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"El peronismo es un encuadramiento de las fuerzas populares vertebrado en torno a la clase trabajadora" John William Cooke
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Nacionales - 22-01-2023 / 09:01
PRESENTACIÓN DEL GOBIERNO ANTE NACIONES UNIDAS

Argentina acusa al lawfare y a los discursos de odio, los desafíos que enfrenta la democracia

Argentina acusa al lawfare y a los discursos de odio, los desafíos que enfrenta la democracia
Bloqueadas las instancias locales por la sociedad del partido judicial con la oposición y sus grandes medios porteños amigos, el Gobierno presenta ante la ONU un informe de la violación de los derechos humanos en Argentina mediante el armado de causas para encarcelar y proscribir a los dirigentes que desafían al establishment. También alerta sobre los discursos de odio y su rol en el atentado contra CFK.
Bloqueadas las instancias locales por la sociedad del partido judicial con la oposición y sus grandes medios porteños amigos, el Gobierno presenta ante la ONU un informe de la violación de los derechos humanos en Argentina mediante el armado de causas para encarcelar y proscribir a los dirigentes que desafían al establishment. También alerta sobre los discursos de odio y su rol en el atentado contra CFK.
 
En el informe que presentó el gobierno argentino meses atrás hay definiciones sobre el lawfare y los discursos de odio. Para las autoridades nacionales los dos fenómenos se presentan como desafíos y le piden al Consejo de Derechos Humanos de la ONU acompañamiento para llevar adelante medidas para hacerles frente.
 
Entre otras cuestiones, el escrito del gobierno argentino sostiene:
 
·         que "la práctica del lawfare -impulsada por sectores del Poder Judicial, la oposición política y sectores concentrados del poder económico y mediático- constituye una práctica violatoria de los derechos humanos y opera como condicionante en los procesos electorales, de la agenda política y la opinión pública";
·         que en las causas judiciales como las que enfrenta Cristina Fernández se violan garantías con la "excusa de la investigación y la sanción de los hechos de corrupción". Entre otras, se mencionan la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el deber de objetividad que deben tener los fiscales -pese a que no hay nombres propios, la crítica parece estar dirigida a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola que acusaron a CFK en el juicio de Vialidad-;
·         que las causas penales se impulsan únicamente contra quienes representan a los sectores populares y que los poderosos se mantienen en la impunidad. Se cita como ejemplo a quienes permitieron o avalaron el "endeudamiento criminal que ha generado pobreza e indigencia en la población";
·         que las estrategias de persecución buscan la proscripción de figuras centrales del escenario político;
·         que esas estrategias de persecución son "ejecutadas en la práctica por jueces y fiscales que visitaban asiduamente al expresidente". La mención tiene como destinatarios, por ejemplo, a los camaristas Mariano Borinsky, Gustavo Hornos o Mariano Llorens que vieron a Mauricio Macri en la quinta de Olivos o en la Casa Rosada. Del Ministerio Público, Raúl Pleé fue quien estuvo en la residencia presidencial. "Demuestra la espuria connivencia entre ambos sectores y la continuidad de una política de hostigamiento", señala el documento;
·         que los discursos de odio se advierten en modo creciente en diversos espacios políticos, en medios de comunicación y redes sociales;
·         que estas prácticas no solo van contra las víctimas directas sino que afectan al sistema democrático porque erosionan consensos básicos.
 
Lo novedoso no parece ser la política del gobierno del Frente de Todos en materia de derechos humanos, sino el contexto en el que la oposición está jugándose el todo por el todo en defensa de la Corte Suprema, que suele fallar a su favor.
 

 
PRESENTACIÓN DEL GOBIERNO ANTE NACIONES UNIDAS
 
Lawfare y discursos de odio: los desafíos que enfrenta la democracia en Argentina
 
El país deberá rendir examen de los avances en materia de derechos humanos en Ginebra. Reconocerá que la persecución política por vía judicial se mantiene vigente. Juntos por el Cambio aprovechó para salir en defensa de la Corte Suprema.
 
