02:43 | Miercoles 18 de Febrero de 2013 | Entre Ríos

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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau

Nacionales - 22-01-2023 / 09:01

PRESENTACIÓN DEL GOBIERNO ANTE NACIONES UNIDAS

Argentina acusa al lawfare y a los discursos de odio, los desafíos que enfrenta la democracia

Bloqueadas las instancias locales por la sociedad del partido judicial con la oposición y sus grandes medios porteños amigos, el Gobierno presenta ante la ONU un informe de la violación de los derechos humanos en Argentina mediante el armado de causas para encarcelar y proscribir a los dirigentes que desafían al establishment. También alerta sobre los discursos de odio y su rol en el atentado contra CFK.

En el informe que presentó el gobierno argentino meses atrás hay definiciones sobre el lawfare y los discursos de odio. Para las autoridades nacionales los dos fenómenos se presentan como desafíos y le piden al Consejo de Derechos Humanos de la ONU acompañamiento para llevar adelante medidas para hacerles frente.

Entre otras cuestiones, el escrito del gobierno argentino sostiene:

·         que "la práctica del lawfare -impulsada por sectores del Poder Judicial, la oposición política y sectores concentrados del poder económico y mediático- constituye una práctica violatoria de los derechos humanos y opera como condicionante en los procesos electorales, de la agenda política y la opinión pública";
·         que en las causas judiciales como las que enfrenta Cristina Fernández se violan garantías con la "excusa de la investigación y la sanción de los hechos de corrupción". Entre otras, se mencionan la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el deber de objetividad que deben tener los fiscales -pese a que no hay nombres propios, la crítica parece estar dirigida a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola que acusaron a CFK en el juicio de Vialidad-;
·         que las causas penales se impulsan únicamente contra quienes representan a los sectores populares y que los poderosos se mantienen en la impunidad. Se cita como ejemplo a quienes permitieron o avalaron el "endeudamiento criminal que ha generado pobreza e indigencia en la población";
·         que las estrategias de persecución buscan la proscripción de figuras centrales del escenario político;
·         que esas estrategias de persecución son "ejecutadas en la práctica por jueces y fiscales que visitaban asiduamente al expresidente". La mención tiene como destinatarios, por ejemplo, a los camaristas Mariano Borinsky, Gustavo Hornos o Mariano Llorens que vieron a Mauricio Macri en la quinta de Olivos o en la Casa Rosada. Del Ministerio Público, Raúl Pleé fue quien estuvo en la residencia presidencial. "Demuestra la espuria connivencia entre ambos sectores y la continuidad de una política de hostigamiento", señala el documento;
·         que los discursos de odio se advierten en modo creciente en diversos espacios políticos, en medios de comunicación y redes sociales;
·         que estas prácticas no solo van contra las víctimas directas sino que afectan al sistema democrático porque erosionan consensos básicos.

Lo novedoso no parece ser la política del gobierno del Frente de Todos en materia de derechos humanos, sino el contexto en el que la oposición está jugándose el todo por el todo en defensa de la Corte Suprema, que suele fallar a su favor.

PRESENTACIÓN DEL GOBIERNO ANTE NACIONES UNIDAS

Lawfare y discursos de odio: los desafíos que enfrenta la democracia en Argentina

El país deberá rendir examen de los avances en materia de derechos humanos en Ginebra. Reconocerá que la persecución política por vía judicial se mantiene vigente. Juntos por el Cambio aprovechó para salir en defensa de la Corte Suprema.

Argentina está por cumplir 40 años desde el fin de la dictadura, pero hay problemas que aún siguen condicionando el ejercicio democrático. Entre ellos, una persecución política que se ejecuta por vía judicial y los discursos de odio que calaron tan fuerte que pueden conducir hasta un intento de homicidio de la principal líder política del país. Éste es el diagnóstico que el gobierno de Alberto Fernández hará este lunes en Ginebra ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), cuando rinda su Examen Periódico Universal (EPU).

Después de que trascendiera el tenor de la presentación, la oposición aprovechó la oportunidad para salir en defensa de los tribunales, particularmente de la Corte Suprema -justo en la semana que comenzará a correr el proceso de juicio político-, y denunció que era una maniobra para procurar impunidad de los dirigentes kirchneristas que deben sentarse en el banquillo.

