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Entre Ríos - 14-01-2023 / 20:01
LA DERECHA MACRISTA DEFIENDE A “SU” CORTE SUPREMA

Con la firma de dos entrerrianos, Blanca Osuna y Marcelo Casaretto, ingresó a Diputados el pedido de juicio a los miembros de la Corte

Con la firma de dos entrerrianos, Blanca Osuna y Marcelo Casaretto, ingresó a Diputados el pedido de juicio a los miembros de la Corte
“Presentamos el juicio a los ministros de la Corte Suprema, en línea con lo solicitado por el presidente y gobernadores. Anoche fue ingresado el expediente 6905-D-2022. Firmamos 15 diputados”, anunció este viernes el diputado nacional por Entre Ríos, Marcelo Casaretto (Frente de Todos).
 
"Presentamos el juicio a los ministros de la Corte Suprema, en línea con lo solicitado por el presidente y gobernadores. Anoche fue ingresado el expediente 6905-D-2022. Firmamos 15 diputados", anunció este viernes el diputado nacional por Entre Ríos, Marcelo Casaretto (Frente de Todos), a través de Twitter.
 
Además de la de Casaretto, el documento lleva la firma de la otra legisladora entrerriana, Blanca Osuna.
 
 
Sobre el juicio
 
Los dos temas clave que respaldan el enjuiciamiento de los cuatro jueces de la Corte -Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti- tienen que ver con el fallo sobre distribución de los fondos de coparticipación que benefició a la administración del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la decisión del máximo tribunal respecto de la integración del Consejo de la Magistratura.
 
El dato relevante es que el proyecto de ley ingresó con la firma de diputados nacionales del oficialismo y no del presidente de la Nación, Alberto Fernández, a los efectos de garantizar la vigencia del dictamen acusatorio por el término de tres años, cosa que no hubiera sucedido en caso de que quien impulsara el proyecto no fuera integrante del Congreso.
 
Así es que este viernes el bloque de diputados nacionales del Frente de Todos confirmó la noticia a través de las redes sociales. Allí señalaron: "En línea con lo solicitado por el Presidente y gobernadores de provincias, anoche fue ingresado en la Cámara de Diputados el proyecto de resolución por el que se promueve el Juicio Político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia".
 
El número de expediente es 6905-D-2022, y lleva las firmas de los diputados nacionales Eduardo Valdés, Marisa Uceda, Marcelo Casaretto, Agustín Fernández, Julio Pereyra, Vanina Marín, Mabel Caparrós, Bernardo Herrera, Silvana Ginocchio, Gustavo González, Graciela Parola, Ricardo Herrera, Aldo Leiva, Blanca Osuna y Mara Brawer.
 
El texto es muy extenso: tiene 410 fojas y replica los argumentos anunciados por el presidente de la Nación. De hecho, refiere al documento suscripto por Alberto Fernández y once gobernadores. Señala en ese sentido en principio el inicio del proceso institucional de juicio político contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Horacio Rosatti "por haber incurrido en forma reiterada en conductas que configuran la causal de mal desempeño en sus funciones prevista en el artículo 53 de nuestra Constitución Nacional".
 
Asimismo, el texto solicita "se inicie el proceso de juicio político respecto de los integrantes del máximo tribunal Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
 
A la hora de describir los "hechos de mal desempeño" de los integrantes de la Corte, señala que "en tiempos recientes hemos sido testigos de una inadmisible degradación del sistema institucional de nuestro país, que pone en jaque el sistema republicano de división de poderes. Ello ha ocurrido principalmente por los hechos y las acciones tomadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que serán objeto de esta presentación".
 
A continuación señala: "Los hechos que aquí se enunciarán exponen una situación anómala en la que la cabeza de un Poder del Estado que decide, arbitrariamente, invadir las esferas de las competencias exclusivas y excluyentes de los restantes poderes de aquel, quebrantando así los pilares básicos en los que se asienta un sistema republicano de gobierno, en especial el principio de división de poderes".
 
"Dicha situación pone en riesgo el equilibrio republicano de nuestro Estado de Derecho, afectando seriamente la gobernabilidad y la estabilidad institucional que requieren los poderes del Estado para cumplimentar con las obligaciones que le son asignadas por la Constitución Nacional", expresa la denuncia.
 
El proyecto acusa a los integrantes de la Corte de haber "realizado arbitrarios ataques sobre las facultades constitucionales asignadas al Poder Ejecutivo Nacional y al Poder Legislativo Nacional, lo que implica que han quebrantado con las obligaciones constitucionales que tienen a su cargo, incurriendo en la causal de mal desempeño prevista en el artículo 53 de nuestra Constitución Nacional.
 
