00:47 | Viernes 26 de Abril de 2013 | Entre Ríos
Las claves del modelo ideológico neoliberal del gobierno de Macri
Por Carlos Andujar
Por Carlos Andujar
Groucho Marx dijo: "La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados". En ese punto, Javier Milei es marxista.
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Entre Ríos - 30-01-2023 / 08:01
PANORAMA POLÍTICO PROVINCIAL
Todas las actividades productivas necesitan del Estado, todas sin excepción
Todas las actividades productivas necesitan del Estado, todas sin excepción: la industria, el comercio, los servicios, la agricultura, la ganadería, la minería... Algunas para recibir un empujón inicial, otras para mantenerse en circunstancias adversas. A pesar de tantas evidencias de la necesidad imprescindible del rol activo del Estado, la elite económica-mediática-financiera, los dirigentes macristas y los economistas neoliberales mantienen un fuerte discurso antiestatista sostenido por una ideología de libre mercado a ultranza. Para esos sectores poderosos las ganancias deben privatizarse y las pérdidas socializarse; y el Estado no debe interferir en ese proceso, más bien debe garantizarlo.
Todas las actividades productivas necesitan del Estado, todas sin excepción: la industria, el comercio, los servicios, la agricultura, la ganadería, la minería... Algunas para recibir un empujón inicial, otras para mantenerse en circunstancias adversas. A pesar de tantas evidencias de la necesidad imprescindible del rol activo del Estado, la elite económica-mediática-financiera, los dirigentes macristas y los economistas neoliberales mantienen un fuerte discurso antiestatista sostenido por una ideología de libre mercado a ultranza. Para esos sectores poderosos las ganancias deben privatizarse y las pérdidas socializarse; y el Estado no debe interferir en ese proceso, más bien debe garantizarlo.
El sector agropecuario más concentrado, con la Sociedad Rural a la cabeza, es uno de los voceros más fanático del discurso anti estatista. Se advirtió con crudeza el año pasado cuando se negó a vender la cosecha de soja, millones de toneladas guardadas en silobolsas en los grandes campos, para presionar al gobierno nacional en busca de un tipo de cambio privilegiado: el dólar-soja, el que finalmente obtuvo por sus potentes espaldas, más potentes que las del propio Estado. Con ganancias récord durante el primer semestre de 2022 y la mejor liquidación de divisas de la historia en el mes de mayo, las patronales del campo aumentaron sus exigencias, presionando por la devaluación, aunque eso profundizara la inflación y una crisis social.
Pasaron unos pocos meses y esos discursos de fuerte tono anti estatista cambiaron radicalmente. ¿Qué sucedió para motivar semejante mutación? Un 55% del territorio nacional, lo que equivale a 1,64 millón de km², sufre la falta de agua en los suelos y a eso se suman las altas temperaturas. Una contingencia climática, la sequía, hizo que aquellos evidentes enemigos del Estado de pronto acudieran a él en busca de apoyo económico para afrontar la emergencia. En los grandes medios porteños comenzó a repetirse una y otra vez que "el campo no aguanta más", que "la presión tributaria es muy alta" y toda una batería de frases hechas y lugares comunes para justificar los reclamos de los terratenientes.
No es que esté mal que el Estado acuda en auxilio del "campo" y de quien lo necesita, lo que sucede es que hay que prestar atención a estos cambios tan drásticos de los discursos para no perder de vista qué intereses económicos están en juego detrás de ellos. "No tengan ninguna duda nuestros productores e instituciones que los representan de qué vamos a estar trabajando codo a codo, como siempre, para poder mitigar los efectos de esta sequía y tener la posibilidad de reconstruir un capital de trabajo de cara a la próxima campaña de cosecha", afirmó el gobernador Gustavo Bordet. El ministro Sergio Massa, en la misma reunión, resaltó "el trabajo asociativo y que importante es que el Estado le ponga a este trabajo asociado, a estas voluntades asociadas inversión y recursos, porque son recursos que siempre quedan en los pueblos", aseguró.
El 28 de diciembre, el gobierno de Bordet declaró el estado de Emergencia y/o Desastre Agropecuario desde el 1 de diciembre de 2022 hasta el 30 de junio de 2023 para las explotaciones agrícolas de maíz, citrícolas, hortícolas y apícolas. Es evidente que el Estado, aún en condiciones normales, respalda a la actividad agropecuaria de muchas maneras. Existen innumerables programas de apoyo económico y financiero, con créditos fuertemente subsidiados y extensos plazos para su devolución, e incluso aportes no reintegrables, destinados a ayudar a la compra de terneros, vacas, reproductores, para reservas forrajeras, construcción de aguadas, para siembra de granos, para mejoramiento de la infraestructura rural, electrificación, para la industria frigorífica, la actividad porcina, la actividad ovina, la industria láctea, la chacra mixta, para afrontar emergencias como sequía e incendios y muchos otros programas imposibles de citar en su totalidad en esta columna.
El sector agropecuario más concentrado, con la Sociedad Rural a la cabeza, es uno de los voceros más fanático del discurso anti estatista. Se advirtió con crudeza el año pasado cuando se negó a vender la cosecha de soja, millones de toneladas guardadas en silobolsas en los grandes campos, para presionar al gobierno nacional en busca de un tipo de cambio privilegiado: el dólar-soja, el que finalmente obtuvo por sus potentes espaldas, más potentes que las del propio Estado. Con ganancias récord durante el primer semestre de 2022 y la mejor liquidación de divisas de la historia en el mes de mayo, las patronales del campo aumentaron sus exigencias, presionando por la devaluación, aunque eso profundizara la inflación y una crisis social.