Cuando marquen las 14.30 en Ginebra -o las 10 de la mañana en Buenos Aires-, Horacio Pietragalla Corti deberá pararse frente al Consejo de Derechos Humanos para rendir examen sobre la situación del país. En general, cada cuatro o cinco años, los Estados deben hacerlo.

Esta presentación tocó en un contexto particular: un pedido de juicio político a los integrantes del máximo tribunal, chats que, sostiene el gobierno nacional, exponen la connivencia entre funcionarios de la Corte Suprema y el principal partido opositor y la reticencia de la justicia para investigar lo que fue el principal escándalo político de los últimos tiempos.

En esa coyuntura caliente, el secretario de Derechos Humanos de la Nación tiene previsto dar dos nombres para ejemplificar la persecución política por vía judicial: el de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el de la dirigente social Milagro Sala, que esta semana cumplió siete años de detención y le reclama al Presidente que firme el indulto que le devuelva la libertad.

Dirá, además, que la Argentina enfrenta desafíos de la mano del lawfare o la guerra jurídica y de los discursos de odio que pueden llevar a herir de muerte los consensos que Argentina se dio tras el retorno democrático.

"Vamos a demostrar que, cuando decimos que la democracia está en peligro, es porque lo está", le dice Pietragalla Corti a Página/12 antes de tomar el avión hacia Suiza. El funcionario explica que la exposición estará centrada en remarcar los avances que hubo en materia de derechos humanos desde la asunción del Frente de Todos, pero que habrá un capítulo para la justicia que sigue siendo una deuda.

"No podemos obviar el lawfare, el ataque a Cristina y a las instituciones. Tampoco la proscripción contra ella. No es habitual, pero tampoco es habitual lo que está pasando en la Argentina", agrega.

El informe que trascendió y que crispó a la oposición se presentó a finales de octubre del año pasado. El intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner estaba fresco, la vicepresidenta no había sido aún condenada por el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 en la causa "Vialidad" y mucho menos se habían conocido los chats entre Silvio Robles y Marcelo D'Alessandro ni activado el pedido de juicio político contra los cuatro supremos. Aún así, el problema era el mismo: una justicia que funciona con los mismos patrones.

En su exposición inicial es probable que Pietragalla Corti haga alguna mención al proceso contra los cortesanos que se impulsa desde el oficialismo. En todo caso, dirá lo que la Secretaría de Derechos Humanos ya dijo: que es un mecanismo que consta en la Constitución, pese a que la oposición lo cataloga como golpista.

Otra de las líneas posibles es la que ya manifestaron los organismos de derechos humanos: que apoyan el proceso de remoción de los supremos porque hicieron todo lo que estaba a su alcance para garantizar la impunidad de los genocidas.

Lawfare y discursos de odio

En el informe que presentó el gobierno argentino meses atrás hay definiciones sobre el lawfare y los discursos de odio. Para las autoridades nacionales los dos fenómenos se presentan como desafíos y le piden al Consejo de Derechos Humanos de la ONU acompañamiento para llevar adelante medidas para hacerles frente.

Entre otras cuestiones, el escrito del gobierno argentino sostiene:

·         que "la práctica del lawfare -impulsada por sectores del Poder Judicial, la oposición política y sectores concentrados del poder económico y mediático- constituye una práctica violatoria de los derechos humanos y opera como condicionante en los procesos electorales, de la agenda política y la opinión pública";
·         que en las causas judiciales como las que enfrenta Cristina Fernández se violan garantías con la "excusa de la investigación y la sanción de los hechos de corrupción". Entre otras, se mencionan la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el deber de objetividad que deben tener los fiscales -pese a que no hay nombres propios, la crítica parece estar dirigida a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola que acusaron a CFK en el juicio de Vialidad-;
·         que las causas penales se impulsan únicamente contra quienes representan a los sectores populares y que los poderosos se mantienen en la impunidad. Se cita como ejemplo a quienes permitieron o avalaron el "endeudamiento criminal que ha generado pobreza e indigencia en la población";
·         que las estrategias de persecución buscan la proscripción de figuras centrales del escenario político;
·         que esas estrategias de persecución son "ejecutadas en la práctica por jueces y fiscales que visitaban asiduamente al expresidente". La mención tiene como destinatarios, por ejemplo, a los camaristas Mariano Borinsky, Gustavo Hornos o Mariano Llorens que vieron a Mauricio Macri en la quinta de Olivos o en la Casa Rosada. Del Ministerio Público, Raúl Pleé fue quien estuvo en la residencia presidencial. "Demuestra la espuria connivencia entre ambos sectores y la continuidad de una política de hostigamiento", señala el documento;
·         que los discursos de odio se advierten en modo creciente en diversos espacios políticos, en medios de comunicación y redes sociales;
·         que estas prácticas no solo van contra las víctimas directas sino que afectan al sistema democrático porque erosionan consensos básicos.

