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Nacionales - 22-01-2023 / 09:01
PRESENTACIÓN DEL GOBIERNO ANTE NACIONES UNIDAS

Argentina acusa al lawfare y a los discursos de odio, los desafíos que enfrenta la democracia

Argentina acusa al lawfare y a los discursos de odio, los desafíos que enfrenta la democracia
Bloqueadas las instancias locales por la sociedad del partido judicial con la oposición y sus grandes medios porteños amigos, el Gobierno presenta ante la ONU un informe de la violación de los derechos humanos en Argentina mediante el armado de causas para encarcelar y proscribir a los dirigentes que desafían al establishment. También alerta sobre los discursos de odio y su rol en el atentado contra CFK.
Bloqueadas las instancias locales por la sociedad del partido judicial con la oposición y sus grandes medios porteños amigos, el Gobierno presenta ante la ONU un informe de la violación de los derechos humanos en Argentina mediante el armado de causas para encarcelar y proscribir a los dirigentes que desafían al establishment. También alerta sobre los discursos de odio y su rol en el atentado contra CFK.
 
En el informe que presentó el gobierno argentino meses atrás hay definiciones sobre el lawfare y los discursos de odio. Para las autoridades nacionales los dos fenómenos se presentan como desafíos y le piden al Consejo de Derechos Humanos de la ONU acompañamiento para llevar adelante medidas para hacerles frente.
 
Entre otras cuestiones, el escrito del gobierno argentino sostiene:
 
·         que "la práctica del lawfare -impulsada por sectores del Poder Judicial, la oposición política y sectores concentrados del poder económico y mediático- constituye una práctica violatoria de los derechos humanos y opera como condicionante en los procesos electorales, de la agenda política y la opinión pública";
·         que en las causas judiciales como las que enfrenta Cristina Fernández se violan garantías con la "excusa de la investigación y la sanción de los hechos de corrupción". Entre otras, se mencionan la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el deber de objetividad que deben tener los fiscales -pese a que no hay nombres propios, la crítica parece estar dirigida a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola que acusaron a CFK en el juicio de Vialidad-;
·         que las causas penales se impulsan únicamente contra quienes representan a los sectores populares y que los poderosos se mantienen en la impunidad. Se cita como ejemplo a quienes permitieron o avalaron el "endeudamiento criminal que ha generado pobreza e indigencia en la población";
·         que las estrategias de persecución buscan la proscripción de figuras centrales del escenario político;
·         que esas estrategias de persecución son "ejecutadas en la práctica por jueces y fiscales que visitaban asiduamente al expresidente". La mención tiene como destinatarios, por ejemplo, a los camaristas Mariano Borinsky, Gustavo Hornos o Mariano Llorens que vieron a Mauricio Macri en la quinta de Olivos o en la Casa Rosada. Del Ministerio Público, Raúl Pleé fue quien estuvo en la residencia presidencial. "Demuestra la espuria connivencia entre ambos sectores y la continuidad de una política de hostigamiento", señala el documento;
·         que los discursos de odio se advierten en modo creciente en diversos espacios políticos, en medios de comunicación y redes sociales;
·         que estas prácticas no solo van contra las víctimas directas sino que afectan al sistema democrático porque erosionan consensos básicos.
 
Lo novedoso no parece ser la política del gobierno del Frente de Todos en materia de derechos humanos, sino el contexto en el que la oposición está jugándose el todo por el todo en defensa de la Corte Suprema, que suele fallar a su favor.
 

 
PRESENTACIÓN DEL GOBIERNO ANTE NACIONES UNIDAS
 
Lawfare y discursos de odio: los desafíos que enfrenta la democracia en Argentina
 
El país deberá rendir examen de los avances en materia de derechos humanos en Ginebra. Reconocerá que la persecución política por vía judicial se mantiene vigente. Juntos por el Cambio aprovechó para salir en defensa de la Corte Suprema.
 