Pasaron unos pocos meses y esos discursos de fuerte tono anti estatista cambiaron radicalmente. ¿Qué sucedió para motivar semejante mutación? Un 55% del territorio nacional, lo que equivale a 1,64 millón de km², sufre la falta de agua en los suelos y a eso se suman las altas temperaturas. Una contingencia climática, la sequía, hizo que aquellos evidentes enemigos del Estado de pronto acudieran a él en busca de apoyo económico para afrontar la emergencia. En los grandes medios porteños comenzó a repetirse una y otra vez que "el campo no aguanta más", que "la presión tributaria es muy alta" y toda una batería de frases hechas y lugares comunes para justificar los reclamos de los terratenientes.
No es que esté mal que el Estado acuda en auxilio del "campo" y de quien lo necesita, lo que sucede es que hay que prestar atención a estos cambios tan drásticos de los discursos para no perder de vista qué intereses económicos están en juego detrás de ellos. "No tengan ninguna duda nuestros productores e instituciones que los representan de qué vamos a estar trabajando codo a codo, como siempre, para poder mitigar los efectos de esta sequía y tener la posibilidad de reconstruir un capital de trabajo de cara a la próxima campaña de cosecha", afirmó el gobernador Gustavo Bordet. El ministro Sergio Massa, en la misma reunión, resaltó "el trabajo asociativo y que importante es que el Estado le ponga a este trabajo asociado, a estas voluntades asociadas inversión y recursos, porque son recursos que siempre quedan en los pueblos", aseguró.
El 28 de diciembre, el gobierno de Bordet declaró el estado de Emergencia y/o Desastre Agropecuario desde el 1 de diciembre de 2022 hasta el 30 de junio de 2023 para las explotaciones agrícolas de maíz, citrícolas, hortícolas y apícolas. Es evidente que el Estado, aún en condiciones normales, respalda a la actividad agropecuaria de muchas maneras. Existen innumerables programas de apoyo económico y financiero, con créditos fuertemente subsidiados y extensos plazos para su devolución, e incluso aportes no reintegrables, destinados a ayudar a la compra de terneros, vacas, reproductores, para reservas forrajeras, construcción de aguadas, para siembra de granos, para mejoramiento de la infraestructura rural, electrificación, para la industria frigorífica, la actividad porcina, la actividad ovina, la industria láctea, la chacra mixta, para afrontar emergencias como sequía e incendios y muchos otros programas imposibles de citar en su totalidad en esta columna.
Los impulsores políticos de los argumentos anti Estado son los dirigentes del PRO que desfilan por los medios adictos con declaraciones que los muestran estrechamente unidos al reclamo de la Mesa de Enlace por reducción de retenciones y devaluación. En el marco de la sequía que afecta al sector rural, el senador macrista por Entre Ríos, Alfredo De Angeli, presentó un proyecto en la Cámara Alta para fijar por ley una escala de reducción de los derechos de exportación. Es decir, para desfinanciar al Estado, en una muestra explícita de defensa de los intereses de los dueños de la tierra, que en 2022 tuvieron ganancias récord. Además, de reclamar un mayor ajuste recortando el gasto público, es decir subsidios y planes sociales de los sectores más necesitados, para trasladárselos a ellos.
La pandemia de Covid-19 fue el ejemplo más extremo para poner en blanco sobre negro esta realidad. En Argentina, el Estado dedicó enormes cantidades de recursos económicos para sostener el funcionamiento de las empresas privadas afectadas por los efectos de la epidemia. Esa ayuda se implementó a través del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), con el cual muchas empresas pudieron seguir funcionando y manteniendo los puestos de empleo.
Para lograr una provincia y un país con mayor desarrollo se necesita no solo del campo, sino también de las industrias, el comercio, los servicios, la energía, el turismo y las actividades relacionadas con la economía del conocimiento. Y aceptar que un Estado activo es un instrumento de protección, equidad y desarrollo social, lo que sería un gran paso para elevar el debate político tan contaminado en estos días por los discursos neoliberales, elitistas y excluyentes.
La Opinión Popular
Macrismo y bolsonarismo: enemigos declarados de la Celac
La reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) presidida por Alberto Fernández y realizada en nuestro país fue un éxito rotundo. Por primera vez desde la creación del organismo en 2011 participaron los 33 países miembros que la integran, y todos ellos suscribieron un documento final con definiciones muy claras contra el bloqueo yanqui a Cuba y en favor de la soberanía argentina sobre las Malvinas, usurpada por los piratas británicos, entre muchos otros puntos.
La presencia del presidente de Brasil, Luiz Inácio "Lula" da Silva, en su primer viaje al exterior desde su reciente asunción, le dio brillo al encuentro, como también la asistencia de otros 14 jefes de Estado de la región, un número significativamente alto. Los representantes sesionaron a puertas cerradas pero trascendieron las intervenciones de varios presidentes y cancilleres. Como era de prever en un foro con tantos integrantes hubo coincidencias y discrepancias, aunque las primeras fueron mucho más amplias que las segundas; de hecho se logró consensuar un documento único que contiene nada menos que 111 puntos.
No debe olvidarse que la Celac nació en Venezuela cuando en la región había presidentes como Hugo Chaves, Rafael Correa, Evo Morales, Lula da Silva, José Mujica, Raúl Castro y Cristina Kirchner entre otros. En ese clima general de gobiernos progresistas prendió rápido la idea de crear una organización que abordara las cuestiones regionales con mirada propia y libre de la tutela de Washington, que tan ostensiblemente se impone en la Organización de Estados Americanos, el "ministerio de colonias" yanqui.