Es probable que la delegación argentina haga una mención a que la escalada de odio no solo puede verse con el intento de magnicidio que sufrió Cristina Kirchner, sino también con la intentona golpista en Brasil o con el atentado que denunció la vicepresidenta colombiana Francia Márquez, quien dijo que habían plantado un artefacto explosivo en la ruta que conduce a su casa.

La exposición de los funcionarios argentinos se extenderá durante tres horas y media: después del discurso, habrá más de 100 preguntas por parte de los Estados miembros y los funcionarios de Naciones Unidas. La delegación estará encabezada por Pietragalla y dos funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos, la subsecretaria de Protección y Enlace Internacional, Andrea Pochak, y el jefe de gabinete, Nicolás Rapeti. Estarán también Federico Villegas Beltrán, presidente saliente del Consejo de Derechos Humanos y representante permanente de la Argentina ante Naciones Unidas, y Cecilia Meirovich, directora de Derechos Humanos de la Cancillería.

Las sesiones en el Consejo se extenderán hasta el 3 de febrero. Para entonces se conocerán las recomendaciones preliminares que harán desde ese órgano de Naciones Unidas al país --que habrá que ver qué tenor tienen--. A finales del gobierno de Macri, el relator de la ONU para la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García Sayán, ya había alertado sobre las prácticas sistemáticas contra quienes no comulgaban con el gobierno de Cambiemos.

Reconocimiento

El gobierno, en su presentación ante Naciones Unidas, reconoce que no hubo cambios en la justicia desde que llegó a la Casa Rosada. "La persecución política en sede judicial se encuentra plenamente vigente", denuncia en el informe hecho al Consejo de Derechos Humanos. No logró designar un procurador en lugar del interino Eduardo Casal, no pudo avanzar con la llamada reforma judicial ni la del Consejo de la Magistratura ni con la ampliación de la Corte.

Ese reconocimiento es, para la oposición, "inédito", según el comunicado que distribuyeron desde Juntos por el Cambio. En realidad, no parece tan sorprendente. Meses atrás, el gobierno argentino hizo un reconocimiento descarnado por su responsabilidad en el atentado contra la AMIA y fundamentalmente en la falta de justicia y de medidas que garanticen que nunca más volverá a suceder. Se espera que en las próximas semanas la Corte Interamericana de Derechos Humanos condene a la Argentina en este caso que impulsó Memoria Activa con el apoyo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Hubo reconocimiento de responsabilidad también por la situación de Milagro Sala y se firmaron más de 30 soluciones amistosas en el sistema interamericano -lo que involucra reconocer cuestiones que no se hicieron bien y comprometerse con reformas para reparar a las víctimas o evitarle nuevos padecimientos al resto de la sociedad-.

Lo novedoso no parece ser la política del gobierno del Frente de Todos en materia de derechos humanos, sino el contexto en el que la oposición está jugándose el todo por el todo en defensa de la Corte Suprema, que suele fallar a su favor.

Por Luciana Bertoia

Fuente: Página 12

17-02-2026 / 10:02

Manipulador: Caputo te dice cuándo reír o llorar y se quejó porque los empresarios no aplauden sus medidas

El ministro de Economía, el endeudador serial Luis "Toto" Caputo, salió este domingo a interpelar públicamente al empresariado por la falta de respaldo explícito a la reforma laboral retrograda y esclavista impulsada por el Gobierno anarco capitalista. A través de un mensaje directo en redes sociales, el funcionario expresó su "asombro" ante lo que consideró una reacción tibia -o directamente nula- de las cámaras empresarias frente a los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.

