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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau
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Nacionales - 29-01-2023 / 09:01
PANORAMA POLÍTICO NACIONAL

Frente de Todos y Juntos por el Cambio: el que se rompe, pierde

Frente de Todos y Juntos por el Cambio: el que se rompe, pierde
La carrera hacia las elecciones de octubre parece, a esta altura del partido, una prueba de resistencia para las dos grandes coaliciones, que por estas horas exhiben en público, cada cual a su manera y con sus particularidades, las dificultades que encuentran a la hora de sostener sus pactos y acuerdos. El que se rompe, pierde, parece la consigna. El final, desde ya, está abierto.
La carrera hacia las elecciones de octubre parece, a esta altura del partido, una prueba de resistencia para las dos grandes coaliciones, que por estas horas exhiben en público, cada cual a su manera y con sus particularidades, las dificultades que encuentran a la hora de sostener sus pactos y acuerdos. El que se rompe, pierde, parece la consigna. El final, desde ya, está abierto.
 
En el Frente de Todos volvió a supurar la herida abierta en la semana posterior a las PASO de 2021, cuando una rebelión de funcionarios y funcionarias K, encabezados por el ministro de Interior, Wado de Pedro, amenazó con una renuncia al unísono para forzar al presidente Alberto Fernández a un cambio de gabinete que él postergaba. Ese episodio terminó con un alto el fuego pero nunca se firmó la paz.
 
De Pedro fue otra vez la correa de transmisión del mensaje cuando esta semana su entorno dejó saber el descontento que tenía por no haber sido invitado a una de las actividades que tuvo el presidente brasileño, Luiz "Lula" Da Silva, en su atareada visita a la Argentina: un encuentro con organismos de Derechos Humanos que tienen a Wado, hijo de desaparecidos, como interlocutor privilegiado en el gabinete.
 
Además de los resquemores que se arrastran desde aquella crisis hace un año y medio, prevalecen al interior del oficialismo dos interpretaciones del episodio de esta semana, que no son mutuamente excluyentes. Una tiene que ver con la inminente temporada electoral: los dos están tomándose las medidas para mandar a hacer el traje de candidato e imaginan en el otro un posible adversario.
 
El problema de que el presidente en ejercicio se someta a una primaria, idea que él mismo lanzó al ruedo en noviembre del 21, quizás como respuesta al conato de rebelión wadista de esa primavera, fue advertido por el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich. Si Fernández va por la reelección, ningún otro dirigente del Frente de Todos debería competir, dijo. ¿Mensaje para Wado o para el propio mandatario?
 
La segunda lectura es que el planteo sobre la "falta de códigos" del presidente fue una forma velada de escenificar otro reclamo, sobre otro desplante, que no puede hacerse en público. En el kirchnerismo sospechan que hubo rosca para evitar el encuentro entre Lula y CFK. Curioso: hace un mes y pico, acusaciones similares, respecto al itinerario de los campeones del mundo, volaban en sentido contrario.
 
Más allá de la trastienda de ese entuerto, la foto que no fue volvió a poner en evidencia que, en su momento de mayor necesidad, CFK se encuentra más aislada que nunca, sin respuestas en una carrera contra el tiempo que pone en juego su libertad y su vida. En pocos meses, pasó de un virtual lanzamiento presidencial, a estadio lleno y con todos los sectores del peronismo orbitando en torno suyo, a la incertidumbre actual.
 
Por supuesto: en el medio estuvieron la condena, la virtual proscripción, el intento de asesinato que no fue ni será esclarecido por el mismo Poder Judicial que la condiciona políticamente y la persigue penalmente. Una trampa a la que no parece encontrarle salida. Si no puede salir sola, ¿podrá la dirigencia y la militancia K hacer por ella lo que le prometieron tantas veces?
 

 
Quizás porque duda sobre la respuesta a esa pregunta es que CFK sigue confiando en Sergio Massa. La historia reciente ha mostrado lo que pasa en la región con los gobiernos de signo popular que quedan aislados cuando mengua o titubea el respaldo popular. Con el Poder Judicial y los medios masivos en contra, es necesario hacer pie en un sector del círculo rojo para no quedar en extrema fragilidad.
 
