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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 06-02-2023 / 12:02
LA CORTE SUPREMA ENFRENTA EL JUICIO POLÍTICO DIVIDIDA POR EL ESCÁNDALO DE LOS CHATS

Del error de juicio al juicio necesario

Del error de juicio al juicio necesario
Alberto partió de la base de que la Corte se iba a adaptar a los nuevos vientos por instinto de supervivencia. Apostó a que los ministros que habían convalidado el lawfare dejando que se practique la violación a los derechos constitucionales iban a dar un volantazo y corregir el rumbo, similar a lo que ocurrió en Brasil. No pasó. Los procesos políticos en Brasil tienen esa tradición histórica. Argentina no es Brasil, para bien y para mal.
Uno de los errores políticos más importantes del gobierno del presidente Alberto Fernández fue no haber impulsado cambios en la Corte Suprema heredada del macrismo en los primeros 15 días de mandato. No haber seguido el ejemplo de Néstor Kirchner, que el 5 de junio de 2003, habiendo asumido hace menos de dos semanas y con sólo el 22,25% de los votos, tomó el toro por las astas.
 
Néstor hizo ese día una cadena nacional. Leyó un discurso de 6.25 minutos. "Hemos asumido el compromiso de reconciliar a las instituciones con la sociedad", dijo, entre otras frases. Uno de los primeros efectos fue la renuncia del presidente de la Corte, el riojano Julio Nazareno, emblema de la mayoría automática del menemato. Con esa decisión, Nazareno pudo conservar la cuantiosa jubilación que reciben los jerarcas del Poder Judicial, ya que la hubiera perdido si dejaba el cargo por la vía del juicio político.
 
La mayoría de los funcionarios judiciales, por supuesto que no todos, están constituidos por una alquimia que mezcla un sentimiento de supremacía, por encima de la ley y la Constitución, con el sueño del burócrata de ser jubilado de lujo: ir todas las semanas a un palco del Colón, vacacionar en Europa.
 
En un juicio político la relación de fuerzas es clave. Néstor había sacado el 22,25%. Sin embargo, además de ser un líder político excepcional, con una enorme confianza en la fuerza de la voluntad, sabía que el anti menemismo en ese momento era mucho más que el porcentaje que él había conseguido y que esa relación de fuerzas inclinaría la balanza. La Argentina tuvo después la mejor Corte Suprema de su historia. El gobierno peronista le dio al país algunos años de una calidad institucional desconocida.
 
Alberto partió de la base de que la Corte se iba a adaptar a los nuevos vientos por instinto de supervivencia. Apostó a que los ministros que habían convalidado el lawfare dejando que se practique la violación a los derechos constitucionales iban a dar un volantazo y corregir el rumbo, similar a lo que ocurrió en Brasil. No pasó. Los procesos políticos en Brasil tienen esa tradición histórica. Argentina no es Brasil, para bien y para mal.
 
La Corte no se adaptó a los nuevos vientos que auguró el triunfo del FdT. Reaccionó de modo corporativo. Encubrió los delitos que habían realizado los tribunales inferiores: las extorsiones para conseguir las delaciones que le dieran carnadura a las acusaciones por supuesta corrupción, las violaciones al debido proceso para encarcelar y generar puestas en escena que les sirvieran a los grandes medios para construir shows y condenas mediáticas.
 
Luego, en 2021, tras la derrota electoral del peronismo a nivel nacional, el Máximo Tribunal dobló la apuesta. Los cortesanos se sintieron fortalecidos por la victoria de Juntos por el Cambio y se consolidaron como la Corte que defiende a los grandes grupos económicos que operan en la Argentina y al sector antiperonista de la política, con el respaldo de la embajada yanqui. Las causas contra Mauricio Macri no avanzan ni un centímetro. Están congeladas como Walt Disney.
 
La Corte y la Procuración General, ocupada por el interino Eduardo Casal, han sido durante estos tres años las trincheras del macrismo dentro de la estructura del Estado. Cuando Macri ganó las elecciones de 2015, su consultor Jaime Durán Barba solía decirle algo que se puede aplicar al FdT: "Tomamos el gobierno, pero todavía no el poder". El FdT ganó el gobierno, pero faltó la decisión política de desmontar la Corte macrista.
 
