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Entre Ríos - 14-01-2023 / 20:01
LA DERECHA MACRISTA DEFIENDE A “SU” CORTE SUPREMA

Con la firma de dos entrerrianos, Blanca Osuna y Marcelo Casaretto, ingresó a Diputados el pedido de juicio a los miembros de la Corte

Con la firma de dos entrerrianos, Blanca Osuna y Marcelo Casaretto, ingresó a Diputados el pedido de juicio a los miembros de la Corte
“Presentamos el juicio a los ministros de la Corte Suprema, en línea con lo solicitado por el presidente y gobernadores. Anoche fue ingresado el expediente 6905-D-2022. Firmamos 15 diputados”, anunció este viernes el diputado nacional por Entre Ríos, Marcelo Casaretto (Frente de Todos).
 
"Presentamos el juicio a los ministros de la Corte Suprema, en línea con lo solicitado por el presidente y gobernadores. Anoche fue ingresado el expediente 6905-D-2022. Firmamos 15 diputados", anunció este viernes el diputado nacional por Entre Ríos, Marcelo Casaretto (Frente de Todos), a través de Twitter.
 
Además de la de Casaretto, el documento lleva la firma de la otra legisladora entrerriana, Blanca Osuna.
 
 
Sobre el juicio
 
Los dos temas clave que respaldan el enjuiciamiento de los cuatro jueces de la Corte -Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti- tienen que ver con el fallo sobre distribución de los fondos de coparticipación que benefició a la administración del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la decisión del máximo tribunal respecto de la integración del Consejo de la Magistratura.
 
El dato relevante es que el proyecto de ley ingresó con la firma de diputados nacionales del oficialismo y no del presidente de la Nación, Alberto Fernández, a los efectos de garantizar la vigencia del dictamen acusatorio por el término de tres años, cosa que no hubiera sucedido en caso de que quien impulsara el proyecto no fuera integrante del Congreso.
 
Así es que este viernes el bloque de diputados nacionales del Frente de Todos confirmó la noticia a través de las redes sociales. Allí señalaron: "En línea con lo solicitado por el Presidente y gobernadores de provincias, anoche fue ingresado en la Cámara de Diputados el proyecto de resolución por el que se promueve el Juicio Político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia".
 
El número de expediente es 6905-D-2022, y lleva las firmas de los diputados nacionales Eduardo Valdés, Marisa Uceda, Marcelo Casaretto, Agustín Fernández, Julio Pereyra, Vanina Marín, Mabel Caparrós, Bernardo Herrera, Silvana Ginocchio, Gustavo González, Graciela Parola, Ricardo Herrera, Aldo Leiva, Blanca Osuna y Mara Brawer.
 
El texto es muy extenso: tiene 410 fojas y replica los argumentos anunciados por el presidente de la Nación. De hecho, refiere al documento suscripto por Alberto Fernández y once gobernadores. Señala en ese sentido en principio el inicio del proceso institucional de juicio político contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Horacio Rosatti "por haber incurrido en forma reiterada en conductas que configuran la causal de mal desempeño en sus funciones prevista en el artículo 53 de nuestra Constitución Nacional".
 
Asimismo, el texto solicita "se inicie el proceso de juicio político respecto de los integrantes del máximo tribunal Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
 
A la hora de describir los "hechos de mal desempeño" de los integrantes de la Corte, señala que "en tiempos recientes hemos sido testigos de una inadmisible degradación del sistema institucional de nuestro país, que pone en jaque el sistema republicano de división de poderes. Ello ha ocurrido principalmente por los hechos y las acciones tomadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que serán objeto de esta presentación".
 
A continuación señala: "Los hechos que aquí se enunciarán exponen una situación anómala en la que la cabeza de un Poder del Estado que decide, arbitrariamente, invadir las esferas de las competencias exclusivas y excluyentes de los restantes poderes de aquel, quebrantando así los pilares básicos en los que se asienta un sistema republicano de gobierno, en especial el principio de división de poderes".
 
"Dicha situación pone en riesgo el equilibrio republicano de nuestro Estado de Derecho, afectando seriamente la gobernabilidad y la estabilidad institucional que requieren los poderes del Estado para cumplimentar con las obligaciones que le son asignadas por la Constitución Nacional", expresa la denuncia.
 
El proyecto acusa a los integrantes de la Corte de haber "realizado arbitrarios ataques sobre las facultades constitucionales asignadas al Poder Ejecutivo Nacional y al Poder Legislativo Nacional, lo que implica que han quebrantado con las obligaciones constitucionales que tienen a su cargo, incurriendo en la causal de mal desempeño prevista en el artículo 53 de nuestra Constitución Nacional.
 
Los diputados hablan del "grave ataque que los mencionados magistrados han asestado al sistema federal de nuestro país, al dictar una arbitraria sentencia que pone en jaque la repartición federal de los recursos que integran el erario público nacional, afectando de manera directa a las provincias y generando un irreparable desequilibrio entre éstas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".
 
Respecto del ministro Horacio Rosatti, el texto acusatorio señala: "Las declaraciones que buscan condicionar el ejercicio de sus potestades por parte de los otros poderes políticos del Gobierno Federal. Según se desprende de las piezas documentales que se acompañan, el doctor Rosatti ha vertido expresiones que -en caso que sean corroboradas- claramente denotan la intencionalidad de condicionar el ejercicio de sus facultades constitucionales por parte de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Nación".
 
