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"El peronismo es un encuadramiento de las fuerzas populares vertebrado en torno a la clase trabajadora" John William Cooke
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Nacionales - 17-01-2023 / 11:01
ELISA CARRIÓ HASTA HIZO UNA RIDÍCULA DENUNCIA PENAL

La oposición, en campaña a favor de la inflación y en contra del control de precios

La oposición, en campaña a favor de la inflación y en contra del control de precios
La oposición no quiere que la inflación sea controlada porque saben que, en gran medida, eso les conviene por dos cosas: porque los sectores más ricos se siguen apropiando de los ingresos que pierden los trabajadores y porque saben que si la inflación empieza a ser controlada, sus chances electorales también empiezan a achicarse. Todos deberían formar parte de un dispositivo que limite el margen de maniobra de los que quieren arrinconar y extorsionar con el hambre al pueblo.
Desde hace varios días la Secretaría de Comercio Interior viene realizando controles en los centros de logística donde se cargan los camiones con alimentos, que luego van a los supermercados de todo el país, porque detectó que en las góndolas había desabastecimiento de varios de los productos que forman parte del programa Precios Justos y, por ende, irregularidades que estaban cometiendo las empresas.
 
Para realizar esa tarea de fiscalización, los inspectores de la Secretaría fueron acompañados por trabajadores del sindicato de Camioneros que, como son ellos los que cargan los camiones, podían aportar información. Esta situación desató la ira de los principales dirigentes de la oposición que salieron a decir que el Gobierno "manda a los camioneros a patotear", y "extorsionar". Además, hicieron denuncias penales y el larretismo hasta puso una línea telefónica para denunciar "posibles controles de patotas y piqueteros".
 
Desde el Gobierno Nacional explicaron a este diario que el objetivo de incorporar al programa a distintos actores sociales es "intercambiar información para que entre todos vayamos logrando el cumplimiento de la política y bajar la inflación", pero que "de ninguna manera significa que alguno de estos actores vaya a poner multas o fiscalizar precios adentro de un supermercado".
 
La oposición, a lo largo de toda la jornada del lunes, intentó instalar que "camioneros y piqueteros" iban a invadir supermercados y comercios de cercanía para sembrar pánico. El modo de campaña electoral, la estrategia se basó en estigmatizar a esos sectores que buscan colaborar con el control de los precios, ya sea brindando información sobre lo que sucede en los centros logísticos donde los empresarios cometen irregularidades o capacitando a la ciudadanía para que aprenda a utilizar la app del Gobierno y que no paguen más de lo que corresponde.
 
La dirigente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, ridículamente hasta denunció penalmente al presidente Alberto Fernández; al ministro de Economía, Sergio Massa y al secretario de Comercio, Matías Tombolini, "por el accionar del Gobierno de usar piqueteros y camioneros en el control de precios como si fueran grupos parapoliciales".
 
Mientras tanto, el jefe de gabinete del gobierno porteño, Felipe Miguel, anunció que el GCBA habilitó el 911 -la línea que se usa para situaciones de emergencia y de inseguridad- para que "los comerciantes denuncien a sindicalistas de Camioneros que vayan a controlar precios". Miguel hasta dijo que pondrían a disposición la Policía de la Ciudad "para que se haga presente en los comercios y reestablezcan el imperio de la ley".
 
El objetivo de la oposición es demonizar y convertir en un escándalo público una decisión de Gobierno que consiste en articular con algunos sindicatos para controlar la inflación. Los de JxC defienden la inflación como una herramienta de enriquecimiento de los sectores más ricos a expensas del hambre de la población, pero también como una herramienta de desestabilización política.
 
La oposición no quiere que esa inflación sea controlada porque saben que, en gran medida, eso les conviene por dos cosas: porque los sectores más ricos se siguen apropiando de los ingresos que pierden los trabajadores y porque saben que si la inflación empieza a ser controlada, sus chances electorales también empiezan a achicarse. Todos deberían formar parte de un dispositivo que limite el margen de maniobra de los que quieren arrinconar y extorsionar con el hambre al pueblo. 
 

