07:15 | Miercoles 24 de Diciembre de 2013 | Entre Ríos

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Nacionales - 05-03-2023 / 10:03

NARCOTRÁFICO EN ROSARIO

Ante el circo violento de Juntos por el Cambio, el peronismo necesita disputar la agenda de seguridad

Aunque intentan instalar un relato que iguala al peronismo con el narco (artefacto publicitario que les funcionó bien contra Aníbal Fernández en 2015 y nada contra Axel Kicillof en 2019), solamente un extraordinario blindaje mediático les ahorra a los candidatos de Juntos por el Cambio tener que dar explicaciones sobre los vínculos entre sus dirigentes y el narcotráfico.

Resulta obsceno, y caracteriza con certeza a la dirigencia que supimos conseguir, que en una ciudad acostumbrada desde hace meses a sufrir una muerte violenta cada veinticuatro horas y que es escenario, desde hace más de una década, del más salvaje conflicto violento entre argentinos de 1983 a esta parte, la línea roja se haya cruzado con nueve disparos a la fachada de un supermercado y un mensaje dejado allí para que todos reaccionaran exactamente tal como reaccionamos.

Fuimos partícipes, involuntarios pero necesarios, de una macabra maniobra de marketing. Messi no tiene nada que ver con esto, es apenas el señuelo que dejaron los autores del ataque, de la misma forma que otros usan su imagen para vender camisetas, medias, mochilas o carpetas. Los expertos recomiendan minimizar la difusión de esta clase de mensajes, que son materia de fiscalía y no de redacciones. Como sucede con la violencia de género o el suicidio, urgen protocolos para el tratamiento mediático de estos episodios.

No se va a avanzar un centímetro en la lucha contra el narcotráfico, uno de los peligros más acuciantes para estas y las próximas generaciones de argentinos, una fuerza arrasadora que puede transformar para siempre la fisionomía de la sociedad, bailando al ritmo que proponen, desde sus celdas, los jefes de estas bandas que controlan jueces, fiscales, políticos y policías, que lavan su dinero a través de bancos y constructoras en manos de la crema y la nata de la sociedad rosarina.

Tampoco ayuda en nada el circo montado por comunicadores y políticos que parecen preocupados en sumar unos votos o un punto de rating más que por aportar a la solución de esta verdadera tragedia que, sin embargo, puede todavía volverse mucho peor. Ni el Antón Pirulero que jugaron, en los últimos días, los gobiernos de Rosario, Santa Fe y la Nación, tratando de repartir culpas como si creyeran que va a quedar algo en pie si no se detiene la ola antes de que se transforme en tsunami.

Por supuesto, involucrar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico puede desatar un infierno, como lo indica la experiencia mexicana. Después de 17 años de guerra contra los carteles la cantidad de muertos y desaparecidos se estima en 300 mil y los militares trabajan para los capos o se volvieron, ellos mismos, los patrones del tráfico de drogas. La situación sigue siendo trágica pero ahora se tiran con armas más grandes. Nada distinto podemos esperar si se aplica esa receta en Rosario.

El otro fetiche de estos días entre los políticos de derecha (que los hay en todos los frentes) es el de El Salvador. Bajo el influjo de la propaganda del expublicitario Nayib Bukele, proponen imitar sus métodos, que incluyen el encarcelamiento del 1,5 por ciento de la población del país, detenciones arbitrarias y torturas. No se va a solucionar el narco en Rosario metiendo presos por la pinta a todos los pibes pobres que usan gorrita y tatuajes. Eso hace el presidente salvadoreño y proponen sus fans locales, no otra cosa.

Aunque la llanura política a la hora de plantarse ante este asunto es transversal, las responsabilidades no son simétricas. Aunque intentan instalar un relato que iguala al peronismo con el narco (artefacto publicitario que les funcionó bien contra Aníbal Fernández en 2015 y nada contra Axel Kicillof en 2019), solamente un extraordinario blindaje mediático les ahorra a los candidatos de Juntos por el Cambio tener que dar explicaciones sobre los vínculos entre sus dirigentes y el narcotráfico.

