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“Hay que hacer creer al pueblo que el hambre, la sed, la escasez y las enfermedades son culpa de nuestros opositores… y hacer que nuestros simpatizantes lo repitan en todo momento”. De Joseph Goebbels a Javier Milei
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Nacionales - 05-03-2023 / 09:03
UNA ESCENA INÉDITA EN EL CONGRESO

Juicio político a los jueces de la Corte, los cortesanos supremos expuestos a la luz pública

Juicio político a los jueces de la Corte, los cortesanos supremos expuestos a la luz pública
El cuestionamiento del presidente Alberto Fernández a todos los integrantes de la Corte Suprema conformó una escena inédita. Por la gravedad de los cargos (justificada), por el escenario (adecuado), por la cara pétrea con la que escucharon los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.
El cuestionamiento del presidente Alberto Fernández a todos los integrantes de la Corte Suprema conformó una escena inédita. Por la gravedad de los cargos (justificada), por el escenario (adecuado), por la cara pétrea con la que escucharon los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.
 
El mandatario seguramente elevó la voz algunas octavas más de lo aconsejable, incurrió en ciertos furcios, exageró al atribuir demasiadas responsabilidades a la Corte y al Consejo de la Magistratura en la crisis de seguridad que atraviesa Rosario. En lo sustancial tiene razón.
 
Le asiste derecho para promover juicio político porque los jueces no enuncian la ley, sino que deciden, crean derecho al sentenciar. Lo escribió Montesquieu, un maestro precursor. El mismo que teorizó tempranamente sobre la división de poderes.
 
Hace falta que el poder controle al poder o algo así. El juicio político es el mecanismo para controlar al Poder Judicial y a la Corte concebido en la Constitución nacional, posterior al deceso de Montesquieu.
 
Promover un juicio político no viola la Constitución, la aplica. El Congreso es el organismo facultado, el Poder Legislativo que controla al otro. Se exigen mayorías agravadas para que el juicio avance en Diputados y luego para destituir en Senadores. Difíciles de conseguir, desde ya. Se cumplen esos recaudos. No hay ataque a la Carta Magna.
 
La oportunidad de la movida que intenta el Gobierno se puede discutir. ¿Por o para qué generar el escenario a sabiendas de que no se contarán con las mayorías? Los oficialistas alegan que servirá para visibilizar los hechos, ponerlos en conocimiento de la opinión pública.
 
Hasta ahora las revelaciones impactan. Los acusadores tienen unos boletos a placé: aguardan que se disuelva o achique la solidaridad entre los cortesanos. O en algunos de sus empleados o secretarios. Que haya reproches mutuos, confesiones. Hasta ahora no sucede, allende las rencillas que se abordan más adelante.
 
La escena alucinó. Los dos magistrados que estuvieron en el recinto probablemente esperaron que ese gesto aminorara el fervor presidencial. Pifiaron. Ni se miraron, menos se hablaron. Salieron del Congreso corriendo, sin hablar con movileros. No enfilaron a Tribunales como imaginaban en la previa.
 
Hasta el cierre de esta nota los cuatro acusados no dieron cuenta de haberse reunido. Se ingeniaron, reconocen sus entornos, para pedir comunicados de apoyo de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y de presidentes de Cámaras Nacionales. Salieron como por un tubo. Solidaridad corporativa, al mango.
 

 
EL JUICIO POLÍTICO A LOS JUECES DE LA CORTE, DEBATES Y ANTECEDENTES
 
Cuatro supremos expuestos a la luz pública
 
"Un juez no es un ventrílocuo que recita la ley al aplicarla" Charles Louis de Secondat, señor de la Brède y barón de Montesquieu. Citado por el juez supremo Horacio Rosatti en la sentencia "Batalla".
 
 
Nada novísimo, recuerdos del pasado: 
 
Resuenan ecos de la jornada transmitida en vivo por la tele que perdura insustituible para hechos únicos. Sin embargo, no hay nada novísimo bajo el sol. 
 
En 2015 la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner fustigó al Poder Judicial y a la Corte Suprema ante la Asamblea Legislativa. Una de las críticas fue la falta de resultados y hasta de movimiento en la investigación por el atentado contra la Embajada de Israel.
 
