11:39 | Miercoles 01 de Abril de 2013 | Entre Ríos

Por

“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau

Nacionales - 17-01-2023 / 11:01

ELISA CARRIÓ HASTA HIZO UNA RIDÍCULA DENUNCIA PENAL

La oposición, en campaña a favor de la inflación y en contra del control de precios

La oposición no quiere que la inflación sea controlada porque saben que, en gran medida, eso les conviene por dos cosas: porque los sectores más ricos se siguen apropiando de los ingresos que pierden los trabajadores y porque saben que si la inflación empieza a ser controlada, sus chances electorales también empiezan a achicarse. Todos deberían formar parte de un dispositivo que limite el margen de maniobra de los que quieren arrinconar y extorsionar con el hambre al pueblo.

Desde hace varios días la Secretaría de Comercio Interior viene realizando controles en los centros de logística donde se cargan los camiones con alimentos, que luego van a los supermercados de todo el país, porque detectó que en las góndolas había desabastecimiento de varios de los productos que forman parte del programa Precios Justos y, por ende, irregularidades que estaban cometiendo las empresas.

Para realizar esa tarea de fiscalización, los inspectores de la Secretaría fueron acompañados por trabajadores del sindicato de Camioneros que, como son ellos los que cargan los camiones, podían aportar información. Esta situación desató la ira de los principales dirigentes de la oposición que salieron a decir que el Gobierno "manda a los camioneros a patotear", y "extorsionar". Además, hicieron denuncias penales y el larretismo hasta puso una línea telefónica para denunciar "posibles controles de patotas y piqueteros".

Desde el Gobierno Nacional explicaron a este diario que el objetivo de incorporar al programa a distintos actores sociales es "intercambiar información para que entre todos vayamos logrando el cumplimiento de la política y bajar la inflación", pero que "de ninguna manera significa que alguno de estos actores vaya a poner multas o fiscalizar precios adentro de un supermercado".

La oposición, a lo largo de toda la jornada del lunes, intentó instalar que "camioneros y piqueteros" iban a invadir supermercados y comercios de cercanía para sembrar pánico. El modo de campaña electoral, la estrategia se basó en estigmatizar a esos sectores que buscan colaborar con el control de los precios, ya sea brindando información sobre lo que sucede en los centros logísticos donde los empresarios cometen irregularidades o capacitando a la ciudadanía para que aprenda a utilizar la app del Gobierno y que no paguen más de lo que corresponde.

La dirigente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, ridículamente hasta denunció penalmente al presidente Alberto Fernández; al ministro de Economía, Sergio Massa y al secretario de Comercio, Matías Tombolini, "por el accionar del Gobierno de usar piqueteros y camioneros en el control de precios como si fueran grupos parapoliciales".

Mientras tanto, el jefe de gabinete del gobierno porteño, Felipe Miguel, anunció que el GCBA habilitó el 911 -la línea que se usa para situaciones de emergencia y de inseguridad- para que "los comerciantes denuncien a sindicalistas de Camioneros que vayan a controlar precios". Miguel hasta dijo que pondrían a disposición la Policía de la Ciudad "para que se haga presente en los comercios y reestablezcan el imperio de la ley".

El objetivo de la oposición es demonizar y convertir en un escándalo público una decisión de Gobierno que consiste en articular con algunos sindicatos para controlar la inflación. Los de JxC defienden la inflación como una herramienta de enriquecimiento de los sectores más ricos a expensas del hambre de la población, pero también como una herramienta de desestabilización política.

La oposición no quiere que esa inflación sea controlada porque saben que, en gran medida, eso les conviene por dos cosas: porque los sectores más ricos se siguen apropiando de los ingresos que pierden los trabajadores y porque saben que si la inflación empieza a ser controlada, sus chances electorales también empiezan a achicarse. Todos deberían formar parte de un dispositivo que limite el margen de maniobra de los que quieren arrinconar y extorsionar con el hambre al pueblo.

La Secretaría de Comercio, explicaron cerca de Tombolini, tiene diez acuerdos de precios firmados. El más importante de ellos es el de consumo masivo. En el marco de esos acuerdos, el Estado trabaja con 358 empresas; 12 cámaras; 35 municipios; organizaciones de defensa del consumidor, y unos 30 sindicatos. Los acuerdos formales se firman con las empresas, pero participan del proceso otros actores porque la idea, dicen, es "involucrar distintos espacios para cruzar información y poder aplicar la política".

