. Estos se habían conocido por medio de una operación de hackeo ilegal sobre el teléfono del funcionario porteño, ahora en licencia.
 
La denuncia fue presentada por un abogado llamado Gastón Marano, el mismo que defiende a la banda de terroristas "los copitos" en el intento de asesinato a Cristina Kirchner. Inmediatamente interviene el polémico fiscal Carlos Stornelli, que dijo que la prueba es ilegal y por lo tanto no hay delito. Y como un rayo, el juez Ramos archivó la causa.
 
La decisión del juez se basa en el origen ilegal de las pruebas. Sin embargo, el macrismo y la oposición de derecha han apelado ampliamente al uso del espionaje ilegal para impulsar causas judiciales. En la causa del Memorándum de Entendimiento con Irán, que estaba cerrada, fue reabierta a partir de una conversación entre el excanciller Héctor Timerman y el expresidente de la AMIA Guillermo Borger, la cual fue obtenida de manera clandestina, aunque avalada en diferentes instancias por el fallecido juez Claudio Bonadio y los camaristas Gustavo Hornos y Mariano Borinsky.
 
Durante los años de Cambiemos, esta metodología de espionaje ilegal se extendió ampliamente. El caso más escandaloso fue la decisión de espiar a los familiares de las víctimas del submarino ARA-San Juan. En el caso concreto de los intercambios entre Robles y D'Alessandro, el contenido de los obscenos chats -que no pudo ser desmentido por los mismos implicados- muestra la estrecha relación entre un sector del máximo tribunal judicial y el funcionario de Rodríguez Larreta.
 
Esa connivencia se hizo aún más evidente semanas antes, cuando se conoció otra filtración ilegal que mostraba la fina relación entre funcionarios del macrismo, jueces federales de Comodoro Py y empresarios del Grupo Clarín. Lo que se hizo conocido como el escándalo de "Lago Escondido" mostró, abiertamente, esos vínculos mafiosos.
 
Estamos frente a una Justicia a la carta, donde hay dos Códigos Penales y dos Códigos de Procedimiento: uno el que le aplican al movimiento popular en su conjunto, y otro el que le aplican al macrismo y a sus cómplices de la mafia judicial. Queda un solo camino, que es acudir a los organismos internacionales y a los tribunales internacionales. La Justicia en la Argentina está obturada, clausurada para quienes no piensan como piensan los grupos dominantes y quienes no forman parte de la mafia judicial.
 
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'/> Rosatti y D'Alessandro consiguieron el cierre de la causa de los chats filtrados en tiempo récord / La Opinión Popular
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Nacionales - 20-01-2023 / 11:01
POR OPERACIONES CONTRA EL PERONISMO ARMADAS EN CONJUNTO POR LA CORTE SUPREMA Y EL PRO

Rosatti y D'Alessandro consiguieron el cierre de la causa de los chats filtrados en tiempo récord

Rosatti y D'Alessandro consiguieron el cierre de la causa de los chats filtrados en tiempo récord
En tiempo record y con la intervención clave del fiscal macrista Carlos Stornelli, el juez federal Sebastián Ramos cerró la causa por los chats que exhibieron las operaciones contra el peronismo armadas en conjunto por la Corte Suprema y el PRO. El fiscal, que actuó varias veces en base a espionajes ilegales y está procesado por ese mismo delito, ahora se negó a acusar porque la causa surgió de un supuesto hackeo.
El juez federal Sebastián Ramos decidió archivar en forma exprés la causa en la que se investigaban los escandalosos chats entre Silvio Robles, estrecho colaborador del titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y el ministro de Seguridad y Justicia de Horacio Rodríguez Larreta, el macrista Marcelo D'Alessandro. Estos se habían conocido por medio de una operación de hackeo ilegal sobre el teléfono del funcionario porteño, ahora en licencia.
 
La denuncia fue presentada por un abogado llamado Gastón Marano, el mismo que defiende a la banda de terroristas "los copitos" en el intento de asesinato a Cristina Kirchner. Inmediatamente interviene el polémico fiscal Carlos Stornelli, que dijo que la prueba es ilegal y por lo tanto no hay delito. Y como un rayo, el juez Ramos archivó la causa.
 
