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“A muerte estoy con los jubilados. Lo que les hacen es una vergüenza. Yo defiendo a los jubilados ¿cómo no los voy a defender? Tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados”. Diego Maradona
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Nacionales - 17-01-2023 / 11:01
ELISA CARRIÓ HASTA HIZO UNA RIDÍCULA DENUNCIA PENAL

La oposición, en campaña a favor de la inflación y en contra del control de precios

La oposición, en campaña a favor de la inflación y en contra del control de precios
La oposición no quiere que la inflación sea controlada porque saben que, en gran medida, eso les conviene por dos cosas: porque los sectores más ricos se siguen apropiando de los ingresos que pierden los trabajadores y porque saben que si la inflación empieza a ser controlada, sus chances electorales también empiezan a achicarse. Todos deberían formar parte de un dispositivo que limite el margen de maniobra de los que quieren arrinconar y extorsionar con el hambre al pueblo.
Desde hace varios días la Secretaría de Comercio Interior viene realizando controles en los centros de logística donde se cargan los camiones con alimentos, que luego van a los supermercados de todo el país, porque detectó que en las góndolas había desabastecimiento de varios de los productos que forman parte del programa Precios Justos y, por ende, irregularidades que estaban cometiendo las empresas.
 
Para realizar esa tarea de fiscalización, los inspectores de la Secretaría fueron acompañados por trabajadores del sindicato de Camioneros que, como son ellos los que cargan los camiones, podían aportar información. Esta situación desató la ira de los principales dirigentes de la oposición que salieron a decir que el Gobierno "manda a los camioneros a patotear", y "extorsionar". Además, hicieron denuncias penales y el larretismo hasta puso una línea telefónica para denunciar "posibles controles de patotas y piqueteros".
 
Desde el Gobierno Nacional explicaron a este diario que el objetivo de incorporar al programa a distintos actores sociales es "intercambiar información para que entre todos vayamos logrando el cumplimiento de la política y bajar la inflación", pero que "de ninguna manera significa que alguno de estos actores vaya a poner multas o fiscalizar precios adentro de un supermercado".
 
La oposición, a lo largo de toda la jornada del lunes, intentó instalar que "camioneros y piqueteros" iban a invadir supermercados y comercios de cercanía para sembrar pánico. El modo de campaña electoral, la estrategia se basó en estigmatizar a esos sectores que buscan colaborar con el control de los precios, ya sea brindando información sobre lo que sucede en los centros logísticos donde los empresarios cometen irregularidades o capacitando a la ciudadanía para que aprenda a utilizar la app del Gobierno y que no paguen más de lo que corresponde.
 
La dirigente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, ridículamente hasta denunció penalmente al presidente Alberto Fernández; al ministro de Economía, Sergio Massa y al secretario de Comercio, Matías Tombolini, "por el accionar del Gobierno de usar piqueteros y camioneros en el control de precios como si fueran grupos parapoliciales".
 
Mientras tanto, el jefe de gabinete del gobierno porteño, Felipe Miguel, anunció que el GCBA habilitó el 911 -la línea que se usa para situaciones de emergencia y de inseguridad- para que "los comerciantes denuncien a sindicalistas de Camioneros que vayan a controlar precios". Miguel hasta dijo que pondrían a disposición la Policía de la Ciudad "para que se haga presente en los comercios y reestablezcan el imperio de la ley".
 
El objetivo de la oposición es demonizar y convertir en un escándalo público una decisión de Gobierno que consiste en articular con algunos sindicatos para controlar la inflación. Los de JxC defienden la inflación como una herramienta de enriquecimiento de los sectores más ricos a expensas del hambre de la población, pero también como una herramienta de desestabilización política.
 
La oposición no quiere que esa inflación sea controlada porque saben que, en gran medida, eso les conviene por dos cosas: porque los sectores más ricos se siguen apropiando de los ingresos que pierden los trabajadores y porque saben que si la inflación empieza a ser controlada, sus chances electorales también empiezan a achicarse. Todos deberían formar parte de un dispositivo que limite el margen de maniobra de los que quieren arrinconar y extorsionar con el hambre al pueblo. 
 

 
La Secretaría de Comercio, explicaron cerca de Tombolini, tiene diez acuerdos de precios firmados. El más importante de ellos es el de consumo masivo. En el marco de esos acuerdos, el Estado trabaja con 358 empresas; 12 cámaras; 35 municipios; organizaciones de defensa del consumidor, y unos 30 sindicatos. Los acuerdos formales se firman con las empresas, pero participan del proceso otros actores porque la idea, dicen, es "involucrar distintos espacios para cruzar información y poder aplicar la política".
 
