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Nacionales - 07-03-2023 / 08:03
JUNTOS POR EL CAMBIO QUIERE QUE EXPLOTE ARGENTINA: BUSCA HACER FRACASAR EL CANJE DE DEUDA QUE IMPULSA MASSA

Con apoyo del sector financiero, el Gobierno conjuró el ataque desestabilizador de la oposición

Con apoyo del sector financiero, el Gobierno conjuró el ataque desestabilizador de la oposición
Tras un acuerdo con los bancos y aseguradoras privadas, el Gobierno anunció un canje de deuda por más de 7 billones de pesos, que despeja el horizonte hasta 2024 y 2025. La medida desactiva los esfuerzos del PRO que, con su denuncia de un supuesto “plan bomba”, buscaba dejar sin financiamiento al Estado para generar una corrida que desbarranque totalmente la economía en el año electoral.
Sergio Massa logró cerrar este lunes un acuerdo con representantes de bancos y compañías de seguros para avanzar en un canje de títulos de deuda en pesos con vencimiento en los próximos cuatro meses, por los cuales dará a cambio otros títulos de deuda que vencen entre febrero de 2024 y el mismo mes de 2025. Despeja así el riesgo de acogotamiento de intereses y traza un puente de refinanciación ("roleo", en la jerga financiera) hasta meses después de las elecciones presidenciales (octubre de este año).
 
Y desmiente el pronóstico que en un documento que días atrás difundieron economistas de Juntos por el Cambio, en el que describían a la curva de vencimientos de la deuda en pesos como una "bomba" a punto de explotar, previendo que los bancos no le renovarían el crédito al Tesoro Nacional. El pronóstico no solo falló sino que el bloque opositor se puso en contra al sector financiero, que criticó en duros términos la postura desestabilizadora de la alianza macrista-radical.
 
Hernán Lacunza, ex ministro de Economía durante tres años y medio de la gestión bonaerense de María Eugenia Vidal, y en los últimos meses del ciclo 2015/2019 de Cambiemos, ministro de Hacienda del entonces presidente Mauricio Macri, renovó los cuestionamientos al canje de deuda en las últimas horas, al que calificó de "operación vil y ruinosa para el Estado".
 
Esta vez, fue el presidente de la Asociación de Bancos Argentinos, Adeba, Javier Bolzico, quien cruzó al defolteador Lacunza descalificando sus dichos y señalando varios errores técnicos en su argumentación. Lacunza fue señalado como uno de los principales impulsores del documento previo de los economistas de la coalición de derecha, junto a Guido Sandleris  y Luciano Laspina, en el que señalaban que al gobierno le explotaría la bomba de la deuda en pesos porque no lograría "rolear" los vencimientos.
 
Luego, cuando vio acercarse ese acuerdo con los bancos acreedores  que unos días antes preveían inalcanzable, Lacunza se colocó en crítico del acuerdo. Ahora, la catástrofe ya no era no poder refinanciar: la catástrofe pasó a ser la refinanciación. Esto le valió el duro reproche de Bolzico, de Adeba, quien inclusive señalándole "errores técnicos" en su planteo.
 
Para el armado opositor creado por Mauricio Macri esto implicaría un "enorme riesgo para los argentinos". El pronunciamiento opositor está en línea con comunicaciones anteriores que hablaron de una "bomba" que le está dejando Massa al próximo gobierno. "¡Díganlo sin vergüenza! Quieren que explote Argentina, no sólo por especulación electoral contra el gobierno sino también porque hacen negocios", les respondió Sebastián Galmarini, director del Banco Provincia, quien les salió al cruce a los opositores.
 
La Opinión Popular
 

 
Massa refinanció la deuda y la bomba explotó enfrente
 
Este jueves se concretará el canje voluntario de la deuda en pesos que vence entre abril y julio. Un puente hacia 2024 que el sistema financiero respaldó, con duras críticas a la actitud de Juntos por el Cambio.
 
Aunque el resultado del canje ofrecido recién se conocerá el jueves 9, día previsto para la recepción de las adhesiones al canje voluntario, con liquidación el martes 14. Las expectativas apuntan a lograr una adhesión del 75 al 80 por ciento, sobre un total de vencimientos de deuda en manos privadas de aproximadamente 5,3 billones (millones de millones) de pesos que vencen entre abril y julio (ambos meses incluídos).
 
Dicha convicción surgió tras la reunión que protagonizaron en el mediodía de este lunes, el ministro Massa junto a sus secretarios Gabriel Rubinstein (Política Económica) y Eduardo Setti (Finanzas), cuando recibieron en el Salón Belgrano a representantes del sector financiero. Entre ellos, Claudio Cesario y Javier Bolzico (titulares de ABA y Adeba, las dos cámaras de bancos privados), y a directivos de los bancos Macro, Galicia, Santander, Santa Fe, BBVA Francés, Patagonia, ICBC, HSBC, Credicoop y San Juan.
 
