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"El peronismo es un encuadramiento de las fuerzas populares vertebrado en torno a la clase trabajadora" John William Cooke
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Nacionales - 05-03-2023 / 10:03
NARCOTRÁFICO EN ROSARIO

Ante el circo violento de Juntos por el Cambio, el peronismo necesita disputar la agenda de seguridad

Ante el circo violento de Juntos por el Cambio, el peronismo necesita disputar la agenda de seguridad
Aunque intentan instalar un relato que iguala al peronismo con el narco (artefacto publicitario que les funcionó bien contra Aníbal Fernández en 2015 y nada contra Axel Kicillof en 2019), solamente un extraordinario blindaje mediático les ahorra a los candidatos de Juntos por el Cambio tener que dar explicaciones sobre los vínculos entre sus dirigentes y el narcotráfico.
Resulta obsceno, y caracteriza con certeza a la dirigencia que supimos conseguir, que en una ciudad acostumbrada desde hace meses a sufrir una muerte violenta cada veinticuatro horas y que es escenario, desde hace más de una década, del más salvaje conflicto violento entre argentinos de 1983 a esta parte, la línea roja se haya cruzado con nueve disparos a la fachada de un supermercado y un mensaje dejado allí para que todos reaccionaran exactamente tal como reaccionamos.
 
Fuimos partícipes, involuntarios pero necesarios, de una macabra maniobra de marketing. Messi no tiene nada que ver con esto, es apenas el señuelo que dejaron los autores del ataque, de la misma forma que otros usan su imagen para vender camisetas, medias, mochilas o carpetas. Los expertos recomiendan minimizar la difusión de esta clase de mensajes, que son materia de fiscalía y no de redacciones. Como sucede con la violencia de género o el suicidio, urgen protocolos para el tratamiento mediático de estos episodios.
 
No se va a avanzar un centímetro en la lucha contra el narcotráfico, uno de los peligros más acuciantes para estas y las próximas generaciones de argentinos, una fuerza arrasadora que puede transformar para siempre la fisionomía de la sociedad, bailando al ritmo que proponen, desde sus celdas, los jefes de estas bandas que controlan jueces, fiscales, políticos y policías, que lavan su dinero a través de bancos y constructoras en manos de la crema y la nata de la sociedad rosarina.
 
Tampoco ayuda en nada el circo montado por comunicadores y políticos que parecen preocupados en sumar unos votos o un punto de rating más que por aportar a la solución de esta verdadera tragedia que, sin embargo, puede todavía volverse mucho peor. Ni el Antón Pirulero que jugaron, en los últimos días, los gobiernos de Rosario, Santa Fe y la Nación, tratando de repartir culpas como si creyeran que va a quedar algo en pie si no se detiene la ola antes de que se transforme en tsunami.
 
Por supuesto, involucrar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico puede desatar un infierno, como lo indica la experiencia mexicana. Después de 17 años de guerra contra los carteles la cantidad de muertos y desaparecidos se estima en 300 mil y los militares trabajan para los capos o se volvieron, ellos mismos, los patrones del tráfico de drogas. La situación sigue siendo trágica pero ahora se tiran con armas más grandes. Nada distinto podemos esperar si se aplica esa receta en Rosario.
 
El otro fetiche de estos días entre los políticos de derecha (que los hay en todos los frentes) es el de El Salvador. Bajo el influjo de la propaganda del expublicitario Nayib Bukele, proponen imitar sus métodos, que incluyen el encarcelamiento del 1,5 por ciento de la población del país, detenciones arbitrarias y torturas. No se va a solucionar el narco en Rosario metiendo presos por la pinta a todos los pibes pobres que usan gorrita y tatuajes. Eso hace el presidente salvadoreño y proponen sus fans locales, no otra cosa.
 
Aunque la llanura política a la hora de plantarse ante este asunto es transversal, las responsabilidades no son simétricas. Aunque intentan instalar un relato que iguala al peronismo con el narco (artefacto publicitario que les funcionó bien contra Aníbal Fernández en 2015 y nada contra Axel Kicillof en 2019), solamente un extraordinario blindaje mediático les ahorra a los candidatos de Juntos por el Cambio tener que dar explicaciones sobre los vínculos entre sus dirigentes y el narcotráfico.
 

