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Nacionales - 04-03-2023 / 09:03
CONCLUSIONES DE LA MISIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS (OEA) POR LA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN ARGENTINA

Los discursos de odio en redes sociales y medios facilitaron la situación que desembocó en el atentado contra Cristina

Los discursos de odio en redes sociales y medios facilitaron la situación que desembocó en el atentado contra Cristina
La vicepresidenta Cristina Kirchner recibió en el Senado al Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) de la Organización de Estados Americanos (OEA). El encuentro se realizó en el marco de la visita oficial del comité para abordar la violencia contra las mujeres, interesadas puntualmente en el atentado sufrido por la vicepresidenta el 1 de septiembre del 2022.
La vicepresidenta Cristina Kirchner recibió en el Senado al Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) de la Organización de Estados Americanos (OEA). El encuentro se realizó en el marco de la visita oficial del comité para abordar la violencia contra las mujeres, interesadas puntualmente en el atentado sufrido por la vicepresidenta el 1 de septiembre del 2022.

"Los discursos de odio que se reflejan en redes sociales y portadas de medios" hacia la vicepresidenta Cristina Kirchner "pavimentan la situación" que desembocó "en el atentado contra su vida: el ataque no vino del vacío", consideró en una entrevista la abogada peruana Marcela Huaita, presidenta del Comité de Expertas que integran el Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Mecsevi) de la Organización de Estados Americanos (OEA), al finalizar este viernes la visita oficial al país, que se extendió por tres días, para investigar la problemática de la violencia contra las mujeres en la vida pública y política Argentina.

 
El intento de magnicidio contra Cristina fue uno de los casos abordados. "El tipo de imágenes con las que la representan en portadas de medios y en redes sociales constituyen violencia política por razones de género y naturaliza este tipo de violencia contra las mujeres. Tenemos otro atentado más reciente contra la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, y a una concejala en Bolivia directamente la han asesinado. Esto es algo muy grave que le hace daño a la democracia y a la sociedad. Hay que frenarla", advirtió la experta.
 
Por la tarde, durante una conferencia de prensa, en un hotel del centro porteño, Huaita leyó el comunicado elaborado por la delegación del Comité de Expertas, en el que destacaron que los casos de violencia política contra mujeres en el país "no son hechos aislados" y dejaron un extenso pliego de recomendaciones a los tres poderes y a los medios de comunicación.
 
La delegación pudo evidenciar --expresó Huaita-- que "el discurso de odio contra las mujeres políticas, especialmente las máximas figuras como la vicepresidenta, la presidenta de la Cámara de Diputados o las líderes sociales y políticas de las provincias, como en los casos de Milagro Sala en Jujuy y las Ramonas en Catamarca, genera un desorden informativo de características violentas que busca mermar su influencia pública".
 
Además subrayó que "estos hechos se agravan por una evidente tolerancia por parte de los órganos del Estado, que parece ser sistemática". En este sentido, señaló las asimetrías a nivel nacional y provincial, en especial en los procesos de administración de justicia. "En algunos casos, los resortes de atención e investigación de estas violencias pueden ser menos o más eficientes, dependiendo del nivel de tolerancia, aceptación y desarrollo de los mecanismos institucionales para combatir la violencia", apuntó.


 
"El ataque a Cristina Kirchner no vino del vacío"
 
La misión de la OEA sobre la violencia política contra las mujeres en Argentina: "Hostigamiento, ataques e impunidad". La misión tuvo por objeto analizar los ataques sufridos por mujeres en su actividad política en el país. El grupo de expertas advirtió sobre los discursos de odio y cómo pavimentaron el atentado contra CFK.
 
 
El impacto de la impunidad
  
--¿Cómo analiza el rol de los medios de comunicación? --le preguntó luego este diario a Huaita.
 
--Los medios van naturalizando estos discursos de odio. Esta violencia es un reflejo de la discriminación hacia la mujer. Los medios deben mirarse a sí mismos.
 
--¿Con qué impresión se va?
 