El ministro de Economía le ofrece ese ancla y una administración más férrea de la economía, con resultados que distan mucho de ser despampanantes pero que sacaron al país de la zozobra. "Cuando agarramos, Clarín hablaba de hiper y Asamblea Legislativa, ahora hablan de Sergio porque saben que es competitivo", se jactan en su equipo, exhibiendo con orgullo las tapas en su contra. Cosas veredes.
 
Massa ya asumió que sí. Que en las condiciones adecuadas, el candidato va a ser él, le guste o no. Pero las condiciones aún distan mucho de ser las adecuadas. Es un secreto a voces que la inflación de enero va a ser más alta que la de noviembre y diciembre, un paso atrás importante, aunque no definitivo, en su plan para llevar ese indicador a un número "que empiece con 3", ya no en abril, sino en mayo.
 
El límite ahora es definitivo e inmutable: las estadísticas del INDEC para ese mes van a conocerse horas antes del cierre de listas y candidaturas. Se sabe que sin bajar la inflación no se puede pero que con bajar la inflación no alcanza. ¿El apoyo de CFK a su gestión se traducirá, llegada esa instancia, en una bendición a su candidatura? Hay un largo trecho entre A y B. Nada está escrito todavía.
 
El ministro, en tanto, prepara un relanzamiento anticipado de Precios Justos con una pauta de aumentos un 20 por ciento más baja que la actual y que, destacan en su despacho, se está cumpliendo. Los problemas no están en los precios sino en las cantidades, a veces sensiblemente inferiores a las pactadas. Cuando se detecta la falta, la empresa infractora pierde beneficios en el acceso a divisas a precio oficial.
 
La salud del Frente de Todos puede seguir deteriorándose si no se encuentran pronto formas efectivas de interlocución entre las partes. Si Fernández sigue adelante con su idea de ir a las PASO para ratificar su liderazgo, ¿obligará a sus rivales a dejar sus cargos para la campaña, como hizo con Agustín Rossi en 2021? La regla corre tanto para De Pedro como para Massa. De difícil cumplimiento.
 
El Congreso del PJ que se celebrará entre marzo y abril servirá para comenzar a dirimir esas cuestiones. Lo convocará, formalmente, Fernández, presidente del partido a nivel nacional, en un acto que se va a llevar a cabo el 24 de febrero para conmemorar el primer triunfo de Juan Perón e inaugurar la renovada sede de la calle Matheu tras importantes refacciones.
 
Se trata de un paso formal para habilitar la formación de alianzas y coaliciones electorales para este año pero, a diferencia de otras veces, el Congreso jugará seguramente un rol importante en el dictado de la estrategia, porque allí se pondrán en común las posiciones de gobernadores, intendentes, sindicatos y representantes de todos los sectores políticos que forman parte del peronismo.
 
Si Alberto no va hacia la mesa política, la mesa política terminará, tarde o temprano, golpeando las puertas de Olivos: ya existen conversaciones entre distintos espacios para llegar a esa cita con una postura unificada entre la mayoría de los alrededor de 900 congresales para pedirle al mandatario de renuncie a su reelección para permitir que un candidato con la mochila más liviana tome ese lugar
 
Otro asunto que seguramente va a dirimirse allí, si no sucede antes, es la postura, que impulsaron en los últimos días algunos referentes del kirchnerismo, de no presentar candidaturas si continúa la proscripción de CFK. Parece difícil que eso prospere porque significaría ceder no solamente el gobierno nacional sino el control del Congreso, provincias y municipios.
 
El escenario no parece mucho más apacible en Juntos por el Cambio, que por estas horas atraviesa, sin poder hacer mucho por evitarlo, una serie de rupturas a nivel provincial que echan un manto de dudas sobre la eficacia electoral de esa alianza de cara a las elecciones nacionales, acechados por el crecimiento de la ultraderecha extrapartidaria y por la desconfianza mutua de sus principales líderes.
 
