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"El peronismo es un encuadramiento de las fuerzas populares vertebrado en torno a la clase trabajadora" John William Cooke
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Nacionales - 13-01-2023 / 09:01
ADEMÁS, FIGURA UNA BATERÍA DE INICIATIVAS ECONÓMICAS SOLICITADAS POR SERGIO MASSA, COMO LA LEY DE BLANQUEO O EL MONOTRIBUTO TECH

Sesiones extraordinarias con sorpresas: ampliación de la Corte Suprema, el pliego de Rafecas y Consejo de la Magistratura

Sesiones extraordinarias con sorpresas: ampliación de la Corte Suprema, el pliego de Rafecas  y Consejo de la Magistratura
En el llamado a sesiones extraordinarias del Congreso, Alberto Fernández no solo presentó el pedido de juicio político contra la Corte Suprema sino que además incluyó el proyecto de ampliación del máximo Tribunal y el de reforma del Consejo de la Magistratura. También mandó el pliego de Rafecas para la Procuración General y una batería de importantes iniciativas económicas, empezando por el blanqueo.
El pedido de juicio político no será el único proyecto con el que el gobierno nacional apuntará a la Corte Suprema en las sesiones extraordinarias: la convocatoria, que se oficializó en el Boletín Oficial a medianoche, incluye también la ampliación de la composición del Máximo Tribunal que ya tiene media sanción en el Senado. El temario fijado por Alberto Fernández comprende un ambicioso listado de 27 proyectos, entre los cuales se encuentran varias iniciativas judiciales enterradas hace tiempo en el Congreso debido a la imposibilidad de arribar a acuerdos con la oposición.
 
Este es el caso del pliego de Daniel Rafecas para la Procuración General y la reforma del Consejo de la Magistratura. No son, sin embargo, los únicos: hay también una batería de iniciativas económicas solicitadas por Sergio Massa -como la Ley de Blanqueo o el Monotributo Tech- que, a diferencia de lo que ocurre con las reformas judiciales, el oficialismo tiene una genuina expectativa de poder aprobar.
 
Luego de que Juntos por el Cambio amenazara con paralizar el Congreso si el Frente de Todos no daba marcha atrás con el juicio político a los cuatro jueces de la Corte Suprema, el Ejecutivo decidió redoblar la apuesta y promover no solo la destitución de los jueces, sino también la ampliación del Máximo Tribunal y la reforma del Consejo de la Magistratura.
 
"Esperamos que la oposición no sea irresponsable, como lo ha venido siendo este tiempo, pero siempre hay tiempo para debatir y sentarse en el lugar de diálogo democrático que es el Congreso de la Nación", deslizó la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, minutos antes de anunciar el listado de proyectos que formarían parte del temario de extraordinarias. Las sesiones se extenderán del 23 de enero hasta el 28 de febrero.
 
El escenario, sin embargo, es complicado. Y no solo porque Juntos por el Cambio decidió boicotear el tratamiento de cualquier proyecto impulsado por el oficialismo mientras durase el pedido de juicio político a la Corte. Sino también porque los tres proyectos de reforma judicial que fueron incorporados en el temario de extraordinarias -ampliación de la Corte, reforma del CdM y pliego de Daniel Rafecas para Procurador General de la Nación- han sido sistemáticamente bloqueados por la oposición en los últimos tres años.
 
En el caso de la ampliación de la Corte de 5 a 15 integrantes o de la modificación de la composición del órgano encargado de seleccionar y sancionar jueces, las leyes han sido aprobadas en el Senado pero solo para ir a morir a Diputados. En la Cámara baja, los números para la sanción no están -no solo por el rechazo de JxC, sino por la oposición de gran parte de los bloques "del medio"- y el escenario no pareciera que fuera a cambiar.
 
El plato fuerte de las sesiones extraordinarias será, sin embargo, el pedido de juicio político contra Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. El proyecto se presentará oficialmente este viernes y llevará la firma de un grupo de diputados del FdT. Si bien estará basado en el documento firmado por Alberto Fernández y los 11 gobernadores, el proyecto de los diputados incluirá nuevos elementos a la acusación.
 
El objetivo del oficialismo es incluir en la iniciativa todos los pedidos de juicio político que se realizaron contra los actuales magistrados de la Corte en los últimos años, por lo que se incorporará un pedido de Vanesa Siley del 2020 contra Rosenkrantz por su actuación en causas de violación a los derechos humanos. Así como también uno de Elisa Carrió del 2017 contra Lorenzetti.
 