Cuando el ministro de Economía, Sergio Massa, lanzó el programa Precios Justos, en el escenario estuvo acompañado por un referente de los empresarios y uno de los sindicatos de la alimentación. Desde la Secretaría de Comercio explicaron que, por ejemplo, tanto la UIA como la COPAL, organizaciones que reúnen a todas las empresas alimenticias, informan al Estado cuando una empresa tiene una dificultad.
 
De la misma manera que el sector empresario les pasa información -explican- los trabajadores que conocen cada área también les pueden dar datos sobre diversas cuestiones. Sin embargo, aseguran, no será posible "impedir que los sindicatos entren a los comercios", como dijeron desde el gobierno porteño, porque "eso nunca se hizo ni se piensa hacer". 
 
Además de la información que puedan llegar a tener los trabajadores, el programa cuenta con una aplicación desde la cuál la ciudadanía puede chequear el precio de los alimentos y denunciar si es otro o si hay desabastecimiento. En este punto entra en juego el rol de los movimientos sociales.
 
Una vez que el programa fue lanzado, desde la agrupación Barrios de Pie se acercaron al ministerio de Economía con la preocupación de que en los barrios populares se suele comprar en los comercios de cercanía donde no hay "Precios Justos". Por eso acordaron hacer una serie de capacitaciones para que todos tengan información sobre la aplicación, puedan usarla y que no se vulneren sus derechos. Esa formación la viene realizando desde el mes de noviembre y desde este martes lanzarán una campaña en la costa argentina para aprender a usar la app.
 
"En los barrios populares hay consumo en comercios de cercanía y no en hipermercados. Le acercamos esa preocupación al ministro y pensamos capacitaciones para propiciar la participación ciudadana", explicó Daniel Menéndez, de Barrios de Pie.
 
Agregó que "nosotros estamos convencidos de que es una política pública que hay que alimentar y que vale la pena la participación para lograr el cumplimiento de la misma". Para él, el problema es que "hay un nivel de la discusión pública muy pobre que busca impugnar al otro de manera inmediata por cómo está visto en la sociedad. Se busca estigmatizar antes de ver qué estamos planteando o haciendo".
 
En diálogo con este diario, Pablo Moyano, del sindicato de Camioneros, explicó que la colaboración de los sindicatos para que el Estado pueda llevar adelante la política de control de precios viene funcionando en distintos sectores. "Se ha hecho con las automotrices; con las metalúrgicas; con los de UTEDYC, cuando fue el acuerdo con las zapatillas deportivas... El gobierno trata de buscar ayuda para llevar adelante este control, pasa que apareció Camioneros y explotó todo por la estigmatización", resaltó.
 
Según contó Moyano, se reunió con Tombolini hace unos 20 días. Allí, el secretario les pidió que colaboren en los centros de logística porque habían detectado irregularidades. El líder de Camioneros resaltó que "fueron los inspectores de la Secretaría a constatar a los centros de distribución, donde salen toneladas de mercadería a todo el país, que si salen 10 camiones a un supermercado, que esos 10 camiones de mercadería luego estén en las góndolas. El problema es que ponen menos de la mitad porque se lo guardan para especular, para remarcar y para sacar ventaja en estos momentos tan complicados que vive el país".
 
Para el sindicalista se trató de "una forma de colaborar y de denunciar a las empresas que encanutan la mercadería para después especular con los precios". "El que tiene la facultad de sancionar o aplicar una multa es el estado, no Camioneros", aclaró y dijo que "es mentira cuando dicen que somos todos patovicas, como dijo Patricia Bullrich, todos los que acompañaron a la Secretaría de Comercio son laburantes de esas empresas que hacen una tarea militante para ayudar que estos tipos no le afanen el plato de comida a millones de argentinos".
 
Hugo Yasky, de la CTA, explicó que el objetivo de la oposición es "demonizar y convertir en un escándalo público una decisión de Gobierno que consiste en articular con algunos sindicatos para controlar la inflación. Ellos defienden la inflación como una herramienta de enriquecimiento de los sectores concentrados a expensas del hambre de la población, pero también como una herramienta de desestabilización política".
 
