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"El peronismo es un encuadramiento de las fuerzas populares vertebrado en torno a la clase trabajadora" John William Cooke
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Nacionales - 08-03-2023 / 10:03
LARRETA PROMETIÓ CERRAR EL MINISTERIO DE LA MUJER SI ES ELECTO PRESIDENTE

Otro 8M en las calles: Por la justicia, la democracia y los derechos económicos de las mujeres

Otro 8M en las calles: Por la justicia, la democracia y los derechos económicos de las mujeres
En el 8M, Día Internacional de la Mujer, el movimiento Ni Una Menos llamó a realizar un paro feminista y a “salir nuevamente a la calle” con una marcha al Congreso bajo la consigna “La deuda es con las trabajadoras”. A eso suma el reclamo por la violencia de género y por “el carácter patriarcal del sistema judicial” que criminaliza los liderazgos de mujeres
Porque "la mayor deuda es con las mujeres y los niños". Porque "no hay garantías de un trato justo" en las tramas judiciales. Y porque "urge modificar el sistema de justicia en defensa de la democracia". Tras esas consignas -que son argumentaciones- este 8M se concreta por séptimo año consecutivo, el paro feminista acompañado de asambleas de debate organizado por Ni Una Menos.
 
Junto a otras organizaciones feministas, el colectivo llama "a salir nuevamente a la calle" para mantener la visibilidad del reclamo contra la violencia hacia las mujeres, y para "reflexionar" sobre las condiciones reales de la vida cotidiana de las mujeres y diversidades.
 
La jornada "que no es una festividad de flores y corazoncitos, sino, un festejo de la lucha" --advierte la socióloga Dora Barrancos--, porta este año el preciso reclamo por "el carácter racista, clasista y patriarcal del actual sistema judicial, porque con esta justicia no hay derechos ni democracia", define Lucía Cavallero, también socióloga y referente de Ni Una Menos. Y suma la criminalización de los liderazgos de mujeres, entre las reacciones del patriarcado ante los avances en esta lucha.
 
Entre las prioridades que debe atender hoy esta agenda en la Argentina, señala el impacto de las brechas de género en las instancias judiciales. Hay en estos momentos tres causas sobre mujeres líderes, que se alinean al reclamo histórico: "Milagro Sala, las mujeres mapuches presas, y la vicepresidenta Cristina Kirchner víctima del ataque judicial que motivó las movilizaciones a su favor y luego el intento de magnicidio".
 
En tanto, un día antes del 8M, Horacio Rodríguez Larreta prometió cerrar el Ministerio de la Mujer si es electo presidente. El jefe de gobierno porteño argumentó que la importancia que se le brinda a una temática no depende de si tiene un ministerio o una secretaría. En ese sentido, adelantó que le gustaría reducir los ministerios a la mitad y confirmó que de ganar la elección presidencial cerraría el de la Mujer, ya que en su visión "un ministerio lo único que pone es más burocracia". La disputa del electorado de extrema derecha a Javier Milei y Patricia Bullrich. Bien machirulo.
 
La Opinión Popular
 

 
EL FRENO A LOS AVANCES DEL PODER JUDICIAL Y LA VIOLENCIA POLÍTICA SON CLAVES DE LA CONVOCATORIA
 
8M: por la justicia, la democracia y los derechos económicos de mujeres y diversidades
 
"Es necesario que el movimiento feminista vuelva a juntarse y a debatir la construcción del poder" añade Leonor Cruz, secretaría de Género de la CTA Autónoma. "Hoy hay un poder patriarcal, capitalista y machista, las mujeres y diversidades debemos interpelar eso. ¡Estamos hartas del sistema! Es tan así que le entregamos a una de nosotras cada 29 horas. Una de nosotras muere cada 29 horas, para que este sistema se sostenga, por eso salimos a la calle nuevamente", afirma.
 
"La lucha", define Barranco, marca la continuidad del movimiento feminista, explicitado en las calles desde comienzos del milenio, cada 8M. Y en los últimos años consolidó su  perfil político y económico. "Ni el capitalismo ni el patriarcado tienen rostro humano, pero la deuda tiene rostro femenino, de nuestras mujeres y nuestros niños", describe Leonor Cruz, cuando explica que la convocatoria sigue en línea de los reclamos de 2022.
 
