10:59 | Viernes 26 de Diciembre de 2013 | Entre Ríos

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Nacionales - 17-01-2023 / 11:01

ELISA CARRIÓ HASTA HIZO UNA RIDÍCULA DENUNCIA PENAL

La oposición, en campaña a favor de la inflación y en contra del control de precios

La oposición no quiere que la inflación sea controlada porque saben que, en gran medida, eso les conviene por dos cosas: porque los sectores más ricos se siguen apropiando de los ingresos que pierden los trabajadores y porque saben que si la inflación empieza a ser controlada, sus chances electorales también empiezan a achicarse. Todos deberían formar parte de un dispositivo que limite el margen de maniobra de los que quieren arrinconar y extorsionar con el hambre al pueblo.

Desde hace varios días la Secretaría de Comercio Interior viene realizando controles en los centros de logística donde se cargan los camiones con alimentos, que luego van a los supermercados de todo el país, porque detectó que en las góndolas había desabastecimiento de varios de los productos que forman parte del programa Precios Justos y, por ende, irregularidades que estaban cometiendo las empresas.

Para realizar esa tarea de fiscalización, los inspectores de la Secretaría fueron acompañados por trabajadores del sindicato de Camioneros que, como son ellos los que cargan los camiones, podían aportar información. Esta situación desató la ira de los principales dirigentes de la oposición que salieron a decir que el Gobierno "manda a los camioneros a patotear", y "extorsionar". Además, hicieron denuncias penales y el larretismo hasta puso una línea telefónica para denunciar "posibles controles de patotas y piqueteros".

Desde el Gobierno Nacional explicaron a este diario que el objetivo de incorporar al programa a distintos actores sociales es "intercambiar información para que entre todos vayamos logrando el cumplimiento de la política y bajar la inflación", pero que "de ninguna manera significa que alguno de estos actores vaya a poner multas o fiscalizar precios adentro de un supermercado".

La oposición, a lo largo de toda la jornada del lunes, intentó instalar que "camioneros y piqueteros" iban a invadir supermercados y comercios de cercanía para sembrar pánico. El modo de campaña electoral, la estrategia se basó en estigmatizar a esos sectores que buscan colaborar con el control de los precios, ya sea brindando información sobre lo que sucede en los centros logísticos donde los empresarios cometen irregularidades o capacitando a la ciudadanía para que aprenda a utilizar la app del Gobierno y que no paguen más de lo que corresponde.

La dirigente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, ridículamente hasta denunció penalmente al presidente Alberto Fernández; al ministro de Economía, Sergio Massa y al secretario de Comercio, Matías Tombolini, "por el accionar del Gobierno de usar piqueteros y camioneros en el control de precios como si fueran grupos parapoliciales".

Mientras tanto, el jefe de gabinete del gobierno porteño, Felipe Miguel, anunció que el GCBA habilitó el 911 -la línea que se usa para situaciones de emergencia y de inseguridad- para que "los comerciantes denuncien a sindicalistas de Camioneros que vayan a controlar precios". Miguel hasta dijo que pondrían a disposición la Policía de la Ciudad "para que se haga presente en los comercios y reestablezcan el imperio de la ley".

El objetivo de la oposición es demonizar y convertir en un escándalo público una decisión de Gobierno que consiste en articular con algunos sindicatos para controlar la inflación. Los de JxC defienden la inflación como una herramienta de enriquecimiento de los sectores más ricos a expensas del hambre de la población, pero también como una herramienta de desestabilización política.

La oposición no quiere que esa inflación sea controlada porque saben que, en gran medida, eso les conviene por dos cosas: porque los sectores más ricos se siguen apropiando de los ingresos que pierden los trabajadores y porque saben que si la inflación empieza a ser controlada, sus chances electorales también empiezan a achicarse. Todos deberían formar parte de un dispositivo que limite el margen de maniobra de los que quieren arrinconar y extorsionar con el hambre al pueblo.

La Secretaría de Comercio, explicaron cerca de Tombolini, tiene diez acuerdos de precios firmados. El más importante de ellos es el de consumo masivo. En el marco de esos acuerdos, el Estado trabaja con 358 empresas; 12 cámaras; 35 municipios; organizaciones de defensa del consumidor, y unos 30 sindicatos. Los acuerdos formales se firman con las empresas, pero participan del proceso otros actores porque la idea, dicen, es "involucrar distintos espacios para cruzar información y poder aplicar la política".

