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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 10-03-2023 / 09:03
UNA PARODIA DE JUICIO LLEVADA ADELANTE POR UN TRIBUNAL QUE NO ES IMPARCIAL

Una sentencia contra Cristina, sin prueba alguna, escrita por Macri y la mafia judicial

Una sentencia contra Cristina, sin prueba alguna, escrita por Macri y la mafia judicial
“Más que un tribunal del Lawfare, es un pelotón de fusilamiento”, había asegurado Cristina Kirchner, y las 1616 páginas con los “fundamentos” de su injusta condena le dieron la razón. “Es aún más endeble de lo que se esperaba” reaccionaron los expertos judiciales, que destacaron que el palabrerío y la absoluta falta de pruebas dejan al desnudo el objetivo macrista de la proscripción.
El Tribunal que juzgó y condenó a la vicepresidenta y otros imputados en la llamada "causa Vialidad" dio a conocer los fundamentos de su veredicto y se abre la etapa para recurrir ante la Cámara Federal de Casación. Cristina fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Como consecuencia de la defraudación, los jueces macristas ordenaron el decomiso de 84.835 millones de pesos actualizados al momento en que esta sentencia quede firme.
 
El Tribunal Oral Federal (TOF) número 2 notificó por la mañana los fundamentos de su sentencia a las partes. Desde ese momento, se abrió el plazo de diez días hábiles para recurrir mediante un recurso de apelación al veredicto ante Casación, el máximo tribunal penal federal del país. El hecho generó una ola de repudios de parte de dirigentes oficialistas, mientras que por parte de Juntos por el Cambio primó el silencio.
 
El Partido Justicialista, que preside Alberto Fernández, rechazó "la persecución judicial y el intento de proscripción" a la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad y manifestó que "con persecución no hay democracia plena". "Reitera una vez más su más enérgico rechazo a la persecución judicial y el intento de proscripción de la compañera vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que hoy comenzó su camino formal con la lectura de los "fundamentos" en la denominada Causa Vialidad por parte de los jueces del Tribunal Oral Federal 2", afirmó en un comunicado.
 
"El contenido del fallo vuelve a dejar en evidencia la falta de garantías, el incumplimiento del debido proceso y la violación de derechos humanos fundamentales establecidos en la Constitución Nacional. Igual que en las instancias anteriores, el Partido Justicialista expresa su solidaridad con la vicepresidenta, ratifica su inocencia y advierte sobre el serio riesgo para el sistema democrático que implica este nuevo avance de los poderes antipopulares", asegura el PJ tras conocerse el escrito de 1600 páginas.
 
Y lo cierra: "A 40 años de la recuperación democrática, exigimos la plena vigencia de los derechos políticos de todos los argentinos y argentinas. Recordamos que los pueblos siempre han luchado y seguirán luchando en defensa de las y los líderes que se han jugado por ellos".
 
"Buscan sentenciar otra cosa con la persecución a CFK, el armado de causas, no hay dudas que hay otra sentencia: enterrar los 12 años del proyecto de gobierno de Néstor y Cristina y demonizar lo que eso simboliza y representa", consideró el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis. Además, el ministro de Interior y precandidato a presidente, Eduardo "Wado" De Pedro aseguró que "el código penal reemplazó al código electoral" en la Argentina, y dejó en claro que "como el 9 de marzo de 1956, otra vez entramos en una etapa de proscripción", al referirse a los fundamentos difundidos.
 
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, consideró que los fundamentos "son absolutamente políticos" y además afirmó que "el objetivo" de esa sentencia es prohibir que la vicepresidenta sea "nuevamente electa". "Intentaron culpar a Cristina Fernández de Kirchner por diferentes hechos ilícitos en un circo absoluto. El objetivo es prohibir a la Vicepresidenta para que sea nuevamente electa. Nunca vi un fallo igual a este. Es algo absolutamente político. Es algo indignante".
 
Por su parte, el diputado nacional del Frente de Todos Leopoldo Moreau afirmó que los fundamentos dados a conocer este jueves son "un paso más en una parodia de juicio llevada adelante por un tribunal que no es imparcial" y aseveró que la condena en la causa Vialidad forma parte de "un plan sistemático de persecución política".
 