--Hay dos frases que hemos escuchado en las distintas reuniones que hemos mantenido que me impactaron: las mujeres se sienten solas y tiene miedo. Es una cuestión bastante potente, porque más allá de que hay normas e instituciones, no están funcionando. Los partidos políticos no están apoyando a sus propias militantes y esto se da en las provincias y a nivel nacional. Las mujeres hemos ocupado espacios pero los sentimos propios. Siguen sintiendo que no tienen respaldo y esto le hace daño a la democracia y es un mensaje que va calando en las nuevas generaciones. Hemos conquistado espacios, hemos llegado para quedarnos, pero necesitamos que haya un cambio cultural, que todos tenemos que construir.
 
 
"No son hechos aislados"
  
"Autocensura, hostigamiento, miedo e impunidad": con estas cuatro palabras la delegación resumió su visión de la problemática que encontró en el país. En los tres días que duró la misión técnica, realizada a pedido del Gobierno, mantuvieron diversas audiencia privadas, entre ellas con la vicepresidenta CFK, la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, y dos de las "Ramonas Atrevidas", las dirigentas catamarqueñas del radicalismo, sancionadas por la propia UCR por impugnar a un candidato denunciado por acoso y abuso sexual en esa provincia norteña.
 
El Comité de Expertas advirtió que "la impunidad" que rodea a estos hechos "tiene un enorme impacto en las mujeres y en las instituciones democráticas, en tanto la violencia política no solo agrede a las mujeres, sino que agrede a la democracia y a sus instituciones". Y consideró que, de acuerdo a los testimonios recogidos, los mecanismos institucionales existentes en el país "no se están utilizando por una profunda desconfianza en la independencia y autonomía de los órganos tanto judiciales como partidarios, que deberían responder para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia en el ámbito político".
 
La delegación constató que las manifestaciones de violencia contra las mujeres en la política "no son hechos aislados", que se trata de "una práctica ampliamente tolerada y que esto ocurre en todos los ámbitos de la vida pública, afectando a mujeres que se desempeñan en la función pública, en lo interno de sus partidos políticos, en los sindicatos, en las organizaciones sociales y de derechos humanos, y en los medios de comunicación", dijo Huaita, al encabezar la rueda de prensa.
 
"Los actos de violencia son facilitados y exacerbados por algunos medios de comunicación social y el uso de las redes sociales, a través de mensajes y comentarios sexistas, símbolos, amenazas de violencia, divulgación de gestos e imágenes de naturaleza sexista o sexualmente humillante, principalmente por parte de parlamentarios, líderes políticos, funcionarios o exfuncionarios con poder y representación en los partidos políticos y distintos órganos de gobierno nacional, provincial y local", agregó la experta peruana.
 
 
Principales preocupaciones
  
A lo largo de las reuniones mantenidas con autoridades y representantes del Estado, mujeres víctimas de violencia en el ejercicio de sus derechos políticos, organizaciones de la sociedad civil, academia y medios de comunicación, el Comité de Expertas destacó que pudo recabar información que da cuenta de la existencia de instrumentos para abordar la violencia en el espacio político. Sin embargo, constató que, "a pesar de estos instrumentos, subyace un clima de hostigamiento, ataques e impunidad contra las mujeres que participan en la vida pública y política".
 
También escucharon a una delegación del Comité por la Libertad de Milagro Sala que expuso la persecución judicial que viene sufriendo en Jujuy la militante social encarcelada.
 
Prácticamente la totalidad de las entrevistadas durante las diferentes audiencias que mantuvieron "coincidió en que los hechos de violencia pretendían tener un carácter disciplinador por ejercer sus derechos en espacios que tradicionalmente no les pertenecían", dijo Huaita. Además, agregó, "los diferentes testimonios escuchados apuntaron a que la violencia política contra las mujeres se ha visto exacerbadas por medios de comunicación y a través de redes sociales".
 
Especial preocupación generó también al Comité "la situación de periodistas y comunicadoras sociales, así como defensoras de derechos humanos y sindicalistas, quienes manifestaron un claro retroceso en los espacios logrados y un elevado costo personal que obligó a muchas de ellas a silenciar su voz para protegerse, dándose así un proceso amplio de inhibición y autocensura".
 
