00:57 | Sabado 27 de Abril de 2013 | Entre Ríos
Las claves del modelo ideológico neoliberal del gobierno de Macri
Por Carlos Andujar
Por Carlos Andujar
Groucho Marx dijo: "La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados". En ese punto, Javier Milei es marxista.
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Nacionales - 13-01-2023 / 09:01
ADEMÁS, FIGURA UNA BATERÍA DE INICIATIVAS ECONÓMICAS SOLICITADAS POR SERGIO MASSA, COMO LA LEY DE BLANQUEO O EL MONOTRIBUTO TECH
Sesiones extraordinarias con sorpresas: ampliación de la Corte Suprema, el pliego de Rafecas y Consejo de la Magistratura
En el llamado a sesiones extraordinarias del Congreso, Alberto Fernández no solo presentó el pedido de juicio político contra la Corte Suprema sino que además incluyó el proyecto de ampliación del máximo Tribunal y el de reforma del Consejo de la Magistratura. También mandó el pliego de Rafecas para la Procuración General y una batería de importantes iniciativas económicas, empezando por el blanqueo.
El pedido de juicio político no será el único proyecto con el que el gobierno nacional apuntará a la Corte Suprema en las sesiones extraordinarias: la convocatoria, que se oficializó en el Boletín Oficial a medianoche, incluye también la ampliación de la composición del Máximo Tribunal que ya tiene media sanción en el Senado. El temario fijado por Alberto Fernández comprende un ambicioso listado de 27 proyectos, entre los cuales se encuentran varias iniciativas judiciales enterradas hace tiempo en el Congreso debido a la imposibilidad de arribar a acuerdos con la oposición.
Este es el caso del pliego de Daniel Rafecas para la Procuración General y la reforma del Consejo de la Magistratura. No son, sin embargo, los únicos: hay también una batería de iniciativas económicas solicitadas por Sergio Massa -como la Ley de Blanqueo o el Monotributo Tech- que, a diferencia de lo que ocurre con las reformas judiciales, el oficialismo tiene una genuina expectativa de poder aprobar.
Luego de que Juntos por el Cambio amenazara con paralizar el Congreso si el Frente de Todos no daba marcha atrás con el juicio político a los cuatro jueces de la Corte Suprema, el Ejecutivo decidió redoblar la apuesta y promover no solo la destitución de los jueces, sino también la ampliación del Máximo Tribunal y la reforma del Consejo de la Magistratura.
"Esperamos que la oposición no sea irresponsable, como lo ha venido siendo este tiempo, pero siempre hay tiempo para debatir y sentarse en el lugar de diálogo democrático que es el Congreso de la Nación", deslizó la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, minutos antes de anunciar el listado de proyectos que formarían parte del temario de extraordinarias. Las sesiones se extenderán del 23 de enero hasta el 28 de febrero.
El escenario, sin embargo, es complicado. Y no solo porque Juntos por el Cambio decidió boicotear el tratamiento de cualquier proyecto impulsado por el oficialismo mientras durase el pedido de juicio político a la Corte. Sino también porque los tres proyectos de reforma judicial que fueron incorporados en el temario de extraordinarias -ampliación de la Corte, reforma del CdM y pliego de Daniel Rafecas para Procurador General de la Nación- han sido sistemáticamente bloqueados por la oposición en los últimos tres años.
En el caso de la ampliación de la Corte de 5 a 15 integrantes o de la modificación de la composición del órgano encargado de seleccionar y sancionar jueces, las leyes han sido aprobadas en el Senado pero solo para ir a morir a Diputados. En la Cámara baja, los números para la sanción no están -no solo por el rechazo de JxC, sino por la oposición de gran parte de los bloques "del medio"- y el escenario no pareciera que fuera a cambiar.
El plato fuerte de las sesiones extraordinarias será, sin embargo, el pedido de juicio político contra Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. El proyecto se presentará oficialmente este viernes y llevará la firma de un grupo de diputados del FdT. Si bien estará basado en el documento firmado por Alberto Fernández y los 11 gobernadores, el proyecto de los diputados incluirá nuevos elementos a la acusación.
