01:17 | Sabado 14 de Febrero de 2013 | Entre Ríos

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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau

Nacionales - 22-01-2023 / 09:01

PRESENTACIÓN DEL GOBIERNO ANTE NACIONES UNIDAS

Argentina acusa al lawfare y a los discursos de odio, los desafíos que enfrenta la democracia

Bloqueadas las instancias locales por la sociedad del partido judicial con la oposición y sus grandes medios porteños amigos, el Gobierno presenta ante la ONU un informe de la violación de los derechos humanos en Argentina mediante el armado de causas para encarcelar y proscribir a los dirigentes que desafían al establishment. También alerta sobre los discursos de odio y su rol en el atentado contra CFK.

En el informe que presentó el gobierno argentino meses atrás hay definiciones sobre el lawfare y los discursos de odio. Para las autoridades nacionales los dos fenómenos se presentan como desafíos y le piden al Consejo de Derechos Humanos de la ONU acompañamiento para llevar adelante medidas para hacerles frente.

Entre otras cuestiones, el escrito del gobierno argentino sostiene:

·         que "la práctica del lawfare -impulsada por sectores del Poder Judicial, la oposición política y sectores concentrados del poder económico y mediático- constituye una práctica violatoria de los derechos humanos y opera como condicionante en los procesos electorales, de la agenda política y la opinión pública";
·         que en las causas judiciales como las que enfrenta Cristina Fernández se violan garantías con la "excusa de la investigación y la sanción de los hechos de corrupción". Entre otras, se mencionan la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el deber de objetividad que deben tener los fiscales -pese a que no hay nombres propios, la crítica parece estar dirigida a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola que acusaron a CFK en el juicio de Vialidad-;
·         que las causas penales se impulsan únicamente contra quienes representan a los sectores populares y que los poderosos se mantienen en la impunidad. Se cita como ejemplo a quienes permitieron o avalaron el "endeudamiento criminal que ha generado pobreza e indigencia en la población";
·         que las estrategias de persecución buscan la proscripción de figuras centrales del escenario político;
·         que esas estrategias de persecución son "ejecutadas en la práctica por jueces y fiscales que visitaban asiduamente al expresidente". La mención tiene como destinatarios, por ejemplo, a los camaristas Mariano Borinsky, Gustavo Hornos o Mariano Llorens que vieron a Mauricio Macri en la quinta de Olivos o en la Casa Rosada. Del Ministerio Público, Raúl Pleé fue quien estuvo en la residencia presidencial. "Demuestra la espuria connivencia entre ambos sectores y la continuidad de una política de hostigamiento", señala el documento;
·         que los discursos de odio se advierten en modo creciente en diversos espacios políticos, en medios de comunicación y redes sociales;
·         que estas prácticas no solo van contra las víctimas directas sino que afectan al sistema democrático porque erosionan consensos básicos.

Lo novedoso no parece ser la política del gobierno del Frente de Todos en materia de derechos humanos, sino el contexto en el que la oposición está jugándose el todo por el todo en defensa de la Corte Suprema, que suele fallar a su favor.

PRESENTACIÓN DEL GOBIERNO ANTE NACIONES UNIDAS

Lawfare y discursos de odio: los desafíos que enfrenta la democracia en Argentina

El país deberá rendir examen de los avances en materia de derechos humanos en Ginebra. Reconocerá que la persecución política por vía judicial se mantiene vigente. Juntos por el Cambio aprovechó para salir en defensa de la Corte Suprema.

Argentina está por cumplir 40 años desde el fin de la dictadura, pero hay problemas que aún siguen condicionando el ejercicio democrático. Entre ellos, una persecución política que se ejecuta por vía judicial y los discursos de odio que calaron tan fuerte que pueden conducir hasta un intento de homicidio de la principal líder política del país. Éste es el diagnóstico que el gobierno de Alberto Fernández hará este lunes en Ginebra ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), cuando rinda su Examen Periódico Universal (EPU).

Después de que trascendiera el tenor de la presentación, la oposición aprovechó la oportunidad para salir en defensa de los tribunales, particularmente de la Corte Suprema -justo en la semana que comenzará a correr el proceso de juicio político-, y denunció que era una maniobra para procurar impunidad de los dirigentes kirchneristas que deben sentarse en el banquillo.