La Opinión Popular
 

CONGRESO
 
El Gobierno dobló la apuesta y sumó la reforma del Consejo de la Magistratura y de la Corte Suprema a extraordinarias
 
En el decreto de convocatoria incluyó 27 temas y sorprendió recuperando tres sobre la Justicia, además del pedido de juicio político a la Corte Suprema: la reforma del Consejo de la Magistratura, la ampliación de la Corte a 15 miembros y la designación del juez Rafecas como procurador general.
 
El Gobierno decidió redoblar la apuesta y al pedido de juicio político a la Corte Suprema les sumó otros proyectos medulares para la reforma de la Justicia a la agenda de sesiones extraordinarias convocadas a partir del 23 de enero. El acuerdo para designar al juez federal Daniel Rafecas como procurador general, la reforma del Consejo de la Magistratura y la ampliación de la Corte Suprema a 15 miembros obedecen a diferentes motivaciones pero a un mismo objetivo que es comprometer a otros actores con la modificación del actual cuadro de situación.
 
Dado el rechazo cerrado que adelantó Juntos por el Cambio a tratar cualquier iniciativa que provenga de la Casa Rosada, todo parece de difícil viabilidad. "Que pongan los votos los que tienen que ponerlos", respondieron en Gobierno.
 
La portavoz Gabriela Cerruti adelantó en su habitual conferencia de prensa el temario del decreto de convocatoria que sale publicado en el Boletín Oficial del viernes con una agenda de 27 temas para que el Congreso trate en el verano. Ya se sabía del ambicioso temario económico que venía trabajando el ministro Sergio Massa, por eso la sorpresa estuvo por el lado judicial. En plural, el planteo es discutir "las solicitudes de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema".
 
El objetivo del Frente de Todos es sumar a la propuesta que acordaron el presidente Alberto Fernández y 11 gobernadores las presentaciones previas, algunas de ellas elaboradas por la Coalición Cívica en el marco de la cruzada de Elisa Carrió contra su enemigo Ricardo Lorenzetti. Con una mayoría asegurada de 16 integrantes, desde el Frente de Todos ya anunciaron que la comisión de Juicio Político realizará su primera reunión el 25 o el 26 de enero.
 
A esa iniciativa, el Gobierno sumó al temario otra propuesta elaborada de común acuerdo con la Liga de Gobernadores: la ampliación de la Corte Suprema de los actuales cinco integrantes -hoy apenas son cuatro jueces hombres- a 15, con una integración que respete la distribución federal y la equidad de género. El proyecto, defendido en su momento en el Congreso por los mandatarios provinciales, obtuvo la media sanción del Senado en septiembre pasado, pero nunca ingresó en el temario en Diputados.
 
Los gobernadores radicales, que a priori podrían sentirse atraídos por la idea de contar con representantes en el máximo tribunal, dijeron rechazar la propuesta. En el marco del juicio político a la Corte -y de las cosas que seguramente saldrán a la luz durante la recopilación de pruebas-, el Ejecutivo propone volver a discutir la idea de un tribunal federal. "Fue una propuesta de los gobernadores, así que deberían salir a buscar los votos. Que no nos tiren la responsabilidad siempre a nosotros", advirtieron en Gobierno.
 
Eso va pegado a la reforma del Consejo de la Magistratura, incluido por iniciativa de Alberto. "Hubo una sentencia de la Corte Suprema reclamando al Congreso la sanción de una nueva ley", recordaron en su despacho. Justamente, el pedido de juicio político que se sustanciará contra el tribunal en parte tiene que ver con ese fallo enrevesado de fines de 2021 en el que declaró inconstitucional la composición de 13 miembros del Consejo, luego de 15 años de funcionamiento con ese esquema.
 
Al mismo tiempo, determinó que el Congreso estableciera una nueva composición y que si no lo hacía en el plazo de 120 días corridos debía volverse a la vieja integración previa a 2006, con 20 integrantes y encabezado por el presidente de la Corte. En Juntos por el Cambio archivaron archivaron sus proyectos de reforma y facilitaron que transcurriera el plazo para cumplirle los deseos a los supremos.
 
Esa vuelta a la vieja composición viene generando múltiples conflictos respecto a los integrantes políticos del tribunal. En la reciente jura de los diputados consejeros, los oficialistas Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley asumieron bajo reserva y aún faltan resolver los enviados del Senado. "En el tema del Consejo se está incumpliendo una sentencia. Es exactamente lo que le reclaman al Presidente respecto al fallo que favoreció a la ciudad de Buenos Aires. Si ellos no sacan la ley -que tiene media sanción del Senado-  los vamos a acusar de actuar así para paralizar el Consejo de la Magistratura. Y de ahí en adelante van a tener que explicar por qué lo hicieron", explicaron en la Casa Rosada la decisión de sumar este tema a extraordinarias.
 
