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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 29-01-2023 / 12:01
LAS PROVINCIAS DÍSCOLAS NO ACATAN EL LLAMADO A LA UNIDAD DE JUNTOS Y PUEDEN PERDER 5 DISTRITOS QUE CREÍAN GANADOS

No tan Juntos: en varias provincias las internas entre la UCR y el PRO quiebran la alianza

No tan Juntos: en varias provincias las internas entre la UCR y el PRO quiebran la alianza
La Mesa de Juntos por el Cambio enfrenta una rebelión de los dirigentes de las provincias que no tienen primarias y en las que la UCR y el PRO no pueden definir el mecanismo para elegir candidatos. La cúpula del frente opositor es cuestionada por llegar tarde a los conflictos desatados entre la UCR y el PRO en Neuquén y Río Negro y por no definir en Mendoza, Tucumán, Salta, Chubut y Córdoba.
La Mesa de Juntos por el Cambio enfrenta una rebelión de los dirigentes de las provincias que no tienen primarias y en las que la UCR y el PRO no pueden definir el mecanismo para elegir candidatos. La cúpula del frente opositor es cuestionada por llegar tarde a los conflictos desatados entre la UCR y el PRO en Neuquén y Río Negro y por no definir en Mendoza, Tucumán, Salta, Chubut y Córdoba.
 
Las provincias díscolas no acatan el llamado a la unidad de Juntos y los más pesimistas en creen que si no se resuelven las internas, las provincias que creían ganadas o con serias chances de conseguir el triunfo seguirán en manos del peronismo. Tras el clima triunfalista por la victoria en 19 provincias en las elecciones legislativas de 2021, el panorama se complicó en varios distritos como Tucumán, Chubut, Salta, Córdoba y Río Negro.
 
La Mesa se reunió el miércoles recién luego de semanas del conflicto desatado en Río Negro y en Neuquén, en donde el frente opositor se rompió por acuerdos locales. En Neuquén el PRO decidió apoyar a Rolando Figueroa, ex MPN, y en Río Negro los radicales acordaron con el ex gobernador Alberto Weretilneck. Otras provincias como Córdoba, Chubut, Tucumán y Salta atraviesan situaciones críticas en las que los dos partidos principales de la alianza no se ponen de acuerdo para definir un candidato sin la herramienta de las PASO. Y en Mendoza, donde hay primarias, los radicales temen que Omar de Marchi, del PRO vaya por afuera de Juntos y sea funcional al peronismo.
 
Por eso en la reunión del miércoles amenazaron con "sancionar" a los candidatos que no compitan en internas del frente. La sanción sería la "expulsión" del frente, una medida un tanto burlesca si el candidato en cuestión ya eligió competir por fuera de Juntos y en definitiva se auto expulsó. "Parece que algunos referentes de JxC anduvieron haciendo pucherito en Bs As para que la mesa nacional saque un comunicado intrascendente e inaplicable", ironizó el radical Manuel Pagliaroni, diputado provincial de Chubut.
 
En esa provincia, por caso, un sector del radicalismo no quiere apoyar a Ignacio "Nacho" Torres, el candidato del PRO que tiene mayores chances en las encuestas. El ex senador radical Mario Cimadevilla salió a respaldar la fórmula Damián Biss-Gustavo Menna, que según el PRO nació de un acuerdo subterráneo con el gobierno del massista Mariano Arcioni.
 
En Córdoba, Luis Juez se niega a firmar un reglamento para ir a internas con Rodrigo de Loredo y complica todo el armado de Juntos. En tanto que en Tucumán los radicales están partidos en tres: algunos apoyan Germán Alfaro, el candidato de Larreta y Patricia Bullrich; otros apoyan al diputado nacional Roberto Sánchez y otros juegan para el gobernador peronista Osvaldo Jaldo, que tiene a varios radicales nombrados en el Ejecutivo.
 
En el seno de Juntos se quejan de que la Mesa llega tarde a los conflictos y se mete una vez que explotaron. "Se tomaron demasiadas vacaciones", dijeron en el frente opositor. "El problema de la Mesa es que la integran todos candidatos a presidente que terminan jugando en pos de sus intereses y no para garantizar el triunfo de Juntos por el Cambio", dicen las fuentes.
 