Cuando marquen las 14.30 en Ginebra -o las 10 de la mañana en Buenos Aires-, Horacio Pietragalla Corti deberá pararse frente al Consejo de Derechos Humanos para rendir examen sobre la situación del país. En general, cada cuatro o cinco años, los Estados deben hacerlo.

Esta presentación tocó en un contexto particular: un pedido de juicio político a los integrantes del máximo tribunal, chats que, sostiene el gobierno nacional, exponen la connivencia entre funcionarios de la Corte Suprema y el principal partido opositor y la reticencia de la justicia para investigar lo que fue el principal escándalo político de los últimos tiempos.

En esa coyuntura caliente, el secretario de Derechos Humanos de la Nación tiene previsto dar dos nombres para ejemplificar la persecución política por vía judicial: el de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el de la dirigente social Milagro Sala, que esta semana cumplió siete años de detención y le reclama al Presidente que firme el indulto que le devuelva la libertad.

Dirá, además, que la Argentina enfrenta desafíos de la mano del lawfare o la guerra jurídica y de los discursos de odio que pueden llevar a herir de muerte los consensos que Argentina se dio tras el retorno democrático.

"Vamos a demostrar que, cuando decimos que la democracia está en peligro, es porque lo está", le dice Pietragalla Corti a Página/12 antes de tomar el avión hacia Suiza. El funcionario explica que la exposición estará centrada en remarcar los avances que hubo en materia de derechos humanos desde la asunción del Frente de Todos, pero que habrá un capítulo para la justicia que sigue siendo una deuda.

"No podemos obviar el lawfare, el ataque a Cristina y a las instituciones. Tampoco la proscripción contra ella. No es habitual, pero tampoco es habitual lo que está pasando en la Argentina", agrega.

El informe que trascendió y que crispó a la oposición se presentó a finales de octubre del año pasado. El intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner estaba fresco, la vicepresidenta no había sido aún condenada por el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 en la causa "Vialidad" y mucho menos se habían conocido los chats entre Silvio Robles y Marcelo D'Alessandro ni activado el pedido de juicio político contra los cuatro supremos. Aún así, el problema era el mismo: una justicia que funciona con los mismos patrones.

En su exposición inicial es probable que Pietragalla Corti haga alguna mención al proceso contra los cortesanos que se impulsa desde el oficialismo. En todo caso, dirá lo que la Secretaría de Derechos Humanos ya dijo: que es un mecanismo que consta en la Constitución, pese a que la oposición lo cataloga como golpista.

Otra de las líneas posibles es la que ya manifestaron los organismos de derechos humanos: que apoyan el proceso de remoción de los supremos porque hicieron todo lo que estaba a su alcance para garantizar la impunidad de los genocidas.

Lawfare y discursos de odio

En el informe que presentó el gobierno argentino meses atrás hay definiciones sobre el lawfare y los discursos de odio. Para las autoridades nacionales los dos fenómenos se presentan como desafíos y le piden al Consejo de Derechos Humanos de la ONU acompañamiento para llevar adelante medidas para hacerles frente.

Entre otras cuestiones, el escrito del gobierno argentino sostiene:

·         que "la práctica del lawfare -impulsada por sectores del Poder Judicial, la oposición política y sectores concentrados del poder económico y mediático- constituye una práctica violatoria de los derechos humanos y opera como condicionante en los procesos electorales, de la agenda política y la opinión pública";
·         que en las causas judiciales como las que enfrenta Cristina Fernández se violan garantías con la "excusa de la investigación y la sanción de los hechos de corrupción". Entre otras, se mencionan la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el deber de objetividad que deben tener los fiscales -pese a que no hay nombres propios, la crítica parece estar dirigida a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola que acusaron a CFK en el juicio de Vialidad-;
·         que las causas penales se impulsan únicamente contra quienes representan a los sectores populares y que los poderosos se mantienen en la impunidad. Se cita como ejemplo a quienes permitieron o avalaron el "endeudamiento criminal que ha generado pobreza e indigencia en la población";
·         que las estrategias de persecución buscan la proscripción de figuras centrales del escenario político;
·         que esas estrategias de persecución son "ejecutadas en la práctica por jueces y fiscales que visitaban asiduamente al expresidente". La mención tiene como destinatarios, por ejemplo, a los camaristas Mariano Borinsky, Gustavo Hornos o Mariano Llorens que vieron a Mauricio Macri en la quinta de Olivos o en la Casa Rosada. Del Ministerio Público, Raúl Pleé fue quien estuvo en la residencia presidencial. "Demuestra la espuria connivencia entre ambos sectores y la continuidad de una política de hostigamiento", señala el documento;
·         que los discursos de odio se advierten en modo creciente en diversos espacios políticos, en medios de comunicación y redes sociales;
·         que estas prácticas no solo van contra las víctimas directas sino que afectan al sistema democrático porque erosionan consensos básicos.