"La deuda con las compañeras y compañeres trabajadoras y trabajadores, por eso volvemos a la calle", comparte Cavallero. Así la ya emblemática jornada "de paro feminista y asambleas" se concreta hoy en todo el país. El epicentro en la Ciudad de Buenos Aires será a partir de las 16 horas en 9 de Julio y Avenida de Mayo. Desde allí se marcha al Congreso donde se leerá el documento de las distintas organizaciones reunidas para conmemorar un nuevo Día Internacional de la Mujer Trabajadora. El marco que en la Argentina abrió la puerta a logros como la ley del aborto legal, seguro y gratuito, replicado a nivel internacional, al ritmo de las olas de la marea verde.
 
 
No es un día de festejo
 
Para Barrancos el 8M "es un día que siempre nos da un particular estremecimiento, porque no se trata de un festival amoroso con las mujeres, no es así" enfatiza. "Es un momento de celebración de las luchas, de reflexión sobre las largas luchas feministas, y es la oportunidad para muchísimas de transformar actitudes, conductas y sobre todo transformar sus propias vidas, salirse de las encerronas, salirse de las cárceles opresoras, eso queremos que sea siempre el 8M" comparte la investigadora.
 
La agenda de la jornada comienza a las 8 de la mañana frente a Tribunales con una conferencia de prensa. Y tanto en CABA como en casi todas las ciudades del país, las actividades buscan sostener el lugar de las mujeres en la disputa de poder. Así es desde que colectivamente surgió reclamo bajo la consigna: Ni Una Menos tras el homicidio de Chiara Páez, de 14 años, asesinada a golpes en 2015, en Rufino, provincia de Santa Fe.
 
"No vamos a rehuir la lucha festejante -añade Barrancos--, pero no es un festival de florcitas, ni de maniobras de lenguaje especialmente dedicadas" grafica. "Necesitamos que se produzca ese entrelazado reflexivo entre las acciones, las conductas y las necesidades cotidianas y urgentes, por la disparidad que existe en materia sexo genérica" detalla en la entrevista con Página/12.
 
"Con alegría y esperanza, no venimos a la calle tristes" aporta Cruz. "Venimos con la esperanza de saber que es posible un país para todas y todos -agrega--. Para eso necesitamos una reforma judicial y un debate profundo sobre el poder que establece este modelos patriarcal".
 
 
Debatir, compartir, y transmitir
 
La convocatoria se consolidó por el trabajo en asambleas abiertas "con organizaciones y con mujeres sin organizaciones que preparamos durante febrero", detalla Cavallero. Esto marcó tres ejes: "la situación acuciante de las trabajadoras sindicalizadas o en espacios comunitarios, o que trabajan en sus casas corriendo detrás de la inflación. Esto no favorece la autonomía que nos podría hacer salir de las violencias" domésticas y cotidianas.
 
Otro eje fue "apoyar el juicio político a la Corte, que se resiste a aplicar la Ley Micaela. Sigue teniendo repuestas patriarcales". Ante una cuota alimentaria o "ante la decisión de judicializar los liderazgos como el de Cristina, Milagro o las presas mapuches por defender sus territorios" se explaya Cavallero.
 
Si en 2022 el lema fue: "Vivas, libres y desendeudadas nos queremos" en 2023, este 8M la convocatoria reza: "La deuda es con las trabajadoras". Por eso es necesario, además, que el reclamo sea en unidad, afirma Cruz.
 
"En este momento del país, es urgente que las organizaciones sindicales, los movimientos sociales y políticos vuelvan a tomar las calles en unidad y en el movimiento feminista ha sido estratégica la unidad a la hora de marcar nuestra agenda y nuestros reclamos que son de las compañeras y compañeres. Tomar las calles, todas juntas, como siempre lo hacemos. Porque hemos demostrado que cuando nos unimos, tiemblan...", reflexiona la referente de la CTA.
 