En conclusión: la oposición de derecha se resquebraja en disputas internas, se está dividiendo en varias provincias, por desacuerdos en candidaturas y cargos. Está en duda que Juntos pueda volver a salir primero como ocurrió en las legislativas del 2021. Ya lo había dicho el empresario Paolo Rocca: "Juntos por el Cambio no está en condiciones para gobernar en 2023".
 
La Opinión Popular
 

 
LA PELEA POR LAS CANDIDATURAS
 
Se agudizan las internas de Juntos por el Cambio en varias provincias y no se diluyen los riesgos de rupturas
 
La Mesa Nacional de la coalición opositora intentó disciplinar los distritos. Los casos de La Pampa, Córdoba, Mendoza y distintos puntos patagónicos. El acuerdo que beneficia a Bullrich y la UCR.
 
Por: Claudio Mardones
 
Con la finalización de enero el cronograma electoral de 2023 quedó a un parpadeo de arrancar. La primera escala se concretará el próximo 12 de febrero, con las primarias en La Pampa, que definirán a los candidatos a gobernador que se medirán en las generales del 14 de mayo. Las PASO pampeanas serán la primera visita a las urnas de este año, en un territorio donde el peronismo nunca perdió su control desde la recuperación democrática. Para JxC significará un primer examen. Se espera una interna segura entre el PRO y la UCR, pero en un momento donde la Mesa Nacional de JxC busca disciplinar algunos distritos del interior.
 
Este miércoles los titulares de los cuatro partidos de la coalición opositora tuvieron que reunirse de urgencia para dar una respuesta a las internas y rupturas en distintas provincias. Acordaron que los que rompan y no se midan dentro de las reglas internas de la coalición «serán sancionados y no podrán utilizar las siglas de Juntos por el Cambio en alianzas, colectoras o lemas». 
 
El acuerdo cosechó turbulencias internas y surgieron versiones de un presunto malestar por parte del alcalde Horacio Rodríguez Larreta contra Patricia Bullrich por haber sellado un pacto que la beneficia a ella y a la UCR. En diálogo con Tiempo, una de las autoridades partidarias, cercana a Bullrich, confirmó que existieron las quejas. Fueron «desde el desconocimiento y la propia interna que generó algunos cruces». Sin embargo buscó bajarle el tono.
 
«Muchas veces en los distritos tenemos miradas demasiado locales y perdemos de vista el eje de lo nacional, y en JxC a nivel nacional la prioridad es ganar las elecciones. Nada de lo que se acordó está por fuera de lo que se acordó con Bullrich, Rodríguez Larreta, Mauricio Macri y María Eugenia Vidal», remarcó el dirigente.
 
 
El malestar podría escalar la semana próxima con posibles impugnaciones contra Bullrich al frente del partido amarillo por falta de ecuanimidad. Cerca del alcalde recordaron que no fue una reunión de la Mesa Nacional sino de los presidentes de los partidos. «No es el larretismo sino la gran mayoría de los presidentes del PRO de cada provincia quienes están en desacuerdo con las atribuciones que se tomó Bullrich», indicó la fuente.
 
«Viola el reglamento en primer lugar la UCR. No aceptó el mecanismo de encuestas ni el de interna abierta que había acordado la Mesa Nacional. Por otra parte el PRO, en Neuquén, no abandonó la coalición y por eso no es pasible perder el uso de la marca: de los cuatro partidos que conforman JxC se fracturaron dos de cada lado. Lo razonable sería que ninguno use la marca JxC», aseguraron en la sede de Parque Patricios. Y advirtieron que «los presidentes de los partidos», que se reunieron el miércoles, «no tienen atribuciones delegadas por la Mesa Nacional.  Están avasallando las facultades de un distrito».
 
La decisión de este miércoles sigue en pie. Fue un mensaje disciplinador destinado a dos internas patagónicas que no pudieron ordenar, mientras se aprieta el calendario y aparecen otros nubarrones más densos. Ese mapa de arena será el menú principal de la próxima reunión de la Mesa Nacional, prevista para el 6 de febrero.
 