La decisión del juez se basa en el origen ilegal de las pruebas. Sin embargo, el macrismo y la oposición de derecha han apelado ampliamente al uso del espionaje ilegal para impulsar causas judiciales. En la causa del Memorándum de Entendimiento con Irán, que estaba cerrada, fue reabierta a partir de una conversación entre el excanciller Héctor Timerman y el expresidente de la AMIA Guillermo Borger, la cual fue obtenida de manera clandestina, aunque avalada en diferentes instancias por el fallecido juez Claudio Bonadio y los camaristas Gustavo Hornos y Mariano Borinsky.
 
Durante los años de Cambiemos, esta metodología de espionaje ilegal se extendió ampliamente. El caso más escandaloso fue la decisión de espiar a los familiares de las víctimas del submarino ARA-San Juan. En el caso concreto de los intercambios entre Robles y D'Alessandro, el contenido de los obscenos chats -que no pudo ser desmentido por los mismos implicados- muestra la estrecha relación entre un sector del máximo tribunal judicial y el funcionario de Rodríguez Larreta.
 
Esa connivencia se hizo aún más evidente semanas antes, cuando se conoció otra filtración ilegal que mostraba la fina relación entre funcionarios del macrismo, jueces federales de Comodoro Py y empresarios del Grupo Clarín. Lo que se hizo conocido como el escándalo de "Lago Escondido" mostró, abiertamente, esos vínculos mafiosos.
 
Estamos frente a una Justicia a la carta, donde hay dos Códigos Penales y dos Códigos de Procedimiento: uno el que le aplican al movimiento popular en su conjunto, y otro el que le aplican al macrismo y a sus cómplices de la mafia judicial. Queda un solo camino, que es acudir a los organismos internacionales y a los tribunales internacionales. La Justicia en la Argentina está obturada, clausurada para quienes no piensan como piensan los grupos dominantes y quienes no forman parte de la mafia judicial.
 
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LO RESOLVIÓ EL JUEZ SEBASTIÁN RAMOS EN TIEMPO RÉCORD
 
Robles y D'Alessandro consiguieron el cierre de la causa los chats filtrados
 
El vocero de Horacio Rosatti y el ministro de Horacio Rodríguez Larreta contaron con la inestimable ayuda del fiscal Carlos Stornelli, que dijo que la divulgación de las comunicaciones podría ser un caso de espionaje ilegal.
 
La dupla conformada por Silvio Robles y Marcelo D'Alessandro consiguió su primer éxito de la temporada 2023: en tiempo récord, el juez federal Sebastián Ramos archivó una denuncia que se había presentado por los chats que se filtraron a finales de diciembre y que mostraban cómo el principal asesor del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, le daba indicaciones al ministro de Justicia y Seguridad de Horacio Rodríguez Larreta.
 
Para la clausura del caso jugó un rol clave el fiscal Carlos Stornelli, quien sostuvo que las comunicaciones eran producto de la inteligencia ilegal. "Este archivo a las apuradas, nada menos que de un especialista en espionaje ilegal como el fiscal Stornelli, reafirma la necesidad institucional del juicio político a la Corte", le dijo a Página/12 el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria. "Dan vergüenza ajena verlos intentando encubrir y silenciar los arreglos espurios de Rosatti y Larreta a través de sus intermediarios", completó el funcionario.
 
En tan solo trece páginas, el juez Ramos sepultó la denuncia contra el director general de la vocalía de Rosatti. "No pueden ser admitidas bajo ningún concepto como parte de un juicio respetuoso del debido proceso pruebas o testimonios que hayan sido obtenidos, como a esta altura puede observarse, mediante maniobras organizadas basadas en actividades de inteligencia ilegal", escribió Ramos.
 
Sorprendió que el juez dijera tan rápidamente que la filtración era producto del espionaje ilegal porque ni siquiera indagó en el tema y porque en los tribunales de Comodoro Py hay una reticencia a investigar las prácticas de inteligencia ilegal -particularmente las que ocurrieron en el macrismo-. Hasta ahora, en esas denuncias se viene diciendo que no pasó nada o que fueron obra y gracia de un grupo de espías que actuaban por su propia cuenta.
 
"No somos iguales ante la ley", responde la abogada Valeria Carreras, que representa a familiares de los submarinistas del ARA San Juan. En su caso, se encontraron los partes que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) hacía sobre los parientes que reclamaban saber qué había pasado con el buque de la Armada Argentina que se hundió en noviembre de 2017.
 
