01:46 | Lunes 16 de Febrero de 2013 | Entre Ríos

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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau

Nacionales - 17-01-2023 / 11:01

ELISA CARRIÓ HASTA HIZO UNA RIDÍCULA DENUNCIA PENAL

La oposición, en campaña a favor de la inflación y en contra del control de precios

La oposición no quiere que la inflación sea controlada porque saben que, en gran medida, eso les conviene por dos cosas: porque los sectores más ricos se siguen apropiando de los ingresos que pierden los trabajadores y porque saben que si la inflación empieza a ser controlada, sus chances electorales también empiezan a achicarse. Todos deberían formar parte de un dispositivo que limite el margen de maniobra de los que quieren arrinconar y extorsionar con el hambre al pueblo.

Desde hace varios días la Secretaría de Comercio Interior viene realizando controles en los centros de logística donde se cargan los camiones con alimentos, que luego van a los supermercados de todo el país, porque detectó que en las góndolas había desabastecimiento de varios de los productos que forman parte del programa Precios Justos y, por ende, irregularidades que estaban cometiendo las empresas.

Para realizar esa tarea de fiscalización, los inspectores de la Secretaría fueron acompañados por trabajadores del sindicato de Camioneros que, como son ellos los que cargan los camiones, podían aportar información. Esta situación desató la ira de los principales dirigentes de la oposición que salieron a decir que el Gobierno "manda a los camioneros a patotear", y "extorsionar". Además, hicieron denuncias penales y el larretismo hasta puso una línea telefónica para denunciar "posibles controles de patotas y piqueteros".

Desde el Gobierno Nacional explicaron a este diario que el objetivo de incorporar al programa a distintos actores sociales es "intercambiar información para que entre todos vayamos logrando el cumplimiento de la política y bajar la inflación", pero que "de ninguna manera significa que alguno de estos actores vaya a poner multas o fiscalizar precios adentro de un supermercado".

La oposición, a lo largo de toda la jornada del lunes, intentó instalar que "camioneros y piqueteros" iban a invadir supermercados y comercios de cercanía para sembrar pánico. El modo de campaña electoral, la estrategia se basó en estigmatizar a esos sectores que buscan colaborar con el control de los precios, ya sea brindando información sobre lo que sucede en los centros logísticos donde los empresarios cometen irregularidades o capacitando a la ciudadanía para que aprenda a utilizar la app del Gobierno y que no paguen más de lo que corresponde.

La dirigente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, ridículamente hasta denunció penalmente al presidente Alberto Fernández; al ministro de Economía, Sergio Massa y al secretario de Comercio, Matías Tombolini, "por el accionar del Gobierno de usar piqueteros y camioneros en el control de precios como si fueran grupos parapoliciales".

Mientras tanto, el jefe de gabinete del gobierno porteño, Felipe Miguel, anunció que el GCBA habilitó el 911 -la línea que se usa para situaciones de emergencia y de inseguridad- para que "los comerciantes denuncien a sindicalistas de Camioneros que vayan a controlar precios". Miguel hasta dijo que pondrían a disposición la Policía de la Ciudad "para que se haga presente en los comercios y reestablezcan el imperio de la ley".

El objetivo de la oposición es demonizar y convertir en un escándalo público una decisión de Gobierno que consiste en articular con algunos sindicatos para controlar la inflación. Los de JxC defienden la inflación como una herramienta de enriquecimiento de los sectores más ricos a expensas del hambre de la población, pero también como una herramienta de desestabilización política.

La oposición no quiere que esa inflación sea controlada porque saben que, en gran medida, eso les conviene por dos cosas: porque los sectores más ricos se siguen apropiando de los ingresos que pierden los trabajadores y porque saben que si la inflación empieza a ser controlada, sus chances electorales también empiezan a achicarse. Todos deberían formar parte de un dispositivo que limite el margen de maniobra de los que quieren arrinconar y extorsionar con el hambre al pueblo.