La crisis se disparó en las provincias patagónicas pero amenaza con tener réplicas en todo el territorio. Al cierre de esta columna Juntos por el Cambio estaba dejando de existir como lo conocimos hasta ahora en Río Negro, Neuquén y Chubut; mientras que se registran conflictos graves sin solución a la vista en distritos clave como Córdoba, Mendoza, Tucumán y Salta.
 
Este miércoles, los presidentes de los cuatro partidos que conforman la alianza a nivel nacional se reunieron para tratar de encuadrar las rebeldías y sacaron un duro comunicado prometiendo expulsar de JxC a aquellos dirigentes que decidan irse. Si, leyeron bien. La amenaza no dio los resultados que esperaban y en las últimas horas las rupturas lejos de deshacerse se aceleraron.
 
El problema para aplicar sanciones es que lo que un partido condena en un distrito lo hace en el otro. El color político de victimarios y damnificados por las traiciones cruzadas, los compromisos rotos y las rupturas de último momento cambia de provincia en provincia. En Río Negro la UCR arregló con el exgobernador Alberto Weretilneck; en Neuquén fue el PRO el que cerró con Rolando Figueroa, un ex MPN.
 
En Córdoba, Mauricio Macri apoya a Rodrigo De Loredo, el candidato radical, antes que a Luis Juez, hoy con la camiseta amarilla, que se niega a dar una interna. En Mendoza el que amenaza con romper es el diputado Omar de Marchi, nada menos que el encargado del armado en el interior del país de Horacio Rodríguez Larreta, que propone un frente con el peronismo no kirchnerista para arrebatarle la provincia a la UCR.
 
El ruido se replica cerca de la cima de la pirámide alimenticia de Juntos por el Cambio, donde a la tirria mutua entre el alcalde porteño y la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, precandidatos desde el minuto cero, hay que sumarle la desconfianza que ambos comparten por los últimos pasos de Macri y de María Eugenia Vidal, que le agregan incertidumbre a esa interna.
 
El temor que se replica en los equipos de Rodríguez Larreta y de Bullrich es que la exgobernadora sea la elegida por el jefe para competir en la elección presidencial y antes, si fuera necesario, en una primaria contra ellos. Un rumor inquietante circuló estos días en el PRO: una posible candidatura de Macri a senador por la provincia de Buenos Aires que le permita gravitar en la interna y, de paso, le garantice fueros.
 
Como si las cosas no estuvieran lo suficientemente complicadas, volvió a aparecer Elisa Carrió, reflotando la idea de una nueva candidatura presidencial (en lo que va del siglo lo hizo en 2003, 2007, 2011 y 2015, y sólo dejó pasar la de 2019, un caso que confirma el teorema Capitanich) y removiendo el campo minado del juicio político a la Corte Suprema al afirmar que proseguirá con su acusación a Ricardo Lorenzetti.
 
El proceso de juicio político promete sacar a la luz aspectos desconocidos de los vínculos mafiosos entre miembro de lo más alto del Poder Judicial, empresarios de primera línea y políticos de Juntos por el Cambio. Tampoco puede descartarse la filtración de nuevos documentos en el marco de la guerra de bandas que le da forma a la interna opositora. El único que parece tener sus asuntos (y los ajenos) bajo control es Macri, pero eso no debería sorprender a esta altura de la velada.
 
Sin embargo, la novedad más disruptiva de esta semana en el ámbito de la oposición pasó desapercibida. Las declaraciones del diputado Martín Tetaz y del intendente de San Isidro, Gustavo Posse, ambos radicales, pidiendo por un acuerdo con Javier Milei, significa el final del dique de contención que era el veto de la UCR para un acuerdo de JxC con los sectores de ultraderecha que todavía quedan afuera de esa coalición.
 
Por Nicolás Lantos
 
Fuente: El Destape
 

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11-02-2026 / 11:02
La crisis policial volvió a estallar en Santa Fé, continúa también en la Federal y amenaza con extenderse a otras provincias y otras fuerzas. Se viene alertando sobre la situación desde hace 10 días. La base excluyente es la cuestión salarial -suboficiales que cobran 850.000 pesos-, pero deriva en un feroz endeudamiento y, casi de inmediato, en problemas psiquiátricos.
 