El reclamo de Caputo se produjo en un momento de alta tensión política y sindical, con la Confederación General del Trabajo convocando a un paro en rechazo al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ministro buscó correr el foco del conflicto y presionar al sector privado para que se pronuncie en favor de una reforma que el Ejecutivo presenta como anti trabajadores.

El eje del planteo oficial es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos herramientas que apuntan a reducir significativamente el costo laboral. La reforma permitiría bajar las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador desde el 27 actual al 15 por ciento durante un período de 48 meses. En términos más amplios, la cuña laboral promedio se reduciría del 44 al 32 por ciento del salario bruto.

Pese a estos números, Caputo se mostró molesto por la falta de entusiasmo empresario. "Les bajamos un 85 por ciento las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", escribió en la red social X.

Sin embargo, el silencio por parte del empresariado expone una incomodidad que el Gobierno subestima. Voces del sector privado reconocen que la baja de cargas es un incentivo relevante, pero advierten que persisten dudas sobre la implementación del nuevo esquema, la estabilidad macroeconómica y la falta de políticas complementarias para reactivar la producción y el crédito. En sectores industriales, incluso, señalan que la reducción de costos laborales no alcanza si no hay demanda ni financiamiento.

Mientras el Gobierno ultra derechista exhibe el recorte de cargas patronales como una concesión histórica al empresariado, las principales cámaras evitan celebrarlo abiertamente, atrapadas entre el conflicto sindical, la incertidumbre económica y un modelo laboral que todavía genera más interrogantes que certezas.

Muchos empresarios están sensibilizados por los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores, afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y por lo tanto achica aún más el mercado interno, con lo que a las Pymes les pega de lleno.

Los empresarios ni fu ni fa con la medida. En tanto, la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día en que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno libertario quiere que la Cámara de Diputados lo transforme urgente en ley, aunque si le hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios del transporte.

La Opinión Popular

17-02-2026 / 08:02

Para la casta si hay plata: Cancillería le pagará $114 millones a la esposa de Sturzenegger por dar cursos de inglés

El gobierno del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei volvió a quedar en el centro del escándalo por un vergonzoso contrato estatal que cuestiona su prédica contra la "casta" y las prácticas de su gestión. La controversia gira en torno a una adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico "Pelado" Sturzenegger, el de la motosierra y el "achicamiento del Estado" para todos, menos para su esposa.

La contratación, formalizada mediante una disposición oficial publicada en el sistema COMPR.AR, asciende a 114.044.133 de pesos y contempla la capacitación en inglés de 132 empleados durante 2026. El procedimiento utilizado fue una "Adjudicación Simple por Especialidad", justificada en el expediente bajo el argumento de que la AACI era el único proveedor capaz de garantizar la continuidad del programa formativo. Sin embargo, el dato de que se registró una sola oferta -la de la propia entidad adjudicada- alimentó cuestionamientos sobre la competencia real del proceso.

El vínculo matrimonial entre Rouillet y Sturzenegger obligó a activar el mecanismo de integridad previsto por el Decreto 202/2017. En ese marco intervinieron la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, que confirmaron en dictamen la existencia de un vínculo familiar directo con un ministro nacional. Como respuesta, el área de Compras recomendó la firma de un Pacto de Integridad para prevenir conflictos de interés.

Aunque ese procedimiento se presentó como garantía de transparencia, especialistas en administración pública suelen advertir que estos mecanismos son correctivos y no sustituyen el principio básico de evitar situaciones que puedan generar sospechas de favoritismo. El hecho de que el Estado contrate a una organización dirigida por un familiar directo de un funcionario de alto rango, aun con controles formales, expone una zona gris difícil de conciliar con el discurso oficial contra los privilegios políticos de casta.

El caso no es aislado. Registros del mismo portal oficial muestran que Cancillería ya había contratado a la AACI en 2024 por 55.388.180 pesos para un servicio similar. En esa ocasión, la documentación pública no incluía un Pacto de Integridad ni permitía descargar el pliego completo, lo que suma interrogantes sobre la consistencia de los estándares de transparencia aplicados.