 
La visita
  
La misión estuvo conformada además por las expertas Leila Linhares Barsted, de Brasil, Lourdes Montero Justiniano, de Bolivia, y Sylvia Mesa Peluffo, de Costa Rica, y por la Secretaria Técnica del Mesecvi, Luz Patricia Mejía Guerrero. Estuvo junto a la delegación la experta independiente argentina, la abogada rosarina Susana Charotti.
 
En los tres días que duró la visita, la delegación mantuvo reuniones con autoridades de los tres poderes del Estado: representantes de la Cancillería, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y el Ministerio del Interior; con la presidenta de la Cámara Federal de Casación Penal, Ana María Figueroa, con la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, con la titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, Mariela Labozetta, y con el presidente de la Cámara Nacional Electoral, Alberto Dalla Vía; también con diputadas, senadoras y representantes de partidos políticos.
 
Además tuvo encuentro con representantes de la sociedad civil, la academia y mujeres periodistas víctimas de violencia en el ejercicio de su profesión.
 
"Los actos de agresión en línea dirigidos en contra de mujeres con un perfil público o que son activas en los debates digitales son un ataque directo a la visibilidad de las mujeres y su participación plena en la vida pública, lo cual debilita al sistema democrático", destacó Huaita.
 
Al respecto, el Comité consideró "importante" recordar que "esta violencia causa daños y sufrimientos graves a las mujeres, incluyendo daños psicológicos, físicos, sexuales, laborales y perjuicios económicos, quienes a menudo son objeto de victimización ulterior debido a estereotipos de género perjudiciales y negativos, prohibidos por el derecho internacional de los derechos humanos".
 
 
Silenciamiento, ausencia de condena pública e impunidad
 
El Comité llamó la atención sobre el hecho de que existe "un silenciamiento y una ausencia de condena pública de estos hechos que profundiza, facilita, reproduce y magnifica la violencia contra las mujeres en la política".
 
También dijo que en los casos donde convergen diferentes interseccionalidades como las condiciones de mujeres indígenas o las representaciones de las militancias por los derechos de las mujeres lesbianas o trans, "se evidencia que el racismo o el desconocimiento de estos derechos facilitan la falta de esclarecimiento de las denuncias".
 
 
Fragilidad institucional y desconfianza
  
A pesar de la percepción de que existe una legislación robusta de protección de derechos de las mujeres en el país, con leyes que han supuesto importantes avances, "según la información recibida por el Comité se desprende que hacen falta mecanismos para la implementación de dichas leyes, como reglamentos y protocolos de actuación frente a las situaciones de violencia".
 
Por otro lado, a través de los diferentes testimonios recibidos, Huaita dijo que el Comité constató que los mecanismos existentes "no se están utilizando por una profunda desconfianza en la independencia y autonomía de los órganos tanto judiciales como partidarios, que deberían responder para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia en el ámbito político".
 
"La falta de reacción institucional, en especial en materia de acceso a la justicia, verdad y reparación de las víctimas, legitima el círculo de la violencia que se presenta como un síntoma profundamente preocupante de debilitamiento no sólo de la institucionalidad democrática, sino de la democracia como valor fundamental del estado de derecho y de justicia. En este contexto la característica casi común de los casos de violencia contra mujeres en la política es la impunidad", dijo Huatia.
 
 
Recomendaciones
  
A la luz de las observaciones preliminares que punteó Huatia en la conferencia de prensa, el Comité de Expertas, en ejercicio de su mandato y en cumplimiento de las obligaciones y estándares de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belém do Pará" y de la Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Vida Política, solicitó al Estado de Argentina implementar las siguientes recomendaciones iniciales:
 
Al Estado Argentino
 
1. Incluir a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belém do Pará" dentro del boque de constitucionalidad. No tiene rango constitucional todavía.
 