Pese a la evidencia, la Cámara Federal porteña -superior de Ramos- consideró que se trataba de tareas para garantizar la seguridad de Mauricio Macri y que sacarles fotos o buscar datos de los familiares no generaba una afectación de derechos. "Mis representadas no han tenido ni la celeridad ni las contemplaciones que han obtenido Robles y D'Alessandro", apunta la abogada.
 
 
La desbandada
 
Después de que se conocieran los chats entre Robles y D'Alessandro, el abogado Gastón Marano -que ejerce como defensor de Nicolás Gabriel Carrizo en la causa del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner y antes había sido asesor del PRO en la Comisión Bicameral de Inteligencia (CBI)- presentó una denuncia contra Robles. Sostenía que no podía estar asesorando a D'Alessandro porque no tiene matrícula como abogado y que tampoco podría hacerlo al ser funcionario de la Corte.
 
La denuncia quedó radicada en el juzgado de Ariel Lijo, que está de vacaciones. Durante enero, lo reemplazó la jueza María Servini, que se excusó de intervenir. La magistrada -que aparecía mencionada en la filtración de chats- tuvo una disputa con D'Alessandro por su custodia, lo que la obligó a pedir protección de la Policía Federal Argentina (PFA) y abandonar la que le proporcionaba la Policía de la Ciudad. El fiscal que debía intervenir era Carlos Rívolo, pero -como aparecía como contacto frecuente de D'Alessandro en la filtración- también se inhibió.
 
Después de la excusación de Servini, la causa pasó al juzgado de María Eugenia Capuchetti, pero ella también está de feria. Fue frente a esa desbandada que el expediente quedó en manos de Ramos, uno de los jueces que suele intentar pasar bajo el radar. Ramos le corrió vista al fiscal, que resultó ser Carlos Stornelli.
 
 
La mano de Stornelli
 
Stornelli, a diferencia de Ramos, tiene cierta facilidad para terminar involucrado en escándalos. En 2019, el juez Alejo Ramos Padilla estuvo durante nueve meses tratando de indagarlo por su asociación con Marcelo Sebastián D'Alessio, que se presentaba como abogado o especialista en narcotráfico en los medios pero, en realidad, se dedicaba a la inteligencia ilegal y la extorsión.
 
Después de largos meses en rebeldía, Stornelli finalmente se presentó y Ramos Padilla lo procesó como parte de la banda que se dedicaba a la inteligencia ilegal. Pero el fiscal consiguió que la Cámara Federal de Mar del Plata le aliviara en mucho su situación: solo quedaron en pie los procesamientos por haber intentado hacerle una "cama" al exmarido de su actual pareja y una cámara oculta a José Manuel Ubeira, uno de los abogados de Cristina Fernández de Kirchner.
 
Stornelli se frotó las manos cuando le llegó la denuncia contra Robles y pidió cerrarla. Dijo básicamente que él ya pidió investigar la filtración del teléfono de D'Alessandro como si fuera parte de una maniobra de espionaje ilegal y que ahora no podría impulsar una investigación sobre hechos que surgen de información que puede haber sido obtenida ilícitamente.
 
De hecho, Stornelli lo que hizo fue impulsar la denuncia que presentó el propio D'Alessandro en la que se describe como una víctima y reclama que se investigue si el diputado Rodolfo Tailhade tuvo algo que ver con el hackeo.
 
Meses atrás, Página/12 ya había publicado que Stornelli estaba jugando a favor del sector de la Corte que lidera Rosatti cuando pidió cerrar la investigación sobre los desmanejos de la obra social que apunta hacia el entorno del supremo Juan Carlos Maqueda, aliado clave del presidente del máximo tribunal. Ahora, Stornelli hizo gala de su puntillosidad con la prueba. No pasó lo mismo en 2019 cuando pretendía usar escuchas ilegales -hechas a los exfuncionarios kirchneristas presos- para hacer caer la investigación del D'Alessiogate en lo que se conoció como "Operación Puf".
 