El objetivo del oficialismo es incluir en la iniciativa todos los pedidos de juicio político que se realizaron contra los actuales magistrados de la Corte en los últimos años, por lo que se incorporará un pedido de Vanesa Siley del 2020 contra Rosenkrantz por su actuación en causas de violación a los derechos humanos. Así como también uno de Elisa Carrió del 2017 contra Lorenzetti.
La Opinión Popular
Este es el caso del pliego de Daniel Rafecas para la Procuración General y la reforma del Consejo de la Magistratura. No son, sin embargo, los únicos: hay también una batería de iniciativas económicas solicitadas por Sergio Massa -como la Ley de Blanqueo o el Monotributo Tech- que, a diferencia de lo que ocurre con las reformas judiciales, el oficialismo tiene una genuina expectativa de poder aprobar.
Luego de que Juntos por el Cambio amenazara con paralizar el Congreso si el Frente de Todos no daba marcha atrás con el juicio político a los cuatro jueces de la Corte Suprema, el Ejecutivo decidió redoblar la apuesta y promover no solo la destitución de los jueces, sino también la ampliación del Máximo Tribunal y la reforma del Consejo de la Magistratura.
"Esperamos que la oposición no sea irresponsable, como lo ha venido siendo este tiempo, pero siempre hay tiempo para debatir y sentarse en el lugar de diálogo democrático que es el Congreso de la Nación", deslizó la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, minutos antes de anunciar el listado de proyectos que formarían parte del temario de extraordinarias. Las sesiones se extenderán del 23 de enero hasta el 28 de febrero.
El escenario, sin embargo, es complicado. Y no solo porque Juntos por el Cambio decidió boicotear el tratamiento de cualquier proyecto impulsado por el oficialismo mientras durase el pedido de juicio político a la Corte. Sino también porque los tres proyectos de reforma judicial que fueron incorporados en el temario de extraordinarias -ampliación de la Corte, reforma del CdM y pliego de Daniel Rafecas para Procurador General de la Nación- han sido sistemáticamente bloqueados por la oposición en los últimos tres años.
En el caso de la ampliación de la Corte de 5 a 15 integrantes o de la modificación de la composición del órgano encargado de seleccionar y sancionar jueces, las leyes han sido aprobadas en el Senado pero solo para ir a morir a Diputados. En la Cámara baja, los números para la sanción no están -no solo por el rechazo de JxC, sino por la oposición de gran parte de los bloques "del medio"- y el escenario no pareciera que fuera a cambiar.
El plato fuerte de las sesiones extraordinarias será, sin embargo, el pedido de juicio político contra Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. El proyecto se presentará oficialmente este viernes y llevará la firma de un grupo de diputados del FdT. Si bien estará basado en el documento firmado por Alberto Fernández y los 11 gobernadores, el proyecto de los diputados incluirá nuevos elementos a la acusación.
El objetivo del oficialismo es incluir en la iniciativa todos los pedidos de juicio político que se realizaron contra los actuales magistrados de la Corte en los últimos años, por lo que se incorporará un pedido de Vanesa Siley del 2020 contra Rosenkrantz por su actuación en causas de violación a los derechos humanos. Así como también uno de Elisa Carrió del 2017 contra Lorenzetti.
La Opinión Popular
CONGRESO
El Gobierno dobló la apuesta y sumó la reforma del Consejo de la Magistratura y de la Corte Suprema a extraordinarias
En el decreto de convocatoria incluyó 27 temas y sorprendió recuperando tres sobre la Justicia, además del pedido de juicio político a la Corte Suprema: la reforma del Consejo de la Magistratura, la ampliación de la Corte a 15 miembros y la designación del juez Rafecas como procurador general.
El Gobierno decidió redoblar la apuesta y al pedido de juicio político a la Corte Suprema les sumó otros proyectos medulares para la reforma de la Justicia a la agenda de sesiones extraordinarias convocadas a partir del 23 de enero. El acuerdo para designar al juez federal Daniel Rafecas como procurador general, la reforma del Consejo de la Magistratura y la ampliación de la Corte Suprema a 15 miembros obedecen a diferentes motivaciones pero a un mismo objetivo que es comprometer a otros actores con la modificación del actual cuadro de situación.
Dado el rechazo cerrado que adelantó Juntos por el Cambio a tratar cualquier iniciativa que provenga de la Casa Rosada, todo parece de difícil viabilidad. "Que pongan los votos los que tienen que ponerlos", respondieron en Gobierno.
