. Estos se habían conocido por medio de una operación de hackeo ilegal sobre el teléfono del funcionario porteño, ahora en licencia.
 
La denuncia fue presentada por un abogado llamado Gastón Marano, el mismo que defiende a la banda de terroristas "los copitos" en el intento de asesinato a Cristina Kirchner. Inmediatamente interviene el polémico fiscal Carlos Stornelli, que dijo que la prueba es ilegal y por lo tanto no hay delito. Y como un rayo, el juez Ramos archivó la causa.
 
La decisión del juez se basa en el origen ilegal de las pruebas. Sin embargo, el macrismo y la oposición de derecha han apelado ampliamente al uso del espionaje ilegal para impulsar causas judiciales. En la causa del Memorándum de Entendimiento con Irán, que estaba cerrada, fue reabierta a partir de una conversación entre el excanciller Héctor Timerman y el expresidente de la AMIA Guillermo Borger, la cual fue obtenida de manera clandestina, aunque avalada en diferentes instancias por el fallecido juez Claudio Bonadio y los camaristas Gustavo Hornos y Mariano Borinsky.
 
Durante los años de Cambiemos, esta metodología de espionaje ilegal se extendió ampliamente. El caso más escandaloso fue la decisión de espiar a los familiares de las víctimas del submarino ARA-San Juan. En el caso concreto de los intercambios entre Robles y D'Alessandro, el contenido de los obscenos chats -que no pudo ser desmentido por los mismos implicados- muestra la estrecha relación entre un sector del máximo tribunal judicial y el funcionario de Rodríguez Larreta.
 
Esa connivencia se hizo aún más evidente semanas antes, cuando se conoció otra filtración ilegal que mostraba la fina relación entre funcionarios del macrismo, jueces federales de Comodoro Py y empresarios del Grupo Clarín. Lo que se hizo conocido como el escándalo de "Lago Escondido" mostró, abiertamente, esos vínculos mafiosos.
 
Estamos frente a una Justicia a la carta, donde hay dos Códigos Penales y dos Códigos de Procedimiento: uno el que le aplican al movimiento popular en su conjunto, y otro el que le aplican al macrismo y a sus cómplices de la mafia judicial. Queda un solo camino, que es acudir a los organismos internacionales y a los tribunales internacionales. La Justicia en la Argentina está obturada, clausurada para quienes no piensan como piensan los grupos dominantes y quienes no forman parte de la mafia judicial.
 
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'/> Rosatti y D'Alessandro consiguieron el cierre de la causa de los chats filtrados en tiempo récord / La Opinión Popular
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Nacionales - 20-01-2023 / 11:01
POR OPERACIONES CONTRA EL PERONISMO ARMADAS EN CONJUNTO POR LA CORTE SUPREMA Y EL PRO

Rosatti y D'Alessandro consiguieron el cierre de la causa de los chats filtrados en tiempo récord

Rosatti y D'Alessandro consiguieron el cierre de la causa de los chats filtrados en tiempo récord
En tiempo record y con la intervención clave del fiscal macrista Carlos Stornelli, el juez federal Sebastián Ramos cerró la causa por los chats que exhibieron las operaciones contra el peronismo armadas en conjunto por la Corte Suprema y el PRO. El fiscal, que actuó varias veces en base a espionajes ilegales y está procesado por ese mismo delito, ahora se negó a acusar porque la causa surgió de un supuesto hackeo.
El juez federal Sebastián Ramos decidió archivar en forma exprés la causa en la que se investigaban los escandalosos chats entre Silvio Robles, estrecho colaborador del titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y el ministro de Seguridad y Justicia de Horacio Rodríguez Larreta, el macrista Marcelo D'Alessandro. Estos se habían conocido por medio de una operación de hackeo ilegal sobre el teléfono del funcionario porteño, ahora en licencia.
 
La denuncia fue presentada por un abogado llamado Gastón Marano, el mismo que defiende a la banda de terroristas "los copitos" en el intento de asesinato a Cristina Kirchner. Inmediatamente interviene el polémico fiscal Carlos Stornelli, que dijo que la prueba es ilegal y por lo tanto no hay delito. Y como un rayo, el juez Ramos archivó la causa.
 