Es probable que la delegación argentina haga una mención a que la escalada de odio no solo puede verse con el intento de magnicidio que sufrió Cristina Kirchner, sino también con la intentona golpista en Brasil o con el atentado que denunció la vicepresidenta colombiana Francia Márquez, quien dijo que habían plantado un artefacto explosivo en la ruta que conduce a su casa.

La exposición de los funcionarios argentinos se extenderá durante tres horas y media: después del discurso, habrá más de 100 preguntas por parte de los Estados miembros y los funcionarios de Naciones Unidas. La delegación estará encabezada por Pietragalla y dos funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos, la subsecretaria de Protección y Enlace Internacional, Andrea Pochak, y el jefe de gabinete, Nicolás Rapeti. Estarán también Federico Villegas Beltrán, presidente saliente del Consejo de Derechos Humanos y representante permanente de la Argentina ante Naciones Unidas, y Cecilia Meirovich, directora de Derechos Humanos de la Cancillería.

Las sesiones en el Consejo se extenderán hasta el 3 de febrero. Para entonces se conocerán las recomendaciones preliminares que harán desde ese órgano de Naciones Unidas al país --que habrá que ver qué tenor tienen--. A finales del gobierno de Macri, el relator de la ONU para la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García Sayán, ya había alertado sobre las prácticas sistemáticas contra quienes no comulgaban con el gobierno de Cambiemos.

Reconocimiento

El gobierno, en su presentación ante Naciones Unidas, reconoce que no hubo cambios en la justicia desde que llegó a la Casa Rosada. "La persecución política en sede judicial se encuentra plenamente vigente", denuncia en el informe hecho al Consejo de Derechos Humanos. No logró designar un procurador en lugar del interino Eduardo Casal, no pudo avanzar con la llamada reforma judicial ni la del Consejo de la Magistratura ni con la ampliación de la Corte.

Ese reconocimiento es, para la oposición, "inédito", según el comunicado que distribuyeron desde Juntos por el Cambio. En realidad, no parece tan sorprendente. Meses atrás, el gobierno argentino hizo un reconocimiento descarnado por su responsabilidad en el atentado contra la AMIA y fundamentalmente en la falta de justicia y de medidas que garanticen que nunca más volverá a suceder. Se espera que en las próximas semanas la Corte Interamericana de Derechos Humanos condene a la Argentina en este caso que impulsó Memoria Activa con el apoyo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Hubo reconocimiento de responsabilidad también por la situación de Milagro Sala y se firmaron más de 30 soluciones amistosas en el sistema interamericano -lo que involucra reconocer cuestiones que no se hicieron bien y comprometerse con reformas para reparar a las víctimas o evitarle nuevos padecimientos al resto de la sociedad-.

Lo novedoso no parece ser la política del gobierno del Frente de Todos en materia de derechos humanos, sino el contexto en el que la oposición está jugándose el todo por el todo en defensa de la Corte Suprema, que suele fallar a su favor.

Por Luciana Bertoia

Fuente: Página 12

13-02-2026 / 10:02

Los derechos con los que arrasa la miserable reforma laboral esclavista de Milei

Con un discurso que es música para los oídos de los ricos empresarios, el gobierno ultra derechista de Javier "el Loco" Milei aprobó en la Cámara Alta el proyecto de Reforma Laboral esclavista que es la continuidad de la Motosierra aplicada desde su asunción. Empezó con el DNU 70/2023, siguió con la Ley Bases y otros engendros como el desfinanciamiento en Educación y en Discapacidad; y ahora remata con el recorte y hasta la eliminación de conquistas históricas de justicia social obtenidas tras décadas de lucha obrera y resistencia popular, que costó muchas vidas.

