21:26 | Miercoles 21 de Enero de 2013 | Entre Ríos

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Nacionales - 22-01-2023 / 09:01

PRESENTACIÓN DEL GOBIERNO ANTE NACIONES UNIDAS

Argentina acusa al lawfare y a los discursos de odio, los desafíos que enfrenta la democracia

Bloqueadas las instancias locales por la sociedad del partido judicial con la oposición y sus grandes medios porteños amigos, el Gobierno presenta ante la ONU un informe de la violación de los derechos humanos en Argentina mediante el armado de causas para encarcelar y proscribir a los dirigentes que desafían al establishment. También alerta sobre los discursos de odio y su rol en el atentado contra CFK.

En el informe que presentó el gobierno argentino meses atrás hay definiciones sobre el lawfare y los discursos de odio. Para las autoridades nacionales los dos fenómenos se presentan como desafíos y le piden al Consejo de Derechos Humanos de la ONU acompañamiento para llevar adelante medidas para hacerles frente.

Entre otras cuestiones, el escrito del gobierno argentino sostiene:

·         que "la práctica del lawfare -impulsada por sectores del Poder Judicial, la oposición política y sectores concentrados del poder económico y mediático- constituye una práctica violatoria de los derechos humanos y opera como condicionante en los procesos electorales, de la agenda política y la opinión pública";
·         que en las causas judiciales como las que enfrenta Cristina Fernández se violan garantías con la "excusa de la investigación y la sanción de los hechos de corrupción". Entre otras, se mencionan la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el deber de objetividad que deben tener los fiscales -pese a que no hay nombres propios, la crítica parece estar dirigida a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola que acusaron a CFK en el juicio de Vialidad-;
·         que las causas penales se impulsan únicamente contra quienes representan a los sectores populares y que los poderosos se mantienen en la impunidad. Se cita como ejemplo a quienes permitieron o avalaron el "endeudamiento criminal que ha generado pobreza e indigencia en la población";
·         que las estrategias de persecución buscan la proscripción de figuras centrales del escenario político;
·         que esas estrategias de persecución son "ejecutadas en la práctica por jueces y fiscales que visitaban asiduamente al expresidente". La mención tiene como destinatarios, por ejemplo, a los camaristas Mariano Borinsky, Gustavo Hornos o Mariano Llorens que vieron a Mauricio Macri en la quinta de Olivos o en la Casa Rosada. Del Ministerio Público, Raúl Pleé fue quien estuvo en la residencia presidencial. "Demuestra la espuria connivencia entre ambos sectores y la continuidad de una política de hostigamiento", señala el documento;
·         que los discursos de odio se advierten en modo creciente en diversos espacios políticos, en medios de comunicación y redes sociales;
·         que estas prácticas no solo van contra las víctimas directas sino que afectan al sistema democrático porque erosionan consensos básicos.

Lo novedoso no parece ser la política del gobierno del Frente de Todos en materia de derechos humanos, sino el contexto en el que la oposición está jugándose el todo por el todo en defensa de la Corte Suprema, que suele fallar a su favor.

PRESENTACIÓN DEL GOBIERNO ANTE NACIONES UNIDAS

Lawfare y discursos de odio: los desafíos que enfrenta la democracia en Argentina

El país deberá rendir examen de los avances en materia de derechos humanos en Ginebra. Reconocerá que la persecución política por vía judicial se mantiene vigente. Juntos por el Cambio aprovechó para salir en defensa de la Corte Suprema.

Argentina está por cumplir 40 años desde el fin de la dictadura, pero hay problemas que aún siguen condicionando el ejercicio democrático. Entre ellos, una persecución política que se ejecuta por vía judicial y los discursos de odio que calaron tan fuerte que pueden conducir hasta un intento de homicidio de la principal líder política del país. Éste es el diagnóstico que el gobierno de Alberto Fernández hará este lunes en Ginebra ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), cuando rinda su Examen Periódico Universal (EPU).

Después de que trascendiera el tenor de la presentación, la oposición aprovechó la oportunidad para salir en defensa de los tribunales, particularmente de la Corte Suprema -justo en la semana que comenzará a correr el proceso de juicio político-, y denunció que era una maniobra para procurar impunidad de los dirigentes kirchneristas que deben sentarse en el banquillo.