En efecto, agrega, "tal como lo han documentado distintos medios periodísticos, en el discurso de cierre del XXII Encuentro de Jueces de Tribunales Orales recientemente celebrado en la ciudad de Catamarca, el Presidente de la Corte señaló que toda reforma del Poder Judicial de la Nación deberá contar, necesariamente, con la aquiescencia de ese Poder del Gobierno Federal".
 
Fuente: Entre Ríos Ahora
 
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03-05-2026 / 10:05
29-04-2026 / 22:04
El reciente informe del Centro de Estudio de Desarrollo Macroeconómico (Cedma) advierte que la reforma previsional impulsada por el gobernador Frigerio en Entre Ríos trasciende lo técnico para convertirse en una definición política sobre quién paga la crisis. Bajo la bandera de la "sustentabilidad", el oficialismo justifica el endurecimiento de las condiciones de acceso —como el aumento de la edad jubilatoria y los años de aporte— omitiendo que el déficit actual responde a desfinanciaciones históricas y deudas del Estado nacional.

Según el análisis del Mg. Cr. Álvaro Gabás, la estrategia elegida busca reducir el gasto futuro a costa de los trabajadores, desplazando la discusión sobre fuentes alternativas de financiamiento o la eliminación de privilegios reales. La "clave política" del proyecto radica en la modificación del cálculo del haber inicial: al extender el período de referencia de los últimos 10 años a 30, el gobierno mantiene la retórica del 82% móvil pero lo vacia de contenido, resultando en jubilaciones significativamente menores. Se estima que esta maniobra podría representar una pérdida de ingresos superior al 25% respecto al sistema vigente. Sin estudios actuariales públicos ni un consenso social sólido, la reforma se perfila como una decisión que redefine el contrato social, convirtiendo nuevamente al salario diferido de los trabajadores en la variable de ajuste fiscal. A continuación la nota completa.


De la redacción de La Opinión Popular

29-04-2026 / 14:04
La política entrerriana atraviesa un sismo cuyas réplicas amenazan con sepultar el proyecto de Rogelio Frigerio antes de lo previsto. Según el reciente informe de Página Política, el gobernador se encuentra atrapado en una encerrona estratégica: mientras intenta gesticular una administración "moderada", su alineamiento con el ajuste de Javier Milei lo ha vaciado de capital propio, dejándolo relegado a un tercer puesto que lo transforma en un espectador de su propio destino. Las conclusiones son de una encuesta realizada por la consultora Aresco, la firma dirigida por Julio y Federico Aurelio, una de las mas influyentes del país.
 
Lo más paradójico es que se trata del mismo escenario de tercios con el cual Frigerio logró acceder a la gobernación en 2023, pero con un orden de factores que invierte su suerte: aquel esquema que lo llevó a la victoria hoy lo deposita en un tercer cómodo puesto. En apenas unos meses de gestión, el "arquitecto del cambio" ha dilapidado su ventaja competitiva, siendo fagocitado por la misma ola libertaria que antes le sirvió de impulso y quedando hoy por debajo de un peronismo que, lejos de extinguirse, recupera centralidad.
 
Este escenario expone la claudicación de la "tercera vía" entrerriana. Al no ofrecer una resistencia real al modelo nacional ni soluciones tangibles a la crisis local, Frigerio ha pasado de ser el líder de la oposición al peronismo a convertirse en un donante de sangre para La Libertad Avanza, quien con estos numeros pensará en poner un candidato a gobernador propio. Mientras tanto, el PJ resiste en un empate técnico por la cima, demostrando que su anclaje territorial y la gestión de sus intendencias son el único dique de contención frente al experimento de la motosierra.
 
De la redacción de La Opinión Popular 

29-04-2026 / 14:04
26-04-2026 / 10:04
El colapso económico que pregonan Milei y Frigerio ha dejado de ser una estadística para convertirse en una tragedia humanitaria que empuja a los trabajadores estatales de Entre Ríos al abismo de la quiebra judicial. Mientras el gobierno nacional asfixia las provincias con un ajuste salvaje, la administración de Rogelio Frigerio ha decidido abandonar a su suerte a los empleados públicos, condenándolos a sueldos de miseria que ni siquiera cubren la canasta básica. Este escenario es el resultado directo de una política de "motosierra" que utiliza el hambre de las familias entrerrianas como variable de ajuste fiscal. El resultado judicial es mas quiebras de trabajadores.

La proliferación de resoluciones judiciales que declaran la quiebra de agentes estatales es la prueba obscena de un modelo que quebró el contrato social. Con salarios pulverizados por la inflación y una inacción total por parte del gobierno provincial para recomponer el poder adquisitivo, los trabajadores se ven atrapados en una espiral de sobreendeudamiento simplemente para sobrevivir. Frigerio, alineado al plan economíco de Milei, observa con indiferencia cómo quienes sostienen el funcionamiento de la provincia caen en el despojo patrimonial, demostrando que para este modelo, la dignidad del trabajador es un gasto prescindible en el altar del déficit cero.
 
Lo más alarmante es que, lejos de haber tocado fondo, el panorama bajo el modelo de Milei y la anuencia de Frigerio amenaza con profundizarse hacia niveles de exclusión nunca vistos. La combinación de una inflación que no da tregua a los artículos de primera necesidad y una política salarial que utiliza el congelamiento como ancla fiscal, proyecta un efecto dominó de ruina económica sobre el resto de la planta estatal. Sin un cambio de rumbo que priorice la subsistencia de quienes garantizan la salud, la educación y la seguridad en Entre Ríos, la provincia se encamina a una parálisis sistémica donde el trabajador, despojado de su presente y su futuro, termina siendo la principal víctima de un experimento ideológico que desprecia la vida humana y los derechos de los entrerrianos.
 
De la Opinión Popular

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