Desde su campaña presidencial, Milei construyó su identidad política en torno a la denuncia de la "casta" y la promesa de terminar con los beneficios para funcionarios y allegados. Sin embargo, episodios como este niegan esa narrativa. Si bien la contratación no fue declarada ilegal y siguió los pasos administrativos exigidos, el problema radica en el plano político: la percepción de que ciertos vínculos personales siguen teniendo acceso privilegiado a recursos públicos.

La defensa oficial se apoya en la legalidad de los procedimientos. Pero la discusión pública se mueve en otro terreno: el de la legitimidad ética y simbólica. En un gobierno que hizo de la austeridad y la lucha contra los privilegios su principal bandera, cada contratación que involucra familiares directos de altos cargos se convierte en una prueba de inconsistencia. Ya denunciaron penalmente a Sturzenegger.

El caso, lejos de cerrarse con la firma de un supuesto pacto administrativo, reabre el debate sobre hasta qué punto la promesa de terminar con la "casta" queda limitada al terreno discursivo. Porque, cuando los beneficiarios de contratos estatales están vinculados a la cúpula del poder, la distancia entre relato y realidad es indisimulable.

La Opinión Popular

16-02-2026 / 09:02

¿Anti casta?: Milei se metió sus denuncias retóricas contra “las ratas de los senadores” en el culo

Si algo faltaba para completar la foto de una ofensiva gubernamental a todo trapo, llegó con las medias sanciones de reforma laboral y baja en la edad de punibilidad. Triunfo político del Gobierno, sin dudas, con paliza para la oposición. Sin embargo, resta constatar si esa foto es parte de una película rumbo a ser concluida o si, al cabo, no es más que un recuadro.

Lo que el oficialismo se anima a denominar como "modernización" de las condiciones laborales se vio impregnado por el despliegue represivo en los alrededores del Congreso. Hay que detenerse en este punto, porque algunos de sus rasgos son sustantivos para entender fondos de la cuestión.

Hubo una marcha de protesta -no impactante, sí muy numerosa- que se dispersó apenas diseminado el impresionante operativo policial. Esos manifestantes fueron ignorados por la prensa oficialista, desde ya. Pero resulta que los medios opositores, con escasas excepciones, también ningunearon a los manifestantes. Prefirieron centrarse en lo burdo de infiltrados y/o marginales que fueron a pudrirla, casi sin registro de quiénes, cuántos, con qué composición, habían ganado la calle.

Todo fue de manual. Cuando una manifestación es imponente y bien organizada, no hay services ni ocho cuartos capaces de empiojar. Hacía falta -y esto no se dice con el diario de lunes, sino con repetida evidencia- que los organizadores tomaran precauciones ante lo obvio. No lo hicieron, y lo obvio sucedió.

Primeros apuntes, entonces: una marcha justificadísima pero convocada sin mayor convicción, empezando por la otrora "central obrera", y unos marchantes que quedaron al arbitrio de ser operados en forma infantil.

Luego, adentro del Congreso ya estaba cocinado que la cúpula cegetista -no hablamos de toda la CGT- había conseguido retener sus cuotas de privilegios burocráticos en materia de aportes sindicales y empresariales. Ellos y los tránsfugas del peronismo "del interior" o "dialoguista", en reemplazo de otras definiciones que hoy resuman de qué se trata el peronismo por fuera de consignas clásicas.

Lo objetivo es que se medio-sancionó una reforma de la que, en primer término, una mayoría de la población no tiene o parece no tener ni la menor idea informativa. "Porque son todos iguales". "Porque gracias si me dedico a arreglarme como puedo". "Porque la política no me interesa" y, con sus variantes, sigue la lista de respuestas similares.

Viene la votación en Diputados. No debiera arriesgarse una sentencia concluyente porque, en un país político como éste que para bien y mal siempre depara sorpresas, habrá de verse si no falla alguna transa en el propio oficialismo. Por caso, es incierto que el ítem espeluznante de las licencias por enfermedad atraviese el filtro de la Cámara Baja.

