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Nacionales - 05-03-2023 / 09:03
UNA ESCENA INÉDITA EN EL CONGRESO

Juicio político a los jueces de la Corte, los cortesanos supremos expuestos a la luz pública

Juicio político a los jueces de la Corte, los cortesanos supremos expuestos a la luz pública
El cuestionamiento del presidente Alberto Fernández a todos los integrantes de la Corte Suprema conformó una escena inédita. Por la gravedad de los cargos (justificada), por el escenario (adecuado), por la cara pétrea con la que escucharon los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.
El cuestionamiento del presidente Alberto Fernández a todos los integrantes de la Corte Suprema conformó una escena inédita. Por la gravedad de los cargos (justificada), por el escenario (adecuado), por la cara pétrea con la que escucharon los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.
 
El mandatario seguramente elevó la voz algunas octavas más de lo aconsejable, incurrió en ciertos furcios, exageró al atribuir demasiadas responsabilidades a la Corte y al Consejo de la Magistratura en la crisis de seguridad que atraviesa Rosario. En lo sustancial tiene razón.
 
Le asiste derecho para promover juicio político porque los jueces no enuncian la ley, sino que deciden, crean derecho al sentenciar. Lo escribió Montesquieu, un maestro precursor. El mismo que teorizó tempranamente sobre la división de poderes.
 
Hace falta que el poder controle al poder o algo así. El juicio político es el mecanismo para controlar al Poder Judicial y a la Corte concebido en la Constitución nacional, posterior al deceso de Montesquieu.
 
Promover un juicio político no viola la Constitución, la aplica. El Congreso es el organismo facultado, el Poder Legislativo que controla al otro. Se exigen mayorías agravadas para que el juicio avance en Diputados y luego para destituir en Senadores. Difíciles de conseguir, desde ya. Se cumplen esos recaudos. No hay ataque a la Carta Magna.
 
La oportunidad de la movida que intenta el Gobierno se puede discutir. ¿Por o para qué generar el escenario a sabiendas de que no se contarán con las mayorías? Los oficialistas alegan que servirá para visibilizar los hechos, ponerlos en conocimiento de la opinión pública.
 
Hasta ahora las revelaciones impactan. Los acusadores tienen unos boletos a placé: aguardan que se disuelva o achique la solidaridad entre los cortesanos. O en algunos de sus empleados o secretarios. Que haya reproches mutuos, confesiones. Hasta ahora no sucede, allende las rencillas que se abordan más adelante.
 
La escena alucinó. Los dos magistrados que estuvieron en el recinto probablemente esperaron que ese gesto aminorara el fervor presidencial. Pifiaron. Ni se miraron, menos se hablaron. Salieron del Congreso corriendo, sin hablar con movileros. No enfilaron a Tribunales como imaginaban en la previa.
 
Hasta el cierre de esta nota los cuatro acusados no dieron cuenta de haberse reunido. Se ingeniaron, reconocen sus entornos, para pedir comunicados de apoyo de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y de presidentes de Cámaras Nacionales. Salieron como por un tubo. Solidaridad corporativa, al mango.
 

 
EL JUICIO POLÍTICO A LOS JUECES DE LA CORTE, DEBATES Y ANTECEDENTES
 
Cuatro supremos expuestos a la luz pública
 
"Un juez no es un ventrílocuo que recita la ley al aplicarla" Charles Louis de Secondat, señor de la Brède y barón de Montesquieu. Citado por el juez supremo Horacio Rosatti en la sentencia "Batalla".
 
 
Nada novísimo, recuerdos del pasado: 
 
Resuenan ecos de la jornada transmitida en vivo por la tele que perdura insustituible para hechos únicos. Sin embargo, no hay nada novísimo bajo el sol. 
 
En 2015 la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner fustigó al Poder Judicial y a la Corte Suprema ante la Asamblea Legislativa. Una de las críticas fue la falta de resultados y hasta de movimiento en la investigación por el atentado contra la Embajada de Israel.
 