 
- En agosto del año pasado, la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, vinculó en una entrevista televisiva a María Eugenia Vidal y Cristian Ritondo con una maniobra para apartarla de una investigación por narcotráfico que involucraba al fiscal Claudio Scapolan, funcionarios de su fiscalía y una veintena de oficiales de la Policía Bonaerense. "Me recusaron dos letrados con aceitados contactos políticos, uno de ellos fue funcionario del Ministerio de Seguridad durante la gestión de Vidal", dijo Arroyo Salgado.
 
- En diciembre de 2020, días después de dejar de ser intendente de Paraná (cargo que heredó de su padre en 1999 y ocupó en dos ocasiones), el radical Sergio Varisco fue condenado a seis años y medio de prisión como partícipe necesario de una red de comercialización de estupefacientes. La condena fue ratificada un año más tarde. También formaban parte de la banda y fueron condenados una funcionaria del área de Seguridad y un concejal de Cambiemos.
 
- En Santa Fe se conocieron audios del exministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, con policías condenados por brindar protección a bandas narco de esa provincia. Pullaro ahora es precandidato a gobernador por la UCR.
 
- Aunque resulte obvio recordarlo, pareciera que en el cartel que dejaron esta semana en la puerta del supermercado de la familia Roccuzzo sólo estuviera el nombre de Messi, cuando además aparece mencionado y vinculado al narco el intendente Pablo Javkin, de origen radical, lilito por crianza y larretista de última hora. Por supuesto, esa mención no equivale a culpabilidad, ni siquiera amerita por sí sola una sospecha, pero imaginemos, por un instante, qué hubiera pasado si el nombre en ese cartel era, pongamos, Aníbal Fernández.
 
Más allá de la cobertura mediática que permite que no paguen costo político por estas denuncias, la oposición aprovecha también un vacío que deja el peronismo, desde hace muchos años carente de agenda de la lucha contra el delito en general y el crimen organizado en particular. Es urgente que se articulen propuestas que, al mismo tiempo, establezcan sintonía con una sociedad que le da mucha importancia a estos temas y le dispute a la derecha un sentido común que, sin contrapesos, toma ribetes trágicos.
 
A partir del impulso que tuvo el tema esta semana, después de que la mención del astro llevase el drama de Rosario a todo el mundo, el gobierno nacional comenzó a mover algunas piezas para dar respuesta a la crisis. Además de la transferencia de sistemas de vigilancia e identificación cuya utilidad en un escenario como el actual está por verse, se intensificó la articulación entre Nación y provincia, lo que debería traducirse, en los próximos días, en medidas concretas a varias bandas.
 
Dos históricos adversarios en la política santafesina, el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y el gobernador, Omar Perotti, se pusieron al frente de las charlas, en las que asumieron el compromiso de "dejar de lado el carancheo político y abocarse a discutir soluciones de fondo", según contaban en la Casa Rosada. El primer fruto de ese acuerdo es que este miércoles se firmará, finalmente, el convenio para abrir una agencia de la Unidad de Investigaciones Financieras en Rosario.
 
Ese mismo día sesionará en la cámara de diputados un plenario de las comisiones de Justicia y Legislación penal para dar curso al proyecto de Ley de Fortalecimiento de la Justicia Penal en Santa Fe, que apunta a la creación de nuevas fiscalías y juzgados que agilicen las investigaciones y juicios. La iniciativa, fragmento de la reforma judicial impulsada por el presidente al comienzo de su mandato, la promueven los legisladores Germán Martínez (jefe de la bancada del Frente de Todos) y Roberto Mirabella, y lleva la firma de los 19 diputados de esa provincia, de todos los espacios políticos.
 
En el gobierno creen que "está encaminado" un acuerdo con la oposición para que levante, en lo que hace a este tema, su negativa cerrada a tratar cualquier proyecto mientras dure el juicio político a cuatro miembros de la Corte Suprema. Avanza, en simultáneo, en el Senado, una negociación paralela para destrabar la aprobación de los acuerdos del juez Gastón Salmain y dos fiscales, Eduardo Rodrigues Da Cruz y Elena Dilario, para el Juzgado Federal Nº 1 y el Tribunal Oral Federal 2, respectivamente, ambos en Rosario.
 