La Corte la tramita (es un modo de decir) desde 1992. Ricardo Lorenzetti, presidente del tribunal en ese tiempo, oyó de cuerpo presente las recriminaciones. Las replicó mal y pronto en un acto que había inventado para pavonearse, "la apertura del año judicial". Que comienza el primero de febrero pero que se celebraba en marzo para parangonarse con el mensaje presidencial en el Parlamento. 
 
Lorenzetti pretendía llegar a presidente de la Nación, catapultándose desde el Palacio de Justicia. La ilusión quedó en el camino, la realidad y sus colegas la serrucharon. Hace cuatro años pervivía la fantasía. Lorenzetti le cantó retruco a Cristina con una coreo que ahorramos acá. Con relación a la Embajada adujo que la causa estaba sentenciada, que se había establecido la autoría material "al grupo Hezbollah, de la Jihad islámica".
 
Mentía o desinformaba por partida doble. Es exótico condenar penalmente a un grupo u organización y no a personas físicas. Pero, lo que es peor, la causa seguía abierta aunque apolillándose en varios estantes. 
 
El papelón forzó a que un secretario de la Corte refutara con esmero al Supremo. El expediente estaba vivo aunque hibernando, se ordenaron un par de medidas de prueba. Lorenzetti es flojo en derecho penal, excede su expertise. He ahí uno de los motivos de su envidia blanca "a lo Salieri" respecto del juez Eugenio Raúl Zaffaroni.
 
Se ignora si el empoderado Horacio Rosetti ambiciona llegar a presidente de la Nación. El hombre asegura que no, que el Tribunal es el final de su carrera. Lo sostiene desde que quisieron colarlo a la Corte por la ventana mediante decreto simple (no decreto de necesidad y urgencia). La falta de ética de la dupla Ro-Ro por haber aceptado la maniobra se palió porque se sometieron luego a los requisitos constitucionales. No se los debe juzgar por esa tentativa rectificada que sí da cuenta de su estatura moral.
 
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Mentiras difundidas: 
  
Los jueces pueden ser juzgados por sus sentencias entre tantas causales posibles de mal cumplimiento de sus funciones. La Vulgata de derecha lo niega... casi todos se equivocan, una minoría miente.
 
Son arbitrarias las sentencias caprichosas que no se fundan en una de las variadas lecturas racionales disponibles de los hechos. No un razonamiento elaborado sino una maniobra de voluntad. Por fallas de quien resuelve o por mala fe o por ánimo de favorecer a una de las partes. Las sentencias arbitrarias valen como cargo en un juicio político.
 
El prevaricato, un grado más grave, es cuando los jueces incumplen dolosamente los deberes de magistrados. En el comportamiento o en las resoluciones.
 
El contubernio, las relaciones promiscuas con integrantes de otros poderes del estado o con dirigentes políticos abre sospechas. El viaje a Lago Escondido, por invitación del Grupo Clarín enloda a los participantes. La evidencia no surgió de filtraciones discutidas sino de una nota de tapa de Página/12 que motivó a los conjurados a armar los chats. De nuevo, el orden de los factores altera el producto. Los supremos no caen en este lodo pero lo disimulan o encubren con silencio, no actúan como cabeza del Poder Judicial.
 
La sentencia en el expediente "Muiña", el dos por uno salvando a los represores, fue arbitraria. La afecta un tufillo de pago de favores, la promovieron Rosenkrantz y Rosatti poco tiempo después de haber asumido gracias al nombramiento del expresidente Mauricio Macri. Un misil contra "el curro de los derechos humanos".
 
Designio político evidente, sospechas a granel. Fundamentación jurídica banal, berreta. El juez Juan Carlos Maqueda y Lorenzetti quienes se pronunciaron contra la mayoría no tendrán que ser acusados. Cada supremo tendrá su repertorio de acusaciones.
 
Solo Rosenkrantz tendría que ser acusado por eventual favoritismo hacia las empresas que asesoró como abogado. Había prometido excusarse siempre cuando rindió examen ante el Senado. Pero a los cinco años, rectificó su doctrina. Anunció que ese lapso era bastante, fingió amnesia. Precavido en 2016 había borrado de los registros en Internet la nómina de la distinguida clientela. Es el único que debe responder por ese hipotético manejo de influencias.
 