Cuando el ministro de Economía, Sergio Massa, lanzó el programa Precios Justos, en el escenario estuvo acompañado por un referente de los empresarios y uno de los sindicatos de la alimentación. Desde la Secretaría de Comercio explicaron que, por ejemplo, tanto la UIA como la COPAL, organizaciones que reúnen a todas las empresas alimenticias, informan al Estado cuando una empresa tiene una dificultad.

De la misma manera que el sector empresario les pasa información -explican- los trabajadores que conocen cada área también les pueden dar datos sobre diversas cuestiones. Sin embargo, aseguran, no será posible "impedir que los sindicatos entren a los comercios", como dijeron desde el gobierno porteño, porque "eso nunca se hizo ni se piensa hacer".

Además de la información que puedan llegar a tener los trabajadores, el programa cuenta con una aplicación desde la cuál la ciudadanía puede chequear el precio de los alimentos y denunciar si es otro o si hay desabastecimiento. En este punto entra en juego el rol de los movimientos sociales.

Una vez que el programa fue lanzado, desde la agrupación Barrios de Pie se acercaron al ministerio de Economía con la preocupación de que en los barrios populares se suele comprar en los comercios de cercanía donde no hay "Precios Justos". Por eso acordaron hacer una serie de capacitaciones para que todos tengan información sobre la aplicación, puedan usarla y que no se vulneren sus derechos. Esa formación la viene realizando desde el mes de noviembre y desde este martes lanzarán una campaña en la costa argentina para aprender a usar la app.

"En los barrios populares hay consumo en comercios de cercanía y no en hipermercados. Le acercamos esa preocupación al ministro y pensamos capacitaciones para propiciar la participación ciudadana", explicó Daniel Menéndez, de Barrios de Pie.

Agregó que "nosotros estamos convencidos de que es una política pública que hay que alimentar y que vale la pena la participación para lograr el cumplimiento de la misma". Para él, el problema es que "hay un nivel de la discusión pública muy pobre que busca impugnar al otro de manera inmediata por cómo está visto en la sociedad. Se busca estigmatizar antes de ver qué estamos planteando o haciendo".

En diálogo con este diario, Pablo Moyano, del sindicato de Camioneros, explicó que la colaboración de los sindicatos para que el Estado pueda llevar adelante la política de control de precios viene funcionando en distintos sectores. "Se ha hecho con las automotrices; con las metalúrgicas; con los de UTEDYC, cuando fue el acuerdo con las zapatillas deportivas... El gobierno trata de buscar ayuda para llevar adelante este control, pasa que apareció Camioneros y explotó todo por la estigmatización", resaltó.

Según contó Moyano, se reunió con Tombolini hace unos 20 días. Allí, el secretario les pidió que colaboren en los centros de logística porque habían detectado irregularidades. El líder de Camioneros resaltó que "fueron los inspectores de la Secretaría a constatar a los centros de distribución, donde salen toneladas de mercadería a todo el país, que si salen 10 camiones a un supermercado, que esos 10 camiones de mercadería luego estén en las góndolas. El problema es que ponen menos de la mitad porque se lo guardan para especular, para remarcar y para sacar ventaja en estos momentos tan complicados que vive el país".

Para el sindicalista se trató de "una forma de colaborar y de denunciar a las empresas que encanutan la mercadería para después especular con los precios". "El que tiene la facultad de sancionar o aplicar una multa es el estado, no Camioneros", aclaró y dijo que "es mentira cuando dicen que somos todos patovicas, como dijo Patricia Bullrich, todos los que acompañaron a la Secretaría de Comercio son laburantes de esas empresas que hacen una tarea militante para ayudar que estos tipos no le afanen el plato de comida a millones de argentinos".

Hugo Yasky, de la CTA, explicó que el objetivo de la oposición es "demonizar y convertir en un escándalo público una decisión de Gobierno que consiste en articular con algunos sindicatos para controlar la inflación. Ellos defienden la inflación como una herramienta de enriquecimiento de los sectores concentrados a expensas del hambre de la población, pero también como una herramienta de desestabilización política".

Para él, en esta tarea no solamente deberían colaborar los sindicatos, sino también los estudiantes universitarios y las organizaciones de los empresarios Pyme. "Todos deberían formar parte de un dispositivo que tienda a limitar el margen de maniobra de los que quieren arrinconar y extorsionar con el hambre al pueblo", opinó.

Yasky considera que la oposición "no quiere que esa inflación sea controlada porque saben que, en gran medida, eso les conviene por dos cosas: porque los sectores concentrados se siguen apropiando de la renta que pierden los trabajadores y porque saben que si la inflación empieza a ser controlada, sus chances electorales también empiezan a achicarse".

