. Estos se habían conocido por medio de una operación de hackeo ilegal sobre el teléfono del funcionario porteño, ahora en licencia.
 
La denuncia fue presentada por un abogado llamado Gastón Marano, el mismo que defiende a la banda de terroristas "los copitos" en el intento de asesinato a Cristina Kirchner. Inmediatamente interviene el polémico fiscal Carlos Stornelli, que dijo que la prueba es ilegal y por lo tanto no hay delito. Y como un rayo, el juez Ramos archivó la causa.
 
La decisión del juez se basa en el origen ilegal de las pruebas. Sin embargo, el macrismo y la oposición de derecha han apelado ampliamente al uso del espionaje ilegal para impulsar causas judiciales. En la causa del Memorándum de Entendimiento con Irán, que estaba cerrada, fue reabierta a partir de una conversación entre el excanciller Héctor Timerman y el expresidente de la AMIA Guillermo Borger, la cual fue obtenida de manera clandestina, aunque avalada en diferentes instancias por el fallecido juez Claudio Bonadio y los camaristas Gustavo Hornos y Mariano Borinsky.
 
Durante los años de Cambiemos, esta metodología de espionaje ilegal se extendió ampliamente. El caso más escandaloso fue la decisión de espiar a los familiares de las víctimas del submarino ARA-San Juan. En el caso concreto de los intercambios entre Robles y D'Alessandro, el contenido de los obscenos chats -que no pudo ser desmentido por los mismos implicados- muestra la estrecha relación entre un sector del máximo tribunal judicial y el funcionario de Rodríguez Larreta.
 
Esa connivencia se hizo aún más evidente semanas antes, cuando se conoció otra filtración ilegal que mostraba la fina relación entre funcionarios del macrismo, jueces federales de Comodoro Py y empresarios del Grupo Clarín. Lo que se hizo conocido como el escándalo de "Lago Escondido" mostró, abiertamente, esos vínculos mafiosos.
 
Estamos frente a una Justicia a la carta, donde hay dos Códigos Penales y dos Códigos de Procedimiento: uno el que le aplican al movimiento popular en su conjunto, y otro el que le aplican al macrismo y a sus cómplices de la mafia judicial. Queda un solo camino, que es acudir a los organismos internacionales y a los tribunales internacionales. La Justicia en la Argentina está obturada, clausurada para quienes no piensan como piensan los grupos dominantes y quienes no forman parte de la mafia judicial.
 
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Nacionales - 20-01-2023 / 11:01
POR OPERACIONES CONTRA EL PERONISMO ARMADAS EN CONJUNTO POR LA CORTE SUPREMA Y EL PRO

Rosatti y D'Alessandro consiguieron el cierre de la causa de los chats filtrados en tiempo récord

Rosatti y D'Alessandro consiguieron el cierre de la causa de los chats filtrados en tiempo récord
En tiempo record y con la intervención clave del fiscal macrista Carlos Stornelli, el juez federal Sebastián Ramos cerró la causa por los chats que exhibieron las operaciones contra el peronismo armadas en conjunto por la Corte Suprema y el PRO. El fiscal, que actuó varias veces en base a espionajes ilegales y está procesado por ese mismo delito, ahora se negó a acusar porque la causa surgió de un supuesto hackeo.
El juez federal Sebastián Ramos decidió archivar en forma exprés la causa en la que se investigaban los escandalosos chats entre Silvio Robles, estrecho colaborador del titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y el ministro de Seguridad y Justicia de Horacio Rodríguez Larreta, el macrista Marcelo D'Alessandro. Estos se habían conocido por medio de una operación de hackeo ilegal sobre el teléfono del funcionario porteño, ahora en licencia.
 
La denuncia fue presentada por un abogado llamado Gastón Marano, el mismo que defiende a la banda de terroristas "los copitos" en el intento de asesinato a Cristina Kirchner. Inmediatamente interviene el polémico fiscal Carlos Stornelli, que dijo que la prueba es ilegal y por lo tanto no hay delito. Y como un rayo, el juez Ramos archivó la causa.
 