Son medidas que van en el sentido adecuado pero resultan insuficientes si las investigaciones no remontan el curso del dinero para encontrar a los verdaderos responsables. Voltear kioskos o bunkers equivale a cortar una cabeza de la Hidra: vuelven a crecer dos en su lugar. El combate al narcotráfico, en serio, se da en los countries, no en las villas. Y en los bancos y constructoras, de fachada luminosa y dueños respetables, que se encargan de lavar el botín.
 
Hablando de dinero, otro punto central que debería discutir el Frente de Todos de cara a la sociedad es el de transparentar la financiación de las campañas políticas. Se trata de un inmenso mercado negro en el que el dinero de origen ilegal fluye en abundancia hacia los bolsillos de políticos que luego son rehenes de las organizaciones criminales que los enriquecieron y les facilitaron el acceso al poder. Sin cortar de cuajo estos vínculos espurios, el combate a la ilegalidad se da en una cancha inclinada y con el árbitro en contra.
 
Resulta imprescindible, asimismo, reforzar la presencia del Estado en el territorio. No con armas sino con alimentos, techos, colchones, crédito, programas sociales y trabajo. En cada barrio, en cada calle, en cada cuadra de la que se retira la política, entra el narco. La disposición estatal también debe reforzarse en las rutas y vías navegables que tienen en Rosario un epicentro. Por la hidrovía no se contrabandea solamente grano. Controlar la logística es otra forma efectiva de combatir al crimen organizado.
 
Sin embargo, todas estas herramientas solamente son parches y refuerzos para equilibrar una batalla desigual. La única solución definitiva al problema del narcotráfico es dejarlo sin clientes y eso se logra a través de la legalización del comercio de estupefacientes. El prohibicionismo, una política diseñada por el gobierno de Richard Nixon en 1972, más orientada a criminalizar sectores políticos y sociales (el movimiento antiguerra en Vietnam y los luchadores por los derechos raciales), ya ha demostrado sobradamente su fracaso.
 
Por Nicolás Lantos
 
Fuente: El Destape
 

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22-03-2023 / 10:03
El operador judicial macrista Fabián Rodríguez Simón, prófugo desde hace casi dos años, sufrió un nuevo revés en la patria que eligió para escabullirse de la justicia argentina. La Suprema Corte de Uruguay rechazó por "inadmisible" un recurso de casación de la defensa del huidizo hombre de confianza de Mauricio Macri contra los dos fallos que hicieron trizas su relato sobre una supuesta "persecución política", y rechazaron su pretensión de convertirse en "refugiado".
 
El nuevo revés de la defensa de "Pepín", que busca agotar todas las instancias administrativas y judiciales -aún las no previstas para ese tipo de casos- para ganar tiempo, implica la reactivación de la extradición pedida por la jueza federal María Servini, quien ordenó su detención en 2021 para indagarlo por el hostigamiento y la persecución a los dueños del Grupo Indalo.
 
La decisión de la Corte uruguaya data del jueves pasado aunque se conoció ayer, el mismo día en que Rodríguez Simón estaba convocado a declarar como testigo ante la Comisión de Juicio Político de Diputados, a la que no se presentó bajo el pretexto de estar tramitando su solicitud de refugio, que ya no podrá volverá a invocar.
 
El ex asesor de Macri permanece en suelo uruguayo desde fines de 2020. Servini lo declaró en rebeldía el 19 de mayo del año siguiente, luego de que Rodríguez Simón anunciara su nuevo destino y su decisión de no presentarse a la indagatoria en la causa que investiga "la presunta existencia de actos llevados a cabo por funcionarios públicos, desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional o a instancias de aquellos, que mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo habrían importado casos de corrupción", según surge de la imputación.
 
Servini fundamentó la rebeldía en que "Pepín" dio "sobradas muestras públicas de su intención de sustraerse de la Justicia, lo cual fue ratificado por su letrado defensor" y definió la estrategia de pedir refugio político en Uruguay como una maniobra dilatoria.
 