 
Poder femenino para defender la democracia
 
El poder femenino este año tiene como un claro objetivo, a partir de esta convocatoria "marcar que en nuestro país está en peligro la democracia, a poco de cumplir 40 años de continuidad, por las acciones del Poder Judicial, de los medios concentrados y de las grandes corporaciones" define Cruz. "Volvemos a marchar contra el ajuste económico, porque la deuda es con nosotras" insiste. Y es una cuestión "de clase" subraya. "No importa si somos asalariadas o no, este ajuste --que viene atado al pago al FMI, señala--, tiene rostro de mujer, y de las pibas y pibes de nuestros barrios".
 
Cruz decide llevar a la realidad los datos estadísticos: niveles de inflación o cantidad de niños bajo la línea de pobreza. En los barrios no se ven números. "En los barrios se ven mujeres que cobran un salario Potenciar de 35.000 -describe Cruz--, y se las estigmatiza por eso, es feroz a lo que se nos somete, por eso decimos que es necesario parar este ajuste, nuestra precarización laboral se ve en lo cotidiano, corremos todos los días entre dos o tres trabajos".
 
Pero "a través de los medios, de la justicia y las empresas, el sistema deciden si comemos o no, porque les ponen ellos el precio a los alimentos. La crisis es política y después económica y social, y está en jaque nuestra democracia si no entendemos eso no entendemos nada: en diciembre intentaron el magnicidio, antes el golpe económico, aumentan los precios, ponen en jaque al a democracia y es lo que salimos a defender" afirma Cruz. "Cambiar la justicia y el modelo tiene que ver con la mirada feminista y con volver a poner en el centro la vida, la dignidad, ante todo" agrega.
 
"Lo que se debe priorizar es la deuda del Estado con las mujeres y diversidades. Denunciar y poner en la calle que hay una agenda distributiva que debe ser priorizada antes que los intereses de las especulación financiera", sostiene, Lucía Cavallero.
 
"Logramos conquistas importantes y sustantivas o por lo menos se pusieron en cuestión formas de relacionarnos y maneras de distribuir el poder, y estamos en el momento de pararnos frente a la reacción, porque hoy la judicialización de los casos de nuestras dirigentas tiene que ver con eso, y por eso es importante estar en la calle juntas y de manera unificada, sentar posición con las distintas organizaciones".
 
Por Patricia Chaina
 
Fuente: Página 12
 

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22-03-2023 / 10:03
El operador judicial macrista Fabián Rodríguez Simón, prófugo desde hace casi dos años, sufrió un nuevo revés en la patria que eligió para escabullirse de la justicia argentina. La Suprema Corte de Uruguay rechazó por "inadmisible" un recurso de casación de la defensa del huidizo hombre de confianza de Mauricio Macri contra los dos fallos que hicieron trizas su relato sobre una supuesta "persecución política", y rechazaron su pretensión de convertirse en "refugiado".
 
El nuevo revés de la defensa de "Pepín", que busca agotar todas las instancias administrativas y judiciales -aún las no previstas para ese tipo de casos- para ganar tiempo, implica la reactivación de la extradición pedida por la jueza federal María Servini, quien ordenó su detención en 2021 para indagarlo por el hostigamiento y la persecución a los dueños del Grupo Indalo.
 
La decisión de la Corte uruguaya data del jueves pasado aunque se conoció ayer, el mismo día en que Rodríguez Simón estaba convocado a declarar como testigo ante la Comisión de Juicio Político de Diputados, a la que no se presentó bajo el pretexto de estar tramitando su solicitud de refugio, que ya no podrá volverá a invocar.
 
El ex asesor de Macri permanece en suelo uruguayo desde fines de 2020. Servini lo declaró en rebeldía el 19 de mayo del año siguiente, luego de que Rodríguez Simón anunciara su nuevo destino y su decisión de no presentarse a la indagatoria en la causa que investiga "la presunta existencia de actos llevados a cabo por funcionarios públicos, desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional o a instancias de aquellos, que mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo habrían importado casos de corrupción", según surge de la imputación.
 
Servini fundamentó la rebeldía en que "Pepín" dio "sobradas muestras públicas de su intención de sustraerse de la Justicia, lo cual fue ratificado por su letrado defensor" y definió la estrategia de pedir refugio político en Uruguay como una maniobra dilatoria.
 
