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Nacionales - 15-01-2023 / 10:01
JUICIO A LA CORTE

¿La derecha macrista perdió el juicio?

¿La derecha macrista perdió el juicio?
El olor a podrido supera lo soportable. Es una necesidad rodear el juicio político a los usurpadores del poder de la constitución de la movilización popular. Podría convertirse así -independientemente de sus logros reales- en el comienzo de un nuevo “nunca más”.
Con total naturalidad se da por imposible que el juicio político al presidente de la corte termine con su destitución. ¿Qué significa este extraño consenso? Significa que para la representación parlamentaria de la derecha argentina los hechos reales no tienen importancia: una mayoría disciplinada puede perfectamente ignorarlos.
 
Esa perspectiva es un jalón importante de nuestra recuperación democrática; pero no puede obviarse que tras el objetivo declarado de no permitir una nueva experiencia autoritaria se practicó una línea de concesiones a los herederos del régimen criminal de Videla y los suyos y se terminó concediendo a sus herederos una especie de protección hacia el futuro.
 
Tanto en Argentina como en el mundo ha habido situaciones excepcionales que han corregido esas tendencias de largo plazo: el proceso de movilización popular no permitió estabilizarse a los Macri, a los Bolsonaro, ni a la corruptocracia peruana y boliviana; sin embargo, no está tan claro como en el tiempo de los bicentenarios sudamericanos nuestro rumbo histórico.
 
La decisión del presidente argentino de impulsar el juicio político al presidente de la corte es una decisión muy valiente que habría tenido más sentido de ser tomada en momentos de fuerza propia y debilidades ajenas, eso difícilmente pueda ser discutido. Pero la política no permite manipular el reloj hacia atrás: estamos ante una situación nueva por la decisión del gobierno y por el tipo de respuesta de la representación política de la derecha.
 
La afirmación macrista de que el juicio político a Rosatti es un agravio a la democracia no es un error: es una desvergüenza mayúscula que revela la promiscuidad en el interior de las clases más poderosas y su representación política.
 
Hoy funciona un régimen político en el que cuatro ciudadanos varones se declaran en el poder de controlar la vida política del país. Les permite modificar leyes aprobadas por el Congreso e instalar otras leyes ya derogadas, convenientemente interpretadas a favor de su propio poder corporativo. Les permite tomar el poder del consejo de la magistratura (en este caso en violación de la constitución que no le da a la Corte Suprema ningún poder sobre ese instituto).
 
Y también les permite manipular posiciones en la justicia federal a favor de su propia tropa. Que, en realidad, tal como lo revelan las escuchas a las que hoy accedemos, son la propia tropa del grupo Clarín y de terratenientes británicos que usurpan tierras argentinas. El olor a podrido supera lo soportable. Es una necesidad rodear el juicio político a los usurpadores del poder de la constitución de la movilización popular.
 
Podría convertirse así -independientemente de sus logros reales- en el comienzo de un nuevo "nunca más". Por ahora, la derecha macri-larretista se ha arrojado sobre los explosivos (también en defensa propia por todas las marcas mafiosas de sus propios pasos que han quedado a la vista de todos).
 
Pero la cuestión central será el clima político que rodee a la cámara de diputados en los días que vienen. De eso dependerá el futuro inmediato, no solamente del poder judicial sino de la democracia en Argentina.
 

 
¿La derecha argentina perdió el juicio?
 
Por Edgardo Mocca
 
Con total naturalidad se da por imposible que el juicio político al presidente de la corte termine con su destitución. ¿Qué significa este extraño consenso? Significa que para la representación parlamentaria de la derecha argentina los hechos reales no tienen importancia: una mayoría disciplinada puede perfectamente ignorarlos. No es la única complicidad que ha salido a la luz entre la coalición de derecha y el ocultamiento de graves hechos de corrupción, cuyo pleno esclarecimiento es así mismo problemático bajo la hegemonía judicial de los veraneantes de Lago Escondido.
 
La experiencia histórica argentina es abundante en hechos que, negados en su momento, aparecen innegables con el tiempo: el terrorismo de Estado de la última dictadura y las responsabilidades en la matanza en pleno centro de Buenos Aires en septiembre de 1955 son casos de rescate de la verdad histórica. Claro que el reconocimiento historiográfico de los hechos no les devuelve la vida a las víctimas. Pero a lo que sí puede contribuir el esclarecimiento histórico es a construir una trama de interpretación de los hechos funcional a la conquista de una democracia más sólida y al conocimiento del tipo de comportamiento característico de las clases dominantes. De la justicia real no se ocupa la historiografía: es asunto de la política.
 
