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Nacionales - 08-03-2023 / 10:03
LARRETA PROMETIÓ CERRAR EL MINISTERIO DE LA MUJER SI ES ELECTO PRESIDENTE

Otro 8M en las calles: Por la justicia, la democracia y los derechos económicos de las mujeres

Otro 8M en las calles: Por la justicia, la democracia y los derechos económicos de las mujeres
En el 8M, Día Internacional de la Mujer, el movimiento Ni Una Menos llamó a realizar un paro feminista y a “salir nuevamente a la calle” con una marcha al Congreso bajo la consigna “La deuda es con las trabajadoras”. A eso suma el reclamo por la violencia de género y por “el carácter patriarcal del sistema judicial” que criminaliza los liderazgos de mujeres
Porque "la mayor deuda es con las mujeres y los niños". Porque "no hay garantías de un trato justo" en las tramas judiciales. Y porque "urge modificar el sistema de justicia en defensa de la democracia". Tras esas consignas -que son argumentaciones- este 8M se concreta por séptimo año consecutivo, el paro feminista acompañado de asambleas de debate organizado por Ni Una Menos.
 
Junto a otras organizaciones feministas, el colectivo llama "a salir nuevamente a la calle" para mantener la visibilidad del reclamo contra la violencia hacia las mujeres, y para "reflexionar" sobre las condiciones reales de la vida cotidiana de las mujeres y diversidades.
 
La jornada "que no es una festividad de flores y corazoncitos, sino, un festejo de la lucha" --advierte la socióloga Dora Barrancos--, porta este año el preciso reclamo por "el carácter racista, clasista y patriarcal del actual sistema judicial, porque con esta justicia no hay derechos ni democracia", define Lucía Cavallero, también socióloga y referente de Ni Una Menos. Y suma la criminalización de los liderazgos de mujeres, entre las reacciones del patriarcado ante los avances en esta lucha.
 
Entre las prioridades que debe atender hoy esta agenda en la Argentina, señala el impacto de las brechas de género en las instancias judiciales. Hay en estos momentos tres causas sobre mujeres líderes, que se alinean al reclamo histórico: "Milagro Sala, las mujeres mapuches presas, y la vicepresidenta Cristina Kirchner víctima del ataque judicial que motivó las movilizaciones a su favor y luego el intento de magnicidio".
 
En tanto, un día antes del 8M, Horacio Rodríguez Larreta prometió cerrar el Ministerio de la Mujer si es electo presidente. El jefe de gobierno porteño argumentó que la importancia que se le brinda a una temática no depende de si tiene un ministerio o una secretaría. En ese sentido, adelantó que le gustaría reducir los ministerios a la mitad y confirmó que de ganar la elección presidencial cerraría el de la Mujer, ya que en su visión "un ministerio lo único que pone es más burocracia". La disputa del electorado de extrema derecha a Javier Milei y Patricia Bullrich. Bien machirulo.
 
La Opinión Popular
 

 
EL FRENO A LOS AVANCES DEL PODER JUDICIAL Y LA VIOLENCIA POLÍTICA SON CLAVES DE LA CONVOCATORIA
 
8M: por la justicia, la democracia y los derechos económicos de mujeres y diversidades
 
"Es necesario que el movimiento feminista vuelva a juntarse y a debatir la construcción del poder" añade Leonor Cruz, secretaría de Género de la CTA Autónoma. "Hoy hay un poder patriarcal, capitalista y machista, las mujeres y diversidades debemos interpelar eso. ¡Estamos hartas del sistema! Es tan así que le entregamos a una de nosotras cada 29 horas. Una de nosotras muere cada 29 horas, para que este sistema se sostenga, por eso salimos a la calle nuevamente", afirma.
 
"La lucha", define Barranco, marca la continuidad del movimiento feminista, explicitado en las calles desde comienzos del milenio, cada 8M. Y en los últimos años consolidó su  perfil político y económico. "Ni el capitalismo ni el patriarcado tienen rostro humano, pero la deuda tiene rostro femenino, de nuestras mujeres y nuestros niños", describe Leonor Cruz, cuando explica que la convocatoria sigue en línea de los reclamos de 2022.
 