La Secretaría de Comercio, explicaron cerca de Tombolini, tiene diez acuerdos de precios firmados. El más importante de ellos es el de consumo masivo. En el marco de esos acuerdos, el Estado trabaja con 358 empresas; 12 cámaras; 35 municipios; organizaciones de defensa del consumidor, y unos 30 sindicatos. Los acuerdos formales se firman con las empresas, pero participan del proceso otros actores porque la idea, dicen, es "involucrar distintos espacios para cruzar información y poder aplicar la política".

Cuando el ministro de Economía, Sergio Massa, lanzó el programa Precios Justos, en el escenario estuvo acompañado por un referente de los empresarios y uno de los sindicatos de la alimentación. Desde la Secretaría de Comercio explicaron que, por ejemplo, tanto la UIA como la COPAL, organizaciones que reúnen a todas las empresas alimenticias, informan al Estado cuando una empresa tiene una dificultad.

De la misma manera que el sector empresario les pasa información -explican- los trabajadores que conocen cada área también les pueden dar datos sobre diversas cuestiones. Sin embargo, aseguran, no será posible "impedir que los sindicatos entren a los comercios", como dijeron desde el gobierno porteño, porque "eso nunca se hizo ni se piensa hacer".

Además de la información que puedan llegar a tener los trabajadores, el programa cuenta con una aplicación desde la cuál la ciudadanía puede chequear el precio de los alimentos y denunciar si es otro o si hay desabastecimiento. En este punto entra en juego el rol de los movimientos sociales.

Una vez que el programa fue lanzado, desde la agrupación Barrios de Pie se acercaron al ministerio de Economía con la preocupación de que en los barrios populares se suele comprar en los comercios de cercanía donde no hay "Precios Justos". Por eso acordaron hacer una serie de capacitaciones para que todos tengan información sobre la aplicación, puedan usarla y que no se vulneren sus derechos. Esa formación la viene realizando desde el mes de noviembre y desde este martes lanzarán una campaña en la costa argentina para aprender a usar la app.

"En los barrios populares hay consumo en comercios de cercanía y no en hipermercados. Le acercamos esa preocupación al ministro y pensamos capacitaciones para propiciar la participación ciudadana", explicó Daniel Menéndez, de Barrios de Pie.

Agregó que "nosotros estamos convencidos de que es una política pública que hay que alimentar y que vale la pena la participación para lograr el cumplimiento de la misma". Para él, el problema es que "hay un nivel de la discusión pública muy pobre que busca impugnar al otro de manera inmediata por cómo está visto en la sociedad. Se busca estigmatizar antes de ver qué estamos planteando o haciendo".

En diálogo con este diario, Pablo Moyano, del sindicato de Camioneros, explicó que la colaboración de los sindicatos para que el Estado pueda llevar adelante la política de control de precios viene funcionando en distintos sectores. "Se ha hecho con las automotrices; con las metalúrgicas; con los de UTEDYC, cuando fue el acuerdo con las zapatillas deportivas... El gobierno trata de buscar ayuda para llevar adelante este control, pasa que apareció Camioneros y explotó todo por la estigmatización", resaltó.

Según contó Moyano, se reunió con Tombolini hace unos 20 días. Allí, el secretario les pidió que colaboren en los centros de logística porque habían detectado irregularidades. El líder de Camioneros resaltó que "fueron los inspectores de la Secretaría a constatar a los centros de distribución, donde salen toneladas de mercadería a todo el país, que si salen 10 camiones a un supermercado, que esos 10 camiones de mercadería luego estén en las góndolas. El problema es que ponen menos de la mitad porque se lo guardan para especular, para remarcar y para sacar ventaja en estos momentos tan complicados que vive el país".

Para el sindicalista se trató de "una forma de colaborar y de denunciar a las empresas que encanutan la mercadería para después especular con los precios". "El que tiene la facultad de sancionar o aplicar una multa es el estado, no Camioneros", aclaró y dijo que "es mentira cuando dicen que somos todos patovicas, como dijo Patricia Bullrich, todos los que acompañaron a la Secretaría de Comercio son laburantes de esas empresas que hacen una tarea militante para ayudar que estos tipos no le afanen el plato de comida a millones de argentinos".