La decisión del juez se basa en el origen ilegal de las pruebas. Sin embargo, el macrismo y la oposición de derecha han apelado ampliamente al uso del espionaje ilegal para impulsar causas judiciales. En la causa del Memorándum de Entendimiento con Irán, que estaba cerrada, fue reabierta a partir de una conversación entre el excanciller Héctor Timerman y el expresidente de la AMIA Guillermo Borger, la cual fue obtenida de manera clandestina, aunque avalada en diferentes instancias por el fallecido juez Claudio Bonadio y los camaristas Gustavo Hornos y Mariano Borinsky.
 
Durante los años de Cambiemos, esta metodología de espionaje ilegal se extendió ampliamente. El caso más escandaloso fue la decisión de espiar a los familiares de las víctimas del submarino ARA-San Juan. En el caso concreto de los intercambios entre Robles y D'Alessandro, el contenido de los obscenos chats -que no pudo ser desmentido por los mismos implicados- muestra la estrecha relación entre un sector del máximo tribunal judicial y el funcionario de Rodríguez Larreta.
 
Esa connivencia se hizo aún más evidente semanas antes, cuando se conoció otra filtración ilegal que mostraba la fina relación entre funcionarios del macrismo, jueces federales de Comodoro Py y empresarios del Grupo Clarín. Lo que se hizo conocido como el escándalo de "Lago Escondido" mostró, abiertamente, esos vínculos mafiosos.
 
Estamos frente a una Justicia a la carta, donde hay dos Códigos Penales y dos Códigos de Procedimiento: uno el que le aplican al movimiento popular en su conjunto, y otro el que le aplican al macrismo y a sus cómplices de la mafia judicial. Queda un solo camino, que es acudir a los organismos internacionales y a los tribunales internacionales. La Justicia en la Argentina está obturada, clausurada para quienes no piensan como piensan los grupos dominantes y quienes no forman parte de la mafia judicial.
 
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LO RESOLVIÓ EL JUEZ SEBASTIÁN RAMOS EN TIEMPO RÉCORD
 
Robles y D'Alessandro consiguieron el cierre de la causa los chats filtrados
 
El vocero de Horacio Rosatti y el ministro de Horacio Rodríguez Larreta contaron con la inestimable ayuda del fiscal Carlos Stornelli, que dijo que la divulgación de las comunicaciones podría ser un caso de espionaje ilegal.
 
La dupla conformada por Silvio Robles y Marcelo D'Alessandro consiguió su primer éxito de la temporada 2023: en tiempo récord, el juez federal Sebastián Ramos archivó una denuncia que se había presentado por los chats que se filtraron a finales de diciembre y que mostraban cómo el principal asesor del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, le daba indicaciones al ministro de Justicia y Seguridad de Horacio Rodríguez Larreta.
 
Para la clausura del caso jugó un rol clave el fiscal Carlos Stornelli, quien sostuvo que las comunicaciones eran producto de la inteligencia ilegal. "Este archivo a las apuradas, nada menos que de un especialista en espionaje ilegal como el fiscal Stornelli, reafirma la necesidad institucional del juicio político a la Corte", le dijo a Página/12 el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria. "Dan vergüenza ajena verlos intentando encubrir y silenciar los arreglos espurios de Rosatti y Larreta a través de sus intermediarios", completó el funcionario.
 
En tan solo trece páginas, el juez Ramos sepultó la denuncia contra el director general de la vocalía de Rosatti. "No pueden ser admitidas bajo ningún concepto como parte de un juicio respetuoso del debido proceso pruebas o testimonios que hayan sido obtenidos, como a esta altura puede observarse, mediante maniobras organizadas basadas en actividades de inteligencia ilegal", escribió Ramos.
 
Sorprendió que el juez dijera tan rápidamente que la filtración era producto del espionaje ilegal porque ni siquiera indagó en el tema y porque en los tribunales de Comodoro Py hay una reticencia a investigar las prácticas de inteligencia ilegal -particularmente las que ocurrieron en el macrismo-. Hasta ahora, en esas denuncias se viene diciendo que no pasó nada o que fueron obra y gracia de un grupo de espías que actuaban por su propia cuenta.
 
