El atentado contra el supermercado del suegro de Lionel Messi deja mucho para pensar. Unas horas después del discurso presidencial, dos hombres se bajaron de una moto y dispararon 14 veces contra las cortinas del comercio, dejaron una nota con amenazas al capitán de la selección nacional y huyeron.
 
El suegro de Messi no participa en política ni en la interna de ningún equipo de fútbol. El objetivo fue realizar un atentado que tuviera tremenda repercusión. Y eligieron hacerlo unas horas después del discurso de Alberto Fernández, en el que se refirió, entre otros puntos, a la inseguridad en esa ciudad.
 
¿Fue Messi el objetivo? Aunque la amenaza mencionó a Messi, no está claro que el astro futbolístico ni su suegro fueran los objetivos. Rosario es el escenario de una guerra de narcos, es una ciudad azotada por la violencia, con un record de asesinatos muy por encima del resto del país. Pero además, esa realidad es el eje de un debate donde todos se echan la culpa.
 
Lo real es que Rosario fue gobernado desde 2007 por la oposición socialista, que a nivel nacional, por lo general vota junto a la oposición derechista de Juntos por el Cambio. Pero en 2019 asumió la gobernación el peronista Omar Perotti, que fue en las listas del Frente de Todos.
 
Tanto el macrismo como el socialismo afirmaron, sin evidencias ni pruebas, que cuando fueron gobierno nacional o provincial habrían logrado controlar el fenómeno narco. Ahora le cargan la romana a Perotti y a Fernández.
 
En su discurso, el Presidente había acusado a la Corte y a la oposición de congelar a la Magistratura que debería designar a los jueces y fiscales faltantes en Santa Fe. Son los tribunales que faltan para agilizar la lucha contra esta lacra. Horas después se produjo el atentado que repercutió en todo el planeta.
 
La responsabilidad del macrismo y la Corte en la parálisis de la Magistratura es indiscutible. Y también lo es a esta altura, que la injerencia del narco en Rosario ha tomado una envergadura que necesariamente compromete a sectores de la política, de las fuerzas de seguridad y hasta a funcionarios judiciales. El ala dura del macrismo habla de enviar al ejército, pero ya no se trata solamente de un tema militar, sino económico, geopolítico y social.

'/> Después del informe de Alberto en el Congreso se produjo un apagón y un atentado que buscó efecto usando el nombre de Messi / La Opinión Popular
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Nacionales - 04-03-2023 / 08:03
¿CASUALIDADES?

Después del informe de Alberto en el Congreso se produjo un apagón y un atentado que buscó efecto usando el nombre de Messi

Después del informe de Alberto en el Congreso se produjo un apagón y un atentado que buscó efecto usando el nombre de Messi
En menos de 24 horas después del informe de gestión del presidente Alberto Fernández en el Congreso, se produjeron un apagón en medio país y un atentado que buscó repercusión usando el nombre del capitán de la Selección Nacional, Lionel Messi.
El inmenso apagón originado en la propiedad de un ex funcionario macrista, Ricardo Elliot, y un atentado en Rosario cuya intención más que evidente fue provocar el escándalo y la desestabilización fueron el encuadre fantásmico --el destino, la casualidad o una mano negra-- al informe presidencial de Alberto Fernández ante el Congreso de la Nación.
 
"En medio del corte de luz masivo, Alberto Fernández tuiteó su discurso con una insólita frase: 'Argentina es un gran país'" fue el titular de Clarín en la tarde de ese día. Argentina no es un gran país, según este titular que buscó refutar el discurso de presidencial, aprovechándose de ese contexto misteriosamente negativo que se produjo ese día.
 
El atentado contra el supermercado del suegro de Lionel Messi deja mucho para pensar. Unas horas después del discurso presidencial, dos hombres se bajaron de una moto y dispararon 14 veces contra las cortinas del comercio, dejaron una nota con amenazas al capitán de la selección nacional y huyeron.
 
El suegro de Messi no participa en política ni en la interna de ningún equipo de fútbol. El objetivo fue realizar un atentado que tuviera tremenda repercusión. Y eligieron hacerlo unas horas después del discurso de Alberto Fernández, en el que se refirió, entre otros puntos, a la inseguridad en esa ciudad.
 
