04:31 | Jueves 23 de Marzo de 2013 | Entre Ríos

Las claves del modelo ideológico neoliberal del gobierno de Macri
Por Carlos Andujar

"El peronismo es un encuadramiento de las fuerzas populares vertebrado en torno a la clase trabajadora" John William Cooke

Nacionales - 09-03-2023 / 11:03

EL DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES TRABAJADORAS EN LA CALLES

La marcha de Ni Una Menos al Congreso denunció que con esta Justicia no hay derechos ni democracia

Bajo las consignas "con esta Justicia no hay derechos ni democracia" y "la deuda es con lxs trabajadorxs", decenas de miles de mujeres volvieron a llenar este miércoles la Plaza del Congreso en el marco de un nuevo paro internacional feminista. Las demandas se concentraron en la reforma de la Justicia, la deuda que se carga sobre las trabajadoras y la persecución de las luchadoras populares.

Los ejes del documento de cierre estuvieron puestos en la situación económica que "a nosotras y nosotres nos afecta triplemente" y en el reclamo de "reforma judicial transfeminista": "Hay un aumento de la persecución a las luchadoras populares con apertura de causas judiciales y allanamientos a las organizaciones sociales", denunciaron. En paralelo a la marcha a Congreso, las organizaciones del Frente de Izquierda y la Asamblea por el Derecho al Aborto de CABA se movilizaron hacia Plaza de Mayo.

"Hoy, 8 de marzo de 2023, día internacional de les y las trabajadoras, los feminismos volvemos a ocupar las calles masivamente en una nueva jornada de lucha y paro feminista", se escuchó desde el escenario pasadas las 18.45 horas, en el inicio de la lectura del documento final de un nuevo 8M. Abajo ya escuchaban las decenas de miles de manifestantes que, agrupadas en organizaciones sociales, políticas y sindicales, llenaban como cada año la Plaza del Congreso. La columna encabezada por Ni Una Menos concentró a las 16.30 en Avenida de Mayo y 9 de Julio y desde allí marchó ocupando varias cuadras de la avenida.

Desde el escenario montado sobre un camión, a las puertas del palacio legislativo, desde temprano bajaba música y se escuchaban las consignas del paro feminista. Alrededor del escenario colgaban pasacalles de La Garganta Poderosa que exigían la "Ley de reconocimiento salarial para las cocineras comunitarias", proyecto que la organización presentó este 8M.

"Organizadxs contra la injusticia, la deuda es con nosotrxs", exclamaba otro pasacalles que cruzaba la Avenida Rivadavia. Las paredes de los edificios que rodean la plaza estaban empapelados por afiches del colectivo "la lengua en la calle" con una foto de la Facultad de Derecho: "Reforma judicial transfeminista", se leía sobre las escalinatas de la Facultad.

"Denunciamos el intento de magnifemicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la falta de investigación del hecho y su posterior proscripción", siguió la lectura del documento, haciendo eje en la cuestión judicial. "En este marco se inscribe el aumento de la persecución a las luchadoras populares con apertura de causas judiciales y allanamientos a las organizaciones sociales", continuó. También se denunciaron las detenciones de las cuatro mujeres mapuche de Villa Mascardi y "la continuidad del hostigamiento judicial contra Milagro Sala y demás compañeras de la Tupac".

El otro eje principal del documento de cierre repitió una consigna que ya se viene levantando en los últimos 8M: "La deuda sigue siendo con nosotras y nosotres". "Decimos eso porque nosotras sufrimos el doble las consecuencias de la dependencia que impone el pago de la deuda con el Fondo. Tenemos salarios más bajos, menor acceso al trabajo registrado, y eso en los casos en los que podemos conseguir un laburo", explicó a este diario Romina Juan, que llegó al Congreso desde Don Torcuato.

En el documento también se hizo hincapié en ese punto: "Paramos y nos movilizamos frente a la agudización de la crisis económica, frente al avance de la inflación, el aumento de la precarización laboral y la desocupación que a nosotras y nosotres nos afecta triplemente", se escuchó desde el escenario.