"No somos iguales ante la ley", responde la abogada Valeria Carreras, que representa a familiares de los submarinistas del ARA San Juan. En su caso, se encontraron los partes que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) hacía sobre los parientes que reclamaban saber qué había pasado con el buque de la Armada Argentina que se hundió en noviembre de 2017.
 
Pese a la evidencia, la Cámara Federal porteña -superior de Ramos- consideró que se trataba de tareas para garantizar la seguridad de Mauricio Macri y que sacarles fotos o buscar datos de los familiares no generaba una afectación de derechos. "Mis representadas no han tenido ni la celeridad ni las contemplaciones que han obtenido Robles y D'Alessandro", apunta la abogada.
 
 
La desbandada
 
Después de que se conocieran los chats entre Robles y D'Alessandro, el abogado Gastón Marano -que ejerce como defensor de Nicolás Gabriel Carrizo en la causa del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner y antes había sido asesor del PRO en la Comisión Bicameral de Inteligencia (CBI)- presentó una denuncia contra Robles. Sostenía que no podía estar asesorando a D'Alessandro porque no tiene matrícula como abogado y que tampoco podría hacerlo al ser funcionario de la Corte.
 
La denuncia quedó radicada en el juzgado de Ariel Lijo, que está de vacaciones. Durante enero, lo reemplazó la jueza María Servini, que se excusó de intervenir. La magistrada -que aparecía mencionada en la filtración de chats- tuvo una disputa con D'Alessandro por su custodia, lo que la obligó a pedir protección de la Policía Federal Argentina (PFA) y abandonar la que le proporcionaba la Policía de la Ciudad. El fiscal que debía intervenir era Carlos Rívolo, pero -como aparecía como contacto frecuente de D'Alessandro en la filtración- también se inhibió.
 
Después de la excusación de Servini, la causa pasó al juzgado de María Eugenia Capuchetti, pero ella también está de feria. Fue frente a esa desbandada que el expediente quedó en manos de Ramos, uno de los jueces que suele intentar pasar bajo el radar. Ramos le corrió vista al fiscal, que resultó ser Carlos Stornelli.
 
 
La mano de Stornelli
 
Stornelli, a diferencia de Ramos, tiene cierta facilidad para terminar involucrado en escándalos. En 2019, el juez Alejo Ramos Padilla estuvo durante nueve meses tratando de indagarlo por su asociación con Marcelo Sebastián D'Alessio, que se presentaba como abogado o especialista en narcotráfico en los medios pero, en realidad, se dedicaba a la inteligencia ilegal y la extorsión.
 
Después de largos meses en rebeldía, Stornelli finalmente se presentó y Ramos Padilla lo procesó como parte de la banda que se dedicaba a la inteligencia ilegal. Pero el fiscal consiguió que la Cámara Federal de Mar del Plata le aliviara en mucho su situación: solo quedaron en pie los procesamientos por haber intentado hacerle una "cama" al exmarido de su actual pareja y una cámara oculta a José Manuel Ubeira, uno de los abogados de Cristina Fernández de Kirchner.
 
Stornelli se frotó las manos cuando le llegó la denuncia contra Robles y pidió cerrarla. Dijo básicamente que él ya pidió investigar la filtración del teléfono de D'Alessandro como si fuera parte de una maniobra de espionaje ilegal y que ahora no podría impulsar una investigación sobre hechos que surgen de información que puede haber sido obtenida ilícitamente.
 
De hecho, Stornelli lo que hizo fue impulsar la denuncia que presentó el propio D'Alessandro en la que se describe como una víctima y reclama que se investigue si el diputado Rodolfo Tailhade tuvo algo que ver con el hackeo.
 
Meses atrás, Página/12 ya había publicado que Stornelli estaba jugando a favor del sector de la Corte que lidera Rosatti cuando pidió cerrar la investigación sobre los desmanejos de la obra social que apunta hacia el entorno del supremo Juan Carlos Maqueda, aliado clave del presidente del máximo tribunal. Ahora, Stornelli hizo gala de su puntillosidad con la prueba. No pasó lo mismo en 2019 cuando pretendía usar escuchas ilegales -hechas a los exfuncionarios kirchneristas presos- para hacer caer la investigación del D'Alessiogate en lo que se conoció como "Operación Puf".
 