¿Fue Messi el objetivo? Aunque la amenaza mencionó a Messi, no está claro que el astro futbolístico ni su suegro fueran los objetivos. Rosario es el escenario de una guerra de narcos, es una ciudad azotada por la violencia, con un record de asesinatos muy por encima del resto del país. Pero además, esa realidad es el eje de un debate donde todos se echan la culpa.
 
Lo real es que Rosario fue gobernado desde 2007 por la oposición socialista, que a nivel nacional, por lo general vota junto a la oposición derechista de Juntos por el Cambio. Pero en 2019 asumió la gobernación el peronista Omar Perotti, que fue en las listas del Frente de Todos.
 
Tanto el macrismo como el socialismo afirmaron, sin evidencias ni pruebas, que cuando fueron gobierno nacional o provincial habrían logrado controlar el fenómeno narco. Ahora le cargan la romana a Perotti y a Fernández.
 
En su discurso, el Presidente había acusado a la Corte y a la oposición de congelar a la Magistratura que debería designar a los jueces y fiscales faltantes en Santa Fe. Son los tribunales que faltan para agilizar la lucha contra esta lacra. Horas después se produjo el atentado que repercutió en todo el planeta.
 
La responsabilidad del macrismo y la Corte en la parálisis de la Magistratura es indiscutible. Y también lo es a esta altura, que la injerencia del narco en Rosario ha tomado una envergadura que necesariamente compromete a sectores de la política, de las fuerzas de seguridad y hasta a funcionarios judiciales. El ala dura del macrismo habla de enviar al ejército, pero ya no se trata solamente de un tema militar, sino económico, geopolítico y social.

 
El Ejército y las drogas
 
El envío por sí solo de más gendarmes o tropas del ejército sin un enfoque más amplio, puede conducir al fracaso que ocurrió donde se han aplicado esos métodos, como en México.
 
La semana pasada el ministro del gobierno derechista del PAN de principios del milenio, encargado de combatir a los narcos mexicanos, Genaro García Luna, fue condenado en los Estados Unidos por introducir a ese país 53 toneladas de cocaína del cartel de Sinaloa.
 
El año pasado fue condenado el jefe de la Policía Federal de México, Iván Reyes Arzate por el mismo delito. Cuatro generales y un teniente coronel fueron procesados por dar protección a un alto jefe narco que después cayó en desgracia.
 
En Santa Fe, Argentina, hay varios ex jefes de la división antidrogas detenidos por colaborar con las bandas. El ex jefe de la policía provincial, Hugo Tognoli, fue procesado por el mismo delito. En un problema tan complejo y tan grave es suicida tratar de sacarle rédito político con acusaciones al bulto o con soluciones milagrosas.
 
No se puede combatir una mafia con otra mafia como propone Patricia Bullrich. En esa fórmula las fuerzas de seguridad o militares se exponen a la corrupción y aumentan las víctimas jóvenes y pobres entre la población civil, como sucedió en el sur con los crímenes de Rafael Nahuel y Santiago Maldonado.
 
Es un país de demasiadas "casualidades", como que una organización utraderechista, relacionada con el grupito de lúmpenes que intentó asesinar a Cristina Kirchner, haya sido financiada por empresas de la familia de Luis Caputo, amigo de Mauricio Macri; o donde la casualidad hizo que espías aleccionados por el macrismo hayan decidido espiar por cuenta propia a enemigos y críticos de Macri; o donde la casualidad hizo que la gran mayoría de las causas contra Cristina Kirchner cayeran en el juzgado del fallecido Claudio Bonadio y su compadre Carlos Stornelli.
 
 
El papel del incendio
 
En un país de tantas casualidades sería conspiranoico suponer que un incendio en campos de un ex funcionario macrista destruyera un cable de alta tensión que sacaría de servicio a la central atómica de Atucha para dejar sin luz a medio país pocos minutos después del discurso presidencial. Por "casualidad", el incendio se inició en sitios estratégicos muy puntuales debajo de la línea de alta tensión, en campos del macrista Ricardo Elliot, ex funcionario en Pilar.
 
