03:43 | Miercoles 25 de Marzo de 2013 | Entre Ríos

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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau

Nacionales - 20-01-2023 / 11:01

POR OPERACIONES CONTRA EL PERONISMO ARMADAS EN CONJUNTO POR LA CORTE SUPREMA Y EL PRO

Rosatti y D'Alessandro consiguieron el cierre de la causa de los chats filtrados en tiempo récord

En tiempo record y con la intervención clave del fiscal macrista Carlos Stornelli, el juez federal Sebastián Ramos cerró la causa por los chats que exhibieron las operaciones contra el peronismo armadas en conjunto por la Corte Suprema y el PRO. El fiscal, que actuó varias veces en base a espionajes ilegales y está procesado por ese mismo delito, ahora se negó a acusar porque la causa surgió de un supuesto hackeo.

El juez federal Sebastián Ramos decidió archivar en forma exprés la causa en la que se investigaban los escandalosos chats entre Silvio Robles, estrecho colaborador del titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y el ministro de Seguridad y Justicia de Horacio Rodríguez Larreta, el macrista Marcelo D'Alessandro. Estos se habían conocido por medio de una operación de hackeo ilegal sobre el teléfono del funcionario porteño, ahora en licencia.

La denuncia fue presentada por un abogado llamado Gastón Marano, el mismo que defiende a la banda de terroristas "los copitos" en el intento de asesinato a Cristina Kirchner. Inmediatamente interviene el polémico fiscal Carlos Stornelli, que dijo que la prueba es ilegal y por lo tanto no hay delito. Y como un rayo, el juez Ramos archivó la causa.

La decisión del juez se basa en el origen ilegal de las pruebas. Sin embargo, el macrismo y la oposición de derecha han apelado ampliamente al uso del espionaje ilegal para impulsar causas judiciales. En la causa del Memorándum de Entendimiento con Irán, que estaba cerrada, fue reabierta a partir de una conversación entre el excanciller Héctor Timerman y el expresidente de la AMIA Guillermo Borger, la cual fue obtenida de manera clandestina, aunque avalada en diferentes instancias por el fallecido juez Claudio Bonadio y los camaristas Gustavo Hornos y Mariano Borinsky.

Durante los años de Cambiemos, esta metodología de espionaje ilegal se extendió ampliamente. El caso más escandaloso fue la decisión de espiar a los familiares de las víctimas del submarino ARA-San Juan. En el caso concreto de los intercambios entre Robles y D'Alessandro, el contenido de los obscenos chats -que no pudo ser desmentido por los mismos implicados- muestra la estrecha relación entre un sector del máximo tribunal judicial y el funcionario de Rodríguez Larreta.

Esa connivencia se hizo aún más evidente semanas antes, cuando se conoció otra filtración ilegal que mostraba la fina relación entre funcionarios del macrismo, jueces federales de Comodoro Py y empresarios del Grupo Clarín. Lo que se hizo conocido como el escándalo de "Lago Escondido" mostró, abiertamente, esos vínculos mafiosos.

Estamos frente a una Justicia a la carta, donde hay dos Códigos Penales y dos Códigos de Procedimiento: uno el que le aplican al movimiento popular en su conjunto, y otro el que le aplican al macrismo y a sus cómplices de la mafia judicial. Queda un solo camino, que es acudir a los organismos internacionales y a los tribunales internacionales. La Justicia en la Argentina está obturada, clausurada para quienes no piensan como piensan los grupos dominantes y quienes no forman parte de la mafia judicial.

La Opinión Popular

LO RESOLVIÓ EL JUEZ SEBASTIÁN RAMOS EN TIEMPO RÉCORD

Robles y D'Alessandro consiguieron el cierre de la causa los chats filtrados

El vocero de Horacio Rosatti y el ministro de Horacio Rodríguez Larreta contaron con la inestimable ayuda del fiscal Carlos Stornelli, que dijo que la divulgación de las comunicaciones podría ser un caso de espionaje ilegal.

La dupla conformada por Silvio Robles y Marcelo D'Alessandro consiguió su primer éxito de la temporada 2023: en tiempo récord, el juez federal Sebastián Ramos archivó una denuncia que se había presentado por los chats que se filtraron a finales de diciembre y que mostraban cómo el principal asesor del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, le daba indicaciones al ministro de Justicia y Seguridad de Horacio Rodríguez Larreta.