Mercedes Cabezas, secretaria de organización de ATE, aclaró que el sindicato no acordó con el gobierno colaborar con el control, pero remarcó que para ellos es necesaria "una política mucho más agresiva en el control de precios porque si no, no hay acuerdo paritario que alcance".

Por Melisa Molina

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Fuente: Página 12

26-12-2025 / 07:12

El Loco Milei contra la Iglesia Católica: Una relación que va de fría a congelada

Sea por la infatuación que le dio el triunfo en las elecciones de octubre, por un criterio equivocado o por simple ignorancia política, el gobierno de Javier "el Loco" Milei ha incurrido en un error que puede resultarle caro. Aunque no explícitamente, se ha indispuesto con la Iglesia Católica, porque esta defiende la Justicia Social.

Se sabe que esta institución, se diría que, desde siempre, ha sido el credo mayoritario en el país, con militancia de las clases altas y muchas de las jerarquías militares, y si no recordar los últimos meses del primer período de gobierno peronista, cuando hubo un abierto enfrentamiento con la Iglesia y los aviones que bombardearon a gente inocente en Plaza de Mayo lo hicieron con el claro signo de "Cristo Vence" escrito en el fuselaje de sus máquinas.

Aquí y ahora la situación no ha llegado a extremos semejantes, pero se manifiesta claramente en el tradicional cambio de saludos para fin de año que concretaron la Iglesia y el Gobierno. A una nota enviada por el arzobispo al Presidente en la que destaca "nuestro anhelo de una paz social sólida, fundada en el cuidado de cada persona y especialmente de quienes atraviesan mayores fragilidades: los pobres, los trabajadores que sostienen día a día la vida del país y los ancianos cuya sabiduría y experiencia necesitamos valorar y acompañar".

Milei respondió diciendo que aprecia y valora "el llamado a la reflexión, a la paz social y el compromiso por el bien común" planteado por la jerarquía católica" y sostiene que "seguiremos trabajando incansablemente para generar las condiciones que permitan a cada argentino desarrollarse con dignidad, libertad y oportunidades reales de progreso, especialmente a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad".

Es fácil advertir que ambas misivas rezuman protocolo. Es posible que en el proceder de la Presidencia se refleje la dudosa capacidad de sus colaboradores en la materia (tal como se ha hecho evidente en materia diplomática) pero en el asunto cuentan dos hechos altamente significativos.

El primero es la abierta confesión de Milei de su militancia en la religión judía, la que no sólo lo ha llevado a alineamientos internacionales con Israel que hicieron trizas la tradicional neutralidad argentina; y también a cometer algunas torpezas dentro del rito mismo. Imbuida de una tradición de presidentes católicos o poco menos, la Iglesia debió deglutir en silencio el sapo que representó su presencia en actos de profunda significación dentro de la fe católica.

El otro error fue más grosero. No solamente faltó el tradicional encuentro de Navidad y Fin de Año entre ambos sectores político-religiosos; desde el Ejecutivo ha habido una suspensión de fondos a obras sociales que eran administradas por la Iglesia Católica, con el agravante -se diría que casi ofensa-- de derivarlos hacia congregaciones protestantes y evangelistas, miembros de la llamada Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas (Aciera).

A primera vista parecería una áspera respuesta por elevación a las repetidas homilías que el Episcopado católico ha hecho públicas, claramente críticas de la actual política de gobierno. Tampoco hay que olvidar la presencia presidencial de hace algunos meses en la inauguración de un gran templo evangélico, que hasta contó con la concreción de pretendidos -y torpes-milagros. La falta de contactos efectivos mencionada antes tuvo un agravante: sus principales integrantes evangélicos sí fueron participantes de un encuentro con autoridades del Poder Ejecutivo.

"El presidente -ha dicho uno de los principales analistas en el tema- no invita a dialogar a las autoridades del Episcopado católico, mientras orienta fondos hacia los evangelistas de Aciera y celebra con ellos en Casa Rosada". Una relación que va de fría a congelada.

La Opinión Popular

24-12-2025 / 11:12

Corrupción libertaria en la Agencia Nacional de Discapacidad: El exnúmero dos niega todo y deja a Spagnuolo como el corrompido de las compras truchas

La guerra de las coimas. Daniel Garbellini, el hombre de los primos Menem al que Daniel Spagnuolo definía en sus audios como "un delincuente" y al que le echó toda la culpa por la corrupción con los remedios para discapacitados, declaró ante la Justicia que el verdadero culpable era el propio Spagnuolo. "El asumió la suma del poder en la Andis y era el único que tenía firma autorizada para realizar pagos", sostiene en un documento.

