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“A muerte estoy con los jubilados. Lo que les hacen es una vergüenza. Yo defiendo a los jubilados ¿cómo no los voy a defender? Tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados”. Diego Maradona
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Nacionales - 15-01-2023 / 10:01
JUICIO A LA CORTE

¿La derecha macrista perdió el juicio?

¿La derecha macrista perdió el juicio?
El olor a podrido supera lo soportable. Es una necesidad rodear el juicio político a los usurpadores del poder de la constitución de la movilización popular. Podría convertirse así -independientemente de sus logros reales- en el comienzo de un nuevo “nunca más”.
Con total naturalidad se da por imposible que el juicio político al presidente de la corte termine con su destitución. ¿Qué significa este extraño consenso? Significa que para la representación parlamentaria de la derecha argentina los hechos reales no tienen importancia: una mayoría disciplinada puede perfectamente ignorarlos.
 
Esa perspectiva es un jalón importante de nuestra recuperación democrática; pero no puede obviarse que tras el objetivo declarado de no permitir una nueva experiencia autoritaria se practicó una línea de concesiones a los herederos del régimen criminal de Videla y los suyos y se terminó concediendo a sus herederos una especie de protección hacia el futuro.
 
Tanto en Argentina como en el mundo ha habido situaciones excepcionales que han corregido esas tendencias de largo plazo: el proceso de movilización popular no permitió estabilizarse a los Macri, a los Bolsonaro, ni a la corruptocracia peruana y boliviana; sin embargo, no está tan claro como en el tiempo de los bicentenarios sudamericanos nuestro rumbo histórico.
 
La decisión del presidente argentino de impulsar el juicio político al presidente de la corte es una decisión muy valiente que habría tenido más sentido de ser tomada en momentos de fuerza propia y debilidades ajenas, eso difícilmente pueda ser discutido. Pero la política no permite manipular el reloj hacia atrás: estamos ante una situación nueva por la decisión del gobierno y por el tipo de respuesta de la representación política de la derecha.
 
La afirmación macrista de que el juicio político a Rosatti es un agravio a la democracia no es un error: es una desvergüenza mayúscula que revela la promiscuidad en el interior de las clases más poderosas y su representación política.
 
Hoy funciona un régimen político en el que cuatro ciudadanos varones se declaran en el poder de controlar la vida política del país. Les permite modificar leyes aprobadas por el Congreso e instalar otras leyes ya derogadas, convenientemente interpretadas a favor de su propio poder corporativo. Les permite tomar el poder del consejo de la magistratura (en este caso en violación de la constitución que no le da a la Corte Suprema ningún poder sobre ese instituto).
 
Y también les permite manipular posiciones en la justicia federal a favor de su propia tropa. Que, en realidad, tal como lo revelan las escuchas a las que hoy accedemos, son la propia tropa del grupo Clarín y de terratenientes británicos que usurpan tierras argentinas. El olor a podrido supera lo soportable. Es una necesidad rodear el juicio político a los usurpadores del poder de la constitución de la movilización popular.
 
Podría convertirse así -independientemente de sus logros reales- en el comienzo de un nuevo "nunca más". Por ahora, la derecha macri-larretista se ha arrojado sobre los explosivos (también en defensa propia por todas las marcas mafiosas de sus propios pasos que han quedado a la vista de todos).
 
Pero la cuestión central será el clima político que rodee a la cámara de diputados en los días que vienen. De eso dependerá el futuro inmediato, no solamente del poder judicial sino de la democracia en Argentina.
 

 
¿La derecha argentina perdió el juicio?
 
Por Edgardo Mocca
 
Con total naturalidad se da por imposible que el juicio político al presidente de la corte termine con su destitución. ¿Qué significa este extraño consenso? Significa que para la representación parlamentaria de la derecha argentina los hechos reales no tienen importancia: una mayoría disciplinada puede perfectamente ignorarlos. No es la única complicidad que ha salido a la luz entre la coalición de derecha y el ocultamiento de graves hechos de corrupción, cuyo pleno esclarecimiento es así mismo problemático bajo la hegemonía judicial de los veraneantes de Lago Escondido.
 
La experiencia histórica argentina es abundante en hechos que, negados en su momento, aparecen innegables con el tiempo: el terrorismo de Estado de la última dictadura y las responsabilidades en la matanza en pleno centro de Buenos Aires en septiembre de 1955 son casos de rescate de la verdad histórica. Claro que el reconocimiento historiográfico de los hechos no les devuelve la vida a las víctimas. Pero a lo que sí puede contribuir el esclarecimiento histórico es a construir una trama de interpretación de los hechos funcional a la conquista de una democracia más sólida y al conocimiento del tipo de comportamiento característico de las clases dominantes. De la justicia real no se ocupa la historiografía: es asunto de la política.
 