 
La Secretaría de Comercio, explicaron cerca de Tombolini, tiene diez acuerdos de precios firmados. El más importante de ellos es el de consumo masivo. En el marco de esos acuerdos, el Estado trabaja con 358 empresas; 12 cámaras; 35 municipios; organizaciones de defensa del consumidor, y unos 30 sindicatos. Los acuerdos formales se firman con las empresas, pero participan del proceso otros actores porque la idea, dicen, es "involucrar distintos espacios para cruzar información y poder aplicar la política".
 
Cuando el ministro de Economía, Sergio Massa, lanzó el programa Precios Justos, en el escenario estuvo acompañado por un referente de los empresarios y uno de los sindicatos de la alimentación. Desde la Secretaría de Comercio explicaron que, por ejemplo, tanto la UIA como la COPAL, organizaciones que reúnen a todas las empresas alimenticias, informan al Estado cuando una empresa tiene una dificultad.
 
De la misma manera que el sector empresario les pasa información -explican- los trabajadores que conocen cada área también les pueden dar datos sobre diversas cuestiones. Sin embargo, aseguran, no será posible "impedir que los sindicatos entren a los comercios", como dijeron desde el gobierno porteño, porque "eso nunca se hizo ni se piensa hacer". 
 
Además de la información que puedan llegar a tener los trabajadores, el programa cuenta con una aplicación desde la cuál la ciudadanía puede chequear el precio de los alimentos y denunciar si es otro o si hay desabastecimiento. En este punto entra en juego el rol de los movimientos sociales.
 
Una vez que el programa fue lanzado, desde la agrupación Barrios de Pie se acercaron al ministerio de Economía con la preocupación de que en los barrios populares se suele comprar en los comercios de cercanía donde no hay "Precios Justos". Por eso acordaron hacer una serie de capacitaciones para que todos tengan información sobre la aplicación, puedan usarla y que no se vulneren sus derechos. Esa formación la viene realizando desde el mes de noviembre y desde este martes lanzarán una campaña en la costa argentina para aprender a usar la app.
 
"En los barrios populares hay consumo en comercios de cercanía y no en hipermercados. Le acercamos esa preocupación al ministro y pensamos capacitaciones para propiciar la participación ciudadana", explicó Daniel Menéndez, de Barrios de Pie.
 
Agregó que "nosotros estamos convencidos de que es una política pública que hay que alimentar y que vale la pena la participación para lograr el cumplimiento de la misma". Para él, el problema es que "hay un nivel de la discusión pública muy pobre que busca impugnar al otro de manera inmediata por cómo está visto en la sociedad. Se busca estigmatizar antes de ver qué estamos planteando o haciendo".
 
En diálogo con este diario, Pablo Moyano, del sindicato de Camioneros, explicó que la colaboración de los sindicatos para que el Estado pueda llevar adelante la política de control de precios viene funcionando en distintos sectores. "Se ha hecho con las automotrices; con las metalúrgicas; con los de UTEDYC, cuando fue el acuerdo con las zapatillas deportivas... El gobierno trata de buscar ayuda para llevar adelante este control, pasa que apareció Camioneros y explotó todo por la estigmatización", resaltó.
 
Según contó Moyano, se reunió con Tombolini hace unos 20 días. Allí, el secretario les pidió que colaboren en los centros de logística porque habían detectado irregularidades. El líder de Camioneros resaltó que "fueron los inspectores de la Secretaría a constatar a los centros de distribución, donde salen toneladas de mercadería a todo el país, que si salen 10 camiones a un supermercado, que esos 10 camiones de mercadería luego estén en las góndolas. El problema es que ponen menos de la mitad porque se lo guardan para especular, para remarcar y para sacar ventaja en estos momentos tan complicados que vive el país".
 
Para el sindicalista se trató de "una forma de colaborar y de denunciar a las empresas que encanutan la mercadería para después especular con los precios". "El que tiene la facultad de sancionar o aplicar una multa es el estado, no Camioneros", aclaró y dijo que "es mentira cuando dicen que somos todos patovicas, como dijo Patricia Bullrich, todos los que acompañaron a la Secretaría de Comercio son laburantes de esas empresas que hacen una tarea militante para ayudar que estos tipos no le afanen el plato de comida a millones de argentinos".
 