 
Cuestión de mensajes
 
En este caso, Stornelli fue un paso más allá para postular el cierre en favor de Robles. Recurrió al fallo de Casación que reabrió la causa del memorándum con Irán y citó lo que entonces dijo la camarista Ana Figueroa sobre que no podría usarse como evidencia una escucha ilegal obtenida entre el excanciller Héctor Timerman y el presidente de la AMIA Guillermo Borger. La cita de Stornelli no es inocente: el caso del memorándum fue invocado por el oficialismo para explicar que los tribunales habilitaron investigar aún cuando la procedencia de una prueba era ilícita. Con la evocación del voto minoritario de Figueroa, el fiscal mandó un mensaje.
 
Ante ese escenario, se presentó el lunes último el abogado de Robles, Matías Ledesma, y pidió el archivo de la causa. Lo obtuvo al día siguiente. La noticia recién se conoció en las últimas horas del miércoles a partir de un artículo de Carlos Pagni en La Nación.
 
Ramos podría haberse ceñido a que Stornelli no impulsó la acción penal, pero también buscó dar un mensaje. "El juez debe velar porque no haya injerencias arbitrarias o ilegales en la vida privada de las personas sin razón que la justifique", señaló. Echó mano también a la comparación con la última dictadura en la que dijo que la protección de la privacidad "sufrió su punto de menoscabo más alto" y habló del Juicio a las Juntas -en tiempos en que el proceso contra los nueve comandantes se volvió mainstream gracias al éxito de Argentina, 1985-.
 
 
La doble vara
 
Al no haber querellantes, no habrá quien apele la resolución de Ramos. Robles tenía, también, denuncias que habían presentado los gobernadores Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Ricardo Quintela (La Rioja). Todo hace presuponer que seguirán el mismo destino en los tribunales de Comodoro Py.
 
"La doble vara de Comodoro PRO está llegando a niveles nunca vistos", se queja Soria. "Cuando se trata de defenderse entre ellos y sus jefes se acuerdan de aplicar las garantías del debido proceso. Ahora, cuando el acusado sabe la marcha peronista, se olvidan del Código Procesal, las leyes y la Constitución", agrega el ministro.
 
El fallo tiene efectos que van más allá de beneficiar a Robles, que figuraba como denunciado. A D'Alessandro, su supuesto compinche en las comunicaciones, le viene bien para intentar el regreso al gabinete de Rodríguez Larreta del que salió tras el escándalo de la filtración con una licencia temporaria. Pese a todo, D'Alessandro nunca terminó de irse porque se supo que se aseguró una designación como docente titular en el Instituto Superior de Seguridad Porteña (ISSP), donde la jueza Capuchetti aparece nombrada como investigadora senior.
 
A Rosatti fundamentalmente lo favorece el fallo de Ramos ante el inicio del trámite del pedido de juicio político. A partir del lunes, comenzarán las sesiones extraordinarias y, en los próximos días, se convocará a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados para tratar la admisibilidad de las solicitudes que se presentaron.
 
El presidente de la Corte es quien concentró las críticas de los diputados y las diputadas del Frente de Todos por su "vocación cesarista" frente al Consejo de la Magistratura que él mismo preside después de un fallo que él mismo firmó, la cautelar a favor de la Ciudad en la disputa por la coparticipación, los desmanejos de la obra social y el 2x1 a los genocidas. Todo combinado con las supuestas comunicaciones entre su vocero y D'Alessandro.
 
Cerrada la denuncia en tiempo oportuno, es probable que la oposición -que se abroquela en defensa de los cuatro supremos- termine enarbolando la resolución como una bandera para decir que, si se sospecha del origen de la prueba, no podrá ser tenida en cuenta tampoco por el Congreso.
 
Por Luciana Bertoia
 
Fuente: Página 12
 

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23-02-2026 / 09:02
Como era de prever, el debate y votación por la reforma laboral ratificaron al Congreso en un rol de actor secundario frente a las ambiciones del gobierno de Javier "el Loco" Milei. Los tránsfugas del peronismo, sin siquiera sonrojarse, lo consiguieron nuevamente. Los cómplices -los que llegaron a la banca con discursos y valores opuestos- fueron claves para lograr el quórum que La Libertad Avanza no hubiera conseguido con el aporte de sus aliados tradicionales y, luego, para la media sanción.
 
