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Nacionales - 06-02-2023 / 12:02
LA CORTE SUPREMA ENFRENTA EL JUICIO POLÍTICO DIVIDIDA POR EL ESCÁNDALO DE LOS CHATS
Del error de juicio al juicio necesario
Alberto partió de la base de que la Corte se iba a adaptar a los nuevos vientos por instinto de supervivencia. Apostó a que los ministros que habían convalidado el lawfare dejando que se practique la violación a los derechos constitucionales iban a dar un volantazo y corregir el rumbo, similar a lo que ocurrió en Brasil. No pasó. Los procesos políticos en Brasil tienen esa tradición histórica. Argentina no es Brasil, para bien y para mal.
Uno de los errores políticos más importantes del gobierno del presidente Alberto Fernández fue no haber impulsado cambios en la Corte Suprema heredada del macrismo en los primeros 15 días de mandato. No haber seguido el ejemplo de Néstor Kirchner, que el 5 de junio de 2003, habiendo asumido hace menos de dos semanas y con sólo el 22,25% de los votos, tomó el toro por las astas.
Néstor hizo ese día una cadena nacional. Leyó un discurso de 6.25 minutos. "Hemos asumido el compromiso de reconciliar a las instituciones con la sociedad", dijo, entre otras frases. Uno de los primeros efectos fue la renuncia del presidente de la Corte, el riojano Julio Nazareno, emblema de la mayoría automática del menemato. Con esa decisión, Nazareno pudo conservar la cuantiosa jubilación que reciben los jerarcas del Poder Judicial, ya que la hubiera perdido si dejaba el cargo por la vía del juicio político.
La mayoría de los funcionarios judiciales, por supuesto que no todos, están constituidos por una alquimia que mezcla un sentimiento de supremacía, por encima de la ley y la Constitución, con el sueño del burócrata de ser jubilado de lujo: ir todas las semanas a un palco del Colón, vacacionar en Europa.
En un juicio político la relación de fuerzas es clave. Néstor había sacado el 22,25%. Sin embargo, además de ser un líder político excepcional, con una enorme confianza en la fuerza de la voluntad, sabía que el anti menemismo en ese momento era mucho más que el porcentaje que él había conseguido y que esa relación de fuerzas inclinaría la balanza. La Argentina tuvo después la mejor Corte Suprema de su historia. El gobierno peronista le dio al país algunos años de una calidad institucional desconocida.
Alberto partió de la base de que la Corte se iba a adaptar a los nuevos vientos por instinto de supervivencia. Apostó a que los ministros que habían convalidado el lawfare dejando que se practique la violación a los derechos constitucionales iban a dar un volantazo y corregir el rumbo, similar a lo que ocurrió en Brasil. No pasó. Los procesos políticos en Brasil tienen esa tradición histórica. Argentina no es Brasil, para bien y para mal.
La Corte no se adaptó a los nuevos vientos que auguró el triunfo del FdT. Reaccionó de modo corporativo. Encubrió los delitos que habían realizado los tribunales inferiores: las extorsiones para conseguir las delaciones que le dieran carnadura a las acusaciones por supuesta corrupción, las violaciones al debido proceso para encarcelar y generar puestas en escena que les sirvieran a los grandes medios para construir shows y condenas mediáticas.
Luego, en 2021, tras la derrota electoral del peronismo a nivel nacional, el Máximo Tribunal dobló la apuesta. Los cortesanos se sintieron fortalecidos por la victoria de Juntos por el Cambio y se consolidaron como la Corte que defiende a los grandes grupos económicos que operan en la Argentina y al sector antiperonista de la política, con el respaldo de la embajada yanqui. Las causas contra Mauricio Macri no avanzan ni un centímetro. Están congeladas como Walt Disney.
La Corte y la Procuración General, ocupada por el interino Eduardo Casal, han sido durante estos tres años las trincheras del macrismo dentro de la estructura del Estado. Cuando Macri ganó las elecciones de 2015, su consultor Jaime Durán Barba solía decirle algo que se puede aplicar al FdT: "Tomamos el gobierno, pero todavía no el poder". El FdT ganó el gobierno, pero faltó la decisión política de desmontar la Corte macrista.
El juicio político impulsado ahora, disparado por el pornográfico fallo sobre coparticipación que financia la campaña de Horacio Rodríguez Larreta, se produce en un contexto de debilidad del peronismo, comparado con el inicio del mandato de Alberto. Pero en la política -y en la vida- se pelea por lo que puede pelear, aunque sea haya empezado tarde.
Néstor hizo ese día una cadena nacional. Leyó un discurso de 6.25 minutos. "Hemos asumido el compromiso de reconciliar a las instituciones con la sociedad", dijo, entre otras frases. Uno de los primeros efectos fue la renuncia del presidente de la Corte, el riojano Julio Nazareno, emblema de la mayoría automática del menemato. Con esa decisión, Nazareno pudo conservar la cuantiosa jubilación que reciben los jerarcas del Poder Judicial, ya que la hubiera perdido si dejaba el cargo por la vía del juicio político.