Hay, además, otros 4,5 billones de deuda del Tesoro Nacional que está en manos de organismos públicos (Anses, Banco Central, gobiernos provinciales y municipales, entre otros), principalmente con vencimientos en el segundo semestre, que entrarán en su totalidad en el canje por decisión de un decreto que anoche estaba terminando de redactarse.
 
Los bonos elegibles para el canje distribuyen los vencimientos de la deuda que se canjee entre febrero y abril de 2024 (el 30%), octubre de ese mismo año (40%) y febrero de 2025 (el restante 30%). Sólo el bono más corto, el de febrero de 2024, tiene ajuste Dual (tipo de cambio o inflación, el que más le rinda al acreedor). El resto, ajusta por CER (coeficiente que evoluciona con la inflación).
 
"Terminan así los mitos que anunciaban que existía una bomba de deuda que iba a explotar", señaló el presidente Alberto Fernández, que apuntó contra "los que 'reperfilaron'" la deuda, en referencia al canje compulsivo de los vencimientos de deuda en pesos que aplicó la administración de Mauricio Macri sobre el cierre de su mandato.
 
"Los agoreros de siempre. Los mismos que generaron irresponsablemente esta deuda, son quienes pretenden ahora sembrar miedo en los mercados. Sabemos que debemos hacer", agregó el jefe del Estado.
 
Massa, por su parte, delante de los banqueros a los que recibió en el Palacio de Hacienda, también hizo referencia a la misma metáfora explosiva al señalar que el con el canje "se desactiva esa idea de la bomba, de que cada dos o tres meses algo está por explotar. Ya tuvimos en un momento un reperfilamiento de la deuda en pesos, con el fracaso y dolor que significó para Argentina. Y en este "salto de la montaña" (dijo, en referencia al calendario electoral entre agosto y octubre de este año), todos esos fantasmas se terminan".
 
En el Ejecutivo se respiraba anoche aires de triunfo, ante la resolución del desafío inmediato. En la oposición, empezaba el pase de facturas hacia quienes diseñaron la estrategia de desestabilización financiera, en la que algunos creyeron tener el arma letal para resolver anticipadamente las elecciones a su favor. Estrategia fallida, pero con costos que aún no terminan de mensurarse.
 
Por Raúl Dellatorre
 
Fuente: Página 12
 

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18-07-2025 / 12:07
Tech Security, la firma fundada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martin Menem, fue beneficiada con una licitación pública para la seguridad de distintas sedes de la banca estatal. Facturará más de tres millones de dólares. El negociado se suma a los que venía acumulando una sociedad vinculada al clan a través de otro empresario, que ya acumula varios contratos. La casta al palo.
 
La supuesta pelea libertaria contra "la casta" demuestra tener patas cada vez más cortas. Si con el apellido sólo no alcanzaba, los contratos que la familia Menem sigue ampliando con el Estado salen a la luz para demostrar que varios de los principales funcionarios del Gobierno, incluidos los de máxima confianza de Javier Milei, replican las mismas prácticas que dicen combatir.
 
La empresa Tech Security, fundada hace casi 20 años por el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem junto a sus dos hermanos, Fernando Nicolás Menem y Eduardo Adrián, resultó beneficiada con un contrato multimillonario con el Banco Nación. Se trata de la preadjudicación de una licitación pública para brindar el servicio de seguridad en distintas sedes de esa entidad financiera.
 
La suma total que embolsará trepa a los $3.933.026.507,98, poco más de tres millones de dólares. Que se suman a los más de 3 mil millones que desde diciembre de 2023 ya facturó otra empresa vinculada al clan a través de distintos intermediarios, de nombre Global Protection Service (GPS) Group. 
 
El contrato se concretó a través de la Licitación Pública CDS 1251/2025 del Banco Central, con fecha del 4 de julio de este año. Si bien Tech Security ya brindaba el mismo servicio desde 2018, los contratos se renovaban anualmente, mientras que esta vez, ya con Milei en el poder, se hizo por 24 meses, con opción a dos años más.
 
A diferencia de otras renovaciones, además, esta es la primera vez que la empresa gana una licitación por semejante monto con Menem ocupando un cargo relevante en la administración pública, lo que generaría, a priori, un conflicto de intereses, además de llevarse a las patadas con los postulados de la Ley de Ética Pública.
 
Por otro lado, el clan Menem ya venía ganando influencia en el Banco Nación desde hace meses, por ejemplo, en la rama de negocios de Nación Seguros, que llamativamente quedó afuera del listado de empresas públicas que Milei quería privatizar cuando impulsó la primera versión de la Ley Bases. El director de Nación Seguros es Alfonso Torres, cercano a Eduardo "Lule" Menem.
 