A esto le añadieron la vuelta a la carga con la propuesta de designar al juez Rafecas como procurador general, un nombramiento que en su momento se daba en combo con una reforma del Ministerio Público Fiscal. Entre otras cosas, esa reforma -también con media sanción del Senado- establecía un mandato de cinco años para el procurador, renovable por otro período.
 
Respecto a Rafecas, en su momento obtuvo el respaldo de al menos un sector de la oposición -"es el mejor procurador en las condiciones que existen en la Argentina", dijo Elisa Carrió en 2020-, pero su nombramiento nunca terminó de cerrarle al kirchnerismo. Ahora, ya en el último año de su mandato, Alberto vuelve a proponer su nombramiento. "Tenemos acuerdo hacia afuera, tenemos que cerrar adentro", reconocieron en el Ejecutivo.
 
Por fuera de esta ambiciosa agenda de reformas en la Justicia, en el temario también se incluyeron varios temas propuestos por Economía. Uno es el de "Exteriorización del Ahorro Argentino", el blanqueo de quienes tienen cuentas en Estados Unidos sin declarar y que ahora se empezarán a conocer a partir del acuerdo entre ambos países. Además, figura el régimen de promoción para favorecer inversiones en gas licuado e hidrógeno verde, la modificación del Indec y el monotributo tecnológico. El ministro Massa apareció por la tarde junto al gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, justamente uno de los mandatarios provinciales del Frente de Todos que no avala al juicio político a la Corte Suprema. Massa no tocó el tema y su discurso fue de tono productivista.
 
"Sin energía es impensable un futuro productivo de la Argentina", fue una de sus frases, sustento del proyecto para favorecer las inversiones en el rubro. Retó amistosamente a quienes lo quieren subir a la carrera presidencial porque su carrera "es bajar la inflación", subrayó. Y tiró palos para los que sí están subidos a la competencia por la presidencia y "tienen tiempo para pasearse por las playas", en referencia a Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta.
 
Su objetivo, y el de todo el Ejecutivo, es resaltar el papel obstruccionista de la oposición a las propuestas oficiales, sean del tema que fueren. "Esperamos que la oposición no sea la suficientemente irresponsable, como la ha venido siendo, sin duda", avisó la portavoz Cerruti.
 
Fuentes: El Destape y Página 12
 

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08-02-2023 / 10:02
El Gobierno vs. el discurso económico de Juntos; ya se mueven y contrastan datos con la gestión del macrismo. Los laderos del ministro de Economía, Sergio Massa, vieron el comunicado de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio avisando que, de ganar, tendrán una herencia económica "bomba" y varios se sorprendieron.
 
Comentaron que "ellos hipotecaron el país con una deuda escandalosa, que hablen de herencia es cínico". Según se reconstruyó, fue ése el primer capítulo de algo que se volverá un método y que también tiene bajada de línea a la tropa desde Presidencia.
 
El Gobierno, desde diferentes sectores del Frente de Todos, saldrá a dar la pelea discursiva, en el marco de la campaña, sobre los resultados económicos de las gestiones de Alberto Fernández y Mauricio Macri.
 
Aún en un escenario inflacionario preocupante, hay consenso para contrastar variables con la gestión de Macri, a la que identifican como plena de cifras negativas en un escenario sin guerra, pandemia ni sequía. Y la generadora, al fin y al cabo, del mayor problema de la macroeconomía: los 45 mil millones de dólares que le pidieron al Fondo Monetario para no terminar de manera anticipada el Gobierno y ser competitivos en las elecciones del año 2019.
 
"Lo mejor que nos puede pasar es que hagan comunicados instalando el debate sobre las variables económicas", contó un ministro de alto rango que prepara números y estrategia para la contienda. El mismo dirigente asegura que "nosotros no escondemos los problemas que tenemos, pero ellos son incapaces, en el mano a mano, de reconocer los datos que muestran que vamos por el buen camino".
 
Si bien Massa sabe que está al borde de incumplir con su promesa de llegar a abril con una inflación con el 3 adelante, la concordia política sobre el rumbo y la estabilidad post salida de Martín Guzmán reformularon el escenario y hoy, por necesidad, el centro parece estar en aflojar la metralla interna hacia los temas económicos.
 
