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Nacionales - 08-02-2023 / 09:02
LLEGÓ LA CONDENA QUE SE ESPERABA

Crimen de Lucio Dupuy: la mamá del niño y su pareja son culpables de homicidio agravado

Crimen de Lucio Dupuy: la mamá del niño y su pareja son culpables de homicidio agravado
El juicio por el crimen de Lucio Dupuy, producido el 26 de noviembre de 2021 cuando el niño tenía 5 años, llegó a su fin. Los jueces de Tribunal de Audiencias de Santa Rosa, La Pampa, declararon culpables a la madre, Magdalena Espósito Valenti, y a la novia de ella, Abigaíl Páez, de los delitos de homicidio agravado. Para los jueces Alejandra Ongaro, Andrés Olié y Daniel Sáez no hay dudas: ambas mujeres fueron las asesinas.
El juicio por el crimen de Lucio Dupuy, producido el 26 de noviembre de 2021 cuando el niño tenía 5 años, llegó a su fin. Los jueces de Tribunal de Audiencias de Santa Rosa, La Pampa, declararon culpables a la madre, Magdalena Espósito Valenti, y a la novia de ella, Abigaíl Páez, de los delitos de homicidio agravado. Para los jueces Alejandra Ongaro, Andrés Olié y Daniel Sáez no hay dudas: ambas mujeres fueron las asesinas.
 
Las condenas a Espósito Valenti y Páez por el asesinato de Lucio Dupuy, aun cuando no se conoce todavía el monto de las penas, llegaron para reparar, aunque sea en parte, el dolor de la familia del niño y la conmoción de una sociedad desgarrada por un acto de crueldad inaudito.
 
Las figuras penales que utilizó el tribunal para respaldar el veredicto permiten anticipar que, el próximo 13 de febrero, cuando los magistrados den a conocer el texto completo de la sentencia con todas sus consideraciones, les caería a las dos mujeres la condena a reclusión perpetua. Las declaraciones públicas de quienes más interesados estaban en el resultado de este juicio, especialmente los abuelos y el padre del niño, el abogado querellante y los fiscales se mostraron conformes por la resolución del tribunal.
 
La trascendencia que le dieron al caso los medios de comunicación más grandes del país hizo que coincidiera su cobertura periodística con la que viene recibiendo otro juicio resonante: el que investiga el asesinato de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell por acción de un violento grupo de jóvenes.
 
La superposición temporal de ambos procesos judiciales, motivados por homicidios cometidos con derroche escalofriante de violencia -a pesar de las diferencias sustantivas entre ambos casos- generó una suerte de clima mediático propiciatorio para que se manifestaran voces desaforadas que corrieron el debate de los temas que más deberían interesar a la sociedad: la violencia doméstica, el sistema penal y carcelario, la presencia o ausencia del Estado a la hora de proteger a la niñez, las disputas paternas por la tenencia de menores, etcétera.
 
En muchos medios porteños, especialmente en la televisión, predominó el tinte sensacionalista, admonitorio y una fuerte carga de prejuicios. La orientación sexual de las entonces acusadas y hoy condenadas, o su presunta pertenencia al movimiento feminista ocupó un lugar central y, con ello, se desperdició la oportunidad de hablar en profundidad de los sucesos determinantes que rodearon al caso. El oportunista uso político de ambos crímenes fue otro condimento sobresaliente por estos días.
 
El Poder Judicial actuó con ejecutividad y resolvió el caso sin los tiempos morosos que se observaban antes de los debates orales. En el desarrollo de las audiencias supo preservar la intimidad en un proceso que sin dudas lo requería. Pero también es cierto que se filtraron elementos de prueba que alimentaron el morbo social y, asimismo, hubo accesos desmedidos a información reservada del caso en el sistema de salud pública, un tema que deberá merecer mucha atención en las autoridades del ministerio.
 