El juicio político impulsado ahora, disparado por el pornográfico fallo sobre coparticipación que financia la campaña de Horacio Rodríguez Larreta, se produce en un contexto de debilidad del peronismo, comparado con el inicio del mandato de Alberto. Pero en la política -y en la vida- se pelea por lo que puede pelear, aunque sea haya empezado tarde. 
 

 
PANORAMA JUDICIAL
 
La Corte Suprema enfrenta el juicio político dividida por el escándalo de los chats
 
La filtración del intercambio entre el principal asesor de Rosatti y D'Alessandro sigue sembrando tensión entre los cortesanos. La apuesta a que el paso del tiempo sepulte la revelación. Además, las incógnitas que tienen los ministros sobre la evolución del proceso abierto en Diputados.
 
La Corte Suprema eligió una estrategia de bolero de los años '50 ("que el tiempo todo lo cure") para superar la crisis interna que generó la filtración de los chats entre Silvio Robles, el principal asesor del presidente Horacio Rosatti, con el ministro de Seguridad y Justicia porteño (en uso de licencia) Marcelo D'Alessandro. De las puertas hacia afuera, el mensaje (que ni siquiera será verbalizado oficialmente) será: "aquí no ha pasado nada". Y cuanto más tiempo se pueda sostener el silencio, mejor.
 
Tras el final de la feria judicial de enero, el máximo tribunal volverá a celebrar un acuerdo el próximo jueves. En principio iba a ser el martes, como ocurre habitualmente, pero el propio Rosatti -que, como presidente, tiene esa facultad- decidió postergarlo dos días.
 
Ese mismo jueves, por la tarde, la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados se reunirá para definir sobre la base de cuáles de las 18 acusaciones que analiza intentará avanzar con el proceso de destitución de los cuatro cortesanos.
 
Los jueces no parecen preocupados por lo que pueda pasar en el Congreso. Pese a que reconocen que individual y colectivamente no atraviesan una primavera florida, confían en que la desorientación y el continuo fracaso de las iniciativas del gobierno de Alberto Fernández en materia judicial son suficientes para garantizarles la continuidad en sus cargos. La raleada concurrencia a la marcha del 1F frente a tribunales ni los mosqueó. Y en el improbable escenario de un avance en el juicio político, cuentan con el reaseguro de la protección mediática. De la misma manera que tres o cuatro tapas voltean a un juez, la ausencia de ellas los acoraza y abriga.
 
No obstante, el oficialismo se ilusiona con la posibilidad de destrabar el camino hacia una mayoría calificada de dos tercios de los legisladores de cada Cámara para finalmente destituir a los jueces. Y supone que la llave puede ser la situación de Ricardo Lorenzetti.
 
La Coalición Cívica parece decidida a sostener sus antiguas denuncias y pedidos de juicio político contra Lorenzetti, cimentadas en una añeja disputa, casi rayana en lo personal, entre el expresidente de la Corte y Elisa Carrió.
 
El Frente de Todos confía, además, en que desde la Unión Cívica Radical podrían arrimarle algún otro apoyo que lo acerque a una mayoría para acusar primero y destituir después.
 
Pero la CC anunció que no acompañará los pedidos de juicio político contra Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. "Yo no creo que sea sano ir contra todos los miembros de la Corte", dijo la diputada Paula Olivetto en la última reunión de la Comisión. "No vamos a ir contra una Corte entera para presionarla", corroboró el presidente de la bancada de la CC, Juan Manuel López.
 
"Si cae uno arrastrará a todos los demás", especulan, empero, en el oficialismo. El cálculo parece, a primera vista, temerario e improbable.
 
Es cierto que la mayoría de los reproches que pesan sobre Lorenzetti son extensibles al resto de los jueces. Aunque la presidencia que el santafesino ejerció durante once años en el máximo tribunal tuvo una fuerte impronta personalista, casi todas las decisiones trascendentes de administración interna, manejo del presupuesto y política judicial, se tomaron de manera colegiada. Firmaron todos. Entonces razonan que si Lorenzetti fuera destituido por esas causales, el resto también debería terminar eyectado, con los mismos argumentos, del cuarto piso del Palacio de Tribunales.
 