"Las diferencias se resuelven, hoy, puertas adentro, todos coincidimos en que el salario tiene que ganar más terreno, y es la premisa número uno del año", se sinceró un dirigente albertista.
 
Así las cosas, más allá de las tensiones aún reinantes y la posibilidad de que se institucionalice el Frente en la mesa política que ya convocó el Presidente, el Gobierno llegó a un punto de acuerdo en la identificación del enemigo político en los próximos comicios.
 
Será un debate directo sobre la herencia del macrismo en todos los frentes, incluido el de la inflación, que según aseguran se duplicó en relación a la que dejó Cristina Fernández en 2015. 
 

08-02-2023 / 09:02
El juicio por el crimen de Lucio Dupuy, producido el 26 de noviembre de 2021 cuando el niño tenía 5 años, llegó a su fin. Los jueces de Tribunal de Audiencias de Santa Rosa, La Pampa, declararon culpables a la madre, Magdalena Espósito Valenti, y a la novia de ella, Abigaíl Páez, de los delitos de homicidio agravado. Para los jueces Alejandra Ongaro, Andrés Olié y Daniel Sáez no hay dudas: ambas mujeres fueron las asesinas.
 
Las condenas a Espósito Valenti y Páez por el asesinato de Lucio Dupuy, aun cuando no se conoce todavía el monto de las penas, llegaron para reparar, aunque sea en parte, el dolor de la familia del niño y la conmoción de una sociedad desgarrada por un acto de crueldad inaudito.
 
Las figuras penales que utilizó el tribunal para respaldar el veredicto permiten anticipar que, el próximo 13 de febrero, cuando los magistrados den a conocer el texto completo de la sentencia con todas sus consideraciones, les caería a las dos mujeres la condena a reclusión perpetua. Las declaraciones públicas de quienes más interesados estaban en el resultado de este juicio, especialmente los abuelos y el padre del niño, el abogado querellante y los fiscales se mostraron conformes por la resolución del tribunal.
 
La trascendencia que le dieron al caso los medios de comunicación más grandes del país hizo que coincidiera su cobertura periodística con la que viene recibiendo otro juicio resonante: el que investiga el asesinato de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell por acción de un violento grupo de jóvenes.
 
La superposición temporal de ambos procesos judiciales, motivados por homicidios cometidos con derroche escalofriante de violencia -a pesar de las diferencias sustantivas entre ambos casos- generó una suerte de clima mediático propiciatorio para que se manifestaran voces desaforadas que corrieron el debate de los temas que más deberían interesar a la sociedad: la violencia doméstica, el sistema penal y carcelario, la presencia o ausencia del Estado a la hora de proteger a la niñez, las disputas paternas por la tenencia de menores, etcétera.
 
En muchos medios porteños, especialmente en la televisión, predominó el tinte sensacionalista, admonitorio y una fuerte carga de prejuicios. La orientación sexual de las entonces acusadas y hoy condenadas, o su presunta pertenencia al movimiento feminista ocupó un lugar central y, con ello, se desperdició la oportunidad de hablar en profundidad de los sucesos determinantes que rodearon al caso. El oportunista uso político de ambos crímenes fue otro condimento sobresaliente por estos días.
 
El Poder Judicial actuó con ejecutividad y resolvió el caso sin los tiempos morosos que se observaban antes de los debates orales. En el desarrollo de las audiencias supo preservar la intimidad en un proceso que sin dudas lo requería. Pero también es cierto que se filtraron elementos de prueba que alimentaron el morbo social y, asimismo, hubo accesos desmedidos a información reservada del caso en el sistema de salud pública, un tema que deberá merecer mucha atención en las autoridades del ministerio.
 
A pesar de la condena aún quedan varias asignaturas pendientes. La actuación de la jueza de Familia y el Menor de General Pico será evaluada, como todo lo indica, en un juicio político; pero también deben profundizarse las investigaciones sobre cómo fallaron en la detección precoz de la extrema violencia que sufrió Lucio el sistema de salud y el educativo, y, también, la policía provincial.
 
La Opinión Popular

07-02-2023 / 09:02
Fernando Báez Sosa fue y es la principal víctima de esta tragedia espesa, hiper mediatizada. Con él, su mamá Graciela y su padre Silvino. En charlas familiares o de café se los identifica por sus nombres de pila, que quizá mañana sirva para designar a una ley. Tradiciones de la democracia argentina, de eso se trata. Positivas en muchos sentidos aunque jamás perfectas. La solidaridad masiva con la familia de Fernando es tangible, rotunda, reconoce pocos antecedentes.  Sería necio o unidireccional atribuirlo solo al discurso predominante en los medios de difusión.
 