La portavoz Gabriela Cerruti adelantó en su habitual conferencia de prensa el temario del decreto de convocatoria que sale publicado en el Boletín Oficial del viernes con una agenda de 27 temas para que el Congreso trate en el verano. Ya se sabía del ambicioso temario económico que venía trabajando el ministro Sergio Massa, por eso la sorpresa estuvo por el lado judicial. En plural, el planteo es discutir "las solicitudes de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema".
El objetivo del Frente de Todos es sumar a la propuesta que acordaron el presidente Alberto Fernández y 11 gobernadores las presentaciones previas, algunas de ellas elaboradas por la Coalición Cívica en el marco de la cruzada de Elisa Carrió contra su enemigo Ricardo Lorenzetti. Con una mayoría asegurada de 16 integrantes, desde el Frente de Todos ya anunciaron que la comisión de Juicio Político realizará su primera reunión el 25 o el 26 de enero.
A esa iniciativa, el Gobierno sumó al temario otra propuesta elaborada de común acuerdo con la Liga de Gobernadores: la ampliación de la Corte Suprema de los actuales cinco integrantes -hoy apenas son cuatro jueces hombres- a 15, con una integración que respete la distribución federal y la equidad de género. El proyecto, defendido en su momento en el Congreso por los mandatarios provinciales, obtuvo la media sanción del Senado en septiembre pasado, pero nunca ingresó en el temario en Diputados.
Los gobernadores radicales, que a priori podrían sentirse atraídos por la idea de contar con representantes en el máximo tribunal, dijeron rechazar la propuesta. En el marco del juicio político a la Corte -y de las cosas que seguramente saldrán a la luz durante la recopilación de pruebas-, el Ejecutivo propone volver a discutir la idea de un tribunal federal. "Fue una propuesta de los gobernadores, así que deberían salir a buscar los votos. Que no nos tiren la responsabilidad siempre a nosotros", advirtieron en Gobierno.
Eso va pegado a la reforma del Consejo de la Magistratura, incluido por iniciativa de Alberto. "Hubo una sentencia de la Corte Suprema reclamando al Congreso la sanción de una nueva ley", recordaron en su despacho. Justamente, el pedido de juicio político que se sustanciará contra el tribunal en parte tiene que ver con ese fallo enrevesado de fines de 2021 en el que declaró inconstitucional la composición de 13 miembros del Consejo, luego de 15 años de funcionamiento con ese esquema.
Al mismo tiempo, determinó que el Congreso estableciera una nueva composición y que si no lo hacía en el plazo de 120 días corridos debía volverse a la vieja integración previa a 2006, con 20 integrantes y encabezado por el presidente de la Corte. En Juntos por el Cambio archivaron archivaron sus proyectos de reforma y facilitaron que transcurriera el plazo para cumplirle los deseos a los supremos.
Esa vuelta a la vieja composición viene generando múltiples conflictos respecto a los integrantes políticos del tribunal. En la reciente jura de los diputados consejeros, los oficialistas Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley asumieron bajo reserva y aún faltan resolver los enviados del Senado. "En el tema del Consejo se está incumpliendo una sentencia. Es exactamente lo que le reclaman al Presidente respecto al fallo que favoreció a la ciudad de Buenos Aires. Si ellos no sacan la ley -que tiene media sanción del Senado- los vamos a acusar de actuar así para paralizar el Consejo de la Magistratura. Y de ahí en adelante van a tener que explicar por qué lo hicieron", explicaron en la Casa Rosada la decisión de sumar este tema a extraordinarias.
A esto le añadieron la vuelta a la carga con la propuesta de designar al juez Rafecas como procurador general, un nombramiento que en su momento se daba en combo con una reforma del Ministerio Público Fiscal. Entre otras cosas, esa reforma -también con media sanción del Senado- establecía un mandato de cinco años para el procurador, renovable por otro período.
Respecto a Rafecas, en su momento obtuvo el respaldo de al menos un sector de la oposición -"es el mejor procurador en las condiciones que existen en la Argentina", dijo Elisa Carrió en 2020-, pero su nombramiento nunca terminó de cerrarle al kirchnerismo. Ahora, ya en el último año de su mandato, Alberto vuelve a proponer su nombramiento. "Tenemos acuerdo hacia afuera, tenemos que cerrar adentro", reconocieron en el Ejecutivo.