- En agosto del año pasado, la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, vinculó en una entrevista televisiva a María Eugenia Vidal y Cristian Ritondo con una maniobra para apartarla de una investigación por narcotráfico que involucraba al fiscal Claudio Scapolan, funcionarios de su fiscalía y una veintena de oficiales de la Policía Bonaerense. "Me recusaron dos letrados con aceitados contactos políticos, uno de ellos fue funcionario del Ministerio de Seguridad durante la gestión de Vidal", dijo Arroyo Salgado.

- En diciembre de 2020, días después de dejar de ser intendente de Paraná (cargo que heredó de su padre en 1999 y ocupó en dos ocasiones), el radical Sergio Varisco fue condenado a seis años y medio de prisión como partícipe necesario de una red de comercialización de estupefacientes. La condena fue ratificada un año más tarde. También formaban parte de la banda y fueron condenados una funcionaria del área de Seguridad y un concejal de Cambiemos.

- En Santa Fe se conocieron audios del exministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, con policías condenados por brindar protección a bandas narco de esa provincia. Pullaro ahora es precandidato a gobernador por la UCR.

- Aunque resulte obvio recordarlo, pareciera que en el cartel que dejaron esta semana en la puerta del supermercado de la familia Roccuzzo sólo estuviera el nombre de Messi, cuando además aparece mencionado y vinculado al narco el intendente Pablo Javkin, de origen radical, lilito por crianza y larretista de última hora. Por supuesto, esa mención no equivale a culpabilidad, ni siquiera amerita por sí sola una sospecha, pero imaginemos, por un instante, qué hubiera pasado si el nombre en ese cartel era, pongamos, Aníbal Fernández.

Más allá de la cobertura mediática que permite que no paguen costo político por estas denuncias, la oposición aprovecha también un vacío que deja el peronismo, desde hace muchos años carente de agenda de la lucha contra el delito en general y el crimen organizado en particular. Es urgente que se articulen propuestas que, al mismo tiempo, establezcan sintonía con una sociedad que le da mucha importancia a estos temas y le dispute a la derecha un sentido común que, sin contrapesos, toma ribetes trágicos.

A partir del impulso que tuvo el tema esta semana, después de que la mención del astro llevase el drama de Rosario a todo el mundo, el gobierno nacional comenzó a mover algunas piezas para dar respuesta a la crisis. Además de la transferencia de sistemas de vigilancia e identificación cuya utilidad en un escenario como el actual está por verse, se intensificó la articulación entre Nación y provincia, lo que debería traducirse, en los próximos días, en medidas concretas a varias bandas.

Dos históricos adversarios en la política santafesina, el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y el gobernador, Omar Perotti, se pusieron al frente de las charlas, en las que asumieron el compromiso de "dejar de lado el carancheo político y abocarse a discutir soluciones de fondo", según contaban en la Casa Rosada. El primer fruto de ese acuerdo es que este miércoles se firmará, finalmente, el convenio para abrir una agencia de la Unidad de Investigaciones Financieras en Rosario.

Ese mismo día sesionará en la cámara de diputados un plenario de las comisiones de Justicia y Legislación penal para dar curso al proyecto de Ley de Fortalecimiento de la Justicia Penal en Santa Fe, que apunta a la creación de nuevas fiscalías y juzgados que agilicen las investigaciones y juicios. La iniciativa, fragmento de la reforma judicial impulsada por el presidente al comienzo de su mandato, la promueven los legisladores Germán Martínez (jefe de la bancada del Frente de Todos) y Roberto Mirabella, y lleva la firma de los 19 diputados de esa provincia, de todos los espacios políticos.

En el gobierno creen que "está encaminado" un acuerdo con la oposición para que levante, en lo que hace a este tema, su negativa cerrada a tratar cualquier proyecto mientras dure el juicio político a cuatro miembros de la Corte Suprema. Avanza, en simultáneo, en el Senado, una negociación paralela para destrabar la aprobación de los acuerdos del juez Gastón Salmain y dos fiscales, Eduardo Rodrigues Da Cruz y Elena Dilario, para el Juzgado Federal Nº 1 y el Tribunal Oral Federal 2, respectivamente, ambos en Rosario.

