20:19 | Viernes 26 de Abril de 2013 | Entre Ríos
Las claves del modelo ideológico neoliberal del gobierno de Macri
Por Carlos Andujar
Por Carlos Andujar
Groucho Marx dijo: "La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados". En ese punto, Javier Milei es marxista.
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Entre Ríos - 22-01-2023 / 21:01
PANORAMA POLÍTICO PROVINCIAL
Entre Ríos levanta la bandera federal contra el centralismo porteño de Rodríguez Larreta
Que un fallo de la Corte sea acusado de pro PRO no es nada nuevo. Por eso, días pasados, el gobierno de Gustavo Bordet, levantando las históricas banderas federales entrerrianas, se presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para adherir al recurso de revocatoria “in extremis” que presentó el Gobierno nacional contra el fallo envenenado favorable a Larreta. El recurso pide subsanar la injusticia flagrante y grosera, derivada de una sentencia asentada en un error material palmario y ostensible, del tribunal que emitió la resolución, frente a un error que es grave y que refleja la falta de correspondencia con la realidad fáctica de la causa, para que la misma Corte corrija lo decidido.
Desde 1820 y durante medio siglo, el país se dividió en unitarios vs federales, que regaron con sangre el suelo patrio en feroces batallas entre argentinos. Una Constitución, que se proclama federal pero incorporó muchas de las creencias unitarias, selló una paz y un modelo de organización que permitió consolidar la Nación. Pero ese conflicto renace recurrentemente. Al inicio de su gobierno, el 18 de enero de 2016, con la excusa del mantenimiento de la Policía y sin consulta alguna con las provincias, el presidente Mauricio Macri, al igual que los unitarios del siglo XIX, arbitrariamente y contrariando la legalidad, favoreció los intereses del Puerto de Buenos Aires, beneficiando a su aliado y otrora delfín Horacio Rodríguez Larreta para mantener el feudo del PRO en el distrito más rico del país.
Macri elevó por decreto el porcentaje de coparticipación de CABA, que pasó de 1,4 al 3,75%, un aumento del 160% para beneficiar un distrito de su mismo signo político, en medio de las protestas de todos los gobernadores ya que perjudicaba a las provincias. Los fondos transferidos eran más del doble que el costo del traspaso de la Policía, además de que Nación no les paga los policías a ninguna provincia. El 27 de enero de 2016, el ex ministro Rogelio Frigerio, uno de los responsables de la artimaña, realizó una conferencia de prensa en la que anunció que modificarían el decreto que había beneficiado a Larreta. Pese al reclamo de los mandatarios, el cambio que había prometido el porteño falluto nunca llegó.
El año de inicio de la pandemia, el gobierno de Alberto Fernández revirtió el arbitrario regalo que le realizó Macri al Puerto de Buenos Aires y redujo de 3,5% a 2,32% el coeficiente de fondos que debe recibir la CABA. Larreta presentó un pedido de inconstitucionalidad ante una Corte Suprema amigable a sus planteos, que, aunque aún no resolvió sobre el fondo, dictó una medida cautelar, profundizando su identificación con las pretensiones del macrismo, donde estableció que la Nación debe enviar a la CABA el 2,95% de los fondos coparticipables mientras dure el proceso judicial.
La acordada de los supremos posiciona a la Corte como "árbitro" en una situación política, avasallando los poderes Ejecutivo y Legislativo y alterando la división de poderes del sistema republicano. La sentencia firmada por Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, que perjudica al interior federal, mereció una fuerte crítica del gobierno de Alberto Fernández y de la inmensa mayoría de las provincias, porque el fallo es inédito, incongruente y de imposible cumplimiento, además fue tildado de político, es decir inclinado a favor del macrismo.
Que un fallo de la Corte sea acusado de pro PRO no es nada nuevo. Por eso, días pasados, el gobierno de Gustavo Bordet, levantando las históricas banderas federales entrerrianas, se presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para adherir al recurso de revocatoria "in extremis" que presentó el Gobierno nacional contra el fallo envenenado favorable a Larreta. El recurso pide subsanar la injusticia flagrante y grosera, derivada de una sentencia asentada en un error material palmario y ostensible, del tribunal que emitió la resolución, frente a un error que es grave y que refleja la falta de correspondencia con la realidad fáctica de la causa, para que la misma Corte corrija lo decidido.
En este conflicto, y entre los dirigentes de la oposición que salieron a bancar al centralismo de Larreta, hay uno que a los entrerrianos interesa especialmente, y es el porteño Frigerio, que apoya una decisión que le resta recursos, entre otras provincias, a Entre Ríos, distrito que debería defender en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Por qué Frigerio - que cada vez que puede se disfraza de "entrerriano" - apoya a su jefe porteño en esta jugada? Porque ambos sirven a los mismos intereses políticos y económicos del Puerto, capital de la oligarquía rapaz y parasitaria. Pero también porque el mismo entorno mediático de Juntos por el Cambio ha reconocido que ese "dinero de más" irá a facilitar la financiación de la campaña electoral de Larreta, lo que por extensión también es facilitar la campaña de Frigerio en Entre Ríos.
Macri elevó por decreto el porcentaje de coparticipación de CABA, que pasó de 1,4 al 3,75%, un aumento del 160% para beneficiar un distrito de su mismo signo político, en medio de las protestas de todos los gobernadores ya que perjudicaba a las provincias. Los fondos transferidos eran más del doble que el costo del traspaso de la Policía, además de que Nación no les paga los policías a ninguna provincia. El 27 de enero de 2016, el ex ministro Rogelio Frigerio, uno de los responsables de la artimaña, realizó una conferencia de prensa en la que anunció que modificarían el decreto que había beneficiado a Larreta. Pese al reclamo de los mandatarios, el cambio que había prometido el porteño falluto nunca llegó.