La Corte la tramita (es un modo de decir) desde 1992. Ricardo Lorenzetti, presidente del tribunal en ese tiempo, oyó de cuerpo presente las recriminaciones. Las replicó mal y pronto en un acto que había inventado para pavonearse, "la apertura del año judicial". Que comienza el primero de febrero pero que se celebraba en marzo para parangonarse con el mensaje presidencial en el Parlamento. 
 
Lorenzetti pretendía llegar a presidente de la Nación, catapultándose desde el Palacio de Justicia. La ilusión quedó en el camino, la realidad y sus colegas la serrucharon. Hace cuatro años pervivía la fantasía. Lorenzetti le cantó retruco a Cristina con una coreo que ahorramos acá. Con relación a la Embajada adujo que la causa estaba sentenciada, que se había establecido la autoría material "al grupo Hezbollah, de la Jihad islámica".
 
Mentía o desinformaba por partida doble. Es exótico condenar penalmente a un grupo u organización y no a personas físicas. Pero, lo que es peor, la causa seguía abierta aunque apolillándose en varios estantes. 
 
El papelón forzó a que un secretario de la Corte refutara con esmero al Supremo. El expediente estaba vivo aunque hibernando, se ordenaron un par de medidas de prueba. Lorenzetti es flojo en derecho penal, excede su expertise. He ahí uno de los motivos de su envidia blanca "a lo Salieri" respecto del juez Eugenio Raúl Zaffaroni.
 
Se ignora si el empoderado Horacio Rosetti ambiciona llegar a presidente de la Nación. El hombre asegura que no, que el Tribunal es el final de su carrera. Lo sostiene desde que quisieron colarlo a la Corte por la ventana mediante decreto simple (no decreto de necesidad y urgencia). La falta de ética de la dupla Ro-Ro por haber aceptado la maniobra se palió porque se sometieron luego a los requisitos constitucionales. No se los debe juzgar por esa tentativa rectificada que sí da cuenta de su estatura moral.
 
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Mentiras difundidas: 
  
Los jueces pueden ser juzgados por sus sentencias entre tantas causales posibles de mal cumplimiento de sus funciones. La Vulgata de derecha lo niega... casi todos se equivocan, una minoría miente.
 
Son arbitrarias las sentencias caprichosas que no se fundan en una de las variadas lecturas racionales disponibles de los hechos. No un razonamiento elaborado sino una maniobra de voluntad. Por fallas de quien resuelve o por mala fe o por ánimo de favorecer a una de las partes. Las sentencias arbitrarias valen como cargo en un juicio político.
 
El prevaricato, un grado más grave, es cuando los jueces incumplen dolosamente los deberes de magistrados. En el comportamiento o en las resoluciones.
 
El contubernio, las relaciones promiscuas con integrantes de otros poderes del estado o con dirigentes políticos abre sospechas. El viaje a Lago Escondido, por invitación del Grupo Clarín enloda a los participantes. La evidencia no surgió de filtraciones discutidas sino de una nota de tapa de Página/12 que motivó a los conjurados a armar los chats. De nuevo, el orden de los factores altera el producto. Los supremos no caen en este lodo pero lo disimulan o encubren con silencio, no actúan como cabeza del Poder Judicial.
 
La sentencia en el expediente "Muiña", el dos por uno salvando a los represores, fue arbitraria. La afecta un tufillo de pago de favores, la promovieron Rosenkrantz y Rosatti poco tiempo después de haber asumido gracias al nombramiento del expresidente Mauricio Macri. Un misil contra "el curro de los derechos humanos".
 
Designio político evidente, sospechas a granel. Fundamentación jurídica banal, berreta. El juez Juan Carlos Maqueda y Lorenzetti quienes se pronunciaron contra la mayoría no tendrán que ser acusados. Cada supremo tendrá su repertorio de acusaciones.
 
Solo Rosenkrantz tendría que ser acusado por eventual favoritismo hacia las empresas que asesoró como abogado. Había prometido excusarse siempre cuando rindió examen ante el Senado. Pero a los cinco años, rectificó su doctrina. Anunció que ese lapso era bastante, fingió amnesia. Precavido en 2016 había borrado de los registros en Internet la nómina de la distinguida clientela. Es el único que debe responder por ese hipotético manejo de influencias.
 
