07:02 | Sabado 14 de Febrero de 2013 | Entre Ríos

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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau

Nacionales - 05-03-2023 / 10:03

NARCOTRÁFICO EN ROSARIO

Ante el circo violento de Juntos por el Cambio, el peronismo necesita disputar la agenda de seguridad

Aunque intentan instalar un relato que iguala al peronismo con el narco (artefacto publicitario que les funcionó bien contra Aníbal Fernández en 2015 y nada contra Axel Kicillof en 2019), solamente un extraordinario blindaje mediático les ahorra a los candidatos de Juntos por el Cambio tener que dar explicaciones sobre los vínculos entre sus dirigentes y el narcotráfico.

Resulta obsceno, y caracteriza con certeza a la dirigencia que supimos conseguir, que en una ciudad acostumbrada desde hace meses a sufrir una muerte violenta cada veinticuatro horas y que es escenario, desde hace más de una década, del más salvaje conflicto violento entre argentinos de 1983 a esta parte, la línea roja se haya cruzado con nueve disparos a la fachada de un supermercado y un mensaje dejado allí para que todos reaccionaran exactamente tal como reaccionamos.

Fuimos partícipes, involuntarios pero necesarios, de una macabra maniobra de marketing. Messi no tiene nada que ver con esto, es apenas el señuelo que dejaron los autores del ataque, de la misma forma que otros usan su imagen para vender camisetas, medias, mochilas o carpetas. Los expertos recomiendan minimizar la difusión de esta clase de mensajes, que son materia de fiscalía y no de redacciones. Como sucede con la violencia de género o el suicidio, urgen protocolos para el tratamiento mediático de estos episodios.

No se va a avanzar un centímetro en la lucha contra el narcotráfico, uno de los peligros más acuciantes para estas y las próximas generaciones de argentinos, una fuerza arrasadora que puede transformar para siempre la fisionomía de la sociedad, bailando al ritmo que proponen, desde sus celdas, los jefes de estas bandas que controlan jueces, fiscales, políticos y policías, que lavan su dinero a través de bancos y constructoras en manos de la crema y la nata de la sociedad rosarina.

Tampoco ayuda en nada el circo montado por comunicadores y políticos que parecen preocupados en sumar unos votos o un punto de rating más que por aportar a la solución de esta verdadera tragedia que, sin embargo, puede todavía volverse mucho peor. Ni el Antón Pirulero que jugaron, en los últimos días, los gobiernos de Rosario, Santa Fe y la Nación, tratando de repartir culpas como si creyeran que va a quedar algo en pie si no se detiene la ola antes de que se transforme en tsunami.

Por supuesto, involucrar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico puede desatar un infierno, como lo indica la experiencia mexicana. Después de 17 años de guerra contra los carteles la cantidad de muertos y desaparecidos se estima en 300 mil y los militares trabajan para los capos o se volvieron, ellos mismos, los patrones del tráfico de drogas. La situación sigue siendo trágica pero ahora se tiran con armas más grandes. Nada distinto podemos esperar si se aplica esa receta en Rosario.

El otro fetiche de estos días entre los políticos de derecha (que los hay en todos los frentes) es el de El Salvador. Bajo el influjo de la propaganda del expublicitario Nayib Bukele, proponen imitar sus métodos, que incluyen el encarcelamiento del 1,5 por ciento de la población del país, detenciones arbitrarias y torturas. No se va a solucionar el narco en Rosario metiendo presos por la pinta a todos los pibes pobres que usan gorrita y tatuajes. Eso hace el presidente salvadoreño y proponen sus fans locales, no otra cosa.

Aunque la llanura política a la hora de plantarse ante este asunto es transversal, las responsabilidades no son simétricas. Aunque intentan instalar un relato que iguala al peronismo con el narco (artefacto publicitario que les funcionó bien contra Aníbal Fernández en 2015 y nada contra Axel Kicillof en 2019), solamente un extraordinario blindaje mediático les ahorra a los candidatos de Juntos por el Cambio tener que dar explicaciones sobre los vínculos entre sus dirigentes y el narcotráfico.