Fernando era un pibe de una familia tipo, pongalé. Papá y mamá paraguayos, gente de laburo, con hijo único. Tal vez de un escalón social menos empinado que el de quienes lo mataron en un acto plagado de barbarie con cuotas de machismo y racismo. En otros casos, quizá, la vocación aspiracional de los sectores medios que "hacen" opinión pública hubiera acercado a mucho público a los acusados, gente presentable, "influyente", calificó algún vecino de Zárate. No oligarcas ni aristócratas pero personas bien ranqueadas.
 
No ocurrió ante este homicidio... consecuencia de sus características, divulgadas hasta el hastío en cualquier horario de desprotección al menor. La identificación con la familia se funda en una escala de valores querible, humana.
 
El fenómeno se ha repetido, Silvino y Graciela recorren un itinerario transitado. Lo estilizo. La víctima, los familiares lo son, se planta frente a un micrófono o una cámara y cuenta el origen de su desdicha. Es una persona común, no tenía antes compromisos políticos (o si los tenía, no argumenta en su nombre), algo rompió la inercia de su existencia, algo la cambió definitivamente. Es irreparable.
 
La vida de esa víctima ya nunca será la misma y por eso se dirige a personas que se parecían a ella (las más veces) o a él antes de la privación. De privación hablamos, porque las víctimas estaban mejor, en un sentido sustantivo, antes de que ese "algo" aconteciera.
 
"Yo era como vos", le dice la víctima al espectador de la televisión o la radio. "Lo que me pasó te puede pasar porque la gente común está en riesgo, si las cosas no cambian". "Yo no quiero venganza, quiero justicia". Justicia no es sólo sanción a los culpables sino un cambio de escenario, parcial pero ineludible. Justicia es que la muerte de Fernando no haya sido en vano, que "esto no se repita".
 
Una sentencia justa, severa, forma parte de ese camino imaginario. Desprovista de detalles o de espinas en los que entraremos más abajo, es una noble utopía republicana. Las instituciones funcionan, las leyes se aplican, los culpables tienen castigo impartido por un Estado imparcial... la sociedad mejorará. Casi no hace falta agregar que este cronista enaltece esos pensamientos aunque descree de que su resultado promedio sea tan virtuoso.
 
Los familiares, larga prosapia, renuncian a la mal llamada "justicia por mano propia". O, por mejor decir: a la violencia privada, a la vendetta. Acuden a la ley y a las instituciones que deberían regular proporcionalidad en los castigos y frenar la violencia entre particulares. Deberían.
 

06-02-2023 / 12:02
Uno de los errores políticos más importantes del gobierno del presidente Alberto Fernández fue no haber impulsado cambios en la Corte Suprema heredada del macrismo en los primeros 15 días de mandato. No haber seguido el ejemplo de Néstor Kirchner, que el 5 de junio de 2003, habiendo asumido hace menos de dos semanas y con sólo el 22,25% de los votos, tomó el toro por las astas.
 
Néstor hizo ese día una cadena nacional. Leyó un discurso de 6.25 minutos. "Hemos asumido el compromiso de reconciliar a las instituciones con la sociedad", dijo, entre otras frases. Uno de los primeros efectos fue la renuncia del presidente de la Corte, el riojano Julio Nazareno, emblema de la mayoría automática del menemato. Con esa decisión, Nazareno pudo conservar la cuantiosa jubilación que reciben los jerarcas del Poder Judicial, ya que la hubiera perdido si dejaba el cargo por la vía del juicio político.
 
La mayoría de los funcionarios judiciales, por supuesto que no todos, están constituidos por una alquimia que mezcla un sentimiento de supremacía, por encima de la ley y la Constitución, con el sueño del burócrata de ser jubilado de lujo: ir todas las semanas a un palco del Colón, vacacionar en Europa.
 
En un juicio político la relación de fuerzas es clave. Néstor había sacado el 22,25%. Sin embargo, además de ser un líder político excepcional, con una enorme confianza en la fuerza de la voluntad, sabía que el anti menemismo en ese momento era mucho más que el porcentaje que él había conseguido y que esa relación de fuerzas inclinaría la balanza. La Argentina tuvo después la mejor Corte Suprema de su historia. El gobierno peronista le dio al país algunos años de una calidad institucional desconocida.
 