El primer hito que registra la resolución de la Corte uruguaya data del 25 de mayo de 2021, cuando la justicia oriental recibió el exhorto de la jueza argentina solicitando la inmediata detención y extradición de "Pepín", quien al día siguiente constituyó domicilio en Uruguay y comunicó que había iniciado el trámite ante la Comisión de Refugiados (CORE) con el objetivo de ser considerado un "refugiado político".
 
Con esa maniobra logró suspender el proceso de extradición, aunque a cambio se le ordenó entregar los pasaportes en su poder, con lo cual se vería impedido de esconderse -al menos legalmente- en otro país, y se dispuso el "cierre de fronteras" para quien ya tenía emitida un alerta roja de Interpol.
 
El 3 de agosto de aquel año, después de escuchar a Rodríguez Simón, la CORE concluyó que el temor de ser un "perseguido político" no tenía fundamentos y que no cumplía con los requerimientos para ser reconocido como refugiado pues en la Argentina cuenta con todas las garantías del debido proceso.
 

22-03-2023 / 10:03
"No fue solamente la economía sino lo que pudimos reconstruir en materia de derechos humanos. No nos van a perdonar nunca". Está allí la razón de la persecución en los tribunales para Cristina Fernández de Kirchner, la razón de la condena y la proscripción que puede dejarla afuera de la carrera electoral. Y así lo hizo saber la vicepresidenta frente a un auditorio compuesto por expresidentes de la región y juristas que integran el Grupo de Puebla y vienen hace tiempo denunciando que el lawfare es el mecanismo que se usa desde los estrados judiciales para condicionar los procesos políticos progresistas.
 
No fue un acto altisonante pero el mensaje fue concreto: ya no es el partido militar el que le respira en la nuca a la democracia, sino el partido judicial. Y ella lo sufre en carne propia. "Lo que el partido militar fue a los gobiernos populares del siglo XX, el lawfare lo es a los gobiernos nacionales, populares y democráticos. Exactamente lo mismo", dijo CFK mientras la aplaudían dirigentes de la región, integrantes del Frente de Todos y miembros de organismos de derechos humanos que se congregaron en el III Foro de Derechos Humanos, pero sobre todo para brindarle su apoyo después de la condena del Tribunal Oral Federal 2 en causa Vialidad. "No nos persiguen porque somos populistas. Nos persiguen porque igualamos sociedades, por la justicia social y por el derecho de los trabajadores a participar en el producto bruto de lo que producen".
 
Rodeada de expresidentes que acompañaron sus mandatos como Evo Morales (Bolivia), José Luis Rodríguez Zapatero (España), Rafael Correa (Ecuador), Ernesto Samper (Colombia) o José "Pepe" Mujica (Uruguay), CFK repasó cuáles fueron sus políticas que terminaron siendo combatidas desde los tribunales. En dos meses, de hecho, se cumplirán veinte años desde que su compañero, Néstor Kirchner, llegó a la Casa Rosada.
 
"Se inició en 2003 la construcción de una nueva Argentina. Se empezó una Argentina diferente. Ese hombre junto con Lula, decidieron pagarle al FMI, para que nunca más pudiera dirigir la economía en la Argentina", remarcó CFK. "Fue la década virtuosa. Fue el momento donde más se redujo la desigualdad económica y social en la región, esta es la clave. No nos persiguen porque somos populistas, nos persiguen porque igualamos sociedades, por la justicia social, el derecho de los trabajadores a participar en el producto bruto de lo que producen", agregó.
 
Desde entonces, la apuesta tuvo que ver con reconstruir el Estado democrático constitucional, dijo CFK: no solo lo que representaba la Casa Rosada, sino lo que representaba el Poder Legislativo. En el Congreso, recordó, se compraban leyes y puso como ejemplo la denuncia de la Banelco para aprobar la flexibilización laboral de Fernando de la Rúa. "También le tocó a él -en referencia a Kirchner-, pese al 22 por ciento de los votos, reconstruir un Poder Judicial que había eliminado la mayoría automática y que había amenazado, no al gobierno sino a los argentinos con la dolarización de la economía".
 

21-03-2023 / 10:03
En medio de la crisis energética por la masividad de cortes de luz que afectan al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Gobierno anunció la intervención de la empresa Edesur durante 180 días, prestadora del suministro. Quedará a cargo Jorge Ferraresi como interventor. Los reclamos de familias, que incluso llevaron semanas sin servicio, y el aumento del descontento social motivaron el accionar de la Secretaría de Energía, que depende del Ministerio de Economía.
 