La política, entre traidores y canallas, tras la votación de la reforma laboral libertaria. Fueron claves, primero, para lograr el quórum que La Libertad Avanza no hubiera conseguido con el aporte de sus aliados tradicionales. Diputados santacruceños, tucumanos, salteños, catamarqueños, misioneros, llegados a sus bancas en 2023 y 2025 gracias a pertenencias partidarias y/o discursos inversos a lo que sostuvieron, deberían acentuar el señalamiento acerca de la facilidad con que pasan de manos.
 
Myriam Bregman lo resaltó en su también destacada exposición, pero aportó cierto aditamento al remarcar que "cuando la conducta política se repite, cuando los de Tucumán y otras provincias estaban con Milei antes de las elecciones de octubre y vuelven a estar después, ¿no se aplica la reiterancia y reincidencia para la conducta política? ¿Por qué son traidores? Son canallas". Se preguntó qué pasaría "si a la clase política, a la casta política, les aplicaran lo mismo; a los que dicen que la vienen a combatir, y a los que les votan las leyes y la retroalimentan".
 
Traidores y canallas son términos complementarios, pero ese apunte de Bregman sirve para reforzar el cinismo "corporativo" (quizás sin comillas) de esos adefesios. Las bancas les pertenecen en su individualidad. Eso es correcto y debe quedar claro. Pero tal cosa no implica que la alianza o partido que les facilitó su acceso parlamentario no deba expulsarlos, sin más ni más.
 
¿Por qué no puede hacerlo? Porque, sin entrar a la discusión sobre cómo se conformaron Unión por la Patria y Fuerza Patria, ni tampoco a la de las contradicciones que surcan al peronismo, es objetivo que esa fuerza carece hoy de, casi, cualquier atisbo de conducción. Está virtualmente a la deriva y, como bien reconoció y advirtió Axel Kicillof una vez que se le ¿despejó? el camino de la interna bonaerense, lo que se (le) viene no es un año de campaña, sino de construcción. Pueden ir de la mano, pero no son lo mismo.
 
Hasta que eso no comience a suceder, es de una ingenuidad supina imaginar que pueda haber alguna decisión, unificada, así sea respecto de cuestiones estratégicas. Para reiterar, lo subrayó que el bloque de Fuerza Patria se partió casi exactamente al medio en la votación sobre el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Esa ausencia conductiva, de lo que aspiraría a ser una oposición auténtica, se revela también en la facilidad con que los Milei imponen la agenda de su desorden hasta ahora bien ordenado. O bien ejecutivo.
 
Desde ya que tienen sus "fugas" o sobregiros, como los del coloso Sturzenegger mandado por las suyas a elogiar el voto sobre las licencias por enfermedad. Despertó la reacción de opositores ¡y oficialistas!, a quienes en el Senado no se les ocurrió leer lo que votaban. Este aspecto, el de quedar presos de la ofensiva gubernamental en todas las direcciones sin saber privilegiar cuáles son los ítems principales, abarca al debate sobre la reforma laboral.
 
Hubo firmeza y muy buenas intervenciones desde el bloque de Fuerza Patria (Germán Martínez, Julia Strada, Vanesa Siley, Máximo Kirchner, entre otros), pero no alcanzó ante los cómplices gubernamentales.
 

22-02-2026 / 09:02
Todavía falta para que el desastroso gobierno de Javier "el Loco" Milei haga todo el daño que su restauración conservadora pretende. Ni siquiera se ha llegado a la mitad del camino. La reforma laboral que sancionó la Cámara de Diputados esta semana y que volverá a debatirse en el Senado es un punto central, pero todavía falta.
 
Hay un encadenamiento en la demolición. Se van derribando uno por uno los pilares civilizatorios de la sociedad argentina y la justificación para hacerlo se repite en todos los casos. Las universidades públicas, se argumentó en su momento, se financian con el IVA que pagan los sectores populares al comprar un kilo de pan. Y a estudiar asisten sectores de clase media. El razonamiento es que los pobres financian a sectores más pudientes. Entonces hay desfinanciar las universidades. Para el INCA, motor de la industria del cine nacional, se utilizó un argumento similar.
 