En Neuquén la coalición se rompió de hecho porque un sector del radicalismo impulsa al diputado y empresario frutícola, Pablo Cervi, que forma parte del sector Evolución Radical, liderado por el senador porteño Martín Lousteau. El macrismo local no está de acuerdo y pactó con el diputado nacional Rolando Figueroa, que rompió con el Movimiento Popular Neuquino, pero fue vicegobernador de Omar Gutiérrez entre 2015 y 2019. Llevará su candidatura por afuera y cuenta con el respaldo del PRO de esa provincia, aunque también hay otro cisma protagonizado por el empresario de medios Carlos Eguía que impulsaba la candidatura de Macri pero ahora es el candidato local de «La Libertad Avanza», la fuerza de ultraderecha que lidera el diputado Javier Milei.
 
También hay una controversia irresoluble en Río Negro: una parte de la UCR acordó una colectora con el oficialismo provincial, que impulsará el regreso del exgobernador Alberto Weretilneck, actual senador nacional y un aliado clave para el Frente de Todos en la Cámara Alta. En las dos provincias se vota el 16 de abril y los dos resultados impactarán con más fuerza que la performance que tendrán en La Pampa dentro de dos semanas. Se espera una interna entre el diputado macrista Martín Maquieyra y su  tocayo boiniblanco Martín Berhongaray, que también integra la bancada de JxC en la Cámara Baja. El legislador podría quedarse con la candidatura y repetir la interna de 2019, donde el macrista Carlos MacAllister perdió con el radical Daniel Kroneberger.
 
El problema promete ramificarse a distritos más importantes, como Mendoza, donde el radicalismo se estaría ordenando para que Alfredo Cornejo busque volver a la gobernación y pelee por la sucesión de Rodolfo Suárez. El macrista Omar De Marchi  no está dispuesto a convalidar la hegemonía radical en su provincia y amenazó con pelear la conducción de la provincia, pero por afuera de JxC. Desde el año pasado es uno de los armadores nacionales de la candidatura presidencial Rodríguez Larreta. Empoderado con esa investidura, el mendocino no se ha mostrado dispuesto a ceder.
 
La mayor de las provincias cuyanas tiene PASO el 11 de junio y generales el 24 de septiembre. En ese caso todavía hay tiempo para evitar una ruptura a cielo abierto, pero no es la única complicación en ciernes que tiene JxC. También aparecen incógnitas sobre Córdoba. El senador Luis Juez está decidido a pelear por la gobernación y se encamina a confrontar con el radical Rodrigo De Loredo, que responde a Martín Lousteau. Ese tablero no está definido y sucede en una provincia donde el gobernador Juan Schiaretti todavía no definió fecha de realización de los comicios.
 
El código electoral cordobés establece que «la elección del gobernador y vice debe realizarse, como mínimo, con 60 días de anticipación a la fecha de finalización de mandato y, como máximo, dentro de los 180 días de esa fecha». En medio de los tironeos internos entre Juez y De Loredo y la especulación del schiarettismo para elegir la fecha, este viernes JxC le exigió al gobierno provincial que no adelante las elecciones y las convoque seis meses antes de finalizar su función. El «gringo» Schiaretti termina su tercer mandato el 10 de diciembre y JxC quiere que convoque a los comicios ejecutivos para junio.
 
La elección de esa fecha será gravitante para la contienda nacional. En Córdoba hay un antecedente ineludible para el oficialismo y la oposición, que explica también la interna feroz de JxC. En las presidenciales de 2019 Macri sumó la cifra más alta de todo el país. Obtuvo el 61,30% de los votos y Alberto Fernández el 29,27%.
 
En Tucumán también hay chispazos. Las elecciones se concretarán el 14 de mayo y se desarrolla un duelo sordo con el radical Roberto Sánchez, que trabaja para quedarse con la candidatura a gobernador de JxC. No la tiene fácil. En frente tiene al intendente de la capital, Germán Alfaro, que cuenta con el respaldo de Rodríguez Larreta y si no hay acuerdo podría protagonizar otra fractura provincial.
 
 
Fuente: Tiempo Argentino
 

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23-12-2025 / 09:12
Un fallo de Cámara obliga al Gobierno a explicar ante la Justicia dónde está el oro que, en junio de 2024, el gobierno de Javier "el Loco" Milei sacó del Banco Central para enviar al exterior. Para los jueces, esa información constituye "un asunto de indudable interés público como es la administración de las reservas". La presentación la hizo La Asociación Bancaria, el gremio que descubrió y denunció la maniobra con los lingotes de oro. El presidente del Banco central, Santiago Bausili, ya se negó a contestar un requerimiento de la Auditoría General de La Nación. Junto a "Toto" Caputo sacaron el oro del país y nunca informaron sobre su destino.
 
