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Nacionales - 29-01-2023 / 12:01
LAS PROVINCIAS DÍSCOLAS NO ACATAN EL LLAMADO A LA UNIDAD DE JUNTOS Y PUEDEN PERDER 5 DISTRITOS QUE CREÍAN GANADOS

No tan Juntos: en varias provincias las internas entre la UCR y el PRO quiebran la alianza

No tan Juntos: en varias provincias las internas entre la UCR y el PRO quiebran la alianza
La Mesa de Juntos por el Cambio enfrenta una rebelión de los dirigentes de las provincias que no tienen primarias y en las que la UCR y el PRO no pueden definir el mecanismo para elegir candidatos. La cúpula del frente opositor es cuestionada por llegar tarde a los conflictos desatados entre la UCR y el PRO en Neuquén y Río Negro y por no definir en Mendoza, Tucumán, Salta, Chubut y Córdoba.
La Mesa de Juntos por el Cambio enfrenta una rebelión de los dirigentes de las provincias que no tienen primarias y en las que la UCR y el PRO no pueden definir el mecanismo para elegir candidatos. La cúpula del frente opositor es cuestionada por llegar tarde a los conflictos desatados entre la UCR y el PRO en Neuquén y Río Negro y por no definir en Mendoza, Tucumán, Salta, Chubut y Córdoba.
 
Las provincias díscolas no acatan el llamado a la unidad de Juntos y los más pesimistas en creen que si no se resuelven las internas, las provincias que creían ganadas o con serias chances de conseguir el triunfo seguirán en manos del peronismo. Tras el clima triunfalista por la victoria en 19 provincias en las elecciones legislativas de 2021, el panorama se complicó en varios distritos como Tucumán, Chubut, Salta, Córdoba y Río Negro.
 
La Mesa se reunió el miércoles recién luego de semanas del conflicto desatado en Río Negro y en Neuquén, en donde el frente opositor se rompió por acuerdos locales. En Neuquén el PRO decidió apoyar a Rolando Figueroa, ex MPN, y en Río Negro los radicales acordaron con el ex gobernador Alberto Weretilneck. Otras provincias como Córdoba, Chubut, Tucumán y Salta atraviesan situaciones críticas en las que los dos partidos principales de la alianza no se ponen de acuerdo para definir un candidato sin la herramienta de las PASO. Y en Mendoza, donde hay primarias, los radicales temen que Omar de Marchi, del PRO vaya por afuera de Juntos y sea funcional al peronismo.
 
Por eso en la reunión del miércoles amenazaron con "sancionar" a los candidatos que no compitan en internas del frente. La sanción sería la "expulsión" del frente, una medida un tanto burlesca si el candidato en cuestión ya eligió competir por fuera de Juntos y en definitiva se auto expulsó. "Parece que algunos referentes de JxC anduvieron haciendo pucherito en Bs As para que la mesa nacional saque un comunicado intrascendente e inaplicable", ironizó el radical Manuel Pagliaroni, diputado provincial de Chubut.
 
En esa provincia, por caso, un sector del radicalismo no quiere apoyar a Ignacio "Nacho" Torres, el candidato del PRO que tiene mayores chances en las encuestas. El ex senador radical Mario Cimadevilla salió a respaldar la fórmula Damián Biss-Gustavo Menna, que según el PRO nació de un acuerdo subterráneo con el gobierno del massista Mariano Arcioni.
 
En Córdoba, Luis Juez se niega a firmar un reglamento para ir a internas con Rodrigo de Loredo y complica todo el armado de Juntos. En tanto que en Tucumán los radicales están partidos en tres: algunos apoyan Germán Alfaro, el candidato de Larreta y Patricia Bullrich; otros apoyan al diputado nacional Roberto Sánchez y otros juegan para el gobernador peronista Osvaldo Jaldo, que tiene a varios radicales nombrados en el Ejecutivo.
 
En el seno de Juntos se quejan de que la Mesa llega tarde a los conflictos y se mete una vez que explotaron. "Se tomaron demasiadas vacaciones", dijeron en el frente opositor. "El problema de la Mesa es que la integran todos candidatos a presidente que terminan jugando en pos de sus intereses y no para garantizar el triunfo de Juntos por el Cambio", dicen las fuentes.
 