El año de inicio de la pandemia, el gobierno de Alberto Fernández revirtió el arbitrario regalo que le realizó Macri al Puerto de Buenos Aires y redujo de 3,5% a 2,32% el coeficiente de fondos que debe recibir la CABA. Larreta presentó un pedido de inconstitucionalidad ante una Corte Suprema amigable a sus planteos, que, aunque aún no resolvió sobre el fondo, dictó una medida cautelar, profundizando su identificación con las pretensiones del macrismo, donde estableció que la Nación debe enviar a la CABA el 2,95% de los fondos coparticipables mientras dure el proceso judicial.
La acordada de los supremos posiciona a la Corte como "árbitro" en una situación política, avasallando los poderes Ejecutivo y Legislativo y alterando la división de poderes del sistema republicano. La sentencia firmada por Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, que perjudica al interior federal, mereció una fuerte crítica del gobierno de Alberto Fernández y de la inmensa mayoría de las provincias, porque el fallo es inédito, incongruente y de imposible cumplimiento, además fue tildado de político, es decir inclinado a favor del macrismo.
Que un fallo de la Corte sea acusado de pro PRO no es nada nuevo. Por eso, días pasados, el gobierno de Gustavo Bordet, levantando las históricas banderas federales entrerrianas, se presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para adherir al recurso de revocatoria "in extremis" que presentó el Gobierno nacional contra el fallo envenenado favorable a Larreta. El recurso pide subsanar la injusticia flagrante y grosera, derivada de una sentencia asentada en un error material palmario y ostensible, del tribunal que emitió la resolución, frente a un error que es grave y que refleja la falta de correspondencia con la realidad fáctica de la causa, para que la misma Corte corrija lo decidido.
En este conflicto, y entre los dirigentes de la oposición que salieron a bancar al centralismo de Larreta, hay uno que a los entrerrianos interesa especialmente, y es el porteño Frigerio, que apoya una decisión que le resta recursos, entre otras provincias, a Entre Ríos, distrito que debería defender en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Por qué Frigerio - que cada vez que puede se disfraza de "entrerriano" - apoya a su jefe porteño en esta jugada? Porque ambos sirven a los mismos intereses políticos y económicos del Puerto, capital de la oligarquía rapaz y parasitaria. Pero también porque el mismo entorno mediático de Juntos por el Cambio ha reconocido que ese "dinero de más" irá a facilitar la financiación de la campaña electoral de Larreta, lo que por extensión también es facilitar la campaña de Frigerio en Entre Ríos.
Y ahí Frigerio, juega sin pestañear ante los problemas que esta decisión ocasionará en la provincia, por la falta de recursos durante el presente año para continuar con las obras que son en beneficio de los entrerrianos de quien es representante. Concretamente, esta medida, aplaudida por Frigerio y sus acólitos locales, afecta a la provincia y a los municipios que este año no van a tener garantizados todos los fondos para culminar o comenzar obras, o como mínimo complicará la realización de las mismas. Pero a Frigerio no le importa nada, aunque esto elimine la posibilidad de construir viviendas, cloacas, escuelas, centros de salud y obras de infraestructura para los entrerrianos, prefiere seguir dándole recursos a Larreta.
Lo cierto es que Frigerio, quien desde hace más de dos años está de campaña a gobernador, sin haber presentado una sola iniciativa legislativa en favor de Entre Ríos en el Congreso nacional, le banca la parada a su jefe, el porteño Larreta, en el saqueo de los recursos del interior federal, incluido Entre Ríos. Por eso fue "puesto a dedo" por Larreta en su candidatura, para defender aquí los intereses de su patrón y del distrito más opulento del país.
El foráneo Frigerio, como representante de Entre Ríos, fue al Congreso de la Nación, que el ámbito para discutir el reparto de los impuestos y la inversión discrecional del Gobierno Federal, no sólo porque así lo prevé expresamente la Constitución, y al efecto le confiere facultades privativas, sino que es el único ámbito en que se puede -razonablemente- conseguir los acuerdos políticos necesarios para la reformulación del sistema de reparto de recursos en beneficio de la provincia; como también leyes con medidas económicas. En ese sentido, Frigerio no ha hecho absolutamente nada por Entre Ríos.
Gracias al regalo de Navidad que implicó el fallo de la Corte Suprema, Larreta podrá financiar su campaña, que un Frigerio últimamente desaparecido de la provincia, sigue cómodamente desde CABA, convencido de que juega con el supuesto ganador. Es por eso que Frigerio, como empleado de Larreta, no quiere diferenciarse en el tema de la coparticipación ni puede exponer un programa de defensa de los intereses de Entre Ríos. Sus ideas son neoliberales y su plan es similar al del menemista Mario Moine cuando fue gobernador. Despidos de empleados estatales, cierres de empresas públicas, achiques de subsidios, baja de salarios y jubilaciones, aumentar la edad para jubilarse, recortes a planes sociales, garrotazos a los que protesten...
La Opinión Popular
La oposición quiere voltear precios justos
La muñeca política del ministro de Economía, Sergio Massa, se pondrá a prueba en la capacidad que muestre para lidiar con una movida delicada en la que el poder económico decidió jugarle a sus espaldas: la decisión de las 30 grandes empresas del consumo masivo de dejar la mitad de la demanda insatisfecha, vaciando las góndolas con la intención de que no se renueve el plan Precios Justos, que no sólo es un congelamiento de 2500 productos por 4 meses sino también la pauta de aumentos autorizados por el Gobierno para todo lo que no está congelado.
En síntesis, un golpe directo a uno de los motores del proceso de desinflación que busca Massa y en el que se juega en enero y febrero buena parte del éxito o fracaso del año. El ministro prometió un mes de abril con un tres adelante, lo que será impracticable si Alimentos, Bebidas y canasta básica vuelven a ponerse por encima de la pauta actual.