La mayoría de los funcionarios judiciales, por supuesto que no todos, están constituidos por una alquimia que mezcla un sentimiento de supremacía, por encima de la ley y la Constitución, con el sueño del burócrata de ser jubilado de lujo: ir todas las semanas a un palco del Colón, vacacionar en Europa.
En un juicio político la relación de fuerzas es clave. Néstor había sacado el 22,25%. Sin embargo, además de ser un líder político excepcional, con una enorme confianza en la fuerza de la voluntad, sabía que el anti menemismo en ese momento era mucho más que el porcentaje que él había conseguido y que esa relación de fuerzas inclinaría la balanza. La Argentina tuvo después la mejor Corte Suprema de su historia. El gobierno peronista le dio al país algunos años de una calidad institucional desconocida.
Alberto partió de la base de que la Corte se iba a adaptar a los nuevos vientos por instinto de supervivencia. Apostó a que los ministros que habían convalidado el lawfare dejando que se practique la violación a los derechos constitucionales iban a dar un volantazo y corregir el rumbo, similar a lo que ocurrió en Brasil. No pasó. Los procesos políticos en Brasil tienen esa tradición histórica. Argentina no es Brasil, para bien y para mal.
La Corte no se adaptó a los nuevos vientos que auguró el triunfo del FdT. Reaccionó de modo corporativo. Encubrió los delitos que habían realizado los tribunales inferiores: las extorsiones para conseguir las delaciones que le dieran carnadura a las acusaciones por supuesta corrupción, las violaciones al debido proceso para encarcelar y generar puestas en escena que les sirvieran a los grandes medios para construir shows y condenas mediáticas.
Luego, en 2021, tras la derrota electoral del peronismo a nivel nacional, el Máximo Tribunal dobló la apuesta. Los cortesanos se sintieron fortalecidos por la victoria de Juntos por el Cambio y se consolidaron como la Corte que defiende a los grandes grupos económicos que operan en la Argentina y al sector antiperonista de la política, con el respaldo de la embajada yanqui. Las causas contra Mauricio Macri no avanzan ni un centímetro. Están congeladas como Walt Disney.
La Corte y la Procuración General, ocupada por el interino Eduardo Casal, han sido durante estos tres años las trincheras del macrismo dentro de la estructura del Estado. Cuando Macri ganó las elecciones de 2015, su consultor Jaime Durán Barba solía decirle algo que se puede aplicar al FdT: "Tomamos el gobierno, pero todavía no el poder". El FdT ganó el gobierno, pero faltó la decisión política de desmontar la Corte macrista.
El juicio político impulsado ahora, disparado por el pornográfico fallo sobre coparticipación que financia la campaña de Horacio Rodríguez Larreta, se produce en un contexto de debilidad del peronismo, comparado con el inicio del mandato de Alberto. Pero en la política -y en la vida- se pelea por lo que puede pelear, aunque sea haya empezado tarde.
PANORAMA JUDICIAL
La Corte Suprema enfrenta el juicio político dividida por el escándalo de los chats
La filtración del intercambio entre el principal asesor de Rosatti y D'Alessandro sigue sembrando tensión entre los cortesanos. La apuesta a que el paso del tiempo sepulte la revelación. Además, las incógnitas que tienen los ministros sobre la evolución del proceso abierto en Diputados.
La Corte Suprema eligió una estrategia de bolero de los años '50 ("que el tiempo todo lo cure") para superar la crisis interna que generó la filtración de los chats entre Silvio Robles, el principal asesor del presidente Horacio Rosatti, con el ministro de Seguridad y Justicia porteño (en uso de licencia) Marcelo D'Alessandro. De las puertas hacia afuera, el mensaje (que ni siquiera será verbalizado oficialmente) será: "aquí no ha pasado nada". Y cuanto más tiempo se pueda sostener el silencio, mejor.
Tras el final de la feria judicial de enero, el máximo tribunal volverá a celebrar un acuerdo el próximo jueves. En principio iba a ser el martes, como ocurre habitualmente, pero el propio Rosatti -que, como presidente, tiene esa facultad- decidió postergarlo dos días.
Ese mismo jueves, por la tarde, la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados se reunirá para definir sobre la base de cuáles de las 18 acusaciones que analiza intentará avanzar con el proceso de destitución de los cuatro cortesanos.