La reforma laboral del Gobierno ultra derechista de Milei destruye el derecho de las y los trabajadores por tres grandes vías. Ataca el contrato individual -con la creación del banco de horas, el fraccionamiento de las vacaciones o el recorte a las licencias por enfermedad-, debilita la acción sindical -con los límites al derecho a huelga, o la prohibición de las asambleas- y por último, también ataca a la justicia laboral -con, por ejemplo, el traspaso a los tribunales a la Ciudad de Buenos Aires-.

Una encerrona a la que la administración del fascista Milei pretende llevar a los empleados formales, pero también a los informales, a los que deja tanto o más desprotegidos de lo que estaban hasta ahora. Ni trabajadores de aplicaciones ni monotributistas, el proyecto libertario no tiene beneficiarios entre la masa trabajadora.

"Si te lastimaste jugando al fútbol, tu jefe no tiene nada que ver". La frase del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, resume el argumento libertario para romper con un derecho histórico: las licencias por enfermedad. Si la ley se sanciona, aquella persona que tenga una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de las tareas laborales cobrará solo el 50 por ciento del sueldo que percibía al momento del accidente durante 3 meses o 6 si tiene personas a cargo.

Los libertarios fueron un poco más generosos con aquellos que padezcan "enfermedades no voluntarias", es decir, que no sean consecuencia de actividades voluntarias riesgosas. En ese caso, el empleado tendrá derecho a percibir el 75 por ciento del salario. Una situación a la que la senadora de Fuerza Patria Cristina López calificó como "esclavitud laboral". "Si te enfermás, perdés. Si tu cuerpo no da más perdés, igual que en el siglo XIX", dijo.

El proyecto que Bullrich logró sancionar en el Senado habla de una "negociación dinámica" del salario, es decir, que los gremios o los trabajadores particulares pueden acordar con las empresas extras como bonos o compensaciones que estén vinculados a niveles de productividad o de objetivos. También habilita el "banco de horas", que hace que el empleado sume las extras y acumule una especie de saldo para después canjear por días libres o jornadas de trabajo reducidas.

Es decir, pone a trabajadores y empresarios en igualdad de condiciones para poder negociar en una relación que es desigual, en la que las fuerzas son distintas. Para el presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas, Matías Cremonte, "la ley lo que hace es volver a desequilibrar la balanza en favor de los empresarios". Al modificar la Ley de Contrato de Trabajo, el Gobierno busca que las vacaciones se fraccionen por un mínimo de 7 días (antes eran por 15) y que el trabajador tenga, al menos, un período de vacaciones en verano cada 3 años. Una complicación a la hora de combinar con el ritmo escolar en los casos de quienes tienen hijos.

Su aprobación es una dura derrota para el movimiento obrero y los trabajadores precarizados, no se crearán más puestos de trabajo, sino que habrá más precarización laboral y superexplotación, generando más riquezas para los empresarios y más penurias para quienes no tienen más que su fuerza de trabajo.

La Opinión Popular

12-02-2026 / 10:02

No es reforma, es esclavitud y represión: crónica del gas, las balas y la subasta de derechos

El aire pica, arde, lastima la garganta. No se puede respirar. Lágrimas y ojos rojos. Corridas. Un rato antes de las cuatro de la tarde, la calma tensa de la Plaza del Congreso estalló en pedazos. A mansalva, el pelotón de gendarmes dispara sus escopetas desde la avenida Entre Ríos mientras los camiones hidrantes escupen agua para despejar lo que la política no pudo convencer. Llueven las bombas lacrimógenas sobre una plaza que, apenas una hora antes, era un hervidero de trabajadores protestando contra una reforma laboral que se dice moderna pero es esclavista y decimonónica: un viaje sin escalas al siglo XIX.

Otra vez el panic show mileísta: un despliegue de detenciones y balas de goma para vaciar la calle mientras adentro, en el palacio legislativo de mármol, se ejecuta el remate de la dignidad de los laburantes. La jornada había comenzado con un blanco nuclear. No era el sol de la justicia, sino el resplandor de una subasta que no admite ofertas en pesos, solo se liquida con el lomo del que labura. Obreros, docentes, judiciales, bancarios, jubilados...