En conferencia de prensa, el ministro Sergio Massa, afirmó: "Hemos vivido situaciones que nos golpearon y dolieron, comercios tirando mercaderías, y hogares sin luz ni agua. Fueron las imágenes que marcaron la agenda de los últimos 15 días. En ese sentido, la inminente decisión de Enel de poner en venta la compañía Edesur aparece como una situación que genera incertidumbre sobre la prestación del servicio". El funcionario también informó que la empresa deberá devolver el dinero de las facturas a los usuarios que sufrieron cortes.
 
Por otra parte, el tigrense explicó: "Hemos tomado la decisión de ejecutar los $ 2.700 millones de sentencia, que implican un mecanismo de devolución por parte de la empresa a todos los usuarios del servicio de las multas que, de alguna manera, el Estado le aplicara y que tienen como objeto central la devolución del servicio no prestado por parte de la empresa a los usuarios".
 
Massa realizó el anuncio junto a la secretaria de Energía, Flavia Royon; el secretario Legal y Administrativo, Ricardo Casal, y el interventor del ENRE, Walter Martello, luego de los múltiples cortes de luz de los últimos días. El ENRE publicará una resolución este martes para hacer efectiva la resolución.
 
El último jueves, el Gobierno denunció penalmente a la compañía Edesur por "malversación de fondos, fraude en perjuicio de la administración pública y abandono de personas". En conferencia de prensa, la portavoz, Gabriela Cerruti, precisó que son un total de 75 mil los usuarios que padecieron cortes de luz extendidos en el tiempo y acusó a Edesur de ser la única empresa de servicios con esa cifra de cortes.
 
Días atrás, Martello se refirió a la posibilidad de que Edesur pierda la concesión, o al menos una parte, en caso de que así lo debata y apruebe el Congreso. Además, deslizó que existe la posibilidad de que el Estado tenga una futura participación en el servicio del suministro de luz. El funcionario profundizó: "Hay experiencias que se pueden tener en cuenta, como la de Brasil con Eletrobrás, donde el Estado tiene participación con el 45% de las acciones y eso le permite una posición más fuerte en el directorio a la hora de tomar criterios de inversión, de asignaciones prioritarias y un mejor control".
 
Esta intervención llega luego de la enorme crisis social que significaron los cortes masivos de luz en Buenos Aires. Esos cortes, que correspondieron mayoritariamente a Edesur, llegaron a afectar diariamente a más de 100.000 o 150.000 hogares, desnudando la crisis estructural de un sistema energético que no invierte en obras ni mantenimiento, lo que no alcanza a cubrir la demanda de energía, en el marco de la ola de calor que afectó al país.
 
La Opinión Popular
 

20-03-2023 / 11:03
El 6,6 por ciento de inflación en el mes de febrero que se dio a conocer esta semana y los primeros cálculos para marzo, que muestran nuevamente una tendencia al alza, impactan en la línea de flotación de la candidatura presidencial de Sergio Massa, esgrimida con más entusiasmo por otros socios del Frente de Todos que por el propio ministro de Economía. La falta de alternativas le da sobrevida a un proyecto que, desde el primer día, se sabía improbable.
 
Aunque quiera hacerse el distraído con la responsabilidad que le toca, el presidente Alberto Fernández también acusa el deterioro de la economía doméstica de la mayoría de los argentinos. Si no hay un cambio rotundo en la tendencia, dejará en diciembre un país con mejor PBI y más empleos que cuando asumió pero con la misma cantidad de pobres. Un resultado mixto que otros podrían vender como un puntito inteligente en años difíciles, lujo que el peronismo tiene vedado.
 
El sueño de una nueva postulación presidencial de Cristina Fernández de Kirchner, a esta altura, lo sostienen solamente aquellos cuyo destino electoral está atado a la atracción gravitatoria que ejerce la vicepresidenta, incluso después de haber sido sometida a ocho años de desgaste mediático, político y judicial. Otros se probaron o se prueban el traje, sin mover el amperímetro. Las especulaciones transcurren a años luz de la calle, candidatos sin votos que apuestan a sacarse la grande.
 