Cuando marquen las 14.30 en Ginebra -o las 10 de la mañana en Buenos Aires-, Horacio Pietragalla Corti deberá pararse frente al Consejo de Derechos Humanos para rendir examen sobre la situación del país. En general, cada cuatro o cinco años, los Estados deben hacerlo.

Esta presentación tocó en un contexto particular: un pedido de juicio político a los integrantes del máximo tribunal, chats que, sostiene el gobierno nacional, exponen la connivencia entre funcionarios de la Corte Suprema y el principal partido opositor y la reticencia de la justicia para investigar lo que fue el principal escándalo político de los últimos tiempos.

En esa coyuntura caliente, el secretario de Derechos Humanos de la Nación tiene previsto dar dos nombres para ejemplificar la persecución política por vía judicial: el de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el de la dirigente social Milagro Sala, que esta semana cumplió siete años de detención y le reclama al Presidente que firme el indulto que le devuelva la libertad.

Dirá, además, que la Argentina enfrenta desafíos de la mano del lawfare o la guerra jurídica y de los discursos de odio que pueden llevar a herir de muerte los consensos que Argentina se dio tras el retorno democrático.

"Vamos a demostrar que, cuando decimos que la democracia está en peligro, es porque lo está", le dice Pietragalla Corti a Página/12 antes de tomar el avión hacia Suiza. El funcionario explica que la exposición estará centrada en remarcar los avances que hubo en materia de derechos humanos desde la asunción del Frente de Todos, pero que habrá un capítulo para la justicia que sigue siendo una deuda.

"No podemos obviar el lawfare, el ataque a Cristina y a las instituciones. Tampoco la proscripción contra ella. No es habitual, pero tampoco es habitual lo que está pasando en la Argentina", agrega.

El informe que trascendió y que crispó a la oposición se presentó a finales de octubre del año pasado. El intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner estaba fresco, la vicepresidenta no había sido aún condenada por el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 en la causa "Vialidad" y mucho menos se habían conocido los chats entre Silvio Robles y Marcelo D'Alessandro ni activado el pedido de juicio político contra los cuatro supremos. Aún así, el problema era el mismo: una justicia que funciona con los mismos patrones.

En su exposición inicial es probable que Pietragalla Corti haga alguna mención al proceso contra los cortesanos que se impulsa desde el oficialismo. En todo caso, dirá lo que la Secretaría de Derechos Humanos ya dijo: que es un mecanismo que consta en la Constitución, pese a que la oposición lo cataloga como golpista.

Otra de las líneas posibles es la que ya manifestaron los organismos de derechos humanos: que apoyan el proceso de remoción de los supremos porque hicieron todo lo que estaba a su alcance para garantizar la impunidad de los genocidas.

Lawfare y discursos de odio

En el informe que presentó el gobierno argentino meses atrás hay definiciones sobre el lawfare y los discursos de odio. Para las autoridades nacionales los dos fenómenos se presentan como desafíos y le piden al Consejo de Derechos Humanos de la ONU acompañamiento para llevar adelante medidas para hacerles frente.

Entre otras cuestiones, el escrito del gobierno argentino sostiene:

·         que "la práctica del lawfare -impulsada por sectores del Poder Judicial, la oposición política y sectores concentrados del poder económico y mediático- constituye una práctica violatoria de los derechos humanos y opera como condicionante en los procesos electorales, de la agenda política y la opinión pública";
·         que en las causas judiciales como las que enfrenta Cristina Fernández se violan garantías con la "excusa de la investigación y la sanción de los hechos de corrupción". Entre otras, se mencionan la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el deber de objetividad que deben tener los fiscales -pese a que no hay nombres propios, la crítica parece estar dirigida a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola que acusaron a CFK en el juicio de Vialidad-;
·         que las causas penales se impulsan únicamente contra quienes representan a los sectores populares y que los poderosos se mantienen en la impunidad. Se cita como ejemplo a quienes permitieron o avalaron el "endeudamiento criminal que ha generado pobreza e indigencia en la población";
·         que las estrategias de persecución buscan la proscripción de figuras centrales del escenario político;
·         que esas estrategias de persecución son "ejecutadas en la práctica por jueces y fiscales que visitaban asiduamente al expresidente". La mención tiene como destinatarios, por ejemplo, a los camaristas Mariano Borinsky, Gustavo Hornos o Mariano Llorens que vieron a Mauricio Macri en la quinta de Olivos o en la Casa Rosada. Del Ministerio Público, Raúl Pleé fue quien estuvo en la residencia presidencial. "Demuestra la espuria connivencia entre ambos sectores y la continuidad de una política de hostigamiento", señala el documento;
·         que los discursos de odio se advierten en modo creciente en diversos espacios políticos, en medios de comunicación y redes sociales;
·         que estas prácticas no solo van contra las víctimas directas sino que afectan al sistema democrático porque erosionan consensos básicos.