La Opinión Popular
 

18-07-2025 / 11:07
Una multitud se movilizó este jueves desde Congreso hasta Plaza de Mayo para defender al Hospital Garrahan y a la salud pública del brutal ajuste implementado por el gobierno de Javier "el Loco" Milei. La Marcha Federal de la Salud, que tuvo su réplica en diversas ciudades de la Argentina, fue convocada por la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) y sumó la presencia de numerosos sindicatos y organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, culturales y de derechos humanos, junto a una gran cantidad de familias y gente de a pie que participó de la manifestación para expresar su apoyo al reclamo.
 
Los trabajadores del Hospital Garrahan protagonizaron este jueves una masiva movilización al Congreso de la Nación, en defensa de la salud pública y en rechazo al ajuste impulsado por el Gobierno nacional. La marcha coronó una jornada de paro total en el hospital pediátrico, uno de los más reconocidos del país y referente en atención infantil.
 
Desde las 16:30, médicos, médicas, personal de enfermería, residentes y técnicos se congregaron en una columna que avanzó por las calles del centro porteño, respaldados por organizaciones gremiales, sociales y una amplia adhesión ciudadana. La consigna fue clara: denunciar el desfinanciamiento, exigir mejoras salariales y visibilizar la crítica situación que atraviesa el sistema sanitario público.
 
El reclamo incluye el rechazo a las reformas en el sistema de residencias, la pérdida de personal por las condiciones laborales y una caída del poder adquisitivo estimada en un 54% en términos reales, según un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria. El documento también advirtió que los insumos médicos y medicamentos sufren una inflación superior al promedio general, agravando el panorama.
 
La protesta fue una nueva expresión de una lucha que los trabajadores del Garrahan vienen sosteniendo desde hace meses, con paros, asambleas y acciones callejeras. La continuidad y la masividad del reclamo reflejan no solo el deterioro de las condiciones laborales, sino también la preocupación por el futuro de una institución que es pilar de la salud infantil en Argentina.
 
En ese marco, los gremios que nuclean a los trabajadores del hospital, entre ellos la Asociación de Profesionales y Técnicos y ATE, rechazaron el aumento salarial propuesto por el Gobierno, al considerar que no cubre las necesidades básicas del personal.
 
La Opinión Popular
 

17-07-2025 / 10:07
Mientras la canasta de crianza supera los 500 mil pesos, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, lanzó un insólito nuevo plan social que busca cambiar el eje de la asistencia: en lugar de alimentos, vouchers para actividades deportivas y culturales.
 
La propuesta, dijo, está pensada para las zonas "más vulnerables del país", aunque su fundamento ideológico no deja lugar a dudas: "El Estado no tiene que cuidar a los niños, los tiene que cuidar la familia".
 
La frase, que dejó caer en una entrevista, resume el espíritu de la medida. Pettovello detalló que los vouchers se entregarán a familias que asistan a "escuelas para padres" y podrán canjearse en parroquias o clubes.
 
Según explicó, el objetivo es fortalecer los vínculos familiares sin intermediación política, como parte de los futuros "Centros de Familia" que comenzarán a funcionar en agosto con una prueba piloto en la ciudad de Concordia.
 
La visión de Pettovello sobre la infancia es coherente con el discurso del oficialismo, que busca reducir la presencia del Estado en las políticas de cuidado.
 
Pero los números no acompañan el repliegue: según el INDEC, criar a un hijo en Argentina cuesta entre $411.000 y $517.000 por mes, según la edad del menor. Se trata de una canasta de crianza que incluye tanto bienes y servicios como el costo del tiempo de cuidado. La cifra más alta corresponde a niños y niñas entre 6 y 12 años.
 
Los datos son contundentes: solo en junio, el costo de criar a un bebé menor de un año fue de $411.201, mientras que el de un niño en edad escolar trepó a $517.364. Frente a estos montos, el lanzamiento de vouchers recreativos aparece más como un gesto simbólico que como una respuesta estructural a la pobreza infantil.
 
El anuncio también llega en un contexto de fuertes cuestionamientos a la gestión de Capital Humano por la retención de alimentos en depósitos oficiales. Lejos de reforzar el esquema de comedores comunitarios, Pettovello insiste en una política de asistencia "directa", en línea con el ideario libertario. "La familia tiene una función que no se puede delegar en el Estado", aseguró.
 
Mientras se ajustan presupuestos en salud, educación y cultura, la ministra apuesta a que un taller de cerámica o una clase de fútbol puedan reemplazar a un plato de comida caliente. En esa lógica, el Estado deja de garantizar derechos y pasa a sugerir actividades.
 