"La deuda con las compañeras y compañeres trabajadoras y trabajadores, por eso volvemos a la calle", comparte Cavallero. Así la ya emblemática jornada "de paro feminista y asambleas" se concreta hoy en todo el país. El epicentro en la Ciudad de Buenos Aires será a partir de las 16 horas en 9 de Julio y Avenida de Mayo. Desde allí se marcha al Congreso donde se leerá el documento de las distintas organizaciones reunidas para conmemorar un nuevo Día Internacional de la Mujer Trabajadora. El marco que en la Argentina abrió la puerta a logros como la ley del aborto legal, seguro y gratuito, replicado a nivel internacional, al ritmo de las olas de la marea verde.
 
 
No es un día de festejo
 
Para Barrancos el 8M "es un día que siempre nos da un particular estremecimiento, porque no se trata de un festival amoroso con las mujeres, no es así" enfatiza. "Es un momento de celebración de las luchas, de reflexión sobre las largas luchas feministas, y es la oportunidad para muchísimas de transformar actitudes, conductas y sobre todo transformar sus propias vidas, salirse de las encerronas, salirse de las cárceles opresoras, eso queremos que sea siempre el 8M" comparte la investigadora.
 
La agenda de la jornada comienza a las 8 de la mañana frente a Tribunales con una conferencia de prensa. Y tanto en CABA como en casi todas las ciudades del país, las actividades buscan sostener el lugar de las mujeres en la disputa de poder. Así es desde que colectivamente surgió reclamo bajo la consigna: Ni Una Menos tras el homicidio de Chiara Páez, de 14 años, asesinada a golpes en 2015, en Rufino, provincia de Santa Fe.
 
"No vamos a rehuir la lucha festejante -añade Barrancos--, pero no es un festival de florcitas, ni de maniobras de lenguaje especialmente dedicadas" grafica. "Necesitamos que se produzca ese entrelazado reflexivo entre las acciones, las conductas y las necesidades cotidianas y urgentes, por la disparidad que existe en materia sexo genérica" detalla en la entrevista con Página/12.
 
"Con alegría y esperanza, no venimos a la calle tristes" aporta Cruz. "Venimos con la esperanza de saber que es posible un país para todas y todos -agrega--. Para eso necesitamos una reforma judicial y un debate profundo sobre el poder que establece este modelos patriarcal".
 
 
Debatir, compartir, y transmitir
 
La convocatoria se consolidó por el trabajo en asambleas abiertas "con organizaciones y con mujeres sin organizaciones que preparamos durante febrero", detalla Cavallero. Esto marcó tres ejes: "la situación acuciante de las trabajadoras sindicalizadas o en espacios comunitarios, o que trabajan en sus casas corriendo detrás de la inflación. Esto no favorece la autonomía que nos podría hacer salir de las violencias" domésticas y cotidianas.
 
Otro eje fue "apoyar el juicio político a la Corte, que se resiste a aplicar la Ley Micaela. Sigue teniendo repuestas patriarcales". Ante una cuota alimentaria o "ante la decisión de judicializar los liderazgos como el de Cristina, Milagro o las presas mapuches por defender sus territorios" se explaya Cavallero.
 
Si en 2022 el lema fue: "Vivas, libres y desendeudadas nos queremos" en 2023, este 8M la convocatoria reza: "La deuda es con las trabajadoras". Por eso es necesario, además, que el reclamo sea en unidad, afirma Cruz.
 
"En este momento del país, es urgente que las organizaciones sindicales, los movimientos sociales y políticos vuelvan a tomar las calles en unidad y en el movimiento feminista ha sido estratégica la unidad a la hora de marcar nuestra agenda y nuestros reclamos que son de las compañeras y compañeres. Tomar las calles, todas juntas, como siempre lo hacemos. Porque hemos demostrado que cuando nos unimos, tiemblan...", reflexiona la referente de la CTA.
 
 
Poder femenino para defender la democracia
 
El poder femenino este año tiene como un claro objetivo, a partir de esta convocatoria "marcar que en nuestro país está en peligro la democracia, a poco de cumplir 40 años de continuidad, por las acciones del Poder Judicial, de los medios concentrados y de las grandes corporaciones" define Cruz. "Volvemos a marchar contra el ajuste económico, porque la deuda es con nosotras" insiste. Y es una cuestión "de clase" subraya. "No importa si somos asalariadas o no, este ajuste --que viene atado al pago al FMI, señala--, tiene rostro de mujer, y de las pibas y pibes de nuestros barrios".
 