Es probable que la delegación argentina haga una mención a que la escalada de odio no solo puede verse con el intento de magnicidio que sufrió Cristina Kirchner, sino también con la intentona golpista en Brasil o con el atentado que denunció la vicepresidenta colombiana Francia Márquez, quien dijo que habían plantado un artefacto explosivo en la ruta que conduce a su casa.

La exposición de los funcionarios argentinos se extenderá durante tres horas y media: después del discurso, habrá más de 100 preguntas por parte de los Estados miembros y los funcionarios de Naciones Unidas. La delegación estará encabezada por Pietragalla y dos funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos, la subsecretaria de Protección y Enlace Internacional, Andrea Pochak, y el jefe de gabinete, Nicolás Rapeti. Estarán también Federico Villegas Beltrán, presidente saliente del Consejo de Derechos Humanos y representante permanente de la Argentina ante Naciones Unidas, y Cecilia Meirovich, directora de Derechos Humanos de la Cancillería.

Las sesiones en el Consejo se extenderán hasta el 3 de febrero. Para entonces se conocerán las recomendaciones preliminares que harán desde ese órgano de Naciones Unidas al país --que habrá que ver qué tenor tienen--. A finales del gobierno de Macri, el relator de la ONU para la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García Sayán, ya había alertado sobre las prácticas sistemáticas contra quienes no comulgaban con el gobierno de Cambiemos.

Reconocimiento

El gobierno, en su presentación ante Naciones Unidas, reconoce que no hubo cambios en la justicia desde que llegó a la Casa Rosada. "La persecución política en sede judicial se encuentra plenamente vigente", denuncia en el informe hecho al Consejo de Derechos Humanos. No logró designar un procurador en lugar del interino Eduardo Casal, no pudo avanzar con la llamada reforma judicial ni la del Consejo de la Magistratura ni con la ampliación de la Corte.

Ese reconocimiento es, para la oposición, "inédito", según el comunicado que distribuyeron desde Juntos por el Cambio. En realidad, no parece tan sorprendente. Meses atrás, el gobierno argentino hizo un reconocimiento descarnado por su responsabilidad en el atentado contra la AMIA y fundamentalmente en la falta de justicia y de medidas que garanticen que nunca más volverá a suceder. Se espera que en las próximas semanas la Corte Interamericana de Derechos Humanos condene a la Argentina en este caso que impulsó Memoria Activa con el apoyo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Hubo reconocimiento de responsabilidad también por la situación de Milagro Sala y se firmaron más de 30 soluciones amistosas en el sistema interamericano -lo que involucra reconocer cuestiones que no se hicieron bien y comprometerse con reformas para reparar a las víctimas o evitarle nuevos padecimientos al resto de la sociedad-.

Lo novedoso no parece ser la política del gobierno del Frente de Todos en materia de derechos humanos, sino el contexto en el que la oposición está jugándose el todo por el todo en defensa de la Corte Suprema, que suele fallar a su favor.

Por Luciana Bertoia

Fuente: Página 12

21-01-2026 / 08:01

Golpe a Milei: La Justicia ordenó la aplicación inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad que se conquistó con la lucha

A pesar de la cerrada negativa oficial, la Justicia ordenó que el Gobierno de Javier "el Loco" Milei deberá poner en plena vigencia la Ley de Emergencia en Discapacidad. Si el 4 de febrero no está implementada toda la normativa aprobada por el Congreso Nacional, que hasta rechazó el veto de Milei, "comienzan a regir las multas diarias a funcionarios". Si en diez días hábiles no está implementada toda la normativa comenzaran a regir multas diarias a funcionarios como Manuel Adorni y Sandra Pettovello.

