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Entre Ríos - 14-01-2023 / 20:01
LA DERECHA MACRISTA DEFIENDE A “SU” CORTE SUPREMA

Con la firma de dos entrerrianos, Blanca Osuna y Marcelo Casaretto, ingresó a Diputados el pedido de juicio a los miembros de la Corte

Con la firma de dos entrerrianos, Blanca Osuna y Marcelo Casaretto, ingresó a Diputados el pedido de juicio a los miembros de la Corte
“Presentamos el juicio a los ministros de la Corte Suprema, en línea con lo solicitado por el presidente y gobernadores. Anoche fue ingresado el expediente 6905-D-2022. Firmamos 15 diputados”, anunció este viernes el diputado nacional por Entre Ríos, Marcelo Casaretto (Frente de Todos).
 
"Presentamos el juicio a los ministros de la Corte Suprema, en línea con lo solicitado por el presidente y gobernadores. Anoche fue ingresado el expediente 6905-D-2022. Firmamos 15 diputados", anunció este viernes el diputado nacional por Entre Ríos, Marcelo Casaretto (Frente de Todos), a través de Twitter.
 
Además de la de Casaretto, el documento lleva la firma de la otra legisladora entrerriana, Blanca Osuna.
 
 
Sobre el juicio
 
Los dos temas clave que respaldan el enjuiciamiento de los cuatro jueces de la Corte -Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti- tienen que ver con el fallo sobre distribución de los fondos de coparticipación que benefició a la administración del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la decisión del máximo tribunal respecto de la integración del Consejo de la Magistratura.
 
El dato relevante es que el proyecto de ley ingresó con la firma de diputados nacionales del oficialismo y no del presidente de la Nación, Alberto Fernández, a los efectos de garantizar la vigencia del dictamen acusatorio por el término de tres años, cosa que no hubiera sucedido en caso de que quien impulsara el proyecto no fuera integrante del Congreso.
 
Así es que este viernes el bloque de diputados nacionales del Frente de Todos confirmó la noticia a través de las redes sociales. Allí señalaron: "En línea con lo solicitado por el Presidente y gobernadores de provincias, anoche fue ingresado en la Cámara de Diputados el proyecto de resolución por el que se promueve el Juicio Político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia".
 
El número de expediente es 6905-D-2022, y lleva las firmas de los diputados nacionales Eduardo Valdés, Marisa Uceda, Marcelo Casaretto, Agustín Fernández, Julio Pereyra, Vanina Marín, Mabel Caparrós, Bernardo Herrera, Silvana Ginocchio, Gustavo González, Graciela Parola, Ricardo Herrera, Aldo Leiva, Blanca Osuna y Mara Brawer.
 
El texto es muy extenso: tiene 410 fojas y replica los argumentos anunciados por el presidente de la Nación. De hecho, refiere al documento suscripto por Alberto Fernández y once gobernadores. Señala en ese sentido en principio el inicio del proceso institucional de juicio político contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Horacio Rosatti "por haber incurrido en forma reiterada en conductas que configuran la causal de mal desempeño en sus funciones prevista en el artículo 53 de nuestra Constitución Nacional".
 
Asimismo, el texto solicita "se inicie el proceso de juicio político respecto de los integrantes del máximo tribunal Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
 
A la hora de describir los "hechos de mal desempeño" de los integrantes de la Corte, señala que "en tiempos recientes hemos sido testigos de una inadmisible degradación del sistema institucional de nuestro país, que pone en jaque el sistema republicano de división de poderes. Ello ha ocurrido principalmente por los hechos y las acciones tomadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que serán objeto de esta presentación".
 
A continuación señala: "Los hechos que aquí se enunciarán exponen una situación anómala en la que la cabeza de un Poder del Estado que decide, arbitrariamente, invadir las esferas de las competencias exclusivas y excluyentes de los restantes poderes de aquel, quebrantando así los pilares básicos en los que se asienta un sistema republicano de gobierno, en especial el principio de división de poderes".
 
"Dicha situación pone en riesgo el equilibrio republicano de nuestro Estado de Derecho, afectando seriamente la gobernabilidad y la estabilidad institucional que requieren los poderes del Estado para cumplimentar con las obligaciones que le son asignadas por la Constitución Nacional", expresa la denuncia.
 