Son medidas que van en el sentido adecuado pero resultan insuficientes si las investigaciones no remontan el curso del dinero para encontrar a los verdaderos responsables. Voltear kioskos o bunkers equivale a cortar una cabeza de la Hidra: vuelven a crecer dos en su lugar. El combate al narcotráfico, en serio, se da en los countries, no en las villas. Y en los bancos y constructoras, de fachada luminosa y dueños respetables, que se encargan de lavar el botín.

Hablando de dinero, otro punto central que debería discutir el Frente de Todos de cara a la sociedad es el de transparentar la financiación de las campañas políticas. Se trata de un inmenso mercado negro en el que el dinero de origen ilegal fluye en abundancia hacia los bolsillos de políticos que luego son rehenes de las organizaciones criminales que los enriquecieron y les facilitaron el acceso al poder. Sin cortar de cuajo estos vínculos espurios, el combate a la ilegalidad se da en una cancha inclinada y con el árbitro en contra.

Resulta imprescindible, asimismo, reforzar la presencia del Estado en el territorio. No con armas sino con alimentos, techos, colchones, crédito, programas sociales y trabajo. En cada barrio, en cada calle, en cada cuadra de la que se retira la política, entra el narco. La disposición estatal también debe reforzarse en las rutas y vías navegables que tienen en Rosario un epicentro. Por la hidrovía no se contrabandea solamente grano. Controlar la logística es otra forma efectiva de combatir al crimen organizado.

Sin embargo, todas estas herramientas solamente son parches y refuerzos para equilibrar una batalla desigual. La única solución definitiva al problema del narcotráfico es dejarlo sin clientes y eso se logra a través de la legalización del comercio de estupefacientes. El prohibicionismo, una política diseñada por el gobierno de Richard Nixon en 1972, más orientada a criminalizar sectores políticos y sociales (el movimiento antiguerra en Vietnam y los luchadores por los derechos raciales), ya ha demostrado sobradamente su fracaso.

Por Nicolás Lantos

Fuente: El Destape

23-12-2025 / 09:12

La justicia le exige a Milei que informe donde está el oro de las reservas que se encanutó

Un fallo de Cámara obliga al Gobierno a explicar ante la Justicia dónde está el oro que, en junio de 2024, el gobierno de Javier "el Loco" Milei sacó del Banco Central para enviar al exterior. Para los jueces, esa información constituye "un asunto de indudable interés público como es la administración de las reservas". La presentación la hizo La Asociación Bancaria, el gremio que descubrió y denunció la maniobra con los lingotes de oro. El presidente del Banco central, Santiago Bausili, ya se negó a contestar un requerimiento de la Auditoría General de La Nación. Junto a "Toto" Caputo sacaron el oro del país y nunca informaron sobre su destino.

En un operativo clandestino de ribetes policiales, comenzó una saga de ocultamiento de las autoridades sobre el destino de uno de los principales activos líquidos del organismo monetario. El diputado nacional y líder de La Bancaria, Sergio Palazzo, presentó varios pedidos de informes exigiendo a las autoridades que expliquen donde está el oro y que tipo de cauciones lo afectan. Caputo nunca quiso explicar su destino, se limitó a comentar muy por arriba en un programa de televisión que se giró a un banco para cobrar intereses. No explicó quien lo tiene ni qué tipo de operación se hizo con ese importante activo.

Ahora, la Justicia Federal ordenó este lunes al Banco Central que entregue información precisa sobre el destino del oro. En una resolución firmada por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, consideró que la autoridad monetaria no justificó de manera suficiente su decisión de no informar sobre el destino del activo y sostuvo que la negativa vulneró los principios de transparencia.