La Opinión Popular 
 

 
EL OFICIALISMO COINCIDIÓ EN LAS CRÍTICAS AL FALLO DEL TOF 2 EN LA CAUSA VIALIDAD
 
El Frente de Todos denuncia que la única razón de la condena es la proscripción de Cristina Kirchner
 
Sin fisuras, el FdT salió a denunciar que los fundamentos de la sentencia  contra la vicepresidenta muestran que sólo se busca sacarla de la competencia política. Mientras se espera que reaparezca en Río Negro, impulsan una manifestación masiva contra la persecución judicial.
 
El Frente de Todos encontró en las 1616 páginas que el Tribunal Oral Federal 2 destinó a justificar su condena a Cristina Fernández de Kirchner una única razón: la proscripción de la principal dirigente política del país en los inicios de un año electoral. Después de que se conocieran los fundamentos del fallo en la llamada causa Vialidad, firmados por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, los principales referentes políticos del oficialismo denunciaron una avanzada política del Poder Judicial y llamaron a movilizarse contra el lawfare.
 
No hubo demasiadas sorpresas tras la difusión de los fundamentos de la sentencia que se conoció el 6 de diciembre pasado. Ese mismo día, CFK había dicho que no competiría en los comicios de este año para no darle al Poder Judicial la oportunidad de dejar al FdT sin su principal postulante. Se miraba en el espejo de Brasil.
 
Se espera que este viernes, cuando reciba el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Nacional de Río Negro, la vicepresidenta vuelva a referirse al tribunal que la condenó a seis años de prisión y a una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. En los últimos días, en una presentación que hizo ante un grupo de expertas independientes de la Organización de Estados Americanos (OEA), CFK dejó una definición contundente de cómo funciona el Poder Judicial en la Argentina: dijo que la privó de sus derechos civiles y políticos.
 
Desde la Casa Rosada manifestaron que la decisión del TOF busca sacarla de la escena política. En conferencia de prensa, la portavoz presidencial Gabriela Cerruti afirmó que el presidente Alberto Fernández sostiene la inocencia de CFK.
 
CFK denuncia desde hace tiempo que la persecución judicial hace foco en ella pero es contra todo el peronismo. El Partido Justicialista nacional -que preside Alberto Fernández- salió a poner en evidencia las maniobras para dejarla fuera del juego político al expresar su "más enérgico rechazo a la persecución judicial y el intento de proscripción de Cristina". En su comunicado, el PJ expresó que "el contenido del fallo vuelve a dejar en evidencia la falta de garantías, el incumplimiento del debido proceso y la violación de los derechos humanos fundamentales".
 
El capítulo bonaerense del PJ, que lidera el diputado Máximo Kirchner, afirmó que se trataba de la crónica de una sentencia anunciada. "Una sentencia de millones de palabras, ninguna prueba contundente y un solo renglón objetivo: evitar una candidatura de Cristina Fernández de Kirchner a cualquier cargo público", sostuvieron. "Estamos frente a una impugnación judicial de sus políticas", dijeron.
 
 
La reacción del Gabinete
  
El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, se pronunció en la misma línea. "La causa Vialidad fue armada y direccionada con un único objetivo: condenar a Cristina Kirchner. Como venimos sosteniendo, los fundamentos del fallo ratifican el efecto proscriptivo de la sentencia a Cristina", resaltó.
 
El canciller Santiago Cafiero, uno de los funcionarios de mayor confianza del Presidente, también dijo que se iniciaba el camino hacia la proscripción y que se busca "disciplinar al peronismo y condicionar el proceso electoral".
 
En sintonía se expresó el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro. "Éste es otro día de persecución donde sectores del Poder Judicial están cumpliendo un rol disciplinador". El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, afirmó que la sentencia "busca enterrar los doce años del gobierno que encabezaron Néstor y Cristina" y tiene como objetivo "demonizar lo que representa Cristina".
 
Para el ministro de Justicia, Martín Soria, el fallo del TOF 2 está plagado de inconsistencias. No logra explicarse, en su opinión, cómo los jueces condenan por administración fraudulenta a CFK pero no a los funcionarios que dependían de ella y supuestamente ejecutaban la política vinculada a la obra pública que habría sido contraria a la ley. "El escrito de 1600 páginas expone y comprueba el prevaricato de los jueces", le dijo Soria a Página/12.
 