Cruz decide llevar a la realidad los datos estadísticos: niveles de inflación o cantidad de niños bajo la línea de pobreza. En los barrios no se ven números. "En los barrios se ven mujeres que cobran un salario Potenciar de 35.000 -describe Cruz--, y se las estigmatiza por eso, es feroz a lo que se nos somete, por eso decimos que es necesario parar este ajuste, nuestra precarización laboral se ve en lo cotidiano, corremos todos los días entre dos o tres trabajos".
 
Pero "a través de los medios, de la justicia y las empresas, el sistema deciden si comemos o no, porque les ponen ellos el precio a los alimentos. La crisis es política y después económica y social, y está en jaque nuestra democracia si no entendemos eso no entendemos nada: en diciembre intentaron el magnicidio, antes el golpe económico, aumentan los precios, ponen en jaque al a democracia y es lo que salimos a defender" afirma Cruz. "Cambiar la justicia y el modelo tiene que ver con la mirada feminista y con volver a poner en el centro la vida, la dignidad, ante todo" agrega.
 
"Lo que se debe priorizar es la deuda del Estado con las mujeres y diversidades. Denunciar y poner en la calle que hay una agenda distributiva que debe ser priorizada antes que los intereses de las especulación financiera", sostiene, Lucía Cavallero.
 
"Logramos conquistas importantes y sustantivas o por lo menos se pusieron en cuestión formas de relacionarnos y maneras de distribuir el poder, y estamos en el momento de pararnos frente a la reacción, porque hoy la judicialización de los casos de nuestras dirigentas tiene que ver con eso, y por eso es importante estar en la calle juntas y de manera unificada, sentar posición con las distintas organizaciones".
 
Por Patricia Chaina
 
Fuente: Página 12
 

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20-02-2026 / 10:02
La bronca desde abajo le impuso a la CGT el paro nacional. Fue contundente a pesar de los límites de la conducción y mostró que la reforma laboral esclavista de Javier "el Loco" Milei es socialmente ilegítima. Casi ningún colectivo, nada de trenes, nada de industria, el centro de la ciudad vacía, muchos comercios cerrados y en el conurbano la misma inactividad. La convocatoria al paro lanzada por la CGT y las dos CTA y militada por el Frente de Sindicatos Unidos tuvo un enorme respaldo. Pasada la medianoche se aprobó en Diputados con modificaciones. Ahora vuele al Senado.
 
El movimiento obrero no tiene la fuerza de los años del capitalismo industrial o de la sustitución de importaciones. Sin embargo, el acatamiento al paro fue de una masividad que debería llamar a la reflexión al Gobierno y a los miserables diputados que votaron la reforma laboral. Más que el movimiento obrero, el paro fue representativo de la mayoría de la sociedad. Hay rechazo al despojo de reivindicaciones históricas. Pero muchos de los que acataron el paro conocen poco la letra completa del proyecto de ley, pero interpretaron y rechazaron el sustrato de desprecio y discriminación a los trabajadores que conlleva la propuesta.
 
La carga de desprecio, el volumen de humillación y maltrato que sobrevuelan a toda la norma consolida la idea que quieren instalar de un país con ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. El personaje profundamente mediocre y ofensivo de Federico Sturzenegger expresa un fanatismo tan vulgar, tan gris, que no alcanza a percibir el rechazo profundo que produjo en la mayoría de la sociedad. El economista que fracasó en los gobiernos de Fernando de la Rúa y de Mauricio Macri ha sido la cara visible de esta propuesta y al que todos acusan de haber intercalado la miserable iniciativa de pagarles la mitad del salario a los trabajadores enfermos.
 
Hay una narrativa antiderechos, antipolítica y antisindical que se construyó sobre defectos que existen pero que son excepcionales si se los compara con los beneficios, a los que esa narrativa desprecia o, al menos no valora. Todo lo que sea derechos constituye un robo. Los discapacitados mienten su discapacidad, los trabajadores mienten cuando dicen que están enfermos, los trabajadores nunca van a la universidad, los científicos son diletantes, la política y el sindicalismo solo sirven para robar.
 