En conclusión: la oposición de derecha se resquebraja en disputas internas, se está dividiendo en varias provincias, por desacuerdos en candidaturas y cargos. Está en duda que Juntos pueda volver a salir primero como ocurrió en las legislativas del 2021. Ya lo había dicho el empresario Paolo Rocca: "Juntos por el Cambio no está en condiciones para gobernar en 2023".
 
La Opinión Popular
 

 
LA PELEA POR LAS CANDIDATURAS
 
Se agudizan las internas de Juntos por el Cambio en varias provincias y no se diluyen los riesgos de rupturas
 
La Mesa Nacional de la coalición opositora intentó disciplinar los distritos. Los casos de La Pampa, Córdoba, Mendoza y distintos puntos patagónicos. El acuerdo que beneficia a Bullrich y la UCR.
 
Por: Claudio Mardones
 
Con la finalización de enero el cronograma electoral de 2023 quedó a un parpadeo de arrancar. La primera escala se concretará el próximo 12 de febrero, con las primarias en La Pampa, que definirán a los candidatos a gobernador que se medirán en las generales del 14 de mayo. Las PASO pampeanas serán la primera visita a las urnas de este año, en un territorio donde el peronismo nunca perdió su control desde la recuperación democrática. Para JxC significará un primer examen. Se espera una interna segura entre el PRO y la UCR, pero en un momento donde la Mesa Nacional de JxC busca disciplinar algunos distritos del interior.
 
Este miércoles los titulares de los cuatro partidos de la coalición opositora tuvieron que reunirse de urgencia para dar una respuesta a las internas y rupturas en distintas provincias. Acordaron que los que rompan y no se midan dentro de las reglas internas de la coalición «serán sancionados y no podrán utilizar las siglas de Juntos por el Cambio en alianzas, colectoras o lemas». 
 
El acuerdo cosechó turbulencias internas y surgieron versiones de un presunto malestar por parte del alcalde Horacio Rodríguez Larreta contra Patricia Bullrich por haber sellado un pacto que la beneficia a ella y a la UCR. En diálogo con Tiempo, una de las autoridades partidarias, cercana a Bullrich, confirmó que existieron las quejas. Fueron «desde el desconocimiento y la propia interna que generó algunos cruces». Sin embargo buscó bajarle el tono.
 
«Muchas veces en los distritos tenemos miradas demasiado locales y perdemos de vista el eje de lo nacional, y en JxC a nivel nacional la prioridad es ganar las elecciones. Nada de lo que se acordó está por fuera de lo que se acordó con Bullrich, Rodríguez Larreta, Mauricio Macri y María Eugenia Vidal», remarcó el dirigente.
 
 
El malestar podría escalar la semana próxima con posibles impugnaciones contra Bullrich al frente del partido amarillo por falta de ecuanimidad. Cerca del alcalde recordaron que no fue una reunión de la Mesa Nacional sino de los presidentes de los partidos. «No es el larretismo sino la gran mayoría de los presidentes del PRO de cada provincia quienes están en desacuerdo con las atribuciones que se tomó Bullrich», indicó la fuente.
 
«Viola el reglamento en primer lugar la UCR. No aceptó el mecanismo de encuestas ni el de interna abierta que había acordado la Mesa Nacional. Por otra parte el PRO, en Neuquén, no abandonó la coalición y por eso no es pasible perder el uso de la marca: de los cuatro partidos que conforman JxC se fracturaron dos de cada lado. Lo razonable sería que ninguno use la marca JxC», aseguraron en la sede de Parque Patricios. Y advirtieron que «los presidentes de los partidos», que se reunieron el miércoles, «no tienen atribuciones delegadas por la Mesa Nacional.  Están avasallando las facultades de un distrito».
 
La decisión de este miércoles sigue en pie. Fue un mensaje disciplinador destinado a dos internas patagónicas que no pudieron ordenar, mientras se aprieta el calendario y aparecen otros nubarrones más densos. Ese mapa de arena será el menú principal de la próxima reunión de la Mesa Nacional, prevista para el 6 de febrero.
 