17-07-2025 / 10:07
El gobierno de Javier "el Loco" Milei intenta resistir hasta octubre en medio de tensiones económicas y políticas crecientes. Los frentes de conflicto se multiplican: ¿se le hizo demasiado largo el calendario electoral al libertario? En el medio asoman las peleas con los gobernadores.
 
A pesar de que el receso invernal del Congreso le abrió una ventana de tiempo para negociar, el gobierno de Milei enfrenta una tormenta en Diputados que podría llevarlo a una dura derrota, como la que sufrió la semana pasada en el Senado. La oposición prepara una sesión para aprobar el financiamiento universitario y la declaración de emergencia en pediatría a raíz del conflicto del Hospital Garrahan.
 
También se sumarían los proyectos de todos los gobernadores para distribuir de forma equitativa los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del impuesto a los combustibles, que aprobó la Cámara alta y ayer ingresaron a Diputados, donde el oficialismo buscará obstaculizar su tratamiento.
 
Más complicado aún para la Casa Rosada será si la convocatoria incluye el rechazo al veto de Milei a la emergencia en Bahía Blanca (que ya revocó el Senado), donde sus propios aliados del PRO que votaron la emergencia deberán discernir si sostienen el veto presidencial para bancar la alianza electoral bonaerense detrás de los libertarios o si ratificaran la ayuda económica para la ciudad devastada por la inundación.
 
Los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica vienen trabajando en la convocatoria a una sesión para la última semana de julio (podría ser el 30) o la primera de Agosto (el 6), que tienen como ejes darle media sanción a los proyectos de financiamiento para las universidades nacionales y la declaración de emergencia en el hospital pediátrico Garrahan.
 
Además, ayer ingresaron a la Cámara de Diputados los proyectos con media sanción del Senado impulsados por los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para establecer por ley un esquema de coparticipación de los ATN y de una porción del impuesto a los combustibles destinados para obras viales que el Gobierno central recauda, no distribuye o lo hace a cuentagotas y de manera discrecional.
 
Ahora, el titular del cuerpo legislativo, el libertario riojano Martín Menem, deberá definir a que comisiones será girado cada uno de ellos. No se descarta que ambos vayan a la comisión de Presupuesto, donde su presidente José Luis Espert comanda la primera barricada oficialista para frenar cualquier iniciativa que incomode al Gobierno.
 
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16-07-2025 / 09:07
Javier "el Loco" Milei pretendía imponer límites a las huelgas mediante un decreto, esquivando al Congreso e ignorando las garantías constitucionales. La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo le puso un freno al decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por el prescindente Milei que pretendía recortar el derecho de huelga en Argentina.
 
Con una sentencia definitiva, el tribunal suspendió la aplicación del DNU 340/2025, una medida que ampliaba de forma arbitraria la cantidad de actividades consideradas "esenciales" y obligaba a mantener entre un 50 y un 75 por ciento de la actividad aun en situaciones de conflicto gremial.
 
El fallo fue firmado por los jueces Silvia Pinto Varela y Héctor Guisado, quienes ratificaron la resolución de la jueza de primera instancia Moira Fullana, que ya había dado lugar a un amparo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT). El tercer integrante de la sala, Manuel Diez Selva, no participó por estar de licencia.
 
El intento del Gobierno de Milei de cercenar el derecho de huelga, un derecho constitucional y fundamental de los trabajadores, fue declarado inválido por la Justicia por no cumplir los requisitos básicos para dictar un decreto de necesidad y urgencia.
 
En su voto, Silvia Pinto Varela dejó en claro que no se dan las "circunstancias excepcionales" que exige la Constitución Nacional para utilizar esta herramienta.
 
"Es muy claro que no se dan los extremos excepcionales a los que se refiere reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para justificar el dictado de un DNU, esto es, la imposibilidad de que se reúna el Congreso de la Nación", sostuvo.
 
El DNU 340/2025 había sido firmado por Milei el 21 de mayo. En su artículo 3 ordenaba, por decreto, que en los servicios esenciales no se pudiera negociar una cobertura menor al 75 por ciento, y en las actividades de "importancia trascendental", no se pudiera bajar del 50 por ciento.
 
Es decir, el Ejecutivo pretendía imponer límites a las huelgas mediante un decreto, esquivando al Congreso e ignorando las garantías constitucionales. La maniobra no es nueva: estos mismos cambios ya estaban en el capítulo 4 del DNU 70/2023, otro megadecreto de Milei, que también fue suspendido por la Justicia y que aún espera un fallo definitivo de la Corte Suprema.
 
La CGT había solicitado la acción de amparo argumentando que el decreto viola el principio de división de poderes y ataca la libertad sindical. La Justicia le dio la razón. El fallo representa un freno a un gobierno autoritario y anti democrático que viene avanzando sin consenso ni diálogo en medidas que afectan directamente los derechos laborales y sociales de los argentinos.
 
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