"Las consecuencias del pago de la deuda ilegítima con el FMI, contraída por el Gobierno de Mauricio Macri, siguen recayendo de manera diferencial sobre las mujeres, las lesbianas, bisexuales, travestis, trans, no binaries", siguió el documento, que exigió "que se investigue la deuda ilegítima con el FMI".

Por las víctimas de femicidios

A pocos días de que se conozca la sentencia por el femicidio de Lucía Pérez, en el documento firmado por más de 800 organizaciones también se pidió justicia por ella y "por todas las víctimas de femicidios".

Desde temprano estuvieron frente al Congreso los familiares de víctimas agrupados en Atravesados por el Femicidio, que colgaron en las rejas de la plaza una bandera con los rostros de sus familiares. "Convocamos a todas y todes a acompañar a la familia de Lucía el 14 de marzo en La Plata a la audiencia del jury y el 17 de marzo en Mar del Plata a la lectura del fallo del nuevo juicio", sostuvieron en el documento.

La marcha a Plaza de Mayo

También a las 16 30 concentraron en 9 de Julio y Avenida de Mayo las organizaciones de mujeres y disidencias de los partidos del Frente de Izquierda, entre otros, como la Asamblea por el Derecho al Aborto de CABA. A diferencia del año pasado, cuando se habían realizado dos actos paralelos en Plaza Congreso, esta vez la izquierda decidió marchar a Plaza de Mayo. La columna estuvo encabezada por una bandera que rechazaba "el ajuste de los gobiernos y el FMI" y pedía "acceso efectivo a la IVE".

Con la consigna "los pañuelos no se bajan", desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, en tanto, advirtieron que, "aunque conquistamos la ley, la implementación sigue encontrando obstáculos, barreras políticas, objetores, sigue habiendo presas por abortos y eventos obstétricos, y se sigue criminalizando a quienes garantizan la IVE y la ILE".

Por Santiago Brunetto

Fuente: Página 12

22-03-2023 / 10:03

El prófugo macrista Fabián Pepín Rodríguez Simón, a un paso de la extradición

El operador judicial macrista Fabián Rodríguez Simón, prófugo desde hace casi dos años, sufrió un nuevo revés en la patria que eligió para escabullirse de la justicia argentina. La Suprema Corte de Uruguay rechazó por "inadmisible" un recurso de casación de la defensa del huidizo hombre de confianza de Mauricio Macri contra los dos fallos que hicieron trizas su relato sobre una supuesta "persecución política", y rechazaron su pretensión de convertirse en "refugiado".

El nuevo revés de la defensa de "Pepín", que busca agotar todas las instancias administrativas y judiciales -aún las no previstas para ese tipo de casos- para ganar tiempo, implica la reactivación de la extradición pedida por la jueza federal María Servini, quien ordenó su detención en 2021 para indagarlo por el hostigamiento y la persecución a los dueños del Grupo Indalo.

La decisión de la Corte uruguaya data del jueves pasado aunque se conoció ayer, el mismo día en que Rodríguez Simón estaba convocado a declarar como testigo ante la Comisión de Juicio Político de Diputados, a la que no se presentó bajo el pretexto de estar tramitando su solicitud de refugio, que ya no podrá volverá a invocar.

El ex asesor de Macri permanece en suelo uruguayo desde fines de 2020. Servini lo declaró en rebeldía el 19 de mayo del año siguiente, luego de que Rodríguez Simón anunciara su nuevo destino y su decisión de no presentarse a la indagatoria en la causa que investiga "la presunta existencia de actos llevados a cabo por funcionarios públicos, desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional o a instancias de aquellos, que mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo habrían importado casos de corrupción", según surge de la imputación.

Servini fundamentó la rebeldía en que "Pepín" dio "sobradas muestras públicas de su intención de sustraerse de la Justicia, lo cual fue ratificado por su letrado defensor" y definió la estrategia de pedir refugio político en Uruguay como una maniobra dilatoria.

El primer hito que registra la resolución de la Corte uruguaya data del 25 de mayo de 2021, cuando la justicia oriental recibió el exhorto de la jueza argentina solicitando la inmediata detención y extradición de "Pepín", quien al día siguiente constituyó domicilio en Uruguay y comunicó que había iniciado el trámite ante la Comisión de Refugiados (CORE) con el objetivo de ser considerado un "refugiado político".