A pesar de la condena aún quedan varias asignaturas pendientes. La actuación de la jueza de Familia y el Menor de General Pico será evaluada, como todo lo indica, en un juicio político; pero también deben profundizarse las investigaciones sobre cómo fallaron en la detección precoz de la extrema violencia que sufrió Lucio el sistema de salud y el educativo, y, también, la policía provincial.
 
La Opinión Popular

 
OPINIÓN
 
La violencia tiene edad y género
 
El caso del niño pampeano Lucio Dupuy, asesinado de manera brutal, puso más de relevancia la violencia que sufren las infancias. También disparó discursos de odio contra el movimiento feminista.
 
Por Irina Santesteban
 
El crimen de Lucio nos horrorizó como sociedad, por haber sido perpetrado por su progenitora y su pareja. Su muerte provocó reacciones que en muchos casos clamaban venganza más que un legítimo reclamo de justicia. Las autoras fueron condenadas por el Poder Judicial, en un plazo razonable, y el delito que se les atribuyó tiene la máxima pena que reconoce nuestro Código Penal: prisión perpetua.
 
 
Violencia infantil
 
Las estadísticas muestran alarmantes números de violencia contra las niñeces, que sufren maltrato en el ámbito familiar, hasta llegar a la muerte, en ocasiones relacionados con femicidios, los crímenes de odio hacia las mujeres y diversidades. Se les llama "homicidios vinculados" por ser cometidos junto al asesinato de sus madres o para causarles dolor a éstas. En la última década 120 niños y niñas fueron víctimas de estos homicidios.
 
Según la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el 30% de las denuncias son casos de violencia familiar cometida contra niños, niñas y adolescentes; en el 80% de los casos los victimarios son los progenitores, de los cuales el 75% son varones.
 
 
Tiene género y edad
 
El diario La Nación publicó el 27 de enero pasado, una editorial titulada "La Violencia no tiene Género", en abierta negativa de los sectores antiderechos a reconocer la violencia machista. Lucio fue asesinado por dos mujeres, que fueron juzgadas y condenadas, pero en la mayoría de los casos de niños y niñas que sufren maltrato, abuso y violencias, incluso la muerte, sus homicidas son varones del entorno familiar.
 
El Tribunal de Audiencias de Santa Rosa condenó a Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez por "homicidio calificado", agravado por el vínculo, ensañamiento y alevosía en el primer caso; y para Páez, ensañamiento y alevosía y en concurso con abuso sexual, también agravado. Correctamente, los jueces rechazaron el "odio de género" que había solicitado la familia de Lucio.
 
 
Contra el feminismo
 
"¿Dónde están las feministas?" replicaban en las redes sociales miles de personas, cuando ha sido el movimiento de mujeres y disidencias el que ha puesto en la calle la problemática de la violencia, no sólo de género, sino también contra las infancias. Si algún colectivo ha luchado y lucha contra la violencia infantil ha sido el movimiento feminista.
 
El crimen de Lucio dio un pobre argumento a los sectores antiderechos, para atacar nuevamente al feminismo, por tratarse sus victimarias de mujeres y lesbianas.
 
Periodistas feministas y editoras de género que trataron el tema fueron brutalmente escrachadas, por haber supuestamente "defendido" a las asesinas. Nada de eso ocurrió, simplemente en esos análisis no se transmitía el discurso odiante que se intentó instalar. Por el contrario, muy bien enfocaban el caso desde una perspectiva que abordara la problemática de la violencia infantil, para combatirla y erradicarla, en vez de difundir el griterío histérico de la venganza.
 
El grupo feminista Actrices Argentinas, se pronunció a poco de conocido el crimen de Lucio, con un contundente mensaje que no fue difundido masivamente. En las marchas de feministas de Ni Una Menos y otras fechas como el 8M y 25N, el caso Lucio ocupó un lugar relevante, reclamando políticas del Estado para la protección de las niñeces, como la activación de protocolos para detectar los casos de violencia infantil, así como los homicidios vinculados.
 