Hugo Yasky, de la CTA, explicó que el objetivo de la oposición es "demonizar y convertir en un escándalo público una decisión de Gobierno que consiste en articular con algunos sindicatos para controlar la inflación. Ellos defienden la inflación como una herramienta de enriquecimiento de los sectores concentrados a expensas del hambre de la población, pero también como una herramienta de desestabilización política".
 
Para él, en esta tarea no solamente deberían colaborar los sindicatos, sino también los estudiantes universitarios y las organizaciones de los empresarios Pyme. "Todos deberían formar parte de un dispositivo que tienda a limitar el margen de maniobra de los que quieren arrinconar y extorsionar con el hambre al pueblo", opinó.
 
Yasky considera que la oposición "no quiere que esa inflación sea controlada porque saben que, en gran medida, eso les conviene por dos cosas: porque los sectores concentrados se siguen apropiando de la renta que pierden los trabajadores y porque saben que si la inflación empieza a ser controlada, sus chances electorales también empiezan a achicarse".
 
Mercedes Cabezas, secretaria de organización de ATE, aclaró que el sindicato no acordó con el gobierno colaborar con el control, pero remarcó que para ellos es necesaria "una política mucho más agresiva en el control de precios porque si no, no hay acuerdo paritario que alcance".
 
Por Melisa Molina
 
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Fuente: Página 12
 

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08-02-2023 / 10:02
El Gobierno vs. el discurso económico de Juntos; ya se mueven y contrastan datos con la gestión del macrismo. Los laderos del ministro de Economía, Sergio Massa, vieron el comunicado de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio avisando que, de ganar, tendrán una herencia económica "bomba" y varios se sorprendieron.
 
Comentaron que "ellos hipotecaron el país con una deuda escandalosa, que hablen de herencia es cínico". Según se reconstruyó, fue ése el primer capítulo de algo que se volverá un método y que también tiene bajada de línea a la tropa desde Presidencia.
 
El Gobierno, desde diferentes sectores del Frente de Todos, saldrá a dar la pelea discursiva, en el marco de la campaña, sobre los resultados económicos de las gestiones de Alberto Fernández y Mauricio Macri.
 
Aún en un escenario inflacionario preocupante, hay consenso para contrastar variables con la gestión de Macri, a la que identifican como plena de cifras negativas en un escenario sin guerra, pandemia ni sequía. Y la generadora, al fin y al cabo, del mayor problema de la macroeconomía: los 45 mil millones de dólares que le pidieron al Fondo Monetario para no terminar de manera anticipada el Gobierno y ser competitivos en las elecciones del año 2019.
 
"Lo mejor que nos puede pasar es que hagan comunicados instalando el debate sobre las variables económicas", contó un ministro de alto rango que prepara números y estrategia para la contienda. El mismo dirigente asegura que "nosotros no escondemos los problemas que tenemos, pero ellos son incapaces, en el mano a mano, de reconocer los datos que muestran que vamos por el buen camino".
 
Si bien Massa sabe que está al borde de incumplir con su promesa de llegar a abril con una inflación con el 3 adelante, la concordia política sobre el rumbo y la estabilidad post salida de Martín Guzmán reformularon el escenario y hoy, por necesidad, el centro parece estar en aflojar la metralla interna hacia los temas económicos.
 
"Las diferencias se resuelven, hoy, puertas adentro, todos coincidimos en que el salario tiene que ganar más terreno, y es la premisa número uno del año", se sinceró un dirigente albertista.
 
Así las cosas, más allá de las tensiones aún reinantes y la posibilidad de que se institucionalice el Frente en la mesa política que ya convocó el Presidente, el Gobierno llegó a un punto de acuerdo en la identificación del enemigo político en los próximos comicios.
 
Será un debate directo sobre la herencia del macrismo en todos los frentes, incluido el de la inflación, que según aseguran se duplicó en relación a la que dejó Cristina Fernández en 2015. 
 

08-02-2023 / 09:02
El juicio por el crimen de Lucio Dupuy, producido el 26 de noviembre de 2021 cuando el niño tenía 5 años, llegó a su fin. Los jueces de Tribunal de Audiencias de Santa Rosa, La Pampa, declararon culpables a la madre, Magdalena Espósito Valenti, y a la novia de ella, Abigaíl Páez, de los delitos de homicidio agravado. Para los jueces Alejandra Ongaro, Andrés Olié y Daniel Sáez no hay dudas: ambas mujeres fueron las asesinas.
 