La decisión del juez se basa en el origen ilegal de las pruebas. Sin embargo, el macrismo y la oposición de derecha han apelado ampliamente al uso del espionaje ilegal para impulsar causas judiciales. En la causa del Memorándum de Entendimiento con Irán, que estaba cerrada, fue reabierta a partir de una conversación entre el excanciller Héctor Timerman y el expresidente de la AMIA Guillermo Borger, la cual fue obtenida de manera clandestina, aunque avalada en diferentes instancias por el fallecido juez Claudio Bonadio y los camaristas Gustavo Hornos y Mariano Borinsky.
 
Durante los años de Cambiemos, esta metodología de espionaje ilegal se extendió ampliamente. El caso más escandaloso fue la decisión de espiar a los familiares de las víctimas del submarino ARA-San Juan. En el caso concreto de los intercambios entre Robles y D'Alessandro, el contenido de los obscenos chats -que no pudo ser desmentido por los mismos implicados- muestra la estrecha relación entre un sector del máximo tribunal judicial y el funcionario de Rodríguez Larreta.
 
Esa connivencia se hizo aún más evidente semanas antes, cuando se conoció otra filtración ilegal que mostraba la fina relación entre funcionarios del macrismo, jueces federales de Comodoro Py y empresarios del Grupo Clarín. Lo que se hizo conocido como el escándalo de "Lago Escondido" mostró, abiertamente, esos vínculos mafiosos.
 
Estamos frente a una Justicia a la carta, donde hay dos Códigos Penales y dos Códigos de Procedimiento: uno el que le aplican al movimiento popular en su conjunto, y otro el que le aplican al macrismo y a sus cómplices de la mafia judicial. Queda un solo camino, que es acudir a los organismos internacionales y a los tribunales internacionales. La Justicia en la Argentina está obturada, clausurada para quienes no piensan como piensan los grupos dominantes y quienes no forman parte de la mafia judicial.
 
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LO RESOLVIÓ EL JUEZ SEBASTIÁN RAMOS EN TIEMPO RÉCORD
 
Robles y D'Alessandro consiguieron el cierre de la causa los chats filtrados
 
El vocero de Horacio Rosatti y el ministro de Horacio Rodríguez Larreta contaron con la inestimable ayuda del fiscal Carlos Stornelli, que dijo que la divulgación de las comunicaciones podría ser un caso de espionaje ilegal.
 
La dupla conformada por Silvio Robles y Marcelo D'Alessandro consiguió su primer éxito de la temporada 2023: en tiempo récord, el juez federal Sebastián Ramos archivó una denuncia que se había presentado por los chats que se filtraron a finales de diciembre y que mostraban cómo el principal asesor del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, le daba indicaciones al ministro de Justicia y Seguridad de Horacio Rodríguez Larreta.
 
Para la clausura del caso jugó un rol clave el fiscal Carlos Stornelli, quien sostuvo que las comunicaciones eran producto de la inteligencia ilegal. "Este archivo a las apuradas, nada menos que de un especialista en espionaje ilegal como el fiscal Stornelli, reafirma la necesidad institucional del juicio político a la Corte", le dijo a Página/12 el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria. "Dan vergüenza ajena verlos intentando encubrir y silenciar los arreglos espurios de Rosatti y Larreta a través de sus intermediarios", completó el funcionario.
 
En tan solo trece páginas, el juez Ramos sepultó la denuncia contra el director general de la vocalía de Rosatti. "No pueden ser admitidas bajo ningún concepto como parte de un juicio respetuoso del debido proceso pruebas o testimonios que hayan sido obtenidos, como a esta altura puede observarse, mediante maniobras organizadas basadas en actividades de inteligencia ilegal", escribió Ramos.
 