Como fuere y de hecho, el gobierno de los Milei se metió sus denuncias retóricas contra "las ratas de los senadores" allí donde la espalda pierde su buen nombre y honor. Negoció cuanto era necesario y dos de los grandes bloques de intereses, el del empresariado sin un mínimo rasgo de burguesía inteligente y el de los dirigentes sindicales entregados, obtuvieron lo que querían.

Nadie en su sano juicio supone que esta reforma significará potenciar el mercado laboral, ni oportunidades de empleo, ni cosa que se le asemeje. Lo aceptan ellos mismos, los voceros del establishment, en sus diálogos reservados. Reconocen que se da trabajo cuando crece la economía y la gente tiene un mango en el bolsillo. No cuando se profundizan las condiciones contractuales entre el zorro y las gallinas.

15-02-2026 / 09:02

El cipayo Milei pretende que Argentina sea una colonia de los yanquis

Hay algo que Javier "el Loco" Milei parece haber entendido con claridad y que demuestra que, más allá de cuán loco esté, tiene intuición política. Lo que Milei entendió es que la oligarquía: los sectores del poder fáctico de la argentina, los siete grupos empresarios aglutinados en AEA, los medios de comunicación hegemónicos, el Poder Judicial de la guarida de Cómodo Py, tienen un mismo jefe. Vive en Avenida Pennsylvania al 1600, en la Casa Blanca, ciudad de Washington. Milei puede decirle "señor chatarrín" al supuestamente todo poderoso Paolo Rocca porque tiene el respaldo abierto de Donald Trump. El líder del Grupo Techint jamás entraría en fricción con el inquilino de la Casa Blanca. Lo mismo se aplica a Héctor Magnetto de Clarín y a toda la cúpula judicial.

El "gran empresariado argentino", a diferencia del brasileño, no tiene proyecto nacional. Una "burguesía nacional" se piensa a si misma rivalizando con otras por negocios y mercados. Eduardo Duhalde, cuando fue presidente interino, decía que había que cobrarle impuestos a los grandes empresarios, pero "aliarse con ellos" para rivalizar con las empresas de otras latitudes. Es la concepción básica del capitalismo nacional. El punto es que los grupos económicos locales no tienen una visión de país. Su imaginario es el de quien administra un territorio colonial. Tienen sus cuentas en EE UU y consiguen ahí el financiamiento. Entonces están sometidos a la legislación americana y a los jueces americanos que sólo un niño puede creer que son independientes.

Cristina Fernández está presa por el deseo de venganza de la derecha argentina que quiere darle una lección a la clase política. Es cierto. Pero también es una perseguida política de un sector del poder estadounidense que hoy está gobernando. El anuncio del secretario de Estado Marco Rubio en marzo de 2025 de que le quitaba la visa a CFK para ingresar a EE UU fue la batiseñal para que el poder judicial argentino actuara. Y lo hizo de inmediato. El poder judicial es veloz cuando las órdenes vienen del jefe supremo. Hay que recordar el episodio vergonzoso del Boing 747 de la empresa venezolana Emtrasur que fue directamente robado por la justicia argentina por orden de EE UU. Los jueces le tienen terror a la CIA.

Incluso entre los políticos peronistas, si se mira con detenimiento, los que conservan buenas relaciones con Washington también tienen menos problemas judiciales. No es una crítica a esos dirigentes ni una acusación de cipayismo. Es una descripción de cómo funciona el poder en Argentina, de quién maneja los hilos detrás del telón. El economista Roberto Felleti sostiene la hipótesis de que Milei quiere reemplazar al gran capital argentino por uno de origen norteamericano. El único freno que ese proyecto podría tener está en el propio Estados Unidos. El gran capital local se entregaría sin ofrecer resistencia.

¿Cómo se libera a la Colonia Argentina? Liberarla del todo es imposible. Se pueden ganar márgenes de soberanía. Los 12 años de peronismo muestran que mientras más soberanía se gana mejor vive el pueblo. No existe la colonia próspera. Es la gran mentira de la derecha. Tampoco hay prosperidad enfrentándose por completo al imperio militar más poderosos que conoció la historia humana. Es un juego de equilibrios.