Poder Ejecutivo
 
El Comité destacó la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y de las iniciativas que se están desarrollando para la atención de las violencias contra las mujeres. Pero frente a "la gravedad de los hechos de violencia política y simbólica contra las mujeres políticas y periodistas" consideró necesario "la implementación de medidas urgentes" tendientes a:
 
Establecer un protocolo que coordine la actuación de los órganos competentes para la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres en la vida política, así como para la efectiva resolución de los casos;
Incorporar la violencia contra las mujeres en la vida política en los protocolos de atención e investigación de violencia contra las mujeres;
Desarrollar acciones para la investigación y recopilación de estadísticas sobre las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia contra las mujeres en la vida política, determinando los medios para su divulgación
Adoptar una metodología que permita evaluar el riesgo particular que pueden enfrentar las mujeres de sufrir violencia en la vida política debido a múltiples factores de discriminación como sexo, edad, raza, etnia y posición económica, entre otros, y diseñar las medidas para prevenirlo;
Generar una revisión en colaboración con el órgano electoral, y el órgano contra la discriminación mediante un escrutinio estricto, de todas las normas y prácticas relacionadas con el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, incluyendo los sistemas normativos y prácticas culturales, que puedan tener un impacto discriminatorio y violento contra las mujeres en la política.
Desarrollar campañas de sensibilización sobre las implicaciones de la violencia contra las mujeres en la vida política, como un factor de debilitamiento de la democracia, así como de prevención e información sobre las rutas de atención y denuncia en casos de violencia en el ejercicio de los derechos políticos.
Promover el cumplimiento efectivo de lo estipulado por la Ley 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en materia de violencia contra las mujeres en la vida política.
 
Al Órgano Electoral
 
Establecer un protocolo de actuación de carácter interno que identifique las dependencias responsables, así como las medidas y sanciones aplicables ante los casos de violencia contra las mujeres en la vida política que conozcan;
Fortalecer la capacidad de generar estadísticas sobre violencia contra las mujeres en la vida política en el ámbito electoral que permita diagnosticar el problema y diseñar acciones concretas;
 
Al Órgano Legislativo:
 
Incorporar dentro de su reglamento, tanto del Congreso de Diputados como del Senado, la obligación de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la vida política e incluir acciones disciplinarias entre pares para sancionar los actos de violencia contra las mujeres en el ejercicio de sus funciones.
 
Implementar protocolos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
Actuar de manera inmediata y con la debida diligencia contra actos y discursos violentos en el ejercicio de la actividad parlamentaria que menoscaban la participación política de las mujeres en igualdad de condiciones y sin discriminación.
 
A los Órganos Judiciales y Ministerio Público:
 
Actuar con debida diligencia reforzada frente a casos de violencia contra las mujeres en la vida política para garantizar el efectivo acceso a la justicia a las víctimas, la investigación expedita de los actos de violencia, la sanción y reparación y no repetición.
Garantizar a las mujeres víctimas de violencia en la vida política su derecho a todas las garantías establecidas en la legislación nacional de violencia contra las mujeres.
 
A los Medios de Comunicación:
 
Promover que los medios de comunicación y las redes sociales no violenten los derechos de las mujeres, la imagen de las mujeres que participan en la vida pública y su privacidad, y combatan los contenidos que refuerzan, justifican o toleran la violencia contra las mujeres en la vida política;
Generar políticas internas con los medios de comunicación y las empresas de redes, así como códigos de autorregulación dirigidos a desnaturalizar las agresiones en línea y sensibilizar entorno a sus impactos en las personas y la sociedad. En este sentido, las políticas deberán estar orientadas tanto a quienes habitan hoy el espacio digital, como a niños, niñas y jóvenes que lo harán en el futuro.
Eliminar como parte de una política editorial interna toda expresión que desprestigie a las mujeres con base a estereotipos de género y asegurar el respeto a los derechos políticos de las mujeres y a la reputación de las mujeres que participan en la vida política.
Prohibir toda propaganda en contra de los derechos políticos de las mujeres y toda apología del odio en base al género y/o sexo que constituya incitaciones a la violencia contra las mujeres en la vida política, o cualquier otra acción ilegal similar contra las mujeres o grupo de mujeres que participan en la vida política, por motivos de sexo y/o género.
Promover el uso responsable y respetuoso de la comunicación, a través de las nuevas tecnologías de información y comunicación, en relación a los derechos de las mujeres y su participación política, con particular atención al periodo legal de campaña electoral.
 