Con esa maniobra logró suspender el proceso de extradición, aunque a cambio se le ordenó entregar los pasaportes en su poder, con lo cual se vería impedido de esconderse -al menos legalmente- en otro país, y se dispuso el "cierre de fronteras" para quien ya tenía emitida un alerta roja de Interpol.

El 3 de agosto de aquel año, después de escuchar a Rodríguez Simón, la CORE concluyó que el temor de ser un "perseguido político" no tenía fundamentos y que no cumplía con los requerimientos para ser reconocido como refugiado pues en la Argentina cuenta con todas las garantías del debido proceso.

22-03-2023 / 10:03

Cristina Kirchner: Las sentencias se escriben en los medios

"No fue solamente la economía sino lo que pudimos reconstruir en materia de derechos humanos. No nos van a perdonar nunca". Está allí la razón de la persecución en los tribunales para Cristina Fernández de Kirchner, la razón de la condena y la proscripción que puede dejarla afuera de la carrera electoral. Y así lo hizo saber la vicepresidenta frente a un auditorio compuesto por expresidentes de la región y juristas que integran el Grupo de Puebla y vienen hace tiempo denunciando que el lawfare es el mecanismo que se usa desde los estrados judiciales para condicionar los procesos políticos progresistas.

No fue un acto altisonante pero el mensaje fue concreto: ya no es el partido militar el que le respira en la nuca a la democracia, sino el partido judicial. Y ella lo sufre en carne propia. "Lo que el partido militar fue a los gobiernos populares del siglo XX, el lawfare lo es a los gobiernos nacionales, populares y democráticos. Exactamente lo mismo", dijo CFK mientras la aplaudían dirigentes de la región, integrantes del Frente de Todos y miembros de organismos de derechos humanos que se congregaron en el III Foro de Derechos Humanos, pero sobre todo para brindarle su apoyo después de la condena del Tribunal Oral Federal 2 en causa Vialidad. "No nos persiguen porque somos populistas. Nos persiguen porque igualamos sociedades, por la justicia social y por el derecho de los trabajadores a participar en el producto bruto de lo que producen".

Rodeada de expresidentes que acompañaron sus mandatos como Evo Morales (Bolivia), José Luis Rodríguez Zapatero (España), Rafael Correa (Ecuador), Ernesto Samper (Colombia) o José "Pepe" Mujica (Uruguay), CFK repasó cuáles fueron sus políticas que terminaron siendo combatidas desde los tribunales. En dos meses, de hecho, se cumplirán veinte años desde que su compañero, Néstor Kirchner, llegó a la Casa Rosada.

"Se inició en 2003 la construcción de una nueva Argentina. Se empezó una Argentina diferente. Ese hombre junto con Lula, decidieron pagarle al FMI, para que nunca más pudiera dirigir la economía en la Argentina", remarcó CFK. "Fue la década virtuosa. Fue el momento donde más se redujo la desigualdad económica y social en la región, esta es la clave. No nos persiguen porque somos populistas, nos persiguen porque igualamos sociedades, por la justicia social, el derecho de los trabajadores a participar en el producto bruto de lo que producen", agregó.

Desde entonces, la apuesta tuvo que ver con reconstruir el Estado democrático constitucional, dijo CFK: no solo lo que representaba la Casa Rosada, sino lo que representaba el Poder Legislativo. En el Congreso, recordó, se compraban leyes y puso como ejemplo la denuncia de la Banelco para aprobar la flexibilización laboral de Fernando de la Rúa. "También le tocó a él -en referencia a Kirchner-, pese al 22 por ciento de los votos, reconstruir un Poder Judicial que había eliminado la mayoría automática y que había amenazado, no al gobierno sino a los argentinos con la dolarización de la economía".

21-03-2023 / 10:03

Sergio Massa interviene Edesur por seis meses por los cortes e incumplimiento de contrato

En medio de la crisis energética por la masividad de cortes de luz que afectan al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Gobierno anunció la intervención de la empresa Edesur durante 180 días, prestadora del suministro. Quedará a cargo Jorge Ferraresi como interventor. Los reclamos de familias, que incluso llevaron semanas sin servicio, y el aumento del descontento social motivaron el accionar de la Secretaría de Energía, que depende del Ministerio de Economía.