Es que Caputo y Bausili sostienen que la operación forma parte de la "administración" de las reservas y por ende es secreta. El mismo criterio opaco que Caputo utiliza para no dar precisiones sobre el swap firmado con Estados Unidos y los bonos que le entregó al Tesoro para que rentabilice la venta de dólares que hizo sobre el cierre de la campaña.

Los jueces fueron punzantes sobre el lamentable manejo de Caputo sobre información que debería ser pública. "La configuración de alguna de las excepciones legales a la entrega de información pública no puede depender de una apreciación unilateral del sujeto obligado", sostiene el fallo y subraya que es el Estado quien debe demostrar, de manera concreta, que la difusión de los datos solicitados causaría un daño a un interés legítimamente protegido.

El Banco Central respondió apenas con un comunicado formal que "había completado transferencias de parte de sus reservas en oro entre sus diferentes cuentas", sin precisar monto, destino ni motivo concreto. La respuesta evasiva del BCRA encendió alarmas. Porque ese oro no es un adorno: según informes oficiales, las reservas de oro rondan unos USD 4.900 millones, un componente significativo del total de activos extranjeros del Central.

Aunque la entidad insiste en que las operaciones no alteran el volumen agregado de las reservas, nadie sabe realmente dónde están físicamente esos lingotes y si siguen efectivamente en poder del Estado o se remataron en algunas de las operaciones de préstamos igualmente opacas que concretó Caputo. El balance del BCRA, en ciertos trimestres, llegó incluso a no mostrar ese componente con claridad, como si hubiera desaparecido entre páginas y cifras.

La Auditoría General de la Nación (AGN) reveló recientemente que el Banco Central se negó a entregar documentación sobre dónde están los lingotes, bajo qué condiciones se conservan y si parte del oro fue transformado en instrumentos financieros. El argumento oficial: la información es "confidencial" y su difusión podría poner en riesgo la seguridad de los activos. Como sea, la pregunta es: ¿dónde está el oro? Eso es lo que la Justicia ahora exige que responda Milei.

La Opinión Popular

22-12-2025 / 10:12

Las joyas de la abuela que remata el gobierno a los “amigos” hasta agotar stock

Las joyas de la abuela que remata el gobierno. A espaldas del Congreso, el Gobierno ya vendió 40 valiosos terrenos del Estado (pertenecientes a las fuerzas armadas, instituciones científicas y hasta predios de ex centros clandestinos de detención) y tiene 140 inmuebles más para subastar. Luis "Toto" Caputo sueña con conseguir unos mil millones de dólares mientras las grandes inmobiliarias amigas del gobierno, con Eduardo Costantini a la cabeza, se quedan con el botín.

Tierras del Plan Procrear, de las Fuerzas Armadas, ferroviarias, de instituciones científicas, predios de ex Centros Clandestinos de Detención y hasta un pedazo de montaña en Mendoza. Todo eso incluye la lista de más de 180 terrenos e inmuebles públicos que conforman el plan de ventas de bienes del Estado que ya avanza en el Gobierno de Javier "el Loco" Milei.

Los remates, que esta semana fueron noticia por la venta de tierras destinadas originalmente a viviendas sociales, se concentran por ahora en la Ciudad de Buenos Aires con las empresas de Eduardo Costantini como principales beneficiarias y otros grandes jugadores del sector, como el Grupo IRSA, codiciando las tierras.

A través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), y sin pasar por el Congreso, la fuerza libertaria ya vendió cerca de 40 bienes y tiene en lista otros 140 lotes e inmuebles publicados para subastar en lo que le queda de mandato.

La lista de subastas futuras cuenta con terrenos de hasta 300 hectáreas a vender en el interior del país con destino al negocio agropecuario o a grandes proyectos inmobiliarios. Especialistas y organizaciones ambientalistas advierten que se trata "de uno de los procesos de descapitalización pública más agresivos de nuestra historia reciente".

"Vamos a vender muchos de los activos de la AABE y eso va a generar un ingreso de miles de millones". No mentía el ministro de Economía, "Toto" Caputo, cuando a principios de junio reconocía que el gobierno remataría las tierras del Estado para intentar sostener las reservas, en conjunto con los procesos de privatizaciones y concesiones.