La causa sobre coimas, direccionamiento y sobreprecios en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejó expuesta una batalla entre los principales imputados. Después de que el exdirector del organismo, Spagnuolo, buscara en un escrito responsabilizarlo por las irregularidades, Garbellini -su exnúmero dos, extitular de Acceso a los Servicios de Salud- le devolvió en un descargo la gentileza.

En el marco de la causa que investiga las irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad, Garbellini, ex número dos del organismo, presentó un escrito ante la Justicia en el que negó todas las acusaciones y trasladó la responsabilidad de las decisiones operativas y administrativas a Diego Spagnuolo, ex abogado personal de Javier "el Loco" Milei y exdirector ejecutivo de la entidad.

Garbellini fue removido de su cargo tras el escándalo por sobornos en la compra de medicamentos y detalló que asumió la Dirección de Acceso a los Servicios de Salud en junio de 2024. Según su descargo, sus funciones se limitaban a la gestión del programa Incluir Salud, destinado a brindar cobertura médica a personas con discapacidad sin obra social, y no incluían facultades decisorias sobre contrataciones ni sobre bajas de pensiones.

En su presentación, sostuvo que el control total del sistema informático, las compulsas de precios y los pagos estaban en manos exclusivas de la Dirección Ejecutiva. "Tanto el suscripto como el resto de los funcionarios éramos usuarios del sistema", afirmó, y remarcó que el acceso pleno e irrestricto a la información dependía únicamente del director ejecutivo.

Garbellini insistió en que no tenía atribuciones para transparentar o abrir las contrataciones, y que cualquier falta de publicidad o control público fue una decisión ajena a su responsabilidad. Incluso aseguró haber sugerido cambios estructurales que fueron rechazados con el argumento de que "todo se hacía por urgencia".

El caso se originó a partir de grabaciones que involucraban a Spagnuolo, aunque esas pruebas no fueron consideradas válidas por el fiscal Franco Picardi. En esos registros también se mencionaba un vínculo entre Garbellini y Karina Milei, a través de un colaborador cercano, aunque esa línea no avanzó formalmente.

Hasta ahora, el único testimonio oral fue el de Roger Grant, quien admitió irregularidades en las contrataciones del programa PACBI y aseguró que actuaba bajo órdenes directas de Garbellini, a quien señaló como la figura que definía la operatoria. Sin embargo, evitó referirse a presuntas coimas. El expediente también incorpora anotaciones secuestradas en un allanamiento que vuelven a comprometer al exfuncionario libertario y refuerzan la disputa de responsabilidades en la causa.

La Opinión Popular

23-12-2025 / 09:12

La justicia le exige a Milei que informe donde está el oro de las reservas que se encanutó

Un fallo de Cámara obliga al Gobierno a explicar ante la Justicia dónde está el oro que, en junio de 2024, el gobierno de Javier "el Loco" Milei sacó del Banco Central para enviar al exterior. Para los jueces, esa información constituye "un asunto de indudable interés público como es la administración de las reservas". La presentación la hizo La Asociación Bancaria, el gremio que descubrió y denunció la maniobra con los lingotes de oro. El presidente del Banco central, Santiago Bausili, ya se negó a contestar un requerimiento de la Auditoría General de La Nación. Junto a "Toto" Caputo sacaron el oro del país y nunca informaron sobre su destino.

En un operativo clandestino de ribetes policiales, comenzó una saga de ocultamiento de las autoridades sobre el destino de uno de los principales activos líquidos del organismo monetario. El diputado nacional y líder de La Bancaria, Sergio Palazzo, presentó varios pedidos de informes exigiendo a las autoridades que expliquen donde está el oro y que tipo de cauciones lo afectan. Caputo nunca quiso explicar su destino, se limitó a comentar muy por arriba en un programa de televisión que se giró a un banco para cobrar intereses. No explicó quien lo tiene ni qué tipo de operación se hizo con ese importante activo.

Ahora, la Justicia Federal ordenó este lunes al Banco Central que entregue información precisa sobre el destino del oro. En una resolución firmada por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, consideró que la autoridad monetaria no justificó de manera suficiente su decisión de no informar sobre el destino del activo y sostuvo que la negativa vulneró los principios de transparencia.

