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                  20:21  |  Viernes 02 de Enero de 2013  |  Entre Ríos
El clima en Paraná

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 23-01-2023 / 10:01
PANORAMA POLÍTICO NACIONAL

La desigualdad extrema es la tragedia global que un peronismo posible puede y debe enfrentar

La desigualdad extrema es la tragedia global que un peronismo posible puede y debe enfrentar
La concentración de la riqueza en manos del 1 por ciento de la población mundial plantea una agenda en la que el Frente de Todos puede desafiar con facilidad a la oposición. La desigualdad extrema es la tragedia que atraviesa los grandes conflictos de esta época, desde el cambio climático hasta el auge de la vieja nueva derecha y la precarización de las condiciones de vida de la mayoría de la población occidental. Sus efectos impactan en la vida cotidiana de miles de millones, a través de la carencia de servicios básicos, la exposición a la violencia y el delito y la llana escasez.
La concentración de la riqueza en manos del 1 por ciento de la población mundial plantea una agenda en la que el Frente de Todos puede desafiar con facilidad a la oposición. La desigualdad extrema es la tragedia que atraviesa los grandes conflictos de esta época, desde el cambio climático hasta el auge de la vieja nueva derecha y la precarización de las condiciones de vida de la mayoría de la población occidental. Sus efectos impactan en la vida cotidiana de miles de millones, a través de la carencia de servicios básicos, la exposición a la violencia y el delito y la llana escasez.
 
Asimismo, a lo largo y a lo ancho del planeta, y especialmente allí donde la desigualdad impacta más fuerte, observamos la dificultad, cada vez más ostensible, que encuentran las estructuras políticas existentes para dar cuenta de este problema e intentar solucionarlo, hackeadas por esa misma élite que se beneficia de un Estado que desprecia e intenta destruir, como un parásito sólo sabe seguir creciendo.
 
Esta semana se conoció el último informe de Oxfam, una ONG dedicada a estudiar esta problemática. Allí puede verse cómo durante los últimos dos años, durante la recuperación de la economía global tras el desastre de la pandemia, el 1% más rico de la población del mundo se quedó con dos tercios de toda la riqueza generada. Es decir: esa élite amasó una fortuna equivalente al doble de lo que se repartió el 99% restante.
 
La directora ejecutiva de esa organización, Gabriela Bucher, llega a afirmar que "tras sólo dos años, esta década ya se perfila como la mejor de la historia para los milmillonarios", poseedores de fortunas de más de mil millones de dólares, por lo que estamos ante "una década dorada de bonanza económica para los más ricos del mundo". Los sectores que van en punta: energía y alimentación, sobre todo a partir del comienzo de la guerra en Ucrania.
 
En la Argentina, que ya transita un año electoral que puede marcar el futuro del país durante décadas, existe un solo partido que puede hacerse cargo de este debate y levantar las banderas de este momento histórico. Porque es el único, en décadas, que volcó su preocupación sobre ese problema e hizo mucho por revertirlo. El peronismo tiene en sus manos la posibilidad de afrontar el gran conflicto de la época.
 
Enfrente tiene una alianza que no solamente exhibe orgullosamente su representación de esa élite parasitaria sino que izó, como una de sus banderas de mayor portento, la resistencia intransigente a cualquier medida que tienda a reducir la desigualdad. Para peor: salen a la luz evidencias contundentes de que esta oligarquía  decadente actúa fuera de la ley y sus miembros se cubren mutuamente las espaldas con métodos mafiosos.
 
Para aprovechar esta oportunidad histórica el peronismo deberá ajustar su discurso pero también su praxis, porque esa es la gran deuda pendiente de este gobierno, que tomó medidas decididas contra la desigualdad, como el aporte extraordinario a las grandes fortunas o las reformas en el sistema tributario, pero de manera insuficiente, por lo que comienza este año electoral con una distribución de los ingresos más regresiva que cuando asumió.
 
Todavía queda tiempo de torcer esa historia y saldar esa deuda, lo que, además, ayudará a poner en valor las cosas que se hicieron durante estos tres años y las dificultades inéditas que tuvo que afrontar para hacerlas. Con la oposición política, empresarial, judicial y mediática pisándole los talones, el gobierno deberá encontrar la forma de implementar políticas efectivas y todo el peronismo deberá cerrar filas para sostenerlas.
 

 
El informe, hecho por un equipo con sede en Nairobi y colaboradores de más de noventa países, incluye pasajes que parecieran escritos específicamente para atender a debates de actualidad absoluta en la Argentina, algunos de los cuales deberían marcar surcos en la campaña electoral. Transcribiré solamente algunos; el informe completo, recomendable, puede leerse en la web de Oxfam en varios idiomas.
 
- "Aplicar mayores impuestos a los súper ricos y a las grandes empresas es una puerta de salida a las múltiples crisis a las que nos enfrentamos actualmente. Es hora de derribar el mito de que los recortes fiscales para los más ricos terminarán de alguna manera beneficiando al resto. Cuarenta años de rebajas fiscales para los súper ricos han demostrado que las oleadas de privilegios solo terminan por beneficiarles a ellos".
 