Parece entonces que una vez más la consigna de "verdad y justicia" reaparece en el centro de nuestra escena política. Y reaparece agravada. Porque la constelación mediática dominante en Argentina ha alcanzado un grado de dominio sobre el problema de la verdad que habilita una nueva mirada: más realista, más dramática, en definitiva, más política. En los años del actual gobierno ha habido una reivindicación sistemática de la experiencia del gobierno de Alfonsín, el primero después de la dictadura. Para matizar esa reivindicación hay que decir que ese gobierno instaló en la opinión popular la importancia de la libertad política: supo decir don Raúl que quien no distinguiera la democracia de la dictadura en América Latina no podría distinguir la democracia de la dictadura.
 
Esa perspectiva es un jalón importante de nuestra recuperación democrática; pero no puede obviarse que tras el objetivo declarado de no permitir una nueva experiencia autoritaria se practicó una línea de concesiones a los herederos del régimen criminal de Videla y los suyos y se terminó concediendo a sus herederos una especie de protección hacia el futuro.
 
El problema que la democracia -ni la experiencia de Alfonsín ni su recuperación por el actual presidente- no alcanza a resolver es cuál es el "huevo de la serpiente" de los proyectos autoritarios en nuestro país. No se llega a ese punto porque prima una crítica moral de los crímenes de esos proyectos autoritarios. No es la maldad intrínseca de los actores políticos argentinos "en general" lo que impide la construcción de un país pacífico y democrático. La razón está, como siempre, en la cuestión del poder, en quién ejerce el poder. Y es, por lo tanto, una cuestión constitucional: cómo se construye un régimen de ejercicio real y efectivo de los derechos de ciudadanía, cómo se asegura una distribución de recursos (de salarios, de ingresos en general, y también de acceso a la toma de decisiones).
 
Aquí aparece la cuestión central, la de la compatibilidad práctica entre la inédita concentración de recursos en las manos de una porción ínfima de los habitantes (en Argentina y en todo el mundo) mientras la gran mayoría de las personas vive problemas que son más característicos del capitalismo de antes de la segunda guerra mundial que de este principio de siglo en el que se expanden los recursos técnicos y humanos capaces de asegurar una vida digna a todos los habitantes del planeta. Argentina forma parte de esa involución histórica: el régimen de tenencia y explotación de los recursos que vienen de la tierra ha atravesado diferentes etapas, pero el curso de esa desigualdad -medido en lapsos de tiempo relativamente largos- no ha dejado de profundizar la brecha de las oportunidades de vida de los más favorecidos respecto de los que han perdido en la puja.
 
Tanto en Argentina como en el mundo ha habido situaciones excepcionales que han corregido esas tendencias de largo plazo: el surgimiento de los "estados de bienestar" en la segunda posguerra (del cual Argentina formó parte desde la primera victoria peronista) y el proceso de recuperación de niveles de justicia social posterior a la crisis inmediatamente posterior al cambio de siglo vividos en el país y en la región en los que participamos junto a otros países hermanos de la región son momentos excepcionales dentro de esa tendencia. Pero tanto en el país como en la región estamos en el interior de una circunstancia crítica: el proceso de movilización popular no permitió estabilizarse a los Macri, a los Bolsonaro, ni a la corruptocracia peruana y boliviana; sin embargo, no está tan claro como en el tiempo de los bicentenarios sudamericanos nuestro rumbo histórico.
 
La decisión del presidente argentino de impulsar el juicio político al presidente de la corte es una decisión muy valiente que habría tenido más sentido de ser tomada en momentos de fuerza propia y debilidades ajenas, eso difícilmente pueda ser discutido. Pero la política no permite manipular el reloj hacia atrás: estamos ante una situación nueva por la decisión del gobierno y por el tipo de respuesta de la representación política de la derecha. Las escuchas telefónicas conseguidas ilegalmente no pueden ser habilitadas como prueba suficiente de la comisión de hechos delictivos. Pero sí pueden ser profundizadas por medio de una investigación que respete todas las fórmulas del derecho de defensa en juicio (las mismas que fueron violentadas impúdicamente en el "juicio por la obra pública" contra Cristina Kirchner).
 