Por fuera de esta ambiciosa agenda de reformas en la Justicia, en el temario también se incluyeron varios temas propuestos por Economía. Uno es el de "Exteriorización del Ahorro Argentino", el blanqueo de quienes tienen cuentas en Estados Unidos sin declarar y que ahora se empezarán a conocer a partir del acuerdo entre ambos países. Además, figura el régimen de promoción para favorecer inversiones en gas licuado e hidrógeno verde, la modificación del Indec y el monotributo tecnológico. El ministro Massa apareció por la tarde junto al gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, justamente uno de los mandatarios provinciales del Frente de Todos que no avala al juicio político a la Corte Suprema. Massa no tocó el tema y su discurso fue de tono productivista.
"Sin energía es impensable un futuro productivo de la Argentina", fue una de sus frases, sustento del proyecto para favorecer las inversiones en el rubro. Retó amistosamente a quienes lo quieren subir a la carrera presidencial porque su carrera "es bajar la inflación", subrayó. Y tiró palos para los que sí están subidos a la competencia por la presidencia y "tienen tiempo para pasearse por las playas", en referencia a Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta.
Su objetivo, y el de todo el Ejecutivo, es resaltar el papel obstruccionista de la oposición a las propuestas oficiales, sean del tema que fueren. "Esperamos que la oposición no sea la suficientemente irresponsable, como la ha venido siendo, sin duda", avisó la portavoz Cerruti.
Fuentes: El Destape y Página 12
El Gobierno dobló la apuesta y sumó la reforma del Consejo de la Magistratura y de la Corte Suprema a extraordinarias
En el decreto de convocatoria incluyó 27 temas y sorprendió recuperando tres sobre la Justicia, además del pedido de juicio político a la Corte Suprema: la reforma del Consejo de la Magistratura, la ampliación de la Corte a 15 miembros y la designación del juez Rafecas como procurador general.
El Gobierno decidió redoblar la apuesta y al pedido de juicio político a la Corte Suprema les sumó otros proyectos medulares para la reforma de la Justicia a la agenda de sesiones extraordinarias convocadas a partir del 23 de enero. El acuerdo para designar al juez federal Daniel Rafecas como procurador general, la reforma del Consejo de la Magistratura y la ampliación de la Corte Suprema a 15 miembros obedecen a diferentes motivaciones pero a un mismo objetivo que es comprometer a otros actores con la modificación del actual cuadro de situación.
Dado el rechazo cerrado que adelantó Juntos por el Cambio a tratar cualquier iniciativa que provenga de la Casa Rosada, todo parece de difícil viabilidad. "Que pongan los votos los que tienen que ponerlos", respondieron en Gobierno.
La portavoz Gabriela Cerruti adelantó en su habitual conferencia de prensa el temario del decreto de convocatoria que sale publicado en el Boletín Oficial del viernes con una agenda de 27 temas para que el Congreso trate en el verano. Ya se sabía del ambicioso temario económico que venía trabajando el ministro Sergio Massa, por eso la sorpresa estuvo por el lado judicial. En plural, el planteo es discutir "las solicitudes de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema".
El objetivo del Frente de Todos es sumar a la propuesta que acordaron el presidente Alberto Fernández y 11 gobernadores las presentaciones previas, algunas de ellas elaboradas por la Coalición Cívica en el marco de la cruzada de Elisa Carrió contra su enemigo Ricardo Lorenzetti. Con una mayoría asegurada de 16 integrantes, desde el Frente de Todos ya anunciaron que la comisión de Juicio Político realizará su primera reunión el 25 o el 26 de enero.
A esa iniciativa, el Gobierno sumó al temario otra propuesta elaborada de común acuerdo con la Liga de Gobernadores: la ampliación de la Corte Suprema de los actuales cinco integrantes -hoy apenas son cuatro jueces hombres- a 15, con una integración que respete la distribución federal y la equidad de género. El proyecto, defendido en su momento en el Congreso por los mandatarios provinciales, obtuvo la media sanción del Senado en septiembre pasado, pero nunca ingresó en el temario en Diputados.