 
Cuestión de mensajes
 
En este caso, Stornelli fue un paso más allá para postular el cierre en favor de Robles. Recurrió al fallo de Casación que reabrió la causa del memorándum con Irán y citó lo que entonces dijo la camarista Ana Figueroa sobre que no podría usarse como evidencia una escucha ilegal obtenida entre el excanciller Héctor Timerman y el presidente de la AMIA Guillermo Borger. La cita de Stornelli no es inocente: el caso del memorándum fue invocado por el oficialismo para explicar que los tribunales habilitaron investigar aún cuando la procedencia de una prueba era ilícita. Con la evocación del voto minoritario de Figueroa, el fiscal mandó un mensaje.
 
Ante ese escenario, se presentó el lunes último el abogado de Robles, Matías Ledesma, y pidió el archivo de la causa. Lo obtuvo al día siguiente. La noticia recién se conoció en las últimas horas del miércoles a partir de un artículo de Carlos Pagni en La Nación.
 
Ramos podría haberse ceñido a que Stornelli no impulsó la acción penal, pero también buscó dar un mensaje. "El juez debe velar porque no haya injerencias arbitrarias o ilegales en la vida privada de las personas sin razón que la justifique", señaló. Echó mano también a la comparación con la última dictadura en la que dijo que la protección de la privacidad "sufrió su punto de menoscabo más alto" y habló del Juicio a las Juntas -en tiempos en que el proceso contra los nueve comandantes se volvió mainstream gracias al éxito de Argentina, 1985-.
 
 
La doble vara
 
Al no haber querellantes, no habrá quien apele la resolución de Ramos. Robles tenía, también, denuncias que habían presentado los gobernadores Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Ricardo Quintela (La Rioja). Todo hace presuponer que seguirán el mismo destino en los tribunales de Comodoro Py.
 
"La doble vara de Comodoro PRO está llegando a niveles nunca vistos", se queja Soria. "Cuando se trata de defenderse entre ellos y sus jefes se acuerdan de aplicar las garantías del debido proceso. Ahora, cuando el acusado sabe la marcha peronista, se olvidan del Código Procesal, las leyes y la Constitución", agrega el ministro.
 
El fallo tiene efectos que van más allá de beneficiar a Robles, que figuraba como denunciado. A D'Alessandro, su supuesto compinche en las comunicaciones, le viene bien para intentar el regreso al gabinete de Rodríguez Larreta del que salió tras el escándalo de la filtración con una licencia temporaria. Pese a todo, D'Alessandro nunca terminó de irse porque se supo que se aseguró una designación como docente titular en el Instituto Superior de Seguridad Porteña (ISSP), donde la jueza Capuchetti aparece nombrada como investigadora senior.
 
A Rosatti fundamentalmente lo favorece el fallo de Ramos ante el inicio del trámite del pedido de juicio político. A partir del lunes, comenzarán las sesiones extraordinarias y, en los próximos días, se convocará a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados para tratar la admisibilidad de las solicitudes que se presentaron.
 
El presidente de la Corte es quien concentró las críticas de los diputados y las diputadas del Frente de Todos por su "vocación cesarista" frente al Consejo de la Magistratura que él mismo preside después de un fallo que él mismo firmó, la cautelar a favor de la Ciudad en la disputa por la coparticipación, los desmanejos de la obra social y el 2x1 a los genocidas. Todo combinado con las supuestas comunicaciones entre su vocero y D'Alessandro.
 
Cerrada la denuncia en tiempo oportuno, es probable que la oposición -que se abroquela en defensa de los cuatro supremos- termine enarbolando la resolución como una bandera para decir que, si se sospecha del origen de la prueba, no podrá ser tenida en cuenta tampoco por el Congreso.
 
Por Luciana Bertoia
 
Fuente: Página 12
 

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09-11-2025 / 10:11
El intento del extitular de la Andis, Diego Spagnuolo, de negar la autenticidad de los audios en los que denunciaba el sistema de coimas con medicamentos para discapacitados que terminaba en los Hermanos Milei puede convertirse en un problema mayor para el Gobierno. Se pudo saber que si la Justicia lo convalida, aparecerán los audios completos, incluidos sus interlocutores, lo que dejaría expuesta la trama libertaria que desató el escándalo.
 