Argentina está por cumplir 40 años desde el fin de la dictadura, pero hay problemas que aún siguen condicionando el ejercicio democrático. Entre ellos, una persecución política que se ejecuta por vía judicial y los discursos de odio que calaron tan fuerte que pueden conducir hasta un intento de homicidio de la principal líder política del país. Éste es el diagnóstico que el gobierno de Alberto Fernández hará este lunes en Ginebra ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), cuando rinda su Examen Periódico Universal (EPU).
 
Después de que trascendiera el tenor de la presentación, la oposición aprovechó la oportunidad para salir en defensa de los tribunales, particularmente de la Corte Suprema -justo en la semana que comenzará a correr el proceso de juicio político-, y denunció que era una maniobra para procurar impunidad de los dirigentes kirchneristas que deben sentarse en el banquillo.
 
Cuando marquen las 14.30 en Ginebra -o las 10 de la mañana en Buenos Aires-, Horacio Pietragalla Corti deberá pararse frente al Consejo de Derechos Humanos para rendir examen sobre la situación del país. En general, cada cuatro o cinco años, los Estados deben hacerlo.
 
Esta presentación tocó en un contexto particular: un pedido de juicio político a los integrantes del máximo tribunal, chats que, sostiene el gobierno nacional, exponen la connivencia entre funcionarios de la Corte Suprema y el principal partido opositor y la reticencia de la justicia para investigar lo que fue el principal escándalo político de los últimos tiempos.
 
En esa coyuntura caliente, el secretario de Derechos Humanos de la Nación tiene previsto dar dos nombres para ejemplificar la persecución política por vía judicial: el de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el de la dirigente social Milagro Sala, que esta semana cumplió siete años de detención y le reclama al Presidente que firme el indulto que le devuelva la libertad.
 
Dirá, además, que la Argentina enfrenta desafíos de la mano del lawfare o la guerra jurídica y de los discursos de odio que pueden llevar a herir de muerte los consensos que Argentina se dio tras el retorno democrático.
 
"Vamos a demostrar que, cuando decimos que la democracia está en peligro, es porque lo está", le dice Pietragalla Corti a Página/12 antes de tomar el avión hacia Suiza. El funcionario explica que la exposición estará centrada en remarcar los avances que hubo en materia de derechos humanos desde la asunción del Frente de Todos, pero que habrá un capítulo para la justicia que sigue siendo una deuda.
 
"No podemos obviar el lawfare, el ataque a Cristina y a las instituciones. Tampoco la proscripción contra ella. No es habitual, pero tampoco es habitual lo que está pasando en la Argentina", agrega.
 
El informe que trascendió y que crispó a la oposición se presentó a finales de octubre del año pasado. El intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner estaba fresco, la vicepresidenta no había sido aún condenada por el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 en la causa "Vialidad" y mucho menos se habían conocido los chats entre Silvio Robles y Marcelo D'Alessandro ni activado el pedido de juicio político contra los cuatro supremos. Aún así, el problema era el mismo: una justicia que funciona con los mismos patrones.
 
En su exposición inicial es probable que Pietragalla Corti haga alguna mención al proceso contra los cortesanos que se impulsa desde el oficialismo. En todo caso, dirá lo que la Secretaría de Derechos Humanos ya dijo: que es un mecanismo que consta en la Constitución, pese a que la oposición lo cataloga como golpista. 
 
Otra de las líneas posibles es la que ya manifestaron los organismos de derechos humanos: que apoyan el proceso de remoción de los supremos porque hicieron todo lo que estaba a su alcance para garantizar la impunidad de los genocidas.
 
 
Lawfare y discursos de odio
 
En el informe que presentó el gobierno argentino meses atrás hay definiciones sobre el lawfare y los discursos de odio. Para las autoridades nacionales los dos fenómenos se presentan como desafíos y le piden al Consejo de Derechos Humanos de la ONU acompañamiento para llevar adelante medidas para hacerles frente.
 