"Cuando consideran la acusación contra Julio De Vido, los jueces correctamente analizan las competencias propias del ministro de Obras Públicas y lo absuelven. No era su responsabilidad fiscalizar porque eso se reservaba a Vialidad Nacional. Pero cuando tratan la acusación de Cristina Kirchner rompen la cadena penal de responsabilidades y pasan por alto las competencias de la Presidencia de la Nación y la condenan por administración fraudulenta, cuando los jueces saben que la administración y ejecución del presupuesto nacional es responsabilidad del Jefe de Gabinete".
 
 
Plan de persecución
  
Para el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, no hubo sorpresas con los fundamentos de la sentencia de Giménez Uriburu, Gorini y Basso. "No nos sorprenden porque veíamos las irregularidades y las denunciamos", le dijo a este diario el funcionario que semanas atrás se refirió a la persecución judicial ante un foro de Naciones Unidas. "Que absuelvan a funcionarios y que vayan por la condena a Cristina demuestra que hay una intención de correr del juego político a la dirigente que más transformó a la Argentina y que más peleó por los intereses de las grandes mayorías. Creo que es eso lo que nunca le van a perdonar: que gobernó para la felicidad del pueblo y no para las corporaciones", afirmó. "Vamos a movilizarnos y a convencer a nuestra ciudadanía de que la mejor alternativa (para las elecciones) es Cristina. Ésta es una página más de este mecanismo perverso que llamamos lawfare".
 
Para el diputado Leopoldo Moreau, la sentencia del TOF 2 ya estaba escrita. "La escribieron Mauricio Macri y la mafia judicial", dijo el presidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia, que también denunció la existencia de un "plan sistemático de persecución política".
 
Cristina Caamaño, fiscal retirada, exinterventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y titular de Justicia Legítima, también sostuvo que la condena contra la vicepresidenta es parte del lawfare. "La decisión ya estaba tomada porque el que está juzgando esto es el Partido Judicial, no el Poder Judicial", le comentó a este diario. "El tribunal no tiene en cuenta las pruebas, sino que decide políticamente. Hacer obra pública es una decisión del Poder Ejecutivo, no es algo judiciable. Lo que esto va a generar es que nadie quiera hacer nada por miedo. Es claro que esta decisión del Partido Judicial es para sacar de la cancha a Cristina. Si no era con la causa Vialidad, iba a ser con Dólar Futuro o alguna otra. El tema del lawfare es terminar con el kirchnerismo o con el peronismo", dijo.
 
La diputada Vanesa Siley, que es una de las espadas del FdT en el Consejo de la Magistratura, calificó los fundamentos como "la sentencia más bochornosa de los últimos tiempos democráticos". Siley emparentó la difusión de los argumentos del TOF 2 con la publicación del decreto 4161/56 de la dictadura autoproclamada "Revolución Libertadora", que también un 9 de marzo prohibió la sola mención del nombre de Juan Domingo Perón o el uso de los emblemas del peronismo.
 
 
La liturgia y la calle
  
El sábado se cumplirán 50 años desde que el pueblo argentino volvió a las urnas después de casi 18 años de proscripción del peronismo. Entonces se impuso la fórmula encabezada por Héctor Cámpora, tributario de los votos del "Luche y Vuelve". Este sábado, dirigentes bonaerenses del oficialismo encabezarán un plenario en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Avellaneda para pedir que CFK sea candidata en las elecciones presidenciales de este año. Es una fecha cargada de simbolismo.
 
Mientras se espera que CFK reaparezca este viernes en Río Negro, el diputado Hugo Yasky llamó a organizar una movilización masiva. "Solo se puede dar vuelta con el pueblo en la calle", dijo en C5N y explicó que podría ser una marcha federal que confluya en la Ciudad de Buenos Aires. La fecha que sugirió es el 25 de mayo, cuando se cumplirán 20 años de la asunción como presidente de Néstor Kirchner.
 
Por Luciana Bertoia
 
Fuente: Página 12
 

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24-12-2025 / 11:12
La guerra de las coimas. Daniel Garbellini, el hombre de los primos Menem al que Daniel Spagnuolo definía en sus audios como "un delincuente" y al que le echó toda la culpa por la corrupción con los remedios para discapacitados, declaró ante la Justicia que el verdadero culpable era el propio Spagnuolo. "El asumió la suma del poder en la Andis y era el único que tenía firma autorizada para realizar pagos", sostiene en un documento.
 