Argentina está por cumplir 40 años desde el fin de la dictadura, pero hay problemas que aún siguen condicionando el ejercicio democrático. Entre ellos, una persecución política que se ejecuta por vía judicial y los discursos de odio que calaron tan fuerte que pueden conducir hasta un intento de homicidio de la principal líder política del país. Éste es el diagnóstico que el gobierno de Alberto Fernández hará este lunes en Ginebra ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), cuando rinda su Examen Periódico Universal (EPU).
 
Después de que trascendiera el tenor de la presentación, la oposición aprovechó la oportunidad para salir en defensa de los tribunales, particularmente de la Corte Suprema -justo en la semana que comenzará a correr el proceso de juicio político-, y denunció que era una maniobra para procurar impunidad de los dirigentes kirchneristas que deben sentarse en el banquillo.
 
Cuando marquen las 14.30 en Ginebra -o las 10 de la mañana en Buenos Aires-, Horacio Pietragalla Corti deberá pararse frente al Consejo de Derechos Humanos para rendir examen sobre la situación del país. En general, cada cuatro o cinco años, los Estados deben hacerlo.
 
Esta presentación tocó en un contexto particular: un pedido de juicio político a los integrantes del máximo tribunal, chats que, sostiene el gobierno nacional, exponen la connivencia entre funcionarios de la Corte Suprema y el principal partido opositor y la reticencia de la justicia para investigar lo que fue el principal escándalo político de los últimos tiempos.
 
En esa coyuntura caliente, el secretario de Derechos Humanos de la Nación tiene previsto dar dos nombres para ejemplificar la persecución política por vía judicial: el de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el de la dirigente social Milagro Sala, que esta semana cumplió siete años de detención y le reclama al Presidente que firme el indulto que le devuelva la libertad.
 
Dirá, además, que la Argentina enfrenta desafíos de la mano del lawfare o la guerra jurídica y de los discursos de odio que pueden llevar a herir de muerte los consensos que Argentina se dio tras el retorno democrático.
 
"Vamos a demostrar que, cuando decimos que la democracia está en peligro, es porque lo está", le dice Pietragalla Corti a Página/12 antes de tomar el avión hacia Suiza. El funcionario explica que la exposición estará centrada en remarcar los avances que hubo en materia de derechos humanos desde la asunción del Frente de Todos, pero que habrá un capítulo para la justicia que sigue siendo una deuda.
 
"No podemos obviar el lawfare, el ataque a Cristina y a las instituciones. Tampoco la proscripción contra ella. No es habitual, pero tampoco es habitual lo que está pasando en la Argentina", agrega.
 
El informe que trascendió y que crispó a la oposición se presentó a finales de octubre del año pasado. El intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner estaba fresco, la vicepresidenta no había sido aún condenada por el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 en la causa "Vialidad" y mucho menos se habían conocido los chats entre Silvio Robles y Marcelo D'Alessandro ni activado el pedido de juicio político contra los cuatro supremos. Aún así, el problema era el mismo: una justicia que funciona con los mismos patrones.
 
En su exposición inicial es probable que Pietragalla Corti haga alguna mención al proceso contra los cortesanos que se impulsa desde el oficialismo. En todo caso, dirá lo que la Secretaría de Derechos Humanos ya dijo: que es un mecanismo que consta en la Constitución, pese a que la oposición lo cataloga como golpista. 
 
Otra de las líneas posibles es la que ya manifestaron los organismos de derechos humanos: que apoyan el proceso de remoción de los supremos porque hicieron todo lo que estaba a su alcance para garantizar la impunidad de los genocidas.
 
 
Lawfare y discursos de odio
 
En el informe que presentó el gobierno argentino meses atrás hay definiciones sobre el lawfare y los discursos de odio. Para las autoridades nacionales los dos fenómenos se presentan como desafíos y le piden al Consejo de Derechos Humanos de la ONU acompañamiento para llevar adelante medidas para hacerles frente.
 