Por Mariana Carbajal
 
Fuente: Página 12
 

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18-07-2025 / 12:07
Tech Security, la firma fundada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martin Menem, fue beneficiada con una licitación pública para la seguridad de distintas sedes de la banca estatal. Facturará más de tres millones de dólares. El negociado se suma a los que venía acumulando una sociedad vinculada al clan a través de otro empresario, que ya acumula varios contratos. La casta al palo.
 
La supuesta pelea libertaria contra "la casta" demuestra tener patas cada vez más cortas. Si con el apellido sólo no alcanzaba, los contratos que la familia Menem sigue ampliando con el Estado salen a la luz para demostrar que varios de los principales funcionarios del Gobierno, incluidos los de máxima confianza de Javier Milei, replican las mismas prácticas que dicen combatir.
 
La empresa Tech Security, fundada hace casi 20 años por el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem junto a sus dos hermanos, Fernando Nicolás Menem y Eduardo Adrián, resultó beneficiada con un contrato multimillonario con el Banco Nación. Se trata de la preadjudicación de una licitación pública para brindar el servicio de seguridad en distintas sedes de esa entidad financiera.
 
La suma total que embolsará trepa a los $3.933.026.507,98, poco más de tres millones de dólares. Que se suman a los más de 3 mil millones que desde diciembre de 2023 ya facturó otra empresa vinculada al clan a través de distintos intermediarios, de nombre Global Protection Service (GPS) Group. 
 
El contrato se concretó a través de la Licitación Pública CDS 1251/2025 del Banco Central, con fecha del 4 de julio de este año. Si bien Tech Security ya brindaba el mismo servicio desde 2018, los contratos se renovaban anualmente, mientras que esta vez, ya con Milei en el poder, se hizo por 24 meses, con opción a dos años más.
 
A diferencia de otras renovaciones, además, esta es la primera vez que la empresa gana una licitación por semejante monto con Menem ocupando un cargo relevante en la administración pública, lo que generaría, a priori, un conflicto de intereses, además de llevarse a las patadas con los postulados de la Ley de Ética Pública.
 
Por otro lado, el clan Menem ya venía ganando influencia en el Banco Nación desde hace meses, por ejemplo, en la rama de negocios de Nación Seguros, que llamativamente quedó afuera del listado de empresas públicas que Milei quería privatizar cuando impulsó la primera versión de la Ley Bases. El director de Nación Seguros es Alfonso Torres, cercano a Eduardo "Lule" Menem.
 
La Opinión Popular
 

18-07-2025 / 11:07
Una multitud se movilizó este jueves desde Congreso hasta Plaza de Mayo para defender al Hospital Garrahan y a la salud pública del brutal ajuste implementado por el gobierno de Javier "el Loco" Milei. La Marcha Federal de la Salud, que tuvo su réplica en diversas ciudades de la Argentina, fue convocada por la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) y sumó la presencia de numerosos sindicatos y organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, culturales y de derechos humanos, junto a una gran cantidad de familias y gente de a pie que participó de la manifestación para expresar su apoyo al reclamo.
 
Los trabajadores del Hospital Garrahan protagonizaron este jueves una masiva movilización al Congreso de la Nación, en defensa de la salud pública y en rechazo al ajuste impulsado por el Gobierno nacional. La marcha coronó una jornada de paro total en el hospital pediátrico, uno de los más reconocidos del país y referente en atención infantil.
 
Desde las 16:30, médicos, médicas, personal de enfermería, residentes y técnicos se congregaron en una columna que avanzó por las calles del centro porteño, respaldados por organizaciones gremiales, sociales y una amplia adhesión ciudadana. La consigna fue clara: denunciar el desfinanciamiento, exigir mejoras salariales y visibilizar la crítica situación que atraviesa el sistema sanitario público.
 