Para él, en esta tarea no solamente deberían colaborar los sindicatos, sino también los estudiantes universitarios y las organizaciones de los empresarios Pyme. "Todos deberían formar parte de un dispositivo que tienda a limitar el margen de maniobra de los que quieren arrinconar y extorsionar con el hambre al pueblo", opinó.
 
Yasky considera que la oposición "no quiere que esa inflación sea controlada porque saben que, en gran medida, eso les conviene por dos cosas: porque los sectores concentrados se siguen apropiando de la renta que pierden los trabajadores y porque saben que si la inflación empieza a ser controlada, sus chances electorales también empiezan a achicarse".
 
Mercedes Cabezas, secretaria de organización de ATE, aclaró que el sindicato no acordó con el gobierno colaborar con el control, pero remarcó que para ellos es necesaria "una política mucho más agresiva en el control de precios porque si no, no hay acuerdo paritario que alcance".
 
Por Melisa Molina
 
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Fuente: Página 12
 

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03-07-2025 / 08:07
El Ministerio de Seguridad, con la complicidad de la jueza Arroyo Salgado, le cumplió el deseo al diputado libertario de encarcelar a sus opositores, a lo que sumaron una serie de entraderas violentas con la Federal en casas de familiares de los militantes. Este miércoles se sumaron cuatro detenidos, que se suman a Alexia Abaigar. La avanzada recuerda los peores tiempos del terror distatorial. "Aunque tengamos miedo, estamos acá, la lucha sigue", dijeron sus compañeros en una conferencia de prensa en Diputados.
 
El Ministerio de Seguridad, a través de la Policía Federal, y la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, desataron un show de allanamientos y detenciones en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires a pedido del diputado libertario José Luis "Dolape" Espert, para quien sus opositores solo merecen "cárcel o bala", como suele decir.
 
La cacería incluyó la detención de cuatro personas que a última hora de este miércoles permanecían incomunicadas, que se suman a Alexia Abaigar, quien lleva una semana presa, ahora alojada en el penal de Ezeiza. Todo este despliegue es producto de una denuncia de Espert por un pasacalle con un insulto colocado frente a su casa en Beccar y bosta desparramada en la vereda.
 
En una conferencia de prensa convocada por el bloque de Diputados de Unión por la Patria, el rector de la Universidad de Lomas de Zamora, Diego Molea, y el presidente de los colegios de Abogados de Quilmes y de la Provincia de Buenos Aires, Bienvenido Rodríguez Basalo, denunciaron la "ilegalidad" de las detenciones, por lo que reclamaron la libertad de las/los encarcelados. Hablaron sus familiares y describieron operativos violentos, totalmente fuera de lugar, que incluso se replicaron en viviendas de otros parientes, en una especie de cadena del terror.
 
"Mi vieja es una militante barrial, que escucha a cualquiera que se acerque y que le pide una mano. Mi vieja es Eva Mieri", dice Marcos, su hijo, y se le quiebra la voz. Mieri, de 40 años, es concejala del Partido Justicialista en Quilmes y fue detenida tras un allanamiento en su casa. Hubo otro allanamiento en su oficina en la Municipalidad. La policía del régimen libertario le secuestró el teléfono y una computadora. "Aunque tengamos miedo, estamos acá, la lucha sigue", convocó el joven a quienes lo escuchaban y rompieron en aplausos. "Fue un día muy terrible. No es fácil despertarse con golpes de un operativo de diez o quince policías", relató Fernando, "compañero de vida y de militancia" de Eva.
 
La ministra Patricia "Chaborra" Bullrich y la jueza Arroyo Salgado desataron un show de detenciones ilegales y allanamientos a pedido del diputado Espert. Con la excusa de un pasacalle y bosta derramada frente a su casa, ya pusieron en la cárcel a cinco opositoras, incluida una concejal de Quilmes. La protesta contra el atropello llegó al Congreso nacional en busca de evitar que se valide la frase preferida de Espert: "Cárcel o bala" para los opositores.
 
Mientras las compañeras y compañeros son perseguidos, Javier "el Loco" Milei, Luis Espert, con la complicidad de la jueza Arroyo Salgado, otros funcionarios y seguidores del gobierno anarco capitalista ejercen violencia dictatorial sobre militantes, periodistas, manifestantes y cualquier persona que cuestiona lo que está pasando en nuestro país sin tener ningún tipo de sanción, incluso para quienes ejercen cargos públicos. Sin libertad política, la democracia está más que en peligro.
 