De hecho, el mensaje de Joe Biden leído en esta última reunión muestra abiertamente sus preferencias por la OEA. Esa visión de la Casa Blanca es línea editorial para la derecha mediática y orden estricta para la derecha política macrista y bolsonarista. Por eso desde Juntos por el Cambio y los grandes medios porteños se hizo lo imposible por boicotear el encuentro de la Celac. Las declaraciones disparatadas de la dirigencia macrista y las no menos disparatadas coberturas periodísticas de la gran prensa corporativa porteña lo dejaron muy claro.
La desmesurada repercusión que le dieron a las expresiones de un presidente, el derechista uruguayo Luis Lacalle Pou, va en línea con lo señalado. Apuntar con el dedo qué países tienen o no gobiernos democráticos, o respetan o no los derechos humanos es el deporte preferido de la derecha regional. El modelo que usan para esa discriminación es "made in USA", por eso no dicen una palabra de la siniestra prisión de Guantánamo, instalada por Estados Unidos en territorio despojado a Cuba.
Un tema central en la agenda de la Celac tampoco es del gusto del paladar reaccionario macrista y bolsonarista. La no injerencia en los asuntos internos de un país es un principio aceptado por el organismo desde su fundación. Para quienes naturalizan o defienden la intervención de EEUU en cualquier parte de este "patio trasero" latinoamericano, esa definición de política internacional es una herejía difícil de digerir.
La rapidez con que un gobierno es calificado como "dictadura" o acusado de "violar los derechos humanos" por macristas y bolsonaristas es funcional al intervencionismo hegemónico yanqui, una estrategia que la Casa Blanca, la OEA y las derechas latinoamericanas defienden sin problemas de conciencia.
La visita de Luiz Inácio Lula da Silva
Siempre el arribo de un Presidente a la Argentina genera expectativas, pero en el último tiempo pocas de ellas despertaron tanto interés como la llegada del brasileño Luiz Inácio Lula da Silva a suelo patrio. No sólo fue la primera visita de Estado del ex sindicalista luego de ser elegido nuevamente jefe de Estado, dejando atrás un capítulo de proscripción, que lo llevó a estar detenido en su país por una causa que de serio y Justicia nada tenía, sino que antes de pisar el suelo del campeón del mundo, sólo se hablaba de una cosa: la posibilidad de una moneda única entre Argentina y Brasil, lo que abría muchos interrogantes.
Ya con Lula en Argentina muchas dudas fueron despejadas. La primera de ellas es que jamás existió la posibilidad de una moneda única entre ambos países y mucho menos con los que integran el Mercosur. Tanto el ministro de Economía, Sergio Massa, como su par brasileño, Fernando Haddad, dejaron en claro que lo que empezó a charlarse es la posibilidad de una "moneda común" en la región, lo que difiere mucho de lo que especuló primero. Este dinero complementario regiría a la par de los billetes oficiales y se utilizaría para transacciones comerciales entre las Naciones sudamericanas integrantes del bloque.
Si bien la sola posibilidad de una moneda común puede parecer novedad, lo cierto es que en el mundo no lo es debido a la globalización y regionalización de las economías. En África, catorce países utilizan el Franco CFA para su comercio con una paridad fija con respecto al Euro, por citar uno de los tantos ejemplos.
Entre las ventajas que presenta tener una moneda común es la de crear mercados más grandes y generar economías de escala. Se eliminarían las barreras para los bloques productivos y por ende habría mayor productividad. Reduciría la posibilidad de especulación al dejar de comercializar en dólar, una moneda externa a la región y brinda una mayor soberanía al no depender del dólar.
Sin embargo, existen muchos desafíos para poder llevarlos a cabo. La paciencia es uno de ellos porque un proyecto así requiere de un largo tiempo de análisis y debates. Pero, principalmente, si la idea es pensar en una iniciativa regional, todos los países del Mercosur deberían estar de acuerdo con la misma y Uruguay no parece dar señales de ello. Su presidente Luis Lacalle Pou ya hizo público su deseo de que los miembros del Mercosur puedan negociar acuerdos de libre comercio de manera individual y no en bloque, algo que no cayó bien en Argentina y Brasil.
Ya con el presidente brasileño en Uruguay, las principales conclusiones que dejó su paso en Argentina es que pudo haberse plantado la semilla de lo que algún día sería un gran árbol. El debate de la moneda común se instaló en la agenda pública con voces a favor y en contra. En caso de prosperar, es un hecho que Alberto Fernández no verá los frutos de esa planta durante su mandato.
Pero la visita de Lula no sólo se trató de anunciar un proyecto del que nadie puede garantizar si se pondrá en marcha o no. Su presencia significó también el relanzamiento de la relación bilateral entre las dos economías más grandes de Sudamérica con una agenda que se enfocó en mejorar el flujo comercial y fortalecer el vínculo de integración regional.
De esta manera, ambos países firmaron un Memorándum de Entendimiento sobre Integración Económica y Financiera con 82 puntos de cooperación que fueron consensuados a través de reuniones entre ministros, funcionarios y empresarios de ambas partes. Además de la moneda común, entre los aspectos destacados se encuentran la integración energética a través de la financiación por parte de Brasil del gasoducto Néstor Kirchner, lo que le permitirá a la Argentina exportar gas a su principal socio comercial.
En el sur, Macri y Bullrich prepararon los ataques contra el Gobierno
El ex presidente Mauricio Macri y la presidenta del PRO, la bolsonarista Patricia Bullrich, se reunieron en el lujoso country Cumelén, un exclusivo lugar de la Patagonia, con araucarias, arrayanes y una vista privilegiada al lago Nahuel Huapi. Con esos paisajes inspiradores, buscaron estimular su imaginación para planificar y acordar sus estrategias de ataques electorales furibundos contra el Gobierno en este año decisivo.