En Neuquén la coalición se rompió de hecho porque un sector del radicalismo impulsa al diputado y empresario frutícola, Pablo Cervi, que forma parte del sector Evolución Radical, liderado por el senador porteño Martín Lousteau. El macrismo local no está de acuerdo y pactó con el diputado nacional Rolando Figueroa, que rompió con el Movimiento Popular Neuquino, pero fue vicegobernador de Omar Gutiérrez entre 2015 y 2019. Llevará su candidatura por afuera y cuenta con el respaldo del PRO de esa provincia, aunque también hay otro cisma protagonizado por el empresario de medios Carlos Eguía que impulsaba la candidatura de Macri pero ahora es el candidato local de «La Libertad Avanza», la fuerza de ultraderecha que lidera el diputado Javier Milei.
 
También hay una controversia irresoluble en Río Negro: una parte de la UCR acordó una colectora con el oficialismo provincial, que impulsará el regreso del exgobernador Alberto Weretilneck, actual senador nacional y un aliado clave para el Frente de Todos en la Cámara Alta. En las dos provincias se vota el 16 de abril y los dos resultados impactarán con más fuerza que la performance que tendrán en La Pampa dentro de dos semanas. Se espera una interna entre el diputado macrista Martín Maquieyra y su  tocayo boiniblanco Martín Berhongaray, que también integra la bancada de JxC en la Cámara Baja. El legislador podría quedarse con la candidatura y repetir la interna de 2019, donde el macrista Carlos MacAllister perdió con el radical Daniel Kroneberger.
 
El problema promete ramificarse a distritos más importantes, como Mendoza, donde el radicalismo se estaría ordenando para que Alfredo Cornejo busque volver a la gobernación y pelee por la sucesión de Rodolfo Suárez. El macrista Omar De Marchi  no está dispuesto a convalidar la hegemonía radical en su provincia y amenazó con pelear la conducción de la provincia, pero por afuera de JxC. Desde el año pasado es uno de los armadores nacionales de la candidatura presidencial Rodríguez Larreta. Empoderado con esa investidura, el mendocino no se ha mostrado dispuesto a ceder.
 
La mayor de las provincias cuyanas tiene PASO el 11 de junio y generales el 24 de septiembre. En ese caso todavía hay tiempo para evitar una ruptura a cielo abierto, pero no es la única complicación en ciernes que tiene JxC. También aparecen incógnitas sobre Córdoba. El senador Luis Juez está decidido a pelear por la gobernación y se encamina a confrontar con el radical Rodrigo De Loredo, que responde a Martín Lousteau. Ese tablero no está definido y sucede en una provincia donde el gobernador Juan Schiaretti todavía no definió fecha de realización de los comicios.
 
El código electoral cordobés establece que «la elección del gobernador y vice debe realizarse, como mínimo, con 60 días de anticipación a la fecha de finalización de mandato y, como máximo, dentro de los 180 días de esa fecha». En medio de los tironeos internos entre Juez y De Loredo y la especulación del schiarettismo para elegir la fecha, este viernes JxC le exigió al gobierno provincial que no adelante las elecciones y las convoque seis meses antes de finalizar su función. El «gringo» Schiaretti termina su tercer mandato el 10 de diciembre y JxC quiere que convoque a los comicios ejecutivos para junio.
 
La elección de esa fecha será gravitante para la contienda nacional. En Córdoba hay un antecedente ineludible para el oficialismo y la oposición, que explica también la interna feroz de JxC. En las presidenciales de 2019 Macri sumó la cifra más alta de todo el país. Obtuvo el 61,30% de los votos y Alberto Fernández el 29,27%.
 
En Tucumán también hay chispazos. Las elecciones se concretarán el 14 de mayo y se desarrolla un duelo sordo con el radical Roberto Sánchez, que trabaja para quedarse con la candidatura a gobernador de JxC. No la tiene fácil. En frente tiene al intendente de la capital, Germán Alfaro, que cuenta con el respaldo de Rodríguez Larreta y si no hay acuerdo podría protagonizar otra fractura provincial.
 