Es decir, no sólo la voz de Spagnuolo, que obviamente es la auténtica, sino también la de sus dos o más interlocutores. De ser así, se produciría un fuerte dolor de cabeza para La Libertad Avanza (LLA) dado que, por supuesto, quienes mantuvieron los diálogos con Spagnuolo --¡y lo grabaron!-- son libertarios. Parece evidente que el exfuncionario no confesó "el 3 por ciento para Karina" con alguien que no fuera del palo y de cierto nivel.
 
De manera, que una revelación de los originales, exhibiría una trama interna. A esta altura, nadie duda que se trata de la voz de Spagnuolo, a tal punto que el propio exfuncionario nunca dijo que no era él quien hablaba y en el gobierno lo echaron justamente porque estaban seguros que se trataba de Spagnuolo, descontrolado y desesperado porque él firmaba compras y las coimas se las llevaban otros, los Menem y Karina.
 
De todas maneras, la aparición de los audios completos --también con la voz de los interlocutores-- depende de la evolución de la causa. La Cámara Federal tardará entre dos y tres semanas en decidir si los audios afectaron el derecho a la intimidad de Spagnuolo --eso es lo que planteó la defensa-- y si la causa previa, en la que ya se denunciaron los manejos en Discapacidad, impide seguir investigando.
 
Spagnuolo sumó a su defensa al conocido abogado Mauricio DAlessandro. De su mano apareció el súbito y tardío cuestionamiento a los audios que en su momento difundieron los periodistas Mauro Federico, Ivy Cángaro y Jorge Rial. El letrado fue un poco más cauto que su cliente: dijo que los audios son editados. Se trata de algo público y notorio, dado que en lo difundido se sacó la voz de los interlocutores de Spagnuolo, aquellos que lo escucharon hablando de las coimas y las compras de medicamentos amañadas, supuestamente a favor de la droguería la Suizo Argentina, de la familia Kovalivker.
 
Quién filtró los audios, es decir quien se los entregó a los periodistas, sacó la voz de los que dialogaban con Spagnuolo porque se trató de personas de LLA. Es evidente que el escándalo tuvo como trasfondo la interna libertaria, las fuerzas del cielo vs Karina-Martín y Lule Menem, aunque se debería agradecer a esa interna porque permitió revelar el descarado robo a los discapacitados.
 
Lo que ahora aparece en escena es la posibilidad de que se conozcan los audios completos, sin sacar la voz de quienes mantuvieron esos diálogos con el extitular de Andis. Sería en caso de que la justicia cuestionara la autenticidad de la voz de Spagnuolo. Parece cantado que semejante revelación armaría un tremendo lío en el bando libertario.
 

08-11-2025 / 09:11
La destrucción del peronismo-kirchnerismo y del movimiento obrero constituyen el principal objetivo del gobierno, según confirmaron esta semana Javier "el Cipayo" Milei, Patricia Bullrich y Federico Sturzenegger. Pero los dos agrupamientos en la mira del oficialismo están más enfocados en resolver sus heridas internas.
 
En Bolivia, tras la victoria electoral de la derecha, la liberación de la expresidenta de facto Jeanine Añez, condenada por el golpe contra Evo Morales, recordó a la decisión de la Corte de confirmar el sobreseimiento de Mauricio Macri por el espionaje a los familiares de las víctimas del ARA San Juan. La Justicia se alinea según los resultados electorales.
 
Dos días después del resultado electoral, la Corte confirmó el sobreseimiento de Macri y rechazó 20 recursos interpuestos por Cristina Kirchner y otros acusados en la causa Cuadernos, cuyo juicio comenzó este jueves.
 
Se trata de una causa armada con una fotocopia con miles de adulteraciones y que fue escrita por dos personas diferentes; con testimonios obtenidos en forma extorsiva, y montada por el fiscal Carlos Stornelli, involucrado en otras causas paralelas por extorsión junto con su colaborador, el condenado Marcelo DAlessio, y por el fallecido juez Claudio Bonadio.
 