A las dos de la tarde, las columnas de los gremios empezaron a ganar la calle, y para las tres, la Plaza ya era un mar de banderas y espanto bajo un sol tremendo. Los gendarmes, alineados con una simetría maníaca, exhiben botas con un brillo obsceno, casi un espejo donde podés peinarte antes de que te partan el alma. Estaban agazapados tras las vallas, custodiando un Congreso enjaulado como pajarera de lujo.

En el corralito antes del Palacio, el ingenio popular intentó ganarle al cinismo: un cartel gritaba "Saluden a las horas extras que se van", mientras otro advertía: "Con el banco de horas despedite de tu familia". Hay carteles más directos que se agitan sobre las cabezas: "Quitar derechos laborales viola la Constitución Nacional".

Bajo un celeste furioso, los paraguas de los ferroviarios servían para taparse del sol mientras una señora repartía estampitas de la Virgen de Luján "para que nos salve". Luis, operario metalúrgico de Quilmes, buscaba un resto de sombra bajo un ombú: "Si te pueden pagar el sueldo con fideos o fraccionarte las vacaciones, lo único que liberan es la mano del patrón para apretarnos más fuerte". Gabriel Espósito, delegado de ATE en Atucha, miraba las vallas con preocupación: "Estamos peleando para tirar atrás esta reforma que nos regresa cien años en el tiempo. Es un capítulo más de un proyecto que quiere ver a los sectores populares de rodillas".

Mientras en la calle se ponía el cuerpo, en los pasillos del Senado se pulía el desguace. El clan Caputo y los Menem cerraron el canje de Ganancias por la Reforma Laboral. La perversión es quirúrgica: se derogan estatutos y se liquida la indemnización plena. Pablo Luna, jubilado de YPF, no lo podía creer: "Se están pasando el 14 bis por las pelotas. ¡Qué futuro les espera a los chicos!".

Antes de que el gas lo cubriera todo, un solo grito unificaba las columnas: "¡Paro, paro, paro... paro general!". Era el reclamo de la calle que el Parlamento se negaba a escuchar. Pasadas las cuatro, el escenario mutó en pesadilla. Un grupo de encapuchados protagonizó incidentes contra el vallado, la excusa perfecta para que la represión se volviera cacería. El avance de la Gendarmería y de los cosacos de la Ciudad convirtió la Plaza en un territorio ocupado. El "modelo Milei" consiguió su victoria de papel entre nubes de tóxicos.

En el asfalto caliente, donde todavía flota el ácido del gas pimienta, el aire se volvió irrespirable. Adentro del Congreso brinda la casta mileísta; afuera, el pueblo mastica el polvo de una traición. La patria no se vende, se defiende, y esta tarde la defensa se escribió con el cuero aguantando el fuego del amo. Pero no seremos su esclavo: sean eternos los derechos que supimos conseguir.

La Opinión Popular

11-02-2026 / 11:02

Rebelión policial en Santa Fe por salarios de miseria, corrupción y malos tratos

La crisis policial volvió a estallar en Santa Fé, continúa también en la Federal y amenaza con extenderse a otras provincias y otras fuerzas. Se viene alertando sobre la situación desde hace 10 días. La base excluyente es la cuestión salarial -suboficiales que cobran 850.000 pesos-, pero deriva en un feroz endeudamiento y, casi de inmediato, en problemas psiquiátricos.

Los mayores dramas terminan en una oleada de suicidios, 2 en los últimos 8 días en Rosario. A esto se agregan los malos tratos y la corrupción. En Santa Fé, la mayoría de los policías son del norte provincial y deben viajar entre 200 y 600 kilómetros para prestar servicio en Rosario.

Para eso les ponen micros en estado deplorable y las travesías suelen tardar 8 horas. Los bajos salarios derivaron en que casi no se reclutan hombres y la mayoría de los policías son mujeres, que tienen que recorrer esas distancias para ver a sus hijos. La protesta masiva y explosiva era previsible. Este diario recibió una nueva denuncia judicial sobre las increíbles maniobras de los jefes de una Unidad Operativa de la Federal.

Los llaman "la corona" y esos superiores se quedan con dinero de las horas adicionales, informan de efectivos que no existen, "rodean una zona con un policía" (sic), desarman investigaciones para concentrarse en narcomenudeo y hacer estadísticas para conformar al Ministerio de Seguridad y hasta liberan vastas zonas en acuerdo con un jefe narco regional. "Sólo hay plata para los proyectiles antidisturbios", dicen los rebeldes.