Entre otras cuestiones, el escrito del gobierno argentino sostiene:
 
·         que "la práctica del lawfare -impulsada por sectores del Poder Judicial, la oposición política y sectores concentrados del poder económico y mediático- constituye una práctica violatoria de los derechos humanos y opera como condicionante en los procesos electorales, de la agenda política y la opinión pública";
·         que en las causas judiciales como las que enfrenta Cristina Fernández se violan garantías con la "excusa de la investigación y la sanción de los hechos de corrupción". Entre otras, se mencionan la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el deber de objetividad que deben tener los fiscales -pese a que no hay nombres propios, la crítica parece estar dirigida a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola que acusaron a CFK en el juicio de Vialidad-;
·         que las causas penales se impulsan únicamente contra quienes representan a los sectores populares y que los poderosos se mantienen en la impunidad. Se cita como ejemplo a quienes permitieron o avalaron el "endeudamiento criminal que ha generado pobreza e indigencia en la población";
·         que las estrategias de persecución buscan la proscripción de figuras centrales del escenario político;
·         que esas estrategias de persecución son "ejecutadas en la práctica por jueces y fiscales que visitaban asiduamente al expresidente". La mención tiene como destinatarios, por ejemplo, a los camaristas Mariano Borinsky, Gustavo Hornos o Mariano Llorens que vieron a Mauricio Macri en la quinta de Olivos o en la Casa Rosada. Del Ministerio Público, Raúl Pleé fue quien estuvo en la residencia presidencial. "Demuestra la espuria connivencia entre ambos sectores y la continuidad de una política de hostigamiento", señala el documento;
·         que los discursos de odio se advierten en modo creciente en diversos espacios políticos, en medios de comunicación y redes sociales;
·         que estas prácticas no solo van contra las víctimas directas sino que afectan al sistema democrático porque erosionan consensos básicos.
 
Es probable que la delegación argentina haga una mención a que la escalada de odio no solo puede verse con el intento de magnicidio que sufrió Cristina Kirchner, sino también con la intentona golpista en Brasil o con el atentado que denunció la vicepresidenta colombiana Francia Márquez, quien dijo que habían plantado un artefacto explosivo en la ruta que conduce a su casa.
 
La exposición de los funcionarios argentinos se extenderá durante tres horas y media: después del discurso, habrá más de 100 preguntas por parte de los Estados miembros y los funcionarios de Naciones Unidas. La delegación estará encabezada por Pietragalla y dos funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos, la subsecretaria de Protección y Enlace Internacional, Andrea Pochak, y el jefe de gabinete, Nicolás Rapeti. Estarán también Federico Villegas Beltrán, presidente saliente del Consejo de Derechos Humanos y representante permanente de la Argentina ante Naciones Unidas, y Cecilia Meirovich, directora de Derechos Humanos de la Cancillería. 
 
Las sesiones en el Consejo se extenderán hasta el 3 de febrero. Para entonces se conocerán las recomendaciones preliminares que harán desde ese órgano de Naciones Unidas al país --que habrá que ver qué tenor tienen--. A finales del gobierno de Macri, el relator de la ONU para la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García Sayán, ya había alertado sobre las prácticas sistemáticas contra quienes no comulgaban con el gobierno de Cambiemos.
 
 
Reconocimiento
 
El gobierno, en su presentación ante Naciones Unidas, reconoce que no hubo cambios en la justicia desde que llegó a la Casa Rosada"La persecución política en sede judicial se encuentra plenamente vigente", denuncia en el informe hecho al Consejo de Derechos Humanos. No logró designar un procurador en lugar del interino Eduardo Casal, no pudo avanzar con la llamada reforma judicial ni la del Consejo de la Magistratura ni con la ampliación de la Corte.
 