Antes de convertirse en Inquisidor oficial del macrismo, Bonadio tenía nueve pedidos de juicio político -algunos de mucha gravedad- que nunca tuvieron tratamiento en la Magistratura con mayoría macrista.
 
La campaña tan polarizada quedó reflejada en las consignas. Fuerza Patria planteó el eje de "hay que frenar a Milei". El oficialismo convocó a "acabar con el kirchnerismo" o "hay que poner el último clavo en el cajón del kirchnerismo". En el primer caso, habla de dos fuerzas que compiten. En cambio, el oficialismo habla de exterminio, lo que tiene cierta similitud con la dictadura cívico-militar.
 
Para el sector corporativo del capital concentrado, el movimiento nacional y popular es un obstáculo para su proyecto de país altamente desigual, con grandes niveles de pobreza y baja ocupación, desindustrializado, subordinado a Estados Unidos, proveedor de hidrocarburos, minerales, carnes y granos, un país que no requiere educación ni salud pública. Este proyecto se expresó antes a través de Macri y ahora con Milei.
 
Los dos objetivos que planteó Milei el jueves en su enésima visita a Estados Unidos, fueron barrer al peronismo-kirchnerismo y desmantelar la estructura sindical. La campaña de Patricia Bullrich fue "te propongo terminar con el kirchnerismo de verdad y para siempre". Federico Sturzenegger reconoció el lunes en una reunión con empresarios españoles que el corazón de la reforma laboral que propondrán al Congreso es desarticular la fuerza del movimiento obrero al abrir la negociación por empresa.
 
El proyecto de la derecha no acepta voces discordantes porque plantea situaciones extremas en el país, con ganancias enormes para un puñado y la pobreza para la inmensa mayoría. El problema es que el oficialismo con sus aliados representa el 40 por ciento del 67 por ciento que votó, que es menos del 30 por ciento del padrón.
 
El resultado es un país de tres tercios: el oficialismo y sus aliados, un poco menos el peronismo-kirchnerismo y sus aliados y un poco más el ausentismo. No es una ecuación que permita eliminar el diálogo como ejercicio democrático. Pero el diálogo no figura en la caja de herramientas del oficialismo. Su objetivo es la destrucción del que no consiente. 
 

06-11-2025 / 09:11
La CGT eligió una conducción unificada para enfrentar la amenaza oficial de destruir los derechos laborales, los convenios y la organización sindical. El nuevo triunvirato muestra dos caras nuevas, Cristian Jerónimo (Vidrio) y Jorge Sola (Seguros), y repite el camionero Octavio Argüello. Los gremios más combativos mantienen sus lugares en un segundo plano y se retiró la estratégica UTA (colectiveros).
 
La CGT ya tiene nueva conducción que se impuso tras una larga negociación y una contundente votación. El desafío que enfrentan no es menor. El gobierno de Javier "el Loco" Milei ya avisó que va por la precarización del empleo, la destrucción de los derechos de los trabajadores y el fin de los sindicatos, un combo que estará dentro de lo que denominaron "reforma laboral".
 
Los triunviros, de fuertes vínculos con el sector más dialoguista de la CGT, aseguraron que están dispuestos a rechazar y resistir este ataque del gobierno libertario nacional. "El crecimiento de este país se ha hecho con los derechos de los trabajadores y este país ha crecido porque los trabajadores tenemos derechos y los llevamos adelante", indicó Sola.
 
A su turno, Argüello que ya venía siendo triunviro, advirtió que "con los trabajadores no se jode. Estamos unidos para enfrentar cualquier situación que nos quiera llevar a que nos quiten los derechos". Por último, Jerónimo, el más joven de los tres aseguró que "la CGT, no va a permitir, ni va a retroceder un solo paso en las conquistas y los derechos adquiridos".
 
Uno de los argumentos del gobierno para justificar la reforma laboral es la supuesta vejez de los convenios colectivos de trabajo y la necesidad de modernizarlos a través de esta ley que se proponen debatir en los meses de verano.
 