02-07-2025 / 11:07
El veto presidencial al aumento de las jubilaciones, el que el "hombre papada" Javier Milei firmó con una sonrisa mientras dejaba a millones de viejos en la indigencia, está en riesgo porque ni sus propios socios quieren seguir siendo parte del circo del trastornado. El quiebre ya no es con la oposición, que hace rato lo detesta, sino con gobernadores que lo bancaron y ahora no lo quieren ni ver.
 
¿La razón? Martín y Eduardo Menem, esos herederos del clientelismo noventoso, decidieron armar las listas de La Libertad Avanza con "libertarios puros" y rajaron a todos los aliados provinciales. Un delirio sectario que dejó afuera a radicales "con peluca", a macristas funcionales y a gobernadores que venían poniendo la cara en el Congreso para defender al desequilibrado de la motosierra.
 
En Casa Rosada ya no hay blindaje. Los 87 diputados que sostenían los vetos del prescindente Milei se están cayendo como fichas de dominó. Se hartaron de las humillaciones de Santiago Caputo el trollero, del ninguneo de Karina Milei la recaudadora omnipresente, y de Guillermo Francos, que promete y no cumple. Los armados provinciales de LLA ponen en riesgo la gobernabilidad de Milei en el Congreso. Un gobernador que aún lo trataba con guantes de seda disparó: "Se perdió el foco. Nos tratan como mierda y encima nos quieren imponer candidatos. ¿Quién carajo se creen que son?".
 
Mientras los jubilados esperan que alguien les tire un hueso, el Presidente está más ocupado en ajustar cuentas internas y armar listitas con los Menem que en evitar que su imagen se derrita. Y lo que ardía en Olivos como un "renacimiento liberal" ahora se desintegra entre traiciones, insultos y traqueteo de WhatsApp en estado de asamblea permanente.
 
El colmo es que ni siquiera los radicales que se bajaron los pantalones ante Milei tienen lugar: fueron echados de la UCR, se tatuaron el billete de 100 dólares en el pecho y ahora Milei los deja afuera hasta de la boleta. En Tucumán, Mariano Campero quedó afuera. En Misiones, Martín Arjol jugó solo, sacó 7 puntos y demostró que ni con el aparato libertario te salva Dios si te arma la lista un Menem.
 
En tanto, Luis "Toto" Caputo, en modo negación, desestimó las turbulencias y defendió el tipo de cambio bajo. "Si pensás que está barato, comprá, no te pierdas la oportunidad", dijo el ministro de Economía sobre el dólar en un discurso con tono sobrador. Aseguró que el Gobierno "le presta atención al déficit de cuenta corriente, pero no le preocupa" y ratificó que se avanzará en privatizaciones para saldar la falta de divisas.
 
Los gobernadores lo saben. Milei reparte entre los gobernadores un 35% menos que Macri y un 50% menos que el Frente de Todos. Y por eso preparan la venganza: hacer mierda el veto a los jubilados en el Senado. Ya le ganaron en Diputados con los votos de peronistas, cordobeses, tucumanos jaldistas, macristas rebeldes y radicales renegados. Y el dato más humillante para Milei: nadie del Gobierno los llamó para evitarlo. Porque están tan encerrados en su reality psicótico que ya ni atienden el teléfono.
 
El de LLA no es un gobierno. Es un delirio institucionalizado, un manicomio dirigido por fanáticos, economistas lobotomizados y operadores de quinta con complejo de Winston Churchill. Mientras tanto, el pueblo no ve un mango, los hospitales se caen a pedazos, los comedores no tienen leche y los jubilados viven con miedo. Pero los "libertarios" se pelean entre ellos por sillones que ya ni existen.
 
La Opinión Popular
 

01-07-2025 / 10:07
Una jueza en Nueva York, Loretta Preska, dispuso que el Estado argentino le transfiera el control accionario de la petrolera YPF al fondo buitre Burford Capital. Este fallo colonialista es parte del litigio originado en la nacionalización de YPF en 2012. En apoyo al planteo buitre, Javier "el Psicótico" Milei responsabilizó a Axel Kicillof pero anticipó que va apelar el fallo, que no es de aplicación inmediata. Los riesgos de una sentencia que se posiciona por encima de un Estado soberano. El futuro de los recursos estratégicos del país no puede dirimirse en tribunales internacionales, hay que frenar este saqueo imperialista y desconocer estas "deudas" producto de la rapiña de fondos buitres. El gobernador resaltó la obsecuencia del Presidente con EE.UU. y dará una rueda de prensa.
 