 
Prevención
 
Los antiderechos rechazan la plena aplicación de la Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas, con la consigna "ConMisHijosNoTeMetás". Está demostrado que la ESI es una herramienta eficaz para el abordaje de la violencia con los niños y las niñas, ya que se crea un ámbito favorable para que cuenten lo que les pasa, y detectar maltrato y abusos contra las infancias.
 
La formación de los y las docentes en la ESI también es muy necesaria, ya que los signos de maltrato que evidenciaba Lucio debieron ser detectados en el jardín al que concurría. Pero para ello, los y las docentes deben contar con la debida protección y cobertura de las autoridades educativas, al momento de activarse los protocolos para casos de violencia. Es que en el contexto actual de violencia que se vive en las escuelas, hay temor de denunciar por la posibilidad de agresiones de las familias de las infancias involucradas.
 
 
Justicia
 
Las culpables del crimen de Lucio fueron condenadas, el Poder Judicial actuó con bastante rapidez, lo que no suele ocurrir en temas de violencia de género. Recién ayer comenzó el segundo juicio por el femicidio de Lucía Pérez, la joven violada y asesinada en Mar del Plata en octubre de 2016, cuyos asesinos habían sido absueltos en un primer proceso judicial.
 
El sufrimiento y posterior asesinato de Lucio no ha quedado impune, y eso es mucho decir en Argentina, con una larga historia de impunidades en crímenes aberrantes, sea de personas adultas, mujeres, varones, disidencias, jóvenes y niñeces.
 
Las Madres de Plaza de Mayo reclamaron durante 30 años por sus hijos e hijas desaparecidos, y por la restitución de sus nietos y nietas apropiados, 400 de los cuales, hoy adultos/as, todavía permanecen sin conocer su identidad. A más de cuatro décadas del golpe de Estado, más de mil genocidas fueron condenados por esos delitos, de lesa humanidad. Sin embargo, la mayoría, condenados a reclusión perpetua, están en cómodas prisiones domiciliarias.
 
Las asesinas de Lucio están en la cárcel y estarán allí por largos años, al igual que los asesinos del joven Fernando Báez Sosa.
 
Pero la violencia infantil y los crímenes contra las infancias, así como la violencia entre los jóvenes, no se termina solo con la cárcel para quienes cometen esos asesinatos. El Estado es responsable de la implementación de políticas públicas para evitar esas situaciones, mediante protocolos que detecten la violencia infantil, mediante campañas de prevención y defensa de los derechos de la niñez. Solo así lograremos una sociedad que se involucre de verdad, para evitar situaciones de maltrato, abusos y violencia, y se termine con los discursos odiantes y vengativos.
 
Y último pero no menos importante, que exista una sociedad más igualitaria, con educación, cultura y valores humanos, donde el hombre (y la mujer) no sean lobos, con perdón de estos animales.
 
Fuente: La Arena Diario
 

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24-12-2025 / 11:12
La guerra de las coimas. Daniel Garbellini, el hombre de los primos Menem al que Daniel Spagnuolo definía en sus audios como "un delincuente" y al que le echó toda la culpa por la corrupción con los remedios para discapacitados, declaró ante la Justicia que el verdadero culpable era el propio Spagnuolo. "El asumió la suma del poder en la Andis y era el único que tenía firma autorizada para realizar pagos", sostiene en un documento.
 
La causa sobre coimas, direccionamiento y sobreprecios en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejó expuesta una batalla entre los principales imputados. Después de que el exdirector del organismo, Spagnuolo, buscara en un escrito responsabilizarlo por las irregularidades, Garbellini -su exnúmero dos, extitular de Acceso a los Servicios de Salud- le devolvió en un descargo la gentileza.
 
En el marco de la causa que investiga las irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad, Garbellini, ex número dos del organismo, presentó un escrito ante la Justicia en el que negó todas las acusaciones y trasladó la responsabilidad de las decisiones operativas y administrativas a Diego Spagnuolo, ex abogado personal de Javier "el Loco" Milei y exdirector ejecutivo de la entidad.
 