Parece entonces que una vez más la consigna de "verdad y justicia" reaparece en el centro de nuestra escena política. Y reaparece agravada. Porque la constelación mediática dominante en Argentina ha alcanzado un grado de dominio sobre el problema de la verdad que habilita una nueva mirada: más realista, más dramática, en definitiva, más política. En los años del actual gobierno ha habido una reivindicación sistemática de la experiencia del gobierno de Alfonsín, el primero después de la dictadura. Para matizar esa reivindicación hay que decir que ese gobierno instaló en la opinión popular la importancia de la libertad política: supo decir don Raúl que quien no distinguiera la democracia de la dictadura en América Latina no podría distinguir la democracia de la dictadura.
 
Esa perspectiva es un jalón importante de nuestra recuperación democrática; pero no puede obviarse que tras el objetivo declarado de no permitir una nueva experiencia autoritaria se practicó una línea de concesiones a los herederos del régimen criminal de Videla y los suyos y se terminó concediendo a sus herederos una especie de protección hacia el futuro.
 
El problema que la democracia -ni la experiencia de Alfonsín ni su recuperación por el actual presidente- no alcanza a resolver es cuál es el "huevo de la serpiente" de los proyectos autoritarios en nuestro país. No se llega a ese punto porque prima una crítica moral de los crímenes de esos proyectos autoritarios. No es la maldad intrínseca de los actores políticos argentinos "en general" lo que impide la construcción de un país pacífico y democrático. La razón está, como siempre, en la cuestión del poder, en quién ejerce el poder. Y es, por lo tanto, una cuestión constitucional: cómo se construye un régimen de ejercicio real y efectivo de los derechos de ciudadanía, cómo se asegura una distribución de recursos (de salarios, de ingresos en general, y también de acceso a la toma de decisiones).
 
Aquí aparece la cuestión central, la de la compatibilidad práctica entre la inédita concentración de recursos en las manos de una porción ínfima de los habitantes (en Argentina y en todo el mundo) mientras la gran mayoría de las personas vive problemas que son más característicos del capitalismo de antes de la segunda guerra mundial que de este principio de siglo en el que se expanden los recursos técnicos y humanos capaces de asegurar una vida digna a todos los habitantes del planeta. Argentina forma parte de esa involución histórica: el régimen de tenencia y explotación de los recursos que vienen de la tierra ha atravesado diferentes etapas, pero el curso de esa desigualdad -medido en lapsos de tiempo relativamente largos- no ha dejado de profundizar la brecha de las oportunidades de vida de los más favorecidos respecto de los que han perdido en la puja.
 
Tanto en Argentina como en el mundo ha habido situaciones excepcionales que han corregido esas tendencias de largo plazo: el surgimiento de los "estados de bienestar" en la segunda posguerra (del cual Argentina formó parte desde la primera victoria peronista) y el proceso de recuperación de niveles de justicia social posterior a la crisis inmediatamente posterior al cambio de siglo vividos en el país y en la región en los que participamos junto a otros países hermanos de la región son momentos excepcionales dentro de esa tendencia. Pero tanto en el país como en la región estamos en el interior de una circunstancia crítica: el proceso de movilización popular no permitió estabilizarse a los Macri, a los Bolsonaro, ni a la corruptocracia peruana y boliviana; sin embargo, no está tan claro como en el tiempo de los bicentenarios sudamericanos nuestro rumbo histórico.
 
La decisión del presidente argentino de impulsar el juicio político al presidente de la corte es una decisión muy valiente que habría tenido más sentido de ser tomada en momentos de fuerza propia y debilidades ajenas, eso difícilmente pueda ser discutido. Pero la política no permite manipular el reloj hacia atrás: estamos ante una situación nueva por la decisión del gobierno y por el tipo de respuesta de la representación política de la derecha. Las escuchas telefónicas conseguidas ilegalmente no pueden ser habilitadas como prueba suficiente de la comisión de hechos delictivos. Pero sí pueden ser profundizadas por medio de una investigación que respete todas las fórmulas del derecho de defensa en juicio (las mismas que fueron violentadas impúdicamente en el "juicio por la obra pública" contra Cristina Kirchner).
 