El primer hito que registra la resolución de la Corte uruguaya data del 25 de mayo de 2021, cuando la justicia oriental recibió el exhorto de la jueza argentina solicitando la inmediata detención y extradición de "Pepín", quien al día siguiente constituyó domicilio en Uruguay y comunicó que había iniciado el trámite ante la Comisión de Refugiados (CORE) con el objetivo de ser considerado un "refugiado político".
 
Con esa maniobra logró suspender el proceso de extradición, aunque a cambio se le ordenó entregar los pasaportes en su poder, con lo cual se vería impedido de esconderse -al menos legalmente- en otro país, y se dispuso el "cierre de fronteras" para quien ya tenía emitida un alerta roja de Interpol.
 
El 3 de agosto de aquel año, después de escuchar a Rodríguez Simón, la CORE concluyó que el temor de ser un "perseguido político" no tenía fundamentos y que no cumplía con los requerimientos para ser reconocido como refugiado pues en la Argentina cuenta con todas las garantías del debido proceso.
 

22-03-2023 / 10:03
"No fue solamente la economía sino lo que pudimos reconstruir en materia de derechos humanos. No nos van a perdonar nunca". Está allí la razón de la persecución en los tribunales para Cristina Fernández de Kirchner, la razón de la condena y la proscripción que puede dejarla afuera de la carrera electoral. Y así lo hizo saber la vicepresidenta frente a un auditorio compuesto por expresidentes de la región y juristas que integran el Grupo de Puebla y vienen hace tiempo denunciando que el lawfare es el mecanismo que se usa desde los estrados judiciales para condicionar los procesos políticos progresistas.
 
No fue un acto altisonante pero el mensaje fue concreto: ya no es el partido militar el que le respira en la nuca a la democracia, sino el partido judicial. Y ella lo sufre en carne propia. "Lo que el partido militar fue a los gobiernos populares del siglo XX, el lawfare lo es a los gobiernos nacionales, populares y democráticos. Exactamente lo mismo", dijo CFK mientras la aplaudían dirigentes de la región, integrantes del Frente de Todos y miembros de organismos de derechos humanos que se congregaron en el III Foro de Derechos Humanos, pero sobre todo para brindarle su apoyo después de la condena del Tribunal Oral Federal 2 en causa Vialidad. "No nos persiguen porque somos populistas. Nos persiguen porque igualamos sociedades, por la justicia social y por el derecho de los trabajadores a participar en el producto bruto de lo que producen".
 
Rodeada de expresidentes que acompañaron sus mandatos como Evo Morales (Bolivia), José Luis Rodríguez Zapatero (España), Rafael Correa (Ecuador), Ernesto Samper (Colombia) o José "Pepe" Mujica (Uruguay), CFK repasó cuáles fueron sus políticas que terminaron siendo combatidas desde los tribunales. En dos meses, de hecho, se cumplirán veinte años desde que su compañero, Néstor Kirchner, llegó a la Casa Rosada.
 
"Se inició en 2003 la construcción de una nueva Argentina. Se empezó una Argentina diferente. Ese hombre junto con Lula, decidieron pagarle al FMI, para que nunca más pudiera dirigir la economía en la Argentina", remarcó CFK. "Fue la década virtuosa. Fue el momento donde más se redujo la desigualdad económica y social en la región, esta es la clave. No nos persiguen porque somos populistas, nos persiguen porque igualamos sociedades, por la justicia social, el derecho de los trabajadores a participar en el producto bruto de lo que producen", agregó.
 
Desde entonces, la apuesta tuvo que ver con reconstruir el Estado democrático constitucional, dijo CFK: no solo lo que representaba la Casa Rosada, sino lo que representaba el Poder Legislativo. En el Congreso, recordó, se compraban leyes y puso como ejemplo la denuncia de la Banelco para aprobar la flexibilización laboral de Fernando de la Rúa. "También le tocó a él -en referencia a Kirchner-, pese al 22 por ciento de los votos, reconstruir un Poder Judicial que había eliminado la mayoría automática y que había amenazado, no al gobierno sino a los argentinos con la dolarización de la economía".
 

21-03-2023 / 10:03
En medio de la crisis energética por la masividad de cortes de luz que afectan al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Gobierno anunció la intervención de la empresa Edesur durante 180 días, prestadora del suministro. Quedará a cargo Jorge Ferraresi como interventor. Los reclamos de familias, que incluso llevaron semanas sin servicio, y el aumento del descontento social motivaron el accionar de la Secretaría de Energía, que depende del Ministerio de Economía.
 