Los gobernadores radicales, que a priori podrían sentirse atraídos por la idea de contar con representantes en el máximo tribunal, dijeron rechazar la propuesta. En el marco del juicio político a la Corte -y de las cosas que seguramente saldrán a la luz durante la recopilación de pruebas-, el Ejecutivo propone volver a discutir la idea de un tribunal federal. "Fue una propuesta de los gobernadores, así que deberían salir a buscar los votos. Que no nos tiren la responsabilidad siempre a nosotros", advirtieron en Gobierno.
Eso va pegado a la reforma del Consejo de la Magistratura, incluido por iniciativa de Alberto. "Hubo una sentencia de la Corte Suprema reclamando al Congreso la sanción de una nueva ley", recordaron en su despacho. Justamente, el pedido de juicio político que se sustanciará contra el tribunal en parte tiene que ver con ese fallo enrevesado de fines de 2021 en el que declaró inconstitucional la composición de 13 miembros del Consejo, luego de 15 años de funcionamiento con ese esquema.
Al mismo tiempo, determinó que el Congreso estableciera una nueva composición y que si no lo hacía en el plazo de 120 días corridos debía volverse a la vieja integración previa a 2006, con 20 integrantes y encabezado por el presidente de la Corte. En Juntos por el Cambio archivaron archivaron sus proyectos de reforma y facilitaron que transcurriera el plazo para cumplirle los deseos a los supremos.
Esa vuelta a la vieja composición viene generando múltiples conflictos respecto a los integrantes políticos del tribunal. En la reciente jura de los diputados consejeros, los oficialistas Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley asumieron bajo reserva y aún faltan resolver los enviados del Senado. "En el tema del Consejo se está incumpliendo una sentencia. Es exactamente lo que le reclaman al Presidente respecto al fallo que favoreció a la ciudad de Buenos Aires. Si ellos no sacan la ley -que tiene media sanción del Senado- los vamos a acusar de actuar así para paralizar el Consejo de la Magistratura. Y de ahí en adelante van a tener que explicar por qué lo hicieron", explicaron en la Casa Rosada la decisión de sumar este tema a extraordinarias.
A esto le añadieron la vuelta a la carga con la propuesta de designar al juez Rafecas como procurador general, un nombramiento que en su momento se daba en combo con una reforma del Ministerio Público Fiscal. Entre otras cosas, esa reforma -también con media sanción del Senado- establecía un mandato de cinco años para el procurador, renovable por otro período.
Respecto a Rafecas, en su momento obtuvo el respaldo de al menos un sector de la oposición -"es el mejor procurador en las condiciones que existen en la Argentina", dijo Elisa Carrió en 2020-, pero su nombramiento nunca terminó de cerrarle al kirchnerismo. Ahora, ya en el último año de su mandato, Alberto vuelve a proponer su nombramiento. "Tenemos acuerdo hacia afuera, tenemos que cerrar adentro", reconocieron en el Ejecutivo.
Por fuera de esta ambiciosa agenda de reformas en la Justicia, en el temario también se incluyeron varios temas propuestos por Economía. Uno es el de "Exteriorización del Ahorro Argentino", el blanqueo de quienes tienen cuentas en Estados Unidos sin declarar y que ahora se empezarán a conocer a partir del acuerdo entre ambos países. Además, figura el régimen de promoción para favorecer inversiones en gas licuado e hidrógeno verde, la modificación del Indec y el monotributo tecnológico. El ministro Massa apareció por la tarde junto al gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, justamente uno de los mandatarios provinciales del Frente de Todos que no avala al juicio político a la Corte Suprema. Massa no tocó el tema y su discurso fue de tono productivista.
"Sin energía es impensable un futuro productivo de la Argentina", fue una de sus frases, sustento del proyecto para favorecer las inversiones en el rubro. Retó amistosamente a quienes lo quieren subir a la carrera presidencial porque su carrera "es bajar la inflación", subrayó. Y tiró palos para los que sí están subidos a la competencia por la presidencia y "tienen tiempo para pasearse por las playas", en referencia a Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta.
Su objetivo, y el de todo el Ejecutivo, es resaltar el papel obstruccionista de la oposición a las propuestas oficiales, sean del tema que fueren. "Esperamos que la oposición no sea la suficientemente irresponsable, como la ha venido siendo, sin duda", avisó la portavoz Cerruti.
Fuentes: El Destape y Página 12
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