¿Y si eso no ocurriera? ¿Y si sólo rodara la cabeza de Lorenzetti?
 
Sería un nuevo desastre para el gobierno, pues entonces se consolidaría en la Corte la troika que -encolumnada detrás de Rosatti- hoy detenta el poder. Acaso un poder delegado, pero suficiente para incidir política, social y económicamente, desbalanceando la balanza, el símbolo de la Justicia. El poder real, se sabe, está en otro lado.
 
Aunque puertas afuera la Corte finja demencia sobre el escándalo de los chats, hacia adentro la situación es compleja.
 
Nadie en el máximo tribunal ha dicho nada sobre el contenido de esa filtración. La excusa vacua del supuesto espionaje ilegal no alcanza para tapar la sospecha de relaciones promiscuas que no deberían ocurrir en el Poder Judicial.
 
En lo formal, funcionó a la perfección el blindaje: el juez federal Sebastián Ramos archivó en tiempo récord durante la feria judicial (sin que fuera un tema que debiera tratarse en la feria), y siguiendo un dictamen del fiscal Carlos Stornelli, una denuncia contra Robles y D'Alessandro presentada a título personal por el abogado de uno de los acusados de querer matar a Cristina Fernández de Kirchner. Hay un abrumador reconocimiento, que incluye a jueces de la Corte, sobre que ese manejo no resiste el menor análisis: hubo Forum Shopping (mecanismo ilegal para elegir al juez de una causa) y la estrategia de un denunciante solitario evitó la posibilidad de una querella que pudiera apelar el cierre veloz y prematuro. Judicialmente, el tema está terminado. Y si el juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla quisiera mover el avispero avanzando en la denuncia que formuló el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, ya está preparada la artillería para que ese expediente aterrice en Comodoro Py, una suerte de moderno Triángulo de las Bermudas, muy selectivo por cierto.
 
Silvio Robles cerró sus vías de contacto en WhatsApp y Telegram y en su celular sólo atiende un contestador que promete una devolución de llamado que nunca llega.
 
Las segundas líneas de la Corte, algunas de ellas veteranas y curtidas en otros alborotos internos, advierten sobre una situación casi burocrática: en el esquema administrativo, si bien es "personal de planta", Robles no es "empleado de la Corte" sino de Rosatti. Parece una disquisición menor; sin embargo, sobre ese razonamiento se basa una teoría que indica que Robles no es un problema para la Corte sino para Rosatti, aunque salpique para todos lados.
 
¿Habrá en el acuerdo del próximo jueves algún "gesto" de Rosatti en relación con la situación de su principal colaborador? La incomodidad y el malestar ya están instalados; la expectativa sobre qué hará el presidente de la Corte, también.
 
 
Por: Néstor Espósito
Por: Demián Verduga
 
Fuente: Tiempo Argentino
 

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12-12-2025 / 10:12
El gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei mandó al Senado un proyecto de contrarreforma para eliminar derechos laborales, sindicales y de huelga que atrasa un siglo. Contra la Constitución desconoce hasta la jornada de 8 horas y el derecho a huelga. Redactado por los abogados de las grandes empresas, de Paolo Rocca, Galperin y Eurnekian, en cada rubro empeora la posición de los trabajadores. Perjudica también a monotributistas e informales y se propone financiar los despidos con la plata de los jubilados.
 
El gobierno libertario demoró la presentación de la contrareforma laboral, que no registra precedentes desde la dictadura genocida de 1976, para estirar los tiempos de negociación y definir cuán a fondo iría en su ofensiva contra los trabajadores y el sindicalismo. El proyecto que ingresó al Senado retoma lo peor de todas las versiones anteriores y lo condensa en 71 páginas y 191 artículos.
 