Rosatti es el primus inter pares sospechado por los chanchullos al autonombrarse presidente del Consejo de la Magistratura en diarquía con la Corte y por los desaguisados que consumó luego. A su zaga colegas lo acompañaron votando de forma inicua la restauración de una ley derogada años atrás.
 
Las relaciones de su vocero Sergio Robles, los contactos confianzudos con figuras políticas opositoras, los consejos e información filtrada recaen solo sobre el exintendente de Santa Fe y exministro de Justicia. Habrá que alquilar balcones cuando Robles comparezca a declarar bajo juramento.
 
Existen varios etcéteras.
 
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El enmascarado no se rinde: 
  
Espóiler. En las líneas siguientes, de este párrafo ("pancito" en jerga periodística) se retoman críticas de este cronista al uso del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial y al simulacro de sentencia rechazando un recurso extraordinario de Milagro Sala. Si usted las da por sabidas puede saltearlo y pasar al siguiente. Por añadidura las dos inconductas graves, quizá inconstitucionales, no figuran entre las frondosas acusaciones de la Comisión de juicio político.
 
El artículo 280 faculta a la Corte a rechazar recursos sin expresar fundamentos. Un acto público que no se explica o se justifica. La forma republicana de gobierno te la debo. Montesquieu se revolvería en su tumba.
 
Ningún poder del Estado está habilitado a tamaño atropello. Se quitan derechos, se manda a la cárcel o se excarcela, se terminan procesos sin dar razones. Arbitrario hasta la manija. La Corte utiliza el rebusque con asiduidad. Un despropósito inconstitucional para ahorrarse laburo. En el papeleo interno es costumbre que los numerosos secretarios letrados le "marquen" a los supremos los expedientes que terminarán de esa manera abrupta.
 
En los oscuros pasillos del cuarto piso del "Palacio" se cocinan otras habas, pestilentes. Eventualmente se dibujan "280 encubiertos". Se desestiman recursos extraordinarios con fundamentos recalentados, escritos "n" veces. Un simulacro de "considerandos" en vez del sello habitual que tiene cinco renglones.
 
Así se obró al desestimar los recursos de los abogados de Milagro contra la estrambótica condena dictada por tribunales especiales designados ad-hoc, conducidos ostensiblemente por el gobernador jujeño Gerardo Morales. 
 
La persecución vale como causal del juicio político. Un parentesco estrecho la vincula con la sentencia del Tribunal Federal contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad. Todos datos, hasta acá. Opinión: tamaña prepotencia es causal de juicio político. Otra: el presidente podría (tendría que) haberla recordado mencionarla en el discurso del miércoles cuando describió la barbarie judicial y sus lazos con la derecha.
 
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Internas tras los cortinados: 
  
Otra vez: nada es todísimo nuevo bajo el sol. Diversos presidentes combatieron a la Corte, en plena recuperación democrática. Carlos Menem construyó una Corte Suprema a su imagen y semejanza. Eduardo Duhalde amagó iniciar juicio a la Corte menemista; reculó. Néstor Kirchner se animó, la enfrentó. No puso en el banquillo a todo el Tribunal como Alberto Fernández pero consiguió que se fueran cinco.
 
Fernández sigue adelante en el crepúsculo tras recorrer casi en soledad la distancia entre la Casa Rosada y el Congreso.
 
Los cortesanos cierran filas según cuentan sus portavoces. Serán como los mosqueteros, de momento: todos para uno y uno para todos. Curiosa contingencia, los une el enemigo común aunque los separan broncas, rencores y aún odios añejados.
  
Lorenzetti detesta a Rosenkrantz-Rosatti que intrigaron para birlarle la presidencia del cuerpo. Desde ese momento, trata de diferenciarse sin que haya margen. Odia a Robles a quien atribuye operar en su contra. No cree que lo haga motu proprio.
 
Maqueda se diferenció por largo tiempo de Rosenkrantz a quien consideraba arrogante, despectivo en el trato, poco proclive al diálogo. Ahora articulan, este cronista ignora si hay más motivos que el espíritu de cuerpo.
 