Sólo desde ese mes la Agencia abrió subastas para un total de 26 terrenos e inmuebles a los que hay que sumarle otros 17 procesos de remate que se habían abierto desde fines de 2023. En paralelo a las subastas de la AABE, el gobierno remata también las tierras que estaban destinadas al ya disuelto Plan Procrear y apunta a recaudar una suma de entre 800 y 1000 millones de dólares por todo el paquete. Aunque hubo ventas en Mendoza, La Plata, Pinamar y Córdoba, la mayor parte de los bienes vendidos hasta ahora se concentran en la Ciudad de Buenos Aires.

El terreno más grande de ese paquete es el predio de cuatro hectáreas que pertenecía al Ejército y que Eduardo Costantini adquirió por más de 120 millones de dólares. El mismo empresario se quedó con un lote de la Policía Federal en Bajo Belgrano a través de la firma Argencons, que controla desde mayo, en una subasta peleada en la que la empresa le ganó incluso al peso pesado de Eduardo Elsztain y su Grupo IRSA.

Antes, Costantini también había sumado otro terreno a pocos metros del Campo Argentino de Polo. En los tres casos se construirán desarrollos inmobiliarios.

21-12-2025 / 09:12

Volantazo de los gobernadores: El final de la primavera anarco capitalista del Loco Milei

Cuando los cimientos están agrietados, todo lo que se construye es frágil e inestable. Cincuenta días tardó Javier "el Loco" Milei, tras una sorpresiva e impactante victoria en las elecciones de medio término, en fagocitarse el crédito político, de la misma forma que se fagocitó -durante los últimos dos años- una cantidad récord de divisas sin poder acumular reservas.

Ahora, tiene por delante dos años en los que su suerte está atada a la voluntad de aliados poco confiables. El FMI volvió a intervenir la economía, forzando un volantazo; los gobernadores pasaron por caja y después le votaron en contra. Un poco de su propia medicina. Hola incertidumbre, mi vieja amiga, podría cantar el presidente. Dos años, en Argentina, es mucho tiempo.

Después de la sesión del miércoles en la Cámara de Diputados, la mayoría de los medios titularon con un triunfo del oficialismo por la media sanción de diputados y apenas destinaron alguna línea en la bajada para comentar, como algo secundario, la inesperada derrota en el Capítulo 11 que se votó de madrugada. Con el correr de las horas, la realidad se encargó de corregir ese evidente error de criterio.

La derrota del gobierno fue completa y sus consecuencias están teniendo ramificaciones imprevistas. Milei amenazó con vetar su propio presupuesto y Patricia Bullrich tuvo que anunciar la postergación del tratamiento de la reforma laboral, justo a la hora que la CGT desconcentraba la Plaza de Mayo. Una derrota indisimulable.

El debate sobre la Ley de Presupuesto en la Cámara Baja era la primera y la más sencilla de todas las sesiones que tiene por delante el Gobierno para aprobar las reformas que anunció. La dificultad insalvable que encontró esta semana echa dudas sobre la viabilidad del resto de sus planes, justo cuando tiene que convencer a los acreedores que le vuelvan a prestar el dinero que no podrá devolver en 20 días.

La forma en la que intentó, sin éxito, salvar esa dificultad, repercutió negativamente en la relación con todos sus aliados, a los que necesita para que el Congreso le siga dando una pátina de legitimidad a sus decisiones, muchas veces ilegales e inconstitucionales.

La caída del artículo 75, el corazón de la derrota, está cargada de significado político porque fue una rebelión contra la cláusula de la humillación. Enceguecido por una mala lectura de las urnas, Milei no se contentó con ganar sino que quiso escenificar un triunfo absoluto y definitivo sometiendo a los legisladores que antes de la elección habían apoyado las leyes que daban presupuesto a la Universidad Pública y a las personas con discapacidad, para que votaran explícitamente en contra de esas mismas leyes. Ese era el corazón político del proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo. Las partidas pueden reconducirse por decreto. Lo importante era coronar a Milei.