El proyecto acusa a los integrantes de la Corte de haber "realizado arbitrarios ataques sobre las facultades constitucionales asignadas al Poder Ejecutivo Nacional y al Poder Legislativo Nacional, lo que implica que han quebrantado con las obligaciones constitucionales que tienen a su cargo, incurriendo en la causal de mal desempeño prevista en el artículo 53 de nuestra Constitución Nacional.
 
Los diputados hablan del "grave ataque que los mencionados magistrados han asestado al sistema federal de nuestro país, al dictar una arbitraria sentencia que pone en jaque la repartición federal de los recursos que integran el erario público nacional, afectando de manera directa a las provincias y generando un irreparable desequilibrio entre éstas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".
 
Respecto del ministro Horacio Rosatti, el texto acusatorio señala: "Las declaraciones que buscan condicionar el ejercicio de sus potestades por parte de los otros poderes políticos del Gobierno Federal. Según se desprende de las piezas documentales que se acompañan, el doctor Rosatti ha vertido expresiones que -en caso que sean corroboradas- claramente denotan la intencionalidad de condicionar el ejercicio de sus facultades constitucionales por parte de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Nación".
 
En efecto, agrega, "tal como lo han documentado distintos medios periodísticos, en el discurso de cierre del XXII Encuentro de Jueces de Tribunales Orales recientemente celebrado en la ciudad de Catamarca, el Presidente de la Corte señaló que toda reforma del Poder Judicial de la Nación deberá contar, necesariamente, con la aquiescencia de ese Poder del Gobierno Federal".
 
Fuente: Entre Ríos Ahora
 
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La paralización del Congreso Nacional por iniciativa de la alianza anti peronista Juntos por el Cambio tendrá consecuencias directas para los entrerrianos, y no positivas precisamente. Más de 17.000 comprovincianos sufrirán por culpa de los diputados nacionales macristas por Entre Ríos: Rogelio Frigerio, Marcela Ántola, Pedro Galimberti, Gabriela Lena y Gustavo Hein. Estos legisladores se sumaron al bloqueo del Congreso y paralizaron la moratoria previsional, priorizando su campaña electoral por sobre las auténticas necesidades de la gente.
 
Uno de los proyectos de ley, que fue presentado por el gobierno de Alberto Fernández  en sesiones extraordinarias, es el denominado Programa de Pago de Deuda Previsional, para garantizar la continuidad de los derechos que ya tenían, y que es ansiosamente esperado por quienes están en edad de jubilarse y no pueden hacerlo porque adeudan aportes. Este año entran en esa situación 800 mil personas de todo el país, y entre ellos hay 17 mil entrerrianos y entrerrianas, mayoritariamente mujeres, según datos de Anses.
 
Juntos por el Cambio no está de acuerdo con la moratoria, aunque tiene posiciones disímiles. El PRO intenta reemplazarla por la pensión universal, la PUAN, con un haber más bajo que consiste en una mensualidad del 80% de la jubilación mínima a los mayores de 65 años sin ingresos. A esa edad se jubilan los hombres, pero las mujeres pueden retirarse a los 60 y deberían trabajar 5 años más si no completaron sus aportes, que según datos de Anses pasa en el 90% de los casos. Los radicales acompañaron la moratoria en su implementación hace 18 años, pero ahora quieren revisarla.
 
En diciembre del 2022 estaba prevista una sesión para tratar este proyecto de ley que ya cuenta con media sanción del Senado pero los diputados de la oposición, entre ellos: Frigerio, Ántola, Galimberti, Lena y Hein, varios de ellos de vacaciones, no fueron a trabajar y no hicieron lo que corresponde que haga un legislador que es presentarse a debatir las leyes, porque para eso le pagan y porque hay muchos argentinos que necesitan de esta legislación. La actitud de la oposición es antidemocrática, bloquear el Congreso es lo contrario a las practicas republicanas que pregonan, peor aun cuando niegan o impiden el ejercicio de derechos sociales de muchas entrerrianas y entrerrianos que anhelan acceder a una jubilación.
 
La decisión irresponsable de la derecha de boicotear la labor del Parlamento, usando como excusa el juicio político iniciado contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, paraliza la actividad legislativa. Como en la Cámara de Diputados el bloque del Frente de Todos y sus aliados no reúnen el número suficientes para el quórum, el cuerpo no puede sesionar. Y además de la moratoria previsional no se puede tratar el proyecto de ley agroindustrial, acordado con 60 entidades del sector para fomentar las exportaciones del campo, ni la creación de nuevas universidades, una de ellas en Entre Ríos.

04-02-2023 / 11:02
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