- En agosto del año pasado, la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, vinculó en una entrevista televisiva a María Eugenia Vidal y Cristian Ritondo con una maniobra para apartarla de una investigación por narcotráfico que involucraba al fiscal Claudio Scapolan, funcionarios de su fiscalía y una veintena de oficiales de la Policía Bonaerense. "Me recusaron dos letrados con aceitados contactos políticos, uno de ellos fue funcionario del Ministerio de Seguridad durante la gestión de Vidal", dijo Arroyo Salgado.

- En diciembre de 2020, días después de dejar de ser intendente de Paraná (cargo que heredó de su padre en 1999 y ocupó en dos ocasiones), el radical Sergio Varisco fue condenado a seis años y medio de prisión como partícipe necesario de una red de comercialización de estupefacientes. La condena fue ratificada un año más tarde. También formaban parte de la banda y fueron condenados una funcionaria del área de Seguridad y un concejal de Cambiemos.

- En Santa Fe se conocieron audios del exministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, con policías condenados por brindar protección a bandas narco de esa provincia. Pullaro ahora es precandidato a gobernador por la UCR.

- Aunque resulte obvio recordarlo, pareciera que en el cartel que dejaron esta semana en la puerta del supermercado de la familia Roccuzzo sólo estuviera el nombre de Messi, cuando además aparece mencionado y vinculado al narco el intendente Pablo Javkin, de origen radical, lilito por crianza y larretista de última hora. Por supuesto, esa mención no equivale a culpabilidad, ni siquiera amerita por sí sola una sospecha, pero imaginemos, por un instante, qué hubiera pasado si el nombre en ese cartel era, pongamos, Aníbal Fernández.

Más allá de la cobertura mediática que permite que no paguen costo político por estas denuncias, la oposición aprovecha también un vacío que deja el peronismo, desde hace muchos años carente de agenda de la lucha contra el delito en general y el crimen organizado en particular. Es urgente que se articulen propuestas que, al mismo tiempo, establezcan sintonía con una sociedad que le da mucha importancia a estos temas y le dispute a la derecha un sentido común que, sin contrapesos, toma ribetes trágicos.

A partir del impulso que tuvo el tema esta semana, después de que la mención del astro llevase el drama de Rosario a todo el mundo, el gobierno nacional comenzó a mover algunas piezas para dar respuesta a la crisis. Además de la transferencia de sistemas de vigilancia e identificación cuya utilidad en un escenario como el actual está por verse, se intensificó la articulación entre Nación y provincia, lo que debería traducirse, en los próximos días, en medidas concretas a varias bandas.

Dos históricos adversarios en la política santafesina, el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y el gobernador, Omar Perotti, se pusieron al frente de las charlas, en las que asumieron el compromiso de "dejar de lado el carancheo político y abocarse a discutir soluciones de fondo", según contaban en la Casa Rosada. El primer fruto de ese acuerdo es que este miércoles se firmará, finalmente, el convenio para abrir una agencia de la Unidad de Investigaciones Financieras en Rosario.

Ese mismo día sesionará en la cámara de diputados un plenario de las comisiones de Justicia y Legislación penal para dar curso al proyecto de Ley de Fortalecimiento de la Justicia Penal en Santa Fe, que apunta a la creación de nuevas fiscalías y juzgados que agilicen las investigaciones y juicios. La iniciativa, fragmento de la reforma judicial impulsada por el presidente al comienzo de su mandato, la promueven los legisladores Germán Martínez (jefe de la bancada del Frente de Todos) y Roberto Mirabella, y lleva la firma de los 19 diputados de esa provincia, de todos los espacios políticos.

En el gobierno creen que "está encaminado" un acuerdo con la oposición para que levante, en lo que hace a este tema, su negativa cerrada a tratar cualquier proyecto mientras dure el juicio político a cuatro miembros de la Corte Suprema. Avanza, en simultáneo, en el Senado, una negociación paralela para destrabar la aprobación de los acuerdos del juez Gastón Salmain y dos fiscales, Eduardo Rodrigues Da Cruz y Elena Dilario, para el Juzgado Federal Nº 1 y el Tribunal Oral Federal 2, respectivamente, ambos en Rosario.