El Gobierno libertario había promulgado la ley, pero la había suspendido al mismo tiempo con la excusa de no tener fondos. Una mentira escandalosa. Este fallo de la Justicia le da la razón a quienes pelearon por su sanción. Milei, fiel a su política de motosierra y recorte sobre los sectores más vulnerables, la había suspendido mediante veto con la excusa de no tener fondos, dejando a miles de personas a la intemperie y a cientos de instituciones al borde del cierre. Aun así, con la movilización popular, el Congreso había rechazado el veto a la ley.

En plena feria judicial, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, hizo ejecutar una sentencia que había dictado a fines de diciembre e intimó al Poder Ejecutivo a poner la ley en funcionamiento dentro de las próximas dos semanas. En la misma resolución, además, ordenó al Ministerio de Salud y a la Agencia Nacional de Discapacidad que, en un plazo de cinco días, "informen y acrediten con la documentación correspondiente el avance de los trámites destinados al cumplimiento de la sentencia, todo ello bajo apercibimiento de sanciones". De no cumplirse, tanto el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, como la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, podrían enfrentar multas económicas y represalias judiciales.

"La Justicia le puso un ultimátum al Gobierno: el 4 de febrero la ley tiene que estar funcionando sí o sí, al cien por ciento. Ya llevamos más de 130 días desde que está vigente y no se cumple", manifestó la actriz Lola Berthet, referente del colectivo, y exigió al Ejecutivo que ponga fin a las "dilaciones y las excusas". "Ya no se aceptan más informes técnicos, como los que venían presentando hasta ahora. Esta es una intimación final", celebró la actriz Valentina Bassi, madre de un adolescente con trastorno del espectro autista.

El argumento de Milei, de la "sostenibilidad fiscal" es una excusa escandalosa. Mientras recortan a quienes más lo necesitan, el Gobierno sigue garantizando ganancias a los sectores empresarios, la fuga de capitales y los negocios de las patronales del campo. Como señala el fallo, el Gobierno realizó más de 19 modificaciones presupuestarias desde diciembre de 2023, demostrando que cuando se trata de beneficiar a los ricos siempre hay fondos. Pero para la discapacidad, la motosierra.

Desde las organizaciones, sin embargo, ponen en duda que Milei vaya a respetar los fallos judiciales. "Va a dilatar su implementación todo lo que pueda", advierte Lorena Aguirre, abogada y referente de la Asamblea Discas en Lucha, y anticipa que están evaluando presentar amparos colectivos en cada jurisdicción del país. "Necesitamos que todos los jueces federales cumplan con sus funciones, se expidan y sancionen al Gobierno, porque no se están respetando los compromisos internacionales. Existe un principio de no regresividad y de no discriminación que está siendo tolerado", añade Aguirre y solicita una mayor participación de la dirigencia opositora.

La experiencia de estos meses demuestra que no hay salida individual ni respuesta estatal si no es con la organización y la movilización popular.

La Opinión Popular

20-01-2026 / 09:01

Alternativas del Peronismo contra la reforma laboral esclavista de Loco Milei

"El proyecto de reforma laboral del Ejecutivo es extremadamente regresivo y nuestra oposición es total", declaró la diputada nacional de Fuerza Patria Kelly Olmos, en relación a una de las leyes que el Gobierno tratará de impulsar en las sesiones extraordinarias de febrero. Ante esto, el peronismo prepara una serie de propuestas para presentar una reforma laboral alternativa, que amplíe los derechos de las y los trabajadores. "Nosotros queremos alimentar el debate público y mostrar que lo que el Gobierno hace no moderniza sino que, por el contrario, precariza", sostuvo Olmos.

Por su parte, el senador Mariano Recalde aseguró que avanzaron en varios sentidos. "Trabajamos en ocho ideas fuerza que están plasmadas en muchos y diversos proyectos ya presentados en el congreso durante años". Por su parte, Olmos destacó que: "La modernización se asienta en otras regulaciones como las que nosotros promovemos", dijo la diputada.