Sorprendió que el juez dijera tan rápidamente que la filtración era producto del espionaje ilegal porque ni siquiera indagó en el tema y porque en los tribunales de Comodoro Py hay una reticencia a investigar las prácticas de inteligencia ilegal -particularmente las que ocurrieron en el macrismo-. Hasta ahora, en esas denuncias se viene diciendo que no pasó nada o que fueron obra y gracia de un grupo de espías que actuaban por su propia cuenta.
 
"No somos iguales ante la ley", responde la abogada Valeria Carreras, que representa a familiares de los submarinistas del ARA San Juan. En su caso, se encontraron los partes que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) hacía sobre los parientes que reclamaban saber qué había pasado con el buque de la Armada Argentina que se hundió en noviembre de 2017.
 
Pese a la evidencia, la Cámara Federal porteña -superior de Ramos- consideró que se trataba de tareas para garantizar la seguridad de Mauricio Macri y que sacarles fotos o buscar datos de los familiares no generaba una afectación de derechos. "Mis representadas no han tenido ni la celeridad ni las contemplaciones que han obtenido Robles y D'Alessandro", apunta la abogada.
 
 
La desbandada
 
Después de que se conocieran los chats entre Robles y D'Alessandro, el abogado Gastón Marano -que ejerce como defensor de Nicolás Gabriel Carrizo en la causa del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner y antes había sido asesor del PRO en la Comisión Bicameral de Inteligencia (CBI)- presentó una denuncia contra Robles. Sostenía que no podía estar asesorando a D'Alessandro porque no tiene matrícula como abogado y que tampoco podría hacerlo al ser funcionario de la Corte.
 
La denuncia quedó radicada en el juzgado de Ariel Lijo, que está de vacaciones. Durante enero, lo reemplazó la jueza María Servini, que se excusó de intervenir. La magistrada -que aparecía mencionada en la filtración de chats- tuvo una disputa con D'Alessandro por su custodia, lo que la obligó a pedir protección de la Policía Federal Argentina (PFA) y abandonar la que le proporcionaba la Policía de la Ciudad. El fiscal que debía intervenir era Carlos Rívolo, pero -como aparecía como contacto frecuente de D'Alessandro en la filtración- también se inhibió.
 
Después de la excusación de Servini, la causa pasó al juzgado de María Eugenia Capuchetti, pero ella también está de feria. Fue frente a esa desbandada que el expediente quedó en manos de Ramos, uno de los jueces que suele intentar pasar bajo el radar. Ramos le corrió vista al fiscal, que resultó ser Carlos Stornelli.
 
 
La mano de Stornelli
 
Stornelli, a diferencia de Ramos, tiene cierta facilidad para terminar involucrado en escándalos. En 2019, el juez Alejo Ramos Padilla estuvo durante nueve meses tratando de indagarlo por su asociación con Marcelo Sebastián D'Alessio, que se presentaba como abogado o especialista en narcotráfico en los medios pero, en realidad, se dedicaba a la inteligencia ilegal y la extorsión.
 
Después de largos meses en rebeldía, Stornelli finalmente se presentó y Ramos Padilla lo procesó como parte de la banda que se dedicaba a la inteligencia ilegal. Pero el fiscal consiguió que la Cámara Federal de Mar del Plata le aliviara en mucho su situación: solo quedaron en pie los procesamientos por haber intentado hacerle una "cama" al exmarido de su actual pareja y una cámara oculta a José Manuel Ubeira, uno de los abogados de Cristina Fernández de Kirchner.
 
Stornelli se frotó las manos cuando le llegó la denuncia contra Robles y pidió cerrarla. Dijo básicamente que él ya pidió investigar la filtración del teléfono de D'Alessandro como si fuera parte de una maniobra de espionaje ilegal y que ahora no podría impulsar una investigación sobre hechos que surgen de información que puede haber sido obtenida ilícitamente.
 
De hecho, Stornelli lo que hizo fue impulsar la denuncia que presentó el propio D'Alessandro en la que se describe como una víctima y reclama que se investigue si el diputado Rodolfo Tailhade tuvo algo que ver con el hackeo.
 