Para la clausura del caso jugó un rol clave el fiscal Carlos Stornelli, quien sostuvo que las comunicaciones eran producto de la inteligencia ilegal. "Este archivo a las apuradas, nada menos que de un especialista en espionaje ilegal como el fiscal Stornelli, reafirma la necesidad institucional del juicio político a la Corte", le dijo a Página/12 el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria. "Dan vergüenza ajena verlos intentando encubrir y silenciar los arreglos espurios de Rosatti y Larreta a través de sus intermediarios", completó el funcionario.

En tan solo trece páginas, el juez Ramos sepultó la denuncia contra el director general de la vocalía de Rosatti. "No pueden ser admitidas bajo ningún concepto como parte de un juicio respetuoso del debido proceso pruebas o testimonios que hayan sido obtenidos, como a esta altura puede observarse, mediante maniobras organizadas basadas en actividades de inteligencia ilegal", escribió Ramos.

Sorprendió que el juez dijera tan rápidamente que la filtración era producto del espionaje ilegal porque ni siquiera indagó en el tema y porque en los tribunales de Comodoro Py hay una reticencia a investigar las prácticas de inteligencia ilegal -particularmente las que ocurrieron en el macrismo-. Hasta ahora, en esas denuncias se viene diciendo que no pasó nada o que fueron obra y gracia de un grupo de espías que actuaban por su propia cuenta.

"No somos iguales ante la ley", responde la abogada Valeria Carreras, que representa a familiares de los submarinistas del ARA San Juan. En su caso, se encontraron los partes que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) hacía sobre los parientes que reclamaban saber qué había pasado con el buque de la Armada Argentina que se hundió en noviembre de 2017.

Pese a la evidencia, la Cámara Federal porteña -superior de Ramos- consideró que se trataba de tareas para garantizar la seguridad de Mauricio Macri y que sacarles fotos o buscar datos de los familiares no generaba una afectación de derechos. "Mis representadas no han tenido ni la celeridad ni las contemplaciones que han obtenido Robles y D'Alessandro", apunta la abogada.

La desbandada

Después de que se conocieran los chats entre Robles y D'Alessandro, el abogado Gastón Marano -que ejerce como defensor de Nicolás Gabriel Carrizo en la causa del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner y antes había sido asesor del PRO en la Comisión Bicameral de Inteligencia (CBI)- presentó una denuncia contra Robles. Sostenía que no podía estar asesorando a D'Alessandro porque no tiene matrícula como abogado y que tampoco podría hacerlo al ser funcionario de la Corte.

La denuncia quedó radicada en el juzgado de Ariel Lijo, que está de vacaciones. Durante enero, lo reemplazó la jueza María Servini, que se excusó de intervenir. La magistrada -que aparecía mencionada en la filtración de chats- tuvo una disputa con D'Alessandro por su custodia, lo que la obligó a pedir protección de la Policía Federal Argentina (PFA) y abandonar la que le proporcionaba la Policía de la Ciudad. El fiscal que debía intervenir era Carlos Rívolo, pero -como aparecía como contacto frecuente de D'Alessandro en la filtración- también se inhibió.

Después de la excusación de Servini, la causa pasó al juzgado de María Eugenia Capuchetti, pero ella también está de feria. Fue frente a esa desbandada que el expediente quedó en manos de Ramos, uno de los jueces que suele intentar pasar bajo el radar. Ramos le corrió vista al fiscal, que resultó ser Carlos Stornelli.

La mano de Stornelli

Stornelli, a diferencia de Ramos, tiene cierta facilidad para terminar involucrado en escándalos. En 2019, el juez Alejo Ramos Padilla estuvo durante nueve meses tratando de indagarlo por su asociación con Marcelo Sebastián D'Alessio, que se presentaba como abogado o especialista en narcotráfico en los medios pero, en realidad, se dedicaba a la inteligencia ilegal y la extorsión.

Después de largos meses en rebeldía, Stornelli finalmente se presentó y Ramos Padilla lo procesó como parte de la banda que se dedicaba a la inteligencia ilegal. Pero el fiscal consiguió que la Cámara Federal de Mar del Plata le aliviara en mucho su situación: solo quedaron en pie los procesamientos por haber intentado hacerle una "cama" al exmarido de su actual pareja y una cámara oculta a José Manuel Ubeira, uno de los abogados de Cristina Fernández de Kirchner.

Stornelli se frotó las manos cuando le llegó la denuncia contra Robles y pidió cerrarla. Dijo básicamente que él ya pidió investigar la filtración del teléfono de D'Alessandro como si fuera parte de una maniobra de espionaje ilegal y que ahora no podría impulsar una investigación sobre hechos que surgen de información que puede haber sido obtenida ilícitamente.