Hugo Yasky, de la CTA, explicó que el objetivo de la oposición es "demonizar y convertir en un escándalo público una decisión de Gobierno que consiste en articular con algunos sindicatos para controlar la inflación. Ellos defienden la inflación como una herramienta de enriquecimiento de los sectores concentrados a expensas del hambre de la población, pero también como una herramienta de desestabilización política".

Para él, en esta tarea no solamente deberían colaborar los sindicatos, sino también los estudiantes universitarios y las organizaciones de los empresarios Pyme. "Todos deberían formar parte de un dispositivo que tienda a limitar el margen de maniobra de los que quieren arrinconar y extorsionar con el hambre al pueblo", opinó.

Yasky considera que la oposición "no quiere que esa inflación sea controlada porque saben que, en gran medida, eso les conviene por dos cosas: porque los sectores concentrados se siguen apropiando de la renta que pierden los trabajadores y porque saben que si la inflación empieza a ser controlada, sus chances electorales también empiezan a achicarse".

Mercedes Cabezas, secretaria de organización de ATE, aclaró que el sindicato no acordó con el gobierno colaborar con el control, pero remarcó que para ellos es necesaria "una política mucho más agresiva en el control de precios porque si no, no hay acuerdo paritario que alcance".

Por Melisa Molina

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Fuente: Página 12

15-02-2026 / 09:02

El cipayo Milei pretende que Argentina sea una colonia de los yanquis

Hay algo que Javier "el Loco" Milei parece haber entendido con claridad y que demuestra que, más allá de cuán loco esté, tiene intuición política. Lo que Milei entendió es que la oligarquía: los sectores del poder fáctico de la argentina, los siete grupos empresarios aglutinados en AEA, los medios de comunicación hegemónicos, el Poder Judicial de la guarida de Cómodo Py, tienen un mismo jefe. Vive en Avenida Pennsylvania al 1600, en la Casa Blanca, ciudad de Washington. Milei puede decirle "señor chatarrín" al supuestamente todo poderoso Paolo Rocca porque tiene el respaldo abierto de Donald Trump. El líder del Grupo Techint jamás entraría en fricción con el inquilino de la Casa Blanca. Lo mismo se aplica a Héctor Magnetto de Clarín y a toda la cúpula judicial.

El "gran empresariado argentino", a diferencia del brasileño, no tiene proyecto nacional. Una "burguesía nacional" se piensa a si misma rivalizando con otras por negocios y mercados. Eduardo Duhalde, cuando fue presidente interino, decía que había que cobrarle impuestos a los grandes empresarios, pero "aliarse con ellos" para rivalizar con las empresas de otras latitudes. Es la concepción básica del capitalismo nacional. El punto es que los grupos económicos locales no tienen una visión de país. Su imaginario es el de quien administra un territorio colonial. Tienen sus cuentas en EE UU y consiguen ahí el financiamiento. Entonces están sometidos a la legislación americana y a los jueces americanos que sólo un niño puede creer que son independientes.

Cristina Fernández está presa por el deseo de venganza de la derecha argentina que quiere darle una lección a la clase política. Es cierto. Pero también es una perseguida política de un sector del poder estadounidense que hoy está gobernando. El anuncio del secretario de Estado Marco Rubio en marzo de 2025 de que le quitaba la visa a CFK para ingresar a EE UU fue la batiseñal para que el poder judicial argentino actuara. Y lo hizo de inmediato. El poder judicial es veloz cuando las órdenes vienen del jefe supremo. Hay que recordar el episodio vergonzoso del Boing 747 de la empresa venezolana Emtrasur que fue directamente robado por la justicia argentina por orden de EE UU. Los jueces le tienen terror a la CIA.

Incluso entre los políticos peronistas, si se mira con detenimiento, los que conservan buenas relaciones con Washington también tienen menos problemas judiciales. No es una crítica a esos dirigentes ni una acusación de cipayismo. Es una descripción de cómo funciona el poder en Argentina, de quién maneja los hilos detrás del telón. El economista Roberto Felleti sostiene la hipótesis de que Milei quiere reemplazar al gran capital argentino por uno de origen norteamericano. El único freno que ese proyecto podría tener está en el propio Estados Unidos. El gran capital local se entregaría sin ofrecer resistencia.