En un operativo clandestino de ribetes policiales, comenzó una saga de ocultamiento de las autoridades sobre el destino de uno de los principales activos líquidos del organismo monetario. El diputado nacional y líder de La Bancaria, Sergio Palazzo, presentó varios pedidos de informes exigiendo a las autoridades que expliquen donde está el oro y que tipo de cauciones lo afectan. Caputo nunca quiso explicar su destino, se limitó a comentar muy por arriba en un programa de televisión que se giró a un banco para cobrar intereses. No explicó quien lo tiene ni qué tipo de operación se hizo con ese importante activo.
 
Ahora, la Justicia Federal ordenó este lunes al Banco Central que entregue información precisa sobre el destino del oro. En una resolución firmada por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, consideró que la autoridad monetaria no justificó de manera suficiente su decisión de no informar sobre el destino del activo y sostuvo que la negativa vulneró los principios de transparencia.
 
Es que Caputo y Bausili sostienen que la operación forma parte de la "administración" de las reservas y por ende es secreta. El mismo criterio opaco que Caputo utiliza para no dar precisiones sobre el swap firmado con Estados Unidos y los bonos que le entregó al Tesoro para que rentabilice la venta de dólares que hizo sobre el cierre de la campaña.
 
Los jueces fueron punzantes sobre el lamentable manejo de Caputo sobre información que debería ser pública. "La configuración de alguna de las excepciones legales a la entrega de información pública no puede depender de una apreciación unilateral del sujeto obligado", sostiene el fallo y subraya que es el Estado quien debe demostrar, de manera concreta, que la difusión de los datos solicitados causaría un daño a un interés legítimamente protegido.
 
El Banco Central respondió apenas con un comunicado formal que "había completado transferencias de parte de sus reservas en oro entre sus diferentes cuentas", sin precisar monto, destino ni motivo concreto. La respuesta evasiva del BCRA encendió alarmas. Porque ese oro no es un adorno: según informes oficiales, las reservas de oro rondan unos USD 4.900 millones, un componente significativo del total de activos extranjeros del Central.
 
Aunque la entidad insiste en que las operaciones no alteran el volumen agregado de las reservas, nadie sabe realmente dónde están físicamente esos lingotes y si siguen efectivamente en poder del Estado o se remataron en algunas de las operaciones de préstamos igualmente opacas que concretó Caputo. El balance del BCRA, en ciertos trimestres, llegó incluso a no mostrar ese componente con claridad, como si hubiera desaparecido entre páginas y cifras.
 
La Auditoría General de la Nación (AGN) reveló recientemente que el Banco Central se negó a entregar documentación sobre dónde están los lingotes, bajo qué condiciones se conservan y si parte del oro fue transformado en instrumentos financieros. El argumento oficial: la información es "confidencial" y su difusión podría poner en riesgo la seguridad de los activos. Como sea, la pregunta es: ¿dónde está el oro? Eso es lo que la Justicia ahora exige que responda Milei.
 
La Opinión Popular
 

22-12-2025 / 10:12
Las joyas de la abuela que remata el gobierno. A espaldas del Congreso, el Gobierno ya vendió 40 valiosos terrenos del Estado (pertenecientes a las fuerzas armadas, instituciones científicas y hasta predios de ex centros clandestinos de detención) y tiene 140 inmuebles más para subastar. Luis "Toto" Caputo sueña con conseguir unos mil millones de dólares mientras las grandes inmobiliarias amigas del gobierno, con Eduardo Costantini a la cabeza, se quedan con el botín.
 
Tierras del Plan Procrear, de las Fuerzas Armadas, ferroviarias, de instituciones científicas, predios de ex Centros Clandestinos de Detención y hasta un pedazo de montaña en Mendoza. Todo eso incluye la lista de más de 180 terrenos e inmuebles públicos que conforman el plan de ventas de bienes del Estado que ya avanza en el Gobierno de Javier "el Loco" Milei.
 