Meses atrás, Página/12 ya había publicado que Stornelli estaba jugando a favor del sector de la Corte que lidera Rosatti cuando pidió cerrar la investigación sobre los desmanejos de la obra social que apunta hacia el entorno del supremo Juan Carlos Maqueda, aliado clave del presidente del máximo tribunal. Ahora, Stornelli hizo gala de su puntillosidad con la prueba. No pasó lo mismo en 2019 cuando pretendía usar escuchas ilegales -hechas a los exfuncionarios kirchneristas presos- para hacer caer la investigación del D'Alessiogate en lo que se conoció como "Operación Puf".
 
 
Cuestión de mensajes
 
En este caso, Stornelli fue un paso más allá para postular el cierre en favor de Robles. Recurrió al fallo de Casación que reabrió la causa del memorándum con Irán y citó lo que entonces dijo la camarista Ana Figueroa sobre que no podría usarse como evidencia una escucha ilegal obtenida entre el excanciller Héctor Timerman y el presidente de la AMIA Guillermo Borger. La cita de Stornelli no es inocente: el caso del memorándum fue invocado por el oficialismo para explicar que los tribunales habilitaron investigar aún cuando la procedencia de una prueba era ilícita. Con la evocación del voto minoritario de Figueroa, el fiscal mandó un mensaje.
 
Ante ese escenario, se presentó el lunes último el abogado de Robles, Matías Ledesma, y pidió el archivo de la causa. Lo obtuvo al día siguiente. La noticia recién se conoció en las últimas horas del miércoles a partir de un artículo de Carlos Pagni en La Nación.
 
Ramos podría haberse ceñido a que Stornelli no impulsó la acción penal, pero también buscó dar un mensaje. "El juez debe velar porque no haya injerencias arbitrarias o ilegales en la vida privada de las personas sin razón que la justifique", señaló. Echó mano también a la comparación con la última dictadura en la que dijo que la protección de la privacidad "sufrió su punto de menoscabo más alto" y habló del Juicio a las Juntas -en tiempos en que el proceso contra los nueve comandantes se volvió mainstream gracias al éxito de Argentina, 1985-.
 
 
La doble vara
 
Al no haber querellantes, no habrá quien apele la resolución de Ramos. Robles tenía, también, denuncias que habían presentado los gobernadores Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Ricardo Quintela (La Rioja). Todo hace presuponer que seguirán el mismo destino en los tribunales de Comodoro Py.
 
"La doble vara de Comodoro PRO está llegando a niveles nunca vistos", se queja Soria. "Cuando se trata de defenderse entre ellos y sus jefes se acuerdan de aplicar las garantías del debido proceso. Ahora, cuando el acusado sabe la marcha peronista, se olvidan del Código Procesal, las leyes y la Constitución", agrega el ministro.
 
El fallo tiene efectos que van más allá de beneficiar a Robles, que figuraba como denunciado. A D'Alessandro, su supuesto compinche en las comunicaciones, le viene bien para intentar el regreso al gabinete de Rodríguez Larreta del que salió tras el escándalo de la filtración con una licencia temporaria. Pese a todo, D'Alessandro nunca terminó de irse porque se supo que se aseguró una designación como docente titular en el Instituto Superior de Seguridad Porteña (ISSP), donde la jueza Capuchetti aparece nombrada como investigadora senior.
 
A Rosatti fundamentalmente lo favorece el fallo de Ramos ante el inicio del trámite del pedido de juicio político. A partir del lunes, comenzarán las sesiones extraordinarias y, en los próximos días, se convocará a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados para tratar la admisibilidad de las solicitudes que se presentaron.
 
El presidente de la Corte es quien concentró las críticas de los diputados y las diputadas del Frente de Todos por su "vocación cesarista" frente al Consejo de la Magistratura que él mismo preside después de un fallo que él mismo firmó, la cautelar a favor de la Ciudad en la disputa por la coparticipación, los desmanejos de la obra social y el 2x1 a los genocidas. Todo combinado con las supuestas comunicaciones entre su vocero y D'Alessandro.
 