La afirmación de que el juicio político a Rosatti es un agravio a la democracia no es un error: es una desvergüenza mayúscula que revela la promiscuidad en el interior de las clases más poderosas y su representación política. Ahora, es cierto también que la posibilidad para esta desvergüenza está de algún modo habilitada por la actual constitución nacional que de algún modo permite que la ley sea aquello que los jueces digan que sea. La absurda toma del poder perpetrada por jueces pletóricos de pruebas de su absoluta falta de lealtad con la ley y la constitución exige, justamente, una mirada constitucional.
 
Hoy funciona un régimen político en el que cuatro ciudadanos varones se declaran en el poder de controlar la vida política del país. Les permite modificar leyes aprobadas por el Congreso e instalar otras leyes ya derogadas, convenientemente interpretadas a favor de su propio poder corporativo. Les permite tomar el poder del consejo de la magistratura (en este caso en violación de la constitución que no le da a la corte suprema ningún poder sobre ese instituto). Y también les permite manipular posiciones en la justicia federal a favor de su propia tropa. Que, en realidad, tal como lo revelan las escuchas a las que hoy accedemos, son la propia tropa del grupo Clarín y de terratenientes británicos que usurpan tierras argentinas.
 
El olor a podrido supera lo soportable. Es una necesidad rodear el juicio político a los usurpadores del poder de la constitución de la movilización popular. Podría convertirse así -independientemente de sus logros reales- en el comienzo de un nuevo "nunca más". Por ahora, la derecha macri-larretista se ha arrojado sobre los explosivos (también en defensa propia por todas las marcas mafiosas de sus propios pasos que han quedado a la vista de todos). Pero la cuestión central será el clima político que rodee a la cámara de diputados en los días que vienen. De eso dependerá el futuro inmediato, no solamente del poder judicial sino de la democracia en Argentina.
 
Fuente: El Destape
 

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08-02-2023 / 10:02
El Gobierno vs. el discurso económico de Juntos; ya se mueven y contrastan datos con la gestión del macrismo. Los laderos del ministro de Economía, Sergio Massa, vieron el comunicado de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio avisando que, de ganar, tendrán una herencia económica "bomba" y varios se sorprendieron.
 
Comentaron que "ellos hipotecaron el país con una deuda escandalosa, que hablen de herencia es cínico". Según se reconstruyó, fue ése el primer capítulo de algo que se volverá un método y que también tiene bajada de línea a la tropa desde Presidencia.
 
El Gobierno, desde diferentes sectores del Frente de Todos, saldrá a dar la pelea discursiva, en el marco de la campaña, sobre los resultados económicos de las gestiones de Alberto Fernández y Mauricio Macri.
 
Aún en un escenario inflacionario preocupante, hay consenso para contrastar variables con la gestión de Macri, a la que identifican como plena de cifras negativas en un escenario sin guerra, pandemia ni sequía. Y la generadora, al fin y al cabo, del mayor problema de la macroeconomía: los 45 mil millones de dólares que le pidieron al Fondo Monetario para no terminar de manera anticipada el Gobierno y ser competitivos en las elecciones del año 2019.
 
"Lo mejor que nos puede pasar es que hagan comunicados instalando el debate sobre las variables económicas", contó un ministro de alto rango que prepara números y estrategia para la contienda. El mismo dirigente asegura que "nosotros no escondemos los problemas que tenemos, pero ellos son incapaces, en el mano a mano, de reconocer los datos que muestran que vamos por el buen camino".
 
Si bien Massa sabe que está al borde de incumplir con su promesa de llegar a abril con una inflación con el 3 adelante, la concordia política sobre el rumbo y la estabilidad post salida de Martín Guzmán reformularon el escenario y hoy, por necesidad, el centro parece estar en aflojar la metralla interna hacia los temas económicos.
 
"Las diferencias se resuelven, hoy, puertas adentro, todos coincidimos en que el salario tiene que ganar más terreno, y es la premisa número uno del año", se sinceró un dirigente albertista.
 
Así las cosas, más allá de las tensiones aún reinantes y la posibilidad de que se institucionalice el Frente en la mesa política que ya convocó el Presidente, el Gobierno llegó a un punto de acuerdo en la identificación del enemigo político en los próximos comicios.
 