Los remates, que esta semana fueron noticia por la venta de tierras destinadas originalmente a viviendas sociales, se concentran por ahora en la Ciudad de Buenos Aires con las empresas de Eduardo Costantini como principales beneficiarias y otros grandes jugadores del sector, como el Grupo IRSA, codiciando las tierras.
 
A través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), y sin pasar por el Congreso, la fuerza libertaria ya vendió cerca de 40 bienes y tiene en lista otros 140 lotes e inmuebles publicados para subastar en lo que le queda de mandato.
 
La lista de subastas futuras cuenta con terrenos de hasta 300 hectáreas a vender en el interior del país con destino al negocio agropecuario o a grandes proyectos inmobiliarios. Especialistas y organizaciones ambientalistas advierten que se trata "de uno de los procesos de descapitalización pública más agresivos de nuestra historia reciente".
 
"Vamos a vender muchos de los activos de la AABE y eso va a generar un ingreso de miles de millones". No mentía el ministro de Economía, "Toto" Caputo, cuando a principios de junio reconocía que el gobierno remataría las tierras del Estado para intentar sostener las reservas, en conjunto con los procesos de privatizaciones y concesiones.
 
Sólo desde ese mes la Agencia abrió subastas para un total de 26 terrenos e inmuebles a los que hay que sumarle otros 17 procesos de remate que se habían abierto desde fines de 2023. En paralelo a las subastas de la AABE, el gobierno remata también las tierras que estaban destinadas al ya disuelto Plan Procrear y apunta a recaudar una suma de entre 800 y 1000 millones de dólares por todo el paquete. Aunque hubo ventas en Mendoza, La Plata, Pinamar y Córdoba, la mayor parte de los bienes vendidos hasta ahora se concentran en la Ciudad de Buenos Aires.
 
El terreno más grande de ese paquete es el predio de cuatro hectáreas que pertenecía al Ejército y que Eduardo Costantini adquirió por más de 120 millones de dólares. El mismo empresario se quedó con un lote de la Policía Federal en Bajo Belgrano a través de la firma Argencons, que controla desde mayo, en una subasta peleada en la que la empresa le ganó incluso al peso pesado de Eduardo Elsztain y su Grupo IRSA.
 
Antes, Costantini también había sumado otro terreno a pocos metros del Campo Argentino de Polo. En los tres casos se construirán desarrollos inmobiliarios.
 

21-12-2025 / 09:12
Cuando los cimientos están agrietados, todo lo que se construye es frágil e inestable. Cincuenta días tardó Javier "el Loco" Milei, tras una sorpresiva e impactante victoria en las elecciones de medio término, en fagocitarse el crédito político, de la misma forma que se fagocitó -durante los últimos dos años- una cantidad récord de divisas sin poder acumular reservas.
 
Ahora, tiene por delante dos años en los que su suerte está atada a la voluntad de aliados poco confiables. El FMI volvió a intervenir la economía, forzando un volantazo; los gobernadores pasaron por caja y después le votaron en contra. Un poco de su propia medicina. Hola incertidumbre, mi vieja amiga, podría cantar el presidente. Dos años, en Argentina, es mucho tiempo.
 
Después de la sesión del miércoles en la Cámara de Diputados, la mayoría de los medios titularon con un triunfo del oficialismo por la media sanción de diputados y apenas destinaron alguna línea en la bajada para comentar, como algo secundario, la inesperada derrota en el Capítulo 11 que se votó de madrugada. Con el correr de las horas, la realidad se encargó de corregir ese evidente error de criterio.
 
La derrota del gobierno fue completa y sus consecuencias están teniendo ramificaciones imprevistas. Milei amenazó con vetar su propio presupuesto y Patricia Bullrich tuvo que anunciar la postergación del tratamiento de la reforma laboral, justo a la hora que la CGT desconcentraba la Plaza de Mayo. Una derrota indisimulable.
 
El debate sobre la Ley de Presupuesto en la Cámara Baja era la primera y la más sencilla de todas las sesiones que tiene por delante el Gobierno para aprobar las reformas que anunció. La dificultad insalvable que encontró esta semana echa dudas sobre la viabilidad del resto de sus planes, justo cuando tiene que convencer a los acreedores que le vuelvan a prestar el dinero que no podrá devolver en 20 días.
 
La forma en la que intentó, sin éxito, salvar esa dificultad, repercutió negativamente en la relación con todos sus aliados, a los que necesita para que el Congreso le siga dando una pátina de legitimidad a sus decisiones, muchas veces ilegales e inconstitucionales.
 