Cerrada la denuncia en tiempo oportuno, es probable que la oposición -que se abroquela en defensa de los cuatro supremos- termine enarbolando la resolución como una bandera para decir que, si se sospecha del origen de la prueba, no podrá ser tenida en cuenta tampoco por el Congreso.
 
Por Luciana Bertoia
 
Fuente: Página 12
 

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08-02-2023 / 10:02
El Gobierno vs. el discurso económico de Juntos; ya se mueven y contrastan datos con la gestión del macrismo. Los laderos del ministro de Economía, Sergio Massa, vieron el comunicado de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio avisando que, de ganar, tendrán una herencia económica "bomba" y varios se sorprendieron.
 
Comentaron que "ellos hipotecaron el país con una deuda escandalosa, que hablen de herencia es cínico". Según se reconstruyó, fue ése el primer capítulo de algo que se volverá un método y que también tiene bajada de línea a la tropa desde Presidencia.
 
El Gobierno, desde diferentes sectores del Frente de Todos, saldrá a dar la pelea discursiva, en el marco de la campaña, sobre los resultados económicos de las gestiones de Alberto Fernández y Mauricio Macri.
 
Aún en un escenario inflacionario preocupante, hay consenso para contrastar variables con la gestión de Macri, a la que identifican como plena de cifras negativas en un escenario sin guerra, pandemia ni sequía. Y la generadora, al fin y al cabo, del mayor problema de la macroeconomía: los 45 mil millones de dólares que le pidieron al Fondo Monetario para no terminar de manera anticipada el Gobierno y ser competitivos en las elecciones del año 2019.
 
"Lo mejor que nos puede pasar es que hagan comunicados instalando el debate sobre las variables económicas", contó un ministro de alto rango que prepara números y estrategia para la contienda. El mismo dirigente asegura que "nosotros no escondemos los problemas que tenemos, pero ellos son incapaces, en el mano a mano, de reconocer los datos que muestran que vamos por el buen camino".
 
Si bien Massa sabe que está al borde de incumplir con su promesa de llegar a abril con una inflación con el 3 adelante, la concordia política sobre el rumbo y la estabilidad post salida de Martín Guzmán reformularon el escenario y hoy, por necesidad, el centro parece estar en aflojar la metralla interna hacia los temas económicos.
 
"Las diferencias se resuelven, hoy, puertas adentro, todos coincidimos en que el salario tiene que ganar más terreno, y es la premisa número uno del año", se sinceró un dirigente albertista.
 
Así las cosas, más allá de las tensiones aún reinantes y la posibilidad de que se institucionalice el Frente en la mesa política que ya convocó el Presidente, el Gobierno llegó a un punto de acuerdo en la identificación del enemigo político en los próximos comicios.
 
Será un debate directo sobre la herencia del macrismo en todos los frentes, incluido el de la inflación, que según aseguran se duplicó en relación a la que dejó Cristina Fernández en 2015. 
 

08-02-2023 / 09:02
El juicio por el crimen de Lucio Dupuy, producido el 26 de noviembre de 2021 cuando el niño tenía 5 años, llegó a su fin. Los jueces de Tribunal de Audiencias de Santa Rosa, La Pampa, declararon culpables a la madre, Magdalena Espósito Valenti, y a la novia de ella, Abigaíl Páez, de los delitos de homicidio agravado. Para los jueces Alejandra Ongaro, Andrés Olié y Daniel Sáez no hay dudas: ambas mujeres fueron las asesinas.
 
Las condenas a Espósito Valenti y Páez por el asesinato de Lucio Dupuy, aun cuando no se conoce todavía el monto de las penas, llegaron para reparar, aunque sea en parte, el dolor de la familia del niño y la conmoción de una sociedad desgarrada por un acto de crueldad inaudito.
 
