05:38 | Jueves 04 de Diciembre de 2013 | Entre Ríos
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Nacionales - 08-02-2023 / 09:02
LLEGÓ LA CONDENA QUE SE ESPERABA
Crimen de Lucio Dupuy: la mamá del niño y su pareja son culpables de homicidio agravado
El juicio por el crimen de Lucio Dupuy, producido el 26 de noviembre de 2021 cuando el niño tenía 5 años, llegó a su fin. Los jueces de Tribunal de Audiencias de Santa Rosa, La Pampa, declararon culpables a la madre, Magdalena Espósito Valenti, y a la novia de ella, Abigaíl Páez, de los delitos de homicidio agravado. Para los jueces Alejandra Ongaro, Andrés Olié y Daniel Sáez no hay dudas: ambas mujeres fueron las asesinas.
El juicio por el crimen de Lucio Dupuy, producido el 26 de noviembre de 2021 cuando el niño tenía 5 años, llegó a su fin. Los jueces de Tribunal de Audiencias de Santa Rosa, La Pampa, declararon culpables a la madre, Magdalena Espósito Valenti, y a la novia de ella, Abigaíl Páez, de los delitos de homicidio agravado. Para los jueces Alejandra Ongaro, Andrés Olié y Daniel Sáez no hay dudas: ambas mujeres fueron las asesinas.
Las condenas a Espósito Valenti y Páez por el asesinato de Lucio Dupuy, aun cuando no se conoce todavía el monto de las penas, llegaron para reparar, aunque sea en parte, el dolor de la familia del niño y la conmoción de una sociedad desgarrada por un acto de crueldad inaudito.
Las figuras penales que utilizó el tribunal para respaldar el veredicto permiten anticipar que, el próximo 13 de febrero, cuando los magistrados den a conocer el texto completo de la sentencia con todas sus consideraciones, les caería a las dos mujeres la condena a reclusión perpetua. Las declaraciones públicas de quienes más interesados estaban en el resultado de este juicio, especialmente los abuelos y el padre del niño, el abogado querellante y los fiscales se mostraron conformes por la resolución del tribunal.
La trascendencia que le dieron al caso los medios de comunicación más grandes del país hizo que coincidiera su cobertura periodística con la que viene recibiendo otro juicio resonante: el que investiga el asesinato de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell por acción de un violento grupo de jóvenes.
La superposición temporal de ambos procesos judiciales, motivados por homicidios cometidos con derroche escalofriante de violencia -a pesar de las diferencias sustantivas entre ambos casos- generó una suerte de clima mediático propiciatorio para que se manifestaran voces desaforadas que corrieron el debate de los temas que más deberían interesar a la sociedad: la violencia doméstica, el sistema penal y carcelario, la presencia o ausencia del Estado a la hora de proteger a la niñez, las disputas paternas por la tenencia de menores, etcétera.
En muchos medios porteños, especialmente en la televisión, predominó el tinte sensacionalista, admonitorio y una fuerte carga de prejuicios. La orientación sexual de las entonces acusadas y hoy condenadas, o su presunta pertenencia al movimiento feminista ocupó un lugar central y, con ello, se desperdició la oportunidad de hablar en profundidad de los sucesos determinantes que rodearon al caso. El oportunista uso político de ambos crímenes fue otro condimento sobresaliente por estos días.
El Poder Judicial actuó con ejecutividad y resolvió el caso sin los tiempos morosos que se observaban antes de los debates orales. En el desarrollo de las audiencias supo preservar la intimidad en un proceso que sin dudas lo requería. Pero también es cierto que se filtraron elementos de prueba que alimentaron el morbo social y, asimismo, hubo accesos desmedidos a información reservada del caso en el sistema de salud pública, un tema que deberá merecer mucha atención en las autoridades del ministerio.
A pesar de la condena aún quedan varias asignaturas pendientes. La actuación de la jueza de Familia y el Menor de General Pico será evaluada, como todo lo indica, en un juicio político; pero también deben profundizarse las investigaciones sobre cómo fallaron en la detección precoz de la extrema violencia que sufrió Lucio el sistema de salud y el educativo, y, también, la policía provincial.
La Opinión Popular
Las condenas a Espósito Valenti y Páez por el asesinato de Lucio Dupuy, aun cuando no se conoce todavía el monto de las penas, llegaron para reparar, aunque sea en parte, el dolor de la familia del niño y la conmoción de una sociedad desgarrada por un acto de crueldad inaudito.