La causa sobre coimas, direccionamiento y sobreprecios en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejó expuesta una batalla entre los principales imputados. Después de que el exdirector del organismo, Spagnuolo, buscara en un escrito responsabilizarlo por las irregularidades, Garbellini -su exnúmero dos, extitular de Acceso a los Servicios de Salud- le devolvió en un descargo la gentileza.
 
En el marco de la causa que investiga las irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad, Garbellini, ex número dos del organismo, presentó un escrito ante la Justicia en el que negó todas las acusaciones y trasladó la responsabilidad de las decisiones operativas y administrativas a Diego Spagnuolo, ex abogado personal de Javier "el Loco" Milei y exdirector ejecutivo de la entidad.
 
Garbellini fue removido de su cargo tras el escándalo por sobornos en la compra de medicamentos y detalló que asumió la Dirección de Acceso a los Servicios de Salud en junio de 2024. Según su descargo, sus funciones se limitaban a la gestión del programa Incluir Salud, destinado a brindar cobertura médica a personas con discapacidad sin obra social, y no incluían facultades decisorias sobre contrataciones ni sobre bajas de pensiones.
 
En su presentación, sostuvo que el control total del sistema informático, las compulsas de precios y los pagos estaban en manos exclusivas de la Dirección Ejecutiva. "Tanto el suscripto como el resto de los funcionarios éramos usuarios del sistema", afirmó, y remarcó que el acceso pleno e irrestricto a la información dependía únicamente del director ejecutivo.
 
Garbellini insistió en que no tenía atribuciones para transparentar o abrir las contrataciones, y que cualquier falta de publicidad o control público fue una decisión ajena a su responsabilidad. Incluso aseguró haber sugerido cambios estructurales que fueron rechazados con el argumento de que "todo se hacía por urgencia".
 
El caso se originó a partir de grabaciones que involucraban a Spagnuolo, aunque esas pruebas no fueron consideradas válidas por el fiscal Franco Picardi. En esos registros también se mencionaba un vínculo entre Garbellini y Karina Milei, a través de un colaborador cercano, aunque esa línea no avanzó formalmente.
 
Hasta ahora, el único testimonio oral fue el de Roger Grant, quien admitió irregularidades en las contrataciones del programa PACBI y aseguró que actuaba bajo órdenes directas de Garbellini, a quien señaló como la figura que definía la operatoria. Sin embargo, evitó referirse a presuntas coimas. El expediente también incorpora anotaciones secuestradas en un allanamiento que vuelven a comprometer al exfuncionario libertario y refuerzan la disputa de responsabilidades en la causa.
 
La Opinión Popular
 

23-12-2025 / 09:12
Un fallo de Cámara obliga al Gobierno a explicar ante la Justicia dónde está el oro que, en junio de 2024, el gobierno de Javier "el Loco" Milei sacó del Banco Central para enviar al exterior. Para los jueces, esa información constituye "un asunto de indudable interés público como es la administración de las reservas". La presentación la hizo La Asociación Bancaria, el gremio que descubrió y denunció la maniobra con los lingotes de oro. El presidente del Banco central, Santiago Bausili, ya se negó a contestar un requerimiento de la Auditoría General de La Nación. Junto a "Toto" Caputo sacaron el oro del país y nunca informaron sobre su destino.
 
En un operativo clandestino de ribetes policiales, comenzó una saga de ocultamiento de las autoridades sobre el destino de uno de los principales activos líquidos del organismo monetario. El diputado nacional y líder de La Bancaria, Sergio Palazzo, presentó varios pedidos de informes exigiendo a las autoridades que expliquen donde está el oro y que tipo de cauciones lo afectan. Caputo nunca quiso explicar su destino, se limitó a comentar muy por arriba en un programa de televisión que se giró a un banco para cobrar intereses. No explicó quien lo tiene ni qué tipo de operación se hizo con ese importante activo.
 