Garbellini fue removido de su cargo tras el escándalo por sobornos en la compra de medicamentos y detalló que asumió la Dirección de Acceso a los Servicios de Salud en junio de 2024. Según su descargo, sus funciones se limitaban a la gestión del programa Incluir Salud, destinado a brindar cobertura médica a personas con discapacidad sin obra social, y no incluían facultades decisorias sobre contrataciones ni sobre bajas de pensiones.
 
En su presentación, sostuvo que el control total del sistema informático, las compulsas de precios y los pagos estaban en manos exclusivas de la Dirección Ejecutiva. "Tanto el suscripto como el resto de los funcionarios éramos usuarios del sistema", afirmó, y remarcó que el acceso pleno e irrestricto a la información dependía únicamente del director ejecutivo.
 
Garbellini insistió en que no tenía atribuciones para transparentar o abrir las contrataciones, y que cualquier falta de publicidad o control público fue una decisión ajena a su responsabilidad. Incluso aseguró haber sugerido cambios estructurales que fueron rechazados con el argumento de que "todo se hacía por urgencia".
 
El caso se originó a partir de grabaciones que involucraban a Spagnuolo, aunque esas pruebas no fueron consideradas válidas por el fiscal Franco Picardi. En esos registros también se mencionaba un vínculo entre Garbellini y Karina Milei, a través de un colaborador cercano, aunque esa línea no avanzó formalmente.
 
Hasta ahora, el único testimonio oral fue el de Roger Grant, quien admitió irregularidades en las contrataciones del programa PACBI y aseguró que actuaba bajo órdenes directas de Garbellini, a quien señaló como la figura que definía la operatoria. Sin embargo, evitó referirse a presuntas coimas. El expediente también incorpora anotaciones secuestradas en un allanamiento que vuelven a comprometer al exfuncionario libertario y refuerzan la disputa de responsabilidades en la causa.
 
La Opinión Popular
 

23-12-2025 / 09:12
Un fallo de Cámara obliga al Gobierno a explicar ante la Justicia dónde está el oro que, en junio de 2024, el gobierno de Javier "el Loco" Milei sacó del Banco Central para enviar al exterior. Para los jueces, esa información constituye "un asunto de indudable interés público como es la administración de las reservas". La presentación la hizo La Asociación Bancaria, el gremio que descubrió y denunció la maniobra con los lingotes de oro. El presidente del Banco central, Santiago Bausili, ya se negó a contestar un requerimiento de la Auditoría General de La Nación. Junto a "Toto" Caputo sacaron el oro del país y nunca informaron sobre su destino.
 
En un operativo clandestino de ribetes policiales, comenzó una saga de ocultamiento de las autoridades sobre el destino de uno de los principales activos líquidos del organismo monetario. El diputado nacional y líder de La Bancaria, Sergio Palazzo, presentó varios pedidos de informes exigiendo a las autoridades que expliquen donde está el oro y que tipo de cauciones lo afectan. Caputo nunca quiso explicar su destino, se limitó a comentar muy por arriba en un programa de televisión que se giró a un banco para cobrar intereses. No explicó quien lo tiene ni qué tipo de operación se hizo con ese importante activo.
 
Ahora, la Justicia Federal ordenó este lunes al Banco Central que entregue información precisa sobre el destino del oro. En una resolución firmada por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, consideró que la autoridad monetaria no justificó de manera suficiente su decisión de no informar sobre el destino del activo y sostuvo que la negativa vulneró los principios de transparencia.
 
Es que Caputo y Bausili sostienen que la operación forma parte de la "administración" de las reservas y por ende es secreta. El mismo criterio opaco que Caputo utiliza para no dar precisiones sobre el swap firmado con Estados Unidos y los bonos que le entregó al Tesoro para que rentabilice la venta de dólares que hizo sobre el cierre de la campaña.
 
Los jueces fueron punzantes sobre el lamentable manejo de Caputo sobre información que debería ser pública. "La configuración de alguna de las excepciones legales a la entrega de información pública no puede depender de una apreciación unilateral del sujeto obligado", sostiene el fallo y subraya que es el Estado quien debe demostrar, de manera concreta, que la difusión de los datos solicitados causaría un daño a un interés legítimamente protegido.
 