En conferencia de prensa, el ministro Sergio Massa, afirmó: "Hemos vivido situaciones que nos golpearon y dolieron, comercios tirando mercaderías, y hogares sin luz ni agua. Fueron las imágenes que marcaron la agenda de los últimos 15 días. En ese sentido, la inminente decisión de Enel de poner en venta la compañía Edesur aparece como una situación que genera incertidumbre sobre la prestación del servicio". El funcionario también informó que la empresa deberá devolver el dinero de las facturas a los usuarios que sufrieron cortes.
 
Por otra parte, el tigrense explicó: "Hemos tomado la decisión de ejecutar los $ 2.700 millones de sentencia, que implican un mecanismo de devolución por parte de la empresa a todos los usuarios del servicio de las multas que, de alguna manera, el Estado le aplicara y que tienen como objeto central la devolución del servicio no prestado por parte de la empresa a los usuarios".
 
Massa realizó el anuncio junto a la secretaria de Energía, Flavia Royon; el secretario Legal y Administrativo, Ricardo Casal, y el interventor del ENRE, Walter Martello, luego de los múltiples cortes de luz de los últimos días. El ENRE publicará una resolución este martes para hacer efectiva la resolución.
 
El último jueves, el Gobierno denunció penalmente a la compañía Edesur por "malversación de fondos, fraude en perjuicio de la administración pública y abandono de personas". En conferencia de prensa, la portavoz, Gabriela Cerruti, precisó que son un total de 75 mil los usuarios que padecieron cortes de luz extendidos en el tiempo y acusó a Edesur de ser la única empresa de servicios con esa cifra de cortes.
 
Días atrás, Martello se refirió a la posibilidad de que Edesur pierda la concesión, o al menos una parte, en caso de que así lo debata y apruebe el Congreso. Además, deslizó que existe la posibilidad de que el Estado tenga una futura participación en el servicio del suministro de luz. El funcionario profundizó: "Hay experiencias que se pueden tener en cuenta, como la de Brasil con Eletrobrás, donde el Estado tiene participación con el 45% de las acciones y eso le permite una posición más fuerte en el directorio a la hora de tomar criterios de inversión, de asignaciones prioritarias y un mejor control".
 
Esta intervención llega luego de la enorme crisis social que significaron los cortes masivos de luz en Buenos Aires. Esos cortes, que correspondieron mayoritariamente a Edesur, llegaron a afectar diariamente a más de 100.000 o 150.000 hogares, desnudando la crisis estructural de un sistema energético que no invierte en obras ni mantenimiento, lo que no alcanza a cubrir la demanda de energía, en el marco de la ola de calor que afectó al país.
 
La Opinión Popular
 

20-03-2023 / 11:03
El 6,6 por ciento de inflación en el mes de febrero que se dio a conocer esta semana y los primeros cálculos para marzo, que muestran nuevamente una tendencia al alza, impactan en la línea de flotación de la candidatura presidencial de Sergio Massa, esgrimida con más entusiasmo por otros socios del Frente de Todos que por el propio ministro de Economía. La falta de alternativas le da sobrevida a un proyecto que, desde el primer día, se sabía improbable.
 
Aunque quiera hacerse el distraído con la responsabilidad que le toca, el presidente Alberto Fernández también acusa el deterioro de la economía doméstica de la mayoría de los argentinos. Si no hay un cambio rotundo en la tendencia, dejará en diciembre un país con mejor PBI y más empleos que cuando asumió pero con la misma cantidad de pobres. Un resultado mixto que otros podrían vender como un puntito inteligente en años difíciles, lujo que el peronismo tiene vedado.
 
El sueño de una nueva postulación presidencial de Cristina Fernández de Kirchner, a esta altura, lo sostienen solamente aquellos cuyo destino electoral está atado a la atracción gravitatoria que ejerce la vicepresidenta, incluso después de haber sido sometida a ocho años de desgaste mediático, político y judicial. Otros se probaron o se prueban el traje, sin mover el amperímetro. Las especulaciones transcurren a años luz de la calle, candidatos sin votos que apuestan a sacarse la grande.
 