Ahora, la Justicia Federal ordenó este lunes al Banco Central que entregue información precisa sobre el destino del oro. En una resolución firmada por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, consideró que la autoridad monetaria no justificó de manera suficiente su decisión de no informar sobre el destino del activo y sostuvo que la negativa vulneró los principios de transparencia.
 
Es que Caputo y Bausili sostienen que la operación forma parte de la "administración" de las reservas y por ende es secreta. El mismo criterio opaco que Caputo utiliza para no dar precisiones sobre el swap firmado con Estados Unidos y los bonos que le entregó al Tesoro para que rentabilice la venta de dólares que hizo sobre el cierre de la campaña.
 
Los jueces fueron punzantes sobre el lamentable manejo de Caputo sobre información que debería ser pública. "La configuración de alguna de las excepciones legales a la entrega de información pública no puede depender de una apreciación unilateral del sujeto obligado", sostiene el fallo y subraya que es el Estado quien debe demostrar, de manera concreta, que la difusión de los datos solicitados causaría un daño a un interés legítimamente protegido.
 
El Banco Central respondió apenas con un comunicado formal que "había completado transferencias de parte de sus reservas en oro entre sus diferentes cuentas", sin precisar monto, destino ni motivo concreto. La respuesta evasiva del BCRA encendió alarmas. Porque ese oro no es un adorno: según informes oficiales, las reservas de oro rondan unos USD 4.900 millones, un componente significativo del total de activos extranjeros del Central.
 
Aunque la entidad insiste en que las operaciones no alteran el volumen agregado de las reservas, nadie sabe realmente dónde están físicamente esos lingotes y si siguen efectivamente en poder del Estado o se remataron en algunas de las operaciones de préstamos igualmente opacas que concretó Caputo. El balance del BCRA, en ciertos trimestres, llegó incluso a no mostrar ese componente con claridad, como si hubiera desaparecido entre páginas y cifras.
 
La Auditoría General de la Nación (AGN) reveló recientemente que el Banco Central se negó a entregar documentación sobre dónde están los lingotes, bajo qué condiciones se conservan y si parte del oro fue transformado en instrumentos financieros. El argumento oficial: la información es "confidencial" y su difusión podría poner en riesgo la seguridad de los activos. Como sea, la pregunta es: ¿dónde está el oro? Eso es lo que la Justicia ahora exige que responda Milei.
 
La Opinión Popular
 

22-12-2025 / 10:12
Las joyas de la abuela que remata el gobierno. A espaldas del Congreso, el Gobierno ya vendió 40 valiosos terrenos del Estado (pertenecientes a las fuerzas armadas, instituciones científicas y hasta predios de ex centros clandestinos de detención) y tiene 140 inmuebles más para subastar. Luis "Toto" Caputo sueña con conseguir unos mil millones de dólares mientras las grandes inmobiliarias amigas del gobierno, con Eduardo Costantini a la cabeza, se quedan con el botín.
 
Tierras del Plan Procrear, de las Fuerzas Armadas, ferroviarias, de instituciones científicas, predios de ex Centros Clandestinos de Detención y hasta un pedazo de montaña en Mendoza. Todo eso incluye la lista de más de 180 terrenos e inmuebles públicos que conforman el plan de ventas de bienes del Estado que ya avanza en el Gobierno de Javier "el Loco" Milei.
 
Los remates, que esta semana fueron noticia por la venta de tierras destinadas originalmente a viviendas sociales, se concentran por ahora en la Ciudad de Buenos Aires con las empresas de Eduardo Costantini como principales beneficiarias y otros grandes jugadores del sector, como el Grupo IRSA, codiciando las tierras.
 
A través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), y sin pasar por el Congreso, la fuerza libertaria ya vendió cerca de 40 bienes y tiene en lista otros 140 lotes e inmuebles publicados para subastar en lo que le queda de mandato.
 
La lista de subastas futuras cuenta con terrenos de hasta 300 hectáreas a vender en el interior del país con destino al negocio agropecuario o a grandes proyectos inmobiliarios. Especialistas y organizaciones ambientalistas advierten que se trata "de uno de los procesos de descapitalización pública más agresivos de nuestra historia reciente".
 
"Vamos a vender muchos de los activos de la AABE y eso va a generar un ingreso de miles de millones". No mentía el ministro de Economía, "Toto" Caputo, cuando a principios de junio reconocía que el gobierno remataría las tierras del Estado para intentar sostener las reservas, en conjunto con los procesos de privatizaciones y concesiones.
 