En la información de los medios corporativos, el discurso presidencial fue rápidamente sobrepasado por las amenazas a Messi y por el apagón. Esta casualidad alcanzó para contradecir al discurso presidencial cuando dijo que "la Argentina es un gran país".
 
Cuando Alberto Fernández lanzó su crítica al funcionamiento de la Corte y la realización del lawfare por el macrismo, la oposición macrista comenzó a rechiflar y a gritar en forma desaforada. Pareció una escena arreglada incluso con los dos únicos miembros de la Corte que asistieron y que son los dos que fueron designados por Macri, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.
 
 
La complicidad entre la oposición y la Corte
 
La intención fue mostrar a la oposición defendiendo a capa y espada a los inmaculados jueces de la Corte del ataque populista patotero. Pero el griterío, las chiflatinas y las actitudes burdas de los legisladores de la oposición los mostraron a ellos como patota y dieron vuelta el sentido de la escena. En vez de concitar indignación confirmaron la acusación que había formulado el Presidente de complicidad entre unos y otros.
 
La persecución judicial a Cristina Kirchner estuvo presente en el discurso presidencial que se emitió por cadena nacional. La credibilidad o expectativa que tuvo de punto de partida el complot judicial se esfuma con rapidez después de una condena sin pruebas y con tantas irregularidades.
 
Esa condena fue el punto de inflexión. Un síntoma fue la inmediata denuncia de Cristina Kirchner contra su proscripción. Se le sumó el discurso presidencial. La reunión que mantuvo la vicepresidenta el jueves con las integrantes del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres sugiere el comienzo de una campaña internacional.
 
La condena a seis años con inhabilitación para ocupar cargos públicos fue el disparador de artículos periodísticos en medios internacionales que comenzaron a tomar el caso de Cristina Kirchner como paradigma del lawfare o guerra judicial.
 
Los jueces, fiscales y la Corte de Argentina empiezan a configurar un ejemplo negativo en el mundo. El 9 de marzo se conocerán los fundamentos de la condena y ya se está trabajando en la convocatoria a un acto popular para el 11. Era inevitable que el lawfare y la manipulación de la Justicia concluyeran por resquebrajar al Poder Judicial.
 
Por Luis Bruschtein
 
Fuente: Página 12
 

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22-03-2023 / 10:03
El operador judicial macrista Fabián Rodríguez Simón, prófugo desde hace casi dos años, sufrió un nuevo revés en la patria que eligió para escabullirse de la justicia argentina. La Suprema Corte de Uruguay rechazó por "inadmisible" un recurso de casación de la defensa del huidizo hombre de confianza de Mauricio Macri contra los dos fallos que hicieron trizas su relato sobre una supuesta "persecución política", y rechazaron su pretensión de convertirse en "refugiado".
 
El nuevo revés de la defensa de "Pepín", que busca agotar todas las instancias administrativas y judiciales -aún las no previstas para ese tipo de casos- para ganar tiempo, implica la reactivación de la extradición pedida por la jueza federal María Servini, quien ordenó su detención en 2021 para indagarlo por el hostigamiento y la persecución a los dueños del Grupo Indalo.
 
La decisión de la Corte uruguaya data del jueves pasado aunque se conoció ayer, el mismo día en que Rodríguez Simón estaba convocado a declarar como testigo ante la Comisión de Juicio Político de Diputados, a la que no se presentó bajo el pretexto de estar tramitando su solicitud de refugio, que ya no podrá volverá a invocar.
 
El ex asesor de Macri permanece en suelo uruguayo desde fines de 2020. Servini lo declaró en rebeldía el 19 de mayo del año siguiente, luego de que Rodríguez Simón anunciara su nuevo destino y su decisión de no presentarse a la indagatoria en la causa que investiga "la presunta existencia de actos llevados a cabo por funcionarios públicos, desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional o a instancias de aquellos, que mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo habrían importado casos de corrupción", según surge de la imputación.
 
Servini fundamentó la rebeldía en que "Pepín" dio "sobradas muestras públicas de su intención de sustraerse de la Justicia, lo cual fue ratificado por su letrado defensor" y definió la estrategia de pedir refugio político en Uruguay como una maniobra dilatoria.
 