 
Fuente: Tiempo Argentino
 

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27-12-2025 / 09:12
Negando lo innegable, defendiendo lo indefendible. Con iglesias evangélicas que se oponen al aborto pero apoyan a un gobierno que regala libros que elogian a proxenetas y narcos; con militares que votan en masa a un gobierno que los lleva al suicidio; con industriales que se entusiasman con el oficialismo que los lleva a la quiebra; con jóvenes que se ilusionan con un "cambio" que les roba el futuro; con un gobierno que abandona a los discapacitados, pero se queda con una coima del tres por ciento de sus medicamentos, el país parece terminar el año en un descomunal aquelarre cuya lógica la oposición no termina de aprehender.
 
Surgen gurúes de la pobreza que entienden todo y autoflagelaciones de culpa que recriminan incapacidad, pero en realidad no se trata de un fenómeno exclusivo, sino que acompaña la deriva de Occidente. Estados Unidos, que ha sido la matriz ideológica de las últimas décadas, se ha lanzado a la conquista agresiva de Latinoamérica.
 
El diseño es igual de esquizofrénico, primero establece una ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que le permite sólo a Estados Unidos fabricar guerras para robar petróleo, como a Venezuela, confiscar recursos financieros, como a Rusia, o decretar aranceles de castigo para todo el mundo.
 
Y después la completa con lineamientos de seguridad nacional que le permiten agredir, invadir o bloquear a cualquier otro país. La esquizofrenia está en la pretensión de que el mundo acepte esos auto permisos como leyes establecidas incluso por los que son agredidos.
 
En la que fue la primera democracia del planeta cualquiera puede ser detenido sin causa sólo por el tono de su piel y tiene de presidente a Donald Trump que fue acusado de intentar un golpe de Estado. Por años, Occidente ha asimilado en forma bizarra el producto ideológico de esa matriz que en realidad ocultaba la relación entre el imperio y sus colonias dominadas.
 
Con la pérdida de poder de Estados Unidos en su puja con China, el fondo de esa lógica quedó al descubierto, pero Washington mantiene la pretensión de que su propuesta de opresión se asuma como de libertad. Parece una estupidez obvia, pero cuenta con el dispositivo de construcción simbólica más poderoso del planeta y de la historia de la humanidad para hacerlo creíble.
 
Aparecieron réplicas en América Latina y aquí en Argentina se expresó en los libertarios, donde esa palabra que identificaba a los viejos anarquistas fue apropiada por lo opuesto: el poder de las corporaciones sobre el resto de la sociedad; la palabra Libertad también significa lo opuesto a lo que ellos proponen y la idea de "cambio" en realidad significa para ellos romper los cambios verdaderos que promovieron igualdad y libertad.
 
Son sociedades donde la esperanza se reemplazó por la ansiedad y la depresión, porque la ilusión de que sólo basta el mérito personal termina en frustración. Son sociedades, como la Argentina, donde el suicidio se ha triplicado a causa de la frustración y la depresión y se ha convertido en la principal causa de muerte violenta en los jóvenes entre los 10 y 19 años. Todos los días se suicida un chico o chica en Argentina según un informe del Ministerio de Seguridad que se publicó a mediados de noviembre, en 2024 hubo 4294 suicidios.
 
En la semana previa a las navidades, -que la diputada libertaria Juliana Santillán confundió con las Pascuas (¡!)- hubo tres suicidios de soldados y otro de un gendarme. Las Fuerzas Armadas y De Seguridad votaron masivamente a este gobierno que los ha hundido en la pobreza. 
 

26-12-2025 / 07:12
Sea por la infatuación que le dio el triunfo en las elecciones de octubre, por un criterio equivocado o por simple ignorancia política, el gobierno de Javier "el Loco" Milei ha incurrido en un error que puede resultarle caro. Aunque no explícitamente, se ha indispuesto con la Iglesia Católica, porque esta defiende la Justicia Social.
 
Se sabe que esta institución, se diría que, desde siempre, ha sido el credo mayoritario en el país, con militancia de las clases altas y muchas de las jerarquías militares, y si no recordar los últimos meses del primer período de gobierno peronista, cuando hubo un abierto enfrentamiento con la Iglesia y los aviones que bombardearon a gente inocente en Plaza de Mayo lo hicieron con el claro signo de "Cristo Vence" escrito en el fuselaje de sus máquinas.
 