Durante la semana pasada se produjo el encadenamiento a la reja de la Casa Rosada del cabo Miguel Ángel Montiel, de la Policía Federal. El efectivo reclamaba por la situación salarial y también por la corrupción en la Superintendencia de Transporte, que integran los policías que custodian el ferrocarril. Los jefes de la Federal filtraron que Montiel estuvo con carpeta psiquiátrica y que por eso realizaba la protesta.

Página/12 relató la trastienda de la crisis policial, con la cuestión salarial como punto clave -lo que le sucede a todos los estatales-, pero con tramas de ribetes escandalosos: destinos fantasmas, es decir jefes que les dan horas extras a unos y no a otros, efectivos que ni siquiera concurren y comparten lo que cobran con los superiores; brutales acosos a las mujeres y groseras trampas para no realizar investigaciones de narcotráfico.

La crisis policial se expandía de manera silenciosa en la Federal y en otras fuerzas. En Santa Fé se vio algo inédito: ya no protestaron las familias y los retirados, sino efectivos en actividad, con los patrulleros, las sirenas, las motos y hasta los micros. El movimiento en Santa Fé desnuda una situación que no se ve a simple vista. Los que protestan son policías de calle y de las comisarías, con sus patrulleros. Es decir, los que están en la seguridad cotidiana de los vecinos.

Del otro lado, los que mayoritariamente respondieron al gobierno de Pullaro fueron los cuerpos especiales, Operaciones Especiales, Asalto Táctico, Infantería, que reciben bonos y adicionales de manera masiva. Ellos constituyen la estructura más orientada a la represión de los jubilados o cualquier otra protesta. Eso va en línea con lo que señala una de las denuncias: "para lo único que hay dinero es para los proyectiles antidisturbios".

10-02-2026 / 11:02

Contra la Reforma laboral esclavista de Milei, los trabajadores marchan al Congreso para exigir por sus derechos

El Senado tratará el miércoles el proyecto de reforma laboral del gobierno de Javier "el Loco" Milei, cuestionado por sectores opositores por su avanzada brutal contra los derechos de los trabajadores. Pero los focos no solo estarán puestos en el Congreso: afuera, múltiples sectores, encabezados por la Confederación General del Trabajo (CGT), protestarán con el objetivo de que su voz sea escuchada.

La semana pasada, el Consejo Directivo de la CGT convocó a marchar contra la reforma laboral, que ya tiene dictamen desde fin del año pasado y que podría tener media sanción el miércoles. "El Gobierno nacional impulsa una reforma laboral que no moderniza: transfiere recursos del Estado a los sectores privados más concentrados, ataca el sistema de jubilaciones y recorta ingresos que corresponden a las provincias. Es una reforma que se hace a costa de las y los trabajadores: menos derechos, más precarización y salarios a la baja", indicó la CGT en redes sociales.

La principal central obrera citó a las 14.30 en Yrigoyen y Solís, frente al edificio en el que los senadores comenzarán a definir el camino legislativo de la iniciativa. "Es una reforma que se hace a costa de las y los trabajadores: menos derechos, más precarización y salarios a la baja. No es modernización: es ajuste sobre las y los trabajadores. No es libertad: es pérdida de derechos. La CGT convoca a movilizarse para decir basta. Porque el trabajo no se negocia. Porque las jubilaciones se defienden. Porque las provincias no se entregan. Porque los derechos se conquistan y se defienden en la calle", agregó el comunicado.

El plan de lucha de la CGT tuvo cuestionamientos de algunos sectores sindicales, como el de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), cuyo secretario general, Rodolfo Aguiar, criticó que la marcha no esté acompañada de un paro general. "El miércoles todos los trabajadores tienen que parar igual. Aunque la CGT no convoque, tienen cobertura legal", advirtió Aguiar y ratificó el paro nacional de estatales para el miércoles.

"Todos los trabajadores del sector público y de las distintas ramas de la actividad privada están amparados porque las CTA tienen personería jurídica. Sería un error grave frente a una reforma laboral demoledora para los trabajadores privarlos de ejercer el derecho de huelga. Tenemos que paralizar todas las actividades para este miércoles impedir los sobornos en el Senado y ponerle fin a la especulación de los gobernadores".