Los mayores dramas terminan en una oleada de suicidios, 2 en los últimos 8 días en Rosario. A esto se agregan los malos tratos y la corrupción. En Santa Fé, la mayoría de los policías son del norte provincial y deben viajar entre 200 y 600 kilómetros para prestar servicio en Rosario.
 
Para eso les ponen micros en estado deplorable y las travesías suelen tardar 8 horas. Los bajos salarios derivaron en que casi no se reclutan hombres y la mayoría de los policías son mujeres, que tienen que recorrer esas distancias para ver a sus hijos. La protesta masiva y explosiva era previsible. Este diario recibió una nueva denuncia judicial sobre las increíbles maniobras de los jefes de una Unidad Operativa de la Federal.
 
Los llaman "la corona" y esos superiores se quedan con dinero de las horas adicionales, informan de efectivos que no existen, "rodean una zona con un policía" (sic), desarman investigaciones para concentrarse en narcomenudeo y hacer estadísticas para conformar al Ministerio de Seguridad y hasta liberan vastas zonas en acuerdo con un jefe narco regional. "Sólo hay plata para los proyectiles antidisturbios", dicen los rebeldes.
 
Durante la semana pasada se produjo el encadenamiento a la reja de la Casa Rosada del cabo Miguel Ángel Montiel, de la Policía Federal. El efectivo reclamaba por la situación salarial y también por la corrupción en la Superintendencia de Transporte, que integran los policías que custodian el ferrocarril. Los jefes de la Federal filtraron que Montiel estuvo con carpeta psiquiátrica y que por eso realizaba la protesta.
 
Página/12 relató la trastienda de la crisis policial, con la cuestión salarial como punto clave -lo que le sucede a todos los estatales-, pero con tramas de ribetes escandalosos: destinos fantasmas, es decir jefes que les dan horas extras a unos y no a otros, efectivos que ni siquiera concurren y comparten lo que cobran con los superiores; brutales acosos a las mujeres y groseras trampas para no realizar investigaciones de narcotráfico.
 
La crisis policial se expandía de manera silenciosa en la Federal y en otras fuerzas. En Santa Fé se vio algo inédito: ya no protestaron las familias y los retirados, sino efectivos en actividad, con los patrulleros, las sirenas, las motos y hasta los micros. El movimiento en Santa Fé desnuda una situación que no se ve a simple vista. Los que protestan son policías de calle y de las comisarías, con sus patrulleros. Es decir, los que están en la seguridad cotidiana de los vecinos.
 
Del otro lado, los que mayoritariamente respondieron al gobierno de Pullaro fueron los cuerpos especiales, Operaciones Especiales, Asalto Táctico, Infantería, que reciben bonos y adicionales de manera masiva. Ellos constituyen la estructura más orientada a la represión de los jubilados o cualquier otra protesta. Eso va en línea con lo que señala una de las denuncias: "para lo único que hay dinero es para los proyectiles antidisturbios".
 

10-02-2026 / 11:02
El Senado tratará el miércoles el proyecto de reforma laboral del gobierno de Javier "el Loco" Milei, cuestionado por sectores opositores por su avanzada brutal contra los derechos de los trabajadores. Pero los focos no solo estarán puestos en el Congreso: afuera, múltiples sectores, encabezados por la Confederación General del Trabajo (CGT), protestarán con el objetivo de que su voz sea escuchada.
 
La semana pasada, el Consejo Directivo de la CGT convocó a marchar contra la reforma laboral, que ya tiene dictamen desde fin del año pasado y que podría tener media sanción el miércoles. "El Gobierno nacional impulsa una reforma laboral que no moderniza: transfiere recursos del Estado a los sectores privados más concentrados, ataca el sistema de jubilaciones y recorta ingresos que corresponden a las provincias. Es una reforma que se hace a costa de las y los trabajadores: menos derechos, más precarización y salarios a la baja", indicó la CGT en redes sociales.
 