La afirmación de que el juicio político a Rosatti es un agravio a la democracia no es un error: es una desvergüenza mayúscula que revela la promiscuidad en el interior de las clases más poderosas y su representación política. Ahora, es cierto también que la posibilidad para esta desvergüenza está de algún modo habilitada por la actual constitución nacional que de algún modo permite que la ley sea aquello que los jueces digan que sea. La absurda toma del poder perpetrada por jueces pletóricos de pruebas de su absoluta falta de lealtad con la ley y la constitución exige, justamente, una mirada constitucional.
 
Hoy funciona un régimen político en el que cuatro ciudadanos varones se declaran en el poder de controlar la vida política del país. Les permite modificar leyes aprobadas por el Congreso e instalar otras leyes ya derogadas, convenientemente interpretadas a favor de su propio poder corporativo. Les permite tomar el poder del consejo de la magistratura (en este caso en violación de la constitución que no le da a la corte suprema ningún poder sobre ese instituto). Y también les permite manipular posiciones en la justicia federal a favor de su propia tropa. Que, en realidad, tal como lo revelan las escuchas a las que hoy accedemos, son la propia tropa del grupo Clarín y de terratenientes británicos que usurpan tierras argentinas.
 
El olor a podrido supera lo soportable. Es una necesidad rodear el juicio político a los usurpadores del poder de la constitución de la movilización popular. Podría convertirse así -independientemente de sus logros reales- en el comienzo de un nuevo "nunca más". Por ahora, la derecha macri-larretista se ha arrojado sobre los explosivos (también en defensa propia por todas las marcas mafiosas de sus propios pasos que han quedado a la vista de todos). Pero la cuestión central será el clima político que rodee a la cámara de diputados en los días que vienen. De eso dependerá el futuro inmediato, no solamente del poder judicial sino de la democracia en Argentina.
 
Fuente: El Destape
 

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18-07-2025 / 12:07
Tech Security, la firma fundada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martin Menem, fue beneficiada con una licitación pública para la seguridad de distintas sedes de la banca estatal. Facturará más de tres millones de dólares. El negociado se suma a los que venía acumulando una sociedad vinculada al clan a través de otro empresario, que ya acumula varios contratos. La casta al palo.
 
La supuesta pelea libertaria contra "la casta" demuestra tener patas cada vez más cortas. Si con el apellido sólo no alcanzaba, los contratos que la familia Menem sigue ampliando con el Estado salen a la luz para demostrar que varios de los principales funcionarios del Gobierno, incluidos los de máxima confianza de Javier Milei, replican las mismas prácticas que dicen combatir.
 
La empresa Tech Security, fundada hace casi 20 años por el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem junto a sus dos hermanos, Fernando Nicolás Menem y Eduardo Adrián, resultó beneficiada con un contrato multimillonario con el Banco Nación. Se trata de la preadjudicación de una licitación pública para brindar el servicio de seguridad en distintas sedes de esa entidad financiera.
 
La suma total que embolsará trepa a los $3.933.026.507,98, poco más de tres millones de dólares. Que se suman a los más de 3 mil millones que desde diciembre de 2023 ya facturó otra empresa vinculada al clan a través de distintos intermediarios, de nombre Global Protection Service (GPS) Group. 
 
El contrato se concretó a través de la Licitación Pública CDS 1251/2025 del Banco Central, con fecha del 4 de julio de este año. Si bien Tech Security ya brindaba el mismo servicio desde 2018, los contratos se renovaban anualmente, mientras que esta vez, ya con Milei en el poder, se hizo por 24 meses, con opción a dos años más.
 
A diferencia de otras renovaciones, además, esta es la primera vez que la empresa gana una licitación por semejante monto con Menem ocupando un cargo relevante en la administración pública, lo que generaría, a priori, un conflicto de intereses, además de llevarse a las patadas con los postulados de la Ley de Ética Pública.
 
Por otro lado, el clan Menem ya venía ganando influencia en el Banco Nación desde hace meses, por ejemplo, en la rama de negocios de Nación Seguros, que llamativamente quedó afuera del listado de empresas públicas que Milei quería privatizar cuando impulsó la primera versión de la Ley Bases. El director de Nación Seguros es Alfonso Torres, cercano a Eduardo "Lule" Menem.
 
La Opinión Popular
 

18-07-2025 / 11:07
Una multitud se movilizó este jueves desde Congreso hasta Plaza de Mayo para defender al Hospital Garrahan y a la salud pública del brutal ajuste implementado por el gobierno de Javier "el Loco" Milei. La Marcha Federal de la Salud, que tuvo su réplica en diversas ciudades de la Argentina, fue convocada por la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) y sumó la presencia de numerosos sindicatos y organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, culturales y de derechos humanos, junto a una gran cantidad de familias y gente de a pie que participó de la manifestación para expresar su apoyo al reclamo.
 