Será un debate directo sobre la herencia del macrismo en todos los frentes, incluido el de la inflación, que según aseguran se duplicó en relación a la que dejó Cristina Fernández en 2015. 
 

08-02-2023 / 09:02
El juicio por el crimen de Lucio Dupuy, producido el 26 de noviembre de 2021 cuando el niño tenía 5 años, llegó a su fin. Los jueces de Tribunal de Audiencias de Santa Rosa, La Pampa, declararon culpables a la madre, Magdalena Espósito Valenti, y a la novia de ella, Abigaíl Páez, de los delitos de homicidio agravado. Para los jueces Alejandra Ongaro, Andrés Olié y Daniel Sáez no hay dudas: ambas mujeres fueron las asesinas.
 
Las condenas a Espósito Valenti y Páez por el asesinato de Lucio Dupuy, aun cuando no se conoce todavía el monto de las penas, llegaron para reparar, aunque sea en parte, el dolor de la familia del niño y la conmoción de una sociedad desgarrada por un acto de crueldad inaudito.
 
Las figuras penales que utilizó el tribunal para respaldar el veredicto permiten anticipar que, el próximo 13 de febrero, cuando los magistrados den a conocer el texto completo de la sentencia con todas sus consideraciones, les caería a las dos mujeres la condena a reclusión perpetua. Las declaraciones públicas de quienes más interesados estaban en el resultado de este juicio, especialmente los abuelos y el padre del niño, el abogado querellante y los fiscales se mostraron conformes por la resolución del tribunal.
 
La trascendencia que le dieron al caso los medios de comunicación más grandes del país hizo que coincidiera su cobertura periodística con la que viene recibiendo otro juicio resonante: el que investiga el asesinato de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell por acción de un violento grupo de jóvenes.
 
La superposición temporal de ambos procesos judiciales, motivados por homicidios cometidos con derroche escalofriante de violencia -a pesar de las diferencias sustantivas entre ambos casos- generó una suerte de clima mediático propiciatorio para que se manifestaran voces desaforadas que corrieron el debate de los temas que más deberían interesar a la sociedad: la violencia doméstica, el sistema penal y carcelario, la presencia o ausencia del Estado a la hora de proteger a la niñez, las disputas paternas por la tenencia de menores, etcétera.
 
En muchos medios porteños, especialmente en la televisión, predominó el tinte sensacionalista, admonitorio y una fuerte carga de prejuicios. La orientación sexual de las entonces acusadas y hoy condenadas, o su presunta pertenencia al movimiento feminista ocupó un lugar central y, con ello, se desperdició la oportunidad de hablar en profundidad de los sucesos determinantes que rodearon al caso. El oportunista uso político de ambos crímenes fue otro condimento sobresaliente por estos días.
 
El Poder Judicial actuó con ejecutividad y resolvió el caso sin los tiempos morosos que se observaban antes de los debates orales. En el desarrollo de las audiencias supo preservar la intimidad en un proceso que sin dudas lo requería. Pero también es cierto que se filtraron elementos de prueba que alimentaron el morbo social y, asimismo, hubo accesos desmedidos a información reservada del caso en el sistema de salud pública, un tema que deberá merecer mucha atención en las autoridades del ministerio.
 
A pesar de la condena aún quedan varias asignaturas pendientes. La actuación de la jueza de Familia y el Menor de General Pico será evaluada, como todo lo indica, en un juicio político; pero también deben profundizarse las investigaciones sobre cómo fallaron en la detección precoz de la extrema violencia que sufrió Lucio el sistema de salud y el educativo, y, también, la policía provincial.
 
La Opinión Popular

07-02-2023 / 09:02
Fernando Báez Sosa fue y es la principal víctima de esta tragedia espesa, hiper mediatizada. Con él, su mamá Graciela y su padre Silvino. En charlas familiares o de café se los identifica por sus nombres de pila, que quizá mañana sirva para designar a una ley. Tradiciones de la democracia argentina, de eso se trata. Positivas en muchos sentidos aunque jamás perfectas. La solidaridad masiva con la familia de Fernando es tangible, rotunda, reconoce pocos antecedentes.  Sería necio o unidireccional atribuirlo solo al discurso predominante en los medios de difusión.
 