El primer hito que registra la resolución de la Corte uruguaya data del 25 de mayo de 2021, cuando la justicia oriental recibió el exhorto de la jueza argentina solicitando la inmediata detención y extradición de "Pepín", quien al día siguiente constituyó domicilio en Uruguay y comunicó que había iniciado el trámite ante la Comisión de Refugiados (CORE) con el objetivo de ser considerado un "refugiado político".
 
Con esa maniobra logró suspender el proceso de extradición, aunque a cambio se le ordenó entregar los pasaportes en su poder, con lo cual se vería impedido de esconderse -al menos legalmente- en otro país, y se dispuso el "cierre de fronteras" para quien ya tenía emitida un alerta roja de Interpol.
 
El 3 de agosto de aquel año, después de escuchar a Rodríguez Simón, la CORE concluyó que el temor de ser un "perseguido político" no tenía fundamentos y que no cumplía con los requerimientos para ser reconocido como refugiado pues en la Argentina cuenta con todas las garantías del debido proceso.
 

22-03-2023 / 10:03
"No fue solamente la economía sino lo que pudimos reconstruir en materia de derechos humanos. No nos van a perdonar nunca". Está allí la razón de la persecución en los tribunales para Cristina Fernández de Kirchner, la razón de la condena y la proscripción que puede dejarla afuera de la carrera electoral. Y así lo hizo saber la vicepresidenta frente a un auditorio compuesto por expresidentes de la región y juristas que integran el Grupo de Puebla y vienen hace tiempo denunciando que el lawfare es el mecanismo que se usa desde los estrados judiciales para condicionar los procesos políticos progresistas.
 
No fue un acto altisonante pero el mensaje fue concreto: ya no es el partido militar el que le respira en la nuca a la democracia, sino el partido judicial. Y ella lo sufre en carne propia. "Lo que el partido militar fue a los gobiernos populares del siglo XX, el lawfare lo es a los gobiernos nacionales, populares y democráticos. Exactamente lo mismo", dijo CFK mientras la aplaudían dirigentes de la región, integrantes del Frente de Todos y miembros de organismos de derechos humanos que se congregaron en el III Foro de Derechos Humanos, pero sobre todo para brindarle su apoyo después de la condena del Tribunal Oral Federal 2 en causa Vialidad. "No nos persiguen porque somos populistas. Nos persiguen porque igualamos sociedades, por la justicia social y por el derecho de los trabajadores a participar en el producto bruto de lo que producen".
 
Rodeada de expresidentes que acompañaron sus mandatos como Evo Morales (Bolivia), José Luis Rodríguez Zapatero (España), Rafael Correa (Ecuador), Ernesto Samper (Colombia) o José "Pepe" Mujica (Uruguay), CFK repasó cuáles fueron sus políticas que terminaron siendo combatidas desde los tribunales. En dos meses, de hecho, se cumplirán veinte años desde que su compañero, Néstor Kirchner, llegó a la Casa Rosada.
 
"Se inició en 2003 la construcción de una nueva Argentina. Se empezó una Argentina diferente. Ese hombre junto con Lula, decidieron pagarle al FMI, para que nunca más pudiera dirigir la economía en la Argentina", remarcó CFK. "Fue la década virtuosa. Fue el momento donde más se redujo la desigualdad económica y social en la región, esta es la clave. No nos persiguen porque somos populistas, nos persiguen porque igualamos sociedades, por la justicia social, el derecho de los trabajadores a participar en el producto bruto de lo que producen", agregó.
 
Desde entonces, la apuesta tuvo que ver con reconstruir el Estado democrático constitucional, dijo CFK: no solo lo que representaba la Casa Rosada, sino lo que representaba el Poder Legislativo. En el Congreso, recordó, se compraban leyes y puso como ejemplo la denuncia de la Banelco para aprobar la flexibilización laboral de Fernando de la Rúa. "También le tocó a él -en referencia a Kirchner-, pese al 22 por ciento de los votos, reconstruir un Poder Judicial que había eliminado la mayoría automática y que había amenazado, no al gobierno sino a los argentinos con la dolarización de la economía".
 

21-03-2023 / 10:03
En medio de la crisis energética por la masividad de cortes de luz que afectan al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Gobierno anunció la intervención de la empresa Edesur durante 180 días, prestadora del suministro. Quedará a cargo Jorge Ferraresi como interventor. Los reclamos de familias, que incluso llevaron semanas sin servicio, y el aumento del descontento social motivaron el accionar de la Secretaría de Energía, que depende del Ministerio de Economía.
 