El reclamo incluye el rechazo a las reformas en el sistema de residencias, la pérdida de personal por las condiciones laborales y una caída del poder adquisitivo estimada en un 54% en términos reales, según un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria. El documento también advirtió que los insumos médicos y medicamentos sufren una inflación superior al promedio general, agravando el panorama.
 
La protesta fue una nueva expresión de una lucha que los trabajadores del Garrahan vienen sosteniendo desde hace meses, con paros, asambleas y acciones callejeras. La continuidad y la masividad del reclamo reflejan no solo el deterioro de las condiciones laborales, sino también la preocupación por el futuro de una institución que es pilar de la salud infantil en Argentina.
 
En ese marco, los gremios que nuclean a los trabajadores del hospital, entre ellos la Asociación de Profesionales y Técnicos y ATE, rechazaron el aumento salarial propuesto por el Gobierno, al considerar que no cubre las necesidades básicas del personal.
 
La Opinión Popular
 

17-07-2025 / 10:07
Mientras la canasta de crianza supera los 500 mil pesos, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, lanzó un insólito nuevo plan social que busca cambiar el eje de la asistencia: en lugar de alimentos, vouchers para actividades deportivas y culturales.
 
La propuesta, dijo, está pensada para las zonas "más vulnerables del país", aunque su fundamento ideológico no deja lugar a dudas: "El Estado no tiene que cuidar a los niños, los tiene que cuidar la familia".
 
La frase, que dejó caer en una entrevista, resume el espíritu de la medida. Pettovello detalló que los vouchers se entregarán a familias que asistan a "escuelas para padres" y podrán canjearse en parroquias o clubes.
 
Según explicó, el objetivo es fortalecer los vínculos familiares sin intermediación política, como parte de los futuros "Centros de Familia" que comenzarán a funcionar en agosto con una prueba piloto en la ciudad de Concordia.
 
La visión de Pettovello sobre la infancia es coherente con el discurso del oficialismo, que busca reducir la presencia del Estado en las políticas de cuidado.
 
Pero los números no acompañan el repliegue: según el INDEC, criar a un hijo en Argentina cuesta entre $411.000 y $517.000 por mes, según la edad del menor. Se trata de una canasta de crianza que incluye tanto bienes y servicios como el costo del tiempo de cuidado. La cifra más alta corresponde a niños y niñas entre 6 y 12 años.
 
Los datos son contundentes: solo en junio, el costo de criar a un bebé menor de un año fue de $411.201, mientras que el de un niño en edad escolar trepó a $517.364. Frente a estos montos, el lanzamiento de vouchers recreativos aparece más como un gesto simbólico que como una respuesta estructural a la pobreza infantil.
 
El anuncio también llega en un contexto de fuertes cuestionamientos a la gestión de Capital Humano por la retención de alimentos en depósitos oficiales. Lejos de reforzar el esquema de comedores comunitarios, Pettovello insiste en una política de asistencia "directa", en línea con el ideario libertario. "La familia tiene una función que no se puede delegar en el Estado", aseguró.
 
Mientras se ajustan presupuestos en salud, educación y cultura, la ministra apuesta a que un taller de cerámica o una clase de fútbol puedan reemplazar a un plato de comida caliente. En esa lógica, el Estado deja de garantizar derechos y pasa a sugerir actividades.
 

17-07-2025 / 10:07
El gobierno de Javier "el Loco" Milei intenta resistir hasta octubre en medio de tensiones económicas y políticas crecientes. Los frentes de conflicto se multiplican: ¿se le hizo demasiado largo el calendario electoral al libertario? En el medio asoman las peleas con los gobernadores.
 
A pesar de que el receso invernal del Congreso le abrió una ventana de tiempo para negociar, el gobierno de Milei enfrenta una tormenta en Diputados que podría llevarlo a una dura derrota, como la que sufrió la semana pasada en el Senado. La oposición prepara una sesión para aprobar el financiamiento universitario y la declaración de emergencia en pediatría a raíz del conflicto del Hospital Garrahan.
 