Fernando era un pibe de una familia tipo, pongalé. Papá y mamá paraguayos, gente de laburo, con hijo único. Tal vez de un escalón social menos empinado que el de quienes lo mataron en un acto plagado de barbarie con cuotas de machismo y racismo. En otros casos, quizá, la vocación aspiracional de los sectores medios que "hacen" opinión pública hubiera acercado a mucho público a los acusados, gente presentable, "influyente", calificó algún vecino de Zárate. No oligarcas ni aristócratas pero personas bien ranqueadas.
 
No ocurrió ante este homicidio... consecuencia de sus características, divulgadas hasta el hastío en cualquier horario de desprotección al menor. La identificación con la familia se funda en una escala de valores querible, humana.
 
El fenómeno se ha repetido, Silvino y Graciela recorren un itinerario transitado. Lo estilizo. La víctima, los familiares lo son, se planta frente a un micrófono o una cámara y cuenta el origen de su desdicha. Es una persona común, no tenía antes compromisos políticos (o si los tenía, no argumenta en su nombre), algo rompió la inercia de su existencia, algo la cambió definitivamente. Es irreparable.
 
La vida de esa víctima ya nunca será la misma y por eso se dirige a personas que se parecían a ella (las más veces) o a él antes de la privación. De privación hablamos, porque las víctimas estaban mejor, en un sentido sustantivo, antes de que ese "algo" aconteciera.
 
"Yo era como vos", le dice la víctima al espectador de la televisión o la radio. "Lo que me pasó te puede pasar porque la gente común está en riesgo, si las cosas no cambian". "Yo no quiero venganza, quiero justicia". Justicia no es sólo sanción a los culpables sino un cambio de escenario, parcial pero ineludible. Justicia es que la muerte de Fernando no haya sido en vano, que "esto no se repita".
 
Una sentencia justa, severa, forma parte de ese camino imaginario. Desprovista de detalles o de espinas en los que entraremos más abajo, es una noble utopía republicana. Las instituciones funcionan, las leyes se aplican, los culpables tienen castigo impartido por un Estado imparcial... la sociedad mejorará. Casi no hace falta agregar que este cronista enaltece esos pensamientos aunque descree de que su resultado promedio sea tan virtuoso.
 
Los familiares, larga prosapia, renuncian a la mal llamada "justicia por mano propia". O, por mejor decir: a la violencia privada, a la vendetta. Acuden a la ley y a las instituciones que deberían regular proporcionalidad en los castigos y frenar la violencia entre particulares. Deberían.
 

06-02-2023 / 12:02
Uno de los errores políticos más importantes del gobierno del presidente Alberto Fernández fue no haber impulsado cambios en la Corte Suprema heredada del macrismo en los primeros 15 días de mandato. No haber seguido el ejemplo de Néstor Kirchner, que el 5 de junio de 2003, habiendo asumido hace menos de dos semanas y con sólo el 22,25% de los votos, tomó el toro por las astas.
 
Néstor hizo ese día una cadena nacional. Leyó un discurso de 6.25 minutos. "Hemos asumido el compromiso de reconciliar a las instituciones con la sociedad", dijo, entre otras frases. Uno de los primeros efectos fue la renuncia del presidente de la Corte, el riojano Julio Nazareno, emblema de la mayoría automática del menemato. Con esa decisión, Nazareno pudo conservar la cuantiosa jubilación que reciben los jerarcas del Poder Judicial, ya que la hubiera perdido si dejaba el cargo por la vía del juicio político.
 
La mayoría de los funcionarios judiciales, por supuesto que no todos, están constituidos por una alquimia que mezcla un sentimiento de supremacía, por encima de la ley y la Constitución, con el sueño del burócrata de ser jubilado de lujo: ir todas las semanas a un palco del Colón, vacacionar en Europa.
 
En un juicio político la relación de fuerzas es clave. Néstor había sacado el 22,25%. Sin embargo, además de ser un líder político excepcional, con una enorme confianza en la fuerza de la voluntad, sabía que el anti menemismo en ese momento era mucho más que el porcentaje que él había conseguido y que esa relación de fuerzas inclinaría la balanza. La Argentina tuvo después la mejor Corte Suprema de su historia. El gobierno peronista le dio al país algunos años de una calidad institucional desconocida.
 