El documento que anunció la lista de unidad para elegir las autoridades del peronismo bonaerense es una luz en el camino. Se sabe que quienes lo firmaron no se quieren demasiado. No se reunirían para brindar en año nuevo. La política se trata justamente de construir entre los que no se quieren en pos de un objetivo superior. El documento tiene dos puntos clave: termina de posicionar a Axel Kicillof como jefe político y no como subalterno y pone el acento en la necesidad de lograr la liberación de CFK como objetivo estratégico. No hay recuperación de soberanía sin la liberación de Cristina. Y el peronismo no tiene sentido sin la búsqueda de soberanía.

La Opinión Popular

14-02-2026 / 10:02

$Libra: 20 preguntas tremendas para el estafador Javier Milei (si lo llamaran de Comodoro Py)

Hace 12 meses, Javier "el Loco" Milei promocionó el lanzamiento de la memecoin $Libra: hizo perder decenas millones de dólares a inversores en distintos continentes. Quedan flotando en el aire al menos 20 preguntas distintas que el Jefe de Estado debería responder, pero en la causa $Libra, en manos del juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Eduardo Taiano quienes aún no han citado a ninguno de los sospechosos.

La inacción llegó a tal punto que la Sala I de la Cámara Federal que le imprimiera celeridad a una acción que tiene como imputados al norteamericano Hayden Davis y los argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. Por el escándalo están denunciados también el propio Jefe de Estado; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el empresario Julian Peh y Sergio Morales, ex funcionario de la Comisión Nacional de Valores.

1-¿Por qué dijo que consiguió el código alfa numérico para hacer la inversión desde internet si esa fuente de números y letras nunca había tomado estado público antes que él posteara? Ahora, se sabe que el mensaje exclusivo nació en Dallas y contenía un código de 44 dígitos que alternaba mayúsculas, minúsculas y números.

Servía como llave para comprar la recién creada criptomoneda $LIBRA. Sin ese mensaje, el precio del token no se hubiese disparado. - ¿Por qué el ex jefe de gabinete Guillermo Francos tampoco respondió cuando fue citado por el Congreso Nacional cómo accedió Milei al "contrato"? La respuesta del experimentado funcionario fue tan escueta como inverosímil: "No sé dónde estaba ese código".

2-Si $Libra se creó el 14 de febrero a las 18:38 horas. ¿Cómo puede ser que a las 19:00 horas (22 minutos más tarde) 74 billeteras compraron US$ 13 millones en cripto antes del tuit de Milei? ¿Tenían información privilegiada? Uno de los grandes ganadores del truco financiero embolsó US$ 8 millones en ganancias. Cabe recordar que el tuit del Jefe de Estado se produjo a las 19:01, apenas un minuto después que las posiciones estuvieron consolidadas.

3-¿Por qué borró su posteo a las 00.36 horas del sábado 15 de febrero si la baja estrepitosa de la cotización ya llevaba más de 4 horas "masacrando" inversores que confiaron en Milei a lo largo y ancho de todo el mundo? Alcanzó un monto de US$ 280 millones la recaudación en apenas 5 horas de la nueva cripto.

4-¿Por qué su posteo se materializó un viernes de San Valentín a una hora de la tarde/noche cuando los mercados estarían cerrados hasta las llegada del lunes 17 de febrero de 2025?

5-¿Por qué promocionó un producto de un "empresario" como Hayden Davis, quien ya tenía antecedentes negativos en el mercado cripto? Este pseudo financista, minutos después de la publicación de Milei en redes, hizo movimientos de blockchain: 2 transferencias por US$ 507.000 cada una enviadas a una billetera virtual perteneciente a un hombre de 75 años, señalado como intermediario en la conversión de criptos a moneda tradicional.

6-¿Tampoco conocía los antecedentes de Novelli y Terrones quienes estuvieron involucrados en "esquemas ponzi"?

7-¿Por qué no se pusieron los hermanos Milei a disposición inmediata de la justicia y la comisión parlamentaria investigadora del caso? ¿No hubiera ayudado su completa colaboración en lugar de plantear chicanas para evitar que Karina tuviera que comparecer en el Congreso Nacional?

8-¿No le llamó nunca la atención que todos los involucrados en $LIBRA haya escogido el silencio absoluto frente a los requerimientos de la Comisión Investigadora y todavía no fueron citados por la Justicia?