Aquí y ahora la situación no ha llegado a extremos semejantes, pero se manifiesta claramente en el tradicional cambio de saludos para fin de año que concretaron la Iglesia y el Gobierno. A una nota enviada por el arzobispo al Presidente en la que destaca "nuestro anhelo de una paz social sólida, fundada en el cuidado de cada persona y especialmente de quienes atraviesan mayores fragilidades: los pobres, los trabajadores que sostienen día a día la vida del país y los ancianos cuya sabiduría y experiencia necesitamos valorar y acompañar".
 
Milei respondió diciendo que aprecia y valora "el llamado a la reflexión, a la paz social y el compromiso por el bien común" planteado por la jerarquía católica" y sostiene que "seguiremos trabajando incansablemente para generar las condiciones que permitan a cada argentino desarrollarse con dignidad, libertad y oportunidades reales de progreso, especialmente a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad".
 
Es fácil advertir que ambas misivas rezuman protocolo. Es posible que en el proceder de la Presidencia se refleje la dudosa capacidad de sus colaboradores en la materia (tal como se ha hecho evidente en materia diplomática) pero en el asunto cuentan dos hechos altamente significativos.
 
El primero es la abierta confesión de Milei de su militancia en la religión judía, la que no sólo lo ha llevado a alineamientos internacionales con Israel que hicieron trizas la tradicional neutralidad argentina; y también a cometer algunas torpezas dentro del rito mismo. Imbuida de una tradición de presidentes católicos o poco menos, la Iglesia debió deglutir en silencio el sapo que representó su presencia en actos de profunda significación dentro de la fe católica.
 
El otro error fue más grosero. No solamente faltó el tradicional encuentro de Navidad y Fin de Año entre ambos sectores político-religiosos; desde el Ejecutivo ha habido una suspensión de fondos a obras sociales que eran administradas por la Iglesia Católica, con el agravante -se diría que casi ofensa-- de derivarlos hacia congregaciones protestantes y evangelistas, miembros de la llamada Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas (Aciera).
 
A primera vista parecería una áspera respuesta por elevación a las repetidas homilías que el Episcopado católico ha hecho públicas, claramente críticas de la actual política de gobierno. Tampoco hay que olvidar la presencia presidencial de hace algunos meses en la inauguración de un gran templo evangélico, que hasta contó con la concreción de pretendidos -y torpes-milagros. La falta de contactos efectivos mencionada antes tuvo un agravante: sus principales integrantes evangélicos sí fueron participantes de un encuentro con autoridades del Poder Ejecutivo.
 
"El presidente -ha dicho uno de los principales analistas en el tema- no invita a dialogar a las autoridades del Episcopado católico, mientras orienta fondos hacia los evangelistas de Aciera y celebra con ellos en Casa Rosada". Una relación que va de fría a congelada.
 
La Opinión Popular
 

24-12-2025 / 11:12
La guerra de las coimas. Daniel Garbellini, el hombre de los primos Menem al que Daniel Spagnuolo definía en sus audios como "un delincuente" y al que le echó toda la culpa por la corrupción con los remedios para discapacitados, declaró ante la Justicia que el verdadero culpable era el propio Spagnuolo. "El asumió la suma del poder en la Andis y era el único que tenía firma autorizada para realizar pagos", sostiene en un documento.
 
La causa sobre coimas, direccionamiento y sobreprecios en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejó expuesta una batalla entre los principales imputados. Después de que el exdirector del organismo, Spagnuolo, buscara en un escrito responsabilizarlo por las irregularidades, Garbellini -su exnúmero dos, extitular de Acceso a los Servicios de Salud- le devolvió en un descargo la gentileza.
 
En el marco de la causa que investiga las irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad, Garbellini, ex número dos del organismo, presentó un escrito ante la Justicia en el que negó todas las acusaciones y trasladó la responsabilidad de las decisiones operativas y administrativas a Diego Spagnuolo, ex abogado personal de Javier "el Loco" Milei y exdirector ejecutivo de la entidad.
 
Garbellini fue removido de su cargo tras el escándalo por sobornos en la compra de medicamentos y detalló que asumió la Dirección de Acceso a los Servicios de Salud en junio de 2024. Según su descargo, sus funciones se limitaban a la gestión del programa Incluir Salud, destinado a brindar cobertura médica a personas con discapacidad sin obra social, y no incluían facultades decisorias sobre contrataciones ni sobre bajas de pensiones.
 