De hecho, Stornelli lo que hizo fue impulsar la denuncia que presentó el propio D'Alessandro en la que se describe como una víctima y reclama que se investigue si el diputado Rodolfo Tailhade tuvo algo que ver con el hackeo.

Meses atrás, Página/12 ya había publicado que Stornelli estaba jugando a favor del sector de la Corte que lidera Rosatti cuando pidió cerrar la investigación sobre los desmanejos de la obra social que apunta hacia el entorno del supremo Juan Carlos Maqueda, aliado clave del presidente del máximo tribunal. Ahora, Stornelli hizo gala de su puntillosidad con la prueba. No pasó lo mismo en 2019 cuando pretendía usar escuchas ilegales -hechas a los exfuncionarios kirchneristas presos- para hacer caer la investigación del D'Alessiogate en lo que se conoció como "Operación Puf".

Cuestión de mensajes

En este caso, Stornelli fue un paso más allá para postular el cierre en favor de Robles. Recurrió al fallo de Casación que reabrió la causa del memorándum con Irán y citó lo que entonces dijo la camarista Ana Figueroa sobre que no podría usarse como evidencia una escucha ilegal obtenida entre el excanciller Héctor Timerman y el presidente de la AMIA Guillermo Borger. La cita de Stornelli no es inocente: el caso del memorándum fue invocado por el oficialismo para explicar que los tribunales habilitaron investigar aún cuando la procedencia de una prueba era ilícita. Con la evocación del voto minoritario de Figueroa, el fiscal mandó un mensaje.

Ante ese escenario, se presentó el lunes último el abogado de Robles, Matías Ledesma, y pidió el archivo de la causa. Lo obtuvo al día siguiente. La noticia recién se conoció en las últimas horas del miércoles a partir de un artículo de Carlos Pagni en La Nación.

Ramos podría haberse ceñido a que Stornelli no impulsó la acción penal, pero también buscó dar un mensaje. "El juez debe velar porque no haya injerencias arbitrarias o ilegales en la vida privada de las personas sin razón que la justifique", señaló. Echó mano también a la comparación con la última dictadura en la que dijo que la protección de la privacidad "sufrió su punto de menoscabo más alto" y habló del Juicio a las Juntas -en tiempos en que el proceso contra los nueve comandantes se volvió mainstream gracias al éxito de Argentina, 1985-.

La doble vara

Al no haber querellantes, no habrá quien apele la resolución de Ramos. Robles tenía, también, denuncias que habían presentado los gobernadores Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Ricardo Quintela (La Rioja). Todo hace presuponer que seguirán el mismo destino en los tribunales de Comodoro Py.

"La doble vara de Comodoro PRO está llegando a niveles nunca vistos", se queja Soria. "Cuando se trata de defenderse entre ellos y sus jefes se acuerdan de aplicar las garantías del debido proceso. Ahora, cuando el acusado sabe la marcha peronista, se olvidan del Código Procesal, las leyes y la Constitución", agrega el ministro.

El fallo tiene efectos que van más allá de beneficiar a Robles, que figuraba como denunciado. A D'Alessandro, su supuesto compinche en las comunicaciones, le viene bien para intentar el regreso al gabinete de Rodríguez Larreta del que salió tras el escándalo de la filtración con una licencia temporaria. Pese a todo, D'Alessandro nunca terminó de irse porque se supo que se aseguró una designación como docente titular en el Instituto Superior de Seguridad Porteña (ISSP), donde la jueza Capuchetti aparece nombrada como investigadora senior.

A Rosatti fundamentalmente lo favorece el fallo de Ramos ante el inicio del trámite del pedido de juicio político. A partir del lunes, comenzarán las sesiones extraordinarias y, en los próximos días, se convocará a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados para tratar la admisibilidad de las solicitudes que se presentaron.

El presidente de la Corte es quien concentró las críticas de los diputados y las diputadas del Frente de Todos por su "vocación cesarista" frente al Consejo de la Magistratura que él mismo preside después de un fallo que él mismo firmó, la cautelar a favor de la Ciudad en la disputa por la coparticipación, los desmanejos de la obra social y el 2x1 a los genocidas. Todo combinado con las supuestas comunicaciones entre su vocero y D'Alessandro.

Cerrada la denuncia en tiempo oportuno, es probable que la oposición -que se abroquela en defensa de los cuatro supremos- termine enarbolando la resolución como una bandera para decir que, si se sospecha del origen de la prueba, no podrá ser tenida en cuenta tampoco por el Congreso.