La caída del artículo 75, el corazón de la derrota, está cargada de significado político porque fue una rebelión contra la cláusula de la humillación. Enceguecido por una mala lectura de las urnas, Milei no se contentó con ganar sino que quiso escenificar un triunfo absoluto y definitivo sometiendo a los legisladores que antes de la elección habían apoyado las leyes que daban presupuesto a la Universidad Pública y a las personas con discapacidad, para que votaran explícitamente en contra de esas mismas leyes. Ese era el corazón político del proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo. Las partidas pueden reconducirse por decreto. Lo importante era coronar a Milei.
 
Así, el solsticio de verano no sólo marca hoy el final de la primavera, sino también, en coincidencia, el de la primaverita política que había comenzado para el gobierno con el resultado de las elecciones de medio término y que terminó sin que pudiera capitalizar de manera alguna ese éxito. La realidad muestra que, al fin y al cabo, las cosas no son tan malas como parecían en septiembre ni tan buenas como nos quisieron hacer creer después de octubre.
 
Todo sigue más o menos parecido a lo que fue el largo 2025: precario, inestable, violento, cada vez más autoritario y deteriorado. Este año Milei necesitó tres rescates del FMI, de Trump y de las urnas, para llegar hasta acá. Va a necesitar uno más, de los Senadores, antes del brindis del 31. Y con el 2026 comenzará una historia diferente.
 

20-12-2025 / 10:12
Agrandado como alpargata de pobre, en pocas semanas el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei dilapidó el resultado favorable de las urnas, resquebrajó su alianza con el PRO al romper la promesa de un lugar en la AGN; soportó un masivo acto de protesta de la CGT; debió postergar la reforma laboral, y le rechazaron en el Congreso su intento de derogar las leyes de presupuestos universitario y para discapacidad.
 
El efecto colateral del resultado favorable pero inesperado en las urnas fue confiarse demasiado y tomar de su propia medicina para creerse el relato sobre la estupidez humana. No ganó las elecciones porque los ciudadanos piensen que están bien. Es posible que así piense una pequeña parte de sus votantes. La mayoría sabe que está mal y votó -o no fue a votar- entre el discurso gorila antiperonista y la amenaza de un apocalipsis argentino inminente revoleado por el presidente norteamericano Donald Trump.
 
Javier Milei insiste en que la gente está bien. Es una mala lectura de la realidad que dibujan el Indec, el ministro Toto Caputo y Santiago Bausili en el Banco Central. Es el peor mensaje para mentir porque cualquier hijo de vecino puede constatar su falsedad. No importa si la inflación es cero o diez, ni si los medios dicen que bajó la pobreza. El sueldo no llega a fin de mes. O para que llegue hay que hacer sacrificios en calidad de vida, en calidad de salud y alimentación, en las vacaciones y el transporte. Todos saben que el padre, el tío o los abuelos están en el horno con las jubilaciones.
 
La lista de desgracias es más larga porque hay que anotar a los que perdieron negocios o el trabajo, que son cientos de miles. El gobierno hizo una mala lectura y sobre esa base tomó decisiones equivocadas. Una de ellas fue prometerles a sus aliados del PRO un puesto en la Auditoría General de la Nación que no podría otorgarle.
 
Se habló de una negociación con Unión por la Patria, pero en realidad, el puesto que estaba en discusión fue el que asumió la salteña Pamela Calleti que responde al gobernador Gustavo Sáenz. Si hubo negociación no fue por los votos. Los diputados de Unión por la Patria rechazaron las propuestas del Gobierno en todas las votaciones siguientes. Desde el intento oficial de derogar las leyes de financiamiento universitario y para la discapacidad, hasta el presupuesto. No hubo votos de Unión por la Patria en ninguna de esas votaciones.
 
El bochorno mayor fue con la compra de voluntades con los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) previo a la votación. Las provincias más fieles a las decisiones del bloque, como Buenos Aires, La Pampa, Tierra del Fuego, La Rioja y Formosa quedaron fuera del reparto. Milei repartió 66 mil millones de pesos de ATN para comprar esos votos. Lo hizo en forma descarada.
 