También se sumarían los proyectos de todos los gobernadores para distribuir de forma equitativa los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del impuesto a los combustibles, que aprobó la Cámara alta y ayer ingresaron a Diputados, donde el oficialismo buscará obstaculizar su tratamiento.
 
Más complicado aún para la Casa Rosada será si la convocatoria incluye el rechazo al veto de Milei a la emergencia en Bahía Blanca (que ya revocó el Senado), donde sus propios aliados del PRO que votaron la emergencia deberán discernir si sostienen el veto presidencial para bancar la alianza electoral bonaerense detrás de los libertarios o si ratificaran la ayuda económica para la ciudad devastada por la inundación.
 
Los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica vienen trabajando en la convocatoria a una sesión para la última semana de julio (podría ser el 30) o la primera de Agosto (el 6), que tienen como ejes darle media sanción a los proyectos de financiamiento para las universidades nacionales y la declaración de emergencia en el hospital pediátrico Garrahan.
 
Además, ayer ingresaron a la Cámara de Diputados los proyectos con media sanción del Senado impulsados por los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para establecer por ley un esquema de coparticipación de los ATN y de una porción del impuesto a los combustibles destinados para obras viales que el Gobierno central recauda, no distribuye o lo hace a cuentagotas y de manera discrecional.
 
Ahora, el titular del cuerpo legislativo, el libertario riojano Martín Menem, deberá definir a que comisiones será girado cada uno de ellos. No se descarta que ambos vayan a la comisión de Presupuesto, donde su presidente José Luis Espert comanda la primera barricada oficialista para frenar cualquier iniciativa que incomode al Gobierno.
 
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16-07-2025 / 09:07
Javier "el Loco" Milei pretendía imponer límites a las huelgas mediante un decreto, esquivando al Congreso e ignorando las garantías constitucionales. La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo le puso un freno al decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por el prescindente Milei que pretendía recortar el derecho de huelga en Argentina.
 
Con una sentencia definitiva, el tribunal suspendió la aplicación del DNU 340/2025, una medida que ampliaba de forma arbitraria la cantidad de actividades consideradas "esenciales" y obligaba a mantener entre un 50 y un 75 por ciento de la actividad aun en situaciones de conflicto gremial.
 
El fallo fue firmado por los jueces Silvia Pinto Varela y Héctor Guisado, quienes ratificaron la resolución de la jueza de primera instancia Moira Fullana, que ya había dado lugar a un amparo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT). El tercer integrante de la sala, Manuel Diez Selva, no participó por estar de licencia.
 
El intento del Gobierno de Milei de cercenar el derecho de huelga, un derecho constitucional y fundamental de los trabajadores, fue declarado inválido por la Justicia por no cumplir los requisitos básicos para dictar un decreto de necesidad y urgencia.
 
En su voto, Silvia Pinto Varela dejó en claro que no se dan las "circunstancias excepcionales" que exige la Constitución Nacional para utilizar esta herramienta.
 
"Es muy claro que no se dan los extremos excepcionales a los que se refiere reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para justificar el dictado de un DNU, esto es, la imposibilidad de que se reúna el Congreso de la Nación", sostuvo.
 
El DNU 340/2025 había sido firmado por Milei el 21 de mayo. En su artículo 3 ordenaba, por decreto, que en los servicios esenciales no se pudiera negociar una cobertura menor al 75 por ciento, y en las actividades de "importancia trascendental", no se pudiera bajar del 50 por ciento.
 
Es decir, el Ejecutivo pretendía imponer límites a las huelgas mediante un decreto, esquivando al Congreso e ignorando las garantías constitucionales. La maniobra no es nueva: estos mismos cambios ya estaban en el capítulo 4 del DNU 70/2023, otro megadecreto de Milei, que también fue suspendido por la Justicia y que aún espera un fallo definitivo de la Corte Suprema.
 
La CGT había solicitado la acción de amparo argumentando que el decreto viola el principio de división de poderes y ataca la libertad sindical. La Justicia le dio la razón. El fallo representa un freno a un gobierno autoritario y anti democrático que viene avanzando sin consenso ni diálogo en medidas que afectan directamente los derechos laborales y sociales de los argentinos.
 
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