Pero se les fue la mano y tuvieron que retirar la monstruosidad de pagarle la mitad a un trabajador enfermo. Eso no ocurría ni con los esclavos. Esa burrada es Sturzenegger puro. Esa narrativa tomó cuerpo en un sector de la sociedad y mucha gente votó esta gestión. Pero cuando empiezan a sacar derechos y obligaciones que buscaban asegurar a todos los ciudadanos como sujetos de derecho, la mayoría se siente afectada, incluso muchos de los que votaron al Loco Milei. Puede ser que haya otra explicación para este paro contundente, pero sería importante que el masivo acatamiento a esta convocatoria sirva para la reflexión de muchos de los diputados y senadores que aprueban esta norma que los marcará a fuego.
 
Pero toda la norma está concebida desde ese lugar donde se considera al trabajador poco menos que como un estafador con el que los autores de la norma están obligados a convivir. Por eso, los radicales, los gobernadores traidores de Catamarca, Tucumán y Salta, que se dicen peronistas, y los diputados misioneros, todos ellos que colaboraron en habilitar esta ley, quedaron muy lejos de la expectativa de sus votantes. El punto crítico para este gobierno será cuando ese enorme porcentaje que rechaza estas políticas se convierta también en rechazo a los que las impulsan.
 
Para impedir que se apruebe hay que multiplicar fuerzas, peleando por imponer un verdadero paro activo de 36 horas, que garantice una movilización masiva para impedir el retroceso en protección laboral.
 
La Opinión Popular
 

18-02-2026 / 10:02
Comenzó la reforma laboral y la empresa de neumáticos Fate resolvió el cierre definitivo de su planta en San Fernando tras 80 años. No hubo ninguna notificación ni aviso por parte de la empresa. La Policía ocupó la planta, demoró a Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, e hirió con balas de goma a trabajadores, quienes ingresaron pacíficamente a la planta y desde ahí llaman a solidarizarse con su pelea contra el cierre. Los dueños culparon a la política de apertura de importaciones indiscriminadas del gobierno libertario de Javier "el Loco" Milei, que destruye cada vez más la industria nacional.
 
Con una cruda declaración pública que demuestra los daños del modelo económico del gobierno anarco capitalista en la producción nacional, la compañía propiedad de la familia Madanes Quintanilla aclaró que el anuncio no se trata de un concurso preventivo de acreedores y descartó una reestructuración o un plan de salvataje. Se trata del cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente. "Se liquida todo y se baja la persiana", sentenciaron.
  
En un comunicado, la firma dejó claro que la principal consecuencia de la decisión que deja en la calle a casi mil familias se debe a la política de apertura de importaciones impulsada por la administración de La Libertad Avanza (LLA). Fate estaba produciendo 150 mil neumáticos mensuales, el 25 por ciento de su capacidad. Hoy, el 75 por ciento de las ruedas del mercado son chinas. Los otros grandes jugadores del sector, Pirelli y Bridgestone, enfrentan situaciones similares.
 
"Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre", dice el comunicado emitido a primeras horas de hoy por FATE. "Las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán dentro del plazo legal", aseguró el texto.
  
La planta de San Fernando es una de las más grandes del país y tenía una capacidad productiva que superó los 5 millones de neumáticos por año. Sin embargo, esa eficiencia se vio sacudida por el ingreso de 860.000 cubiertas de origen chino importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios obligó a Fate a rebajar sus productos y, consecuentemente, a dejar por el piso sus márgenes de ganancia.
 
Su cierre se trata de un evento anunciado. Desde 2024, la empresa había advertido sobre los golpes en su competitividad producto de la apertura económica indiscriminada que afecta la producción nacional. Durante los últimos dos años, la crisis comercial y productiva que hundió a la empresa fue erosionando la relación con los empleados, que a través de la representación gremial reclamó permanentemente sobre los daños al costo laboral, sueldos atrasados y reducción de jornadas de trabajo.
 
En su declaración, la compañía recordó que "a lo largo de más de ocho décadas Fate construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad".
 
"Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina", destacó. Milei los liquidó.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 10:02
El ministro de Economía, el endeudador serial Luis "Toto" Caputo, salió este domingo a interpelar públicamente al empresariado por la falta de respaldo explícito a la reforma laboral retrograda y esclavista impulsada por el Gobierno anarco capitalista. A través de un mensaje directo en redes sociales, el funcionario expresó su "asombro" ante lo que consideró una reacción tibia -o directamente nula- de las cámaras empresarias frente a los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.
 