Rosatti tomaba en solfa a Rosenkrantz, altanero y fóbico en el trato cotidiano. Habrán pasado cosas.
 
Rosenkratz desprecia a todos sus pares, se considera superior. Lo señalan los otros tres, en prudentes off the record.
 
En la semana que se inicia mañana el Tribunal oral dará a conocer la fundamentación de la sentencia contra Cristina Fernández de Kirchner. Arbitraria, persecutoria. Los jueces deberán cuidarse, disimular. Ni ponerse la camiseta de Liverpool, el equipo de sus diversiones en la quinta de Macri. Ni la amarilla de PRO, la que tienen pegada al corazón.
 
Entre tanto, el fiscal Carlos Stornelli empieza a profugarse de nuevo. Nada nuevo bajo ese sol.
 
Por Mario Wainfeld
 
Fuente: pagina12.com.ar
 

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21-02-2026 / 10:02
Mundo desequilibrado. Discuten el futuro de Palestina para convertirla en una Miami del Medio Oriente, pero no consultan a los palestinos. En Argentina, el gobierno de Javier "el Loco" Milei organiza el trabajo como una Disneylandia para empresarios, y no consulta a los trabajadores. A diferente escala, porque en el primer caso se oculta un genocidio. Pero los argentinos trajinan sus propias tragedias con el cierre brutal de empresas y miles de trabajadores lanzados a la calle.
 
El jueves, cuando en Buenos Aires Diputados aprobaba la reforma laboral, en el marco de un paro nacional muy masivo, en Washington el cipayo Milei, se deshacía en elogios al mandatario estadounidense Donald Trump, que se autoproclamó presidente vitalicio del Consejo de la Paz. Trump habló de sus proyectos inmobiliarios de pacificación en Gaza, sin hablar de desmilitarizarla primero, al mismo tiempo que amenazaba, pacíficamente, con bombardear a Irán.
 
En este Occidente en decadencia y tan desigual y desequilibrado suceden cosas insólitas. En medio de su relajado discurso, en el que insistió que "no me interesa el premio Nobel de la Paz, me importa salvar vidas, que quede claro", Trump detuvo su alocución para piropear al presidente paraguayo, Santiago Peña: "un joven hermoso y apuesto, pero a mí no me gustan los hombres jóvenes y apuestos, a mí me gustan las mujeres".
 
Al Consejo de la Paz se unieron 27 países, aunque a la reunión del jueves asistieron también representantes de la mayoría de los latinoamericanos y europeos, que prefirieron mantenerse en calidad de observadores.
 
El martes, cuando Milei abandonó el país, la empresa FATE anunció que cerraba las puertas de su fábrica de neumáticos y dejaba en la calle a 920 obreros. La mayoría de ellos tenía varias décadas de antigüedad en una empresa que se fundó hace 80 años y ha exportado neumáticos a Estados Unidos y Europa, pero no pudo resistir la apertura de las importaciones.
 
La destrucción de la Argentina productiva avanzó a velocidad de la luz con Milei. Primero fue la industria textil, después la de electrodomésticos, y ahora tocó el turno a industrias más consolidadas, como Techint de Paolo Rocca, o Fate de los Madanes.
 
Techint se trasnacionalizó, pero el sesgo progresista distinguió el crecimiento de Fate, con Aluar. El ministro de Economía de Perón, José Ber Gelbard fue socio de los Madanes en Aluar, cuando la empresa acogió a científicos que habían sido expulsados de Ciencias Exactas e Ingeniería por la dictadura de Onganía, como Manuel Sadovsky, Carlos Varsavsky y el ingeniero Humberto Ciancaglini.
 
En ese momento los titulares de la empresa eran Adolfo y Manuel Madanes, quien impulsó la participación de Gelbard y después las de Sadovsky y Varsavsky. Adolfo se resistía a las implicancias políticas que tenía el proyecto de su hermano. El actual dueño, Javier Madanes, es hijo de Adolfo y sobrino de Manuel.
 