Las figuras penales que utilizó el tribunal para respaldar el veredicto permiten anticipar que, el próximo 13 de febrero, cuando los magistrados den a conocer el texto completo de la sentencia con todas sus consideraciones, les caería a las dos mujeres la condena a reclusión perpetua. Las declaraciones públicas de quienes más interesados estaban en el resultado de este juicio, especialmente los abuelos y el padre del niño, el abogado querellante y los fiscales se mostraron conformes por la resolución del tribunal.
La trascendencia que le dieron al caso los medios de comunicación más grandes del país hizo que coincidiera su cobertura periodística con la que viene recibiendo otro juicio resonante: el que investiga el asesinato de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell por acción de un violento grupo de jóvenes.
La superposición temporal de ambos procesos judiciales, motivados por homicidios cometidos con derroche escalofriante de violencia -a pesar de las diferencias sustantivas entre ambos casos- generó una suerte de clima mediático propiciatorio para que se manifestaran voces desaforadas que corrieron el debate de los temas que más deberían interesar a la sociedad: la violencia doméstica, el sistema penal y carcelario, la presencia o ausencia del Estado a la hora de proteger a la niñez, las disputas paternas por la tenencia de menores, etcétera.
En muchos medios porteños, especialmente en la televisión, predominó el tinte sensacionalista, admonitorio y una fuerte carga de prejuicios. La orientación sexual de las entonces acusadas y hoy condenadas, o su presunta pertenencia al movimiento feminista ocupó un lugar central y, con ello, se desperdició la oportunidad de hablar en profundidad de los sucesos determinantes que rodearon al caso. El oportunista uso político de ambos crímenes fue otro condimento sobresaliente por estos días.
El Poder Judicial actuó con ejecutividad y resolvió el caso sin los tiempos morosos que se observaban antes de los debates orales. En el desarrollo de las audiencias supo preservar la intimidad en un proceso que sin dudas lo requería. Pero también es cierto que se filtraron elementos de prueba que alimentaron el morbo social y, asimismo, hubo accesos desmedidos a información reservada del caso en el sistema de salud pública, un tema que deberá merecer mucha atención en las autoridades del ministerio.
A pesar de la condena aún quedan varias asignaturas pendientes. La actuación de la jueza de Familia y el Menor de General Pico será evaluada, como todo lo indica, en un juicio político; pero también deben profundizarse las investigaciones sobre cómo fallaron en la detección precoz de la extrema violencia que sufrió Lucio el sistema de salud y el educativo, y, también, la policía provincial.
La Opinión Popular
OPINIÓN
La violencia tiene edad y género
El caso del niño pampeano Lucio Dupuy, asesinado de manera brutal, puso más de relevancia la violencia que sufren las infancias. También disparó discursos de odio contra el movimiento feminista.
Por Irina Santesteban
El crimen de Lucio nos horrorizó como sociedad, por haber sido perpetrado por su progenitora y su pareja. Su muerte provocó reacciones que en muchos casos clamaban venganza más que un legítimo reclamo de justicia. Las autoras fueron condenadas por el Poder Judicial, en un plazo razonable, y el delito que se les atribuyó tiene la máxima pena que reconoce nuestro Código Penal: prisión perpetua.
Violencia infantil
Las estadísticas muestran alarmantes números de violencia contra las niñeces, que sufren maltrato en el ámbito familiar, hasta llegar a la muerte, en ocasiones relacionados con femicidios, los crímenes de odio hacia las mujeres y diversidades. Se les llama "homicidios vinculados" por ser cometidos junto al asesinato de sus madres o para causarles dolor a éstas. En la última década 120 niños y niñas fueron víctimas de estos homicidios.
Según la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el 30% de las denuncias son casos de violencia familiar cometida contra niños, niñas y adolescentes; en el 80% de los casos los victimarios son los progenitores, de los cuales el 75% son varones.
Tiene género y edad
El diario La Nación publicó el 27 de enero pasado, una editorial titulada "La Violencia no tiene Género", en abierta negativa de los sectores antiderechos a reconocer la violencia machista. Lucio fue asesinado por dos mujeres, que fueron juzgadas y condenadas, pero en la mayoría de los casos de niños y niñas que sufren maltrato, abuso y violencias, incluso la muerte, sus homicidas son varones del entorno familiar.