Ese reconocimiento es, para la oposición, "inédito", según el comunicado que distribuyeron desde Juntos por el Cambio. En realidad, no parece tan sorprendente. Meses atrás, el gobierno argentino hizo un reconocimiento descarnado por su responsabilidad en el atentado contra la AMIA y fundamentalmente en la falta de justicia y de medidas que garanticen que nunca más volverá a suceder. Se espera que en las próximas semanas la Corte Interamericana de Derechos Humanos condene a la Argentina en este caso que impulsó Memoria Activa con el apoyo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
 
Hubo reconocimiento de responsabilidad también por la situación de Milagro Sala y se firmaron más de 30 soluciones amistosas en el sistema interamericano -lo que involucra reconocer cuestiones que no se hicieron bien y comprometerse con reformas para reparar a las víctimas o evitarle nuevos padecimientos al resto de la sociedad-.
 
Lo novedoso no parece ser la política del gobierno del Frente de Todos en materia de derechos humanos, sino el contexto en el que la oposición está jugándose el todo por el todo en defensa de la Corte Suprema, que suele fallar a su favor.
 
Por Luciana Bertoia
 
Fuente: Página 12
 

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06-02-2026 / 09:02
Con un comunicado insólito el gobierno autoritario de Javier "el Loco" Milei anunció la creación de una cuenta de X que será la Oficina de Respuesta Oficial que tendrá como objetivo "desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política". Asociaciones como Adepa (que agrupa a más de 180 empresas periodísticas) y Fopea (que nuclea a cientos de periodistas) expresaron su rechazo. El Gobierno anarco capitalista se autopercibe como dueño de la verdad y busca atacar la libertad de expresión con fondos públicos para imponer sus dogmas y su relato libertario.
 
"La Oficina de Respuesta Oficial fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas", anunció el Gobierno al crear esta página que funcionará como el oscuro "Ministerio de la Verdad" que Orwell anunció en su novela de ciencia ficción "1984". Del odio periodístico a la patrulla digital: el cipayo Milei copia a Trump y crea quilombo anti-fake news.
 
Este esfuerzo por esclarecer lo verdadero en la era de la posverdad que representa este gobierno, seguramente destruirá la mentira de la inflación. Milei dijo que no cambiará el método para establecer la medición de este flagelo. O sea, reconoció que es necesario cambiar el sistema que usó hasta ahora porque no arrojó resultados reales. La Oficina de Respuesta Oficial deberá aclarar porqué si reconoce que el Indec mintió cada mes, igual anunció que seguirá mintiendo hasta que desaparezca la inflación sobre la cual está mintiendo.
 
Hay falsedades concretas por todos lados. Que la Oficina de Respuesta Oficial desmienta entonces a su inventor. En un canal de cable, la "psiquiatra pediátrica" Lilia Lemoine diagnosticó al chico autista Ian Moche como un chico sin autismo que simulaba su condición. El pibe recorrió los medios de comunicación para defender los derechos de la discapacidad, que el Gobierno abolió. Y la "psiquiatra" Lemoine diagnosticó que eso demostraba que no era autista. Al parecer Lemoine no es pediatra ni psiquiatra y, aunque lo fuera, nunca tuvo contacto con Ian como para diagnosticarlo. Mintió la terraplanista. Pero a Ian le hizo bien defender su dignidad, porque además lo hizo de manera inteligente, a diferencia de la señora mentirosa Lemoine que cree en la Tierra plana.
 
O sea, la terraplanista estaba mintiendo con el único objetivo de hacerle daño al pibe con autismo que lucha por sus derechos, que es lo mismo que luchar por dignidad. La Justicia le dio la razón a Ian y a su madre porque obligó al gobierno que integra Lemoine a reponer los derechos de la discapacidad que intentó retirarle. O sea, la señora Lemoine, mintió para hacer daño desde un lugar de poder y contra personas especialmente vulnerables. Como si un médico se ensañara con su paciente atado a la camilla. O sea que, además de mentirosa, es cruel y poco inteligente si se tiene en cuenta que era una mentira repugnante y de patas cortas.
 