Por Luciana Bertoia

Fuente: Página 12

24-03-2026 / 13:03

Rodolfo Walsh tenía razón: De la "miseria planificada" al "plan motosierra"

A 50 años del golpe, parafraseando a Karl Marx, la historia se repite como tragedia y como farsa. Javier Milei no es un "outsider" anti casta, es el heredero directo del proyecto de Martínez de Hoz. La "miseria planificada" que denunció Rodolfo Walsh en su valiente carta de 1977 ha vuelto, esta vez con redes sociales y un discurso negacionista que busca garantizar la impunidad del saqueo económico actual.

Hace casi medio siglo, desde la clandestinidad y poco antes de ser acribillado, Rodolfo Walsh le enviaba a la Junta Militar su Carta Abierta. En ella, con una lucidez que todavía estremece, afirmaba que "en la política económica de ese gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada".

Milei no inventó nada. Sus "novedades" económicas son los restos de la herencia que dejaron los Falcon verdes. El actual esquema de desregulación salvaje, apertura indiscriminada de importaciones y destrucción del salario real es un calco del programa iniciado el 2 de abril de 1976 por José Alfredo Martínez de Hoz.

Hoy, bajo el gobierno de Javier Milei, esas palabras cobran una vigencia aterradora. El negacionismo que emana de la Casa Rosada no es un capricho ideológico ni una "batalla cultural" inocente; es la herramienta política necesaria para aplicar, una vez más, un plan de hambre que solo cierra con represión y olvido.

De la Redacción de La Opinión Popular

24-03-2026 / 13:03

El negacionismo de Milei como combustible del ajuste y la impunidad

A medio siglo del golpe que instauró el terrorismo de Estado, la Argentina enfrenta un escenario inédito: un gobierno que no solo reivindica la metodología represiva, sino que utiliza el negacionismo como pantalla para aplicar el mismo programa económico que Martínez de Hoz. La batalla hoy es por la memoria, pero también por el futuro.

La conmemoración de los 50 años del golpe cívico-militar de 1976 no encuentra a la Argentina en un momento de reflexión institucional, sino en una trinchera. El gobierno de Javier Milei, escoltado por una Victoria Villarruel que ha hecho de la apología de la dictadura su plataforma política, ha decidido romper el pacto democrático de 1983. Ya no se trata de "matices" históricos; estamos ante una ofensiva sistemática para demoler la base ética sobre la cual se reconstruyó la nación.

De la Redacción de La Opinión Popular

24-03-2026 / 12:03

Recordando a las Primeras Víctimas del Golpe Militar

Mientras la mayor parte de los argentinos dormían, en la madrugada del miércoles 24 de marzo de 1976, me desperté sobresaltado por los golpes en la puerta de mi casa. El "Chueco", un viejo compañero de militancia, me vino a comunicar que las Fuerzas Armadas habían derrocado al gobierno constitucional del peronismo.

Me vestí apresuradamente, me cambié el peinado, me afeite los bigotes y salí inmediatamente a alertar a otros compañeros. La primera casa a la que llegué, la de Rodolfo "Rody" Vittar, no existía más. Horas antes un comando paramilitar había llegado para detenerlo, y como no lo encontró, instaló explosivos y voló la vivienda hasta los cimientos.

La represión en Córdoba fue muy dura, igual que en muchos otros lugares del país. Este proceso desembocó en una sangrienta y larga noche de males, que dejó como saldo miles desaparecidos, una guerra perdida a manos de Gran Bretaña y un país económicamente quebrado, entre otras cosas.

Por eso, en el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y Justicia, en este nuevo aniversario del golpe militar genocida, quiero recordar y rendir un recóndito homenaje a tres queridos compañeros y amigos, asesinados ese siniestro 24 de marzo.

Ellos son: Víctor Lorenzo, Concejal en Córdoba Capital por la Juventud Revolucionaria Peronista, quien fuera ejecutado, el día del golpe, de un tiro en la cabeza en la cárcel local; don Luis Carnevale, Senador Nacional por la misma provincia, secuestrado y desaparecido ese mismo día; y el mayor Bernardo Alberte, ex Delegado Personal de Juan Perón, quien fuera arrojado a través de la ventana de su departamento, en un sexto piso, por una patrulla militar, la madrugada del siniestro Golpe de Estado.