Sólo desde ese mes la Agencia abrió subastas para un total de 26 terrenos e inmuebles a los que hay que sumarle otros 17 procesos de remate que se habían abierto desde fines de 2023. En paralelo a las subastas de la AABE, el gobierno remata también las tierras que estaban destinadas al ya disuelto Plan Procrear y apunta a recaudar una suma de entre 800 y 1000 millones de dólares por todo el paquete. Aunque hubo ventas en Mendoza, La Plata, Pinamar y Córdoba, la mayor parte de los bienes vendidos hasta ahora se concentran en la Ciudad de Buenos Aires.
 
El terreno más grande de ese paquete es el predio de cuatro hectáreas que pertenecía al Ejército y que Eduardo Costantini adquirió por más de 120 millones de dólares. El mismo empresario se quedó con un lote de la Policía Federal en Bajo Belgrano a través de la firma Argencons, que controla desde mayo, en una subasta peleada en la que la empresa le ganó incluso al peso pesado de Eduardo Elsztain y su Grupo IRSA.
 
Antes, Costantini también había sumado otro terreno a pocos metros del Campo Argentino de Polo. En los tres casos se construirán desarrollos inmobiliarios.
 

21-12-2025 / 09:12
Cuando los cimientos están agrietados, todo lo que se construye es frágil e inestable. Cincuenta días tardó Javier "el Loco" Milei, tras una sorpresiva e impactante victoria en las elecciones de medio término, en fagocitarse el crédito político, de la misma forma que se fagocitó -durante los últimos dos años- una cantidad récord de divisas sin poder acumular reservas.
 
Ahora, tiene por delante dos años en los que su suerte está atada a la voluntad de aliados poco confiables. El FMI volvió a intervenir la economía, forzando un volantazo; los gobernadores pasaron por caja y después le votaron en contra. Un poco de su propia medicina. Hola incertidumbre, mi vieja amiga, podría cantar el presidente. Dos años, en Argentina, es mucho tiempo.
 
Después de la sesión del miércoles en la Cámara de Diputados, la mayoría de los medios titularon con un triunfo del oficialismo por la media sanción de diputados y apenas destinaron alguna línea en la bajada para comentar, como algo secundario, la inesperada derrota en el Capítulo 11 que se votó de madrugada. Con el correr de las horas, la realidad se encargó de corregir ese evidente error de criterio.
 
La derrota del gobierno fue completa y sus consecuencias están teniendo ramificaciones imprevistas. Milei amenazó con vetar su propio presupuesto y Patricia Bullrich tuvo que anunciar la postergación del tratamiento de la reforma laboral, justo a la hora que la CGT desconcentraba la Plaza de Mayo. Una derrota indisimulable.
 
El debate sobre la Ley de Presupuesto en la Cámara Baja era la primera y la más sencilla de todas las sesiones que tiene por delante el Gobierno para aprobar las reformas que anunció. La dificultad insalvable que encontró esta semana echa dudas sobre la viabilidad del resto de sus planes, justo cuando tiene que convencer a los acreedores que le vuelvan a prestar el dinero que no podrá devolver en 20 días.
 
La forma en la que intentó, sin éxito, salvar esa dificultad, repercutió negativamente en la relación con todos sus aliados, a los que necesita para que el Congreso le siga dando una pátina de legitimidad a sus decisiones, muchas veces ilegales e inconstitucionales.
 
La caída del artículo 75, el corazón de la derrota, está cargada de significado político porque fue una rebelión contra la cláusula de la humillación. Enceguecido por una mala lectura de las urnas, Milei no se contentó con ganar sino que quiso escenificar un triunfo absoluto y definitivo sometiendo a los legisladores que antes de la elección habían apoyado las leyes que daban presupuesto a la Universidad Pública y a las personas con discapacidad, para que votaran explícitamente en contra de esas mismas leyes. Ese era el corazón político del proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo. Las partidas pueden reconducirse por decreto. Lo importante era coronar a Milei.
 