En conferencia de prensa, el ministro Sergio Massa, afirmó: "Hemos vivido situaciones que nos golpearon y dolieron, comercios tirando mercaderías, y hogares sin luz ni agua. Fueron las imágenes que marcaron la agenda de los últimos 15 días. En ese sentido, la inminente decisión de Enel de poner en venta la compañía Edesur aparece como una situación que genera incertidumbre sobre la prestación del servicio". El funcionario también informó que la empresa deberá devolver el dinero de las facturas a los usuarios que sufrieron cortes.
 
Por otra parte, el tigrense explicó: "Hemos tomado la decisión de ejecutar los $ 2.700 millones de sentencia, que implican un mecanismo de devolución por parte de la empresa a todos los usuarios del servicio de las multas que, de alguna manera, el Estado le aplicara y que tienen como objeto central la devolución del servicio no prestado por parte de la empresa a los usuarios".
 
Massa realizó el anuncio junto a la secretaria de Energía, Flavia Royon; el secretario Legal y Administrativo, Ricardo Casal, y el interventor del ENRE, Walter Martello, luego de los múltiples cortes de luz de los últimos días. El ENRE publicará una resolución este martes para hacer efectiva la resolución.
 
El último jueves, el Gobierno denunció penalmente a la compañía Edesur por "malversación de fondos, fraude en perjuicio de la administración pública y abandono de personas". En conferencia de prensa, la portavoz, Gabriela Cerruti, precisó que son un total de 75 mil los usuarios que padecieron cortes de luz extendidos en el tiempo y acusó a Edesur de ser la única empresa de servicios con esa cifra de cortes.
 
Días atrás, Martello se refirió a la posibilidad de que Edesur pierda la concesión, o al menos una parte, en caso de que así lo debata y apruebe el Congreso. Además, deslizó que existe la posibilidad de que el Estado tenga una futura participación en el servicio del suministro de luz. El funcionario profundizó: "Hay experiencias que se pueden tener en cuenta, como la de Brasil con Eletrobrás, donde el Estado tiene participación con el 45% de las acciones y eso le permite una posición más fuerte en el directorio a la hora de tomar criterios de inversión, de asignaciones prioritarias y un mejor control".
 
Esta intervención llega luego de la enorme crisis social que significaron los cortes masivos de luz en Buenos Aires. Esos cortes, que correspondieron mayoritariamente a Edesur, llegaron a afectar diariamente a más de 100.000 o 150.000 hogares, desnudando la crisis estructural de un sistema energético que no invierte en obras ni mantenimiento, lo que no alcanza a cubrir la demanda de energía, en el marco de la ola de calor que afectó al país.
 
La Opinión Popular
 

20-03-2023 / 11:03
El 6,6 por ciento de inflación en el mes de febrero que se dio a conocer esta semana y los primeros cálculos para marzo, que muestran nuevamente una tendencia al alza, impactan en la línea de flotación de la candidatura presidencial de Sergio Massa, esgrimida con más entusiasmo por otros socios del Frente de Todos que por el propio ministro de Economía. La falta de alternativas le da sobrevida a un proyecto que, desde el primer día, se sabía improbable.
 
Aunque quiera hacerse el distraído con la responsabilidad que le toca, el presidente Alberto Fernández también acusa el deterioro de la economía doméstica de la mayoría de los argentinos. Si no hay un cambio rotundo en la tendencia, dejará en diciembre un país con mejor PBI y más empleos que cuando asumió pero con la misma cantidad de pobres. Un resultado mixto que otros podrían vender como un puntito inteligente en años difíciles, lujo que el peronismo tiene vedado.
 
El sueño de una nueva postulación presidencial de Cristina Fernández de Kirchner, a esta altura, lo sostienen solamente aquellos cuyo destino electoral está atado a la atracción gravitatoria que ejerce la vicepresidenta, incluso después de haber sido sometida a ocho años de desgaste mediático, político y judicial. Otros se probaron o se prueban el traje, sin mover el amperímetro. Las especulaciones transcurren a años luz de la calle, candidatos sin votos que apuestan a sacarse la grande.
 