En ese sentido, cuando Sola hizo su discurso dijo que "no somos necios. Sabemos que el mundo del trabajo ha cambiado y que las actualizaciones con la tecnología y la robótica son necesarias, pero tenemos una herramienta fenomenal que son los convenios colectivos de trabajo". Una referencia clara a que son las negociaciones que se hacen todos los años, donde se acuerda lo salarial, pero también se adapta el texto a los avances tecnológicos.
 
Sola dijo además que "hay un sector de la política que pretende que se debilite el movimiento obrero, que se atomice, que ya no se discutan convenios colectivos por actividad y se discutan por empresa. El crecimiento de este país se ha hecho con los derechos de los trabajadores y ha crecido porque los trabajadores tenemos derechos y los llevamos adelante", afirmó.

El triunvirato fue ratificado por el voto secreto de 1604 congresales que votaron a favor y solo 35 lo hicieron en blanco. El nuevo consejo directivo tiene mandato hasta el 2029 pero sobre todo tiene, cuesta arriba, estos dos años que todavía quedan del gobierno de Milei. ¿Sorprenderá la "nueva conducción" con la convocatoria a medidas contra la reforma laboral? ¿O volverá a pedir un diálogo en el que nadie cree? 
 

05-11-2025 / 09:11
La Comisión Investigadora del caso $LIBRA en el Congreso reveló que encontró dos movimientos de fondos por 550.000 dólares hacia una billetera virtual atribuida a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, los dos cómplices de Javier "el Loco" Milei en la estafa cripto. Las transacciones fueron realizadas justo cuando el empresario Hayden Davis festejó que el Presidente le había "firmado todo" para su desembarco en Argentina. La comisión podría denunciar a funcionarios de la Casa Rosada como Cuneo Libarona, al titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, y a Paulo Stark.
 
En el tramo final del trabajo de la Comisión Investigadora sobre la la causa por la estafa con la criptomoneda $LIBRA, la oposición incorporó más pruebas que coinciden con presuntos pagos para monetizar la imagen del presidente Milei. Se estima que el informe final se presentará la semana del 17 de noviembre.
 
Durante el encuentro presidido por el diputado de la Coalición cívica, Maximiliano Ferraro, se votó la reserva para formular denuncia a funcionarios de la Casa Rosada: el Ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona; Florencia Zicavo, ex titular de la Unidad de Tareas Investigativas (UTI) que se creó para averiguar si hubo un ilícito detrás de la difusión de la criptomoneda; al titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, y a Paulo Stark, quien preside la Unidad de Información Financiera (UIF). También, para presentar denuncia ante el Consejo de la Magistratura contra el juez Marcelo Martínez de Giorgi. Y finalmente, ante el Procurador General de la Nación contra el fiscal Eduardo Taiano.
 
En cuanto a las nuevas pruebas, surgen de un conjunto de transferencias de criptomonedas reveladas por el periodista Hugo Alconada Mon que coinciden en montos y fechas con los pagos reportados en un "acuerdo de cooperación" para monetizar la imagen del mandatario nacional. Según se informó en el encuentro, el reporte periodístico mencionaba un borrador de acuerdo que estipulaba un pago inicial de 300.000 dólares y pagos mensuales de 250.000 dólares a cambio de la representación exclusiva del Estado Argentino en asuntos de blockchain.
 
A raíz de un oficio enviado por la Comisión, Binance confirmó la existencia de una billetera perteneciente a Novelli y entregó sus movimientos. El análisis de estos datos, realizado con especialistas, permitió identificar una billetera que recibió aproximadamente 300 mil dólares entre el 19 y 30 de noviembre de 2024. También, 250 mil dólares el 17 de enero de 2025.
 
Estas transacciones se correlacionan directamente con los montos y el cronograma del acuerdo reportado. Los diputados que integran la comisión pudieron verificar que Novelli recibió al menos 30.897 dólares de esos fondos, por parte de esa billetera, el 26 de noviembre de 2024. Esa billetera que había recibido los 550.000 dólares distribuyó el resto de los fondos a billeteras radicadas en múltiples exchanges internacionales, incluyendo OKX, Bybit, Bitget y Binance.
 