Enmascarada en una supuesta "modernización", la iniciativa retrocede más de un siglo y desconoce pilares básicos del derecho laboral como la jornada de ocho horas y restringe el derecho a huelga. Lejos de mejorar la vida de los trabajadores, crear empleo o incorporar a los informales al mercado formal, la reforma sólo busca abaratar costos para que el empleador pueda despedir y amplía la desprotección sobre el sector más débil.
 
Los especialistas coinciden en que "invierte la presunción de laborabilidad" perjudicando a monotributistas y trabajadores "independientes". El texto final del proyecto confirma la transferencia regresiva de los derechos de los trabajadores en favor del gran capital, debilita su capacidad de organización y faculta al empleador para modificar condiciones laborales según sus necesidades.
 
La reforma laboral, firmada por Milei, fue elevada al Congreso de manera errónea por parte de Gobierno. Legisladores opositores y abogados laboralistas cuestionaron el ingreso por el Senado, ya que la reforma laboral contiene un capítulo tributario que modifica impuestos centrales. Al respecto, la Constitución fija que toda ley de carácter impositivo debe originarse en Diputados.
 
La reforma laboral que impulsa Milei atrasa porque reinstala un modelo previo al propio nacimiento del derecho laboral. La abogada Natalia Salvo advierte que es "una novedad de museo que nos devuelve a un tiempo sin normas". El proyecto permite jornadas de hasta 12 horas, un retroceso a antes de la Ley 11.544, conquistada después de las huelgas y masacres de la Patagonia y la Semana Trágica.

También elimina ítems remunerativos para achicar aguinaldo y vacaciones, ahora fraccionadas como en etapas de precariedad anteriores a cualquier estándar moderno. Al mismo tiempo, remarca que la iniciativa desconoce los avances globales sobre las plataformas: mientras en Europa los tribunales y países como España o Portugal ya reconocen a esos trabajadores como dependientes, aquí se los deja en un limbo jurídico. Modernizar sería ampliar la protección, no recortarla. Con un 43 por ciento de informalidad, el proyecto empuja al país hacia un pasado sin resguardo, donde la relación laboral quedaba librada a la voluntad de la patronal.

Un Gobierno que miente en todo, presenta el argumento principal en la supuesta "creación de trabajo formal". Silogismo falaz, acaba de ser refutado por un hombre del gran capital, el abogado Julián de Diego. Dijo que "sin crecimiento, no habrá generación de empleo". Ese crecimiento se presenta, como promesa lejana, relato de un provenir etéreo, medido en décadas. Equiparada a Irlanda, Alemania, y otras naciones. Por ahora, lo que hay es recesión, inflación en alza y deuda. Cada vez más deuda.

La Opinión Popular


11-12-2025 / 10:12
Turismo "con la nuestra". Nuevo papelón internacional de Javier "el Loco" Milei que fue a perder el tiempo a Noruega disfrazado con el mameluco de YPF, viajó 25.000 kilómetros para sacarse una foto... y se volvió sin nada. María Corina Machado faltó a su premiación como Nobel de la Paz. Viajó con su hermana Karina a Oslo en el avión presidencial, en un viaje que cuesta 300 mil dólares, y se alojó en el Gran Hotel de Oslo, en donde una habitación cuesta mil euros por noche. "El Peluca" volvió a las apuradas y de inmediato puso su firma en el funesto proyecto que apunta contra la justicia social y modifica la regulación de horas extras, vacaciones e indemnizaciones.
 
El fugaz y costoso paseo de Milei por Noruega terminó en un traspié político que expuso improvisación y falta de estrategia. La salida apresurada dejó al libertario sin el rédito simbólico que buscaba y reforzó las críticas sobre un viaje reducido a gestos vacíos, sin resultados concretos ni agenda internacional consistente. Tenía una agenda que incluía reuniones con el primer ministro y con el rey, además de la posibilidad de un encuentro cara a cara con Corina Machado, y los dejó "de garpe". Cosa de loco.
 