¿Cómo se libera a la Colonia Argentina? Liberarla del todo es imposible. Se pueden ganar márgenes de soberanía. Los 12 años de peronismo muestran que mientras más soberanía se gana mejor vive el pueblo. No existe la colonia próspera. Es la gran mentira de la derecha. Tampoco hay prosperidad enfrentándose por completo al imperio militar más poderosos que conoció la historia humana. Es un juego de equilibrios.

El documento que anunció la lista de unidad para elegir las autoridades del peronismo bonaerense es una luz en el camino. Se sabe que quienes lo firmaron no se quieren demasiado. No se reunirían para brindar en año nuevo. La política se trata justamente de construir entre los que no se quieren en pos de un objetivo superior. El documento tiene dos puntos clave: termina de posicionar a Axel Kicillof como jefe político y no como subalterno y pone el acento en la necesidad de lograr la liberación de CFK como objetivo estratégico. No hay recuperación de soberanía sin la liberación de Cristina. Y el peronismo no tiene sentido sin la búsqueda de soberanía.

La Opinión Popular

14-02-2026 / 10:02

$Libra: 20 preguntas tremendas para el estafador Javier Milei (si lo llamaran de Comodoro Py)

Hace 12 meses, Javier "el Loco" Milei promocionó el lanzamiento de la memecoin $Libra: hizo perder decenas millones de dólares a inversores en distintos continentes. Quedan flotando en el aire al menos 20 preguntas distintas que el Jefe de Estado debería responder, pero en la causa $Libra, en manos del juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Eduardo Taiano quienes aún no han citado a ninguno de los sospechosos.

La inacción llegó a tal punto que la Sala I de la Cámara Federal que le imprimiera celeridad a una acción que tiene como imputados al norteamericano Hayden Davis y los argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. Por el escándalo están denunciados también el propio Jefe de Estado; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el empresario Julian Peh y Sergio Morales, ex funcionario de la Comisión Nacional de Valores.

1-¿Por qué dijo que consiguió el código alfa numérico para hacer la inversión desde internet si esa fuente de números y letras nunca había tomado estado público antes que él posteara? Ahora, se sabe que el mensaje exclusivo nació en Dallas y contenía un código de 44 dígitos que alternaba mayúsculas, minúsculas y números.

Servía como llave para comprar la recién creada criptomoneda $LIBRA. Sin ese mensaje, el precio del token no se hubiese disparado. - ¿Por qué el ex jefe de gabinete Guillermo Francos tampoco respondió cuando fue citado por el Congreso Nacional cómo accedió Milei al "contrato"? La respuesta del experimentado funcionario fue tan escueta como inverosímil: "No sé dónde estaba ese código".

2-Si $Libra se creó el 14 de febrero a las 18:38 horas. ¿Cómo puede ser que a las 19:00 horas (22 minutos más tarde) 74 billeteras compraron US$ 13 millones en cripto antes del tuit de Milei? ¿Tenían información privilegiada? Uno de los grandes ganadores del truco financiero embolsó US$ 8 millones en ganancias. Cabe recordar que el tuit del Jefe de Estado se produjo a las 19:01, apenas un minuto después que las posiciones estuvieron consolidadas.

3-¿Por qué borró su posteo a las 00.36 horas del sábado 15 de febrero si la baja estrepitosa de la cotización ya llevaba más de 4 horas "masacrando" inversores que confiaron en Milei a lo largo y ancho de todo el mundo? Alcanzó un monto de US$ 280 millones la recaudación en apenas 5 horas de la nueva cripto.

4-¿Por qué su posteo se materializó un viernes de San Valentín a una hora de la tarde/noche cuando los mercados estarían cerrados hasta las llegada del lunes 17 de febrero de 2025?