Rosatti es el primus inter pares sospechado por los chanchullos al autonombrarse presidente del Consejo de la Magistratura en diarquía con la Corte y por los desaguisados que consumó luego. A su zaga colegas lo acompañaron votando de forma inicua la restauración de una ley derogada años atrás.
 
Las relaciones de su vocero Sergio Robles, los contactos confianzudos con figuras políticas opositoras, los consejos e información filtrada recaen solo sobre el exintendente de Santa Fe y exministro de Justicia. Habrá que alquilar balcones cuando Robles comparezca a declarar bajo juramento.
 
Existen varios etcéteras.
 
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El enmascarado no se rinde: 
  
Espóiler. En las líneas siguientes, de este párrafo ("pancito" en jerga periodística) se retoman críticas de este cronista al uso del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial y al simulacro de sentencia rechazando un recurso extraordinario de Milagro Sala. Si usted las da por sabidas puede saltearlo y pasar al siguiente. Por añadidura las dos inconductas graves, quizá inconstitucionales, no figuran entre las frondosas acusaciones de la Comisión de juicio político.
 
El artículo 280 faculta a la Corte a rechazar recursos sin expresar fundamentos. Un acto público que no se explica o se justifica. La forma republicana de gobierno te la debo. Montesquieu se revolvería en su tumba.
 
Ningún poder del Estado está habilitado a tamaño atropello. Se quitan derechos, se manda a la cárcel o se excarcela, se terminan procesos sin dar razones. Arbitrario hasta la manija. La Corte utiliza el rebusque con asiduidad. Un despropósito inconstitucional para ahorrarse laburo. En el papeleo interno es costumbre que los numerosos secretarios letrados le "marquen" a los supremos los expedientes que terminarán de esa manera abrupta.
 
En los oscuros pasillos del cuarto piso del "Palacio" se cocinan otras habas, pestilentes. Eventualmente se dibujan "280 encubiertos". Se desestiman recursos extraordinarios con fundamentos recalentados, escritos "n" veces. Un simulacro de "considerandos" en vez del sello habitual que tiene cinco renglones.
 
Así se obró al desestimar los recursos de los abogados de Milagro contra la estrambótica condena dictada por tribunales especiales designados ad-hoc, conducidos ostensiblemente por el gobernador jujeño Gerardo Morales. 
 
La persecución vale como causal del juicio político. Un parentesco estrecho la vincula con la sentencia del Tribunal Federal contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad. Todos datos, hasta acá. Opinión: tamaña prepotencia es causal de juicio político. Otra: el presidente podría (tendría que) haberla recordado mencionarla en el discurso del miércoles cuando describió la barbarie judicial y sus lazos con la derecha.
 
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Internas tras los cortinados: 
  
Otra vez: nada es todísimo nuevo bajo el sol. Diversos presidentes combatieron a la Corte, en plena recuperación democrática. Carlos Menem construyó una Corte Suprema a su imagen y semejanza. Eduardo Duhalde amagó iniciar juicio a la Corte menemista; reculó. Néstor Kirchner se animó, la enfrentó. No puso en el banquillo a todo el Tribunal como Alberto Fernández pero consiguió que se fueran cinco.
 
Fernández sigue adelante en el crepúsculo tras recorrer casi en soledad la distancia entre la Casa Rosada y el Congreso.
 
Los cortesanos cierran filas según cuentan sus portavoces. Serán como los mosqueteros, de momento: todos para uno y uno para todos. Curiosa contingencia, los une el enemigo común aunque los separan broncas, rencores y aún odios añejados.
  
Lorenzetti detesta a Rosenkrantz-Rosatti que intrigaron para birlarle la presidencia del cuerpo. Desde ese momento, trata de diferenciarse sin que haya margen. Odia a Robles a quien atribuye operar en su contra. No cree que lo haga motu proprio.
 
Maqueda se diferenció por largo tiempo de Rosenkrantz a quien consideraba arrogante, despectivo en el trato, poco proclive al diálogo. Ahora articulan, este cronista ignora si hay más motivos que el espíritu de cuerpo.
 