Milei regresó de apuro para evitar que una interna ponga en riesgo el tratamiento de la reforma laboral. Las explicaciones oficiales, en off the record, hablaban de la necesidad de "firmar la ley de reforma laboral" después de hacer "algún ajuste de último momento", sin embargo, tanto los cambios como la firma se pueden gestionar de manera remota. Lo que sucedió en realidad es que una nueva interna en el gobierno casi hace volar por los aires la Ley Rifle. Lo más llamativo, en este caso, es que los que frenaron el proyecto son dos enemigos íntimos: Santiago Caputo y Martín Menem.
 
Ellos son los dos interlocutores más fluidos que tiene la CGT dentro de la estructura libertaria y vienen advirtiendo desde hace tiempo que así como la estaba planteando Federico Sturzenegger, la reforma laboral corre el riesgo de empantanarse en el Congreso y terminar siendo rechazada, modificada hasta volverla irreconocible o aprobada a un costo demasiado alto. El recuerdo de la reforma previsional de Mauricio Macri en 2017 está presente en todos los cálculos.
 
Las partes observadas son justamente las que apuntan contra el andamiaje financiero y normativo que sostiene a los sindicatos, los llamados "derechos colectivos" que la CGT prioriza antes que las condiciones de trabajo individuales. De hecho, este lunes Sturzenegger estuvo reunido con los diputados de LLA, en un encuentro del que Menem no participó, y ante las consultas sobre estos asuntos el ministro prometió una "versión light", más sencilla de aprobar.
 
Sin embargo, el anuncio que hizo el vocero con sueldo de jefe de gabinete, Manuel Adorni, al día siguiente, no contempla la mayoría de esos recortes e incluye cláusulas inaceptables para el más dialoguista de los líderes gremiales. Dicen en la Casa Rosada que la orden de ir a fondo la dio el mismo Milei. El proyecto ya estaba listo para ingresar al Senado cuando Caputo y los Menem lograron frenarlo. Ese fue el motivo por el que el presidente tuvo que volver de apuro.
 
Patricia Bullrich, en tanto, defiende la redacción de Stuzenegger pero reclama que la situación se destrabe porque cree que si la reforma no tiene un tratamiento express y media sanción antes de las fiestas, después puede empantanarse. Su plan original de dictaminar esta misma semana, incluso el viernes a última hora, se fue diluyendo con el correr de las horas. El escenario más optimista apunta a sesionar en vísperas de noche buena. Sería un verdadero milagro navideño, mientras la CGT y el peronismo se abroquelan contra la reforma laboral anti obrera y pro patronal de Milei.
 
La Opinión Popular
 

10-12-2025 / 09:12
La denuncia por la compra de chatarra militar suma un nuevo capítulo. A la venta por un euro de los F-16 a Rumania, se añade el inminente acuerdo entre Polonia y Estados Unidos para la comprar de 250 vehículos blindados Stryker por sólo el valor simbólico de un dólar.
 
Los Stryker forman parte del catálogo militar yanqui que fueron utilizados en Afganistán e Irak y están diseñados para el transporte ágil de tropas y equipamiento. Según versiones oficiales, la elección del modelo responde a una planificación que prioriza la movilidad, la protección y la capacidad de respuesta ante diversas situaciones operativas.
 
Se trata de unidades adaptadas a distintos escenarios urbanos y misiones, con posibilidad de implementación progresiva conforme a los requerimientos logísticos y de capacitación establecidos por el Ejército Argentino.
 
Ya en julio que había opciones mejores que estaban siendo barajadas como el Guaraní de Brasil, que son vehículos muy similares a los que se usan en Argentina con el aditamento que los componentes mecánicos son argentinos como el motor y transmisión de IVECO.
 
Según publicó el medio ecuatoriano El Universal en base a un informe de Interesting Engineering, con esta oferta se pretende que los Strykers, que actualmente están desplegados en Europa, no vuelvan a territorio estadounidense, sino que sean entregados directamente a Polonia como parte del proceso de disminución de presencia militar norteamericana en la región.
 
Un análisis de Breaking Defense detalla que los Strykers llegarían en condiciones deterioradas, lo que implicaría reparaciones costosas, modernización y la creación de un nuevo sistema de soporte y entrenamiento, especialmente complejo para una plataforma que Argentina nunca operó.
 