Señores de la Oficina de la Respuesta Oficial de la República Argentina, ya tienen dos grandes mentiras para desmentir: la de una inflación de mentira que le ha comido el salario y la jubilación a los argentinos y una diputada que miente para atacar a un pibe de doce años para defender las mentiras del gobierno. Pero la Oficina Tal por Cual solo desmentirá y perseguirá a la verdad. Como siempre, el ladrón se rasga las vestiduras con el discurso de la honradez y ataca con mentiras a los demás. Y el mentiroso sobreactúa el discurso de la verdad para ocultar sus mentiras.
 
En ese contexto, la "Oficina de Respuesta Oficial" no parece solo una herramienta comunicacional. Es la institucionalización de una lógica: responder siempre, atacar primero y convertir cada crítica en un enemigo. Una versión local de un libreto yanqui importado, aplicada con fanatismo y sin demasiados matices. La libertad de expresión y el derecho a la información están bajo ataque autoritario.
 
La Opinión Popular
 

05-02-2026 / 11:02
Sacar un adelanto de sueldo con el banco, tarjetear, tomar un préstamo se volvieron cosas habituales bajo el desastroso gobierno de Javier Milei. No poder pagar toda la tarjeta, refinanciar con intereses elevados o no pagar la cuota del préstamo genera mora y eso está aumentando mes a mes. El endeudamiento de los hogares argentinos entró en una zona crítica. Los últimos datos del Banco Central, analizados por el Instituto Argentina Grande, muestran un salto alarmante en la morosidad: el 11 por ciento de los créditos personales y el 9,2 por ciento de las tarjetas de crédito registran irregularidades en los pagos. Hace apenas 2 años, a fines de 2023, esos números eran muy distintos: 4,2 por ciento en préstamos personales y 1,7 por ciento en tarjetas.
 
Se trata de los niveles más altos desde que el organismo tiene registros, es decir, desde 2010. El fenómeno refleja una realidad concreta: los ingresos ya no alcanzan para cubrir gastos cotidianos como alimentos, tarifas o medicina privada. Frente a ese escenario, el desahorro y el endeudamiento dejaron de ser excepciones y pasaron a formar parte de la rutina de millones de familias. Cada vez más hogares recurren al pago mínimo de la tarjeta de crédito como estrategia para estirar el ingreso mensual. Esa práctica, que puede dar aire en el corto plazo, termina convirtiéndose en una trampa por las altas tasas de interés, que aceleran el deterioro de la capacidad de pago.
 
El problema no se limita al consumo diario. También crece la morosidad en los préstamos prendarios, generalmente destinados a la compra de autos, motos o maquinaria. En noviembre de 2025 alcanzó el 5,2 por ciento, cuando 2 años antes era del 2,7. Esto evidencia que el estrés financiero ya impacta en decisiones de mayor plazo y compromete el patrimonio familiar. El deterioro de estos indicadores expone un cuadro social cada vez más frágil. El crédito dejó de ser una herramienta para mejorar la calidad de vida y pasó a convertirse en un recurso de supervivencia que oculta la pérdida del poder adquisitivo.
 
Para muchas familias, especialmente jóvenes sin ingresos formales, el financiamiento no proviene de los bancos sino de cadenas comerciales, prestadores directos y, cada vez más, billeteras virtuales y fintech, que ofrecen créditos rápidos y de acceso inmediato. En ese terreno, la situación también es preocupante. La morosidad en compras de electrodomésticos alcanzó el 27 por ciento en julio de 2025, el valor más alto en más de 4 años. En el caso de los préstamos otorgados por fintech, el 18 por ciento presentaba incumplimientos en julio, pero estimaciones privadas indican que esa cifra ya ronda el 21 por ciento.
 
Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares confirman el deterioro de las economías domésticas. En el segundo trimestre de 2025, el 48 por ciento de los hogares no logró cubrir sus gastos y debió recurrir a ahorros, venta de bienes o endeudamiento, tanto formal como informal. La clase media aparece como uno de los sectores más afectados: el 53 por ciento de sus hogares no logra llegar a fin de mes. Según datos del Indec publicados este viernes, el 60% de los asalariados gana menos de $950.000 en el tercer trimestre del año. Es decir, que la mayoría de los trabajadores viven con ingresos por debajo de la canasta de consumos mínimos que realiza la Junta Interna de ATE Indec (el promedio del tercer trimestre del año fue $1.941.853). Esta canasta no es un ideal ni un óptimo, pero se acerca a lo que se necesita para llegar a fin de mes.
 
Mientras el Gobierno libertario insiste en mentir con indicadores de estabilidad y crecimiento, la realidad que se vive puertas adentro de los hogares argentinos es otra: deuda creciente, ingresos que no alcanzan y una morosidad que ya funciona como termómetro del deterioro económico y social. Los hogares están endeudados porque los ingresos no alcanzan. Es urgente un aumento de emergencia de salarios, jubilaciones y programas sociales.
 
La Opinión Popular
 

04-02-2026 / 11:02
A través de la práctica de demorar la puesta en vigencia del cambio de ponderaciones que resulta de una encuesta de gastos de hogares más actualizada que la de 2004, que todavía se aplica, se verán afectados los ingresos reales de todos aquellos sectores que ajustan sus remuneraciones siguiendo el Índice de precios al consumidor (IPC), como jubilaciones, pensiones y asignaciones de la previsión social como la AUH, y se estará alterando el cálculo de variables fundamentales para la economía, como el producto bruto (que en el futuro va a ser recalculado a la baja) o la pobreza (en sentido inverso, en el futuro se demostrará que es mayor a la que actualmente se informe).
 
Así lo han puesto de manifiesto especialistas en el tema, entre ellos Alejandro Barrios, ex director del Indec, quien explicó que las ponderaciones resultantes de la Encuesta de Gastos de Hogares de 2017/18 "ya está disponible hace años, incluso la Ciudad de Buenos Aires ya la está aplicando; la demora en aplicarla a nivel nacional es que hay un gobierno que iba a implementar un cambio en los precios relativos, con subas importantes en los servicios regulados por el Estado (por quita de subsidios). La decisión fue parar la aplicación de los nuevos índices hasta que se completen esos cambios; y se considere que ya no van a seguir aumentando, mes a mes, el teléfono, la luz, el transporte, las prepagas, etc. Rubros que en el índice actualizado tienen un peso mucho mayor que en el de la canasta de gastos de hace 20 años".
 
En consecuencia, el índice que se seguirá aplicando "hasta que se complete el proceso de desinflación", en palabras de Luis Caputo, da como resultado un aumento de precios al consumidor inferior al que surge del cálculo con el nuevo índice. "Esto va a provocar en el futuro un recálculo de variables de los años anteriores, como pasó otras veces, pero esta vez con el agravante de que las autoridades actuales son conscientes de que demoran el cambio de fórmula para subestimar la inflación", agregó Barrios.
 
Así, por ejemplo, el cálculo del PBI tendrá probablemente una revisión, porque al desindexar los precios a una tasa más alta que la que se usa actualmente, resultará un PBI real (descontada la inflación) menor al que hoy se informa. En consecuencia, se recalculará a la baja el PBI de todos estos años (aumentos inferiores a los que ahora se informan, caídas superiores, e incluso subas leves que se transformarán en bajas).
 
Lo contrario sucederá con los índices de pobreza, ya que cuando en el futuro se recalculen los ingresos deflactados por un índice no subestimado como el actual, van a ser menores en términos reales, mientras que las canastas de precios al ser reajustados van a ser más altas. En consecuencia los índices de pobreza así recalculados resultarán más altos que los que ahora se informen.
 
Este manoseo de los índices en el corto plazo también podrá ser motivo de controversias, de parte por ejemplo de tenedores de bonos con variable CER (ajuste por inflación) o títulos con cláusula de ajuste UVA (también tiene un componente que varía según el IPC). Además, el cálculo del valor de las jubilaciones y pensiones se hace, mensualmente, de acuerdo al aumento del IPC en meses anteriores, por lo cual la sub estimación del índice va en desmedro de los perceptores de esos ingresos. Lo mismo vale para los que reciben la AUH y otras asignaciones que se ajustan periódicamente por la inflación.
 