Hay muertes, que por ser las primeras, son todo un símbolo. Los militares asesinos los eligieron primero porque eran peronistas. Y no se lo perdonaron. Pero, a pesar de las cárceles y los fusilamientos, de los compañeros muertos y los desaparecidos, nunca fuimos vencidos. Continuamos invariablemente las luchas que emprendieron Eva y Juan Perón.

Compañeros Víctor Lorenzo, Luis Carnevale y Bernardo Alberte, Presentes. Hasta la victoria, siempre.

Por Blas García para La Opinión Popular

24-03-2026 / 12:03

A 50 años del Golpe Cívico-Militar Genocida que estableció el Terrorismo de Estado

El 24 de marzo de 1976 una sublevación cívico-militar derrocó a la presidenta constitucional, María Estela Martínez, instalando una dictadura de tipo permanente autodenominada "Proceso de Reorganización Nacional", gobernada por una Junta Militar integrada por tres jerarcas militares, uno por cada fuerza. La junta designó como presidente de facto a Jorge Rafael Videla.

El gobierno militar suprimió los derechos civiles de los ciudadanos y las libertades públicas, anuló las garantías constitucionales, suspendió la actividad política, vedó los derechos de los trabajadores, intervino los sindicatos y la CGT, prohibió las huelgas, disolvió el Congreso y los partidos políticos, y destituyó la Corte Suprema de Justicia.

La dictadura impuso el terrorismo de Estado como método sistemático, un régimen de represión ilegal, violencia indiscriminada, persecuciones, tortura sistematizada y desaparición forzada de personas, en el que se violaron masivamente los derechos humanos y se produjeron, en un verdadero genocidio, decenas de miles de desaparecidos.

Pero la dictadura no se instaló sólo para torturar y matar gente, sino para posibilitar una transferencia masiva de riquezas hacia los núcleos más concentrados de la economía, quienes se apropiaron además de buena parte de los negocios públicos. Durante el proceso militar, por ejemplo, el grupo Macri pasó de tener 7 a 47 empresas, mostrando que el golpe no fue solo accionar de fuerzas represivas. Y los empresarios que mandaban en 1976, siguen mandando.

Para imponer un régimen alejado de los intereses nacionales y populares, el golpe militar fue ejecutado en contra del Pueblo y del peronismo en su conjunto, institucional, política e individualmente. Pensado en función del molde agro exportador de fines del siglo XIX que, dados los cambios internacionales, derivó en el programa pro financiero y desindustrializador, el modelo neoliberal. Hoy Javier Milei y Victoria Villaruel expresan muchos de esos ideales de Videla y Martínez de Hoz, pero también de los grandes empresarios, eternos dueños del país.

El Terrorismo de Estado produjo miles de desaparecidos. Hubo 30.000 luchadores sociales barridos por la represión, de todos los sectores políticos populares y revolucionarios. La inmensa mayoría de las víctimas fueron jóvenes, la inmensa mayoría fueron cuadros y militantes de la clase trabajadora, la inmensa mayoría fueron peronistas.

El Proceso puso fin al "Estado de Bienestar" fundado por Juan Perón y al Proyecto Nacional y Popular concebido por el justicialismo desde la década del 40, dejando en lamentable estado la convivencia democrática, la economía, la sociedad y las instituciones, abriendo profundas grietas que recién después de más de cuatro décadas empiezan a ser curadas.

A 50 años de aquel infausto 24 de marzo, en el contexto de un gobierno anarco capitalista que niega, justifica o exalta los crímenes cometidos por las fuerzas represivas, convocamos a mantener viva la memoria del Pueblo en apoyo a la continuidad de la búsqueda de memoria, verdad y justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos y en defensa de los Derechos Constitucionales, los Derechos Humanos y las Libertades individuales de ayer, de hoy y de siempre.

Carlos Morales para La Opinión Popular

23-03-2026 / 10:03

Se desploma la imagen de Javier Milei y la desaprobación trepa al 60%

La "luna de miel" que el gobierno de Javier Milei logró estirar artificialmente tras el respiro de las legislativas de 2025 parece haber llegado a un final abrupto y doloroso. Los datos no mienten: la realidad económica y los escándalos éticos han perforado el blindaje mediático del libertario, dejando al descubierto una gestión que hoy cosecha el rechazo de la mayoría de los argentinos.

Según el último informe de la consultora Zuban Córdoba, la desaprobación a la gestión presidencial se disparó en marzo al 58,7%, marcando un punto de quiebre que pulveriza el "empate técnico" de finales del año pasado.