5-¿Por qué promocionó un producto de un "empresario" como Hayden Davis, quien ya tenía antecedentes negativos en el mercado cripto? Este pseudo financista, minutos después de la publicación de Milei en redes, hizo movimientos de blockchain: 2 transferencias por US$ 507.000 cada una enviadas a una billetera virtual perteneciente a un hombre de 75 años, señalado como intermediario en la conversión de criptos a moneda tradicional.

6-¿Tampoco conocía los antecedentes de Novelli y Terrones quienes estuvieron involucrados en "esquemas ponzi"?

7-¿Por qué no se pusieron los hermanos Milei a disposición inmediata de la justicia y la comisión parlamentaria investigadora del caso? ¿No hubiera ayudado su completa colaboración en lugar de plantear chicanas para evitar que Karina tuviera que comparecer en el Congreso Nacional?

8-¿No le llamó nunca la atención que todos los involucrados en $LIBRA haya escogido el silencio absoluto frente a los requerimientos de la Comisión Investigadora y todavía no fueron citados por la Justicia?

13-02-2026 / 10:02

Los derechos con los que arrasa la miserable reforma laboral esclavista de Milei

Con un discurso que es música para los oídos de los ricos empresarios, el gobierno ultra derechista de Javier "el Loco" Milei aprobó en la Cámara Alta el proyecto de Reforma Laboral esclavista que es la continuidad de la Motosierra aplicada desde su asunción. Empezó con el DNU 70/2023, siguió con la Ley Bases y otros engendros como el desfinanciamiento en Educación y en Discapacidad; y ahora remata con el recorte y hasta la eliminación de conquistas históricas de justicia social obtenidas tras décadas de lucha obrera y resistencia popular, que costó muchas vidas.

La reforma laboral del Gobierno ultra derechista de Milei destruye el derecho de las y los trabajadores por tres grandes vías. Ataca el contrato individual -con la creación del banco de horas, el fraccionamiento de las vacaciones o el recorte a las licencias por enfermedad-, debilita la acción sindical -con los límites al derecho a huelga, o la prohibición de las asambleas- y por último, también ataca a la justicia laboral -con, por ejemplo, el traspaso a los tribunales a la Ciudad de Buenos Aires-.

Una encerrona a la que la administración del fascista Milei pretende llevar a los empleados formales, pero también a los informales, a los que deja tanto o más desprotegidos de lo que estaban hasta ahora. Ni trabajadores de aplicaciones ni monotributistas, el proyecto libertario no tiene beneficiarios entre la masa trabajadora.

"Si te lastimaste jugando al fútbol, tu jefe no tiene nada que ver". La frase del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, resume el argumento libertario para romper con un derecho histórico: las licencias por enfermedad. Si la ley se sanciona, aquella persona que tenga una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de las tareas laborales cobrará solo el 50 por ciento del sueldo que percibía al momento del accidente durante 3 meses o 6 si tiene personas a cargo.

Los libertarios fueron un poco más generosos con aquellos que padezcan "enfermedades no voluntarias", es decir, que no sean consecuencia de actividades voluntarias riesgosas. En ese caso, el empleado tendrá derecho a percibir el 75 por ciento del salario. Una situación a la que la senadora de Fuerza Patria Cristina López calificó como "esclavitud laboral". "Si te enfermás, perdés. Si tu cuerpo no da más perdés, igual que en el siglo XIX", dijo.

El proyecto que Bullrich logró sancionar en el Senado habla de una "negociación dinámica" del salario, es decir, que los gremios o los trabajadores particulares pueden acordar con las empresas extras como bonos o compensaciones que estén vinculados a niveles de productividad o de objetivos. También habilita el "banco de horas", que hace que el empleado sume las extras y acumule una especie de saldo para después canjear por días libres o jornadas de trabajo reducidas.