Los jueces no parecen preocupados por lo que pueda pasar en el Congreso. Pese a que reconocen que individual y colectivamente no atraviesan una primavera florida, confían en que la desorientación y el continuo fracaso de las iniciativas del gobierno de Alberto Fernández en materia judicial son suficientes para garantizarles la continuidad en sus cargos. La raleada concurrencia a la marcha del 1F frente a tribunales ni los mosqueó. Y en el improbable escenario de un avance en el juicio político, cuentan con el reaseguro de la protección mediática. De la misma manera que tres o cuatro tapas voltean a un juez, la ausencia de ellas los acoraza y abriga.
No obstante, el oficialismo se ilusiona con la posibilidad de destrabar el camino hacia una mayoría calificada de dos tercios de los legisladores de cada Cámara para finalmente destituir a los jueces. Y supone que la llave puede ser la situación de Ricardo Lorenzetti.
La Coalición Cívica parece decidida a sostener sus antiguas denuncias y pedidos de juicio político contra Lorenzetti, cimentadas en una añeja disputa, casi rayana en lo personal, entre el expresidente de la Corte y Elisa Carrió.
El Frente de Todos confía, además, en que desde la Unión Cívica Radical podrían arrimarle algún otro apoyo que lo acerque a una mayoría para acusar primero y destituir después.
Pero la CC anunció que no acompañará los pedidos de juicio político contra Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. "Yo no creo que sea sano ir contra todos los miembros de la Corte", dijo la diputada Paula Olivetto en la última reunión de la Comisión. "No vamos a ir contra una Corte entera para presionarla", corroboró el presidente de la bancada de la CC, Juan Manuel López.
"Si cae uno arrastrará a todos los demás", especulan, empero, en el oficialismo. El cálculo parece, a primera vista, temerario e improbable.
Es cierto que la mayoría de los reproches que pesan sobre Lorenzetti son extensibles al resto de los jueces. Aunque la presidencia que el santafesino ejerció durante once años en el máximo tribunal tuvo una fuerte impronta personalista, casi todas las decisiones trascendentes de administración interna, manejo del presupuesto y política judicial, se tomaron de manera colegiada. Firmaron todos. Entonces razonan que si Lorenzetti fuera destituido por esas causales, el resto también debería terminar eyectado, con los mismos argumentos, del cuarto piso del Palacio de Tribunales.
¿Y si eso no ocurriera? ¿Y si sólo rodara la cabeza de Lorenzetti?
Sería un nuevo desastre para el gobierno, pues entonces se consolidaría en la Corte la troika que -encolumnada detrás de Rosatti- hoy detenta el poder. Acaso un poder delegado, pero suficiente para incidir política, social y económicamente, desbalanceando la balanza, el símbolo de la Justicia. El poder real, se sabe, está en otro lado.
Aunque puertas afuera la Corte finja demencia sobre el escándalo de los chats, hacia adentro la situación es compleja.
Nadie en el máximo tribunal ha dicho nada sobre el contenido de esa filtración. La excusa vacua del supuesto espionaje ilegal no alcanza para tapar la sospecha de relaciones promiscuas que no deberían ocurrir en el Poder Judicial.
En lo formal, funcionó a la perfección el blindaje: el juez federal Sebastián Ramos archivó en tiempo récord durante la feria judicial (sin que fuera un tema que debiera tratarse en la feria), y siguiendo un dictamen del fiscal Carlos Stornelli, una denuncia contra Robles y D'Alessandro presentada a título personal por el abogado de uno de los acusados de querer matar a Cristina Fernández de Kirchner. Hay un abrumador reconocimiento, que incluye a jueces de la Corte, sobre que ese manejo no resiste el menor análisis: hubo Forum Shopping (mecanismo ilegal para elegir al juez de una causa) y la estrategia de un denunciante solitario evitó la posibilidad de una querella que pudiera apelar el cierre veloz y prematuro. Judicialmente, el tema está terminado. Y si el juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla quisiera mover el avispero avanzando en la denuncia que formuló el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, ya está preparada la artillería para que ese expediente aterrice en Comodoro Py, una suerte de moderno Triángulo de las Bermudas, muy selectivo por cierto.
Silvio Robles cerró sus vías de contacto en WhatsApp y Telegram y en su celular sólo atiende un contestador que promete una devolución de llamado que nunca llega.
Las segundas líneas de la Corte, algunas de ellas veteranas y curtidas en otros alborotos internos, advierten sobre una situación casi burocrática: en el esquema administrativo, si bien es "personal de planta", Robles no es "empleado de la Corte" sino de Rosatti. Parece una disquisición menor; sin embargo, sobre ese razonamiento se basa una teoría que indica que Robles no es un problema para la Corte sino para Rosatti, aunque salpique para todos lados.
¿Habrá en el acuerdo del próximo jueves algún "gesto" de Rosatti en relación con la situación de su principal colaborador? La incomodidad y el malestar ya están instalados; la expectativa sobre qué hará el presidente de la Corte, también.
Por: Néstor Espósito
Por: Demián Verduga
Fuente: Tiempo Argentino
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