En conferencia de prensa, el ministro Sergio Massa, afirmó: "Hemos vivido situaciones que nos golpearon y dolieron, comercios tirando mercaderías, y hogares sin luz ni agua. Fueron las imágenes que marcaron la agenda de los últimos 15 días. En ese sentido, la inminente decisión de Enel de poner en venta la compañía Edesur aparece como una situación que genera incertidumbre sobre la prestación del servicio". El funcionario también informó que la empresa deberá devolver el dinero de las facturas a los usuarios que sufrieron cortes.

Por otra parte, el tigrense explicó: "Hemos tomado la decisión de ejecutar los $ 2.700 millones de sentencia, que implican un mecanismo de devolución por parte de la empresa a todos los usuarios del servicio de las multas que, de alguna manera, el Estado le aplicara y que tienen como objeto central la devolución del servicio no prestado por parte de la empresa a los usuarios".

Massa realizó el anuncio junto a la secretaria de Energía, Flavia Royon; el secretario Legal y Administrativo, Ricardo Casal, y el interventor del ENRE, Walter Martello, luego de los múltiples cortes de luz de los últimos días. El ENRE publicará una resolución este martes para hacer efectiva la resolución.

El último jueves, el Gobierno denunció penalmente a la compañía Edesur por "malversación de fondos, fraude en perjuicio de la administración pública y abandono de personas". En conferencia de prensa, la portavoz, Gabriela Cerruti, precisó que son un total de 75 mil los usuarios que padecieron cortes de luz extendidos en el tiempo y acusó a Edesur de ser la única empresa de servicios con esa cifra de cortes.

Días atrás, Martello se refirió a la posibilidad de que Edesur pierda la concesión, o al menos una parte, en caso de que así lo debata y apruebe el Congreso. Además, deslizó que existe la posibilidad de que el Estado tenga una futura participación en el servicio del suministro de luz. El funcionario profundizó: "Hay experiencias que se pueden tener en cuenta, como la de Brasil con Eletrobrás, donde el Estado tiene participación con el 45% de las acciones y eso le permite una posición más fuerte en el directorio a la hora de tomar criterios de inversión, de asignaciones prioritarias y un mejor control".

Esta intervención llega luego de la enorme crisis social que significaron los cortes masivos de luz en Buenos Aires. Esos cortes, que correspondieron mayoritariamente a Edesur, llegaron a afectar diariamente a más de 100.000 o 150.000 hogares, desnudando la crisis estructural de un sistema energético que no invierte en obras ni mantenimiento, lo que no alcanza a cubrir la demanda de energía, en el marco de la ola de calor que afectó al país.

La Opinión Popular

20-03-2023 / 11:03

El peronismo ante una encrucijada: reinventarse o ceder el futuro

El 6,6 por ciento de inflación en el mes de febrero que se dio a conocer esta semana y los primeros cálculos para marzo, que muestran nuevamente una tendencia al alza, impactan en la línea de flotación de la candidatura presidencial de Sergio Massa, esgrimida con más entusiasmo por otros socios del Frente de Todos que por el propio ministro de Economía. La falta de alternativas le da sobrevida a un proyecto que, desde el primer día, se sabía improbable.

Aunque quiera hacerse el distraído con la responsabilidad que le toca, el presidente Alberto Fernández también acusa el deterioro de la economía doméstica de la mayoría de los argentinos. Si no hay un cambio rotundo en la tendencia, dejará en diciembre un país con mejor PBI y más empleos que cuando asumió pero con la misma cantidad de pobres. Un resultado mixto que otros podrían vender como un puntito inteligente en años difíciles, lujo que el peronismo tiene vedado.

El sueño de una nueva postulación presidencial de Cristina Fernández de Kirchner, a esta altura, lo sostienen solamente aquellos cuyo destino electoral está atado a la atracción gravitatoria que ejerce la vicepresidenta, incluso después de haber sido sometida a ocho años de desgaste mediático, político y judicial. Otros se probaron o se prueban el traje, sin mover el amperímetro. Las especulaciones transcurren a años luz de la calle, candidatos sin votos que apuestan a sacarse la grande.