Luego llegó el turno de los industriales. El sector textil está siendo arrasado por el combo de la política económica de Milei, dólar barato en base al endeudamiento, aumento de los servicios públicos, apertura de las importaciones. Es la tormenta perfecta. Ya se sabe. Ya se hizo. Ya fracasó. El argumento para justificar la situación crítica del sector es que no se puede sacrificar a 50 millones de argentinos a comprar ropa más cara para sostener una industria en la que trabajan 500 mil personas. Lo dijo, entre otros fundamentalistas del neoliberalismo, el economista Miguel Boggiano.
 
En los próximos días se aplicará la misma excusa para el sector del neumático, la industria automotriz, la del calzado, y la lista sigue. La pregunta es: ¿dónde van a trabajar los argentinos? Si el razonamiento es que se está defendiendo a los consumidores, ¿cómo van a consumir los que pierden el empleo? Es tan obvio que parece absurdo decirlo. Pero la argentina mileísta tiene una buena dosis de delirio así que hay que explicar lo obvio. Quieren destruir la clase media y latinoamericanizar la Argentina. 
 
Un breve desvío del tema: es habitual que entre los fundamentalistas del supuesto libre mercado haya muchos nenes de papás que fueron funcionarios de los lugares más privilegiados del sector público. En el caso de Boggiano su padre fue ministro de la Corte Suprema, el lugar más selecto de la casta estatal. Puede agregarse el ejemplo del exmarido de la modelo Pampita, Roberto García Moritán. Su padre tiene el mismo nombre y tuvo una larga carrera como diplomático. Fue embajador en Suiza hasta 1987. Se ve que es fácil jugar al neoliberalismo habiendo crecido en una casa donde papá recibía en su cuenta un sueldo de miles de dólares todos los meses pagado por los contribuyentes.
 
Volviendo al tema, todavía falta para que Milei alcance sus objetivos de destrucción, si se toma en cuenta los modelos de país que sus funcionarios tienen como ejemplo. El actual presidente del Banco Central, Santiago Bausili, dijo en el streaming Carajo que su modelo era Perú. El ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, estaba sentado al lado de Bausili y asentía con risa cómplice.
 
Perú tiene 70,1% de trabajadores informales según las últimas estadísticas del INEI (el INDEC peruano). La Argentina tiene 43%. Creció desde que asumió Milei. Todavía faltan 27 puntos para llegar a la meta, unos 4 millones de trabajadores más deben pasar a la informalidad. Desde el punto de vista político la situación de Perú es caótica. Del 2016 a febrero de 2026 hubo 9 presidentes. Al último, José Jerí, lo removieron del cargo el martes de la semana pasada.
 
¿Qué es lo bueno? Desde la óptica clásica de la derecha argentina lo positivo es que la economía está centrada en los productos de exportación, principalmente la minería, que no hay desarrollo industrial y por lo tanto no hay sindicalismo que pueda generar una puja distributiva potente. Además, se cumplen las instrucciones del sistema financiero internacional. ¿Podría Perú disminuir ese 70% de informalidad? Con ese modelo parece imposible. Lo están aplicando los últimos 30 años y los resultados están a la vista.
 
Por Demián Verduga
 

21-02-2026 / 10:02
Mundo desequilibrado. Discuten el futuro de Palestina para convertirla en una Miami del Medio Oriente, pero no consultan a los palestinos. En Argentina, el gobierno de Javier "el Loco" Milei organiza el trabajo como una Disneylandia para empresarios, y no consulta a los trabajadores. A diferente escala, porque en el primer caso se oculta un genocidio. Pero los argentinos trajinan sus propias tragedias con el cierre brutal de empresas y miles de trabajadores lanzados a la calle.
 
El jueves, cuando en Buenos Aires Diputados aprobaba la reforma laboral, en el marco de un paro nacional muy masivo, en Washington el cipayo Milei, se deshacía en elogios al mandatario estadounidense Donald Trump, que se autoproclamó presidente vitalicio del Consejo de la Paz. Trump habló de sus proyectos inmobiliarios de pacificación en Gaza, sin hablar de desmilitarizarla primero, al mismo tiempo que amenazaba, pacíficamente, con bombardear a Irán.
 
En este Occidente en decadencia y tan desigual y desequilibrado suceden cosas insólitas. En medio de su relajado discurso, en el que insistió que "no me interesa el premio Nobel de la Paz, me importa salvar vidas, que quede claro", Trump detuvo su alocución para piropear al presidente paraguayo, Santiago Peña: "un joven hermoso y apuesto, pero a mí no me gustan los hombres jóvenes y apuestos, a mí me gustan las mujeres".
 