Es ensordecedor el griterío de la derecha política y mediática macrista contra los controles de abastecimiento y de precios que lanzó el gobierno nacional con apoyo de algunos sindicatos, que contrasta rotundamente con los aplausos de aprobación que esos mismos sectores dedicaron a los controles que lanzó el mismo gobierno con respecto a los "planes sociales" destinados a la población en situación de pobreza e indigencia. El mensaje es muy claro: hay controles buenos y controles malos. Para la derecha macrista está muy bien que el Estado vigile minuciosamente que ningún pobre que reciba un plan social se quede con un centavo de más en su bolsillo.
Pero está muy mal que el mismo Estado ponga diligencia para verificar si las grandes empresas cumplen con los acuerdos de precios que firmaron, o si las compañías mineras declaran correctamente los volúmenes que extraen, o si en los puertos privados se pesa con precisión toda la mercadería que se exporta, o si las entidades financieras especulan o cometen fraude en sus operaciones en el mercado de capitales, o si se respetan los límites a las posiciones dominantes de mercado de las grandes corporaciones.
A los pobres hay que vigilarlos muy de cerca porque, ya se sabe, no pueden con el genio; se la pasan pidiendo plata al Estado y no quieren trabajar. A los ricos, en cambio, hay que dejarlos en paz, sin molestas regulaciones del Estado ni auditorías que interfieran en su noble propósito de generar riqueza no para beneficio personal -Dios no lo permita- sino para el "engrandecimiento" de la nación.
Ese discurso tan burdo es el que predomina en los medios de comunicación más poderosos del país; esos que son voceros y aliados del poder económico, que es el poder real, el que no necesita legitimarse con elecciones periódicas porque es el poder permanente. Siete días a la semana, veinticuatro horas al día, ese discurso se reitera sin cesar con una lógica comunicacional goebbeliana: una mentira repetida mil veces termina convirtiéndose en verdad.
Y es evidente que obtienen resultados porque infinidad de personas que viven de su trabajo, que no pertenecen a la elite económica sino a las mayorías que deben transpirar para ganarse el sustento, terminan haciendo suyo ese discurso, esa ideología, de los poderosos. Sin advertirlo terminan convirtiéndose en defensores de intereses que no son suyos "El producto más logrado del capitalismo es el pobre de derecha", sintetiza una trágica verdad de nuestro tiempo.
El gobierno nacional debe hacer más para defenderse de esta propaganda insidiosa y envenenada. Creer que se puede ceder terreno en el frente comunicacional es ignorar una herramienta estratégica para cualquier proyecto político.
Rosatti y D'Alessandro consiguieron, en tiempo récord, el cierre de la causa de los chats filtrados
El juez federal Sebastián Ramos decidió archivar en forma exprés la causa en la que se investigaban los escandalosos chats entre Silvio Robles, estrecho colaborador del titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y el ministro de Seguridad y Justicia de Horacio Rodríguez Larreta, el macrista Marcelo D'Alessandro. Estos se habían conocido por medio de una supuesta operación de hackeo sobre el teléfono del funcionario porteño, ahora en licencia.
La denuncia fue presentada por un abogado llamado Gastón Marano, el mismo que defiende a la banda de terroristas "Los Copitos" en el intento de asesinato a Cristina Kirchner. Inmediatamente intervino el polémico fiscal Carlos Stornelli, que dijo que la prueba es ilegal y por lo tanto no hay delito. Y como un rayo, el juez Ramos archivó la causa sin investigar nada.
La decisión del juez se basa en el supuesto origen ilegal de las pruebas. Sin embargo, el PRO y la oposición de derecha han apelado ampliamente al uso del espionaje ilegal para impulsar causas judiciales. En la causa del Memorándum de Entendimiento con Irán, que estaba cerrada, fue reabierta a partir de una conversación entre el excanciller Héctor Timerman y el expresidente de la AMIA Guillermo Borger, la cual fue obtenida de manera clandestina, aunque avalada en diferentes instancias por el fallecido juez Claudio Bonadio y los camaristas Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, asiduos visitantes de Macri.
Durante los años de Cambiemos, esta metodología de espionaje ilegal se extendió ampliamente. El caso más escandaloso fue la decisión de espiar a los familiares de las víctimas del submarino ARA-San Juan. En el caso de los intercambios entre Robles y D'Alessandro, el contenido de los obscenos chats -que no pudo ser desmentido por los mismos implicados- muestra la estrecha relación entre un sector del máximo tribunal judicial y el funcionario de Rodríguez Larreta.
Esa connivencia se hizo aún más evidente semanas antes, cuando se conoció otra filtración ilegal que mostraba la fina relación entre funcionarios del macrismo, jueces federales de Comodoro Py y empresarios del Grupo Clarín. Lo que se hizo conocido como el escándalo de "Lago Escondido" mostró, abiertamente, esos vínculos mafiosos.
Estamos frente a una Justicia a la carta, donde hay dos Códigos Penales y dos Códigos de Procedimiento: uno el que le aplican al movimiento popular en su conjunto, y otro el que le aplican al macrismo y a sus cómplices de la mafia judicial. Queda un solo camino, que es acudir a los organismos internacionales y a los tribunales internacionales. La Justicia en la Argentina está obturada, clausurada para quienes no piensan como piensan los grupos dominantes y quienes no forman parte de la mafia judicial.
Peleas de alcoba en el PRO
La tregua que acordaron Mauricio Macri y su otrora delfín, Horacio Rodríguez Larreta, duró menos que enero. El diálogo se cortó porque alguien le contó al expresidente que el alcalde porteño anda diciendo por ahí que si van a internas le gana por goleada. Macri le hizo saber su enojo a Larreta que a su vez le pagó con su ausencia en la presentación que el exmandatario hizo en Mar del Plata de su libro pasatista que lleva como una premonición el título "¿Para qué?".