El Banco Central respondió apenas con un comunicado formal que "había completado transferencias de parte de sus reservas en oro entre sus diferentes cuentas", sin precisar monto, destino ni motivo concreto. La respuesta evasiva del BCRA encendió alarmas. Porque ese oro no es un adorno: según informes oficiales, las reservas de oro rondan unos USD 4.900 millones, un componente significativo del total de activos extranjeros del Central.
 
Aunque la entidad insiste en que las operaciones no alteran el volumen agregado de las reservas, nadie sabe realmente dónde están físicamente esos lingotes y si siguen efectivamente en poder del Estado o se remataron en algunas de las operaciones de préstamos igualmente opacas que concretó Caputo. El balance del BCRA, en ciertos trimestres, llegó incluso a no mostrar ese componente con claridad, como si hubiera desaparecido entre páginas y cifras.
 
La Auditoría General de la Nación (AGN) reveló recientemente que el Banco Central se negó a entregar documentación sobre dónde están los lingotes, bajo qué condiciones se conservan y si parte del oro fue transformado en instrumentos financieros. El argumento oficial: la información es "confidencial" y su difusión podría poner en riesgo la seguridad de los activos. Como sea, la pregunta es: ¿dónde está el oro? Eso es lo que la Justicia ahora exige que responda Milei.
 
La Opinión Popular
 

22-12-2025 / 10:12
Las joyas de la abuela que remata el gobierno. A espaldas del Congreso, el Gobierno ya vendió 40 valiosos terrenos del Estado (pertenecientes a las fuerzas armadas, instituciones científicas y hasta predios de ex centros clandestinos de detención) y tiene 140 inmuebles más para subastar. Luis "Toto" Caputo sueña con conseguir unos mil millones de dólares mientras las grandes inmobiliarias amigas del gobierno, con Eduardo Costantini a la cabeza, se quedan con el botín.
 
Tierras del Plan Procrear, de las Fuerzas Armadas, ferroviarias, de instituciones científicas, predios de ex Centros Clandestinos de Detención y hasta un pedazo de montaña en Mendoza. Todo eso incluye la lista de más de 180 terrenos e inmuebles públicos que conforman el plan de ventas de bienes del Estado que ya avanza en el Gobierno de Javier "el Loco" Milei.
 
Los remates, que esta semana fueron noticia por la venta de tierras destinadas originalmente a viviendas sociales, se concentran por ahora en la Ciudad de Buenos Aires con las empresas de Eduardo Costantini como principales beneficiarias y otros grandes jugadores del sector, como el Grupo IRSA, codiciando las tierras.
 
A través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), y sin pasar por el Congreso, la fuerza libertaria ya vendió cerca de 40 bienes y tiene en lista otros 140 lotes e inmuebles publicados para subastar en lo que le queda de mandato.
 
La lista de subastas futuras cuenta con terrenos de hasta 300 hectáreas a vender en el interior del país con destino al negocio agropecuario o a grandes proyectos inmobiliarios. Especialistas y organizaciones ambientalistas advierten que se trata "de uno de los procesos de descapitalización pública más agresivos de nuestra historia reciente".
 
"Vamos a vender muchos de los activos de la AABE y eso va a generar un ingreso de miles de millones". No mentía el ministro de Economía, "Toto" Caputo, cuando a principios de junio reconocía que el gobierno remataría las tierras del Estado para intentar sostener las reservas, en conjunto con los procesos de privatizaciones y concesiones.
 
Sólo desde ese mes la Agencia abrió subastas para un total de 26 terrenos e inmuebles a los que hay que sumarle otros 17 procesos de remate que se habían abierto desde fines de 2023. En paralelo a las subastas de la AABE, el gobierno remata también las tierras que estaban destinadas al ya disuelto Plan Procrear y apunta a recaudar una suma de entre 800 y 1000 millones de dólares por todo el paquete. Aunque hubo ventas en Mendoza, La Plata, Pinamar y Córdoba, la mayor parte de los bienes vendidos hasta ahora se concentran en la Ciudad de Buenos Aires.
 