Cuando el ministro de Economía, Sergio Massa, lanzó el programa Precios Justos, en el escenario estuvo acompañado por un referente de los empresarios y uno de los sindicatos de la alimentación. Desde la Secretaría de Comercio explicaron que, por ejemplo, tanto la UIA como la COPAL, organizaciones que reúnen a todas las empresas alimenticias, informan al Estado cuando una empresa tiene una dificultad.

De la misma manera que el sector empresario les pasa información -explican- los trabajadores que conocen cada área también les pueden dar datos sobre diversas cuestiones. Sin embargo, aseguran, no será posible "impedir que los sindicatos entren a los comercios", como dijeron desde el gobierno porteño, porque "eso nunca se hizo ni se piensa hacer".

Además de la información que puedan llegar a tener los trabajadores, el programa cuenta con una aplicación desde la cuál la ciudadanía puede chequear el precio de los alimentos y denunciar si es otro o si hay desabastecimiento. En este punto entra en juego el rol de los movimientos sociales.

Una vez que el programa fue lanzado, desde la agrupación Barrios de Pie se acercaron al ministerio de Economía con la preocupación de que en los barrios populares se suele comprar en los comercios de cercanía donde no hay "Precios Justos". Por eso acordaron hacer una serie de capacitaciones para que todos tengan información sobre la aplicación, puedan usarla y que no se vulneren sus derechos. Esa formación la viene realizando desde el mes de noviembre y desde este martes lanzarán una campaña en la costa argentina para aprender a usar la app.

"En los barrios populares hay consumo en comercios de cercanía y no en hipermercados. Le acercamos esa preocupación al ministro y pensamos capacitaciones para propiciar la participación ciudadana", explicó Daniel Menéndez, de Barrios de Pie.

Agregó que "nosotros estamos convencidos de que es una política pública que hay que alimentar y que vale la pena la participación para lograr el cumplimiento de la misma". Para él, el problema es que "hay un nivel de la discusión pública muy pobre que busca impugnar al otro de manera inmediata por cómo está visto en la sociedad. Se busca estigmatizar antes de ver qué estamos planteando o haciendo".

En diálogo con este diario, Pablo Moyano, del sindicato de Camioneros, explicó que la colaboración de los sindicatos para que el Estado pueda llevar adelante la política de control de precios viene funcionando en distintos sectores. "Se ha hecho con las automotrices; con las metalúrgicas; con los de UTEDYC, cuando fue el acuerdo con las zapatillas deportivas... El gobierno trata de buscar ayuda para llevar adelante este control, pasa que apareció Camioneros y explotó todo por la estigmatización", resaltó.

Según contó Moyano, se reunió con Tombolini hace unos 20 días. Allí, el secretario les pidió que colaboren en los centros de logística porque habían detectado irregularidades. El líder de Camioneros resaltó que "fueron los inspectores de la Secretaría a constatar a los centros de distribución, donde salen toneladas de mercadería a todo el país, que si salen 10 camiones a un supermercado, que esos 10 camiones de mercadería luego estén en las góndolas. El problema es que ponen menos de la mitad porque se lo guardan para especular, para remarcar y para sacar ventaja en estos momentos tan complicados que vive el país".

Para el sindicalista se trató de "una forma de colaborar y de denunciar a las empresas que encanutan la mercadería para después especular con los precios". "El que tiene la facultad de sancionar o aplicar una multa es el estado, no Camioneros", aclaró y dijo que "es mentira cuando dicen que somos todos patovicas, como dijo Patricia Bullrich, todos los que acompañaron a la Secretaría de Comercio son laburantes de esas empresas que hacen una tarea militante para ayudar que estos tipos no le afanen el plato de comida a millones de argentinos".

Hugo Yasky, de la CTA, explicó que el objetivo de la oposición es "demonizar y convertir en un escándalo público una decisión de Gobierno que consiste en articular con algunos sindicatos para controlar la inflación. Ellos defienden la inflación como una herramienta de enriquecimiento de los sectores concentrados a expensas del hambre de la población, pero también como una herramienta de desestabilización política".

Para él, en esta tarea no solamente deberían colaborar los sindicatos, sino también los estudiantes universitarios y las organizaciones de los empresarios Pyme. "Todos deberían formar parte de un dispositivo que tienda a limitar el margen de maniobra de los que quieren arrinconar y extorsionar con el hambre al pueblo", opinó.

Yasky considera que la oposición "no quiere que esa inflación sea controlada porque saben que, en gran medida, eso les conviene por dos cosas: porque los sectores concentrados se siguen apropiando de la renta que pierden los trabajadores y porque saben que si la inflación empieza a ser controlada, sus chances electorales también empiezan a achicarse".