Son medidas que van en el sentido adecuado pero resultan insuficientes si las investigaciones no remontan el curso del dinero para encontrar a los verdaderos responsables. Voltear kioskos o bunkers equivale a cortar una cabeza de la Hidra: vuelven a crecer dos en su lugar. El combate al narcotráfico, en serio, se da en los countries, no en las villas. Y en los bancos y constructoras, de fachada luminosa y dueños respetables, que se encargan de lavar el botín.

Hablando de dinero, otro punto central que debería discutir el Frente de Todos de cara a la sociedad es el de transparentar la financiación de las campañas políticas. Se trata de un inmenso mercado negro en el que el dinero de origen ilegal fluye en abundancia hacia los bolsillos de políticos que luego son rehenes de las organizaciones criminales que los enriquecieron y les facilitaron el acceso al poder. Sin cortar de cuajo estos vínculos espurios, el combate a la ilegalidad se da en una cancha inclinada y con el árbitro en contra.

Resulta imprescindible, asimismo, reforzar la presencia del Estado en el territorio. No con armas sino con alimentos, techos, colchones, crédito, programas sociales y trabajo. En cada barrio, en cada calle, en cada cuadra de la que se retira la política, entra el narco. La disposición estatal también debe reforzarse en las rutas y vías navegables que tienen en Rosario un epicentro. Por la hidrovía no se contrabandea solamente grano. Controlar la logística es otra forma efectiva de combatir al crimen organizado.

Sin embargo, todas estas herramientas solamente son parches y refuerzos para equilibrar una batalla desigual. La única solución definitiva al problema del narcotráfico es dejarlo sin clientes y eso se logra a través de la legalización del comercio de estupefacientes. El prohibicionismo, una política diseñada por el gobierno de Richard Nixon en 1972, más orientada a criminalizar sectores políticos y sociales (el movimiento antiguerra en Vietnam y los luchadores por los derechos raciales), ya ha demostrado sobradamente su fracaso.

Por Nicolás Lantos

Fuente: El Destape

13-02-2026 / 10:02

Los derechos con los que arrasa la miserable reforma laboral esclavista de Milei

Con un discurso que es música para los oídos de los ricos empresarios, el gobierno ultra derechista de Javier "el Loco" Milei aprobó en la Cámara Alta el proyecto de Reforma Laboral esclavista que es la continuidad de la Motosierra aplicada desde su asunción. Empezó con el DNU 70/2023, siguió con la Ley Bases y otros engendros como el desfinanciamiento en Educación y en Discapacidad; y ahora remata con el recorte y hasta la eliminación de conquistas históricas de justicia social obtenidas tras décadas de lucha obrera y resistencia popular, que costó muchas vidas.

La reforma laboral del Gobierno ultra derechista de Milei destruye el derecho de las y los trabajadores por tres grandes vías. Ataca el contrato individual -con la creación del banco de horas, el fraccionamiento de las vacaciones o el recorte a las licencias por enfermedad-, debilita la acción sindical -con los límites al derecho a huelga, o la prohibición de las asambleas- y por último, también ataca a la justicia laboral -con, por ejemplo, el traspaso a los tribunales a la Ciudad de Buenos Aires-.

Una encerrona a la que la administración del fascista Milei pretende llevar a los empleados formales, pero también a los informales, a los que deja tanto o más desprotegidos de lo que estaban hasta ahora. Ni trabajadores de aplicaciones ni monotributistas, el proyecto libertario no tiene beneficiarios entre la masa trabajadora.

"Si te lastimaste jugando al fútbol, tu jefe no tiene nada que ver". La frase del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, resume el argumento libertario para romper con un derecho histórico: las licencias por enfermedad. Si la ley se sanciona, aquella persona que tenga una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de las tareas laborales cobrará solo el 50 por ciento del sueldo que percibía al momento del accidente durante 3 meses o 6 si tiene personas a cargo.