El terreno más grande de ese paquete es el predio de cuatro hectáreas que pertenecía al Ejército y que Eduardo Costantini adquirió por más de 120 millones de dólares. El mismo empresario se quedó con un lote de la Policía Federal en Bajo Belgrano a través de la firma Argencons, que controla desde mayo, en una subasta peleada en la que la empresa le ganó incluso al peso pesado de Eduardo Elsztain y su Grupo IRSA.
 
Antes, Costantini también había sumado otro terreno a pocos metros del Campo Argentino de Polo. En los tres casos se construirán desarrollos inmobiliarios.
 

21-12-2025 / 09:12
Cuando los cimientos están agrietados, todo lo que se construye es frágil e inestable. Cincuenta días tardó Javier "el Loco" Milei, tras una sorpresiva e impactante victoria en las elecciones de medio término, en fagocitarse el crédito político, de la misma forma que se fagocitó -durante los últimos dos años- una cantidad récord de divisas sin poder acumular reservas.
 
Ahora, tiene por delante dos años en los que su suerte está atada a la voluntad de aliados poco confiables. El FMI volvió a intervenir la economía, forzando un volantazo; los gobernadores pasaron por caja y después le votaron en contra. Un poco de su propia medicina. Hola incertidumbre, mi vieja amiga, podría cantar el presidente. Dos años, en Argentina, es mucho tiempo.
 
Después de la sesión del miércoles en la Cámara de Diputados, la mayoría de los medios titularon con un triunfo del oficialismo por la media sanción de diputados y apenas destinaron alguna línea en la bajada para comentar, como algo secundario, la inesperada derrota en el Capítulo 11 que se votó de madrugada. Con el correr de las horas, la realidad se encargó de corregir ese evidente error de criterio.
 
La derrota del gobierno fue completa y sus consecuencias están teniendo ramificaciones imprevistas. Milei amenazó con vetar su propio presupuesto y Patricia Bullrich tuvo que anunciar la postergación del tratamiento de la reforma laboral, justo a la hora que la CGT desconcentraba la Plaza de Mayo. Una derrota indisimulable.
 
El debate sobre la Ley de Presupuesto en la Cámara Baja era la primera y la más sencilla de todas las sesiones que tiene por delante el Gobierno para aprobar las reformas que anunció. La dificultad insalvable que encontró esta semana echa dudas sobre la viabilidad del resto de sus planes, justo cuando tiene que convencer a los acreedores que le vuelvan a prestar el dinero que no podrá devolver en 20 días.
 
La forma en la que intentó, sin éxito, salvar esa dificultad, repercutió negativamente en la relación con todos sus aliados, a los que necesita para que el Congreso le siga dando una pátina de legitimidad a sus decisiones, muchas veces ilegales e inconstitucionales.
 
La caída del artículo 75, el corazón de la derrota, está cargada de significado político porque fue una rebelión contra la cláusula de la humillación. Enceguecido por una mala lectura de las urnas, Milei no se contentó con ganar sino que quiso escenificar un triunfo absoluto y definitivo sometiendo a los legisladores que antes de la elección habían apoyado las leyes que daban presupuesto a la Universidad Pública y a las personas con discapacidad, para que votaran explícitamente en contra de esas mismas leyes. Ese era el corazón político del proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo. Las partidas pueden reconducirse por decreto. Lo importante era coronar a Milei.
 
Así, el solsticio de verano no sólo marca hoy el final de la primavera, sino también, en coincidencia, el de la primaverita política que había comenzado para el gobierno con el resultado de las elecciones de medio término y que terminó sin que pudiera capitalizar de manera alguna ese éxito. La realidad muestra que, al fin y al cabo, las cosas no son tan malas como parecían en septiembre ni tan buenas como nos quisieron hacer creer después de octubre.
 