Rosatti tomaba en solfa a Rosenkrantz, altanero y fóbico en el trato cotidiano. Habrán pasado cosas.
 
Rosenkratz desprecia a todos sus pares, se considera superior. Lo señalan los otros tres, en prudentes off the record.
 
En la semana que se inicia mañana el Tribunal oral dará a conocer la fundamentación de la sentencia contra Cristina Fernández de Kirchner. Arbitraria, persecutoria. Los jueces deberán cuidarse, disimular. Ni ponerse la camiseta de Liverpool, el equipo de sus diversiones en la quinta de Macri. Ni la amarilla de PRO, la que tienen pegada al corazón.
 
Entre tanto, el fiscal Carlos Stornelli empieza a profugarse de nuevo. Nada nuevo bajo ese sol.
 
Por Mario Wainfeld
 
Fuente: pagina12.com.ar
 

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27-03-2024 / 10:03
El ministro de Defensa, Luis Petri, cerró un acuerdo con su par  de Dinamarca, Troels Lund Poulsen, por la compra de 24 aeronaves F-16 para la Fuerza Aérea. Poulsen firmó y posó para la foto con Petri en el Edificio Libertador, pero detrás de cámara estaban también presentes el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el embajador de los Estados Unidos, Marc Stanley.
 
Con la firma del acuerdo, el gobierno de Javier "el Loco" Milei reafirma su alineamiento cipayo total con Estados Unidos, al concluir una reequipamiento que había quedado abierto desde la gestión de Alberto Fernández y que tenía como alternativa la compra de aviones de última generación  J-17 a China.
 
El ministro Petri no dejó dudas sobre el movimiento geopolítico al compartir en sus redes primero la comunicación oficial del Ministerio y luego una nota de Infobae con el título: "Con el apoyo de Estados Unidos, Argentina firmó una carta de intención con Dinamarca para comprar 24 aviones de combate F16".
 
El acuerdo se cerrará cuando Petri viaje a Copenhague a mediados de abril, donde se sellará el contrato para la adquisición de los 24 aviones F16, que el país aliado de la OTAN ya tiene en desuso para sus operaciones militares. Las naves fueron fabricadas por la empresa norteamericana Lockheed Martin y llegarían a la Argentina recién en diciembre, debido a que Dinamarca las entregará sin equipamiento ni armamento.
 
El reequipamiento de las naves quedará a cargo de Estados Unidos por un contrato de 40 millones de dólares, que será una donación de la administración Biden, según informaron desde Casa Rosada. Los aviones valen 300 millones y el armamento y la parte electrónica otros 300 millones, aunque Estados Unidos regala más o menos un 15 por ciento.
 
El acuerdo terminó de sellarse con la reciente visita del actual director de la CIA, William Burns, quien aterrizó en Buenos Aires la semana pasada para visitar la Casa Rosada y reunirse con el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Silvestre Sívori; y el propio jefe de Gabinete. "Tenemos un problema a corto plazo, Rusia; pero un problema mayor, a largo plazo, China", dijo Burns en la reunión de la semana pasada.
 
Antes de ese reciente encuentro, el presidente Milei recibió al secretario de Estado Antony Blinken en la Casa Rosada y poco después logró un breve encuentro con el candidato republicano y ex presidente Donald Trump.
 
La alineación sistémica de la Casa Rosada con Estados Unidos queda marcada con este acuerdo que cierra las puertas a la propuesta hecha por China para la adquisición de 34 aviones de guerra F17, mucho más modernos y más baratos. De esta manera, las Fuerzas Aéreas adquirirán los aviones F-16 dinamarqueses que están camino al desuso, al punto de que Bélgica se negó a venderle los F-16 a su aliado, Ucrania, porque no los consideró aptos.
 
La Opinión Popular
 

26-03-2024 / 08:03
En medio de confusiones, que obligaron a sacar un decreto correctivo, el gobierno de Javier "el Loco" Milei y Luis "Toto" Caputo estableció la nueva fórmula de movilidad de las jubilaciones por decreto sin pasar por el Congreso. Se actualizarán por la inflación de dos meses atrás, pero en el empalme quedará fijada la pérdida que provocó la mega devaluación de Milei, entre 25 y 30%, y seguirá congelada en ese piso histórico hacia el futuro. Con la jubilación mínima reducida a la mitad debido a la inflación (en febrero, comparada con el mismo mes del 2023 sin contar el bono), el Gobierno busca impedir cualquier tipo de recomposición limitando los aumentos solamente al índice de la inflación. Además la nueva fórmula de actualización no se aplicará a los bonos, dejando abierta la posibilidad de licuar aún más los magros ingresos de los jubilados.
 