Es que Caputo y Bausili sostienen que la operación forma parte de la "administración" de las reservas y por ende es secreta. El mismo criterio opaco que Caputo utiliza para no dar precisiones sobre el swap firmado con Estados Unidos y los bonos que le entregó al Tesoro para que rentabilice la venta de dólares que hizo sobre el cierre de la campaña.

Los jueces fueron punzantes sobre el lamentable manejo de Caputo sobre información que debería ser pública. "La configuración de alguna de las excepciones legales a la entrega de información pública no puede depender de una apreciación unilateral del sujeto obligado", sostiene el fallo y subraya que es el Estado quien debe demostrar, de manera concreta, que la difusión de los datos solicitados causaría un daño a un interés legítimamente protegido.

El Banco Central respondió apenas con un comunicado formal que "había completado transferencias de parte de sus reservas en oro entre sus diferentes cuentas", sin precisar monto, destino ni motivo concreto. La respuesta evasiva del BCRA encendió alarmas. Porque ese oro no es un adorno: según informes oficiales, las reservas de oro rondan unos USD 4.900 millones, un componente significativo del total de activos extranjeros del Central.

Aunque la entidad insiste en que las operaciones no alteran el volumen agregado de las reservas, nadie sabe realmente dónde están físicamente esos lingotes y si siguen efectivamente en poder del Estado o se remataron en algunas de las operaciones de préstamos igualmente opacas que concretó Caputo. El balance del BCRA, en ciertos trimestres, llegó incluso a no mostrar ese componente con claridad, como si hubiera desaparecido entre páginas y cifras.

La Auditoría General de la Nación (AGN) reveló recientemente que el Banco Central se negó a entregar documentación sobre dónde están los lingotes, bajo qué condiciones se conservan y si parte del oro fue transformado en instrumentos financieros. El argumento oficial: la información es "confidencial" y su difusión podría poner en riesgo la seguridad de los activos. Como sea, la pregunta es: ¿dónde está el oro? Eso es lo que la Justicia ahora exige que responda Milei.

La Opinión Popular

22-12-2025 / 10:12

Las joyas de la abuela que remata el gobierno a los “amigos” hasta agotar stock

Las joyas de la abuela que remata el gobierno. A espaldas del Congreso, el Gobierno ya vendió 40 valiosos terrenos del Estado (pertenecientes a las fuerzas armadas, instituciones científicas y hasta predios de ex centros clandestinos de detención) y tiene 140 inmuebles más para subastar. Luis "Toto" Caputo sueña con conseguir unos mil millones de dólares mientras las grandes inmobiliarias amigas del gobierno, con Eduardo Costantini a la cabeza, se quedan con el botín.

Tierras del Plan Procrear, de las Fuerzas Armadas, ferroviarias, de instituciones científicas, predios de ex Centros Clandestinos de Detención y hasta un pedazo de montaña en Mendoza. Todo eso incluye la lista de más de 180 terrenos e inmuebles públicos que conforman el plan de ventas de bienes del Estado que ya avanza en el Gobierno de Javier "el Loco" Milei.

Los remates, que esta semana fueron noticia por la venta de tierras destinadas originalmente a viviendas sociales, se concentran por ahora en la Ciudad de Buenos Aires con las empresas de Eduardo Costantini como principales beneficiarias y otros grandes jugadores del sector, como el Grupo IRSA, codiciando las tierras.

A través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), y sin pasar por el Congreso, la fuerza libertaria ya vendió cerca de 40 bienes y tiene en lista otros 140 lotes e inmuebles publicados para subastar en lo que le queda de mandato.

La lista de subastas futuras cuenta con terrenos de hasta 300 hectáreas a vender en el interior del país con destino al negocio agropecuario o a grandes proyectos inmobiliarios. Especialistas y organizaciones ambientalistas advierten que se trata "de uno de los procesos de descapitalización pública más agresivos de nuestra historia reciente".

"Vamos a vender muchos de los activos de la AABE y eso va a generar un ingreso de miles de millones". No mentía el ministro de Economía, "Toto" Caputo, cuando a principios de junio reconocía que el gobierno remataría las tierras del Estado para intentar sostener las reservas, en conjunto con los procesos de privatizaciones y concesiones.