- "Oxfam insta a elevar de manera sistemática y generalizada la tributación sobre los ultra ricos para compensar parte de las enormes ganancias que han acumulado durante la crisis, en gran medida generadas como resultado de los planes de estímulo con la inyección de fondos públicos y su voraz aprovechamiento de las condiciones de mercado. Décadas de recortes y privilegios fiscales para las grandes fortunas y grandes empresas han sido cómplices del aumento de la desigualdad, de tal forma que, en la práctica, en muchos países, las personas con rentas más bajas acaban pagando tipos impositivos efectivos superiores a los que tributan los milmillonarios".
 
- "Por cada dólar recaudado en ingresos fiscales en el mundo, únicamente cuatro centavos proceden de gravar la riqueza. La mitad de los milmillonarios del mundo vive en países que no aplican ningún tipo de impuesto de sucesiones a la riqueza que estos transfieren a sus descendientes directos (...). La mayor parte de los ingresos de las personas más ricass no se derivan de su trabajo, sino que son esencialmente rentas de capital sobre sus activos. Sin embargo, la tributación sobre las rentas de capital se sitúa en torno al 18 % en promedio, aproximadamente la mitad de los tipos marginales sobre las rentas del trabajo".
 
- "De hecho, los impuestos aplicables a los más ricos han llegado a ser históricamente mucho más altos. Durante los últimos 40 años, Gobiernos de África, Asia, Europa y las Américas han ido reduciendo los tipos impositivos sobre las rentas más altas, mientras se han elevado los impuestos al consumo sobre bienes y servicios, es decir, impuestos que recaen desproporcionadamente sobre quienes tienen menos y que amplían las brechas de género".
 
- "Gravar más a los súper ricos es un requisito estratégico para reducir la desigualdad y revitalizar la democracia. Debemos hacerlo para fomentar la innovación. Para lograr unos servicios públicos más sólidos y construir sociedades más sanas y felices. También para abordar la crisis climática, invirtiendo en soluciones que contrarresten las escandalosas emisiones de los más ricos".
 
- "En Estados Unidos, el Reino Unido y Australia, varios estudios han revelado que el 54 %, el 59 % y el 60 % de inflación, respectivamente, se debe al aumento de los beneficios empresariales. En España, Comisiones Obreras (CCOO), uno de los mayores sindicatos del país, ha revelado que los beneficios empresariales han sido responsables del 83,4 % de la subida de los precios en el primer trimestre de 2022".
 
- "Los sondeos siguen revelando que la mayoría de la población mundial está de acuerdo con subir los impuestos a los más ricos. Por ejemplo, la mayor parte de la población estadounidense, el 80 % en India, el 85 % en Brasil y el 69 % de las personas encuestadas en 34 países africanos está de acuerdo con elevar los impuestos aplicables a los más ricos".
 
A la hora de proponer soluciones para comenzar a desandar ese camino, Oxfam tiene una propuesta contundente:
 
- "Aplicar impuestos solidarios de carácter temporal sobre la riqueza y los beneficios extraordinarios de las grandes corporaciones que generen recursos suficientes e impidan que unos pocos se aprovechen de las crisis".
 
- "Incrementar de manera sistemática los tipos en el impuesto sobre la renta del 1 % más rico, por ejemplo, para lograr una tributación efectiva del 60 % calculada sobre el conjunto de sus rentas (tanto del trabajo como del capital), con tipos más elevados para los multimillonarios y milmillonarios. Los Gobiernos deben elevar la tributación sobre las rentas y ganancias del capital que habitualmente gozan de una tributación más ventajosa frente a otras formas de ingresos".
 
- "Gravar la riqueza del 1 % más rico con tipos impositivos lo suficientemente altos como para reducir la enorme concentración de riqueza y el número de ultra ricos, generando así una mayor redistribución económica. Esto supondría un paquete de impuestos que grave tanto la vivienda y la tierra como las herencias y sucesiones o el patrimonio neto de las personas".
 
Por Nicolás Lantos
 
Fuente: El Destape
 

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02-01-2026 / 10:01
El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.
 
La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control jurisdiccional. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.
 
El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU).
 
Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.
 
Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?
 
Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".
 
Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
 
Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la militarización de la política de defensa; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.
 
La Opinión Popular
 

01-01-2026 / 21:01
Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).
 
De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.
 
Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.
 
Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.
 
Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.
 
Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.
 
El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.
 
Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.
 
Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).
 
Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.
 

31-12-2025 / 09:12
Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.
 
Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.
 
"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
 
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.
 
Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
 
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.
 
Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".
 
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
 
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
 

30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

29-12-2025 / 09:12
La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.
 
Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.
 
Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.
 
El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".
 
El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".
 
El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.
 
Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.
 
"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.
 
La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.
 
"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".
 

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