Las figuras penales que utilizó el tribunal para respaldar el veredicto permiten anticipar que, el próximo 13 de febrero, cuando los magistrados den a conocer el texto completo de la sentencia con todas sus consideraciones, les caería a las dos mujeres la condena a reclusión perpetua. Las declaraciones públicas de quienes más interesados estaban en el resultado de este juicio, especialmente los abuelos y el padre del niño, el abogado querellante y los fiscales se mostraron conformes por la resolución del tribunal.
 
La trascendencia que le dieron al caso los medios de comunicación más grandes del país hizo que coincidiera su cobertura periodística con la que viene recibiendo otro juicio resonante: el que investiga el asesinato de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell por acción de un violento grupo de jóvenes.
 
La superposición temporal de ambos procesos judiciales, motivados por homicidios cometidos con derroche escalofriante de violencia -a pesar de las diferencias sustantivas entre ambos casos- generó una suerte de clima mediático propiciatorio para que se manifestaran voces desaforadas que corrieron el debate de los temas que más deberían interesar a la sociedad: la violencia doméstica, el sistema penal y carcelario, la presencia o ausencia del Estado a la hora de proteger a la niñez, las disputas paternas por la tenencia de menores, etcétera.
 
En muchos medios porteños, especialmente en la televisión, predominó el tinte sensacionalista, admonitorio y una fuerte carga de prejuicios. La orientación sexual de las entonces acusadas y hoy condenadas, o su presunta pertenencia al movimiento feminista ocupó un lugar central y, con ello, se desperdició la oportunidad de hablar en profundidad de los sucesos determinantes que rodearon al caso. El oportunista uso político de ambos crímenes fue otro condimento sobresaliente por estos días.
 
El Poder Judicial actuó con ejecutividad y resolvió el caso sin los tiempos morosos que se observaban antes de los debates orales. En el desarrollo de las audiencias supo preservar la intimidad en un proceso que sin dudas lo requería. Pero también es cierto que se filtraron elementos de prueba que alimentaron el morbo social y, asimismo, hubo accesos desmedidos a información reservada del caso en el sistema de salud pública, un tema que deberá merecer mucha atención en las autoridades del ministerio.
 
A pesar de la condena aún quedan varias asignaturas pendientes. La actuación de la jueza de Familia y el Menor de General Pico será evaluada, como todo lo indica, en un juicio político; pero también deben profundizarse las investigaciones sobre cómo fallaron en la detección precoz de la extrema violencia que sufrió Lucio el sistema de salud y el educativo, y, también, la policía provincial.
 
La Opinión Popular

07-02-2023 / 09:02
Fernando Báez Sosa fue y es la principal víctima de esta tragedia espesa, hiper mediatizada. Con él, su mamá Graciela y su padre Silvino. En charlas familiares o de café se los identifica por sus nombres de pila, que quizá mañana sirva para designar a una ley. Tradiciones de la democracia argentina, de eso se trata. Positivas en muchos sentidos aunque jamás perfectas. La solidaridad masiva con la familia de Fernando es tangible, rotunda, reconoce pocos antecedentes.  Sería necio o unidireccional atribuirlo solo al discurso predominante en los medios de difusión.
 
Fernando era un pibe de una familia tipo, pongalé. Papá y mamá paraguayos, gente de laburo, con hijo único. Tal vez de un escalón social menos empinado que el de quienes lo mataron en un acto plagado de barbarie con cuotas de machismo y racismo. En otros casos, quizá, la vocación aspiracional de los sectores medios que "hacen" opinión pública hubiera acercado a mucho público a los acusados, gente presentable, "influyente", calificó algún vecino de Zárate. No oligarcas ni aristócratas pero personas bien ranqueadas.
 
No ocurrió ante este homicidio... consecuencia de sus características, divulgadas hasta el hastío en cualquier horario de desprotección al menor. La identificación con la familia se funda en una escala de valores querible, humana.
 