Los libertarios fueron un poco más generosos con aquellos que padezcan "enfermedades no voluntarias", es decir, que no sean consecuencia de actividades voluntarias riesgosas. En ese caso, el empleado tendrá derecho a percibir el 75 por ciento del salario. Una situación a la que la senadora de Fuerza Patria Cristina López calificó como "esclavitud laboral". "Si te enfermás, perdés. Si tu cuerpo no da más perdés, igual que en el siglo XIX", dijo.

El proyecto que Bullrich logró sancionar en el Senado habla de una "negociación dinámica" del salario, es decir, que los gremios o los trabajadores particulares pueden acordar con las empresas extras como bonos o compensaciones que estén vinculados a niveles de productividad o de objetivos. También habilita el "banco de horas", que hace que el empleado sume las extras y acumule una especie de saldo para después canjear por días libres o jornadas de trabajo reducidas.

Es decir, pone a trabajadores y empresarios en igualdad de condiciones para poder negociar en una relación que es desigual, en la que las fuerzas son distintas. Para el presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas, Matías Cremonte, "la ley lo que hace es volver a desequilibrar la balanza en favor de los empresarios". Al modificar la Ley de Contrato de Trabajo, el Gobierno busca que las vacaciones se fraccionen por un mínimo de 7 días (antes eran por 15) y que el trabajador tenga, al menos, un período de vacaciones en verano cada 3 años. Una complicación a la hora de combinar con el ritmo escolar en los casos de quienes tienen hijos.

Su aprobación es una dura derrota para el movimiento obrero y los trabajadores precarizados, no se crearán más puestos de trabajo, sino que habrá más precarización laboral y superexplotación, generando más riquezas para los empresarios y más penurias para quienes no tienen más que su fuerza de trabajo.

La Opinión Popular

12-02-2026 / 10:02

No es reforma, es esclavitud y represión: crónica del gas, las balas y la subasta de derechos

El aire pica, arde, lastima la garganta. No se puede respirar. Lágrimas y ojos rojos. Corridas. Un rato antes de las cuatro de la tarde, la calma tensa de la Plaza del Congreso estalló en pedazos. A mansalva, el pelotón de gendarmes dispara sus escopetas desde la avenida Entre Ríos mientras los camiones hidrantes escupen agua para despejar lo que la política no pudo convencer. Llueven las bombas lacrimógenas sobre una plaza que, apenas una hora antes, era un hervidero de trabajadores protestando contra una reforma laboral que se dice moderna pero es esclavista y decimonónica: un viaje sin escalas al siglo XIX.

Otra vez el panic show mileísta: un despliegue de detenciones y balas de goma para vaciar la calle mientras adentro, en el palacio legislativo de mármol, se ejecuta el remate de la dignidad de los laburantes. La jornada había comenzado con un blanco nuclear. No era el sol de la justicia, sino el resplandor de una subasta que no admite ofertas en pesos, solo se liquida con el lomo del que labura. Obreros, docentes, judiciales, bancarios, jubilados...

A las dos de la tarde, las columnas de los gremios empezaron a ganar la calle, y para las tres, la Plaza ya era un mar de banderas y espanto bajo un sol tremendo. Los gendarmes, alineados con una simetría maníaca, exhiben botas con un brillo obsceno, casi un espejo donde podés peinarte antes de que te partan el alma. Estaban agazapados tras las vallas, custodiando un Congreso enjaulado como pajarera de lujo.

En el corralito antes del Palacio, el ingenio popular intentó ganarle al cinismo: un cartel gritaba "Saluden a las horas extras que se van", mientras otro advertía: "Con el banco de horas despedite de tu familia". Hay carteles más directos que se agitan sobre las cabezas: "Quitar derechos laborales viola la Constitución Nacional".