El Tribunal de Audiencias de Santa Rosa condenó a Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez por "homicidio calificado", agravado por el vínculo, ensañamiento y alevosía en el primer caso; y para Páez, ensañamiento y alevosía y en concurso con abuso sexual, también agravado. Correctamente, los jueces rechazaron el "odio de género" que había solicitado la familia de Lucio.
Contra el feminismo
"¿Dónde están las feministas?" replicaban en las redes sociales miles de personas, cuando ha sido el movimiento de mujeres y disidencias el que ha puesto en la calle la problemática de la violencia, no sólo de género, sino también contra las infancias. Si algún colectivo ha luchado y lucha contra la violencia infantil ha sido el movimiento feminista.
El crimen de Lucio dio un pobre argumento a los sectores antiderechos, para atacar nuevamente al feminismo, por tratarse sus victimarias de mujeres y lesbianas.
Periodistas feministas y editoras de género que trataron el tema fueron brutalmente escrachadas, por haber supuestamente "defendido" a las asesinas. Nada de eso ocurrió, simplemente en esos análisis no se transmitía el discurso odiante que se intentó instalar. Por el contrario, muy bien enfocaban el caso desde una perspectiva que abordara la problemática de la violencia infantil, para combatirla y erradicarla, en vez de difundir el griterío histérico de la venganza.
El grupo feminista Actrices Argentinas, se pronunció a poco de conocido el crimen de Lucio, con un contundente mensaje que no fue difundido masivamente. En las marchas de feministas de Ni Una Menos y otras fechas como el 8M y 25N, el caso Lucio ocupó un lugar relevante, reclamando políticas del Estado para la protección de las niñeces, como la activación de protocolos para detectar los casos de violencia infantil, así como los homicidios vinculados.
Prevención
Los antiderechos rechazan la plena aplicación de la Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas, con la consigna "ConMisHijosNoTeMetás". Está demostrado que la ESI es una herramienta eficaz para el abordaje de la violencia con los niños y las niñas, ya que se crea un ámbito favorable para que cuenten lo que les pasa, y detectar maltrato y abusos contra las infancias.
La formación de los y las docentes en la ESI también es muy necesaria, ya que los signos de maltrato que evidenciaba Lucio debieron ser detectados en el jardín al que concurría. Pero para ello, los y las docentes deben contar con la debida protección y cobertura de las autoridades educativas, al momento de activarse los protocolos para casos de violencia. Es que en el contexto actual de violencia que se vive en las escuelas, hay temor de denunciar por la posibilidad de agresiones de las familias de las infancias involucradas.
Justicia
Las culpables del crimen de Lucio fueron condenadas, el Poder Judicial actuó con bastante rapidez, lo que no suele ocurrir en temas de violencia de género. Recién ayer comenzó el segundo juicio por el femicidio de Lucía Pérez, la joven violada y asesinada en Mar del Plata en octubre de 2016, cuyos asesinos habían sido absueltos en un primer proceso judicial.
El sufrimiento y posterior asesinato de Lucio no ha quedado impune, y eso es mucho decir en Argentina, con una larga historia de impunidades en crímenes aberrantes, sea de personas adultas, mujeres, varones, disidencias, jóvenes y niñeces.
Las Madres de Plaza de Mayo reclamaron durante 30 años por sus hijos e hijas desaparecidos, y por la restitución de sus nietos y nietas apropiados, 400 de los cuales, hoy adultos/as, todavía permanecen sin conocer su identidad. A más de cuatro décadas del golpe de Estado, más de mil genocidas fueron condenados por esos delitos, de lesa humanidad. Sin embargo, la mayoría, condenados a reclusión perpetua, están en cómodas prisiones domiciliarias.
Las asesinas de Lucio están en la cárcel y estarán allí por largos años, al igual que los asesinos del joven Fernando Báez Sosa.
Pero la violencia infantil y los crímenes contra las infancias, así como la violencia entre los jóvenes, no se termina solo con la cárcel para quienes cometen esos asesinatos. El Estado es responsable de la implementación de políticas públicas para evitar esas situaciones, mediante protocolos que detecten la violencia infantil, mediante campañas de prevención y defensa de los derechos de la niñez. Solo así lograremos una sociedad que se involucre de verdad, para evitar situaciones de maltrato, abusos y violencia, y se termine con los discursos odiantes y vengativos.
Y último pero no menos importante, que exista una sociedad más igualitaria, con educación, cultura y valores humanos, donde el hombre (y la mujer) no sean lobos, con perdón de estos animales.
Fuente: La Arena Diario
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