Mientras crece la bronca por abajo, Patricia Bullrich negocia la reforma laboral esclavista con gobernadores y senadores "dialoguistas" que cada vez se parecen más a los libertarios. Este lunes la ex ministra se reunión con senadores y senadoras de los bloques cómplices. Buscan acordar algunos artículos mientras mantienen lo esencial de los ataques contra la clase trabajadora. Cedería con Ganancias y conformaría así a los gobernadores y a los legisladores que responden a las provincias. En proteger alguno de los derechos de los trabajadores que correrán riesgo a partir de la probable sanción, eso sí, nadie gastó saliva.

La Reforma laboral esclavista del gobierno para los ricos de Milei es para profundizar esta política de transferencia masiva de recursos económicos y políticos de los trabajadores a los empresarios, que busca además debilitar la organización sindical y el poder de los trabajadores. Trabajar más y con menos derechos, en beneficios de las patronales. Son los millonarios o loe trabajadores. El miércoles 11 de febrero, sumate a la lucha por tus derechos y las futuras generaciones.

La Opinión Popular

09-02-2026 / 09:02

¿Quién la votó?: Karina quiere el control total del gobierno y tensiona con Javier Milei

Karina Milei quiere concretar cambios en la cúpula del poder para tener el "control total" de lo que ocurre en el gobierno. La hermana presidencial, influenciada por los Menem, busca desalojar del sistema de decisión libertario a Santiago Caputo, a más tardar en marzo.

Pero no está fácil. El asesor tiene acceso directo al presidente Milei, que valora sus aportes. De hecho, en las últimas semanas, lejos de perder poder lo acrecentó. Se quedó con el control total de la agencia recaudadora (ARCA) y amplió las competencias de la SIDE, luego de desplazar al empleado infiel Sergio Neiffert y ubicar en su lugar a su contador, Cristian Aguadra.

Santiago Caputo incluso estaría aumentando su influencia sobre los aparatos militares y de seguridad. En las últimas semanas afianzó su relación con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva y de Defensa, Carlos Presti.

"Santiago está emocionado con todo lo militar: gestos simbólicos, Plan Bandera, los F16, los tanques, los granaderos, el nuevo Iosfa, son todas piezas de un plan para sacarle a Villarruel el voto de los militares", explicó un funcionario libertario.

Esta situación enardece a los Menem e impacta en el ánimo de Karina Milei, que tiene dificultades para entender que la idea del "control total" de un funcionario no votado como ella, no sintoniza con el espíritu democrático.

La molestia de la hermana presidencial quedó en evidencia este domingo: le avisó a su hermano que no lo acompañara a otro viaje más de subordinación trumpista. El presidente tenía pensado viajar este lunes a la cumbre de un supuesto trumpismo latino en Mar-a-Lago.

Karina le avisó a su hermano que no cuente con ella y Milei anunció que cancelaba su participación. "Javier no puede viajar sin la hermana", exageran en la Casa Rosada. Acaso más exacto sea que la hermana no quiera someterse a otro papelón como la última vez que fueron al club de la Florida de Trump, que suele alquilar su salón a distintos aventureros.

De paso, no se confirmó aún su asistencia el 18 de febrero a la nueva "presentación oficial" del Board of Peace de Trump en Washington. El republicano se vio forzado a repetir el evento luego del fiasco de su lanzamiento en Davos, que juntó a Milei con una serie de "plutócratas afines a Putin", según el prestigioso diario inglés Financial Times.

La decisión de Karina Milei se suma a un dato muy interesante que publicó Perfil este domingo: en diciembre pasado la hermana del presidente no visitó Olivos.

"Ella está presionando a fondo para que le de el control total", sintetizó un dirigente libertario que conoce de cerca a los Milei. El asesor rehúye la pelea con la hermana y prefiere mantener la tensión a nivel de los Menem.

Karina no oculta su entusiasmo por la obediencia absoluta. La semana que pasó envió un mensaje claro a las bases libertarias. Su hombre en la provincia de Buenos Aires, el diputado Sebastián Pareja, dijo en un encuentro con militantes en Mar del Plata: "No hay mucha vuelta. Nosotros trabajamos bajo la lógica de un partido político que tiene sus autoridades y tiene su manual disciplinario. El que ventile sus diferencias, está fuera del espacio".