Como todavía no sabe qué va a hacer este año y está enojado con Larreta, Mauricio salió a apoyar la candidatura de María Eugenia Vidal, la única dentro del PRO que puede disputarle al gobernante porteño los votos moderados de Juntos por el Cambio, pero que no parece tener peso suficiente para hacerle sombra a Macri si eventualmente decidiera buscar su "segundo tiempo".
El PJ entrerriano se prepara para la contienda electoral
El contraste, entre oficialismo y oposición, en el primer mes del año electoral es abrumador y constituye el dato político saliente de la escena entrerriana cuando todo indica que, cuanto más, estamos a seis meses de la elección. El peronismo entrerriano cuenta con todas las ventajas objetivas que otorga el ejercicio del poder. Aunque no tiene un candidato definido, sí tiene un liderazgo muy claro, eso le aporta orden interno y le permitirá definir sus candidaturas en el tiempo adecuado. Además, administra las reglas del juego electoral a su conveniencia.
Transcurrido mediados de enero, Gustavo Bordet volvió de sus merecidas vacaciones y se puso a gestionar. Además de participar en las habituales fiestas veraniegas en la provincia concretó la entrega de viviendas, ampliaciones de redes de gas, y decretos sumamente necesarios, como la prórroga de la emergencia ambiental, un decreto intensamente esperado por empresarios del campo. La medida fue motivada por las altas temperaturas, la escasez de lluvias y la bajante histórica del río Paraná, que ocasionan incendios en distintos puntos de Entre Ríos.
El oficialismo parece jugar solo desde hace casi un mes y sin embargo lo que manda es la hiperactividad, tanto en las gestiones de la Provincia y la Capital, con Adán Bahl, como en el armado político: la decisión de sumar opositores desplazados se volvió un desvelo en ciertos sectores. Como si no le bastara con el incuestionado liderazgo de Bordet, con el alineamiento en torno de él del conjunto del peronismo local, con el poder como factor ordenador, con el alto nivel de aprobación de las gestiones a nivel provincial y en casi todas las ciudades más importantes, con las obras en marcha en todo el mapa y con las cuentas públicas robustas para lo que haga falta.
Calentando motores, en el marco del año electoral, el Partido Justicialista de Entre Ríos, ya llevó adelante una serie de reuniones con referentes partidarios de la provincia. El anfitrión fue el secretario General, José Cáceres, quien aseguró que, durante los encuentros, "coincidimos en la necesidad de reforzar el compromiso en aquellos lugares donde somos oposición para volver a ser gobierno".
Nadie descansará en el PJ cuando se lance la campaña. La agenda de Bordet reservará medio día, de lunes a viernes, para recorridas por el interior o la Capital. En esta última se lo vio muy entusiasmado con las obras en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, que tiene un muy buen grado de avance y que se realiza con un aporte conjunto entre la provincia y el municipio.
Bordet precisó oportunamente que "además de las actividades culturales que alberga, el edificio tiene un alto valor emotivo, por lo que significó el ferrocarril", subrayó y destacó "lo que significa recuperar arquitectónicamente este lugar y hacerlo amigable con el entorno de la ciudad". La inversión es de 600 millones de pesos y definitivamente es una obra que va a transformar esta zona de Paraná, la cual será aprovechada por los vecinos y por turistas.
En campaña, Bordet será el armador principal en cada rincón del territorio provincial. Desdoblará cada jornada entre la gestión provincial y la cruzada, y sus incursiones al interior se volverán sistemáticas los fines de semana: en febrero visitará una decena de departamentos y en marzo completará el mapa. Esas visitas tendrán dos capítulos: uno público, con intendentes y legisladores del FdT que manifiestan su respaldo y se comprometen a apoyar en las elecciones; otro privado, con opositores desencantados.
Estos referentes, aunque aseguran a sus correligionarios que priorizarán la pertenencia a la UCR, todos son igualmente críticos de la dirigencia partidaria y cuestionan principalmente los acuerdos de cúpulas que dejan todas las candidaturas en manos de dirigentes macristas de la Capital Federal.
Las incursiones del PJ, en carpas radicales, reiteran esos argumentos. También se repite a los referentes radicales que "deben elegir entre dos peronistas" porque la conducción partidaria le entregó el radicalismo al ex menemista porteño Frigerio, en perjuicio de Galimberti. A renglón seguido, el PJ debería ofrecerle una coalición de gobierno que garantizara cargos en la futura administración provincial y colaboración permanente. Y ofrecerles libertad de acción a la hora de los encolumnamientos nacionales.
¿Necesita el PJ gastar energía en ese terreno? ¿Por qué lo haría si no necesitara meter ruido en la inestable sociedad entre Frigerio y Galimberti? Una respuesta que los peronistas reiteran a coro es que el PJ no está haciendo nada diferente, solo que en el pasado los acuerdos con sectores de la UCR eran secretos y ahora las convocatorias son más públicas.
Así, el peronismo entrerriano piensa acelerar a fondo desde el inicio de 2023 en la campaña electoral más anticipada en lo que va del siglo.
La oposición cerrada por vacaciones
Enero tiene esas cosas raras. A los opositores les fue bien en los últimos comicios, le ganaron al peronismo así que deberían estar con todos los motores encendidos para llevarse por delante a quien se le atraviese en el año electoral. Pero, la oposición, que en todo 2022 no logró despejar un liderazgo claro entre Frigerio y Galimberti, ni definir cómo elegirá a sus candidatos, en diciembre frenó por el Mundial y en enero cerró por vacaciones.
Juntos por Entre Ríos está en modo pausa, dominado por indefiniciones políticas y electorales que actúan como un verdadero freno de mano en el inicio del año electoral, que arrancará para ellos recién en febrero. Y lo hará exactamente en el mismo punto en el que permaneció desde el triunfo legislativo de 2021: con Frigerio y Galimberti pugnando todavía por la candidatura a gobernador, sin acuerdo sobre el modo en que definirán esa controversia y sin definiciones nacionales que contribuyan a un ordenamiento local.