Otro ingreso que se verá afectado es el salario, en la medida en que las paritarias se negocien en función de un índice de inflación que luego se demuestre que no era el real. "La decisión de que tendremos un índice de fantasía abre las puertas del infierno", advirtió el ex diputado nacional y ex dirigente de ATE Claudio Lozano. "De manera desembozada e impune decretan que ellos decidirán lo que debe dar la estadística pública sobre inflación. Lo ocurrido no hace más que explicitar lo que se venía observando en el funcionamiento del Indec, porque hace rato que debería haberse incorporado la Encuesta de Gastos de los Hogares del 2016/17 y se lo demoró sin ninguna razón estadísticamente válida".
 
La Opinión Popular
 

03-02-2026 / 11:02
Tras la renuncia de Marco Lavagna al frente del Indec, porque Javier Milei se niega a medir bien la inflación, Luis "Toto" Caputo decidió postergar la publicación de la nueva canasta de medición de precios, que daría una inflación mucho mayor. "Con el Presidente siempre pensamos que había que cambiarlo una vez que el proceso de desinflación estuviera consolidado", afirmó. O sea, nunca. El Gobierno libertario oculta así el fracaso económico mientras los trabajadores del organismo alertan por intervención.
 
La decisión de Milei y Caputo de suspender sin límites la actualización del IPC solo una semana antes de su puesta en marcha fue demasiado hasta para Lavagna, que había aceptado retrasarla hasta ahora, además de hacer magia con los índices de la inflación y la pobreza. Presentó la renuncia al Indec y fue reemplazado por su segundo, incondicional de Caputo.
 
No hay eufemismos ni figuras simuladas que tapen lo que realmente pasó, a sólo 8 días de que se conozca un IPC que debería estar actualizado, tal como lo había prometido el Gobierno: Lavagna confió internamente que salió del ente estadístico, precisamente, porque Milei y el ministro de Economía, Caputo, se negaban a implementar la nueva medición de inflación por la que él venía peleando hacía más de dos años. Horas más tarde, Caputo se vio obligado a salir a confirmar los dichos de Lavagna.
 
Los dichos de Caputo son escandalosos y abren dudas peligrosas respecto a los números, porque los técnicos del INDEC ya tenían medidos precios con el nuevo IPC y se había anunciado la aplicación de ese índice para el próximo martes 10, cuando se sepa la inflación de enero. Esa medición daba arriba del 3 por ciento, pero a Lavagna le pedían que esté en torno al 2 por ciento. Además, es polémico porque Caputo no le pone fecha a la nueva medición. Es decir, Milei y Caputo se niegan, sin fecha cierta, a medir la inflación con la Encuesta de Hogares del 2018, para seguir haciéndolo con la del 2004.
 
Una medición que no refleja el costo de vida de las familias. Lo que el Gobierno hace evitando actualizarlos, es que no se vean reflejados en enero los aumentos de tarifas, en un escenario donde además los alimentos vienen subiendo. En pocas palabras, Milei está midiendo la inflación con los mismos parámetros de gastos familiares que había 22 años atrás.
 
Lo que eran sospechas terminaron siendo confirmadas por el propio gobierno. El viernes pasado el Banco Central difundió el Informe de Política Monetaria donde se admite abiertamente que si se hubiese utilizado el nuevo IPC la inflación hubiese sido más alta en los últimos dos años por la suba de los servicios públicos, que recién a partir de ahora tendrán más peso en la canasta del Indec. El propio Banco Central confirmó la manipulación del índice de inflación.
 
Mientras la población siente que los salarios se pulverizan y el pluriempleo crece, los datos oficiales truchos muestran un aumento inflacionario "moderado", utilizado por el Gobierno anarco capitalista también para planchar paritarias y jubilaciones. Esta brecha entre la realidad social y las estadísticas alimenta la desconfianza generalizada, incluso entre especialistas.
 