Por otra parte, sostiene el informe, también hay dudas sobre el impacto industrial que traería la llegada de estos blindados, ya que puede desplazar la demanda de vehículos de fabricación nacional, como el Rosomak. En efecto, como ocurre con los F-16, se confirma que Estados Unidos y sus aliados de la OTAN están deshaciéndose de la buena parte de su material militar por considerarlo vetusto y desactualizado.
 
Por eso, en el Ejército argentino preferían El Guaraní brasileño dado no se impone límite de cantidad, son nuevos, se transfiere tecnología de fabricación de partes y es interoperable con Brasil.
 
"Los EEUU limitan la cantidad, nos entregan un lote de usados que Chile descartó oportunamente. No son anfibios y puede ser que venga una flota final heterogénea, con menor ciclo de vida útil y mayor costo de mantenimiento. Es relevante que no sean anfibios. No van a poder varear nuestros ríos", detalló un militar activo en ese momento.
 
Para armas, plata hay. De los 27 vehículos que el gobierno le compró a Estados Unidos el valor total fue de 100 millones de dólares. La propuesta de Brasil por los Guaraní era de 161 vehículos (156 + 5 de entrenamiento) por 400 millones de dólares, quedando cada unidad en valor de 2,5 millones de dólares cada uno contra los 3,7 de los Stryker. Es decir, si se hubiesen comprado la misma cantidad a Brasil, hubiera gastado 67 millones, 32 millones menos que lo que gastó ahora. ¿Aliados a EEUU? Las pelotas... A Milei, los yanquis lo toman de gil.

 

 

09-12-2025 / 08:12
La compra de los 24 aviones F-16 daneses, que entregarán 6 por año, expone el negociado millonario de Javier Milei con los aviones chatarra que no cambian la correlación estratégica ante un eventual conflicto en el Atlántico Sur. Los F-16 son antiguos e inútiles para nuestra principal hipótesis de conflicto. El avión elegido carece de misiles modernos de largo alcance, capacidades SEAD/DEAD, apoyo AWACS y autonomía suficiente para operar a grandes distancias. Y la infraestructura de mantenimiento de la Fuerza Aérea está por debajo de los estándares necesarios. La OTAN jamás lo permitiría.
 
Estados Unidos y el Reino Unido -ambos miembros de la OTAN- mantienen restricciones tecnológicas que limitan cualquier avance argentino en términos de disuasión real. Seguimos igual de indefensos que antes, a pesar de la celebración marketinera del Gobierno libertario. Las críticas a la compra de los aviones F-16 por parte de Argentina son variadas y provienen de diferentes sectores, abarcando aspectos económicos, militares y geopolíticos. Un resumen de los principales puntos de crítica:
 
Alto Costo de Operación: la hora de vuelo de un F-16 es muy cara (rondan entre los $10.000 y $20.000 dólares). En un contexto de ajuste fiscal, esto generaría dudas sobre si el país tendrá los fondos necesarios para mantener los aviones operativos y entrenar adecuadamente a los pilotos.

Prioridades de Gasto: Hay críticas sobre destinar una suma importante del presupuesto de defensa (alrededor de $650 millones de dólares para el paquete completo contra un euro que pagó Rumania) a aviones, en lugar de utilizar esos recursos en áreas con mayores necesidades sociales o productivas. Esos dólares que nos prestan no son para un Procrear, son para comprar aviones obsoletos y equipos en mal estado.

Inversión en Infraestructura: Además del costo de compra y operación, se requiere una inversión adicional significativa para actualizar y readecuar las bases aéreas, pistas, talleres y sistemas logísticos para poder soportar la operación de estas aeronaves.

Aviones Usados y Desfase Tecnológico: Aunque modernizados, los aviones son de segunda mano (Europa los está reemplazando por F-35 de quinta generación) y tienen 40 años de antigüedad. Esto no representa la "última tecnología" y Argentina queda rezagada frente a los avances en aviación de combate, cuando los drones y los sistemas no tripulados están redefiniendo el combate aéreo.

Insuficiente para la Extensión Territorial: Argentina es el octavo país más extenso del mundo. Una flota de 24 aviones no es suficiente para cubrir eficazmente todo el territorio nacional y su espacio aéreo.
 