El origen del parate es uno solo: la irresuelta postulación provincial. Por acción, por omisión y también por el temor de que un cable mal conectado haga volar todo por los aires, Frigerio y Galimberti prolongan una vigilia que, para quienes buscan resolver las realidades locales, se convierte en exasperante.
"Está todo trabado. En el interior quieren certezas. Saber con quién hay que hablar y negociar. Para un radical, no es lo mismo que la decisión la tenga Galimberti o que la tenga Frigerio; son juegos distintos", plantea por estas horas un boina blanca con aceitados contactos con la dirigencia del interior.
La división interna en el partido es parte del ADN radical. Nada nuevo allí. Sí lo es, en cambio, el efecto que tiene entre los radicales la inclusión de Frigerio como socio principal dentro de Juntos por el Cambio y potencial máximo candidato de esa estructura. Si bien ese proceso ya pasó por un primer tamiz que significaron los comicios legislativos de 2021, ahora que lo que está en juego son candidatos a intendentes y legisladores, aparecen algunos cabos sueltos.
Esa nueva realidad muestra una UCR que está dividida en al menos tres grupos bastantes visibles. 1) No todos apoyan que Frigerio sea el candidato a gobernador. 2) No todos están dispuestos a que Galimberti los lidere, lo que conllevaría para algunos la jubilación política, en caso de un triunfo del diputado radical. 3) Otro grupo -los menos por ahora- que, como no quiere o no tiene un acuerdo ni con Frigerio ni con Galimberti, cree que abrevar en las aguas del oficialismo actual es una opción viable en medio de la incertidumbre reinante.
Por eso desde el oficialismo se ilusionan con sumar a referentes de la Unión Cívica Radical. También algunos del PRO, pero los apuntados principales son los radicales. Serian carencias sustanciales para la oposición frente a la maquinaria del peronismo que cuando se ponga en marcha puede ser imparable, pero en Juntos nadie parece desvelarse: al contrario del PJ, actúan como si estuvieran ganando y no hubiera nada más por hacer.
Frigerio ya insinuó que no irá a una interna y los radicales que lo apoyan -la mayor parte de la conducción partidaria- acuerdan en el rechazo de esa alternativa. Galimberti es quien tiene en sus manos la principal definición opositora: si aceptará ser segundo de Frigerio es decir si le haría caso a las encuestas. La oposición espera esa definición y el oficialismo la espera todavía más.
Galimberti tenía el objetivo de lograr el apoyo de un pez gordo de Juntos por el Cambio en el ámbito nacional, que balancee el respaldo que el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el macrista Rodríguez Larreta, dispensa a su empleado, el porteño Frigerio, rival de Galimberti en la carrera por quién encabeza la fórmula de la alianza opositora para la Gobernación, en los comicios del 2023.
Este apoyo surgió de Gerardo Morales, quien a Galimberti le dijo palabras más, palabras menos: "que arregles con Frigerio sería lo ideal; pero si no se puede, contás con todo mi apoyo y el del radicalismo nacional". Se trata de un espaldarazo muy importante, porque Morales reúne en sí tres condiciones de peso: es gobernador de una provincia, N° 1 de la UCR en la Nación y uno de los presidenciables fuertes de JxC para las elecciones nacionales 2023.
Más allá de las diferencias, ambos popes de JxC coinciden en que si no van en yunta no tienen posibilidades de derrotar al peronismo. Bien les cabe la cita de Jorge Luis Borges, que admite que no los une el amor, sino el espanto.
Juntos por Entre Ríos reproduce a escala provincial los mismos problemas que tienen a nivel nacional. La falta de liderazgos y de ideas provoca enfrentamientos internos. Sobran peleas por las candidaturas y faltan propuestas. Como no aparecen los líderes naturales, cualquiera se siente en condiciones de disputar candidaturas pero nadie sabe a ciencia cierta si con lo que tiene le alcanza.
Proliferan dirigentes que tras bambalinas confiesan sus ambiciones a legisladores o intendentes pero no se animan a blanquear sus candidaturas por miedo al papelón y como nadie tiene lo que hace falta para encabezar, el negocio pasa por limar a los contrincantes en la interna. Por eso en la oposición están casi seguros que habrá internas porque las peleas impiden llegar a un consenso. Y todo indica que volverán a mostrar las mismas caras y los mismos apellidos que vienen perdiendo elecciones, en distintos puntos de la provincia, desde hace más de dos décadas.
La Opinión Popular
Lo cierto es que Frigerio, quien desde hace más de dos años está de campaña a gobernador, sin haber presentado una sola iniciativa legislativa en favor de Entre Ríos en el Congreso nacional, le banca la parada a su jefe, el porteño Larreta, en el saqueo de los recursos del interior federal, incluido Entre Ríos. Por eso fue "puesto a dedo" por Larreta en su candidatura, para defender aquí los intereses de su patrón y del distrito más opulento del país.
El foráneo Frigerio, como representante de Entre Ríos, fue al Congreso de la Nación, que el ámbito para discutir el reparto de los impuestos y la inversión discrecional del Gobierno Federal, no sólo porque así lo prevé expresamente la Constitución, y al efecto le confiere facultades privativas, sino que es el único ámbito en que se puede -razonablemente- conseguir los acuerdos políticos necesarios para la reformulación del sistema de reparto de recursos en beneficio de la provincia; como también leyes con medidas económicas. En ese sentido, Frigerio no ha hecho absolutamente nada por Entre Ríos.