Las relaciones con el capital financiero internacional, por el que se desvive Milei, no parecen traerle buenos resultados sino más bien todo lo contrario. La jueza Preska falló dos veces en contra de Argentina. Primero, ordenó que el país entregue el 51% de las acciones de YPF al fondo buitre Burford Capital y, más tarde curiosamente, que también le ceda las acciones en su poder al buitre Bainbridge. El libertario culpó por lo sucedido al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Kicillof, quien denunció el vínculo fluido de Milei con los Estados Unidos y aseguró: "Algunos todavía se preguntan por qué Milei viaja tanto al país desde el cual salió este fallo; se nota mucho...".
 
Especialistas consultados coinciden en que la decisión de la magistrada pretende posicionarse por encima de un Estado soberano, como si se tratase de una "jueza universal". "En caso de quedar (la resolución) a favor de los buitres sería un precedente histórico que dejaría en una posición de inferioridad a cualquier país del mundo", explicaron. La decisión "estrafalaria para forzar el cobro" pretende, según los expertos en el tema, que el Gobierno "decline a favor de los demandantes teniendo en cuenta la afinidad ideológica y admiración que le propician". Sin embargo, bajo el derecho argentino las cosas no funcionan así.
 
Milei apelará, pero en su diatriba electoral contra Kicillof complica la defensa del país en este juicio donde está en juego una condena por 16.000 millones de dólares. Expertos advirtieron sobre dos estrategias que debilitan la defensa argentina:
*Las declaraciones públicas de Milei contradicen los argumentos de la defensa y complican el interés nacional al facilitar argumentos para los demandantes.
*El desmantelamiento del equipo de la Procuración General de la Nación, a partir del recorte de fondos y de personal experto.
 
Milei, en su berrinche adolescente, suma argumentos para los fondos buitre. Empecinado en culpar a Kicillof no comprende la continuidad del Estado y que, como él es Presidente, si dice que un ex funcionario actuó mal entonces le da la razón a los demandantes. La argucia de que tuitea como ciudadano y no como Presidente puede funcionar en Comodoro PRO para zafar de la estafa $Libra que cometió pero ningún juez de ninguna parte del mundo, y menos de EE.UU., acepta semejante distorsión. Lo que dice Milei lo dice el Presidente de Argentina; si hay un juicio contra la Argentina y su Presidente reconoce que el Estado actuó mal será usado en su contra. Es evidente que Milei juega para que los buitres se queden con YPF.
 
La Opinión Popular
 

30-06-2025 / 09:06
Las elecciones de medio término en Formosa validaron la gestión del gobernador peronista Gildo Insfrán, que en el inicio del conteo de votos se imponía con comodidad con el 68 por ciento de los sufragios frente a su principal rival, el Frente Amplio Formoseño (FAF), una alianza de doce partidos políticos entre los que se encuentran el Pro y el Movimiento de Integración y Desarrollo, entre otros. En su debut en las elecciones formoseñas, el partido del presidente Javier Milei, La Libertad Avanza (LLA), no llegaba al diez por ciento de los votos, en un año que para los libertarios sería un primer plebiscito de la gestión nacional.
 
El peronismo de Formosa se impuso nuevamente por una amplia mayoría y ratificó ser la opción política preferida de los habitantes de la provincia. El PJ que conduce el gobernador Insfrán dejó a su principal competidor, el FAF, en el segundo puesto con una diferencia que al cierre de esta edición, se acercaba a los cuarenta puntos porcentuales. "Somos un pueblo esclarecido que hace muchos años decidió ser artífice de su destino", señaló Insfrán en sus redes sociales apenas terminó de emitir su voto por la mañana.
 
Las preferencias en el cuarto oscuro definían el destino de 15 bancas de diputados provinciales que representan a la mitad de la legislatura local, concejales municipales y también a treinta convencionales constituyentes que trabajarán en una reforma de la Constitución provincial. A pesar de que durante la jornada se especuló con una baja participación en los comicios, votó más del sesenta por ciento de las personas habilitadas por el padrón electoral, muy por encima de lo que vienen mostrando las elecciones provinciales este año.
 
La impotencia de los dirigentes de la oposición ante la magnitud de la victoria del oficialismo los llevó a denunciar nuevamente por supuesto fraude al gobierno provincial y al Tribunal Electoral, lo que se viene consolidando como una costumbre de los opositores derrotados una y otra vez por el voto a favor del peronismo.
 