Sólo desde ese mes la Agencia abrió subastas para un total de 26 terrenos e inmuebles a los que hay que sumarle otros 17 procesos de remate que se habían abierto desde fines de 2023. En paralelo a las subastas de la AABE, el gobierno remata también las tierras que estaban destinadas al ya disuelto Plan Procrear y apunta a recaudar una suma de entre 800 y 1000 millones de dólares por todo el paquete. Aunque hubo ventas en Mendoza, La Plata, Pinamar y Córdoba, la mayor parte de los bienes vendidos hasta ahora se concentran en la Ciudad de Buenos Aires.

El terreno más grande de ese paquete es el predio de cuatro hectáreas que pertenecía al Ejército y que Eduardo Costantini adquirió por más de 120 millones de dólares. El mismo empresario se quedó con un lote de la Policía Federal en Bajo Belgrano a través de la firma Argencons, que controla desde mayo, en una subasta peleada en la que la empresa le ganó incluso al peso pesado de Eduardo Elsztain y su Grupo IRSA.

Antes, Costantini también había sumado otro terreno a pocos metros del Campo Argentino de Polo. En los tres casos se construirán desarrollos inmobiliarios.

21-12-2025 / 09:12

Volantazo de los gobernadores: El final de la primavera anarco capitalista del Loco Milei

Cuando los cimientos están agrietados, todo lo que se construye es frágil e inestable. Cincuenta días tardó Javier "el Loco" Milei, tras una sorpresiva e impactante victoria en las elecciones de medio término, en fagocitarse el crédito político, de la misma forma que se fagocitó -durante los últimos dos años- una cantidad récord de divisas sin poder acumular reservas.

Ahora, tiene por delante dos años en los que su suerte está atada a la voluntad de aliados poco confiables. El FMI volvió a intervenir la economía, forzando un volantazo; los gobernadores pasaron por caja y después le votaron en contra. Un poco de su propia medicina. Hola incertidumbre, mi vieja amiga, podría cantar el presidente. Dos años, en Argentina, es mucho tiempo.

Después de la sesión del miércoles en la Cámara de Diputados, la mayoría de los medios titularon con un triunfo del oficialismo por la media sanción de diputados y apenas destinaron alguna línea en la bajada para comentar, como algo secundario, la inesperada derrota en el Capítulo 11 que se votó de madrugada. Con el correr de las horas, la realidad se encargó de corregir ese evidente error de criterio.

La derrota del gobierno fue completa y sus consecuencias están teniendo ramificaciones imprevistas. Milei amenazó con vetar su propio presupuesto y Patricia Bullrich tuvo que anunciar la postergación del tratamiento de la reforma laboral, justo a la hora que la CGT desconcentraba la Plaza de Mayo. Una derrota indisimulable.

El debate sobre la Ley de Presupuesto en la Cámara Baja era la primera y la más sencilla de todas las sesiones que tiene por delante el Gobierno para aprobar las reformas que anunció. La dificultad insalvable que encontró esta semana echa dudas sobre la viabilidad del resto de sus planes, justo cuando tiene que convencer a los acreedores que le vuelvan a prestar el dinero que no podrá devolver en 20 días.

La forma en la que intentó, sin éxito, salvar esa dificultad, repercutió negativamente en la relación con todos sus aliados, a los que necesita para que el Congreso le siga dando una pátina de legitimidad a sus decisiones, muchas veces ilegales e inconstitucionales.

La caída del artículo 75, el corazón de la derrota, está cargada de significado político porque fue una rebelión contra la cláusula de la humillación. Enceguecido por una mala lectura de las urnas, Milei no se contentó con ganar sino que quiso escenificar un triunfo absoluto y definitivo sometiendo a los legisladores que antes de la elección habían apoyado las leyes que daban presupuesto a la Universidad Pública y a las personas con discapacidad, para que votaran explícitamente en contra de esas mismas leyes. Ese era el corazón político del proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo. Las partidas pueden reconducirse por decreto. Lo importante era coronar a Milei.

Así, el solsticio de verano no sólo marca hoy el final de la primavera, sino también, en coincidencia, el de la primaverita política que había comenzado para el gobierno con el resultado de las elecciones de medio término y que terminó sin que pudiera capitalizar de manera alguna ese éxito. La realidad muestra que, al fin y al cabo, las cosas no son tan malas como parecían en septiembre ni tan buenas como nos quisieron hacer creer después de octubre.

Todo sigue más o menos parecido a lo que fue el largo 2025: precario, inestable, violento, cada vez más autoritario y deteriorado. Este año Milei necesitó tres rescates del FMI, de Trump y de las urnas, para llegar hasta acá. Va a necesitar uno más, de los Senadores, antes del brindis del 31. Y con el 2026 comenzará una historia diferente.