Así, el solsticio de verano no sólo marca hoy el final de la primavera, sino también, en coincidencia, el de la primaverita política que había comenzado para el gobierno con el resultado de las elecciones de medio término y que terminó sin que pudiera capitalizar de manera alguna ese éxito. La realidad muestra que, al fin y al cabo, las cosas no son tan malas como parecían en septiembre ni tan buenas como nos quisieron hacer creer después de octubre.

Todo sigue más o menos parecido a lo que fue el largo 2025: precario, inestable, violento, cada vez más autoritario y deteriorado. Este año Milei necesitó tres rescates del FMI, de Trump y de las urnas, para llegar hasta acá. Va a necesitar uno más, de los Senadores, antes del brindis del 31. Y con el 2026 comenzará una historia diferente.

20-12-2025 / 10:12

Agrandado como alpargata de pobre, en pocas semanas Milei dilapidó el resultado de las urnas

Agrandado como alpargata de pobre, en pocas semanas el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei dilapidó el resultado favorable de las urnas, resquebrajó su alianza con el PRO al romper la promesa de un lugar en la AGN; soportó un masivo acto de protesta de la CGT; debió postergar la reforma laboral, y le rechazaron en el Congreso su intento de derogar las leyes de presupuestos universitario y para discapacidad.

El efecto colateral del resultado favorable pero inesperado en las urnas fue confiarse demasiado y tomar de su propia medicina para creerse el relato sobre la estupidez humana. No ganó las elecciones porque los ciudadanos piensen que están bien. Es posible que así piense una pequeña parte de sus votantes. La mayoría sabe que está mal y votó -o no fue a votar- entre el discurso gorila antiperonista y la amenaza de un apocalipsis argentino inminente revoleado por el presidente norteamericano Donald Trump.

Javier Milei insiste en que la gente está bien. Es una mala lectura de la realidad que dibujan el Indec, el ministro Toto Caputo y Santiago Bausili en el Banco Central. Es el peor mensaje para mentir porque cualquier hijo de vecino puede constatar su falsedad. No importa si la inflación es cero o diez, ni si los medios dicen que bajó la pobreza. El sueldo no llega a fin de mes. O para que llegue hay que hacer sacrificios en calidad de vida, en calidad de salud y alimentación, en las vacaciones y el transporte. Todos saben que el padre, el tío o los abuelos están en el horno con las jubilaciones.

La lista de desgracias es más larga porque hay que anotar a los que perdieron negocios o el trabajo, que son cientos de miles. El gobierno hizo una mala lectura y sobre esa base tomó decisiones equivocadas. Una de ellas fue prometerles a sus aliados del PRO un puesto en la Auditoría General de la Nación que no podría otorgarle.

Se habló de una negociación con Unión por la Patria, pero en realidad, el puesto que estaba en discusión fue el que asumió la salteña Pamela Calleti que responde al gobernador Gustavo Sáenz. Si hubo negociación no fue por los votos. Los diputados de Unión por la Patria rechazaron las propuestas del Gobierno en todas las votaciones siguientes. Desde el intento oficial de derogar las leyes de financiamiento universitario y para la discapacidad, hasta el presupuesto. No hubo votos de Unión por la Patria en ninguna de esas votaciones.

El bochorno mayor fue con la compra de voluntades con los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) previo a la votación. Las provincias más fieles a las decisiones del bloque, como Buenos Aires, La Pampa, Tierra del Fuego, La Rioja y Formosa quedaron fuera del reparto. Milei repartió 66 mil millones de pesos de ATN para comprar esos votos. Lo hizo en forma descarada.

Al tucumano Osvaldo Jaldo, el más favorecido, lo hizo llegar hasta Buenos Aires para que le bese el anillo y para escracharlo con una fotografía en la Rosada. Votos en remate para el Presupuesto y la Reforma Laboral, que son parte de las políticas del Gobierno que está destruyendo la industria y expulsando inversiones.