Las condenas a Espósito Valenti y Páez por el asesinato de Lucio Dupuy, aun cuando no se conoce todavía el monto de las penas, llegaron para reparar, aunque sea en parte, el dolor de la familia del niño y la conmoción de una sociedad desgarrada por un acto de crueldad inaudito.
 
Las figuras penales que utilizó el tribunal para respaldar el veredicto permiten anticipar que, el próximo 13 de febrero, cuando los magistrados den a conocer el texto completo de la sentencia con todas sus consideraciones, les caería a las dos mujeres la condena a reclusión perpetua. Las declaraciones públicas de quienes más interesados estaban en el resultado de este juicio, especialmente los abuelos y el padre del niño, el abogado querellante y los fiscales se mostraron conformes por la resolución del tribunal.
 
La trascendencia que le dieron al caso los medios de comunicación más grandes del país hizo que coincidiera su cobertura periodística con la que viene recibiendo otro juicio resonante: el que investiga el asesinato de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell por acción de un violento grupo de jóvenes.
 
La superposición temporal de ambos procesos judiciales, motivados por homicidios cometidos con derroche escalofriante de violencia -a pesar de las diferencias sustantivas entre ambos casos- generó una suerte de clima mediático propiciatorio para que se manifestaran voces desaforadas que corrieron el debate de los temas que más deberían interesar a la sociedad: la violencia doméstica, el sistema penal y carcelario, la presencia o ausencia del Estado a la hora de proteger a la niñez, las disputas paternas por la tenencia de menores, etcétera.
 
En muchos medios porteños, especialmente en la televisión, predominó el tinte sensacionalista, admonitorio y una fuerte carga de prejuicios. La orientación sexual de las entonces acusadas y hoy condenadas, o su presunta pertenencia al movimiento feminista ocupó un lugar central y, con ello, se desperdició la oportunidad de hablar en profundidad de los sucesos determinantes que rodearon al caso. El oportunista uso político de ambos crímenes fue otro condimento sobresaliente por estos días.
 
El Poder Judicial actuó con ejecutividad y resolvió el caso sin los tiempos morosos que se observaban antes de los debates orales. En el desarrollo de las audiencias supo preservar la intimidad en un proceso que sin dudas lo requería. Pero también es cierto que se filtraron elementos de prueba que alimentaron el morbo social y, asimismo, hubo accesos desmedidos a información reservada del caso en el sistema de salud pública, un tema que deberá merecer mucha atención en las autoridades del ministerio.
 
A pesar de la condena aún quedan varias asignaturas pendientes. La actuación de la jueza de Familia y el Menor de General Pico será evaluada, como todo lo indica, en un juicio político; pero también deben profundizarse las investigaciones sobre cómo fallaron en la detección precoz de la extrema violencia que sufrió Lucio el sistema de salud y el educativo, y, también, la policía provincial.
 
La Opinión Popular

07-02-2023 / 09:02
Fernando Báez Sosa fue y es la principal víctima de esta tragedia espesa, hiper mediatizada. Con él, su mamá Graciela y su padre Silvino. En charlas familiares o de café se los identifica por sus nombres de pila, que quizá mañana sirva para designar a una ley. Tradiciones de la democracia argentina, de eso se trata. Positivas en muchos sentidos aunque jamás perfectas. La solidaridad masiva con la familia de Fernando es tangible, rotunda, reconoce pocos antecedentes.  Sería necio o unidireccional atribuirlo solo al discurso predominante en los medios de difusión.
 
Fernando era un pibe de una familia tipo, pongalé. Papá y mamá paraguayos, gente de laburo, con hijo único. Tal vez de un escalón social menos empinado que el de quienes lo mataron en un acto plagado de barbarie con cuotas de machismo y racismo. En otros casos, quizá, la vocación aspiracional de los sectores medios que "hacen" opinión pública hubiera acercado a mucho público a los acusados, gente presentable, "influyente", calificó algún vecino de Zárate. No oligarcas ni aristócratas pero personas bien ranqueadas.
 