Es decir, pone a trabajadores y empresarios en igualdad de condiciones para poder negociar en una relación que es desigual, en la que las fuerzas son distintas. Para el presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas, Matías Cremonte, "la ley lo que hace es volver a desequilibrar la balanza en favor de los empresarios". Al modificar la Ley de Contrato de Trabajo, el Gobierno busca que las vacaciones se fraccionen por un mínimo de 7 días (antes eran por 15) y que el trabajador tenga, al menos, un período de vacaciones en verano cada 3 años. Una complicación a la hora de combinar con el ritmo escolar en los casos de quienes tienen hijos.

Su aprobación es una dura derrota para el movimiento obrero y los trabajadores precarizados, no se crearán más puestos de trabajo, sino que habrá más precarización laboral y superexplotación, generando más riquezas para los empresarios y más penurias para quienes no tienen más que su fuerza de trabajo.

La Opinión Popular

12-02-2026 / 10:02

No es reforma, es esclavitud y represión: crónica del gas, las balas y la subasta de derechos

El aire pica, arde, lastima la garganta. No se puede respirar. Lágrimas y ojos rojos. Corridas. Un rato antes de las cuatro de la tarde, la calma tensa de la Plaza del Congreso estalló en pedazos. A mansalva, el pelotón de gendarmes dispara sus escopetas desde la avenida Entre Ríos mientras los camiones hidrantes escupen agua para despejar lo que la política no pudo convencer. Llueven las bombas lacrimógenas sobre una plaza que, apenas una hora antes, era un hervidero de trabajadores protestando contra una reforma laboral que se dice moderna pero es esclavista y decimonónica: un viaje sin escalas al siglo XIX.

Otra vez el panic show mileísta: un despliegue de detenciones y balas de goma para vaciar la calle mientras adentro, en el palacio legislativo de mármol, se ejecuta el remate de la dignidad de los laburantes. La jornada había comenzado con un blanco nuclear. No era el sol de la justicia, sino el resplandor de una subasta que no admite ofertas en pesos, solo se liquida con el lomo del que labura. Obreros, docentes, judiciales, bancarios, jubilados...

A las dos de la tarde, las columnas de los gremios empezaron a ganar la calle, y para las tres, la Plaza ya era un mar de banderas y espanto bajo un sol tremendo. Los gendarmes, alineados con una simetría maníaca, exhiben botas con un brillo obsceno, casi un espejo donde podés peinarte antes de que te partan el alma. Estaban agazapados tras las vallas, custodiando un Congreso enjaulado como pajarera de lujo.

En el corralito antes del Palacio, el ingenio popular intentó ganarle al cinismo: un cartel gritaba "Saluden a las horas extras que se van", mientras otro advertía: "Con el banco de horas despedite de tu familia". Hay carteles más directos que se agitan sobre las cabezas: "Quitar derechos laborales viola la Constitución Nacional".

Bajo un celeste furioso, los paraguas de los ferroviarios servían para taparse del sol mientras una señora repartía estampitas de la Virgen de Luján "para que nos salve". Luis, operario metalúrgico de Quilmes, buscaba un resto de sombra bajo un ombú: "Si te pueden pagar el sueldo con fideos o fraccionarte las vacaciones, lo único que liberan es la mano del patrón para apretarnos más fuerte". Gabriel Espósito, delegado de ATE en Atucha, miraba las vallas con preocupación: "Estamos peleando para tirar atrás esta reforma que nos regresa cien años en el tiempo. Es un capítulo más de un proyecto que quiere ver a los sectores populares de rodillas".

Mientras en la calle se ponía el cuerpo, en los pasillos del Senado se pulía el desguace. El clan Caputo y los Menem cerraron el canje de Ganancias por la Reforma Laboral. La perversión es quirúrgica: se derogan estatutos y se liquida la indemnización plena. Pablo Luna, jubilado de YPF, no lo podía creer: "Se están pasando el 14 bis por las pelotas. ¡Qué futuro les espera a los chicos!".

Antes de que el gas lo cubriera todo, un solo grito unificaba las columnas: "¡Paro, paro, paro... paro general!". Era el reclamo de la calle que el Parlamento se negaba a escuchar. Pasadas las cuatro, el escenario mutó en pesadilla. Un grupo de encapuchados protagonizó incidentes contra el vallado, la excusa perfecta para que la represión se volviera cacería. El avance de la Gendarmería y de los cosacos de la Ciudad convirtió la Plaza en un territorio ocupado. El "modelo Milei" consiguió su victoria de papel entre nubes de tóxicos.