Entre otras cuestiones, el escrito del gobierno argentino sostiene:
 
·         que "la práctica del lawfare -impulsada por sectores del Poder Judicial, la oposición política y sectores concentrados del poder económico y mediático- constituye una práctica violatoria de los derechos humanos y opera como condicionante en los procesos electorales, de la agenda política y la opinión pública";
·         que en las causas judiciales como las que enfrenta Cristina Fernández se violan garantías con la "excusa de la investigación y la sanción de los hechos de corrupción". Entre otras, se mencionan la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el deber de objetividad que deben tener los fiscales -pese a que no hay nombres propios, la crítica parece estar dirigida a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola que acusaron a CFK en el juicio de Vialidad-;
·         que las causas penales se impulsan únicamente contra quienes representan a los sectores populares y que los poderosos se mantienen en la impunidad. Se cita como ejemplo a quienes permitieron o avalaron el "endeudamiento criminal que ha generado pobreza e indigencia en la población";
·         que las estrategias de persecución buscan la proscripción de figuras centrales del escenario político;
·         que esas estrategias de persecución son "ejecutadas en la práctica por jueces y fiscales que visitaban asiduamente al expresidente". La mención tiene como destinatarios, por ejemplo, a los camaristas Mariano Borinsky, Gustavo Hornos o Mariano Llorens que vieron a Mauricio Macri en la quinta de Olivos o en la Casa Rosada. Del Ministerio Público, Raúl Pleé fue quien estuvo en la residencia presidencial. "Demuestra la espuria connivencia entre ambos sectores y la continuidad de una política de hostigamiento", señala el documento;
·         que los discursos de odio se advierten en modo creciente en diversos espacios políticos, en medios de comunicación y redes sociales;
·         que estas prácticas no solo van contra las víctimas directas sino que afectan al sistema democrático porque erosionan consensos básicos.
 
Es probable que la delegación argentina haga una mención a que la escalada de odio no solo puede verse con el intento de magnicidio que sufrió Cristina Kirchner, sino también con la intentona golpista en Brasil o con el atentado que denunció la vicepresidenta colombiana Francia Márquez, quien dijo que habían plantado un artefacto explosivo en la ruta que conduce a su casa.
 
La exposición de los funcionarios argentinos se extenderá durante tres horas y media: después del discurso, habrá más de 100 preguntas por parte de los Estados miembros y los funcionarios de Naciones Unidas. La delegación estará encabezada por Pietragalla y dos funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos, la subsecretaria de Protección y Enlace Internacional, Andrea Pochak, y el jefe de gabinete, Nicolás Rapeti. Estarán también Federico Villegas Beltrán, presidente saliente del Consejo de Derechos Humanos y representante permanente de la Argentina ante Naciones Unidas, y Cecilia Meirovich, directora de Derechos Humanos de la Cancillería. 
 
Las sesiones en el Consejo se extenderán hasta el 3 de febrero. Para entonces se conocerán las recomendaciones preliminares que harán desde ese órgano de Naciones Unidas al país --que habrá que ver qué tenor tienen--. A finales del gobierno de Macri, el relator de la ONU para la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García Sayán, ya había alertado sobre las prácticas sistemáticas contra quienes no comulgaban con el gobierno de Cambiemos.
 
 
Reconocimiento
 
El gobierno, en su presentación ante Naciones Unidas, reconoce que no hubo cambios en la justicia desde que llegó a la Casa Rosada"La persecución política en sede judicial se encuentra plenamente vigente", denuncia en el informe hecho al Consejo de Derechos Humanos. No logró designar un procurador en lugar del interino Eduardo Casal, no pudo avanzar con la llamada reforma judicial ni la del Consejo de la Magistratura ni con la ampliación de la Corte.
 
Ese reconocimiento es, para la oposición, "inédito", según el comunicado que distribuyeron desde Juntos por el Cambio. En realidad, no parece tan sorprendente. Meses atrás, el gobierno argentino hizo un reconocimiento descarnado por su responsabilidad en el atentado contra la AMIA y fundamentalmente en la falta de justicia y de medidas que garanticen que nunca más volverá a suceder. Se espera que en las próximas semanas la Corte Interamericana de Derechos Humanos condene a la Argentina en este caso que impulsó Memoria Activa con el apoyo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
 
Hubo reconocimiento de responsabilidad también por la situación de Milagro Sala y se firmaron más de 30 soluciones amistosas en el sistema interamericano -lo que involucra reconocer cuestiones que no se hicieron bien y comprometerse con reformas para reparar a las víctimas o evitarle nuevos padecimientos al resto de la sociedad-.
 