Mercedes Cabezas, secretaria de organización de ATE, aclaró que el sindicato no acordó con el gobierno colaborar con el control, pero remarcó que para ellos es necesaria "una política mucho más agresiva en el control de precios porque si no, no hay acuerdo paritario que alcance".

Por Melisa Molina

Seguí leyendo

·          ¿Por qué el gobierno suspendió a 154 mil titulares del Potenciar Trabajo?
·          Qué dice la rosca empresaria y política de verano en Punta del Este: el enigma del PRO, el lugar de Massa y la elección bonaerense
·          El Estado eliminó el reintegro por las exportaciones de litio

Fuente: Página 12

31-03-2026 / 16:03

El INDEC de Milei dibuja un 3% mientras la calle arde con aumentos del 60%

El relato de "la casta paga el ajuste" se ha convertido, definitivamente, en la estafa electoral más grande de las últimas décadas. Este mes de marzo cierra con una cifra que el Gobierno intenta vender como una victoria: una inflación del 3%. Sin embargo, en las góndolas, en las farmacias y en las facturas de luz, ese número suena a burla. La brecha entre el "IPC oficial" y la realidad de los hogares sugiere que estamos ante una maniobra de dibujo estadístico.

En definitiva, marzo expone la cara más cruel del experimento libertario: una estabilidad de cementerio lograda a fuerza de suprimir el consumo y falsear la percepción de la crisis. Mientras el Presidente se refugia en una realidad paralela de cifras maquilladas, el país real retrocede décadas en sus indicadores sociales, con una indigencia que ya no es una estadística, sino un grito desesperado en cada esquina. El "milagro" de Milei no es la baja de los precios, sino la capacidad de un gobierno para ignorar el naufragio de su propio pueblo mientras celebra un superávit que huele a miseria. La historia, tarde o temprano, terminará por pasarle factura a quienes creyeron que se podía gobernar un país como si fuera una hoja de cálculo para que la plata se llleven los mas rícos.

29-03-2026 / 15:03

Adorni y el escándalo Libra hunden la imagen de Milei mientras la pobreza no para de crecer

La gestión de Javier Milei atraviesa un momento muy complejo, atrapada en una tenaza que combina corrupción sistémica y degradación económica. La narrativa de austeridad se ha quebrado frente a pruebas judiciales contundentes: por un lado, el Caso $LIBRA, donde el peritaje técnico confirma un esquema de promoción de estafas piramidales que involucra directamente al Presidente y a Karina Milei por presuntos cobros millonarios; por otro, el escándalo de Manuel Adorni, cuya utilización de vuelos privados y un crecimiento patrimonial injustificado -que incluye mansiones y gastos de lujo- lo colocan como el nuevo emblema de los privilegios que el Gobierno prometió desterrar.

Sin embargo, el factor que transforma estos escándalos en un veneno letal para el oficialismo es el contexto de asfixia social. La paciencia popular, que hasta hace poco funcionaba como un cheque en blanco, se está agotando ante una realidad incontrastable marcada por la pobreza récord Con indicadores que ya superan el 55%, el ajuste ha dejado de caer sobre la política para ensañarse con la clase media y los sectores vulnerables; la inflación persistente, la cual, a pesar del discurso oficial, el costo de vida -especialmente en alimentos y servicios públicos- sigue demoliendo el poder adquisitivo de los salarios. A esto se le suma la crisis de expectativas: El contraste entre el "no hay plata" para comedores escolares y el despliegue de recursos en el entorno de Adorni ha roto el vínculo de confianza con su base electoral.

En definitiva, la caída en las encuestas no es solo producto de los tribunales; es el resultado de un modelo que pide sacrificios extremos a la población mientras sus máximos referentes se ven cercados por causas de corrupción que huelen a vieja política. La "libertad" parece haberse convertido, para el círculo íntimo del poder, en la libertad de gozar de privilegios mientras el resto del país cae en la indigencia.

De la redacción de La Opinión Popular

28-03-2026 / 07:03

El fallo de YPF que consagra a Kicillof y deja a Milei como abogado de los buitres

La historia, caprichosa pero justa, suele poner las cosas en su lugar. El reciente fallo de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que rechaza de plano la demanda de los fondos buitres contra la República Argentina por la recuperación de YPF, no es solo un alivio para las cuentas públicas; es la partida de nacimiento de una verdad que el relato libertario intentó asfixiar: la soberanía nacional no fue un error, sino el acierto estratégico más importante del siglo XXI.