Además de legisladores provinciales y convencionales constituyentes, los formoseños votaron para elegir 62 concejales de 27 municipios, así como diez comisiones de fomento también se elegían a veinte representantes. En Formosa se vota en formato de papel, es decir con boleta en el sobre, a diferencia de las elecciones que se realizaron ayer en Santa Fe y las nacionales de octubre. La boleta está dividida en tres: uno para diputados distrito único, otro para convencionales, y el tercero para concejales de cada municipio.
 
A su vez, desde 1987 rige en la provincia la ley de Lemas con la que distintas colectoras pueden reunir los votos para un candidato de la misma alianza y que luego se cuentan como votos a favor del candidato que obtiene la mayor cantidad de sufragios y se impone en el lema. De allí también la demora en el recuento de los votos al finalizar la jornada electoral. La decisión de los seguidores del presidente Milei de LLA de presentarse con una lista propia dividió los votos y la oposición antiperonista se presentó fracturada.
 

30-06-2025 / 08:06
El peronismo y sus aliados, encolumnados tras Juan Monteverde, lograron triunfar en Rosario después de 52 años. La elección a concejales se había nacionalizado por ser la primera tras la detención proscriptiva de Cristina y el compromiso personal de Javier Milei y Mauricio Macri con sus candidatos. Milei había apostado fuerte y se quedó con las ganas. Su candidato, Juan Pedro Aleart, cayó frente al postulante del peronismo, Monteverde. La lista del oficialismo empujada por el gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente de Rosario, Pablo Javkin, quedó tercera. "Las ideas no se proscriben", dijo el ganador respecto de CFK.
 
Milei jugó su figura en los afiches e invirtió recursos, pero perdió en Rosario. Su candidato a concejal por La Libertad Avanza, el exconductor de la televisión local Aleart, cayó frente al candidato del peronismo, Monteverde, quien se impuso con claridad en el centro y en los barrios populares de la ciudad, donde empezó a militar hace 20 años. Con él, el peronismo dio un batacazo en la ciudad después de 50 años.
 
"El pueblo de Rosario le ganó al intendente, le ganó al gobernador y le ganó al presidente", aseguró Monteverde. La lista del oficialismo empujada por el gobernador Pullaro y el intendente de Rosario Javkin quedó tercera, aunque su candidata Carolina Labayru protagonizó una gran remontada electoral desde las primarias de abril.
 
Por eso fue que el gobernador eligió "provincializar" los resultados y licuar la performance rosarina en estos comicios santafesinos, mostrando el mapa general de resultados en el que el frente Unidos (radicales, PRO y socialistas) se impuso en la mayoría de esos distritos incluyendo la ciudad capital. El ausentismo fue otra vez protagonista: la participación electoral en Rosario fue de apenas el 48 por ciento, mientras que en la provincia llegó al 52 por ciento.
 
La asistencia a las urnas en la ciudad este domingo fue menor incluso que el 53,6% de las internas de abril. Comparada con las generales de junio de 2015, cuando votó el 72,95% del padrón, la caída es muy marcada: son casi 200 mil personas menos. Entre el frío y la apatía, Rosario protagonizó la jornada con menos participación del año en todo el país.
 
"Las ideas no se matan, las ideas no se censuran, las ideas no se proscriben", dijo Monteverde en una clara alusión a Cristina Kirchner, en el cierre de la noche y ante una fervorosa militancia. La líder del PJ también la saludó. "Me comuniqué con el compañero Monteverde que logró una gran victoria en Rosario. Mis felicitaciones a los compañeros y compañeras del peronismo santafecino por la excelente elección que hicieron también en otras ciudades del interior provincial", publicó CFK en su cuenta de Twitter.
 
El candidato invitó a los postulantes peronistas que compitieron por afuera "a sumarse a este espacio, porque si hubiéramos ido juntos esta elección la ganábamos por más de 10 puntos". Y vaticinó que "en dos años la ciudad cambia. Van a intentar dividirnos, pero tenemos que mantenernos juntos, dejar de lado lo que nos separa y seguir construyendo esta fuerza". Lanzó también que "Rosario votó sin miedo", en alusión al nombre que alcanzó en principio la unidad de Ciudad Futura con el Movimiento Evita, en 2023, antes de ampliar la alianza a todo el Partido Justicialista.
 

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