El Peronismo avanza con una propuesta laboral diferente a la del oficialismo. Apunta a promover una recomposición salarial para que los ciudadanos recuperen su poder adquisitivo. También marca que los salarios deberán ser abonados íntegramente en dinero, a diferencia de la Reforma Laboral mileísta que abre la posibilidad de otorgar pagos en especie (bienes o servicios). "Lo que hace el Gobierno en su propuesta es congelar la situación actual, que es una de mucha precariedad y falta de derechos", dijo la diputada, y afirmó que la sociedad necesita de regulaciones para que todos sus actores puedan de verdad ejercer sus derechos, porque sin regulación no hay más libertad, como pregonan los libertarios, sino que hay más injusticia y concentración de poder.

La propuesta peronista podría incluir una reducción de la jornada laboral, con un máximo de 7 horas por día y 42 horas semanales, en contraste con la Reforma de Milei que busca conseguir jornadas de hasta 12 horas diarias. La reforma libertaria no busca modernizar sino flexibilizar y destruir derechos de los trabajadores. Olmos sostuvo que buscan una concepción más moderna para encarar las regulaciones laborales de los argentinos. "Para nosotros una concepción moderna es la que amplía derechos", aseguró.

Para el peronismo, la Ley de "Modernización Laboral" con la que insiste el Gobierno comprende dos grandes mentiras. La primera es la pretendida modernización que no es tal, ya que la ley propone aumentar la jornada laboral mientras el mundo busca reducirla, no protege a los trabajadores de las nuevas plataformas, la licencia por paternidad se mantiene en 2 días, y pretende derogar normas modernas como la ley de teletrabajo y restablecer artículos que tienen un siglo de antigüedad. La segunda mentira es que creará empleo, cuando en realidad desde que asumió Milei se destruyen puestos de trabajo todos los días, y esta ley no promueve la creación de empleo sino la reducción de indemnizaciones por despido.

Entre las propuestas del Partido Justicialista también resaltan las licencias parentales igualitarias, con licencias por maternidad de 120 días, por paternidad de 90 días, y también por adopción, lo que distribuye de manera más equitativa las tareas de cuidado y protege las oportunidades laborales de ambas partes. También contemplan un resguardo digital, para proteger los límites de la jornada laboral al garantizar el derecho de no contestar comunicaciones fuera de horario y, de ser así, compensar con tiempo y dinero.

En términos generales, el peronismo apunta al fortalecimiento de la negociación colectiva, para que el empleador y los empleados puedan dialogar de forma equilibrada. Olmos afirmó que la idea es "emparejar la cancha, donde los empleadores van de un modo organizado pero los trabajadores también, porque si el trabajador va sólo el desequilibrio hace que no haya negociación sino solo la posibilidad de adherir a la imposición del empleador". El concepto que se enarbola en términos de libertad, en realidad más que libertad es prepotencia: muchos invocan la libertad sólo para ejercer la prepotencia, la unilateralidad del empleador sobre las y los trabajadores. La reforma laboral es una ley muy regresiva y, por el bien de las y los trabajadores, en el Congreso debería ser rechazada.

La Opinión Popular

19-01-2026 / 18:01

En un año de relación carnal con Trump, Milei no trajo un solo beneficio al país, solo deudas

Meses antes de que Donald Trump regresara a la Casa Blanca, Javier Milei ya había jugado todas sus fichas por el magnate republicano, incluso cuando Joe Biden todavía gobernaba Estados Unidos. Hoy, con Trump cumpliendo su primer año de mandato, esa apuesta se tradujo en una subordinación personal y política cada vez más obsecuente, con consecuencias directas para la política exterior argentina y un alineamiento automático con las decisiones de Washington.

La sintonía entre Milei y Trump se consolidó rápidamente. El presidente argentino convirtió a Estados Unidos en su principal destino internacional, con 15 viajes en lo que va de su gestión, y definió a ese país, junto con el gobierno genocida de Israel, como socios prioritarios. En paralelo, la Argentina comenzó a votar en bloque con Estados Unidos en los organismos internacionales y a respaldar su estrategia en Medio Oriente, dejando de lado cualquier margen de autonomía diplomática.