El reclamo de Caputo se produjo en un momento de alta tensión política y sindical, con la Confederación General del Trabajo convocando a un paro en rechazo al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ministro buscó correr el foco del conflicto y presionar al sector privado para que se pronuncie en favor de una reforma que el Ejecutivo presenta como anti trabajadores.
 
El eje del planteo oficial es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos herramientas que apuntan a reducir significativamente el costo laboral. La reforma permitiría bajar las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador desde el 27 actual al 15 por ciento durante un período de 48 meses. En términos más amplios, la cuña laboral promedio se reduciría del 44 al 32 por ciento del salario bruto.
 
Pese a estos números, Caputo se mostró molesto por la falta de entusiasmo empresario. "Les bajamos un 85 por ciento las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", escribió en la red social X.
 
Sin embargo, el silencio por parte del empresariado expone una incomodidad que el Gobierno subestima. Voces del sector privado reconocen que la baja de cargas es un incentivo relevante, pero advierten que persisten dudas sobre la implementación del nuevo esquema, la estabilidad macroeconómica y la falta de políticas complementarias para reactivar la producción y el crédito. En sectores industriales, incluso, señalan que la reducción de costos laborales no alcanza si no hay demanda ni financiamiento.
 
Mientras el Gobierno ultra derechista exhibe el recorte de cargas patronales como una concesión histórica al empresariado, las principales cámaras evitan celebrarlo abiertamente, atrapadas entre el conflicto sindical, la incertidumbre económica y un modelo laboral que todavía genera más interrogantes que certezas.
 
Muchos empresarios están sensibilizados por los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores, afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y por lo tanto achica aún más el mercado interno, con lo que a las Pymes les pega de lleno.
 
Los empresarios ni fu ni fa con la medida. En tanto, la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día en que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno libertario quiere que la Cámara de Diputados lo transforme urgente en ley, aunque si le hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios del transporte.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 08:02
El gobierno del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei volvió a quedar en el centro del escándalo por un vergonzoso contrato estatal que cuestiona su prédica contra la "casta" y las prácticas de su gestión. La controversia gira en torno a una adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico "Pelado" Sturzenegger, el de la motosierra y el "achicamiento del Estado" para todos, menos para su esposa.
 
La contratación, formalizada mediante una disposición oficial publicada en el sistema COMPR.AR, asciende a 114.044.133 de pesos y contempla la capacitación en inglés de 132 empleados durante 2026. El procedimiento utilizado fue una "Adjudicación Simple por Especialidad", justificada en el expediente bajo el argumento de que la AACI era el único proveedor capaz de garantizar la continuidad del programa formativo. Sin embargo, el dato de que se registró una sola oferta -la de la propia entidad adjudicada- alimentó cuestionamientos sobre la competencia real del proceso.
 
El vínculo matrimonial entre Rouillet y Sturzenegger obligó a activar el mecanismo de integridad previsto por el Decreto 202/2017. En ese marco intervinieron la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, que confirmaron en dictamen la existencia de un vínculo familiar directo con un ministro nacional. Como respuesta, el área de Compras recomendó la firma de un Pacto de Integridad para prevenir conflictos de interés.
 
Aunque ese procedimiento se presentó como garantía de transparencia, especialistas en administración pública suelen advertir que estos mecanismos son correctivos y no sustituyen el principio básico de evitar situaciones que puedan generar sospechas de favoritismo. El hecho de que el Estado contrate a una organización dirigida por un familiar directo de un funcionario de alto rango, aun con controles formales, expone una zona gris difícil de conciliar con el discurso oficial contra los privilegios políticos de casta.
 
El caso no es aislado. Registros del mismo portal oficial muestran que Cancillería ya había contratado a la AACI en 2024 por 55.388.180 pesos para un servicio similar. En esa ocasión, la documentación pública no incluía un Pacto de Integridad ni permitía descargar el pliego completo, lo que suma interrogantes sobre la consistencia de los estándares de transparencia aplicados.

Desde su campaña presidencial, Milei construyó su identidad política en torno a la denuncia de la "casta" y la promesa de terminar con los beneficios para funcionarios y allegados. Sin embargo, episodios como este niegan esa narrativa. Si bien la contratación no fue declarada ilegal y siguió los pasos administrativos exigidos, el problema radica en el plano político: la percepción de que ciertos vínculos personales siguen teniendo acceso privilegiado a recursos públicos.