Lo novedoso no parece ser la política del gobierno del Frente de Todos en materia de derechos humanos, sino el contexto en el que la oposición está jugándose el todo por el todo en defensa de la Corte Suprema, que suele fallar a su favor.
 
Por Luciana Bertoia
 
Fuente: Página 12
 

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01-02-2023 / 10:02
El ministro Sergio Massa anunció un paquete de medidas destinadas a paliar los efectos de la sequía sobre la producción agropecuaria. Por un lado, buscó descomprimirle el frente fiscal con la suspensión del anticipo del impuesto a las ganancias, las ejecuciones fiscales y embargos, más exenciones impositivas para la venta forzada de ganado. Por el otro, apuntaló el frente financiero con un fondeo permanente de 5.000 millones rotativos, reducción de tasas para la toma de préstamos y reducción de los pasivos acumulados por el sector.
 
"Vamos a proceder a la financiación de los pasivos bajos las mismas condiciones en que los créditos fueron otorgados. Esta es una muy buena medida, entre otras cosas, porque el 47% de los créditos del sector, de los productores que están alcanzados por la emergencia, son créditos que, inclusive, son producto de una política de Banco Nación de acercamiento y promoción del sector agropecuario, ya venían con tasa promocionada, y de alguna manera el diferimiento a 360 días va a mantener las mismas condiciones", afirmó Massa en la reunión que mantuvo en el Palacio de Hacienda.
 
En el encuentro con los dirigentes rurales, Massa les anticipó que el próximo jueves, en la reunión de Directorio, el Banco Central va a derogar la resolución que incrementaba la tasa para aquellos productores que habían limitados por ingresar al programa dólar soja, a los efectos de volver a darle la oportunidad de acceder al crédito "sin castigo de sobretasas",  precisó.
 
La cuestión de los pasivos no es un tema menor. El endeudamiento del sector agroexportador preocupa cada vez más al gobierno. Según un informe del BCRA la deuda externa por exportaciones de bienes del sector "Elaboración de productos alimenticios", que reúne a las empresas dedicadas a la comercialización de oleaginosas y cereales, se incrementó 3853 millones de dólares con respecto al trimestre previo y 3485 millones comparado con el mismo periodo del 2021. En total suman 7039 millones de dólares al 30 de septiembre, lo que representa el valor máximo observado desde el inicio de la serie.
 
Como sea, en el encuentro Massa volvió a respaldar al sector, históricamente enfrentado al peronismo. "La Argentina tiene en el campo a uno de los motores de la economía. El Estado muchas veces le pide un esfuerzo cuando tiene que enfrentar situaciones o de estrechez fiscal o de reservas pero también, el Estado y el Gobierno, muchas veces es la herramienta con la cual podemos tenderle la mano y asistirlo en los momentos de mayor dificultad", afirmó y agregó "tal vez no es todo lo que pedían, lo sé, pero esto es lo que podemos en este momento. Entendemos que es contundente en impacto para nuestros productores y productoras".
 
El Estado muchas veces le pide (al campo) un esfuerzo cuando tiene que enfrentar situaciones o de estrechez fiscal o de reservas pero también, el Estado puede tenderle la mano y asistirlos en los momentos de mayor dificultad. Tal vez no es todo lo que pedían, lo sé, pero esto es lo que podemos en este momento.
 
Para Carlos Achetoni, titular de Federación Agraria, "la reunión resultó satisfactoria. Las medidas representan un gran porcentaje de lo que se había pedido". En el mismo sentido se expresó Jorge Chemes presidente de CRA: "Reconocemos que contemplaron mucho de lo que pedimos, pero ahora queremos ver estas medidas en acción, que no haya burocracia que las frene". Las medidas anunciadas alcanzan a todos aquellos productores agropecuarios afectados por la sequía cuya actividad resida en zona declarada en emergencia agropuecuaria.  Hay algunas provincias que ya han declarado su emergencia en su totalidad, es el caso de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Chaco.
 