Al Consejo de la Paz se unieron 27 países, aunque a la reunión del jueves asistieron también representantes de la mayoría de los latinoamericanos y europeos, que prefirieron mantenerse en calidad de observadores.
 
El martes, cuando Milei abandonó el país, la empresa FATE anunció que cerraba las puertas de su fábrica de neumáticos y dejaba en la calle a 920 obreros. La mayoría de ellos tenía varias décadas de antigüedad en una empresa que se fundó hace 80 años y ha exportado neumáticos a Estados Unidos y Europa, pero no pudo resistir la apertura de las importaciones.
 
La destrucción de la Argentina productiva avanzó a velocidad de la luz con Milei. Primero fue la industria textil, después la de electrodomésticos, y ahora tocó el turno a industrias más consolidadas, como Techint de Paolo Rocca, o Fate de los Madanes.
 
Techint se trasnacionalizó, pero el sesgo progresista distinguió el crecimiento de Fate, con Aluar. El ministro de Economía de Perón, José Ber Gelbard fue socio de los Madanes en Aluar, cuando la empresa acogió a científicos que habían sido expulsados de Ciencias Exactas e Ingeniería por la dictadura de Onganía, como Manuel Sadovsky, Carlos Varsavsky y el ingeniero Humberto Ciancaglini.
 
En ese momento los titulares de la empresa eran Adolfo y Manuel Madanes, quien impulsó la participación de Gelbard y después las de Sadovsky y Varsavsky. Adolfo se resistía a las implicancias políticas que tenía el proyecto de su hermano. El actual dueño, Javier Madanes, es hijo de Adolfo y sobrino de Manuel.
 
Desde la gerencia de Investigación y Desarrollo impulsada por Sadovsky y Varsavsky se crearon mecanismos propios para la producción de aluminio, y se convocó a un grupo de ingenieros que décadas más tarde formaría parte del que fue el emprendimiento privado más estratégico de innovación tecnológica.
 

20-02-2026 / 10:02
La bronca desde abajo le impuso a la CGT el paro nacional. Fue contundente a pesar de los límites de la conducción y mostró que la reforma laboral esclavista de Javier "el Loco" Milei es socialmente ilegítima. Casi ningún colectivo, nada de trenes, nada de industria, el centro de la ciudad vacía, muchos comercios cerrados y en el conurbano la misma inactividad. La convocatoria al paro lanzada por la CGT y las dos CTA y militada por el Frente de Sindicatos Unidos tuvo un enorme respaldo. Pasada la medianoche se aprobó en Diputados con modificaciones. Ahora vuele al Senado.
 
El movimiento obrero no tiene la fuerza de los años del capitalismo industrial o de la sustitución de importaciones. Sin embargo, el acatamiento al paro fue de una masividad que debería llamar a la reflexión al Gobierno y a los miserables diputados que votaron la reforma laboral. Más que el movimiento obrero, el paro fue representativo de la mayoría de la sociedad. Hay rechazo al despojo de reivindicaciones históricas. Pero muchos de los que acataron el paro conocen poco la letra completa del proyecto de ley, pero interpretaron y rechazaron el sustrato de desprecio y discriminación a los trabajadores que conlleva la propuesta.
 
La carga de desprecio, el volumen de humillación y maltrato que sobrevuelan a toda la norma consolida la idea que quieren instalar de un país con ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. El personaje profundamente mediocre y ofensivo de Federico Sturzenegger expresa un fanatismo tan vulgar, tan gris, que no alcanza a percibir el rechazo profundo que produjo en la mayoría de la sociedad. El economista que fracasó en los gobiernos de Fernando de la Rúa y de Mauricio Macri ha sido la cara visible de esta propuesta y al que todos acusan de haber intercalado la miserable iniciativa de pagarles la mitad del salario a los trabajadores enfermos.
 
Hay una narrativa antiderechos, antipolítica y antisindical que se construyó sobre defectos que existen pero que son excepcionales si se los compara con los beneficios, a los que esa narrativa desprecia o, al menos no valora. Todo lo que sea derechos constituye un robo. Los discapacitados mienten su discapacidad, los trabajadores mienten cuando dicen que están enfermos, los trabajadores nunca van a la universidad, los científicos son diletantes, la política y el sindicalismo solo sirven para robar.
 