El déficit electoral del oficialismo es consecuencia de un vacío político y no al revés. Hoy nadie, en el Frente de Todos, puede explicar, por la positiva, por qué debería la sociedad renovar el voto de confianza que dio en 2019 y fue defraudado por una dirigencia que no estuvo a la altura de las circunstancias. Aunque todos se animan a pegarle al gobierno (no faltan motivos válidos), curiosamente falta alguien que plantee qué haría diferente y cómo haría para no chocar con los mismos obstáculos.
 
La expresión de deseos sobre que "CFK es un programa en sí mismo", ensayada hace una semana en Avellaneda como un atajo que permita saltear ese trámite, se topa rápidamente con sus propias limitaciones. Por un lado, remite a otra campaña en la que se decía que el candidato era el proyecto. Eso no terminó bien. Por el otro, a esta altura, no termina de quedar claro cuál es, hoy, ese programa: ¿el de Massa, al que la vicepresidenta apoya y promueve en silencio? Parece insuficiente.
 
Sin una propuesta explícita que interpele a la sociedad, el peronismo le entregará, por segunda vez en ocho años, el poder a un espacio político gorila cuya principal identidad reside en la voluntad es verlo reducido a la mínima expresión, amaestrado o directamente inexistente. Prácticamente una invitación al suicidio político, un sacrificio en el altar de sus perseguidores, donde el papel de chivo expiatorio recaerá, como siempre, en las clases medias y populares, ajustando con aguante.
 

19-03-2023 / 10:03
En política, se suele explicar, dos más dos casi nunca (o nunca) es igual a cuatro. El sabio proverbio retoma vigencia tras conocerse el índice de precios al consumidor de febrero. El 6,6 por ciento es más que el seis como seis por ciento en el Palacio, en el Ágora, en el mundillo político.
 
Para la curtida gente común el porcentaje está por debajo de la inflación real, a la que sufren día tras día. La miden con el ojímetro y la experiencia. En una de esas aciertan más que los consultores económicos y que varios funcionarios.
 
Las subas que padecen las personas de a pie refieren en particular a sus consumos ineludibles, empezando por los alimentos y artículos del hogar que superan a la media. "¿Qué culpa tiene el tomate?" cantaban los republicanos españoles. Ninguna, concluyen los dones y doñas nadies, Juan y Juana Pueblo: responsabilizan a las autoridades o a grandes empresas. Las autoridades, en primer lugar.
 
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) recobró credibilidad y prestigio, enhorabuena. Sus informes son creíbles. Para acrecentar su prestigio el ente comandado por Marco Lavagna difunde los índices de precios en un día prefijado, a las cuatro de la tarde, la hora señalada.
 
El martes pasado hasta los gurúes de derecha más chantas y valorados predecían unas décimas menos. El equipo del ministro de Economía Sergio Massa vaticinaba también entre 5,8 por ciento y 6,2 por ciento guarismos abrumadores de por sí. El INDEC no filtró data, por lo visto. El índice sacudió al oficialismo que no insinuó respuesta novedosa hasta el cierre de esta nota.
 
En la misma semana el Fondo Monetario Internacional (FMI) metió pressing al Gobierno mientras aliviaba una de las metas del acuerdo: el nivel de reservas. Quedó incumplible como tantas otras. Ante un pésimo trance nacional y local el Fondo cuestionó a la moratoria previsional, la rotuló como inesperada. Mocionó que se atenúe el respectivo impacto fiscal.
 
Voces oficiales en off (el esperanto de la etapa) divulgaron que un posible rebusque sería limitar la cantidad de beneficiarios escudriñando niveles de pudiencia o algo así. Cuánto gastan en tarjetas, si compraron divisas, si son dueños de su hogar, etcéteras. Y reducir el número de beneficiarios potenciales.
 
Sería muy complicado poner en práctica la reforma, interpreta este cronista. Y lo que es más grave, se desnaturalizaría el espíritu de la moratoria. El Gobierno no debe ceder a las presiones, serruchando el piso de protección para los jubilados. Podrá ser peliagudo plantarse, vaya uno a saber... pero el suicidio sería peor.
 

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