La principal central obrera citó a las 14.30 en Yrigoyen y Solís, frente al edificio en el que los senadores comenzarán a definir el camino legislativo de la iniciativa. "Es una reforma que se hace a costa de las y los trabajadores: menos derechos, más precarización y salarios a la baja. No es modernización: es ajuste sobre las y los trabajadores. No es libertad: es pérdida de derechos. La CGT convoca a movilizarse para decir basta. Porque el trabajo no se negocia. Porque las jubilaciones se defienden. Porque las provincias no se entregan. Porque los derechos se conquistan y se defienden en la calle", agregó el comunicado.
 
El plan de lucha de la CGT tuvo cuestionamientos de algunos sectores sindicales, como el de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), cuyo secretario general, Rodolfo Aguiar, criticó que la marcha no esté acompañada de un paro general. "El miércoles todos los trabajadores tienen que parar igual. Aunque la CGT no convoque, tienen cobertura legal", advirtió Aguiar y ratificó el paro nacional de estatales para el miércoles.
 
"Todos los trabajadores del sector público y de las distintas ramas de la actividad privada están amparados porque las CTA tienen personería jurídica. Sería un error grave frente a una reforma laboral demoledora para los trabajadores privarlos de ejercer el derecho de huelga. Tenemos que paralizar todas las actividades para este miércoles impedir los sobornos en el Senado y ponerle fin a la especulación de los gobernadores".
 
Mientras crece la bronca por abajo, Patricia Bullrich negocia la reforma laboral esclavista con gobernadores y senadores "dialoguistas" que cada vez se parecen más a los libertarios. Este lunes la ex ministra se reunión con senadores y senadoras de los bloques cómplices. Buscan acordar algunos artículos mientras mantienen lo esencial de los ataques contra la clase trabajadora. Cedería con Ganancias y conformaría así a los gobernadores y a los legisladores que responden a las provincias. En proteger alguno de los derechos de los trabajadores que correrán riesgo a partir de la probable sanción, eso sí, nadie gastó saliva.
 
La Reforma laboral esclavista del gobierno para los ricos de Milei es para profundizar esta política de transferencia masiva de recursos económicos y políticos de los trabajadores a los empresarios, que busca además debilitar la organización sindical y el poder de los trabajadores. Trabajar más y con menos derechos, en beneficios de las patronales. Son los millonarios o loe trabajadores. El miércoles 11 de febrero, sumate a la lucha por tus derechos y las futuras generaciones.
 
La Opinión Popular
 

09-02-2026 / 09:02
Karina Milei quiere concretar cambios en la cúpula del poder para tener el "control total" de lo que ocurre en el gobierno. La hermana presidencial, influenciada por los Menem, busca desalojar del sistema de decisión libertario a Santiago Caputo, a más tardar en marzo.
 
Pero no está fácil. El asesor tiene acceso directo al presidente Milei, que valora sus aportes. De hecho, en las últimas semanas, lejos de perder poder lo acrecentó. Se quedó con el control total de la agencia recaudadora (ARCA) y amplió las competencias de la SIDE, luego de desplazar al empleado infiel Sergio Neiffert y ubicar en su lugar a su contador, Cristian Aguadra.
 
Santiago Caputo incluso estaría aumentando su influencia sobre los aparatos militares y de seguridad. En las últimas semanas afianzó su relación con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva y de Defensa, Carlos Presti.
 
"Santiago está emocionado con todo lo militar: gestos simbólicos, Plan Bandera, los F16, los tanques, los granaderos, el nuevo Iosfa, son todas piezas de un plan para sacarle a Villarruel el voto de los militares", explicó un funcionario libertario.
 
Esta situación enardece a los Menem e impacta en el ánimo de Karina Milei, que tiene dificultades para entender que la idea del "control total" de un funcionario no votado como ella, no sintoniza con el espíritu democrático.
 
La molestia de la hermana presidencial quedó en evidencia este domingo: le avisó a su hermano que no lo acompañara a otro viaje más de subordinación trumpista. El presidente tenía pensado viajar este lunes a la cumbre de un supuesto trumpismo latino en Mar-a-Lago.
 
Karina le avisó a su hermano que no cuente con ella y Milei anunció que cancelaba su participación. "Javier no puede viajar sin la hermana", exageran en la Casa Rosada. Acaso más exacto sea que la hermana no quiera someterse a otro papelón como la última vez que fueron al club de la Florida de Trump, que suele alquilar su salón a distintos aventureros.
 