Desde la Casa Blanca llegaron gestos políticos y financieros de alto impacto. Trump recibió a Milei en Washington, impulsó señales públicas de respaldo a su programa económico neoliberal y apoyó a la Argentina en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional.

Además, el Tesoro yanqui desembolsó cerca de 20.000 millones de dólares para apuntalar la situación financiera del país en la antesala de las elecciones legislativas de octubre, una decisión que generó fuertes críticas internas en Estados Unidos, especialmente entre productores agropecuarios y sectores de la oposición. Ese rescate financiero no fue gratuito. Para Trump, el auxilio económico funcionó como una forma de asegurar lealtad política neocolonial en un momento en el que busca recuperar influencia del Imperio en el continente.

Para Milei, el respaldo tuvo un carácter vital, tanto para sostener su programa económico anarco capitalista en crisis como para reforzar su posición interna. La contracara fue una política exterior cada vez más subordinada, con gestos concretos de alineamiento estratégico y escasa distancia frente a las decisiones más agresivas de Washington.

En el plano económico y geopolítico, la relación también se inscribe en la disputa global entre Estados Unidos y China. Las reservas de hidrocarburos y de minerales estratégicos de la Argentina se volvieron un factor central para la Casa Blanca, que busca garantizar que esos recursos queden bajo el control de gobiernos políticamente afines. Al mismo tiempo, el éxito o fracaso del modelo económico de Milei es observado como una pieza clave para frenar la expansión de proyectos alternativos en América latina.

Sin embargo, no todo el impacto de esta sociedad es positivo para la Argentina. Las tarifas impuestas por Estados Unidos al acero y al aluminio afectan directamente a sectores industriales locales, y la dependencia del respaldo financiero externo deja al país expuesto a cambios bruscos en el humor político de Trump. La relación es marcadamente asimétrica: mientras Milei necesita imperiosamente el apoyo de Trump para sostener su gestión, para el presidente yanqui la alianza es útil, pero no determinante.

Pero el vínculo entre dos líderes de perfil confrontativo y decisiones imprevisibles deja abierto un interrogante central: qué ocurrirá cuando aparezcan los primeros desacuerdos de fondo y hasta dónde está dispuesta la Argentina a ceder autonomía para sostener una alianza que, en los hechos, favorece mucho más a la estrategia global de Estados Unidos que al desarrollo soberano del país. Este miércoles, Milei volverá a disertar en el foro internacional de Davos. Buscará mostrarse como el mejor alcahuete de Trump.

La Opinión Popular

17-01-2026 / 21:01

La inflación mensual disparada, los incendios en Chubut y la foto falsa de Milei

En una semana, los incendios se dieron la mano con la inflación sostenidos por un fenómeno de la época como la desinformación sumada al negacionismo ambiental. Inesperado en un mundo caótico, el informe sobre riesgo global para el Foro de Davos que comienza este lunes, advirtió que dos de los problemas centrales que afronta el planeta son la desinformación y el cambio climático.

Los incendios que asolaron sobre todo a la provincia de Chubut se produjeron 20 días después de que el vocero presidencial Manuel Adorni anunciara la intención de derogar las leyes de Tierras y la de Manejo del Fuego. La primera limitó la extranjerización de la tierra y la segunda trata de evitar los incendios intencionales de bosques nativos.

Durante la semana se habló mucho de los incendios y la destrucción que provocaron. El tema sumó negacionismo ambiental y desinformación como forma de manipulación política. Primero fue el intento bizarro de responsabilizar a la comunidad mapuche, lo que fue desmentido por el fiscal general de la provincia, Carlos Díaz Mayer.

La Constitución protege al bosque nativo, pero no habla de lo que sucede una vez que deja de existir porque lo incendian. Y allí empiezan desde proyectos mineros, turísticos, inmobiliarios o siembra de soja.

La Ley de Manejo del Fuego dice que a esas tierras no se les puede dar otro uso hasta 50 o 60 años después del incendio. Y con relación a la extranjerización, la ley delimita ese principio por departamento y por provincia, en cambio la Constitución habla en general de todo el país. Decir que con la Constitución alcanza, es otra forma de mentir.

El presidente Milei no fue a la zona de desastre para apoyar a los bomberos y acompañar a las víctimas. Colgó en sus redes una imagen como si estuviera en medio de las llamas saludando a un bombero y rodeado de pobladores que lo aplauden. No aclaró que se trataba de inteligencia artificial.