A cuentagotas, es poca la información que dejaron filtrar. Son más los gestos, los mensajes que envían entrelíneas. Uno, Macri, viene moviéndose como si fuera candidato, pero también como si fuera a jugar de gran elector del PRO. Se deja las manos libres, sin hacer definiciones tajantes. Viaja a Mar del Plata con protagonismo estelar a presentar el libro que le escribieron, pero también recibe en el sur a Bullrich, así como hace semanas recibió al adversario de ella en la interna, Horacio Rodríguez Larreta.
En danza, son varios los debates que atraviesan al PRO. Si acordar candidaturas o ir a una interna, si adoptar un perfil más duro o más moderado, cómo vincularse con los socios de Juntos por el Cambio y cómo manejar el "factor Milei". En el fondo de la cuestión está cómo resolver sus internas y prepararse para una eventual vuelta al poder.
Qué se charló en el sur de todo aquello, aún se sabe poco. Bullrich dio, sin embargo, algunas pistas el lunes por la noche en declaraciones al canal LN+. Allí adelantó que entre ambos planean "alertar a los argentinos" sobre el programa económico que lleva a cabo el Gobierno de la mano del ministro Sergio Massa, ya que su estrategia sería "correr los problemas para adelante".
En ese sentido, señaló que a diferencia del mandato anterior de Cambiemos, esta vez quieren ser más "explícitos" sobre los problemas que deja la administración de Alberto Fernández al futuro gobierno. "Antes nos acusaron de no ser totalmente explícitos de cómo estaban los problemas en el país, pero ahora queremos ser explícitos", indicó.
Bullrich se refiere así a un viejo debate que atravesó al PRO en aquellos años, respecto de que, según varios de sus dirigentes, en 2015 no se señaló con suficiente fuerza la "herencia recibida" del kirchnerismo, lo cual los hubiera habilitado, siempre según su visión, para hacer menos "gradualismo" y proponer recetas neoliberales de shock más duras y antipopulares de entrada.
En este plano, tanto Macri como Bullrich son cabecillas del ala de los "halcones" que, de cara a esta elección, proponen un duro plan de reformas estructurales y ataques neoliberales desde el mismo 10 de diciembre. Entre ellas se cuentan un nuevo golpe devaluatorio, reformas laborales con quita de derechos, jubilatorias, impositivas, privatizaciones y ajuste fiscal. Claro, todo eso por ahora es puro discurso electoral porque si quisieran hacerlo, así como fue en 2017, se encontrarán con fuerte resistencia popular en las calles.
Esta ubicación gurka también está estimulada hoy por un cálculo electoral que tiene que ver con la emergencia por ultra derecha de Javier Milei. Entre los muchos problemas con los que debe lidiar el PRO si quiere volver al poder, también está aquel de no perder demasiados votos por derecha con el dirigente liberfacho.
Gustavo Bordet y lo que dejó el 2022
El gobernador Gustavo Bordet realizó un balance de fin de año, subrayó los avances para promover la producción, la industria y el comercio, y explicó que fueron posibles gracias al ordenamiento de la provincia. "Las políticas públicas deben trascender las gestiones", afirmó.
"Siempre insisto con crear políticas públicas que trasciendan gestiones, para no estar empezando y terminando ciclos constantemente que no permiten concretar los objetivos", agregó el mandatario. En vísperas del fin de año, Bordet explicó que una vez superada la pandemia hubo que "intensificar la gestión", y que en ese marco "nos propusimos metas ambiciosas y las cumplimos".
Destacó los programas creados para subsidiar y garantizar el acceso al crédito de los productores y de las pymes, el financiamiento de la provincia a las industrias entrerrianas para que puedan crear nuevos puestos de trabajo, y el impulso de los comercios entrerrianos a través del programa Billetera Entre Ríos.
"Teníamos que llevar un ritmo de obra pública en toda la provincia que sea desarrollado con fluidez, y que podamos concretar las obras que teníamos planificadas pero que no se concretaron por no tener el respaldo presupuestario en otras épocas", afirmó.
Además, habló de los acuerdos salariales que superan a la inflación, que se acordaron con los gremios docentes y estatales, y la extensión del calendario escolar y de la jornada escolar. También resaltó la necesidad de mantener políticas de Estado que trasciendan las gestiones de gobierno.
"El presupuesto ordenado que alcanzamos desde hace un par de años nos permitió ejecutar una batería de obras en toda la provincia que, por un lado, satisface necesidades relacionadas con viviendas, escuelas, accesos, rutas y caminos; y por el otro reactivó la industria de la construcción y el empleo a través de la obra pública, que también tuvo su correlato en la obra privada", señaló.
Otro de los temas priorizados por el gobernador fue la educación. Recordó que "nos propusimos recuperar mucho tiempo perdido en materia educativa", y para eso "fijamos un calendario escolar con 190 días hábiles de clases, lo cual lo cumplimos". "Es la primera vez que la provincia tiene tantos días de clases", advirtió.
Además, recordó: "En agosto firmamos con el Ministerio de Educación de la Nación un convenio para ampliar una hora más las clases en las escuelas primarias, el 70 por ciento está cumpliendo este objetivo".
"La extensión de la jornada escolar significa que, a los 190 días de clases se sumaron otros 17 días más", apuntó, y adelantó que en el ciclo lectivo 2023 "la totalidad de los establecimientos primarios contará con esa hora más de clases", lo que representará, en todo el año, 38 días más.
Para poder lograr esos objetivos, Bordet puso de relieve "haber acordado una política salarial con las organizaciones gremiales para poder tener un salario que le gane a la inflación, que es el compromiso que había hecho". También acotó que cuando se conozca el índice inflacionario acumulado anual, a mediados de enero, se ajustará el salario con cinco puntos por encima de la inflación.