Desde la gerencia de Investigación y Desarrollo impulsada por Sadovsky y Varsavsky se crearon mecanismos propios para la producción de aluminio, y se convocó a un grupo de ingenieros que décadas más tarde formaría parte del que fue el emprendimiento privado más estratégico de innovación tecnológica.
 

20-02-2026 / 10:02
La bronca desde abajo le impuso a la CGT el paro nacional. Fue contundente a pesar de los límites de la conducción y mostró que la reforma laboral esclavista de Javier "el Loco" Milei es socialmente ilegítima. Casi ningún colectivo, nada de trenes, nada de industria, el centro de la ciudad vacía, muchos comercios cerrados y en el conurbano la misma inactividad. La convocatoria al paro lanzada por la CGT y las dos CTA y militada por el Frente de Sindicatos Unidos tuvo un enorme respaldo. Pasada la medianoche se aprobó en Diputados con modificaciones. Ahora vuele al Senado.
 
El movimiento obrero no tiene la fuerza de los años del capitalismo industrial o de la sustitución de importaciones. Sin embargo, el acatamiento al paro fue de una masividad que debería llamar a la reflexión al Gobierno y a los miserables diputados que votaron la reforma laboral. Más que el movimiento obrero, el paro fue representativo de la mayoría de la sociedad. Hay rechazo al despojo de reivindicaciones históricas. Pero muchos de los que acataron el paro conocen poco la letra completa del proyecto de ley, pero interpretaron y rechazaron el sustrato de desprecio y discriminación a los trabajadores que conlleva la propuesta.
 
La carga de desprecio, el volumen de humillación y maltrato que sobrevuelan a toda la norma consolida la idea que quieren instalar de un país con ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. El personaje profundamente mediocre y ofensivo de Federico Sturzenegger expresa un fanatismo tan vulgar, tan gris, que no alcanza a percibir el rechazo profundo que produjo en la mayoría de la sociedad. El economista que fracasó en los gobiernos de Fernando de la Rúa y de Mauricio Macri ha sido la cara visible de esta propuesta y al que todos acusan de haber intercalado la miserable iniciativa de pagarles la mitad del salario a los trabajadores enfermos.
 
Hay una narrativa antiderechos, antipolítica y antisindical que se construyó sobre defectos que existen pero que son excepcionales si se los compara con los beneficios, a los que esa narrativa desprecia o, al menos no valora. Todo lo que sea derechos constituye un robo. Los discapacitados mienten su discapacidad, los trabajadores mienten cuando dicen que están enfermos, los trabajadores nunca van a la universidad, los científicos son diletantes, la política y el sindicalismo solo sirven para robar.
 
Pero se les fue la mano y tuvieron que retirar la monstruosidad de pagarle la mitad a un trabajador enfermo. Eso no ocurría ni con los esclavos. Esa burrada es Sturzenegger puro. Esa narrativa tomó cuerpo en un sector de la sociedad y mucha gente votó esta gestión. Pero cuando empiezan a sacar derechos y obligaciones que buscaban asegurar a todos los ciudadanos como sujetos de derecho, la mayoría se siente afectada, incluso muchos de los que votaron al Loco Milei. Puede ser que haya otra explicación para este paro contundente, pero sería importante que el masivo acatamiento a esta convocatoria sirva para la reflexión de muchos de los diputados y senadores que aprueban esta norma que los marcará a fuego.
 
Pero toda la norma está concebida desde ese lugar donde se considera al trabajador poco menos que como un estafador con el que los autores de la norma están obligados a convivir. Por eso, los radicales, los gobernadores traidores de Catamarca, Tucumán y Salta, que se dicen peronistas, y los diputados misioneros, todos ellos que colaboraron en habilitar esta ley, quedaron muy lejos de la expectativa de sus votantes. El punto crítico para este gobierno será cuando ese enorme porcentaje que rechaza estas políticas se convierta también en rechazo a los que las impulsan.
 
Para impedir que se apruebe hay que multiplicar fuerzas, peleando por imponer un verdadero paro activo de 36 horas, que garantice una movilización masiva para impedir el retroceso en protección laboral.
 