Bajo un celeste furioso, los paraguas de los ferroviarios servían para taparse del sol mientras una señora repartía estampitas de la Virgen de Luján "para que nos salve". Luis, operario metalúrgico de Quilmes, buscaba un resto de sombra bajo un ombú: "Si te pueden pagar el sueldo con fideos o fraccionarte las vacaciones, lo único que liberan es la mano del patrón para apretarnos más fuerte". Gabriel Espósito, delegado de ATE en Atucha, miraba las vallas con preocupación: "Estamos peleando para tirar atrás esta reforma que nos regresa cien años en el tiempo. Es un capítulo más de un proyecto que quiere ver a los sectores populares de rodillas".

Mientras en la calle se ponía el cuerpo, en los pasillos del Senado se pulía el desguace. El clan Caputo y los Menem cerraron el canje de Ganancias por la Reforma Laboral. La perversión es quirúrgica: se derogan estatutos y se liquida la indemnización plena. Pablo Luna, jubilado de YPF, no lo podía creer: "Se están pasando el 14 bis por las pelotas. ¡Qué futuro les espera a los chicos!".

Antes de que el gas lo cubriera todo, un solo grito unificaba las columnas: "¡Paro, paro, paro... paro general!". Era el reclamo de la calle que el Parlamento se negaba a escuchar. Pasadas las cuatro, el escenario mutó en pesadilla. Un grupo de encapuchados protagonizó incidentes contra el vallado, la excusa perfecta para que la represión se volviera cacería. El avance de la Gendarmería y de los cosacos de la Ciudad convirtió la Plaza en un territorio ocupado. El "modelo Milei" consiguió su victoria de papel entre nubes de tóxicos.

En el asfalto caliente, donde todavía flota el ácido del gas pimienta, el aire se volvió irrespirable. Adentro del Congreso brinda la casta mileísta; afuera, el pueblo mastica el polvo de una traición. La patria no se vende, se defiende, y esta tarde la defensa se escribió con el cuero aguantando el fuego del amo. Pero no seremos su esclavo: sean eternos los derechos que supimos conseguir.

La Opinión Popular

11-02-2026 / 11:02

Rebelión policial en Santa Fe por salarios de miseria, corrupción y malos tratos

La crisis policial volvió a estallar en Santa Fé, continúa también en la Federal y amenaza con extenderse a otras provincias y otras fuerzas. Se viene alertando sobre la situación desde hace 10 días. La base excluyente es la cuestión salarial -suboficiales que cobran 850.000 pesos-, pero deriva en un feroz endeudamiento y, casi de inmediato, en problemas psiquiátricos.

Los mayores dramas terminan en una oleada de suicidios, 2 en los últimos 8 días en Rosario. A esto se agregan los malos tratos y la corrupción. En Santa Fé, la mayoría de los policías son del norte provincial y deben viajar entre 200 y 600 kilómetros para prestar servicio en Rosario.

Para eso les ponen micros en estado deplorable y las travesías suelen tardar 8 horas. Los bajos salarios derivaron en que casi no se reclutan hombres y la mayoría de los policías son mujeres, que tienen que recorrer esas distancias para ver a sus hijos. La protesta masiva y explosiva era previsible. Este diario recibió una nueva denuncia judicial sobre las increíbles maniobras de los jefes de una Unidad Operativa de la Federal.

Los llaman "la corona" y esos superiores se quedan con dinero de las horas adicionales, informan de efectivos que no existen, "rodean una zona con un policía" (sic), desarman investigaciones para concentrarse en narcomenudeo y hacer estadísticas para conformar al Ministerio de Seguridad y hasta liberan vastas zonas en acuerdo con un jefe narco regional. "Sólo hay plata para los proyectiles antidisturbios", dicen los rebeldes.

Durante la semana pasada se produjo el encadenamiento a la reja de la Casa Rosada del cabo Miguel Ángel Montiel, de la Policía Federal. El efectivo reclamaba por la situación salarial y también por la corrupción en la Superintendencia de Transporte, que integran los policías que custodian el ferrocarril. Los jefes de la Federal filtraron que Montiel estuvo con carpeta psiquiátrica y que por eso realizaba la protesta.