La Opinión Popular
 

01-02-2023 / 09:02
Nicolás Gabriel Carrizo, el líder de la banda terrorista "los copitos", declaró durante más de seis horas este martes ante el fiscal Carlos Rívolo. Aseguró que Brenda Uliarte comparaba a Fernando Sabag Montiel con "El Presto" y afirmó que recién después del intento de homicidio lo empezó a valorar.
 
Brenda no paraba de humillarlo. Incluso hasta llegó a mandar una foto a un grupo de chat con Sabag Montiel vestido con pollera. Lo comparaba permanentemente con Eduardo Miguel Prestofelippo, conocido como "El Presto", un youtuber vinculado a la militancia libertaria, anticuarentena y anti K y que fue denunciado por amenazar en redes sociales a Cristina. "'Nando' estaba frustrado, no podía con (Brenda) sexualmente. Entonces él quiso aprovechar la oportunidad, metiéndose en esto. Yo creo que si hubiese querido matar a Cristina Kirchner lo hubiera logrado. Pero no la quiso matar. Solo se quiso hacer ver, como para mostrar que él también es poronga". Todo suena muy ridículo.
 
Con estas palabras, Carrizo, jefe de los copitos y acusado de ser partícipe secundario del atentado contra la Vicepresidenta, planteó su hipótesis sobre lo que pasó en la noche del 1 de septiembre en la esquina de Juncal y Uruguay, en La Recoleta, cuando Sabag Montiel le apuntó con un arma en la cara a la ex mandataria e intentó matarla. El líder de los Copitos está procesado con prisión preventiva por el delito de homicidio en grado de tentativa agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por haberse cometido con un arma de fuego, en calidad de partícipe secundario.
 
El abogado defensor Gastón Marano, a la salida de Comodoro Py, brindó detalles sobre los dichos de su defendido y sostuvo que "hoy decidió hacer una larga declaración que incluía no solamente nuevas explicaciones sobre de estos nuevos llamados chats". "Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que el procesamiento fue absolutamente apresurado", opinó alegremente Marano y agregó que durante la declaración "no se expidió en torno a los elementos que hacen a su inocencia, que les puedo afirmar que son muchos".
 
La indagatoria se ordenó luego de que se encontraran en el celular de Carrizo nuevos mensajes de texto en los que se atribuye participación en la planificación del ataque perpetrado contra la vicepresidenta el 1° de septiembre último. "Recordá esta fecha", "Esta hdp (sic) ya está muerta", "No sabés qué hicimos con esto", "Generar miedo", "Para que el Gobierno sepa con quienes se están metiendo", fueron algunos los escritos enviados por Carrizo desde su celular, según se detalla en la presentación de la querella.
 
Cuando lo indagaron por ese diálogo, Carrizo intentó hacerlo pasar por una "broma" que le hizo a su familia: "Acá es donde le quiero explicar para sacar malos entendidos. Le estaba haciendo una joda a mi hermanastra, voy a parecer un gil, le estaba haciendo creer que era parte de esto, no fue real", afirmó, intentando zafar, ante una pregunta que le hizo la jueza María Eugenia Capuchetti.
 
La Opinión Popular
 

31-01-2023 / 11:01
Los referentes sociales, gremiales y políticos que integran la séptima Marcha por la Soberanía de Lago Escondido, en la provincia de Río Negro, iniciaron este lunes por la tarde la movilización desde el paraje Foyel, sobre la Ruta 40, hacia la tranquera que habilita el acceso al espejo de agua, según contaron desde las entidades convocantes.
 
Esa expedición, en la que participará la mayor parte de los manifestantes, transitará el llamado Camino de Tacuifí, que se supone debe estar habilitado por orden judicial, pero que en un tramo de su recorrido está bloqueado por una tranquera instalada por la empresa Hidden Lake, de propiedad del millonario británico Joe Lewis, el amigo de Mauricio Macri.
 