Pero se les fue la mano y tuvieron que retirar la monstruosidad de pagarle la mitad a un trabajador enfermo. Eso no ocurría ni con los esclavos. Esa burrada es Sturzenegger puro. Esa narrativa tomó cuerpo en un sector de la sociedad y mucha gente votó esta gestión. Pero cuando empiezan a sacar derechos y obligaciones que buscaban asegurar a todos los ciudadanos como sujetos de derecho, la mayoría se siente afectada, incluso muchos de los que votaron al Loco Milei. Puede ser que haya otra explicación para este paro contundente, pero sería importante que el masivo acatamiento a esta convocatoria sirva para la reflexión de muchos de los diputados y senadores que aprueban esta norma que los marcará a fuego.
 
Pero toda la norma está concebida desde ese lugar donde se considera al trabajador poco menos que como un estafador con el que los autores de la norma están obligados a convivir. Por eso, los radicales, los gobernadores traidores de Catamarca, Tucumán y Salta, que se dicen peronistas, y los diputados misioneros, todos ellos que colaboraron en habilitar esta ley, quedaron muy lejos de la expectativa de sus votantes. El punto crítico para este gobierno será cuando ese enorme porcentaje que rechaza estas políticas se convierta también en rechazo a los que las impulsan.
 
Para impedir que se apruebe hay que multiplicar fuerzas, peleando por imponer un verdadero paro activo de 36 horas, que garantice una movilización masiva para impedir el retroceso en protección laboral.
 
La Opinión Popular
 

18-02-2026 / 10:02
Comenzó la reforma laboral y la empresa de neumáticos Fate resolvió el cierre definitivo de su planta en San Fernando tras 80 años. No hubo ninguna notificación ni aviso por parte de la empresa. La Policía ocupó la planta, demoró a Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, e hirió con balas de goma a trabajadores, quienes ingresaron pacíficamente a la planta y desde ahí llaman a solidarizarse con su pelea contra el cierre. Los dueños culparon a la política de apertura de importaciones indiscriminadas del gobierno libertario de Javier "el Loco" Milei, que destruye cada vez más la industria nacional.
 
Con una cruda declaración pública que demuestra los daños del modelo económico del gobierno anarco capitalista en la producción nacional, la compañía propiedad de la familia Madanes Quintanilla aclaró que el anuncio no se trata de un concurso preventivo de acreedores y descartó una reestructuración o un plan de salvataje. Se trata del cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente. "Se liquida todo y se baja la persiana", sentenciaron.
  
En un comunicado, la firma dejó claro que la principal consecuencia de la decisión que deja en la calle a casi mil familias se debe a la política de apertura de importaciones impulsada por la administración de La Libertad Avanza (LLA). Fate estaba produciendo 150 mil neumáticos mensuales, el 25 por ciento de su capacidad. Hoy, el 75 por ciento de las ruedas del mercado son chinas. Los otros grandes jugadores del sector, Pirelli y Bridgestone, enfrentan situaciones similares.
 
"Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre", dice el comunicado emitido a primeras horas de hoy por FATE. "Las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán dentro del plazo legal", aseguró el texto.
  
La planta de San Fernando es una de las más grandes del país y tenía una capacidad productiva que superó los 5 millones de neumáticos por año. Sin embargo, esa eficiencia se vio sacudida por el ingreso de 860.000 cubiertas de origen chino importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios obligó a Fate a rebajar sus productos y, consecuentemente, a dejar por el piso sus márgenes de ganancia.
 
Su cierre se trata de un evento anunciado. Desde 2024, la empresa había advertido sobre los golpes en su competitividad producto de la apertura económica indiscriminada que afecta la producción nacional. Durante los últimos dos años, la crisis comercial y productiva que hundió a la empresa fue erosionando la relación con los empleados, que a través de la representación gremial reclamó permanentemente sobre los daños al costo laboral, sueldos atrasados y reducción de jornadas de trabajo.
 
En su declaración, la compañía recordó que "a lo largo de más de ocho décadas Fate construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad".
 
"Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina", destacó. Milei los liquidó.
 
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