En su presentación, sostuvo que el control total del sistema informático, las compulsas de precios y los pagos estaban en manos exclusivas de la Dirección Ejecutiva. "Tanto el suscripto como el resto de los funcionarios éramos usuarios del sistema", afirmó, y remarcó que el acceso pleno e irrestricto a la información dependía únicamente del director ejecutivo.
 
Garbellini insistió en que no tenía atribuciones para transparentar o abrir las contrataciones, y que cualquier falta de publicidad o control público fue una decisión ajena a su responsabilidad. Incluso aseguró haber sugerido cambios estructurales que fueron rechazados con el argumento de que "todo se hacía por urgencia".
 
El caso se originó a partir de grabaciones que involucraban a Spagnuolo, aunque esas pruebas no fueron consideradas válidas por el fiscal Franco Picardi. En esos registros también se mencionaba un vínculo entre Garbellini y Karina Milei, a través de un colaborador cercano, aunque esa línea no avanzó formalmente.
 
Hasta ahora, el único testimonio oral fue el de Roger Grant, quien admitió irregularidades en las contrataciones del programa PACBI y aseguró que actuaba bajo órdenes directas de Garbellini, a quien señaló como la figura que definía la operatoria. Sin embargo, evitó referirse a presuntas coimas. El expediente también incorpora anotaciones secuestradas en un allanamiento que vuelven a comprometer al exfuncionario libertario y refuerzan la disputa de responsabilidades en la causa.
 
La Opinión Popular
 

23-12-2025 / 09:12
Un fallo de Cámara obliga al Gobierno a explicar ante la Justicia dónde está el oro que, en junio de 2024, el gobierno de Javier "el Loco" Milei sacó del Banco Central para enviar al exterior. Para los jueces, esa información constituye "un asunto de indudable interés público como es la administración de las reservas". La presentación la hizo La Asociación Bancaria, el gremio que descubrió y denunció la maniobra con los lingotes de oro. El presidente del Banco central, Santiago Bausili, ya se negó a contestar un requerimiento de la Auditoría General de La Nación. Junto a "Toto" Caputo sacaron el oro del país y nunca informaron sobre su destino.
 
En un operativo clandestino de ribetes policiales, comenzó una saga de ocultamiento de las autoridades sobre el destino de uno de los principales activos líquidos del organismo monetario. El diputado nacional y líder de La Bancaria, Sergio Palazzo, presentó varios pedidos de informes exigiendo a las autoridades que expliquen donde está el oro y que tipo de cauciones lo afectan. Caputo nunca quiso explicar su destino, se limitó a comentar muy por arriba en un programa de televisión que se giró a un banco para cobrar intereses. No explicó quien lo tiene ni qué tipo de operación se hizo con ese importante activo.
 
Ahora, la Justicia Federal ordenó este lunes al Banco Central que entregue información precisa sobre el destino del oro. En una resolución firmada por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, consideró que la autoridad monetaria no justificó de manera suficiente su decisión de no informar sobre el destino del activo y sostuvo que la negativa vulneró los principios de transparencia.
 
Es que Caputo y Bausili sostienen que la operación forma parte de la "administración" de las reservas y por ende es secreta. El mismo criterio opaco que Caputo utiliza para no dar precisiones sobre el swap firmado con Estados Unidos y los bonos que le entregó al Tesoro para que rentabilice la venta de dólares que hizo sobre el cierre de la campaña.
 
Los jueces fueron punzantes sobre el lamentable manejo de Caputo sobre información que debería ser pública. "La configuración de alguna de las excepciones legales a la entrega de información pública no puede depender de una apreciación unilateral del sujeto obligado", sostiene el fallo y subraya que es el Estado quien debe demostrar, de manera concreta, que la difusión de los datos solicitados causaría un daño a un interés legítimamente protegido.
 
El Banco Central respondió apenas con un comunicado formal que "había completado transferencias de parte de sus reservas en oro entre sus diferentes cuentas", sin precisar monto, destino ni motivo concreto. La respuesta evasiva del BCRA encendió alarmas. Porque ese oro no es un adorno: según informes oficiales, las reservas de oro rondan unos USD 4.900 millones, un componente significativo del total de activos extranjeros del Central.
 