La Opinión Popular
 

02-02-2026 / 11:02
El secuestro de Nicolás Maduro se transmitió en tiempo real por televisión y redes sociales, en una estudiada coreografía que hacía parecer toda la escena como parte de la última mega producción de Hollywood. A eso se sumó luego una campaña virtual de Donald Trump en la que se presentaba al mandatario como una especie de dueño del continente entero, incluyendo -sobre todo- a Groenlandia. El spin-off local de Trump no se queda atrás. Javier Milei, otra figura nacida en un set de TV, mezcla su presidencia con recitales masivos, romances fogosos y una cultura memética permanente en redes sociales. En todo el planeta es el momento de la política comic show, un juego que, a la vez, es mucho más que eso.
 
Milei construyó su llegada al poder desde los paneles de televisión. Allí mezcló gritos violentos, peleas salvajes y un aporte original: la capacidad de discutir autores económicos en prime time desde una matriz libertaria extrema. Su figura se nutrió además de otros condimentos: obras de teatro durante los veranos, noviazgos mediáticos -en 2018 salió con Daniela Mori, exintegrante de la banda de cumbia Las Primas-, revelaciones perturbadoras sobre su sexualidad tántrica, covers de temas de rock y clásicos, apariciones disfrazado como superhéroe y, por supuesto, su marca registrada: su extraña cabellera.
 
Mientras por un lado agita la violencia con invitaciones permanentes a "odiar más" y compara a sus rivales con monos o cucarachas, por el otro ofrece circo: el recital en el Movistar Arena, su show en el festival de Jesús María, una aparición en un canal de streaming oficialista junto a su perro clonado, un beso fogoso con su entonces pareja en un teatro costero, cuadros en la Quinta de Olivos donde se compara con Wolverine y con un león, una bizarra cuenta en inglés presentada mediante un cómic donde aparece volando sobre Buenos Aires como superhéroe.
 
A esta lista se suma su escasa preocupación por la higiene y el recambio de vestuario -con el mameluco de YPF como emblema, incluso en Davos- y su llanto desconsolado en el Muro de los Lamentos, una postal inédita para un presidente argentino. Con matices, todos estos episodios -los extravagantes y los violentos- comparten algo en común: arrastran la atención popular, dominan redes sociales y colonizan la agenda mediática y política, mientras corren los límites de lo decible en la sociedad argentina. "La primera estrategia de esta derecha es polarizar a la sociedad", explica el historiador Steven Forti en Extrema derecha 2.0. "No se trata de excentricidades, sino de una estrategia bien pensada."
 
Ese manual fue adoptado por la administración libertaria desde su llegada al poder. Cuando no fue el cierre del INADI o de Télam, fue un ataque a la comunidad homosexual, al periodismo o a alguna artista musical. Y cuando no había escándalo político, lo había estético: cuatro camperas en pleno verano, intentos de ocultar la papada o defensas públicas de películas de Guillermo Francella. De una u otra forma, siempre provocaba bronca, perplejidad o fascinación, emociones ideales que premian lo ruidoso.
 
Lo explica Giuliano da Empoli en Los ingenieros del caos, libro de cabecera del asesor presidencial Santiago Caputo: "El megáfono de Trump era la indignación de los medios." Con Trump y Milei ocurre lo mismo: se los puede amar o detestar, pero no ignorar.  Richard Nixon lo llamaba "la teoría del loco". Fingir irracionalidad para volverse imprevisible y, por eso mismo, temible. Trump lo dijo sin rodeos: "Xi Jinping sabe que estoy totalmente loco."
 
La pregunta es inevitable: ¿estamos ante líderes desbordados o ante personajes cuidadosamente construidos? "La banalidad de la locura", la llama el politólogo Brian Klaas: una saturación de exabruptos que termina anestesiando a la sociedad.
 
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