Los trabajadores del Hospital Garrahan protagonizaron este jueves una masiva movilización al Congreso de la Nación, en defensa de la salud pública y en rechazo al ajuste impulsado por el Gobierno nacional. La marcha coronó una jornada de paro total en el hospital pediátrico, uno de los más reconocidos del país y referente en atención infantil.
 
Desde las 16:30, médicos, médicas, personal de enfermería, residentes y técnicos se congregaron en una columna que avanzó por las calles del centro porteño, respaldados por organizaciones gremiales, sociales y una amplia adhesión ciudadana. La consigna fue clara: denunciar el desfinanciamiento, exigir mejoras salariales y visibilizar la crítica situación que atraviesa el sistema sanitario público.
 
El reclamo incluye el rechazo a las reformas en el sistema de residencias, la pérdida de personal por las condiciones laborales y una caída del poder adquisitivo estimada en un 54% en términos reales, según un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria. El documento también advirtió que los insumos médicos y medicamentos sufren una inflación superior al promedio general, agravando el panorama.
 
La protesta fue una nueva expresión de una lucha que los trabajadores del Garrahan vienen sosteniendo desde hace meses, con paros, asambleas y acciones callejeras. La continuidad y la masividad del reclamo reflejan no solo el deterioro de las condiciones laborales, sino también la preocupación por el futuro de una institución que es pilar de la salud infantil en Argentina.
 
En ese marco, los gremios que nuclean a los trabajadores del hospital, entre ellos la Asociación de Profesionales y Técnicos y ATE, rechazaron el aumento salarial propuesto por el Gobierno, al considerar que no cubre las necesidades básicas del personal.
 
La Opinión Popular
 

17-07-2025 / 10:07
Mientras la canasta de crianza supera los 500 mil pesos, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, lanzó un insólito nuevo plan social que busca cambiar el eje de la asistencia: en lugar de alimentos, vouchers para actividades deportivas y culturales.
 
La propuesta, dijo, está pensada para las zonas "más vulnerables del país", aunque su fundamento ideológico no deja lugar a dudas: "El Estado no tiene que cuidar a los niños, los tiene que cuidar la familia".
 
La frase, que dejó caer en una entrevista, resume el espíritu de la medida. Pettovello detalló que los vouchers se entregarán a familias que asistan a "escuelas para padres" y podrán canjearse en parroquias o clubes.
 
Según explicó, el objetivo es fortalecer los vínculos familiares sin intermediación política, como parte de los futuros "Centros de Familia" que comenzarán a funcionar en agosto con una prueba piloto en la ciudad de Concordia.
 
La visión de Pettovello sobre la infancia es coherente con el discurso del oficialismo, que busca reducir la presencia del Estado en las políticas de cuidado.
 
Pero los números no acompañan el repliegue: según el INDEC, criar a un hijo en Argentina cuesta entre $411.000 y $517.000 por mes, según la edad del menor. Se trata de una canasta de crianza que incluye tanto bienes y servicios como el costo del tiempo de cuidado. La cifra más alta corresponde a niños y niñas entre 6 y 12 años.
 
Los datos son contundentes: solo en junio, el costo de criar a un bebé menor de un año fue de $411.201, mientras que el de un niño en edad escolar trepó a $517.364. Frente a estos montos, el lanzamiento de vouchers recreativos aparece más como un gesto simbólico que como una respuesta estructural a la pobreza infantil.
 
El anuncio también llega en un contexto de fuertes cuestionamientos a la gestión de Capital Humano por la retención de alimentos en depósitos oficiales. Lejos de reforzar el esquema de comedores comunitarios, Pettovello insiste en una política de asistencia "directa", en línea con el ideario libertario. "La familia tiene una función que no se puede delegar en el Estado", aseguró.
 
Mientras se ajustan presupuestos en salud, educación y cultura, la ministra apuesta a que un taller de cerámica o una clase de fútbol puedan reemplazar a un plato de comida caliente. En esa lógica, el Estado deja de garantizar derechos y pasa a sugerir actividades.
 

17-07-2025 / 10:07
El gobierno de Javier "el Loco" Milei intenta resistir hasta octubre en medio de tensiones económicas y políticas crecientes. Los frentes de conflicto se multiplican: ¿se le hizo demasiado largo el calendario electoral al libertario? En el medio asoman las peleas con los gobernadores.
 