El déficit electoral del oficialismo es consecuencia de un vacío político y no al revés. Hoy nadie, en el Frente de Todos, puede explicar, por la positiva, por qué debería la sociedad renovar el voto de confianza que dio en 2019 y fue defraudado por una dirigencia que no estuvo a la altura de las circunstancias. Aunque todos se animan a pegarle al gobierno (no faltan motivos válidos), curiosamente falta alguien que plantee qué haría diferente y cómo haría para no chocar con los mismos obstáculos.
 
La expresión de deseos sobre que "CFK es un programa en sí mismo", ensayada hace una semana en Avellaneda como un atajo que permita saltear ese trámite, se topa rápidamente con sus propias limitaciones. Por un lado, remite a otra campaña en la que se decía que el candidato era el proyecto. Eso no terminó bien. Por el otro, a esta altura, no termina de quedar claro cuál es, hoy, ese programa: ¿el de Massa, al que la vicepresidenta apoya y promueve en silencio? Parece insuficiente.
 
Sin una propuesta explícita que interpele a la sociedad, el peronismo le entregará, por segunda vez en ocho años, el poder a un espacio político gorila cuya principal identidad reside en la voluntad es verlo reducido a la mínima expresión, amaestrado o directamente inexistente. Prácticamente una invitación al suicidio político, un sacrificio en el altar de sus perseguidores, donde el papel de chivo expiatorio recaerá, como siempre, en las clases medias y populares, ajustando con aguante.
 

19-03-2023 / 10:03
En política, se suele explicar, dos más dos casi nunca (o nunca) es igual a cuatro. El sabio proverbio retoma vigencia tras conocerse el índice de precios al consumidor de febrero. El 6,6 por ciento es más que el seis como seis por ciento en el Palacio, en el Ágora, en el mundillo político.
 
Para la curtida gente común el porcentaje está por debajo de la inflación real, a la que sufren día tras día. La miden con el ojímetro y la experiencia. En una de esas aciertan más que los consultores económicos y que varios funcionarios.
 
Las subas que padecen las personas de a pie refieren en particular a sus consumos ineludibles, empezando por los alimentos y artículos del hogar que superan a la media. "¿Qué culpa tiene el tomate?" cantaban los republicanos españoles. Ninguna, concluyen los dones y doñas nadies, Juan y Juana Pueblo: responsabilizan a las autoridades o a grandes empresas. Las autoridades, en primer lugar.
 
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) recobró credibilidad y prestigio, enhorabuena. Sus informes son creíbles. Para acrecentar su prestigio el ente comandado por Marco Lavagna difunde los índices de precios en un día prefijado, a las cuatro de la tarde, la hora señalada.
 
El martes pasado hasta los gurúes de derecha más chantas y valorados predecían unas décimas menos. El equipo del ministro de Economía Sergio Massa vaticinaba también entre 5,8 por ciento y 6,2 por ciento guarismos abrumadores de por sí. El INDEC no filtró data, por lo visto. El índice sacudió al oficialismo que no insinuó respuesta novedosa hasta el cierre de esta nota.
 
En la misma semana el Fondo Monetario Internacional (FMI) metió pressing al Gobierno mientras aliviaba una de las metas del acuerdo: el nivel de reservas. Quedó incumplible como tantas otras. Ante un pésimo trance nacional y local el Fondo cuestionó a la moratoria previsional, la rotuló como inesperada. Mocionó que se atenúe el respectivo impacto fiscal.
 
Voces oficiales en off (el esperanto de la etapa) divulgaron que un posible rebusque sería limitar la cantidad de beneficiarios escudriñando niveles de pudiencia o algo así. Cuánto gastan en tarjetas, si compraron divisas, si son dueños de su hogar, etcéteras. Y reducir el número de beneficiarios potenciales.
 
Sería muy complicado poner en práctica la reforma, interpreta este cronista. Y lo que es más grave, se desnaturalizaría el espíritu de la moratoria. El Gobierno no debe ceder a las presiones, serruchando el piso de protección para los jubilados. Podrá ser peliagudo plantarse, vaya uno a saber... pero el suicidio sería peor.
 

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