Durante el encuentro, se resolvió librar nuevos oficios a estos exchanges para identificar a los destinatarios finales de los fondos y continuar con la trazabilidad del dinero, teniendo en cuenta que estas transferencias podrían corresponder a los pagos realizados por Hayden Davis (CEO de Kelsier Ventures) en virtud de dicho acuerdo.
 
Esto suma, aunque no dé resultados inmediatos. Al establishment le viene como anillo al dedo que este tema se abra, así cuando Milei termine de hacer el "trabajo sucio" lo transforman en chivo expiatorio y lo mandan a guardar en EEUU como al narco Fred Machado.
 
La Opinión Popular
 

04-11-2025 / 09:11
El Gobierno de Javier "el Loco" Milei pide tiempo. Tiempo para reestructurar el Gabinete, tiempo para ordenar su interna y tiempo, fundamentalmente, para que cambie la composición del Congreso y el poder vuelva a manos de La Libertad Avanza. Milei pretende patear el Presupuesto y las grandes reformas para el verano, cuando planea convocar a sesiones extraordinarias, pero se enfrenta a un problema: una mayoría opositora con fecha de vencimiento que resiste y que pretende, este martes, dictaminar el Presupuesto 2026.
 
Es una puja aritmética con final abierto. Este martes vence el plazo dictado por la Cámara de Diputados para dictaminar el Presupuesto, y el peronismo y el pichettismo están a la caza de las firmas necesarias para poder asegurarse que tendrán el número para presentar sus dictámenes. Cada sector redactó su propia propuesta, pero solo podrán presentarlos si consiguen que haya quórum en la comisión de Presupuesto. Esto es: el mágico número de 25 firmas.
 
El Gobierno, mientras tanto, quiere patear el tema para después de diciembre, cuando el Congreso se tiña de violeta y Milei pueda, con apoyo de los gobernadores, hacerse del control de la agenda legislativa. En el oficialismo confían en que tendrán una base de 111 aliados firmes -entre los que se incluyen a los libertarios, bullrichistas, PRO y radicales mileístas- y que, junto al apoyo de los gobernadores, podrán avanzar con todas las reformas que el presidente tiene planeadas para la segunda etapa de su gobierno. Incluido el Presupuesto.
 
Para resistir hasta diciembre, sin embargo, el Gobierno necesita boicotear el quórum de la oposición en la reunión de comisión del martes. Es la última gran amenaza de una oposición que, dentro de un mes, verá flaquear su poder de fuego y deberá resignarse a correr detrás de la agenda del presidente.
 
Una vez más, Martín Menem convocó al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, a calmar las ansiedades de sus aliados. La última reunión que había organizado en su despacho, hace dos semanas, no había salido bien: Nicolás Massot y Eduardo Falcone le habían reclamado que incluyera la emergencia pediátrica, la ley de financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad, y Guberman se negó. "No hay plata", afirmó, como toda respuesta.
 
Esta vez, la cumbre en el despacho de Menem fue más privada. El riojano solo invitó a los aliados más cercanos. Ni pichettistas de Encuentro Federal ni peronistas de Unión por la Patria ni ex libertarios del MID: solo los representantes de los gobernadores aliados y sus amigos, que el Gobierno cuenta como propios. Fueron la mendocina Pamela Verasay, el misionero Carlos Fernández, el radical "con peluca" Martín Arjol, la sanjuanina Nancy Picón, la lilita Paula Oliveto y el santacruceño José Luis Garrido. También fue la diputada del PRO, Daiana Fernández Molero.
 
Hubo reclamos, pero predominó la concordia: todos los presentes coincidieron en que lo que más convenía era que el Gobierno pudiera tener su Presupuesto. La diputada del PRO pidió por la deuda que la Nación tiene con la Ciudad de Buenos Aires en materia de coparticipación.
 
Los provinciales pidieron volver a aplicar los descuentos por "zonas frías" en las tarifas, que el proyecto de Presupuesto había eliminado. Todos pusieron sobre la mesa el problema de la obra pública, y algunos aprovecharon para pedirle los avales al Gobierno para poder endeudarse y conseguir financiamiento extranjero. Guberman se negó a todo, excepto a conceder los avales (que no le generan ningún costo). 
 

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