Gracias al regalo de Navidad que implicó el fallo de la Corte Suprema, Larreta podrá financiar su campaña, que un Frigerio últimamente desaparecido de la provincia, sigue cómodamente desde CABA, convencido de que juega con el supuesto ganador. Es por eso que Frigerio, como empleado de Larreta, no quiere diferenciarse en el tema de la coparticipación ni puede exponer un programa de defensa de los intereses de Entre Ríos. Sus ideas son neoliberales y su plan es similar al del menemista Mario Moine cuando fue gobernador. Despidos de empleados estatales, cierres de empresas públicas, achiques de subsidios, baja de salarios y jubilaciones, aumentar la edad para jubilarse, recortes a planes sociales, garrotazos a los que protesten...
La Opinión Popular
La oposición quiere voltear precios justos
La muñeca política del ministro de Economía, Sergio Massa, se pondrá a prueba en la capacidad que muestre para lidiar con una movida delicada en la que el poder económico decidió jugarle a sus espaldas: la decisión de las 30 grandes empresas del consumo masivo de dejar la mitad de la demanda insatisfecha, vaciando las góndolas con la intención de que no se renueve el plan Precios Justos, que no sólo es un congelamiento de 2500 productos por 4 meses sino también la pauta de aumentos autorizados por el Gobierno para todo lo que no está congelado.
En síntesis, un golpe directo a uno de los motores del proceso de desinflación que busca Massa y en el que se juega en enero y febrero buena parte del éxito o fracaso del año. El ministro prometió un mes de abril con un tres adelante, lo que será impracticable si Alimentos, Bebidas y canasta básica vuelven a ponerse por encima de la pauta actual.
Es ensordecedor el griterío de la derecha política y mediática macrista contra los controles de abastecimiento y de precios que lanzó el gobierno nacional con apoyo de algunos sindicatos, que contrasta rotundamente con los aplausos de aprobación que esos mismos sectores dedicaron a los controles que lanzó el mismo gobierno con respecto a los "planes sociales" destinados a la población en situación de pobreza e indigencia. El mensaje es muy claro: hay controles buenos y controles malos. Para la derecha macrista está muy bien que el Estado vigile minuciosamente que ningún pobre que reciba un plan social se quede con un centavo de más en su bolsillo.
Pero está muy mal que el mismo Estado ponga diligencia para verificar si las grandes empresas cumplen con los acuerdos de precios que firmaron, o si las compañías mineras declaran correctamente los volúmenes que extraen, o si en los puertos privados se pesa con precisión toda la mercadería que se exporta, o si las entidades financieras especulan o cometen fraude en sus operaciones en el mercado de capitales, o si se respetan los límites a las posiciones dominantes de mercado de las grandes corporaciones.
A los pobres hay que vigilarlos muy de cerca porque, ya se sabe, no pueden con el genio; se la pasan pidiendo plata al Estado y no quieren trabajar. A los ricos, en cambio, hay que dejarlos en paz, sin molestas regulaciones del Estado ni auditorías que interfieran en su noble propósito de generar riqueza no para beneficio personal -Dios no lo permita- sino para el "engrandecimiento" de la nación.
Ese discurso tan burdo es el que predomina en los medios de comunicación más poderosos del país; esos que son voceros y aliados del poder económico, que es el poder real, el que no necesita legitimarse con elecciones periódicas porque es el poder permanente. Siete días a la semana, veinticuatro horas al día, ese discurso se reitera sin cesar con una lógica comunicacional goebbeliana: una mentira repetida mil veces termina convirtiéndose en verdad.
Y es evidente que obtienen resultados porque infinidad de personas que viven de su trabajo, que no pertenecen a la elite económica sino a las mayorías que deben transpirar para ganarse el sustento, terminan haciendo suyo ese discurso, esa ideología, de los poderosos. Sin advertirlo terminan convirtiéndose en defensores de intereses que no son suyos "El producto más logrado del capitalismo es el pobre de derecha", sintetiza una trágica verdad de nuestro tiempo.
El gobierno nacional debe hacer más para defenderse de esta propaganda insidiosa y envenenada. Creer que se puede ceder terreno en el frente comunicacional es ignorar una herramienta estratégica para cualquier proyecto político.
Rosatti y D'Alessandro consiguieron, en tiempo récord, el cierre de la causa de los chats filtrados
El juez federal Sebastián Ramos decidió archivar en forma exprés la causa en la que se investigaban los escandalosos chats entre Silvio Robles, estrecho colaborador del titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y el ministro de Seguridad y Justicia de Horacio Rodríguez Larreta, el macrista Marcelo D'Alessandro. Estos se habían conocido por medio de una supuesta operación de hackeo sobre el teléfono del funcionario porteño, ahora en licencia.
La denuncia fue presentada por un abogado llamado Gastón Marano, el mismo que defiende a la banda de terroristas "Los Copitos" en el intento de asesinato a Cristina Kirchner. Inmediatamente intervino el polémico fiscal Carlos Stornelli, que dijo que la prueba es ilegal y por lo tanto no hay delito. Y como un rayo, el juez Ramos archivó la causa sin investigar nada.
La decisión del juez se basa en el supuesto origen ilegal de las pruebas. Sin embargo, el PRO y la oposición de derecha han apelado ampliamente al uso del espionaje ilegal para impulsar causas judiciales. En la causa del Memorándum de Entendimiento con Irán, que estaba cerrada, fue reabierta a partir de una conversación entre el excanciller Héctor Timerman y el expresidente de la AMIA Guillermo Borger, la cual fue obtenida de manera clandestina, aunque avalada en diferentes instancias por el fallecido juez Claudio Bonadio y los camaristas Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, asiduos visitantes de Macri.
Durante los años de Cambiemos, esta metodología de espionaje ilegal se extendió ampliamente. El caso más escandaloso fue la decisión de espiar a los familiares de las víctimas del submarino ARA-San Juan. En el caso de los intercambios entre Robles y D'Alessandro, el contenido de los obscenos chats -que no pudo ser desmentido por los mismos implicados- muestra la estrecha relación entre un sector del máximo tribunal judicial y el funcionario de Rodríguez Larreta.