Otro grupo de los participantes continuó su marcha hacia Lago Escondido, pero por el Camino de Montaña, más largo y de dificultad media, en una columna de la que forman parte el sacerdote Francisco "Paco" Olveira, del Grupo de Curas en Opción por los Pobres, y el médico sanitarista Jorge Rachid.
 
Para preparar el inicio de la marcha por el Camino de Tacuifí, la multisectorial que organiza todos los años la Marcha por la Soberanía mantuvo un "encuentro preparatorio y organizativo" en la localidad de El Bolsón, con la coordinación del dirigente peronista Julio Urien, ex teniente de fragata de la Armada al que Néstor Kirchner le restituyó su grado militar tras haber sido echado de la fuerza por sublevarse en apoyo al regreso de Perón, en 1972.
 
En la reunión preparatoria, que empezó a las 12, se definieron distintos aspectos de la movilización que tendrá su epicentro en las cercanías de Lago Escondido. Por otra parte, otro grupo de organizaciones -encabezado por las CTA, la CCC, ATE- que también llaman a movilizarse se concentrará este martes en Bariloche para iniciar su propia marcha hacia el espejo de agua de más de 7 kilómetros cuadrados de superficie, ubicado entre la Ruta 40 y el límite con Chile.
 
Una vez agrupados, los integrantes de esas organizaciones iniciaron su propia marcha hacia El Bolsón "para intentar llegar a Lago Escondido", según remarcaron desde el gremio ATE de la ciudad de Bariloche. Y además informaron que uno de los reclamos de la movilización será exigirle al Gobierno de Río Negro que "cumpla con los fallos judiciales que lo ordenan acondicionar las vías de acceso al espejo de agua".
 
"Tenemos que poner en jaque a Lewis y al gobierno rionegrino. También decirle a Nación que no se sigan haciéndose los distraídos", aseguró en esa línea el secretario adjunto de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, a través de un comunicado.
 
Portando banderas y pasacalles, los manifestantes arribaron pasadas las 16 a la intersección de la ruta 40, altura Paraje Foyel, justo en el ingreso al Camino del Tacuifí, que en idioma mapuche significa "camino sinuoso".
 
En el lugar, los caminantes se encontraron con un grueso portón de hierro, con candados y cadenas, como primera barrera para impedir el ingreso de manifestantes, en tanto que en el interior del Tacuifí se ubicaron más de 30 peones montados a caballo, con rebenques y gomeras, y otros tantos hombres y mujeres a las órdenes de Lewis. Todos en una posición violenta y provocativa, con la presencia pasiva de una docena de efectivos de la Policía de Río Negro, aparentemente del lado de Lewis.
 
La Opinión Popular
 

31-01-2023 / 09:01
Está resultando verdaderamente ardua la batalla por la democratización del Poder Judicial a fin de superar sus vetustas tradiciones oligárquicas. Por si no bastara con la Corte Suprema de Justicia de la Nación y sus avances sobre las potestades de los otros dos poderes del Estado, ahora llegan noticias nada alentadoras de Mendoza en donde su máximo cuerpo judicial acaba de resolver a la manera de un tribunal todopoderoso de la inquisición.
 
La comuna mendocina de Guaymallén había suspendido la elección de la reina local, al argumentar que el concurso cosificaba a la mujer. Y, como contrapartida, propuso reemplazarla por una premiación "a los verdaderos hacedores/as de la cultura y la producción". Esa decisión generó un sismo en el gobierno local, con quejas del PRO y hasta un concurso paralelo de reinas. El caso llegó a la Corte local y el máximo tribunal provincial eligió mantener la arcaica premiación.
 
La decisión de los jueces supremos no solo atrasa el reloj de la historia al reinstalar un certamen de belleza anacrónico que exalta la exhibición de la corporalidad y expone a las mujeres a ser calificadas con criterios estéticos patriarcales, sino que incursiona en un terreno estrictamente político y objeta una medida que fue aprobada democráticamente por dos órganos elegidos por el voto popular: el Ejecutivo y el Legislativo municipales de Guaymallén.
 