Más o Menos Juntos por Entre Ríos camina por una cornisa
La Mesa nacional de Juntos por el Cambio enfrenta una rebelión de los dirigentes de las provincias que no tienen primarias y en las que la UCR y el PRO no pueden definir el mecanismo para elegir candidatos. La cúpula de la alianza opositora es cuestionada por llegar tarde a los conflictos desatados entre la UCR y el PRO en Neuquén y Río Negro y por no definir en Mendoza, Tucumán, Salta, Chubut y Córdoba.
En ese escenario, a Juntos por Entre Ríos, si hay algo que sobra, son preguntas. Pero lo llamativo es que hay una cuenta que está más en rojo que la del almacenero: la de las respuestas. En ese rubro todos piden crédito. Es que las respuestas escasean. En todo caso, el problema es que cualquier respuesta puede acarrear un gran problema.
Hay una pregunta que no tiene problemas en Juntos por Entre Ríos: ¿Quiénes son los candidatos para 2023? La respuesta es rápida y simple. Velozmente salen los nombres de Rogelio Frigerio y de Pedro Galimberti. No pregunte por la fórmula que competirá en las generales ni por otras cuestiones. Menos aún indague quiénes son los líderes porque ahí las respuestas no son las mismas. Y, por lo tanto, empiezan las complicaciones.
Si cualquier interlocutor le pregunta a Frigerio quién será el candidato a gobernador, el rubio diputado nacional responde con una velocidad propia de un corredor de rally y dice: Rogelio Frigerio. Si se hace exactamente lo mismo con Galimberti, el radical suelta su respuesta: Pedro Galimberti.
Si hay una sola candidatura a gobernador, el problema de Juntos es que tiene dos y ninguno de los dos está dispuesto a ceder. Sin embargo, intentando entrar en el terreno de la lógica, se le podría preguntar a Frigerio qué haría si Galimberti terminara siendo el postulante por su espacio. Entre las poquísimas coincidencias que tienen Frigerio y Galimberti está la de no estar dispuestos a ceder sus respectivas precandidaturas a gobernador y la de no ver la posibilidad de ser segundón del otro en un futuro.
A Frigerio pareciera que el vértigo del porteño le gana al cálculo provinciano y a la paciencia entrerriana. Por eso no parece dispuesto a elaborar un plan B ante el hipotético caso de que no llegue a salirse con la suya. Más allá de sus declaraciones, muchos entrerrianos ven la cercanía de los comicios y Juntos solo devuelve incertidumbres.
Frigerio camina la política porteña desde muy jovencito, desde la cuna familiar. No puede dar un paso sin haber planificado algunos movimientos de ajedrez. Sabe que su pieza más fuerte en esta contienda con Galimberti está fuera del tablero entrerriano. Es Horacio Rodríguez Larreta su principal sostén desde el puerto de Buenos Aires.
Frigerio confía ciegamente en las encuestas. Todas -las que tienen en Casa Gris como las que se muestran sin animarse a publicarlas- dirían que el porteño se queda con la pole position. A eso se aferra y no da el brazo a torcer de ningún modo. Galimberti también mira encuestas y algunas les sugieren que va descontado la diferencia con el porteño. El problema es que se sostengan. En tanto, aprovechará que Frigerio sigue de largas vacaciones.
Frigerio y Galimberti reconocen en privado que no hay posibilidades de que Juntos por Entre Ríos se rompa. Saben que ninguno cargaría con el pesadísimo sambenito de romper una estructura y que se lleve todas las culpas de una derrota electoral.
Sin embargo, cuando la pregunta se la hacen a cualquier dirigente del espacio de uno y otro lado la respuesta -en voz baja, por supuesto- es muy fuerte. Tal vez por eso se la cuenta casi susurrándola: "está todo muy difícil". No está cerca el acuerdo. Juntos por Entre Ríos camina por una cornisa y a medida que avanzan los días se hace más difícil el equilibrio que exige la unidad.
En mayo podría haber sorpresas. Esta hipótesis se apoya en otras respuestas que han empezado a escucharse. Más de uno habla de 2027, como si sintieran que 2023 ya se hubiera corrido. Claro que estas perspectivas se barajan en las categorías mayores, no para sostener y defender bancas legislativas, de concejales y algunas intendencias.
Enero termina cargado de incógnitas y febrero asoma dispuesto a responderlas. En el oficialismo, aún con machete, van tachando casi todos los casilleros. En Juntos por Entre Ríos hay respuestas que se las van a llevar a marzo.
La Opinión Popular
La pandemia de Covid-19 fue el ejemplo más extremo para poner en blanco sobre negro esta realidad. En Argentina, el Estado dedicó enormes cantidades de recursos económicos para sostener el funcionamiento de las empresas privadas afectadas por los efectos de la epidemia. Esa ayuda se implementó a través del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), con el cual muchas empresas pudieron seguir funcionando y manteniendo los puestos de empleo.
Para lograr una provincia y un país con mayor desarrollo se necesita no solo del campo, sino también de las industrias, el comercio, los servicios, la energía, el turismo y las actividades relacionadas con la economía del conocimiento. Y aceptar que un Estado activo es un instrumento de protección, equidad y desarrollo social, lo que sería un gran paso para elevar el debate político tan contaminado en estos días por los discursos neoliberales, elitistas y excluyentes.
La Opinión Popular
Macrismo y bolsonarismo: enemigos declarados de la Celac
La reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) presidida por Alberto Fernández y realizada en nuestro país fue un éxito rotundo. Por primera vez desde la creación del organismo en 2011 participaron los 33 países miembros que la integran, y todos ellos suscribieron un documento final con definiciones muy claras contra el bloqueo yanqui a Cuba y en favor de la soberanía argentina sobre las Malvinas, usurpada por los piratas británicos, entre muchos otros puntos.