Este veredicto no constituye únicamente una victoria jurídica, sino que representa una reivindicación política total para Axel Kicillof. En 2012, el entonces ministro de Economía comprendió que un país sin el control de su propia energía es un país sin destino. El tiempo, ese juez implacable, terminó por darle la razón: hoy, Vaca Muerta no es una entelequia, sino una realidad que bate récords de producción y sostiene el andamiaje de una Argentina que, de otro modo, estaría de rodillas.

En este escenario, es imperativo apelar a la memoria y desenmascarar el cinismo. El hoy presidente no fue un observador neutral en esta disputa; fue un militante activo y un lobbista desfachatado del bando buitre. Javier Milei, el mismo hombre que ahora intenta "caranchear" miserablemente un triunfo judicial ajeno, construyó su carrera mediática descalificando sistemáticamente la recuperación de YPF como un "robo" y un "atropello a la propiedad privada". Su alineamiento con el capital especulativo fue tan obsceno que llegó a proponer la creación de un humillante "Impuesto Kicillof": una tasa destinada a esquilmar al pueblo argentino para pagarle a los fondos buitres una deuda que, hoy lo sabemos, era ilegítima. Como bien señaló el gobernador bonaerense ante la contundencia del fallo: "Es lamentable que el presidente de la Nación haya defendido a los fondos buitres en lugar de defender los intereses del país".

La contundencia de la sentencia dictada en Nueva York se traduce en una victoria multidimensional. En el plano fiscal, la Argentina logra un alivio monumental al evitar el desembolso de una cifra astronómica fabricada por la voracidad especuladora. En lo estratégico, el fallo ratifica la legalidad internacional de la expropiación, blindando la soberanía sobre nuestros recursos naturales. Finalmente, en el terreno político, el veredicto desmantela el relato de la "mala praxis" esgrimido por Milei, validando la solvencia técnica y el coraje de una defensa que priorizó el patrimonio nacional por sobre los dictados de los mercados financieros internacionales.

De la redacción de La Opinión Popular

27-03-2026 / 19:03

El rechazo a Milei perfora el 60% y expone un modelo que solo fabrica pobreza

Lo que comenzó como una "gesta libertaria" contra la casta se ha transformado, en poco más de dos años, en un drama social que las encuestas ya no pueden disimular. Según el último informe de la consultora Atlas Intel —la misma que, irónicamente, fue la más precisa al predecir su victoria en 2023—, el rechazo a la gestión de Javier Milei ha alcanzado un techo histórico: el 61,6% de los argentinos le da la espalda.

Este número no es solo una estadística fría; es el certificado de defunción del "aguante" social frente a un ajuste que no tiene ni fin ni resultados positivos para el ciudadano de a pie. Mientras el Presidente se encierra en su realidad paralela de redes sociales y viajes internacionales, la aprobación a su figura se desploma al 36,4%, su nivel más bajo desde que llegó a la Casa Rosada.

24-03-2026 / 13:03

Rodolfo Walsh tenía razón: De la "miseria planificada" al "plan motosierra"

A 50 años del golpe, parafraseando a Karl Marx, la historia se repite como tragedia y como farsa. Javier Milei no es un "outsider" anti casta, es el heredero directo del proyecto de Martínez de Hoz. La "miseria planificada" que denunció Rodolfo Walsh en su valiente carta de 1977 ha vuelto, esta vez con redes sociales y un discurso negacionista que busca garantizar la impunidad del saqueo económico actual.

Hace casi medio siglo, desde la clandestinidad y poco antes de ser acribillado, Rodolfo Walsh le enviaba a la Junta Militar su Carta Abierta. En ella, con una lucidez que todavía estremece, afirmaba que "en la política económica de ese gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada".

Milei no inventó nada. Sus "novedades" económicas son los restos de la herencia que dejaron los Falcon verdes. El actual esquema de desregulación salvaje, apertura indiscriminada de importaciones y destrucción del salario real es un calco del programa iniciado el 2 de abril de 1976 por José Alfredo Martínez de Hoz.

Hoy, bajo el gobierno de Javier Milei, esas palabras cobran una vigencia aterradora. El negacionismo que emana de la Casa Rosada no es un capricho ideológico ni una "batalla cultural" inocente; es la herramienta política necesaria para aplicar, una vez más, un plan de hambre que solo cierra con represión y olvido.

De la Redacción de La Opinión Popular