Desde que asumió como presidente, Milei, viene utilizando los ingresos de los jubilados y jubiladas como el principal medio para llevar adelante su recorte del presupuesto nacional y reducir el déficit fiscal, pero ahora busca dejar asentado que los jubilados serán los garantes de su plan de ajuste. Este lunes el gobierno publicó un nuevo DNU cambiando la fórmula previsional para atar a los haberes a la inflación. El problema es que, en la actualidad, la jubilación mínima (que cobran la mayoría de los jubilados) no llega a cubrir ni el 30 % de la canasta básica de los adultos mayores y sin ningún mecanismo de recomposición no habría forma de revertirlo.
 
La modificación de la fórmula previsional era parte de la Ley Ómnibus, pero habiendo sido rechazada en el Congreso, desde el oficialismo decidieron realizarla por un nuevo DNU. La "urgencia" del gobierno se debe a que habiendo pasado el pico inflacionario de diciembre y enero, la fórmula vigente generaría aumentos mayores de los que están dispuestos a otorgar. Caputo, desde el Ministerio de Economía, viene aprovechando el método de actualización trimestral actual para licuar las jubilaciones y ahora pretende mantener el robo realizado con el cambio de la fórmula.
 
En medio de la polémica que se generó por el nuevo DNU, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, criticó al Gobierno de Milei, y a la medida. Según dijo el dirigente peronista, "es impresionante, la decisión de Milei es que el ajuste no recaiga en la casta sino en los jubilados" y agregó: "Es un atraco a los jubilados... Es consolidar una baja que ya se produjo, y ahora ir ajustándola en base a los precios cuando ya el guadañazo se lo dieron al bolsillo de ellos".
 
La propuesta es que las jubilaciones aumenten mensualmente por el IPC de dos meses atrás. Si bien a priori parecería superadora, el empalme provocará una profundización de la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados de, por lo menos, 25 por ciento. La verdadera trampa se encuentra en el empalme es decir en los meses de transición entre una fórmula a otra. Desde abril, el gobierno decidió comenzar a dar aumentos por IPC "a cuenta" del resultado de la próxima fórmula de movilidad vigente en junio.
 
Con la nueva fórmula jubilatoria, Milei sumó resistencias en la oposición dialoguista. Varios legisladores de ese sector se expresaron contra la nueva fórmula de movilidad, que se suponía que discutirían en el Congreso. El Ejecutivo suma contratiempos en la negociación por la nueva ley Bases que el ministro Guillermo Francos buscará recomponer en un encuentro con mandatarios del Norte Grande.
 
La Opinión Popular
 

25-03-2024 / 07:03
Con una movilización histórica, organismos de DDHH reivindicaron la cifra de 30.000 desaparecidos. La marcha del 24M, que congregó a una multitud en la Plaza de Mayo y en las principales ciudades del país, al cumplirse 48 años del último golpe cívico militar genocida, se convirtió en la tercera gran manifestación callejera contra el gobierno neoliberal anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei. El Presidente fue principal blanco de críticas de los organismos de Derechos Humanos, el peronismo, movimientos sociales y la CGT.
 
Como en la huelga general del 24 de enero, y la movilización del 8M, numerosas columnas de organizaciones y miles de personas auto convocadas se volcaron a las calles para repudiar los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar y reafirmar la consigna del Nunca Más. También ratificaron la cifra de 30 mil personas desaparecidas, número que el gobierno libertario puso en duda. En el documento final de la marcha, que leyó la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, los organismos de derechos humanos reclamaron una ley contra el negacionismo de los crímenes de la dictadura.
 