En el asfalto caliente, donde todavía flota el ácido del gas pimienta, el aire se volvió irrespirable. Adentro del Congreso brinda la casta mileísta; afuera, el pueblo mastica el polvo de una traición. La patria no se vende, se defiende, y esta tarde la defensa se escribió con el cuero aguantando el fuego del amo. Pero no seremos su esclavo: sean eternos los derechos que supimos conseguir.

La Opinión Popular

11-02-2026 / 11:02

Rebelión policial en Santa Fe por salarios de miseria, corrupción y malos tratos

La crisis policial volvió a estallar en Santa Fé, continúa también en la Federal y amenaza con extenderse a otras provincias y otras fuerzas. Se viene alertando sobre la situación desde hace 10 días. La base excluyente es la cuestión salarial -suboficiales que cobran 850.000 pesos-, pero deriva en un feroz endeudamiento y, casi de inmediato, en problemas psiquiátricos.

Los mayores dramas terminan en una oleada de suicidios, 2 en los últimos 8 días en Rosario. A esto se agregan los malos tratos y la corrupción. En Santa Fé, la mayoría de los policías son del norte provincial y deben viajar entre 200 y 600 kilómetros para prestar servicio en Rosario.

Para eso les ponen micros en estado deplorable y las travesías suelen tardar 8 horas. Los bajos salarios derivaron en que casi no se reclutan hombres y la mayoría de los policías son mujeres, que tienen que recorrer esas distancias para ver a sus hijos. La protesta masiva y explosiva era previsible. Este diario recibió una nueva denuncia judicial sobre las increíbles maniobras de los jefes de una Unidad Operativa de la Federal.

Los llaman "la corona" y esos superiores se quedan con dinero de las horas adicionales, informan de efectivos que no existen, "rodean una zona con un policía" (sic), desarman investigaciones para concentrarse en narcomenudeo y hacer estadísticas para conformar al Ministerio de Seguridad y hasta liberan vastas zonas en acuerdo con un jefe narco regional. "Sólo hay plata para los proyectiles antidisturbios", dicen los rebeldes.

Durante la semana pasada se produjo el encadenamiento a la reja de la Casa Rosada del cabo Miguel Ángel Montiel, de la Policía Federal. El efectivo reclamaba por la situación salarial y también por la corrupción en la Superintendencia de Transporte, que integran los policías que custodian el ferrocarril. Los jefes de la Federal filtraron que Montiel estuvo con carpeta psiquiátrica y que por eso realizaba la protesta.

Página/12 relató la trastienda de la crisis policial, con la cuestión salarial como punto clave -lo que le sucede a todos los estatales-, pero con tramas de ribetes escandalosos: destinos fantasmas, es decir jefes que les dan horas extras a unos y no a otros, efectivos que ni siquiera concurren y comparten lo que cobran con los superiores; brutales acosos a las mujeres y groseras trampas para no realizar investigaciones de narcotráfico.

La crisis policial se expandía de manera silenciosa en la Federal y en otras fuerzas. En Santa Fé se vio algo inédito: ya no protestaron las familias y los retirados, sino efectivos en actividad, con los patrulleros, las sirenas, las motos y hasta los micros. El movimiento en Santa Fé desnuda una situación que no se ve a simple vista. Los que protestan son policías de calle y de las comisarías, con sus patrulleros. Es decir, los que están en la seguridad cotidiana de los vecinos.

Del otro lado, los que mayoritariamente respondieron al gobierno de Pullaro fueron los cuerpos especiales, Operaciones Especiales, Asalto Táctico, Infantería, que reciben bonos y adicionales de manera masiva. Ellos constituyen la estructura más orientada a la represión de los jubilados o cualquier otra protesta. Eso va en línea con lo que señala una de las denuncias: "para lo único que hay dinero es para los proyectiles antidisturbios".