La defensa oficial se apoya en la legalidad de los procedimientos. Pero la discusión pública se mueve en otro terreno: el de la legitimidad ética y simbólica. En un gobierno que hizo de la austeridad y la lucha contra los privilegios su principal bandera, cada contratación que involucra familiares directos de altos cargos se convierte en una prueba de inconsistencia. Ya denunciaron penalmente a Sturzenegger.

 
El caso, lejos de cerrarse con la firma de un supuesto pacto administrativo, reabre el debate sobre hasta qué punto la promesa de terminar con la "casta" queda limitada al terreno discursivo. Porque, cuando los beneficiarios de contratos estatales están vinculados a la cúpula del poder, la distancia entre relato y realidad es indisimulable.
 
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16-02-2026 / 09:02
Si algo faltaba para completar la foto de una ofensiva gubernamental a todo trapo, llegó con las medias sanciones de reforma laboral y baja en la edad de punibilidad. Triunfo político del Gobierno, sin dudas, con paliza para la oposición. Sin embargo, resta constatar si esa foto es parte de una película rumbo a ser concluida o si, al cabo, no es más que un recuadro.
 
Lo que el oficialismo se anima a denominar como "modernización" de las condiciones laborales se vio impregnado por el despliegue represivo en los alrededores del Congreso. Hay que detenerse en este punto, porque algunos de sus rasgos son sustantivos para entender fondos de la cuestión.
 
Hubo una marcha de protesta -no impactante, sí muy numerosa- que se dispersó apenas diseminado el impresionante operativo policial. Esos manifestantes fueron ignorados por la prensa oficialista, desde ya. Pero resulta que los medios opositores, con escasas excepciones, también ningunearon a los manifestantes. Prefirieron centrarse en lo burdo de infiltrados y/o marginales que fueron a pudrirla, casi sin registro de quiénes, cuántos, con qué composición, habían ganado la calle.
 
Todo fue de manual. Cuando una manifestación es imponente y bien organizada, no hay services ni ocho cuartos capaces de empiojar. Hacía falta -y esto no se dice con el diario de lunes, sino con repetida evidencia- que los organizadores tomaran precauciones ante lo obvio. No lo hicieron, y lo obvio sucedió.
 
Primeros apuntes, entonces: una marcha justificadísima pero convocada sin mayor convicción, empezando por la otrora "central obrera", y unos marchantes que quedaron al arbitrio de ser operados en forma infantil.
 
Luego, adentro del Congreso ya estaba cocinado que la cúpula cegetista -no hablamos de toda la CGT- había conseguido retener sus cuotas de privilegios burocráticos en materia de aportes sindicales y empresariales. Ellos y los tránsfugas del peronismo "del interior" o "dialoguista", en reemplazo de otras definiciones que hoy resuman de qué se trata el peronismo por fuera de consignas clásicas.
 
Lo objetivo es que se medio-sancionó una reforma de la que, en primer término, una mayoría de la población no tiene o parece no tener ni la menor idea informativa. "Porque son todos iguales". "Porque gracias si me dedico a arreglarme como puedo". "Porque la política no me interesa" y, con sus variantes, sigue la lista de respuestas similares.
 
Viene la votación en Diputados. No debiera arriesgarse una sentencia concluyente porque, en un país político como éste que para bien y mal siempre depara sorpresas, habrá de verse si no falla alguna transa en el propio oficialismo. Por caso, es incierto que el ítem espeluznante de las licencias por enfermedad atraviese el filtro de la Cámara Baja.
 
Como fuere y de hecho, el gobierno de los Milei se metió sus denuncias retóricas contra "las ratas de los senadores" allí donde la espalda pierde su buen nombre y honor. Negoció cuanto era necesario y dos de los grandes bloques de intereses, el del empresariado sin un mínimo rasgo de burguesía inteligente y el de los dirigentes sindicales entregados, obtuvieron lo que querían.
 
Nadie en su sano juicio supone que esta reforma significará potenciar el mercado laboral, ni oportunidades de empleo, ni cosa que se le asemeje. Lo aceptan ellos mismos, los voceros del establishment, en sus diálogos reservados. Reconocen que se da trabajo cuando crece la economía y la gente tiene un mango en el bolsillo. No cuando se profundizan las condiciones contractuales entre el zorro y las gallinas.
 

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