No ocurrió ante este homicidio... consecuencia de sus características, divulgadas hasta el hastío en cualquier horario de desprotección al menor. La identificación con la familia se funda en una escala de valores querible, humana.
 
El fenómeno se ha repetido, Silvino y Graciela recorren un itinerario transitado. Lo estilizo. La víctima, los familiares lo son, se planta frente a un micrófono o una cámara y cuenta el origen de su desdicha. Es una persona común, no tenía antes compromisos políticos (o si los tenía, no argumenta en su nombre), algo rompió la inercia de su existencia, algo la cambió definitivamente. Es irreparable.
 
La vida de esa víctima ya nunca será la misma y por eso se dirige a personas que se parecían a ella (las más veces) o a él antes de la privación. De privación hablamos, porque las víctimas estaban mejor, en un sentido sustantivo, antes de que ese "algo" aconteciera.
 
"Yo era como vos", le dice la víctima al espectador de la televisión o la radio. "Lo que me pasó te puede pasar porque la gente común está en riesgo, si las cosas no cambian". "Yo no quiero venganza, quiero justicia". Justicia no es sólo sanción a los culpables sino un cambio de escenario, parcial pero ineludible. Justicia es que la muerte de Fernando no haya sido en vano, que "esto no se repita".
 
Una sentencia justa, severa, forma parte de ese camino imaginario. Desprovista de detalles o de espinas en los que entraremos más abajo, es una noble utopía republicana. Las instituciones funcionan, las leyes se aplican, los culpables tienen castigo impartido por un Estado imparcial... la sociedad mejorará. Casi no hace falta agregar que este cronista enaltece esos pensamientos aunque descree de que su resultado promedio sea tan virtuoso.
 
Los familiares, larga prosapia, renuncian a la mal llamada "justicia por mano propia". O, por mejor decir: a la violencia privada, a la vendetta. Acuden a la ley y a las instituciones que deberían regular proporcionalidad en los castigos y frenar la violencia entre particulares. Deberían.
 

06-02-2023 / 12:02
Uno de los errores políticos más importantes del gobierno del presidente Alberto Fernández fue no haber impulsado cambios en la Corte Suprema heredada del macrismo en los primeros 15 días de mandato. No haber seguido el ejemplo de Néstor Kirchner, que el 5 de junio de 2003, habiendo asumido hace menos de dos semanas y con sólo el 22,25% de los votos, tomó el toro por las astas.
 
Néstor hizo ese día una cadena nacional. Leyó un discurso de 6.25 minutos. "Hemos asumido el compromiso de reconciliar a las instituciones con la sociedad", dijo, entre otras frases. Uno de los primeros efectos fue la renuncia del presidente de la Corte, el riojano Julio Nazareno, emblema de la mayoría automática del menemato. Con esa decisión, Nazareno pudo conservar la cuantiosa jubilación que reciben los jerarcas del Poder Judicial, ya que la hubiera perdido si dejaba el cargo por la vía del juicio político.
 
La mayoría de los funcionarios judiciales, por supuesto que no todos, están constituidos por una alquimia que mezcla un sentimiento de supremacía, por encima de la ley y la Constitución, con el sueño del burócrata de ser jubilado de lujo: ir todas las semanas a un palco del Colón, vacacionar en Europa.
 
En un juicio político la relación de fuerzas es clave. Néstor había sacado el 22,25%. Sin embargo, además de ser un líder político excepcional, con una enorme confianza en la fuerza de la voluntad, sabía que el anti menemismo en ese momento era mucho más que el porcentaje que él había conseguido y que esa relación de fuerzas inclinaría la balanza. La Argentina tuvo después la mejor Corte Suprema de su historia. El gobierno peronista le dio al país algunos años de una calidad institucional desconocida.
 
Alberto partió de la base de que la Corte se iba a adaptar a los nuevos vientos por instinto de supervivencia. Apostó a que los ministros que habían convalidado el lawfare dejando que se practique la violación a los derechos constitucionales iban a dar un volantazo y corregir el rumbo, similar a lo que ocurrió en Brasil. No pasó. Los procesos políticos en Brasil tienen esa tradición histórica. Argentina no es Brasil, para bien y para mal.
 