Otra vez la misma historia: el aparato judicial, el menos democrático de los poderes del Estado, pretende erigirse en la última palabra también en el terreno de la política, con lo cual termina imponiendo en los hechos un verdadero "gobierno de los jueces". Sus señorías apelan a su amplísima y arbitraria facultad de "interpretar" la Constitución para torpedear una ordenanza.
 
El único juez que votó en disidencia -entre los siete miembros del tribunal- fue muy preciso al destacar "la legitimidad democrática de la ordenanza" y al considerar en su resolución que la norma fue sancionada sin votos en contra de ninguna de las fuerzas políticas que integran el CD. O sea: los representantes directos del pueblo al que deben rendir cuentas de su desempeño cada cuatro años, son condenados a retractarse por magistrados que no son elegidos por el voto popular, son vitalicios, evaden con extrema facilidad cualquier sistema de control, se autoeximen de pagar impuestos y perciben las remuneraciones más altas que paga el Estado.
 
La elección de las "reinas" impone a las postulantes exigencias como una determinada edad -18 a 25 años-, ser solteras, no tener hijos y el secundario completo. ¿Será el escaso apego al concepto de democracia que posee esta metodología, y el título de realeza que conlleva, el que tanto seduce a sus señorías como para que defiendan su restauración?
 
Los incuestionables avances en materia de derechos de las mujeres posibilitaron poner en cuestión estos espectáculos penosos y se empezaron a producir cambios muy alentadores como la ordenanza de Guaymallén, hoy volteada por jueces medievales. 
 
La Opinión Popular
 

30-01-2023 / 10:01
El diputado de La Libertad Avanza, Javier Milei, calificó a los dirigentes de Juntos por el Cambio (JxC) como un "rejunte de miserables" y vaticinó que la alianza opositora va camino a un "nuevo fracaso" electoral de cara a las elecciones presidenciales. Una feroz declaración de distancia que fue celebrada por el libertario Carlos Maslatón: "Una buena de Milei, después de tantos desastres que ha hecho".
 
"Con Juntos por el Cambio no puedo tener nada. Es un rejunte de miserables arrastrados por un cargo que están unidos para ver si pueden rapiñar un cargo. Van a crear un nuevo fracaso. Yo no estoy dispuesto a ser parte de una estructura que está condenada al fracaso", disparó Milei en declaraciones radiales.
 
"Nosotros ya tuvimos un rejunte de estas características: la Alianza. Se juntaron para ganarle al peronismo, pero terminó espantoso el gobierno ese. Después, hicieron Juntos por el Cambio, la misma estrategia, que terminó con un gobierno deplorable", describió Milei, que en los últimos meses había coqueteado con la idea de aliarse con JXC.
 
Respecto a la posibilidad de fusionar su espacio con JxC, Milei explicó: "Yo no puedo estar en un lugar donde está la Unión Cívica Radical (UCR), es de la Internacional Socialista, del cual su vicepresidente es Jesús Rodríguez, que fue ministro de Economía del hiperinflacionario de Alfonsín".
 
"Mucho menos puedo tener algo con la Coalición Cívica, cuando la estoy demandando a su líder [Elisa Carrió] por haberme dicho que soy peor que Hitler. Ella dice que abraza a las diferencias, pero todos los opositores que no están con ellos son enfermos", reflexionó el libertario.
 
Milei cargó contra Juntos por el Cambio y los comparó con la Alianza de De La Rúa: "Se juntaron un conjunto de arrastrados por los cargos, muchos están en Juntos por el Cargo (sic), para ganarle al peronismo", lanzó, para luego recordar que "terminó espantoso".
 
Por otra parte, también volvió a criticar al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, referente del ala blanda del PRO.  "Lo escucho cuando dice que la transformación no para, va a convertir la Pampa Húmeda en una gran playa de estacionamiento para hacer asfalto y veredas", ironizó. En ese marco, definió al gobierno de Cambiemos como "deplorable", ya que "si no tenés claro adónde vas a ir o tenés gente que quiere ir para un lado o para el otro, va a salir mal".
 
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