Milei tiene millones de seguidores en las redes que verán esa imagen y creerán que el presidente estuvo en la zona de desastre. La norma de este gobierno es abandonar las víctimas a su suerte. En Bahía Blanca hizo eso pero igual lo volvieron a votar. En Chubut también ganó a pesar del desinterés que demostró.

El informe sobre riesgo global de Davos 2026 señaló que el peligro de la desinformación es crítico cuando la sociedad ya no puede distinguir la ficción de lo real. Es interesante que el planteo haya sido presentado en Davos porque plantea un debate en el interior de un sector supuestamente favorecido por la desinformación.

Los incendios forestales demuelen el negacionismo ambiental, pero también revelan la forma como la manipulación de la información encubre la acción de priorizar el negocio sobre el cuidado ambiental, porque efectivamente se detectó que uno de los focos del incendio fue intencional.

15-01-2026 / 10:01

El Loco Milei lo hizo: Caen los puestos de trabajo formales y cierran pymes de todo el país

Desde que Javier "el Loco" Milei llegó a la Casa Rosada, cada 24 horas desaparecieron 30 empresas y se perdieron 400 empleos formales. Semejante carnicería productiva, 21.046 empresas y 272.607 puestos de trabajo menos en dos años, es resultado directo de las políticas oficiales, anarco capitalistas, que cerraron la Secretaría Pyme en el Ministerio de Economía y desfinanciaron todos los organismos destinados a impulsar la producción.

La destrucción del entramado productivo avanza a un ritmo sostenido en la Argentina bajo el gobierno de Javier Milei y no aparece como un efecto colateral inesperado, sino como una consecuencia directa del rumbo elegido. Entre noviembre de 2023 y octubre de 2025 desaparecieron 21.046 empleadores con trabajadores registrados, lo que equivale a un promedio de 30 empresas menos por día.

En paralelo, se perdieron 272.607 puestos de trabajo formales en unidades productivas, una caída del 2,77 por ciento que implica la eliminación de casi 400 empleos registrados diarios desde el inicio de la gestión libertaria, según los datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo procesados por el Centro de Economía Política Argentina.

Lejos de tratarse de una anomalía transitoria, el retroceso del empleo y de los empleadores se inscribe en una definición política explícita del Gobierno nacional. Desde el inicio de la administración neoliberal de Milei, la política industrial fue descartada como herramienta de desarrollo.

"La mejor política industrial consiste simplemente en tener buenas políticas fiscales y monetarias", repiten los libertontos una consigna que se tradujo en el desmantelamiento de áreas específicas del Estado orientadas a sostener la producción, el entramado Pyme y el empleo formal.

En esa línea se inscribe el cierre de la Secretaría Pyme dentro del Ministerio de Economía, la eliminación de programas públicos de crédito productivo y el vaciamiento de instrumentos que históricamente apuntaban a sostener a las pequeñas y medianas empresas frente a los ciclos recesivos.

La contracción del Estado como actor de coordinación productiva dejó a miles de firmas expuestas a un contexto macroeconómico adverso, sin amortiguadores ni políticas contracíclicas que atenúen el impacto del ajuste.

Los números muestran que el deterioro no distingue rubros ni regiones. La cantidad total de empleadores cayó de 512.357 en noviembre de 2023 a 492.223 en octubre de 2025. El sector más afectado fue transporte y almacenamiento, con 5.042 empleadores menos, seguido por comercio, servicios inmobiliarios, servicios profesionales e industria manufacturera.

También la construcción y las actividades agropecuarias registraron caídas significativas, reflejando el efecto combinado de la paralización de la obra pública, la caída del consumo interno y el encarecimiento del financiamiento.

Mientras las empresas se cierran y crece la desocupación, Milei se va de joda a Jesús María y a Davos como si el país anduviera bárbaro. Este industricidio aberrante solo se puede hacer con una sociedad completamente desmovilizada, una CGT que parece un club de viejas jugando a la canasta y una juventud idiotizada por internet con toda esa mierda rentada de youtubers e influencers. Esto es tierra fértil para la canalla fascista criolla.

La Opinión Popular