La Opinión Popular
 

18-02-2026 / 10:02
Comenzó la reforma laboral y la empresa de neumáticos Fate resolvió el cierre definitivo de su planta en San Fernando tras 80 años. No hubo ninguna notificación ni aviso por parte de la empresa. La Policía ocupó la planta, demoró a Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, e hirió con balas de goma a trabajadores, quienes ingresaron pacíficamente a la planta y desde ahí llaman a solidarizarse con su pelea contra el cierre. Los dueños culparon a la política de apertura de importaciones indiscriminadas del gobierno libertario de Javier "el Loco" Milei, que destruye cada vez más la industria nacional.
 
Con una cruda declaración pública que demuestra los daños del modelo económico del gobierno anarco capitalista en la producción nacional, la compañía propiedad de la familia Madanes Quintanilla aclaró que el anuncio no se trata de un concurso preventivo de acreedores y descartó una reestructuración o un plan de salvataje. Se trata del cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente. "Se liquida todo y se baja la persiana", sentenciaron.
  
En un comunicado, la firma dejó claro que la principal consecuencia de la decisión que deja en la calle a casi mil familias se debe a la política de apertura de importaciones impulsada por la administración de La Libertad Avanza (LLA). Fate estaba produciendo 150 mil neumáticos mensuales, el 25 por ciento de su capacidad. Hoy, el 75 por ciento de las ruedas del mercado son chinas. Los otros grandes jugadores del sector, Pirelli y Bridgestone, enfrentan situaciones similares.
 
"Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre", dice el comunicado emitido a primeras horas de hoy por FATE. "Las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán dentro del plazo legal", aseguró el texto.
  
La planta de San Fernando es una de las más grandes del país y tenía una capacidad productiva que superó los 5 millones de neumáticos por año. Sin embargo, esa eficiencia se vio sacudida por el ingreso de 860.000 cubiertas de origen chino importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios obligó a Fate a rebajar sus productos y, consecuentemente, a dejar por el piso sus márgenes de ganancia.
 
Su cierre se trata de un evento anunciado. Desde 2024, la empresa había advertido sobre los golpes en su competitividad producto de la apertura económica indiscriminada que afecta la producción nacional. Durante los últimos dos años, la crisis comercial y productiva que hundió a la empresa fue erosionando la relación con los empleados, que a través de la representación gremial reclamó permanentemente sobre los daños al costo laboral, sueldos atrasados y reducción de jornadas de trabajo.
 
En su declaración, la compañía recordó que "a lo largo de más de ocho décadas Fate construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad".
 
"Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina", destacó. Milei los liquidó.
 
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17-02-2026 / 10:02
El ministro de Economía, el endeudador serial Luis "Toto" Caputo, salió este domingo a interpelar públicamente al empresariado por la falta de respaldo explícito a la reforma laboral retrograda y esclavista impulsada por el Gobierno anarco capitalista. A través de un mensaje directo en redes sociales, el funcionario expresó su "asombro" ante lo que consideró una reacción tibia -o directamente nula- de las cámaras empresarias frente a los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.
 
El reclamo de Caputo se produjo en un momento de alta tensión política y sindical, con la Confederación General del Trabajo convocando a un paro en rechazo al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ministro buscó correr el foco del conflicto y presionar al sector privado para que se pronuncie en favor de una reforma que el Ejecutivo presenta como anti trabajadores.
 
El eje del planteo oficial es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos herramientas que apuntan a reducir significativamente el costo laboral. La reforma permitiría bajar las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador desde el 27 actual al 15 por ciento durante un período de 48 meses. En términos más amplios, la cuña laboral promedio se reduciría del 44 al 32 por ciento del salario bruto.
 
Pese a estos números, Caputo se mostró molesto por la falta de entusiasmo empresario. "Les bajamos un 85 por ciento las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", escribió en la red social X.
 
Sin embargo, el silencio por parte del empresariado expone una incomodidad que el Gobierno subestima. Voces del sector privado reconocen que la baja de cargas es un incentivo relevante, pero advierten que persisten dudas sobre la implementación del nuevo esquema, la estabilidad macroeconómica y la falta de políticas complementarias para reactivar la producción y el crédito. En sectores industriales, incluso, señalan que la reducción de costos laborales no alcanza si no hay demanda ni financiamiento.
 