Limitaciones Logísticas y Técnicas: el F-16 tiene un sistema de reabastecimiento en vuelo por pértiga rígida, lo cual es un problema, ya que la Fuerza Aérea Argentina utiliza un sistema de cesta y manguera, lo que obligaría a readecuar la flota de tanqueros o a depender exclusivamente del sistema rígido.
 
La compra de armamento estadounidense fomenta un claro alineamiento cipayo con Estados Unidos y la OTAN. Esto limita la soberanía en política exterior y que todo el control logístico, mantenimiento y la provisión de repuestos queden sujetos al visto bueno de los EEUU (y a las restricciones impuestas por el Reino Unido), como ha ocurrido históricamente con otras ventas militares. La elección del F-16 priorizó el alineamiento internacional por sobre otras opciones, como los aviones chinos JF-17 (más modernos y que incluían armamento), los cuales fueron objetados por Gran Bretaña.
 
La Opinión Popular


08-12-2025 / 08:12
Al anular las convocatorias a proyectos de investigación que ya estaban adjudicadas (de 2022) y cerrar definitivamente las siguientes, la Agencia I+D+i, el organismo encargado del financiamiento científico, terminó de cerrar el círculo de destrucción del conocimiento levantado por el gobierno de Javier "el Loco" Milei. El año que viene, Argentina será el único país de América latina que no invierte un peso en ciencia.
 
Cuando una situación atroz se presenta en reiteradas ocasiones, cada vez tiende a generar un menor impacto. Desde que Milei asumió la Presidencia de la Nación en diciembre de 2023, la comunidad científica advirtió -más de una vez- la desidia a la que se enfrentaba el sector. Organizaron marchas, manifestaciones, feria de investigadores y alzaron la voz en cada oportunidad en la que el Poder Ejecutivo daba otro paso en pos de desmantelar la ciencia del país.
 
Ahora, la Agencia I+D+i, que depende de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, anuló las convocatorias a proyectos de investigación PICT 2022 - que ya estaban adjudicados- y cerró definitivamente la convocatoria 2023. Es decir, el próximo año, Argentina será el único país de América Latina que no invierte en ciencia, según explicaron desde la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (Raicyt).
 
"El jueves 4 de diciembre de 2025 quedará tristemente en la historia como una fecha clave para el desmantelamiento del sistema científico de la Argentina", anunciaron desde la organización que agrupa a más de 400 directivos de organismos científicos-tecnológicos con el objetivo de articular medidas para frenar lo que ellos denominan como un "cientificidio". El próximo miércoles, la comunidad científica se concentrará en el Polo Científico de Palermo para rechazar y denunciar los nuevos recortes.
 
La Agencia I+D+i, desde que se creó en 1996, financió las actividades del sistema con convocatorias para que los investigadores reciban fondos para llevar adelante sus investigaciones. Anteriormente dependía del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Desde 2023, el Ministerio desapareció y la agencia pasó a depender de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, bajo la órbita de Darío Genua.
 
El cambio de gestión trajo consigo el desmantelamiento de la Agencia I+D+i, según cuentan desde Raicyt. La principal herramienta del organismo era la financiación de los Proyectos de Investigación Científico/Tecnológicos (PICTs). Cada año se convocaban a los PICTs y se financiaban aproximadamente 1500 proyectos. Desde la asunción del gobierno de Milei esta línea de financiamiento desapareció.
 
Para los PICTs, las diferentes entidades científicas debían presentar sus proyectos -que abarcaban todas las áreas del conocimiento-, para luego ser evaluados por la Agencia I+D+i que, en caso de aprobarlos, los ejecutaría aproximadamente dos años después. En 2024, aquellos proyectos aprobados por el Directorio de la agencia en el 2022 no se ejecutaron, cuando ya había cerca de 800 adjudicados.
 
La convocatoria del 2023 -a ejecutarse en 2025- fue prorrogada en 7 ocasiones y ahora, con el anuncio del 4 de diciembre, definitivamente desapareció del mapa. En 2024 y 2025 no hubo nuevas convocatorias.
 

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