Los diputados hablan del "grave ataque que los mencionados magistrados han asestado al sistema federal de nuestro país, al dictar una arbitraria sentencia que pone en jaque la repartición federal de los recursos que integran el erario público nacional, afectando de manera directa a las provincias y generando un irreparable desequilibrio entre éstas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".
 
Respecto del ministro Horacio Rosatti, el texto acusatorio señala: "Las declaraciones que buscan condicionar el ejercicio de sus potestades por parte de los otros poderes políticos del Gobierno Federal. Según se desprende de las piezas documentales que se acompañan, el doctor Rosatti ha vertido expresiones que -en caso que sean corroboradas- claramente denotan la intencionalidad de condicionar el ejercicio de sus facultades constitucionales por parte de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Nación".
 
En efecto, agrega, "tal como lo han documentado distintos medios periodísticos, en el discurso de cierre del XXII Encuentro de Jueces de Tribunales Orales recientemente celebrado en la ciudad de Catamarca, el Presidente de la Corte señaló que toda reforma del Poder Judicial de la Nación deberá contar, necesariamente, con la aquiescencia de ese Poder del Gobierno Federal".
 
Fuente: Entre Ríos Ahora
 
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17-05-2026 / 20:05
El gobierno de Rogelio Frigerio ha vuelto a cruzar una línea polémica en materia de preservación ambiental y ética pública. En una reciente entrevista que desató el rechazo de organizaciones socioambientales y de la ciudadanía entrerriana, el Ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, blindó la polémica habilitación de la temporada de caza menor en la provincia recurriendo a un argumento tan insólito como jurídicamente insostenible: “La Constitución lo permite, no lo podemos prohibir”.
 
El discurso de Bernaudo tiene un error técnico, pero también un polémico juicio ético y jurídico. Es un error dado que se pretende disfrazar de "derecho constitucional" lo que en realidad es una concesión a empresas que trabajan en buena parte con extranjeros.
 
Al invocar una supuesta protección legal para la matanza de fauna, el funcionario parece confundir la normativa entrerriana con la Segunda Enmienda estadounidense, importando una retórica libertaria que Milei utilizó en su campaña presidencial, la que prioriza el negocio extractivo por sobre el deber constitucional de preservar la biodiversidad y los derechos de los seres sintientes. 
 
Es cuestionable que se intente justificar el "turismo de caza" bajo la exagerada promesa de generación de empleo que, en la práctica, suele estar matizado por la precarización laboral en enclaves cerrados para extranjeros. Mientras el Estado admite su incapacidad de control mediante fiscalizaciones aleatorias, Entre Ríos queda expuesta como un territorio donde la vida silvestre se remata al mejor postor, ignorando el avance global hacia la protección animal y consolidando un modelo económico que deja ganancias en pocas manos. Es un tema que merece una profunda discusión. 
 
De la redacción de La Opinión Popular 

17-05-2026 / 14:05
En una reciente entrevista en el Programa Cuestión de Fondo, el intendente de Villaguay, Adrián Fuertes, dejó definiciones que sacudieron el tablero interno del Partido Justicialista de Entre Ríos. Con una mezcla de pragmatismo y firmeza discursiva, el dirigente no esquivó el bulto ante la polémica por las sanciones disciplinarias y apuntó directamente contra quienes, según su visión, utilizan al partido como una plataforma de "agresión permanente".

Al ser consultado sobre las sanciones que el Tribunal de Disciplina ha comenzado a aplicar, Fuertes fue tajante: "Sí, estoy de acuerdo. Por supuesto que estoy de acuerdo". Para el villaguayense, la libertad de participación no es un cheque en blanco para el ataque sistemático hacia la conducción o los pares. "En la vida hay límites. Si lo que hay es una permanente agresión a los dirigentes del peronismo, están las normativas de sanción", disparó Fuertes.
 
Uno de los puntos más álgidos de su alocución fue la mención al sector de Héctor María Maya. Fuertes denunció lo que considera una estrategia de "división" orquestada desde afuera. Acusó a este sector de no cumplir con la Carta Orgánica y, acto seguido, utilizar sellos de partidos vinculados al oficialismo provincial para competir contra el peronismo. La metáfora del zapallo: "Le dieron el sello como si le dieran un zapallo... tomá, usalo para dividir al peronismo", graficó con ironía. En un dardo al Socialismo, el intendente del PJ uestionó que una fuerza de la coalición gobernante actual "alquilara" su personería para intervenir en la interna peronista sin un proceso orgánico claro.

17-05-2026 / 13:05
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