Todo sigue más o menos parecido a lo que fue el largo 2025: precario, inestable, violento, cada vez más autoritario y deteriorado. Este año Milei necesitó tres rescates del FMI, de Trump y de las urnas, para llegar hasta acá. Va a necesitar uno más, de los Senadores, antes del brindis del 31. Y con el 2026 comenzará una historia diferente.
 

20-12-2025 / 10:12
Agrandado como alpargata de pobre, en pocas semanas el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei dilapidó el resultado favorable de las urnas, resquebrajó su alianza con el PRO al romper la promesa de un lugar en la AGN; soportó un masivo acto de protesta de la CGT; debió postergar la reforma laboral, y le rechazaron en el Congreso su intento de derogar las leyes de presupuestos universitario y para discapacidad.
 
El efecto colateral del resultado favorable pero inesperado en las urnas fue confiarse demasiado y tomar de su propia medicina para creerse el relato sobre la estupidez humana. No ganó las elecciones porque los ciudadanos piensen que están bien. Es posible que así piense una pequeña parte de sus votantes. La mayoría sabe que está mal y votó -o no fue a votar- entre el discurso gorila antiperonista y la amenaza de un apocalipsis argentino inminente revoleado por el presidente norteamericano Donald Trump.
 
Javier Milei insiste en que la gente está bien. Es una mala lectura de la realidad que dibujan el Indec, el ministro Toto Caputo y Santiago Bausili en el Banco Central. Es el peor mensaje para mentir porque cualquier hijo de vecino puede constatar su falsedad. No importa si la inflación es cero o diez, ni si los medios dicen que bajó la pobreza. El sueldo no llega a fin de mes. O para que llegue hay que hacer sacrificios en calidad de vida, en calidad de salud y alimentación, en las vacaciones y el transporte. Todos saben que el padre, el tío o los abuelos están en el horno con las jubilaciones.
 
La lista de desgracias es más larga porque hay que anotar a los que perdieron negocios o el trabajo, que son cientos de miles. El gobierno hizo una mala lectura y sobre esa base tomó decisiones equivocadas. Una de ellas fue prometerles a sus aliados del PRO un puesto en la Auditoría General de la Nación que no podría otorgarle.
 
Se habló de una negociación con Unión por la Patria, pero en realidad, el puesto que estaba en discusión fue el que asumió la salteña Pamela Calleti que responde al gobernador Gustavo Sáenz. Si hubo negociación no fue por los votos. Los diputados de Unión por la Patria rechazaron las propuestas del Gobierno en todas las votaciones siguientes. Desde el intento oficial de derogar las leyes de financiamiento universitario y para la discapacidad, hasta el presupuesto. No hubo votos de Unión por la Patria en ninguna de esas votaciones.
 
El bochorno mayor fue con la compra de voluntades con los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) previo a la votación. Las provincias más fieles a las decisiones del bloque, como Buenos Aires, La Pampa, Tierra del Fuego, La Rioja y Formosa quedaron fuera del reparto. Milei repartió 66 mil millones de pesos de ATN para comprar esos votos. Lo hizo en forma descarada.
 
Al tucumano Osvaldo Jaldo, el más favorecido, lo hizo llegar hasta Buenos Aires para que le bese el anillo y para escracharlo con una fotografía en la Rosada. Votos en remate para el Presupuesto y la Reforma Laboral, que son parte de las políticas del Gobierno que está destruyendo la industria y expulsando inversiones.
 
Se ha naturalizado esa actitud como un acto "responsable" de los gobernadores, como si el gobierno pudiera usar con ese fin los ATN que son para problemas concretos y no para comprar votos. Usado de esa manera, ese mecanismo es directamente extorsivo.
 
Los diputados que representan a las provincias de Misiones, Salta, San Juan y Mendoza, que originalmente habían votado a favor del aumento del presupuesto a las universidades y a la discapacidad, cambiaron su voto luego de que sus gobernadores recibieran los ATN.
 

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