierno central recauda, no distribuye o lo hace a cuentagotas y de manera discrecional.
 
Ahora, el titular del cuerpo legislativo, el libertario riojano Martín Menem, deberá definir a que comisiones será girado cada uno de ellos. No se descarta que ambos vayan a la comisión de Presupuesto, donde su presidente José Luis Espert comanda la primera barricada oficialista para frenar cualquier iniciativa que incomode al Gobierno.
 
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16-07-2025 / 09:07
Javier "el Loco" Milei pretendía imponer límites a las huelgas mediante un decreto, esquivando al Congreso e ignorando las garantías constitucionales. La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo le puso un freno al decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por el prescindente Milei que pretendía recortar el derecho de huelga en Argentina.
 
Con una sentencia definitiva, el tribunal suspendió la aplicación del DNU 340/2025, una medida que ampliaba de forma arbitraria la cantidad de actividades consideradas "esenciales" y obligaba a mantener entre un 50 y un 75 por ciento de la actividad aun en situaciones de conflicto gremial.
 
El fallo fue firmado por los jueces Silvia Pinto Varela y Héctor Guisado, quienes ratificaron la resolución de la jueza de primera instancia Moira Fullana, que ya había dado lugar a un amparo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT). El tercer integrante de la sala, Manuel Diez Selva, no participó por estar de licencia.
 
El intento del Gobierno de Milei de cercenar el derecho de huelga, un derecho constitucional y fundamental de los trabajadores, fue declarado inválido por la Justicia por no cumplir los requisitos básicos para dictar un decreto de necesidad y urgencia.
 
En su voto, Silvia Pinto Varela dejó en claro que no se dan las "circunstancias excepcionales" que exige la Constitución Nacional para utilizar esta herramienta.
 
"Es muy claro que no se dan los extremos excepcionales a los que se refiere reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para justificar el dictado de un DNU, esto es, la imposibilidad de que se reúna el Congreso de la Nación", sostuvo.
 
El DNU 340/2025 había sido firmado por Milei el 21 de mayo. En su artículo 3 ordenaba, por decreto, que en los servicios esenciales no se pudiera negociar una cobertura menor al 75 por ciento, y en las actividades de "importancia trascendental", no se pudiera bajar del 50 por ciento.
 
Es decir, el Ejecutivo pretendía imponer límites a las huelgas mediante un decreto, esquivando al Congreso e ignorando las garantías constitucionales. La maniobra no es nueva: estos mismos cambios ya estaban en el capítulo 4 del DNU 70/2023, otro megadecreto de Milei, que también fue suspendido por la Justicia y que aún espera un fallo definitivo de la Corte Suprema.
 
La CGT había solicitado la acción de amparo argumentando que el decreto viola el principio de división de poderes y ataca la libertad sindical. La Justicia le dio la razón. El fallo representa un freno a un gobierno autoritario y anti democrático que viene avanzando sin consenso ni diálogo en medidas que afectan directamente los derechos laborales y sociales de los argentinos.
 
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