El déficit electoral del oficialismo es consecuencia de un vacío político y no al revés. Hoy nadie, en el Frente de Todos, puede explicar, por la positiva, por qué debería la sociedad renovar el voto de confianza que dio en 2019 y fue defraudado por una dirigencia que no estuvo a la altura de las circunstancias. Aunque todos se animan a pegarle al gobierno (no faltan motivos válidos), curiosamente falta alguien que plantee qué haría diferente y cómo haría para no chocar con los mismos obstáculos.

La expresión de deseos sobre que "CFK es un programa en sí mismo", ensayada hace una semana en Avellaneda como un atajo que permita saltear ese trámite, se topa rápidamente con sus propias limitaciones. Por un lado, remite a otra campaña en la que se decía que el candidato era el proyecto. Eso no terminó bien. Por el otro, a esta altura, no termina de quedar claro cuál es, hoy, ese programa: ¿el de Massa, al que la vicepresidenta apoya y promueve en silencio? Parece insuficiente.

Sin una propuesta explícita que interpele a la sociedad, el peronismo le entregará, por segunda vez en ocho años, el poder a un espacio político gorila cuya principal identidad reside en la voluntad es verlo reducido a la mínima expresión, amaestrado o directamente inexistente. Prácticamente una invitación al suicidio político, un sacrificio en el altar de sus perseguidores, donde el papel de chivo expiatorio recaerá, como siempre, en las clases medias y populares, ajustando con aguante.

19-03-2023 / 10:03

Qué implica el índice de precios del seis coma seis, superior a lo esperado

En política, se suele explicar, dos más dos casi nunca (o nunca) es igual a cuatro. El sabio proverbio retoma vigencia tras conocerse el índice de precios al consumidor de febrero. El 6,6 por ciento es más que el seis como seis por ciento en el Palacio, en el Ágora, en el mundillo político.

Para la curtida gente común el porcentaje está por debajo de la inflación real, a la que sufren día tras día. La miden con el ojímetro y la experiencia. En una de esas aciertan más que los consultores económicos y que varios funcionarios.

Las subas que padecen las personas de a pie refieren en particular a sus consumos ineludibles, empezando por los alimentos y artículos del hogar que superan a la media. "¿Qué culpa tiene el tomate?" cantaban los republicanos españoles. Ninguna, concluyen los dones y doñas nadies, Juan y Juana Pueblo: responsabilizan a las autoridades o a grandes empresas. Las autoridades, en primer lugar.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) recobró credibilidad y prestigio, enhorabuena. Sus informes son creíbles. Para acrecentar su prestigio el ente comandado por Marco Lavagna difunde los índices de precios en un día prefijado, a las cuatro de la tarde, la hora señalada.

El martes pasado hasta los gurúes de derecha más chantas y valorados predecían unas décimas menos. El equipo del ministro de Economía Sergio Massa vaticinaba también entre 5,8 por ciento y 6,2 por ciento guarismos abrumadores de por sí. El INDEC no filtró data, por lo visto. El índice sacudió al oficialismo que no insinuó respuesta novedosa hasta el cierre de esta nota.

En la misma semana el Fondo Monetario Internacional (FMI) metió pressing al Gobierno mientras aliviaba una de las metas del acuerdo: el nivel de reservas. Quedó incumplible como tantas otras. Ante un pésimo trance nacional y local el Fondo cuestionó a la moratoria previsional, la rotuló como inesperada. Mocionó que se atenúe el respectivo impacto fiscal.

Voces oficiales en off (el esperanto de la etapa) divulgaron que un posible rebusque sería limitar la cantidad de beneficiarios escudriñando niveles de pudiencia o algo así. Cuánto gastan en tarjetas, si compraron divisas, si son dueños de su hogar, etcéteras. Y reducir el número de beneficiarios potenciales.

Sería muy complicado poner en práctica la reforma, interpreta este cronista. Y lo que es más grave, se desnaturalizaría el espíritu de la moratoria. El Gobierno no debe ceder a las presiones, serruchando el piso de protección para los jubilados. Podrá ser peliagudo plantarse, vaya uno a saber... pero el suicidio sería peor.