Al tucumano Osvaldo Jaldo, el más favorecido, lo hizo llegar hasta Buenos Aires para que le bese el anillo y para escracharlo con una fotografía en la Rosada. Votos en remate para el Presupuesto y la Reforma Laboral, que son parte de las políticas del Gobierno que está destruyendo la industria y expulsando inversiones.
 
Se ha naturalizado esa actitud como un acto "responsable" de los gobernadores, como si el gobierno pudiera usar con ese fin los ATN que son para problemas concretos y no para comprar votos. Usado de esa manera, ese mecanismo es directamente extorsivo.
 
Los diputados que representan a las provincias de Misiones, Salta, San Juan y Mendoza, que originalmente habían votado a favor del aumento del presupuesto a las universidades y a la discapacidad, cambiaron su voto luego de que sus gobernadores recibieran los ATN.
 

19-12-2025 / 10:12
La central obrera, acompañada de otras centrales sindicales, organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, gritaron el rechazo a la reforma laboral y avisaron que comenzó un plan de lucha. Una masiva movilización desbordó la Plaza de Mayo, y muchas otras plazas de todo el país, en el primer paso del plan de lucha de la CGT y otras centrales sindicales contra la "reforma laboral" esclavista. Desde el escenario, los dirigentes de la CGT marcaron que irán escalando hasta un paro nacional.  El Gobierno tomó nota de la creciente resistencia y, cagado en las patas, pateó su tratamiento hasta febrero.
 
"Ojo con lo que hacen, porque el pueblo y la patria se defienden", advirtió, en el acto, primero Octavio Argüello. Luego llegó el turno de Cristian Jerónimo: "El proyecto está escrito y redactado maliciosamente a favor de las grandes corporaciones y de las grandes empresas de la Argentina", afirmó. El último en hablar fue Jorge Sola: "Este es el primer paso, sigan sin escucharnos, terminaremos en un paro nacional en todo el país", aseguró.
 
Las frases retumbaban en Plaza de Mayo. Los triunviros de la CGT hablaban en el escenario -que le daba la espalda a la Casa Rosada- acompañados por todo el universo sindical y referentes del peronismo, la izquierda, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales. No eran pocos, como especulaba y afirmaba el oficialismo, era una multitud.
 
Los bombos, platillos y bronces marcaban el ritmo de los discursos sin saber, al menos en ese instante, que el gobierno reculaba y desactivaba el tratamiento exprés de la dañina reforma laboral. Todo quedaba para febrero porque habían confirmado que el proyecto sumaba más detractores que aplaudidores. Y se asustaron con la movilización masiva.
 
Al menos por ahora, los derechos de los trabajadores y trabajadoras, quedaron a salvo. No es poco para estos tiempos de crueldad que corren. Una señal clara de debilidad. La decisión es el resultado de las limitaciones de una administración acostumbrada a gobernar por DNU y que choca contra la realidad parlamentaria cuando intenta avanzar sobre derechos laborales consolidados.
 
El apuro por aprobar modificaciones estructurales sin diálogo ni consenso encontró un freno en un Congreso que todavía funciona. El mensaje de la oposición fue contundente: no habrá cheque en blanco para desmantelar conquistas sociales mientras se niegan recursos a discapacitados y universidades. La ratificación de estas leyes pese al veto presidencial marca un límite que la Casa Rosada no puede ignorar.
 
Patricia Bullrich reculó en chancletas y ya anunció que habrá nuevas extraordinarias del 2 al 27 de febrero para insistir con las reformas que exigen el FMI y los empresarios. Sin embargo, las fechas elegidas confirman lo que todos intuyen: el Gobierno deberá prometer el Presupuesto como condición para obtener votos opositores.
 
La estrategia de avanzar sin negociar nada tiene precio. Lo que pretendía ser un trámite exprés se convirtió en un recordatorio de que gobernar requiere construir mayorías, no imposiciones. Mientras Milei insiste con su agenda autoritaria de ajuste brutal, lo que ocurrió en las calles y el Congreso demuestra que aún queda capacidad de resistencia popular dispuestas a defender derechos básicos. La reforma laboral esperará, pero las dudas sobre la capacidad del Loco Mlei para aprobar sus iniciativas anarco capitalista, y gobernar a favor de los ricos, crecen. El gobierno de la oligarquía no se puede llevar todo por delante.
 
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