Mientras el Gobierno ultra derechista exhibe el recorte de cargas patronales como una concesión histórica al empresariado, las principales cámaras evitan celebrarlo abiertamente, atrapadas entre el conflicto sindical, la incertidumbre económica y un modelo laboral que todavía genera más interrogantes que certezas.
 
Muchos empresarios están sensibilizados por los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores, afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y por lo tanto achica aún más el mercado interno, con lo que a las Pymes les pega de lleno.
 
Los empresarios ni fu ni fa con la medida. En tanto, la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día en que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno libertario quiere que la Cámara de Diputados lo transforme urgente en ley, aunque si le hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios del transporte.
 
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17-02-2026 / 08:02
El gobierno del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei volvió a quedar en el centro del escándalo por un vergonzoso contrato estatal que cuestiona su prédica contra la "casta" y las prácticas de su gestión. La controversia gira en torno a una adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico "Pelado" Sturzenegger, el de la motosierra y el "achicamiento del Estado" para todos, menos para su esposa.
 
La contratación, formalizada mediante una disposición oficial publicada en el sistema COMPR.AR, asciende a 114.044.133 de pesos y contempla la capacitación en inglés de 132 empleados durante 2026. El procedimiento utilizado fue una "Adjudicación Simple por Especialidad", justificada en el expediente bajo el argumento de que la AACI era el único proveedor capaz de garantizar la continuidad del programa formativo. Sin embargo, el dato de que se registró una sola oferta -la de la propia entidad adjudicada- alimentó cuestionamientos sobre la competencia real del proceso.
 
El vínculo matrimonial entre Rouillet y Sturzenegger obligó a activar el mecanismo de integridad previsto por el Decreto 202/2017. En ese marco intervinieron la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, que confirmaron en dictamen la existencia de un vínculo familiar directo con un ministro nacional. Como respuesta, el área de Compras recomendó la firma de un Pacto de Integridad para prevenir conflictos de interés.
 
Aunque ese procedimiento se presentó como garantía de transparencia, especialistas en administración pública suelen advertir que estos mecanismos son correctivos y no sustituyen el principio básico de evitar situaciones que puedan generar sospechas de favoritismo. El hecho de que el Estado contrate a una organización dirigida por un familiar directo de un funcionario de alto rango, aun con controles formales, expone una zona gris difícil de conciliar con el discurso oficial contra los privilegios políticos de casta.
 
El caso no es aislado. Registros del mismo portal oficial muestran que Cancillería ya había contratado a la AACI en 2024 por 55.388.180 pesos para un servicio similar. En esa ocasión, la documentación pública no incluía un Pacto de Integridad ni permitía descargar el pliego completo, lo que suma interrogantes sobre la consistencia de los estándares de transparencia aplicados.

Desde su campaña presidencial, Milei construyó su identidad política en torno a la denuncia de la "casta" y la promesa de terminar con los beneficios para funcionarios y allegados. Sin embargo, episodios como este niegan esa narrativa. Si bien la contratación no fue declarada ilegal y siguió los pasos administrativos exigidos, el problema radica en el plano político: la percepción de que ciertos vínculos personales siguen teniendo acceso privilegiado a recursos públicos.

La defensa oficial se apoya en la legalidad de los procedimientos. Pero la discusión pública se mueve en otro terreno: el de la legitimidad ética y simbólica. En un gobierno que hizo de la austeridad y la lucha contra los privilegios su principal bandera, cada contratación que involucra familiares directos de altos cargos se convierte en una prueba de inconsistencia. Ya denunciaron penalmente a Sturzenegger.

 
El caso, lejos de cerrarse con la firma de un supuesto pacto administrativo, reabre el debate sobre hasta qué punto la promesa de terminar con la "casta" queda limitada al terreno discursivo. Porque, cuando los beneficiarios de contratos estatales están vinculados a la cúpula del poder, la distancia entre relato y realidad es indisimulable.
 
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