Así, el solsticio de verano no sólo marca hoy el final de la primavera, sino también, en coincidencia, el de la primaverita política que había comenzado para el gobierno con el resultado de las elecciones de medio término y que terminó sin que pudiera capitalizar de manera alguna ese éxito. La realidad muestra que, al fin y al cabo, las cosas no son tan malas como parecían en septiembre ni tan buenas como nos quisieron hacer creer después de octubre.
 
Todo sigue más o menos parecido a lo que fue el largo 2025: precario, inestable, violento, cada vez más autoritario y deteriorado. Este año Milei necesitó tres rescates del FMI, de Trump y de las urnas, para llegar hasta acá. Va a necesitar uno más, de los Senadores, antes del brindis del 31. Y con el 2026 comenzará una historia diferente.
 

20-12-2025 / 10:12
Agrandado como alpargata de pobre, en pocas semanas el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei dilapidó el resultado favorable de las urnas, resquebrajó su alianza con el PRO al romper la promesa de un lugar en la AGN; soportó un masivo acto de protesta de la CGT; debió postergar la reforma laboral, y le rechazaron en el Congreso su intento de derogar las leyes de presupuestos universitario y para discapacidad.
 
El efecto colateral del resultado favorable pero inesperado en las urnas fue confiarse demasiado y tomar de su propia medicina para creerse el relato sobre la estupidez humana. No ganó las elecciones porque los ciudadanos piensen que están bien. Es posible que así piense una pequeña parte de sus votantes. La mayoría sabe que está mal y votó -o no fue a votar- entre el discurso gorila antiperonista y la amenaza de un apocalipsis argentino inminente revoleado por el presidente norteamericano Donald Trump.
 
Javier Milei insiste en que la gente está bien. Es una mala lectura de la realidad que dibujan el Indec, el ministro Toto Caputo y Santiago Bausili en el Banco Central. Es el peor mensaje para mentir porque cualquier hijo de vecino puede constatar su falsedad. No importa si la inflación es cero o diez, ni si los medios dicen que bajó la pobreza. El sueldo no llega a fin de mes. O para que llegue hay que hacer sacrificios en calidad de vida, en calidad de salud y alimentación, en las vacaciones y el transporte. Todos saben que el padre, el tío o los abuelos están en el horno con las jubilaciones.
 
La lista de desgracias es más larga porque hay que anotar a los que perdieron negocios o el trabajo, que son cientos de miles. El gobierno hizo una mala lectura y sobre esa base tomó decisiones equivocadas. Una de ellas fue prometerles a sus aliados del PRO un puesto en la Auditoría General de la Nación que no podría otorgarle.
 
Se habló de una negociación con Unión por la Patria, pero en realidad, el puesto que estaba en discusión fue el que asumió la salteña Pamela Calleti que responde al gobernador Gustavo Sáenz. Si hubo negociación no fue por los votos. Los diputados de Unión por la Patria rechazaron las propuestas del Gobierno en todas las votaciones siguientes. Desde el intento oficial de derogar las leyes de financiamiento universitario y para la discapacidad, hasta el presupuesto. No hubo votos de Unión por la Patria en ninguna de esas votaciones.
 
El bochorno mayor fue con la compra de voluntades con los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) previo a la votación. Las provincias más fieles a las decisiones del bloque, como Buenos Aires, La Pampa, Tierra del Fuego, La Rioja y Formosa quedaron fuera del reparto. Milei repartió 66 mil millones de pesos de ATN para comprar esos votos. Lo hizo en forma descarada.
 
Al tucumano Osvaldo Jaldo, el más favorecido, lo hizo llegar hasta Buenos Aires para que le bese el anillo y para escracharlo con una fotografía en la Rosada. Votos en remate para el Presupuesto y la Reforma Laboral, que son parte de las políticas del Gobierno que está destruyendo la industria y expulsando inversiones.
 
Se ha naturalizado esa actitud como un acto "responsable" de los gobernadores, como si el gobierno pudiera usar con ese fin los ATN que son para problemas concretos y no para comprar votos. Usado de esa manera, ese mecanismo es directamente extorsivo.
 
Los diputados que representan a las provincias de Misiones, Salta, San Juan y Mendoza, que originalmente habían votado a favor del aumento del presupuesto a las universidades y a la discapacidad, cambiaron su voto luego de que sus gobernadores recibieran los ATN.
 

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