Junto a esas consignas vinculadas a derechos humanos, la marcha estuvo atravesada por consignas contra las políticas del gobierno libertario y su siniestro plan de ajuste neoliberal. El 24M fue el tercer gran hito callejero contra el gobierno de ultraderecha. "Milei, basura, vos sos la dictadura", "El que no salta votó a Milei", "No se vende, la patria no se vende" y "Fueron 30 mil de verdad", concurrieron los canticos y las consignas que más se repitieron en la Plaza, donde además se colgaron banderas contra Victoria Villarruel, por su cercanía con los represores condenados por lesa humanidad.
 
El peronismo mostró un gran despliegue de movilización. Por Diagonal Sur, los gremios de la CGT y el Movimiento Evita coparon varias cuadras junto a la UTEP y apenas pudieron ingresar a la Plaza. Por Diagonal Norte, y después de caminar 13 kilómetros desde la ex ESMA, La Cámpora llegó pasado el mediodía en una columna encabezada por Máximo Kirchner. En tanto, el gobernador Axel Kicillof llegó junto a su gabinete y los intendentes del conurbano.
 
Fue una gran convocatoria que los medios hegemónicos tratarán de ignorar, y que respondió a la provocación del gobierno, que unió a la CGT, al peronismo, los movimientos sociales, agrupaciones estudiantiles y al movimiento de derechos humanos. La idea de derechos humanos encaja con la idea de justicia social, de país solidario, de trabajo y retribuciones justas, de protección a los niños, a los enfermos y a los ancianos, de hazañas científicas y culturales.
 
No encaja con la justificación de la dictadura, con el intento de que los jubilados crean que ganan poco por culpa de los de la moratoria y que los trabajadores se enfurezcan con los desocupados porque reciben un aporte sin trabajar. No encaja con el país donde los únicos que ganan son los ricos, como procuran las políticas de Milei. Los ricos son "héroes" para Milei y los beneficiarios de sus políticas.
 
Los cientos de miles que desbordaron la Plaza de Mayo, las diagonales y la Avenida de Mayo están enlazados, hermanados, con los miles que se movilizaron en otras ciudades del país, y con los miles y miles que desde sus casas confluyen en la angustia de la pobreza, la amenaza del desempleo y el hambre o la destrucción de comercios y empresas. Hay vías comunicantes por las que fluye una energía que alimenta resistencias, rebeldías y esperanzas.
 
La Opinión Popular


24-03-2024 / 08:03
Ya en marzo de 1977, al cumplirse un año de la última dictadura militar, estaba claro que el verdadero objetivo de los perpetradores, instigadores y sponsors del golpe de Estado era económico. Por trillado que resulte es esclarecedor volver a la Carta Abierta de Rodolfo Walsh, que por entonces indicaba que "en la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada".
 
Las cifras que exhibía Walsh resuenan hoy con una actualidad preocupante: "En un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40%, disminuido su participación en el ingreso nacional al 30%, elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar", escribió en la carta que fue su testamento público. Los paralelismos con el proceso de concentración de riqueza que comenzó con la llegada al poder de Javier Milei son llamativos.
 
Sin embargo, lo más gravoso de la última dictadura no fue ese ajuste en sí sino el hecho de que dejó sentadas las condiciones para que eso nunca pudiera revertirse. De hecho, en ningún momento de los cuarenta años de democracia ininterrumpida el país estuvo ni siquiera cerca de recuperar las condiciones económicas y sociales que existían en la Argentina hasta marzo del 76. Hubo algo, en la matriz productiva pero también en el conjunto de ideales y valores de la sociedad, que se rompió y nunca pudo repararse.
 
El golpe del 24 de marzo irrumpió en un país en el que, dos décadas después de haber intentado suprimir al peronismo de la vida pública e incluso habiendo atravesado, unos meses antes, la experiencia hiperinflacionaria del Rodrigazo, todavía la pobreza alcanzaba a apenas al 4,4 por ciento de sus habitantes. En octubre de 1983, al recuperarse la democracia, esa cifra se había multiplicado por ocho: el 37,4 por ciento de los argentinos era pobre. Ocho veces más. Esa debacle jamás se pudo revertir.
 