El déficit electoral del oficialismo es consecuencia de un vacío político y no al revés. Hoy nadie, en el Frente de Todos, puede explicar, por la positiva, por qué debería la sociedad renovar el voto de confianza que dio en 2019 y fue defraudado por una dirigencia que no estuvo a la altura de las circunstancias. Aunque todos se animan a pegarle al gobierno (no faltan motivos válidos), curiosamente falta alguien que plantee qué haría diferente y cómo haría para no chocar con los mismos obstáculos.
 
La expresión de deseos sobre que "CFK es un programa en sí mismo", ensayada hace una semana en Avellaneda como un atajo que permita saltear ese trámite, se topa rápidamente con sus propias limitaciones. Por un lado, remite a otra campaña en la que se decía que el candidato era el proyecto. Eso no terminó bien. Por el otro, a esta altura, no termina de quedar claro cuál es, hoy, ese programa: ¿el de Massa, al que la vicepresidenta apoya y promueve en silencio? Parece insuficiente.
 
Sin una propuesta explícita que interpele a la sociedad, el peronismo le entregará, por segunda vez en ocho años, el poder a un espacio político gorila cuya principal identidad reside en la voluntad es verlo reducido a la mínima expresión, amaestrado o directamente inexistente. Prácticamente una invitación al suicidio político, un sacrificio en el altar de sus perseguidores, donde el papel de chivo expiatorio recaerá, como siempre, en las clases medias y populares, ajustando con aguante.
 

19-03-2023 / 10:03
En política, se suele explicar, dos más dos casi nunca (o nunca) es igual a cuatro. El sabio proverbio retoma vigencia tras conocerse el índice de precios al consumidor de febrero. El 6,6 por ciento es más que el seis como seis por ciento en el Palacio, en el Ágora, en el mundillo político.
 
Para la curtida gente común el porcentaje está por debajo de la inflación real, a la que sufren día tras día. La miden con el ojímetro y la experiencia. En una de esas aciertan más que los consultores económicos y que varios funcionarios.
 
Las subas que padecen las personas de a pie refieren en particular a sus consumos ineludibles, empezando por los alimentos y artículos del hogar que superan a la media. "¿Qué culpa tiene el tomate?" cantaban los republicanos españoles. Ninguna, concluyen los dones y doñas nadies, Juan y Juana Pueblo: responsabilizan a las autoridades o a grandes empresas. Las autoridades, en primer lugar.
 
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) recobró credibilidad y prestigio, enhorabuena. Sus informes son creíbles. Para acrecentar su prestigio el ente comandado por Marco Lavagna difunde los índices de precios en un día prefijado, a las cuatro de la tarde, la hora señalada.
 
El martes pasado hasta los gurúes de derecha más chantas y valorados predecían unas décimas menos. El equipo del ministro de Economía Sergio Massa vaticinaba también entre 5,8 por ciento y 6,2 por ciento guarismos abrumadores de por sí. El INDEC no filtró data, por lo visto. El índice sacudió al oficialismo que no insinuó respuesta novedosa hasta el cierre de esta nota.
 
En la misma semana el Fondo Monetario Internacional (FMI) metió pressing al Gobierno mientras aliviaba una de las metas del acuerdo: el nivel de reservas. Quedó incumplible como tantas otras. Ante un pésimo trance nacional y local el Fondo cuestionó a la moratoria previsional, la rotuló como inesperada. Mocionó que se atenúe el respectivo impacto fiscal.
 
Voces oficiales en off (el esperanto de la etapa) divulgaron que un posible rebusque sería limitar la cantidad de beneficiarios escudriñando niveles de pudiencia o algo así. Cuánto gastan en tarjetas, si compraron divisas, si son dueños de su hogar, etcéteras. Y reducir el número de beneficiarios potenciales.
 
Sería muy complicado poner en práctica la reforma, interpreta este cronista. Y lo que es más grave, se desnaturalizaría el espíritu de la moratoria. El Gobierno no debe ceder a las presiones, serruchando el piso de protección para los jubilados. Podrá ser peliagudo plantarse, vaya uno a saber... pero el suicidio sería peor.
 

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