El fenómeno se ha repetido, Silvino y Graciela recorren un itinerario transitado. Lo estilizo. La víctima, los familiares lo son, se planta frente a un micrófono o una cámara y cuenta el origen de su desdicha. Es una persona común, no tenía antes compromisos políticos (o si los tenía, no argumenta en su nombre), algo rompió la inercia de su existencia, algo la cambió definitivamente. Es irreparable.
 
La vida de esa víctima ya nunca será la misma y por eso se dirige a personas que se parecían a ella (las más veces) o a él antes de la privación. De privación hablamos, porque las víctimas estaban mejor, en un sentido sustantivo, antes de que ese "algo" aconteciera.
 
"Yo era como vos", le dice la víctima al espectador de la televisión o la radio. "Lo que me pasó te puede pasar porque la gente común está en riesgo, si las cosas no cambian". "Yo no quiero venganza, quiero justicia". Justicia no es sólo sanción a los culpables sino un cambio de escenario, parcial pero ineludible. Justicia es que la muerte de Fernando no haya sido en vano, que "esto no se repita".
 
Una sentencia justa, severa, forma parte de ese camino imaginario. Desprovista de detalles o de espinas en los que entraremos más abajo, es una noble utopía republicana. Las instituciones funcionan, las leyes se aplican, los culpables tienen castigo impartido por un Estado imparcial... la sociedad mejorará. Casi no hace falta agregar que este cronista enaltece esos pensamientos aunque descree de que su resultado promedio sea tan virtuoso.
 
Los familiares, larga prosapia, renuncian a la mal llamada "justicia por mano propia". O, por mejor decir: a la violencia privada, a la vendetta. Acuden a la ley y a las instituciones que deberían regular proporcionalidad en los castigos y frenar la violencia entre particulares. Deberían.
 

06-02-2023 / 12:02
Uno de los errores políticos más importantes del gobierno del presidente Alberto Fernández fue no haber impulsado cambios en la Corte Suprema heredada del macrismo en los primeros 15 días de mandato. No haber seguido el ejemplo de Néstor Kirchner, que el 5 de junio de 2003, habiendo asumido hace menos de dos semanas y con sólo el 22,25% de los votos, tomó el toro por las astas.
 
Néstor hizo ese día una cadena nacional. Leyó un discurso de 6.25 minutos. "Hemos asumido el compromiso de reconciliar a las instituciones con la sociedad", dijo, entre otras frases. Uno de los primeros efectos fue la renuncia del presidente de la Corte, el riojano Julio Nazareno, emblema de la mayoría automática del menemato. Con esa decisión, Nazareno pudo conservar la cuantiosa jubilación que reciben los jerarcas del Poder Judicial, ya que la hubiera perdido si dejaba el cargo por la vía del juicio político.
 
La mayoría de los funcionarios judiciales, por supuesto que no todos, están constituidos por una alquimia que mezcla un sentimiento de supremacía, por encima de la ley y la Constitución, con el sueño del burócrata de ser jubilado de lujo: ir todas las semanas a un palco del Colón, vacacionar en Europa.
 
En un juicio político la relación de fuerzas es clave. Néstor había sacado el 22,25%. Sin embargo, además de ser un líder político excepcional, con una enorme confianza en la fuerza de la voluntad, sabía que el anti menemismo en ese momento era mucho más que el porcentaje que él había conseguido y que esa relación de fuerzas inclinaría la balanza. La Argentina tuvo después la mejor Corte Suprema de su historia. El gobierno peronista le dio al país algunos años de una calidad institucional desconocida.
 
Alberto partió de la base de que la Corte se iba a adaptar a los nuevos vientos por instinto de supervivencia. Apostó a que los ministros que habían convalidado el lawfare dejando que se practique la violación a los derechos constitucionales iban a dar un volantazo y corregir el rumbo, similar a lo que ocurrió en Brasil. No pasó. Los procesos políticos en Brasil tienen esa tradición histórica. Argentina no es Brasil, para bien y para mal.
 