A pesar de que el receso invernal del Congreso le abrió una ventana de tiempo para negociar, el gobierno de Milei enfrenta una tormenta en Diputados que podría llevarlo a una dura derrota, como la que sufrió la semana pasada en el Senado. La oposición prepara una sesión para aprobar el financiamiento universitario y la declaración de emergencia en pediatría a raíz del conflicto del Hospital Garrahan.
 
También se sumarían los proyectos de todos los gobernadores para distribuir de forma equitativa los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del impuesto a los combustibles, que aprobó la Cámara alta y ayer ingresaron a Diputados, donde el oficialismo buscará obstaculizar su tratamiento.
 
Más complicado aún para la Casa Rosada será si la convocatoria incluye el rechazo al veto de Milei a la emergencia en Bahía Blanca (que ya revocó el Senado), donde sus propios aliados del PRO que votaron la emergencia deberán discernir si sostienen el veto presidencial para bancar la alianza electoral bonaerense detrás de los libertarios o si ratificaran la ayuda económica para la ciudad devastada por la inundación.
 
Los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica vienen trabajando en la convocatoria a una sesión para la última semana de julio (podría ser el 30) o la primera de Agosto (el 6), que tienen como ejes darle media sanción a los proyectos de financiamiento para las universidades nacionales y la declaración de emergencia en el hospital pediátrico Garrahan.
 
Además, ayer ingresaron a la Cámara de Diputados los proyectos con media sanción del Senado impulsados por los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para establecer por ley un esquema de coparticipación de los ATN y de una porción del impuesto a los combustibles destinados para obras viales que el Gobierno central recauda, no distribuye o lo hace a cuentagotas y de manera discrecional.
 
Ahora, el titular del cuerpo legislativo, el libertario riojano Martín Menem, deberá definir a que comisiones será girado cada uno de ellos. No se descarta que ambos vayan a la comisión de Presupuesto, donde su presidente José Luis Espert comanda la primera barricada oficialista para frenar cualquier iniciativa que incomode al Gobierno.
 
La Opinión Popular
 

16-07-2025 / 09:07
Javier "el Loco" Milei pretendía imponer límites a las huelgas mediante un decreto, esquivando al Congreso e ignorando las garantías constitucionales. La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo le puso un freno al decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por el prescindente Milei que pretendía recortar el derecho de huelga en Argentina.
 
Con una sentencia definitiva, el tribunal suspendió la aplicación del DNU 340/2025, una medida que ampliaba de forma arbitraria la cantidad de actividades consideradas "esenciales" y obligaba a mantener entre un 50 y un 75 por ciento de la actividad aun en situaciones de conflicto gremial.
 
El fallo fue firmado por los jueces Silvia Pinto Varela y Héctor Guisado, quienes ratificaron la resolución de la jueza de primera instancia Moira Fullana, que ya había dado lugar a un amparo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT). El tercer integrante de la sala, Manuel Diez Selva, no participó por estar de licencia.
 
El intento del Gobierno de Milei de cercenar el derecho de huelga, un derecho constitucional y fundamental de los trabajadores, fue declarado inválido por la Justicia por no cumplir los requisitos básicos para dictar un decreto de necesidad y urgencia.
 
En su voto, Silvia Pinto Varela dejó en claro que no se dan las "circunstancias excepcionales" que exige la Constitución Nacional para utilizar esta herramienta.
 
"Es muy claro que no se dan los extremos excepcionales a los que se refiere reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para justificar el dictado de un DNU, esto es, la imposibilidad de que se reúna el Congreso de la Nación", sostuvo.
 
El DNU 340/2025 había sido firmado por Milei el 21 de mayo. En su artículo 3 ordenaba, por decreto, que en los servicios esenciales no se pudiera negociar una cobertura menor al 75 por ciento, y en las actividades de "importancia trascendental", no se pudiera bajar del 50 por ciento.
 
Es decir, el Ejecutivo pretendía imponer límites a las huelgas mediante un decreto, esquivando al Congreso e ignorando las garantías constitucionales. La maniobra no es nueva: estos mismos cambios ya estaban en el capítulo 4 del DNU 70/2023, otro megadecreto de Milei, que también fue suspendido por la Justicia y que aún espera un fallo definitivo de la Corte Suprema.
 
La CGT había solicitado la acción de amparo argumentando que el decreto viola el principio de división de poderes y ataca la libertad sindical. La Justicia le dio la razón. El fallo representa un freno a un gobierno autoritario y anti democrático que viene avanzando sin consenso ni diálogo en medidas que afectan directamente los derechos laborales y sociales de los argentinos.
 
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