Se ha naturalizado esa actitud como un acto "responsable" de los gobernadores, como si el gobierno pudiera usar con ese fin los ATN que son para problemas concretos y no para comprar votos. Usado de esa manera, ese mecanismo es directamente extorsivo.

Los diputados que representan a las provincias de Misiones, Salta, San Juan y Mendoza, que originalmente habían votado a favor del aumento del presupuesto a las universidades y a la discapacidad, cambiaron su voto luego de que sus gobernadores recibieran los ATN.

19-12-2025 / 10:12

Se puede derrotar al Loco Milei: Cagados en las patas, patearon la Reforma Laboral para febrero

La central obrera, acompañada de otras centrales sindicales, organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, gritaron el rechazo a la reforma laboral y avisaron que comenzó un plan de lucha. Una masiva movilización desbordó la Plaza de Mayo, y muchas otras plazas de todo el país, en el primer paso del plan de lucha de la CGT y otras centrales sindicales contra la "reforma laboral" esclavista. Desde el escenario, los dirigentes de la CGT marcaron que irán escalando hasta un paro nacional. El Gobierno tomó nota de la creciente resistencia y, cagado en las patas, pateó su tratamiento hasta febrero.

"Ojo con lo que hacen, porque el pueblo y la patria se defienden", advirtió, en el acto, primero Octavio Argüello. Luego llegó el turno de Cristian Jerónimo: "El proyecto está escrito y redactado maliciosamente a favor de las grandes corporaciones y de las grandes empresas de la Argentina", afirmó. El último en hablar fue Jorge Sola: "Este es el primer paso, sigan sin escucharnos, terminaremos en un paro nacional en todo el país", aseguró.

Las frases retumbaban en Plaza de Mayo. Los triunviros de la CGT hablaban en el escenario -que le daba la espalda a la Casa Rosada- acompañados por todo el universo sindical y referentes del peronismo, la izquierda, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales. No eran pocos, como especulaba y afirmaba el oficialismo, era una multitud.

Los bombos, platillos y bronces marcaban el ritmo de los discursos sin saber, al menos en ese instante, que el gobierno reculaba y desactivaba el tratamiento exprés de la dañina reforma laboral. Todo quedaba para febrero porque habían confirmado que el proyecto sumaba más detractores que aplaudidores. Y se asustaron con la movilización masiva.

Al menos por ahora, los derechos de los trabajadores y trabajadoras, quedaron a salvo. No es poco para estos tiempos de crueldad que corren. Una señal clara de debilidad. La decisión es el resultado de las limitaciones de una administración acostumbrada a gobernar por DNU y que choca contra la realidad parlamentaria cuando intenta avanzar sobre derechos laborales consolidados.

El apuro por aprobar modificaciones estructurales sin diálogo ni consenso encontró un freno en un Congreso que todavía funciona. El mensaje de la oposición fue contundente: no habrá cheque en blanco para desmantelar conquistas sociales mientras se niegan recursos a discapacitados y universidades. La ratificación de estas leyes pese al veto presidencial marca un límite que la Casa Rosada no puede ignorar.

Patricia Bullrich reculó en chancletas y ya anunció que habrá nuevas extraordinarias del 2 al 27 de febrero para insistir con las reformas que exigen el FMI y los empresarios. Sin embargo, las fechas elegidas confirman lo que todos intuyen: el Gobierno deberá prometer el Presupuesto como condición para obtener votos opositores.

La estrategia de avanzar sin negociar nada tiene precio. Lo que pretendía ser un trámite exprés se convirtió en un recordatorio de que gobernar requiere construir mayorías, no imposiciones. Mientras Milei insiste con su agenda autoritaria de ajuste brutal, lo que ocurrió en las calles y el Congreso demuestra que aún queda capacidad de resistencia popular dispuestas a defender derechos básicos. La reforma laboral esperará, pero las dudas sobre la capacidad del Loco Mlei para aprobar sus iniciativas anarco capitalista, y gobernar a favor de los ricos, crecen. El gobierno de la oligarquía no se puede llevar todo por delante.

La Opinión Popular