Aunque la entidad insiste en que las operaciones no alteran el volumen agregado de las reservas, nadie sabe realmente dónde están físicamente esos lingotes y si siguen efectivamente en poder del Estado o se remataron en algunas de las operaciones de préstamos igualmente opacas que concretó Caputo. El balance del BCRA, en ciertos trimestres, llegó incluso a no mostrar ese componente con claridad, como si hubiera desaparecido entre páginas y cifras.
 
La Auditoría General de la Nación (AGN) reveló recientemente que el Banco Central se negó a entregar documentación sobre dónde están los lingotes, bajo qué condiciones se conservan y si parte del oro fue transformado en instrumentos financieros. El argumento oficial: la información es "confidencial" y su difusión podría poner en riesgo la seguridad de los activos. Como sea, la pregunta es: ¿dónde está el oro? Eso es lo que la Justicia ahora exige que responda Milei.
 
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22-12-2025 / 10:12
Las joyas de la abuela que remata el gobierno. A espaldas del Congreso, el Gobierno ya vendió 40 valiosos terrenos del Estado (pertenecientes a las fuerzas armadas, instituciones científicas y hasta predios de ex centros clandestinos de detención) y tiene 140 inmuebles más para subastar. Luis "Toto" Caputo sueña con conseguir unos mil millones de dólares mientras las grandes inmobiliarias amigas del gobierno, con Eduardo Costantini a la cabeza, se quedan con el botín.
 
Tierras del Plan Procrear, de las Fuerzas Armadas, ferroviarias, de instituciones científicas, predios de ex Centros Clandestinos de Detención y hasta un pedazo de montaña en Mendoza. Todo eso incluye la lista de más de 180 terrenos e inmuebles públicos que conforman el plan de ventas de bienes del Estado que ya avanza en el Gobierno de Javier "el Loco" Milei.
 
Los remates, que esta semana fueron noticia por la venta de tierras destinadas originalmente a viviendas sociales, se concentran por ahora en la Ciudad de Buenos Aires con las empresas de Eduardo Costantini como principales beneficiarias y otros grandes jugadores del sector, como el Grupo IRSA, codiciando las tierras.
 
A través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), y sin pasar por el Congreso, la fuerza libertaria ya vendió cerca de 40 bienes y tiene en lista otros 140 lotes e inmuebles publicados para subastar en lo que le queda de mandato.
 
La lista de subastas futuras cuenta con terrenos de hasta 300 hectáreas a vender en el interior del país con destino al negocio agropecuario o a grandes proyectos inmobiliarios. Especialistas y organizaciones ambientalistas advierten que se trata "de uno de los procesos de descapitalización pública más agresivos de nuestra historia reciente".
 
"Vamos a vender muchos de los activos de la AABE y eso va a generar un ingreso de miles de millones". No mentía el ministro de Economía, "Toto" Caputo, cuando a principios de junio reconocía que el gobierno remataría las tierras del Estado para intentar sostener las reservas, en conjunto con los procesos de privatizaciones y concesiones.
 
Sólo desde ese mes la Agencia abrió subastas para un total de 26 terrenos e inmuebles a los que hay que sumarle otros 17 procesos de remate que se habían abierto desde fines de 2023. En paralelo a las subastas de la AABE, el gobierno remata también las tierras que estaban destinadas al ya disuelto Plan Procrear y apunta a recaudar una suma de entre 800 y 1000 millones de dólares por todo el paquete. Aunque hubo ventas en Mendoza, La Plata, Pinamar y Córdoba, la mayor parte de los bienes vendidos hasta ahora se concentran en la Ciudad de Buenos Aires.
 
El terreno más grande de ese paquete es el predio de cuatro hectáreas que pertenecía al Ejército y que Eduardo Costantini adquirió por más de 120 millones de dólares. El mismo empresario se quedó con un lote de la Policía Federal en Bajo Belgrano a través de la firma Argencons, que controla desde mayo, en una subasta peleada en la que la empresa le ganó incluso al peso pesado de Eduardo Elsztain y su Grupo IRSA.
 
Antes, Costantini también había sumado otro terreno a pocos metros del Campo Argentino de Polo. En los tres casos se construirán desarrollos inmobiliarios.
 

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