Esa connivencia se hizo aún más evidente semanas antes, cuando se conoció otra filtración ilegal que mostraba la fina relación entre funcionarios del macrismo, jueces federales de Comodoro Py y empresarios del Grupo Clarín. Lo que se hizo conocido como el escándalo de "Lago Escondido" mostró, abiertamente, esos vínculos mafiosos.
Estamos frente a una Justicia a la carta, donde hay dos Códigos Penales y dos Códigos de Procedimiento: uno el que le aplican al movimiento popular en su conjunto, y otro el que le aplican al macrismo y a sus cómplices de la mafia judicial. Queda un solo camino, que es acudir a los organismos internacionales y a los tribunales internacionales. La Justicia en la Argentina está obturada, clausurada para quienes no piensan como piensan los grupos dominantes y quienes no forman parte de la mafia judicial.
Peleas de alcoba en el PRO
La tregua que acordaron Mauricio Macri y su otrora delfín, Horacio Rodríguez Larreta, duró menos que enero. El diálogo se cortó porque alguien le contó al expresidente que el alcalde porteño anda diciendo por ahí que si van a internas le gana por goleada. Macri le hizo saber su enojo a Larreta que a su vez le pagó con su ausencia en la presentación que el exmandatario hizo en Mar del Plata de su libro pasatista que lleva como una premonición el título "¿Para qué?".
Como todavía no sabe qué va a hacer este año y está enojado con Larreta, Mauricio salió a apoyar la candidatura de María Eugenia Vidal, la única dentro del PRO que puede disputarle al gobernante porteño los votos moderados de Juntos por el Cambio, pero que no parece tener peso suficiente para hacerle sombra a Macri si eventualmente decidiera buscar su "segundo tiempo".
El PJ entrerriano se prepara para la contienda electoral
El contraste, entre oficialismo y oposición, en el primer mes del año electoral es abrumador y constituye el dato político saliente de la escena entrerriana cuando todo indica que, cuanto más, estamos a seis meses de la elección. El peronismo entrerriano cuenta con todas las ventajas objetivas que otorga el ejercicio del poder. Aunque no tiene un candidato definido, sí tiene un liderazgo muy claro, eso le aporta orden interno y le permitirá definir sus candidaturas en el tiempo adecuado. Además, administra las reglas del juego electoral a su conveniencia.
Transcurrido mediados de enero, Gustavo Bordet volvió de sus merecidas vacaciones y se puso a gestionar. Además de participar en las habituales fiestas veraniegas en la provincia concretó la entrega de viviendas, ampliaciones de redes de gas, y decretos sumamente necesarios, como la prórroga de la emergencia ambiental, un decreto intensamente esperado por empresarios del campo. La medida fue motivada por las altas temperaturas, la escasez de lluvias y la bajante histórica del río Paraná, que ocasionan incendios en distintos puntos de Entre Ríos.
El oficialismo parece jugar solo desde hace casi un mes y sin embargo lo que manda es la hiperactividad, tanto en las gestiones de la Provincia y la Capital, con Adán Bahl, como en el armado político: la decisión de sumar opositores desplazados se volvió un desvelo en ciertos sectores. Como si no le bastara con el incuestionado liderazgo de Bordet, con el alineamiento en torno de él del conjunto del peronismo local, con el poder como factor ordenador, con el alto nivel de aprobación de las gestiones a nivel provincial y en casi todas las ciudades más importantes, con las obras en marcha en todo el mapa y con las cuentas públicas robustas para lo que haga falta.
Calentando motores, en el marco del año electoral, el Partido Justicialista de Entre Ríos, ya llevó adelante una serie de reuniones con referentes partidarios de la provincia. El anfitrión fue el secretario General, José Cáceres, quien aseguró que, durante los encuentros, "coincidimos en la necesidad de reforzar el compromiso en aquellos lugares donde somos oposición para volver a ser gobierno".
Nadie descansará en el PJ cuando se lance la campaña. La agenda de Bordet reservará medio día, de lunes a viernes, para recorridas por el interior o la Capital. En esta última se lo vio muy entusiasmado con las obras en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, que tiene un muy buen grado de avance y que se realiza con un aporte conjunto entre la provincia y el municipio.
Bordet precisó oportunamente que "además de las actividades culturales que alberga, el edificio tiene un alto valor emotivo, por lo que significó el ferrocarril", subrayó y destacó "lo que significa recuperar arquitectónicamente este lugar y hacerlo amigable con el entorno de la ciudad". La inversión es de 600 millones de pesos y definitivamente es una obra que va a transformar esta zona de Paraná, la cual será aprovechada por los vecinos y por turistas.
En campaña, Bordet será el armador principal en cada rincón del territorio provincial. Desdoblará cada jornada entre la gestión provincial y la cruzada, y sus incursiones al interior se volverán sistemáticas los fines de semana: en febrero visitará una decena de departamentos y en marzo completará el mapa. Esas visitas tendrán dos capítulos: uno público, con intendentes y legisladores del FdT que manifiestan su respaldo y se comprometen a apoyar en las elecciones; otro privado, con opositores desencantados.
Estos referentes, aunque aseguran a sus correligionarios que priorizarán la pertenencia a la UCR, todos son igualmente críticos de la dirigencia partidaria y cuestionan principalmente los acuerdos de cúpulas que dejan todas las candidaturas en manos de dirigentes macristas de la Capital Federal.
Las incursiones del PJ, en carpas radicales, reiteran esos argumentos. También se repite a los referentes radicales que "deben elegir entre dos peronistas" porque la conducción partidaria le entregó el radicalismo al ex menemista porteño Frigerio, en perjuicio de Galimberti. A renglón seguido, el PJ debería ofrecerle una coalición de gobierno que garantizara cargos en la futura administración provincial y colaboración permanente. Y ofrecerles libertad de acción a la hora de los encolumnamientos nacionales.