Página/12 relató la trastienda de la crisis policial, con la cuestión salarial como punto clave -lo que le sucede a todos los estatales-, pero con tramas de ribetes escandalosos: destinos fantasmas, es decir jefes que les dan horas extras a unos y no a otros, efectivos que ni siquiera concurren y comparten lo que cobran con los superiores; brutales acosos a las mujeres y groseras trampas para no realizar investigaciones de narcotráfico.

La crisis policial se expandía de manera silenciosa en la Federal y en otras fuerzas. En Santa Fé se vio algo inédito: ya no protestaron las familias y los retirados, sino efectivos en actividad, con los patrulleros, las sirenas, las motos y hasta los micros. El movimiento en Santa Fé desnuda una situación que no se ve a simple vista. Los que protestan son policías de calle y de las comisarías, con sus patrulleros. Es decir, los que están en la seguridad cotidiana de los vecinos.

Del otro lado, los que mayoritariamente respondieron al gobierno de Pullaro fueron los cuerpos especiales, Operaciones Especiales, Asalto Táctico, Infantería, que reciben bonos y adicionales de manera masiva. Ellos constituyen la estructura más orientada a la represión de los jubilados o cualquier otra protesta. Eso va en línea con lo que señala una de las denuncias: "para lo único que hay dinero es para los proyectiles antidisturbios".

10-02-2026 / 11:02

Contra la Reforma laboral esclavista de Milei, los trabajadores marchan al Congreso para exigir por sus derechos

El Senado tratará el miércoles el proyecto de reforma laboral del gobierno de Javier "el Loco" Milei, cuestionado por sectores opositores por su avanzada brutal contra los derechos de los trabajadores. Pero los focos no solo estarán puestos en el Congreso: afuera, múltiples sectores, encabezados por la Confederación General del Trabajo (CGT), protestarán con el objetivo de que su voz sea escuchada.

La semana pasada, el Consejo Directivo de la CGT convocó a marchar contra la reforma laboral, que ya tiene dictamen desde fin del año pasado y que podría tener media sanción el miércoles. "El Gobierno nacional impulsa una reforma laboral que no moderniza: transfiere recursos del Estado a los sectores privados más concentrados, ataca el sistema de jubilaciones y recorta ingresos que corresponden a las provincias. Es una reforma que se hace a costa de las y los trabajadores: menos derechos, más precarización y salarios a la baja", indicó la CGT en redes sociales.

La principal central obrera citó a las 14.30 en Yrigoyen y Solís, frente al edificio en el que los senadores comenzarán a definir el camino legislativo de la iniciativa. "Es una reforma que se hace a costa de las y los trabajadores: menos derechos, más precarización y salarios a la baja. No es modernización: es ajuste sobre las y los trabajadores. No es libertad: es pérdida de derechos. La CGT convoca a movilizarse para decir basta. Porque el trabajo no se negocia. Porque las jubilaciones se defienden. Porque las provincias no se entregan. Porque los derechos se conquistan y se defienden en la calle", agregó el comunicado.

El plan de lucha de la CGT tuvo cuestionamientos de algunos sectores sindicales, como el de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), cuyo secretario general, Rodolfo Aguiar, criticó que la marcha no esté acompañada de un paro general. "El miércoles todos los trabajadores tienen que parar igual. Aunque la CGT no convoque, tienen cobertura legal", advirtió Aguiar y ratificó el paro nacional de estatales para el miércoles.

"Todos los trabajadores del sector público y de las distintas ramas de la actividad privada están amparados porque las CTA tienen personería jurídica. Sería un error grave frente a una reforma laboral demoledora para los trabajadores privarlos de ejercer el derecho de huelga. Tenemos que paralizar todas las actividades para este miércoles impedir los sobornos en el Senado y ponerle fin a la especulación de los gobernadores".