 De paso, no se confirmó aún su asistencia el 18 de febrero a la nueva "presentación oficial" del Board of Peace de Trump en Washington. El republicano se vio forzado a repetir el evento luego del fiasco de su lanzamiento en Davos, que juntó a Milei con una serie de "plutócratas afines a Putin", según el prestigioso diario inglés Financial Times.
 
La decisión de Karina Milei se suma a un dato muy interesante que publicó Perfil este domingo: en diciembre pasado la hermana del presidente no visitó Olivos.
 
"Ella está presionando a fondo para que le de el control total", sintetizó un dirigente libertario que conoce de cerca a los Milei. El asesor rehúye la pelea con la hermana y prefiere mantener la tensión a nivel de los Menem.
 
Karina no oculta su entusiasmo por la obediencia absoluta. La semana que pasó envió un mensaje claro a las bases libertarias. Su hombre en la provincia de Buenos Aires, el diputado Sebastián Pareja, dijo en un encuentro con militantes en Mar del Plata: "No hay mucha vuelta. Nosotros trabajamos bajo la lógica de un partido político que tiene sus autoridades y tiene su manual disciplinario. El que ventile sus diferencias, está fuera del espacio".
 

07-02-2026 / 19:02
Claudio Drescher, presidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria, uno de los sectores que más se benefició en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, dijo que los empresarios votaron al cipayo Javier Milei porque esperaban un cambio. Bueno, el cambio llegó y ahora el ministro de Economía del gobierno que votó, promueve la ropa importada.
 
El problema de Drescher es que no es el único perjudicado. No lo dijo, es probable que no lo vea o no le importe, pero todos los miércoles apalean a los jubilados y el gobierno quiere imponer una nueva legislación laboral que precarizará el empleo. El trabajo está más barato que nunca porque con este gobierno el salario perdió el 35 por ciento de su valor, están más bajos que en el 2001. Zafan los que trabajan mal pagados en varios empleos.
 
Y el comercio debe pagar fletes, alquileres y tarifas astronómicas. Varias tiendas cerraron en la calle Avellaneda, pero una señora de condición humilde que pasaba por allí, fue entrevistada por el cronista "Sergio en la calle". La mujer dijo que le costaba llegar a fin de mes aunque tenía tres trabajos, pero que el rumbo del gobierno era correcto. "¿Qué le parecen estos comercios con las persianas bajas?" preguntó el youtuber. "No, eso no es culpa del Presidente, eso es por malas decisiones personales".
 
Con el kirchnerismo, pagando buenos salarios, los empresarios textiles hicieron fortunas, pero votaron el cambio, según Drescher. Como el empresario, la señora de la calle Avellaneda está peor, pero uno y otra son incapaces de asimilar que respaldan un modelo de país donde ellos no tienen ninguna importancia.
 
El gobierno que votaron para que las cosas cambien apareció envuelto en varios hechos de corrupción. Se destacaron dos por sus evidencias: el escándalo de las criptomonedas $Libra, que involucró de manera muy directa al presidente. El otro hecho de corrupción que destacó entre muchos, fueron las coimas del ocho por ciento a los laboratorios, por los remedios para discapacitados, una estafa denigrante, en la que se mencionó a Karina, la hermana del Presidente.
 
El modelo tiene banca también en el ámbito judicial. Esta semana un decreto de Milei retiró al Estado argentino como parte en la causa por el megacrédito tomado en 2018 con el FMI. La causa está caratulada como "Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública". Entre los "y otros" están Federico Sturzenegger y el ministro de Economía que no compra nunca en Argentina, Luis Caputo.
 
La jueza María Eugenia Capuchetti, la misma que intervino en la fallida investigación del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, determinó que los delitos denunciados no eran tales sino "discrepancias con decisiones políticas". Por ese préstamo concedido de manera irregular, los funcionarios del Fondo que intervinieron, fueron expulsados. El fiscal Franco Picardi apeló la decisión de la jueza, porque el gobierno de Mauricio Macri tampoco siguió la normativa al tomar deuda y porque nunca se aclaró cuál sería el destino del préstamo ni en qué se usó. Esa deuda comprometió la soberanía argentina y el país quedó subordinado al control permanente de sus decisiones económicas.
 