Alberto partió de la base de que la Corte se iba a adaptar a los nuevos vientos por instinto de supervivencia. Apostó a que los ministros que habían convalidado el lawfare dejando que se practique la violación a los derechos constitucionales iban a dar un volantazo y corregir el rumbo, similar a lo que ocurrió en Brasil. No pasó. Los procesos políticos en Brasil tienen esa tradición histórica. Argentina no es Brasil, para bien y para mal.
 
La Corte no se adaptó a los nuevos vientos que auguró el triunfo del FdT. Reaccionó de modo corporativo. Encubrió los delitos que habían realizado los tribunales inferiores: las extorsiones para conseguir las delaciones que le dieran carnadura a las acusaciones por supuesta corrupción, las violaciones al debido proceso para encarcelar y generar puestas en escena que les sirvieran a los grandes medios para construir shows y condenas mediáticas.
 
Luego, en 2021, tras la derrota electoral del peronismo a nivel nacional, el Máximo Tribunal dobló la apuesta. Los cortesanos se sintieron fortalecidos por la victoria de Juntos por el Cambio y se consolidaron como la Corte que defiende a los grandes grupos económicos que operan en la Argentina y al sector antiperonista de la política, con el respaldo de la embajada yanqui. Las causas contra Mauricio Macri no avanzan ni un centímetro. Están congeladas como Walt Disney.
 
La Corte y la Procuración General, ocupada por el interino Eduardo Casal, han sido durante estos tres años las trincheras del macrismo dentro de la estructura del Estado. Cuando Macri ganó las elecciones de 2015, su consultor Jaime Durán Barba solía decirle algo que se puede aplicar al FdT: "Tomamos el gobierno, pero todavía no el poder". El FdT ganó el gobierno, pero faltó la decisión política de desmontar la Corte macrista.
 
El juicio político impulsado ahora, disparado por el pornográfico fallo sobre coparticipación que financia la campaña de Horacio Rodríguez Larreta, se produce en un contexto de debilidad del peronismo, comparado con el inicio del mandato de Alberto. Pero en la política -y en la vida- se pelea por lo que puede pelear, aunque sea haya empezado tarde. 
 

06-02-2023 / 11:02
El presidente Alberto Fernández se ha declarado dispuesto a armar la "mesa electoral", una denominación que no dice gran cosa con relación a las tareas y el poder de decisión que el organismo asumiría.
 
La cuestión se desplaza -con algo de ingenuidad- a la creación de algo así como un foro de discusión pública en el que cada representante haría público su punto de vista sobre la "política electoral"; la indefinición es muy evidente y nada casual: se procura evitar la puesta en escena de distintos tipos y formas de cuestionamiento a la actual política gubernamental bajo la forma de "propuestas electorales".
 
Esto es lógico y muy criterioso: si la "mesa" se convierte en un coro de voces críticas desde distintas lógicas y perspectivas políticas poco podría acumular a favor de un impulso de unidad de acción a la que se supone una exigencia mínima de cualquier pretensión de triunfo electoral.
 
Además, para la elección presidencial faltan varios meses todavía. Pero es muy importante que los organizadores sean conscientes de que tarde o temprano el balance del gobierno de estos cuatro años de gobierno deberá hacerse. Y no solamente eso, sino que ese balance deberá ser estructurado en una clave política que permita que todas las voces -o la mayoría, las más influyentes, las más representativas- se expresen públicamente.
 
Es impensable que una "mesa" jerarquice los puntos de vista de unos sobre los de otros: lo mejor sería dejar todas las interpretaciones abiertas. Porque el momento decisivo de un eventual renacimiento del frente debería ser el de las primarias abiertas. Allí será donde se organicen los acuerdos y las diferencias, el balance y la proyección futura de la coalición.
 
Una mirada "ideal" aconseja ese orden: primero el balance que cada sector hace de la marcha de la experiencia de gobierno, una evaluación pública, plenamente abierta a la discusión de todo aquel que quiera sumar su punto de vista. No habría posiciones "buenas o malas", la etapa establecería los contornos de la discusión, los acuerdos y los desacuerdos.
 
Ahora bien, la "mesa" debería abstenerse de establecer jerarquías entre los puntos de vista. Este circuito tiene una enorme ventaja respecto de lo que fue práctica del FdT desde su fundación: el cierre de las primarias a un puñado de actores. Todos tendrían derecho a defender su punto de vista desde la plataforma que existe y tiene fuerza legal precisamente por esa virtud: la de someterse a la prueba de la voluntad del electorado. 
 

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