Mientras crece la bronca por abajo, Patricia Bullrich negocia la reforma laboral esclavista con gobernadores y senadores "dialoguistas" que cada vez se parecen más a los libertarios. Este lunes la ex ministra se reunión con senadores y senadoras de los bloques cómplices. Buscan acordar algunos artículos mientras mantienen lo esencial de los ataques contra la clase trabajadora. Cedería con Ganancias y conformaría así a los gobernadores y a los legisladores que responden a las provincias. En proteger alguno de los derechos de los trabajadores que correrán riesgo a partir de la probable sanción, eso sí, nadie gastó saliva.

La Reforma laboral esclavista del gobierno para los ricos de Milei es para profundizar esta política de transferencia masiva de recursos económicos y políticos de los trabajadores a los empresarios, que busca además debilitar la organización sindical y el poder de los trabajadores. Trabajar más y con menos derechos, en beneficios de las patronales. Son los millonarios o loe trabajadores. El miércoles 11 de febrero, sumate a la lucha por tus derechos y las futuras generaciones.

La Opinión Popular

09-02-2026 / 09:02

¿Quién la votó?: Karina quiere el control total del gobierno y tensiona con Javier Milei

Karina Milei quiere concretar cambios en la cúpula del poder para tener el "control total" de lo que ocurre en el gobierno. La hermana presidencial, influenciada por los Menem, busca desalojar del sistema de decisión libertario a Santiago Caputo, a más tardar en marzo.

Pero no está fácil. El asesor tiene acceso directo al presidente Milei, que valora sus aportes. De hecho, en las últimas semanas, lejos de perder poder lo acrecentó. Se quedó con el control total de la agencia recaudadora (ARCA) y amplió las competencias de la SIDE, luego de desplazar al empleado infiel Sergio Neiffert y ubicar en su lugar a su contador, Cristian Aguadra.

Santiago Caputo incluso estaría aumentando su influencia sobre los aparatos militares y de seguridad. En las últimas semanas afianzó su relación con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva y de Defensa, Carlos Presti.

"Santiago está emocionado con todo lo militar: gestos simbólicos, Plan Bandera, los F16, los tanques, los granaderos, el nuevo Iosfa, son todas piezas de un plan para sacarle a Villarruel el voto de los militares", explicó un funcionario libertario.

Esta situación enardece a los Menem e impacta en el ánimo de Karina Milei, que tiene dificultades para entender que la idea del "control total" de un funcionario no votado como ella, no sintoniza con el espíritu democrático.

La molestia de la hermana presidencial quedó en evidencia este domingo: le avisó a su hermano que no lo acompañara a otro viaje más de subordinación trumpista. El presidente tenía pensado viajar este lunes a la cumbre de un supuesto trumpismo latino en Mar-a-Lago.

Karina le avisó a su hermano que no cuente con ella y Milei anunció que cancelaba su participación. "Javier no puede viajar sin la hermana", exageran en la Casa Rosada. Acaso más exacto sea que la hermana no quiera someterse a otro papelón como la última vez que fueron al club de la Florida de Trump, que suele alquilar su salón a distintos aventureros.

De paso, no se confirmó aún su asistencia el 18 de febrero a la nueva "presentación oficial" del Board of Peace de Trump en Washington. El republicano se vio forzado a repetir el evento luego del fiasco de su lanzamiento en Davos, que juntó a Milei con una serie de "plutócratas afines a Putin", según el prestigioso diario inglés Financial Times.

La decisión de Karina Milei se suma a un dato muy interesante que publicó Perfil este domingo: en diciembre pasado la hermana del presidente no visitó Olivos.

"Ella está presionando a fondo para que le de el control total", sintetizó un dirigente libertario que conoce de cerca a los Milei. El asesor rehúye la pelea con la hermana y prefiere mantener la tensión a nivel de los Menem.

Karina no oculta su entusiasmo por la obediencia absoluta. La semana que pasó envió un mensaje claro a las bases libertarias. Su hombre en la provincia de Buenos Aires, el diputado Sebastián Pareja, dijo en un encuentro con militantes en Mar del Plata: "No hay mucha vuelta. Nosotros trabajamos bajo la lógica de un partido político que tiene sus autoridades y tiene su manual disciplinario. El que ventile sus diferencias, está fuera del espacio".