¿Necesita el PJ gastar energía en ese terreno? ¿Por qué lo haría si no necesitara meter ruido en la inestable sociedad entre Frigerio y Galimberti? Una respuesta que los peronistas reiteran a coro es que el PJ no está haciendo nada diferente, solo que en el pasado los acuerdos con sectores de la UCR eran secretos y ahora las convocatorias son más públicas.
Así, el peronismo entrerriano piensa acelerar a fondo desde el inicio de 2023 en la campaña electoral más anticipada en lo que va del siglo.
La oposición cerrada por vacaciones
Enero tiene esas cosas raras. A los opositores les fue bien en los últimos comicios, le ganaron al peronismo así que deberían estar con todos los motores encendidos para llevarse por delante a quien se le atraviese en el año electoral. Pero, la oposición, que en todo 2022 no logró despejar un liderazgo claro entre Frigerio y Galimberti, ni definir cómo elegirá a sus candidatos, en diciembre frenó por el Mundial y en enero cerró por vacaciones.
Juntos por Entre Ríos está en modo pausa, dominado por indefiniciones políticas y electorales que actúan como un verdadero freno de mano en el inicio del año electoral, que arrancará para ellos recién en febrero. Y lo hará exactamente en el mismo punto en el que permaneció desde el triunfo legislativo de 2021: con Frigerio y Galimberti pugnando todavía por la candidatura a gobernador, sin acuerdo sobre el modo en que definirán esa controversia y sin definiciones nacionales que contribuyan a un ordenamiento local.
El origen del parate es uno solo: la irresuelta postulación provincial. Por acción, por omisión y también por el temor de que un cable mal conectado haga volar todo por los aires, Frigerio y Galimberti prolongan una vigilia que, para quienes buscan resolver las realidades locales, se convierte en exasperante.
"Está todo trabado. En el interior quieren certezas. Saber con quién hay que hablar y negociar. Para un radical, no es lo mismo que la decisión la tenga Galimberti o que la tenga Frigerio; son juegos distintos", plantea por estas horas un boina blanca con aceitados contactos con la dirigencia del interior.
La división interna en el partido es parte del ADN radical. Nada nuevo allí. Sí lo es, en cambio, el efecto que tiene entre los radicales la inclusión de Frigerio como socio principal dentro de Juntos por el Cambio y potencial máximo candidato de esa estructura. Si bien ese proceso ya pasó por un primer tamiz que significaron los comicios legislativos de 2021, ahora que lo que está en juego son candidatos a intendentes y legisladores, aparecen algunos cabos sueltos.
Esa nueva realidad muestra una UCR que está dividida en al menos tres grupos bastantes visibles. 1) No todos apoyan que Frigerio sea el candidato a gobernador. 2) No todos están dispuestos a que Galimberti los lidere, lo que conllevaría para algunos la jubilación política, en caso de un triunfo del diputado radical. 3) Otro grupo -los menos por ahora- que, como no quiere o no tiene un acuerdo ni con Frigerio ni con Galimberti, cree que abrevar en las aguas del oficialismo actual es una opción viable en medio de la incertidumbre reinante.
Por eso desde el oficialismo se ilusionan con sumar a referentes de la Unión Cívica Radical. También algunos del PRO, pero los apuntados principales son los radicales. Serian carencias sustanciales para la oposición frente a la maquinaria del peronismo que cuando se ponga en marcha puede ser imparable, pero en Juntos nadie parece desvelarse: al contrario del PJ, actúan como si estuvieran ganando y no hubiera nada más por hacer.
Frigerio ya insinuó que no irá a una interna y los radicales que lo apoyan -la mayor parte de la conducción partidaria- acuerdan en el rechazo de esa alternativa. Galimberti es quien tiene en sus manos la principal definición opositora: si aceptará ser segundo de Frigerio es decir si le haría caso a las encuestas. La oposición espera esa definición y el oficialismo la espera todavía más.
Galimberti tenía el objetivo de lograr el apoyo de un pez gordo de Juntos por el Cambio en el ámbito nacional, que balancee el respaldo que el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el macrista Rodríguez Larreta, dispensa a su empleado, el porteño Frigerio, rival de Galimberti en la carrera por quién encabeza la fórmula de la alianza opositora para la Gobernación, en los comicios del 2023.
Este apoyo surgió de Gerardo Morales, quien a Galimberti le dijo palabras más, palabras menos: "que arregles con Frigerio sería lo ideal; pero si no se puede, contás con todo mi apoyo y el del radicalismo nacional". Se trata de un espaldarazo muy importante, porque Morales reúne en sí tres condiciones de peso: es gobernador de una provincia, N° 1 de la UCR en la Nación y uno de los presidenciables fuertes de JxC para las elecciones nacionales 2023.
Más allá de las diferencias, ambos popes de JxC coinciden en que si no van en yunta no tienen posibilidades de derrotar al peronismo. Bien les cabe la cita de Jorge Luis Borges, que admite que no los une el amor, sino el espanto.
Juntos por Entre Ríos reproduce a escala provincial los mismos problemas que tienen a nivel nacional. La falta de liderazgos y de ideas provoca enfrentamientos internos. Sobran peleas por las candidaturas y faltan propuestas. Como no aparecen los líderes naturales, cualquiera se siente en condiciones de disputar candidaturas pero nadie sabe a ciencia cierta si con lo que tiene le alcanza.
Proliferan dirigentes que tras bambalinas confiesan sus ambiciones a legisladores o intendentes pero no se animan a blanquear sus candidaturas por miedo al papelón y como nadie tiene lo que hace falta para encabezar, el negocio pasa por limar a los contrincantes en la interna. Por eso en la oposición están casi seguros que habrá internas porque las peleas impiden llegar a un consenso. Y todo indica que volverán a mostrar las mismas caras y los mismos apellidos que vienen perdiendo elecciones, en distintos puntos de la provincia, desde hace más de dos décadas.
La Opinión Popular
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