La presencia del presidente de Brasil, Luiz Inácio "Lula" da Silva, en su primer viaje al exterior desde su reciente asunción, le dio brillo al encuentro, como también la asistencia de otros 14 jefes de Estado de la región, un número significativamente alto. Los representantes sesionaron a puertas cerradas pero trascendieron las intervenciones de varios presidentes y cancilleres. Como era de prever en un foro con tantos integrantes hubo coincidencias y discrepancias, aunque las primeras fueron mucho más amplias que las segundas; de hecho se logró consensuar un documento único que contiene nada menos que 111 puntos.
No debe olvidarse que la Celac nació en Venezuela cuando en la región había presidentes como Hugo Chaves, Rafael Correa, Evo Morales, Lula da Silva, José Mujica, Raúl Castro y Cristina Kirchner entre otros. En ese clima general de gobiernos progresistas prendió rápido la idea de crear una organización que abordara las cuestiones regionales con mirada propia y libre de la tutela de Washington, que tan ostensiblemente se impone en la Organización de Estados Americanos, el "ministerio de colonias" yanqui.
De hecho, el mensaje de Joe Biden leído en esta última reunión muestra abiertamente sus preferencias por la OEA. Esa visión de la Casa Blanca es línea editorial para la derecha mediática y orden estricta para la derecha política macrista y bolsonarista. Por eso desde Juntos por el Cambio y los grandes medios porteños se hizo lo imposible por boicotear el encuentro de la Celac. Las declaraciones disparatadas de la dirigencia macrista y las no menos disparatadas coberturas periodísticas de la gran prensa corporativa porteña lo dejaron muy claro.
La desmesurada repercusión que le dieron a las expresiones de un presidente, el derechista uruguayo Luis Lacalle Pou, va en línea con lo señalado. Apuntar con el dedo qué países tienen o no gobiernos democráticos, o respetan o no los derechos humanos es el deporte preferido de la derecha regional. El modelo que usan para esa discriminación es "made in USA", por eso no dicen una palabra de la siniestra prisión de Guantánamo, instalada por Estados Unidos en territorio despojado a Cuba.
Un tema central en la agenda de la Celac tampoco es del gusto del paladar reaccionario macrista y bolsonarista. La no injerencia en los asuntos internos de un país es un principio aceptado por el organismo desde su fundación. Para quienes naturalizan o defienden la intervención de EEUU en cualquier parte de este "patio trasero" latinoamericano, esa definición de política internacional es una herejía difícil de digerir.
La rapidez con que un gobierno es calificado como "dictadura" o acusado de "violar los derechos humanos" por macristas y bolsonaristas es funcional al intervencionismo hegemónico yanqui, una estrategia que la Casa Blanca, la OEA y las derechas latinoamericanas defienden sin problemas de conciencia.
La visita de Luiz Inácio Lula da Silva
Siempre el arribo de un Presidente a la Argentina genera expectativas, pero en el último tiempo pocas de ellas despertaron tanto interés como la llegada del brasileño Luiz Inácio Lula da Silva a suelo patrio. No sólo fue la primera visita de Estado del ex sindicalista luego de ser elegido nuevamente jefe de Estado, dejando atrás un capítulo de proscripción, que lo llevó a estar detenido en su país por una causa que de serio y Justicia nada tenía, sino que antes de pisar el suelo del campeón del mundo, sólo se hablaba de una cosa: la posibilidad de una moneda única entre Argentina y Brasil, lo que abría muchos interrogantes.
Ya con Lula en Argentina muchas dudas fueron despejadas. La primera de ellas es que jamás existió la posibilidad de una moneda única entre ambos países y mucho menos con los que integran el Mercosur. Tanto el ministro de Economía, Sergio Massa, como su par brasileño, Fernando Haddad, dejaron en claro que lo que empezó a charlarse es la posibilidad de una "moneda común" en la región, lo que difiere mucho de lo que especuló primero. Este dinero complementario regiría a la par de los billetes oficiales y se utilizaría para transacciones comerciales entre las Naciones sudamericanas integrantes del bloque.
Si bien la sola posibilidad de una moneda común puede parecer novedad, lo cierto es que en el mundo no lo es debido a la globalización y regionalización de las economías. En África, catorce países utilizan el Franco CFA para su comercio con una paridad fija con respecto al Euro, por citar uno de los tantos ejemplos.
Entre las ventajas que presenta tener una moneda común es la de crear mercados más grandes y generar economías de escala. Se eliminarían las barreras para los bloques productivos y por ende habría mayor productividad. Reduciría la posibilidad de especulación al dejar de comercializar en dólar, una moneda externa a la región y brinda una mayor soberanía al no depender del dólar.
Sin embargo, existen muchos desafíos para poder llevarlos a cabo. La paciencia es uno de ellos porque un proyecto así requiere de un largo tiempo de análisis y debates. Pero, principalmente, si la idea es pensar en una iniciativa regional, todos los países del Mercosur deberían estar de acuerdo con la misma y Uruguay no parece dar señales de ello. Su presidente Luis Lacalle Pou ya hizo público su deseo de que los miembros del Mercosur puedan negociar acuerdos de libre comercio de manera individual y no en bloque, algo que no cayó bien en Argentina y Brasil.
Ya con el presidente brasileño en Uruguay, las principales conclusiones que dejó su paso en Argentina es que pudo haberse plantado la semilla de lo que algún día sería un gran árbol. El debate de la moneda común se instaló en la agenda pública con voces a favor y en contra. En caso de prosperar, es un hecho que Alberto Fernández no verá los frutos de esa planta durante su mandato.