Dicho de otra forma: al comenzar la dictadura, apenas cuatro de cada cien argentinos no alcanzaba a satisfacer sus necesidades básicas, pero cuando terminó, casi cuatro de cada diez habían caído por debajo de esa vara, y la profundidad del cambio fue tal que el país nunca pudo desandar ese camino. El riesgo más acuciante en estos días es que el gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel complete esa tarea y eleve la pobreza estructural al punto en el que seis, siete u ocho de cada diez argentinos sea pobre para siempre.
 
Entre 1945 y 1976 existía una sociedad en el que la enorme mayoría era parte de una gran clase media: albañiles, docentes, policías, médicos, torneros, porteros, artistas, carpinteros, periodistas, abogados y científicos, empleados o cuentapropistas, comerciantes y profesionales, todos se ubicaban en algún lugar de un amplio arco que iba desde las humildes barriadas obreras suburbanas hasta los barrios céntricos en las ciudades. Con diversas realidades que coexistían, la Argentina era un país de clase media.
 
Después de la dictadura se convirtió en un país con clase media. Pero la pobreza estructural que en el 83 alcanzaba a 4 de cada 10 argentinos nunca pudo desarmarse. Tuvo momentos en los que cedió. Al final de los doce años de gobierno kirchnerista había retrocedido hasta ubicarse en torno al 25 por ciento. Y otros donde creció, en episodios de crisis, hasta llegar al 60 por ciento. Pero un cuarto, o un tercio o más de la población quedaron condenados a apenas subsistir, sin ninguna perspectiva de movilidad social ascendente.
 

23-03-2024 / 08:03
A pocos días de lo que se espera será el mayor acto de masas para repudiar al golpe del 24 de marzo de 1976, una hija de desaparecidos fue atacada en su domicilio, la editorial Marea, que publica libros sobre derechos humanos sufrió la embestida brutal de 800 mensajes de odio y Estela de Carlotto denunció que su teléfono estaba intervenido.
 
La defensora de la dictadura, Victoria Villarruel, apareció en una entrevista y el gobierno prepara un video con la tesis de los amigos de los genocidas: "Hubo una guerra donde se produjeron excesos".
 
Durante la semana que pasó circuló la versión de tanteos del gobierno en el ámbito judicial para indultar a los genocidas. Pero antes de que la versión se extendiera, la Cámara de Casación advirtió que, por ley, los delitos de lesa humanidad no se pueden indultar.
 
Aunque no haya indulto, la intención oficial quedó en evidencia. Fue también la confirmación de que este gobierno, además de coincidir con la dictadura en su propuesta económica neoliberal, también comparte el sesgo autoritario del golpismo, al justificarlo y querer perdonarlo.
 
El negacionismo y la idea de la "justicia tuerta" surgieron de la imposibilidad de negar las aberraciones cometidas por los represores durante la dictadura cívico-militar que comenzó el 24 de marzo de 1976.
 
A esta altura son inocultables e indefendibles los secuestros, la tortura, la violación a mujeres indefensas, el botín de guerra que se sacaba a los prisioneros, la apropiación de sus hijos y el lanzamiento de personas vivas desde aviones, como parte de un plan sistemático. No pueden decir que eso no existió. Entonces discuten la cantidad, si nueve mil o 30 mil, cuando en realidad, el horror y la responsabilidad por esos crímenes no varían por su cantidad.
 
Un militar que se rebajó a torturar o a violar a una prisionera en la mesa de tortura tendría que ser una vergüenza para sus camaradas. El secuestro y el asesinato sin juicio no pueden ser aceptados por la sociedad. La apropiación de los hijos de los prisioneros que después serían desaparecidos constituyó un acto repugnante, que debería ser repudiado por los militares que no lo hicieron.
 
Y si querían juzgar a sus enemigos, deberían haberlo hecho en vez de asesinarlos y desaparecerlos sin darles el derecho a un juicio justo. Porque, a diferencia de lo que hicieron los genocidas, sus enemigos eran civiles que no actuaban usurpando el Estado y, por lo tanto, cualquier cosa que quieran juzgar ahora ya está prescripta para la ley.
 
Los que no prescriben son los delitos cometidos desde el poder político, ya sea una dictadura o un gobierno surgido de elecciones. Está planteado así porque es claro que --mientras no cambie-- el poder protegerá a los delincuentes y por lo tanto no hay plazos de prescripción.
 

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