La Corte no se adaptó a los nuevos vientos que auguró el triunfo del FdT. Reaccionó de modo corporativo. Encubrió los delitos que habían realizado los tribunales inferiores: las extorsiones para conseguir las delaciones que le dieran carnadura a las acusaciones por supuesta corrupción, las violaciones al debido proceso para encarcelar y generar puestas en escena que les sirvieran a los grandes medios para construir shows y condenas mediáticas.
 
Luego, en 2021, tras la derrota electoral del peronismo a nivel nacional, el Máximo Tribunal dobló la apuesta. Los cortesanos se sintieron fortalecidos por la victoria de Juntos por el Cambio y se consolidaron como la Corte que defiende a los grandes grupos económicos que operan en la Argentina y al sector antiperonista de la política, con el respaldo de la embajada yanqui. Las causas contra Mauricio Macri no avanzan ni un centímetro. Están congeladas como Walt Disney.
 
La Corte y la Procuración General, ocupada por el interino Eduardo Casal, han sido durante estos tres años las trincheras del macrismo dentro de la estructura del Estado. Cuando Macri ganó las elecciones de 2015, su consultor Jaime Durán Barba solía decirle algo que se puede aplicar al FdT: "Tomamos el gobierno, pero todavía no el poder". El FdT ganó el gobierno, pero faltó la decisión política de desmontar la Corte macrista.
 
El juicio político impulsado ahora, disparado por el pornográfico fallo sobre coparticipación que financia la campaña de Horacio Rodríguez Larreta, se produce en un contexto de debilidad del peronismo, comparado con el inicio del mandato de Alberto. Pero en la política -y en la vida- se pelea por lo que puede pelear, aunque sea haya empezado tarde. 
 

06-02-2023 / 11:02
El presidente Alberto Fernández se ha declarado dispuesto a armar la "mesa electoral", una denominación que no dice gran cosa con relación a las tareas y el poder de decisión que el organismo asumiría.
 
La cuestión se desplaza -con algo de ingenuidad- a la creación de algo así como un foro de discusión pública en el que cada representante haría público su punto de vista sobre la "política electoral"; la indefinición es muy evidente y nada casual: se procura evitar la puesta en escena de distintos tipos y formas de cuestionamiento a la actual política gubernamental bajo la forma de "propuestas electorales".
 
Esto es lógico y muy criterioso: si la "mesa" se convierte en un coro de voces críticas desde distintas lógicas y perspectivas políticas poco podría acumular a favor de un impulso de unidad de acción a la que se supone una exigencia mínima de cualquier pretensión de triunfo electoral.
 
Además, para la elección presidencial faltan varios meses todavía. Pero es muy importante que los organizadores sean conscientes de que tarde o temprano el balance del gobierno de estos cuatro años de gobierno deberá hacerse. Y no solamente eso, sino que ese balance deberá ser estructurado en una clave política que permita que todas las voces -o la mayoría, las más influyentes, las más representativas- se expresen públicamente.
 
Es impensable que una "mesa" jerarquice los puntos de vista de unos sobre los de otros: lo mejor sería dejar todas las interpretaciones abiertas. Porque el momento decisivo de un eventual renacimiento del frente debería ser el de las primarias abiertas. Allí será donde se organicen los acuerdos y las diferencias, el balance y la proyección futura de la coalición.
 
Una mirada "ideal" aconseja ese orden: primero el balance que cada sector hace de la marcha de la experiencia de gobierno, una evaluación pública, plenamente abierta a la discusión de todo aquel que quiera sumar su punto de vista. No habría posiciones "buenas o malas", la etapa establecería los contornos de la discusión, los acuerdos y los desacuerdos.
 
Ahora bien, la "mesa" debería abstenerse de establecer jerarquías entre los puntos de vista. Este circuito tiene una enorme ventaja respecto de lo que fue práctica del FdT desde su fundación: el cierre de las primarias a un puñado de actores. Todos tendrían derecho a defender su punto de vista desde la plataforma que existe y tiene fuerza legal precisamente por esa virtud: la de someterse a la prueba de la voluntad del electorado. 
 

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