Pero la visita de Lula no sólo se trató de anunciar un proyecto del que nadie puede garantizar si se pondrá en marcha o no. Su presencia significó también el relanzamiento de la relación bilateral entre las dos economías más grandes de Sudamérica con una agenda que se enfocó en mejorar el flujo comercial y fortalecer el vínculo de integración regional.
De esta manera, ambos países firmaron un Memorándum de Entendimiento sobre Integración Económica y Financiera con 82 puntos de cooperación que fueron consensuados a través de reuniones entre ministros, funcionarios y empresarios de ambas partes. Además de la moneda común, entre los aspectos destacados se encuentran la integración energética a través de la financiación por parte de Brasil del gasoducto Néstor Kirchner, lo que le permitirá a la Argentina exportar gas a su principal socio comercial.
En el sur, Macri y Bullrich prepararon los ataques contra el Gobierno
El ex presidente Mauricio Macri y la presidenta del PRO, la bolsonarista Patricia Bullrich, se reunieron en el lujoso country Cumelén, un exclusivo lugar de la Patagonia, con araucarias, arrayanes y una vista privilegiada al lago Nahuel Huapi. Con esos paisajes inspiradores, buscaron estimular su imaginación para planificar y acordar sus estrategias de ataques electorales furibundos contra el Gobierno en este año decisivo.
A cuentagotas, es poca la información que dejaron filtrar. Son más los gestos, los mensajes que envían entrelíneas. Uno, Macri, viene moviéndose como si fuera candidato, pero también como si fuera a jugar de gran elector del PRO. Se deja las manos libres, sin hacer definiciones tajantes. Viaja a Mar del Plata con protagonismo estelar a presentar el libro que le escribieron, pero también recibe en el sur a Bullrich, así como hace semanas recibió al adversario de ella en la interna, Horacio Rodríguez Larreta.
En danza, son varios los debates que atraviesan al PRO. Si acordar candidaturas o ir a una interna, si adoptar un perfil más duro o más moderado, cómo vincularse con los socios de Juntos por el Cambio y cómo manejar el "factor Milei". En el fondo de la cuestión está cómo resolver sus internas y prepararse para una eventual vuelta al poder.
Qué se charló en el sur de todo aquello, aún se sabe poco. Bullrich dio, sin embargo, algunas pistas el lunes por la noche en declaraciones al canal LN+. Allí adelantó que entre ambos planean "alertar a los argentinos" sobre el programa económico que lleva a cabo el Gobierno de la mano del ministro Sergio Massa, ya que su estrategia sería "correr los problemas para adelante".
En ese sentido, señaló que a diferencia del mandato anterior de Cambiemos, esta vez quieren ser más "explícitos" sobre los problemas que deja la administración de Alberto Fernández al futuro gobierno. "Antes nos acusaron de no ser totalmente explícitos de cómo estaban los problemas en el país, pero ahora queremos ser explícitos", indicó.
Bullrich se refiere así a un viejo debate que atravesó al PRO en aquellos años, respecto de que, según varios de sus dirigentes, en 2015 no se señaló con suficiente fuerza la "herencia recibida" del kirchnerismo, lo cual los hubiera habilitado, siempre según su visión, para hacer menos "gradualismo" y proponer recetas neoliberales de shock más duras y antipopulares de entrada.
En este plano, tanto Macri como Bullrich son cabecillas del ala de los "halcones" que, de cara a esta elección, proponen un duro plan de reformas estructurales y ataques neoliberales desde el mismo 10 de diciembre. Entre ellas se cuentan un nuevo golpe devaluatorio, reformas laborales con quita de derechos, jubilatorias, impositivas, privatizaciones y ajuste fiscal. Claro, todo eso por ahora es puro discurso electoral porque si quisieran hacerlo, así como fue en 2017, se encontrarán con fuerte resistencia popular en las calles.
Esta ubicación gurka también está estimulada hoy por un cálculo electoral que tiene que ver con la emergencia por ultra derecha de Javier Milei. Entre los muchos problemas con los que debe lidiar el PRO si quiere volver al poder, también está aquel de no perder demasiados votos por derecha con el dirigente liberfacho.
Gustavo Bordet y lo que dejó el 2022
El gobernador Gustavo Bordet realizó un balance de fin de año, subrayó los avances para promover la producción, la industria y el comercio, y explicó que fueron posibles gracias al ordenamiento de la provincia. "Las políticas públicas deben trascender las gestiones", afirmó.
"Siempre insisto con crear políticas públicas que trasciendan gestiones, para no estar empezando y terminando ciclos constantemente que no permiten concretar los objetivos", agregó el mandatario. En vísperas del fin de año, Bordet explicó que una vez superada la pandemia hubo que "intensificar la gestión", y que en ese marco "nos propusimos metas ambiciosas y las cumplimos".
Destacó los programas creados para subsidiar y garantizar el acceso al crédito de los productores y de las pymes, el financiamiento de la provincia a las industrias entrerrianas para que puedan crear nuevos puestos de trabajo, y el impulso de los comercios entrerrianos a través del programa Billetera Entre Ríos.
"Teníamos que llevar un ritmo de obra pública en toda la provincia que sea desarrollado con fluidez, y que podamos concretar las obras que teníamos planificadas pero que no se concretaron por no tener el respaldo presupuestario en otras épocas", afirmó.
Además, habló de los acuerdos salariales que superan a la inflación, que se acordaron con los gremios docentes y estatales, y la extensión del calendario escolar y de la jornada escolar. También resaltó la necesidad de mantener políticas de Estado que trasciendan las gestiones de gobierno.
"El presupuesto ordenado que alcanzamos desde hace un par de años nos permitió ejecutar una batería de obras en toda la provincia que, por un lado, satisface necesidades relacionadas con viviendas, escuelas, accesos, rutas y caminos; y por el otro reactivó la industria de la construcción y el empleo a través de la obra pública, que también tuvo su correlato en la obra privada", señaló.