Alberto partió de la base de que la Corte se iba a adaptar a los nuevos vientos por instinto de supervivencia. Apostó a que los ministros que habían convalidado el lawfare dejando que se practique la violación a los derechos constitucionales iban a dar un volantazo y corregir el rumbo, similar a lo que ocurrió en Brasil. No pasó. Los procesos políticos en Brasil tienen esa tradición histórica. Argentina no es Brasil, para bien y para mal.
 
La Corte no se adaptó a los nuevos vientos que auguró el triunfo del FdT. Reaccionó de modo corporativo. Encubrió los delitos que habían realizado los tribunales inferiores: las extorsiones para conseguir las delaciones que le dieran carnadura a las acusaciones por supuesta corrupción, las violaciones al debido proceso para encarcelar y generar puestas en escena que les sirvieran a los grandes medios para construir shows y condenas mediáticas.
 
Luego, en 2021, tras la derrota electoral del peronismo a nivel nacional, el Máximo Tribunal dobló la apuesta. Los cortesanos se sintieron fortalecidos por la victoria de Juntos por el Cambio y se consolidaron como la Corte que defiende a los grandes grupos económicos que operan en la Argentina y al sector antiperonista de la política, con el respaldo de la embajada yanqui. Las causas contra Mauricio Macri no avanzan ni un centímetro. Están congeladas como Walt Disney.
 
La Corte y la Procuración General, ocupada por el interino Eduardo Casal, han sido durante estos tres años las trincheras del macrismo dentro de la estructura del Estado. Cuando Macri ganó las elecciones de 2015, su consultor Jaime Durán Barba solía decirle algo que se puede aplicar al FdT: "Tomamos el gobierno, pero todavía no el poder". El FdT ganó el gobierno, pero faltó la decisión política de desmontar la Corte macrista.
 
El juicio político impulsado ahora, disparado por el pornográfico fallo sobre coparticipación que financia la campaña de Horacio Rodríguez Larreta, se produce en un contexto de debilidad del peronismo, comparado con el inicio del mandato de Alberto. Pero en la política -y en la vida- se pelea por lo que puede pelear, aunque sea haya empezado tarde. 
 

06-02-2023 / 11:02
El presidente Alberto Fernández se ha declarado dispuesto a armar la "mesa electoral", una denominación que no dice gran cosa con relación a las tareas y el poder de decisión que el organismo asumiría.
 
La cuestión se desplaza -con algo de ingenuidad- a la creación de algo así como un foro de discusión pública en el que cada representante haría público su punto de vista sobre la "política electoral"; la indefinición es muy evidente y nada casual: se procura evitar la puesta en escena de distintos tipos y formas de cuestionamiento a la actual política gubernamental bajo la forma de "propuestas electorales".
 
Esto es lógico y muy criterioso: si la "mesa" se convierte en un coro de voces críticas desde distintas lógicas y perspectivas políticas poco podría acumular a favor de un impulso de unidad de acción a la que se supone una exigencia mínima de cualquier pretensión de triunfo electoral.
 
Además, para la elección presidencial faltan varios meses todavía. Pero es muy importante que los organizadores sean conscientes de que tarde o temprano el balance del gobierno de estos cuatro años de gobierno deberá hacerse. Y no solamente eso, sino que ese balance deberá ser estructurado en una clave política que permita que todas las voces -o la mayoría, las más influyentes, las más representativas- se expresen públicamente.
 
Es impensable que una "mesa" jerarquice los puntos de vista de unos sobre los de otros: lo mejor sería dejar todas las interpretaciones abiertas. Porque el momento decisivo de un eventual renacimiento del frente debería ser el de las primarias abiertas. Allí será donde se organicen los acuerdos y las diferencias, el balance y la proyección futura de la coalición.
 
Una mirada "ideal" aconseja ese orden: primero el balance que cada sector hace de la marcha de la experiencia de gobierno, una evaluación pública, plenamente abierta a la discusión de todo aquel que quiera sumar su punto de vista. No habría posiciones "buenas o malas", la etapa establecería los contornos de la discusión, los acuerdos y los desacuerdos.
 
Ahora bien, la "mesa" debería abstenerse de establecer jerarquías entre los puntos de vista. Este circuito tiene una enorme ventaja respecto de lo que fue práctica del FdT desde su fundación: el cierre de las primarias a un puñado de actores. Todos tendrían derecho a defender su punto de vista desde la plataforma que existe y tiene fuerza legal precisamente por esa virtud: la de someterse a la prueba de la voluntad del electorado. 
 

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