La Corte no se adaptó a los nuevos vientos que auguró el triunfo del FdT. Reaccionó de modo corporativo. Encubrió los delitos que habían realizado los tribunales inferiores: las extorsiones para conseguir las delaciones que le dieran carnadura a las acusaciones por supuesta corrupción, las violaciones al debido proceso para encarcelar y generar puestas en escena que les sirvieran a los grandes medios para construir shows y condenas mediáticas.
 
Luego, en 2021, tras la derrota electoral del peronismo a nivel nacional, el Máximo Tribunal dobló la apuesta. Los cortesanos se sintieron fortalecidos por la victoria de Juntos por el Cambio y se consolidaron como la Corte que defiende a los grandes grupos económicos que operan en la Argentina y al sector antiperonista de la política, con el respaldo de la embajada yanqui. Las causas contra Mauricio Macri no avanzan ni un centímetro. Están congeladas como Walt Disney.
 
La Corte y la Procuración General, ocupada por el interino Eduardo Casal, han sido durante estos tres años las trincheras del macrismo dentro de la estructura del Estado. Cuando Macri ganó las elecciones de 2015, su consultor Jaime Durán Barba solía decirle algo que se puede aplicar al FdT: "Tomamos el gobierno, pero todavía no el poder". El FdT ganó el gobierno, pero faltó la decisión política de desmontar la Corte macrista.
 
El juicio político impulsado ahora, disparado por el pornográfico fallo sobre coparticipación que financia la campaña de Horacio Rodríguez Larreta, se produce en un contexto de debilidad del peronismo, comparado con el inicio del mandato de Alberto. Pero en la política -y en la vida- se pelea por lo que puede pelear, aunque sea haya empezado tarde. 
 

06-02-2023 / 11:02
El presidente Alberto Fernández se ha declarado dispuesto a armar la "mesa electoral", una denominación que no dice gran cosa con relación a las tareas y el poder de decisión que el organismo asumiría.
 
La cuestión se desplaza -con algo de ingenuidad- a la creación de algo así como un foro de discusión pública en el que cada representante haría público su punto de vista sobre la "política electoral"; la indefinición es muy evidente y nada casual: se procura evitar la puesta en escena de distintos tipos y formas de cuestionamiento a la actual política gubernamental bajo la forma de "propuestas electorales".
 
Esto es lógico y muy criterioso: si la "mesa" se convierte en un coro de voces críticas desde distintas lógicas y perspectivas políticas poco podría acumular a favor de un impulso de unidad de acción a la que se supone una exigencia mínima de cualquier pretensión de triunfo electoral.
 
Además, para la elección presidencial faltan varios meses todavía. Pero es muy importante que los organizadores sean conscientes de que tarde o temprano el balance del gobierno de estos cuatro años de gobierno deberá hacerse. Y no solamente eso, sino que ese balance deberá ser estructurado en una clave política que permita que todas las voces -o la mayoría, las más influyentes, las más representativas- se expresen públicamente.
 
Es impensable que una "mesa" jerarquice los puntos de vista de unos sobre los de otros: lo mejor sería dejar todas las interpretaciones abiertas. Porque el momento decisivo de un eventual renacimiento del frente debería ser el de las primarias abiertas. Allí será donde se organicen los acuerdos y las diferencias, el balance y la proyección futura de la coalición.
 
Una mirada "ideal" aconseja ese orden: primero el balance que cada sector hace de la marcha de la experiencia de gobierno, una evaluación pública, plenamente abierta a la discusión de todo aquel que quiera sumar su punto de vista. No habría posiciones "buenas o malas", la etapa establecería los contornos de la discusión, los acuerdos y los desacuerdos.
 
Ahora bien, la "mesa" debería abstenerse de establecer jerarquías entre los puntos de vista. Este circuito tiene una enorme ventaja respecto de lo que fue práctica del FdT desde su fundación: el cierre de las primarias a un puñado de actores. Todos tendrían derecho a defender su punto de vista desde la plataforma que existe y tiene fuerza legal precisamente por esa virtud: la de someterse a la prueba de la voluntad del electorado. 
 

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