Otro de los temas priorizados por el gobernador fue la educación. Recordó que "nos propusimos recuperar mucho tiempo perdido en materia educativa", y para eso "fijamos un calendario escolar con 190 días hábiles de clases, lo cual lo cumplimos". "Es la primera vez que la provincia tiene tantos días de clases", advirtió.
Además, recordó: "En agosto firmamos con el Ministerio de Educación de la Nación un convenio para ampliar una hora más las clases en las escuelas primarias, el 70 por ciento está cumpliendo este objetivo".
"La extensión de la jornada escolar significa que, a los 190 días de clases se sumaron otros 17 días más", apuntó, y adelantó que en el ciclo lectivo 2023 "la totalidad de los establecimientos primarios contará con esa hora más de clases", lo que representará, en todo el año, 38 días más.
Para poder lograr esos objetivos, Bordet puso de relieve "haber acordado una política salarial con las organizaciones gremiales para poder tener un salario que le gane a la inflación, que es el compromiso que había hecho". También acotó que cuando se conozca el índice inflacionario acumulado anual, a mediados de enero, se ajustará el salario con cinco puntos por encima de la inflación.
Más o Menos Juntos por Entre Ríos camina por una cornisa
La Mesa nacional de Juntos por el Cambio enfrenta una rebelión de los dirigentes de las provincias que no tienen primarias y en las que la UCR y el PRO no pueden definir el mecanismo para elegir candidatos. La cúpula de la alianza opositora es cuestionada por llegar tarde a los conflictos desatados entre la UCR y el PRO en Neuquén y Río Negro y por no definir en Mendoza, Tucumán, Salta, Chubut y Córdoba.
En ese escenario, a Juntos por Entre Ríos, si hay algo que sobra, son preguntas. Pero lo llamativo es que hay una cuenta que está más en rojo que la del almacenero: la de las respuestas. En ese rubro todos piden crédito. Es que las respuestas escasean. En todo caso, el problema es que cualquier respuesta puede acarrear un gran problema.
Hay una pregunta que no tiene problemas en Juntos por Entre Ríos: ¿Quiénes son los candidatos para 2023? La respuesta es rápida y simple. Velozmente salen los nombres de Rogelio Frigerio y de Pedro Galimberti. No pregunte por la fórmula que competirá en las generales ni por otras cuestiones. Menos aún indague quiénes son los líderes porque ahí las respuestas no son las mismas. Y, por lo tanto, empiezan las complicaciones.
Si cualquier interlocutor le pregunta a Frigerio quién será el candidato a gobernador, el rubio diputado nacional responde con una velocidad propia de un corredor de rally y dice: Rogelio Frigerio. Si se hace exactamente lo mismo con Galimberti, el radical suelta su respuesta: Pedro Galimberti.
Si hay una sola candidatura a gobernador, el problema de Juntos es que tiene dos y ninguno de los dos está dispuesto a ceder. Sin embargo, intentando entrar en el terreno de la lógica, se le podría preguntar a Frigerio qué haría si Galimberti terminara siendo el postulante por su espacio. Entre las poquísimas coincidencias que tienen Frigerio y Galimberti está la de no estar dispuestos a ceder sus respectivas precandidaturas a gobernador y la de no ver la posibilidad de ser segundón del otro en un futuro.
A Frigerio pareciera que el vértigo del porteño le gana al cálculo provinciano y a la paciencia entrerriana. Por eso no parece dispuesto a elaborar un plan B ante el hipotético caso de que no llegue a salirse con la suya. Más allá de sus declaraciones, muchos entrerrianos ven la cercanía de los comicios y Juntos solo devuelve incertidumbres.
Frigerio camina la política porteña desde muy jovencito, desde la cuna familiar. No puede dar un paso sin haber planificado algunos movimientos de ajedrez. Sabe que su pieza más fuerte en esta contienda con Galimberti está fuera del tablero entrerriano. Es Horacio Rodríguez Larreta su principal sostén desde el puerto de Buenos Aires.
Frigerio confía ciegamente en las encuestas. Todas -las que tienen en Casa Gris como las que se muestran sin animarse a publicarlas- dirían que el porteño se queda con la pole position. A eso se aferra y no da el brazo a torcer de ningún modo. Galimberti también mira encuestas y algunas les sugieren que va descontado la diferencia con el porteño. El problema es que se sostengan. En tanto, aprovechará que Frigerio sigue de largas vacaciones.
Frigerio y Galimberti reconocen en privado que no hay posibilidades de que Juntos por Entre Ríos se rompa. Saben que ninguno cargaría con el pesadísimo sambenito de romper una estructura y que se lleve todas las culpas de una derrota electoral.
Sin embargo, cuando la pregunta se la hacen a cualquier dirigente del espacio de uno y otro lado la respuesta -en voz baja, por supuesto- es muy fuerte. Tal vez por eso se la cuenta casi susurrándola: "está todo muy difícil". No está cerca el acuerdo. Juntos por Entre Ríos camina por una cornisa y a medida que avanzan los días se hace más difícil el equilibrio que exige la unidad.
En mayo podría haber sorpresas. Esta hipótesis se apoya en otras respuestas que han empezado a escucharse. Más de uno habla de 2027, como si sintieran que 2023 ya se hubiera corrido. Claro que estas perspectivas se barajan en las categorías mayores, no para sostener y defender bancas legislativas, de concejales y algunas intendencias.
Enero termina cargado de incógnitas y febrero asoma dispuesto a responderlas. En el oficialismo, aún con machete, van tachando casi todos los casilleros. En Juntos por Entre Ríos hay respuestas que se las van a llevar a marzo.
La Opinión Popular
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