Para Caputo no era una situación nueva. En 2017 apareció en los Panama Papers, en una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, como administrador de una gerenciadora de fondos de inversión en las islas Caimán, un paraíso fiscal. El periodista Marcelo Bonelli denunció en 2018 que la entonces "titular de la Oficina Anticorrupción y exlegisladora del PRO Laura Alonso, prometió al presidente Macri cerrar la investigación contra Caputo, por haber ocultado en sus declaraciones juradas que tenía acciones en dos compañías offshore en las Islas Caimán y que era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami."
 

07-02-2026 / 11:02
El vergonzoso acuerdo que Javier "el Cipayo" Milei selló recientemente con Estados Unidos constituye el Estatuto Legal de Coloniaje, al transformar la actual dependencia de la Argentina respecto de Washington en un esquema permanente de subordinación colonialista que, además de poner en riesgo la producción y el empleo nacional en numerosos sectores, restringe severamente el margen de acción del estado nacional en áreas críticas. La decisión de convertir a la Argentina en un apéndice económico y político de la potencia yanqui ya está tomada.
 
La lectura rigurosa del tratado permite observar con claridad el contraste entre las partes. Washington utilizó el proceso para fijar reglas, ampliar su acceso al mercado argentino y alinear el marco regulatorio local con sus propias prioridades económicas y estratégicas. Los cipayos funcionarios libertarios, por su parte, aceptaron servilmente ese esquema sin introducir compensaciones, contrapesos ni salvaguardias. La Argentina incorpora más de un centenar de obligaciones operativas, mientras que Estados Unidos asume menos de una decena de compromisos, en su mayoría condicionales o discrecionales.
 
Ese patrón se reproduce capítulo por capítulo. En comercio de bienes, numerosos productos industriales pasan a tener arancel cero desde la entrada en vigor del acuerdo, incluyendo dispositivos médicos, instrumental hospitalario, reactivos químicos, maquinaria eléctrica y componentes industriales. Otros productos contemplan una reducción inmediata del arancel al 2 por ciento. Entre ellos, autopartes, insumos industriales y bienes de capital. La apertura recae, asimismo, sobre múltiples sectores sensibles, sin instancias de adecuación ni salvaguardias productivas, en un contexto de desindustrialización y destrucción de empleo.
 
El sector automotor es ilustrativo de esa lógica. El acuerdo habilita un cupo anual de 10.000 vehículos originarios de Estados Unidos con arancel cero, desde el primer año de vigencia. El impacto se concentra en provincias con fuerte base automotriz y autopartista como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Aquí tampoco se introducen mecanismos de administración del flujo ni exigencias de inversión, trasladando el impacto de la apertura directamente sobre la producción local.
 
En el complejo aviar, la asimetría es todavía más directa. El tratado obliga a habilitar el ingreso de aves y productos avícolas estadounidenses en un plazo máximo de un año. El régimen sanitario queda alineado así con los criterios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la certificación del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, facilitando el acceso de productos provenientes de uno de los principales exportadores mundiales del sector y exponiendo al entramado avícola argentino, con impacto directo en Entre Ríos y Buenos Aires.
 
En salud, el acuerdo profundiza la apertura importadora de medicamentos y dispositivos médicos de uso humano. A esa liberalización comercial se suma un corrimiento del poder regulatorio del Estado argentino, al aceptar como suficientes las autorizaciones otorgadas por la autoridad sanitaria estadounidense. La combinación de apertura y subordinación normativa limita la capacidad de la ANMAT de definir estándares propios y condiciona el desarrollo del complejo médico-industrial local.
 
El capítulo aduanero consolida una apertura sin instrumentos de administración del comercio. Se elimina el requisito consular y se fija la eliminación de la tasa estadística en un plazo de tres años; mientras en economía digital, el tratado garantiza el libre flujo transfronterizo de datos, reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada y prohíbe requisitos de localización o transferencia tecnológica, restringiendo severamente la capacidad regulatoria del Estado sobre las grandes plataformas tecnológicas.
 

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