20:06 | Martes 24 de Febrero de 2013 | Entre Ríos

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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau

Entre Ríos - 12-01-2023 / 19:01

EL JUICIO ES POLÍTICO, NO UN PROCESO PENAL

Carolina Gaillard descartó que pueda ser recusada como presidenta de la comisión de Juicio Político

La diputada nacional, Carolina Gaillard, salió al cruce del planteo de un sector del radicalismo que propugnó su recusación como presidenta de la comisión de Juicio Político por "parcialidad". En este marco, Gaillard recordó que hay doctrina de la Corte Suprema que rechaza la posibilidad de que se impugnen las autoridades de un órgano de juzgamiento político.

En medio de las disputas entre oficialismo y oposición por el pedido de juicio político a los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia, el diputado Rodrigo de Loredo, dirigente radical de Evolución, impulsó la recusación de Gaillard de la presidencia de la comisión por pérdida de imparcialidad.

Al respecto, la legisladora entrerriana aclaró: "El juicio es político. No un proceso penal. El rol que tiene Diputados es la de acusar, esa es la etapa que se sustancia en la Cámara. Por eso el artículo 53° de la Constitución nacional dice (que una de las responsabilidades de Diputados es) acusar, en este caso a los miembros de la Corte, por varias causales, entre ellas el mal desempeño".

"La Constitución nacional nos da la legitimación activa para que acusemos. El rol de la comisión de Juicio Político es, primero, definir si la denuncia tiene sustento suficiente y si está fundada. Si se declara admisible, debe reunir toda la prueba para acusar. Nosotros no juzgamos. Juzga el Senado de la Nación", sentenció.

En la etapa de definición sobre la viabilidad o no de la denuncia "debemos respetar las reglas del debido proceso y de la defensa en juicio. Por eso, después de producida la prueba se convocará, como dice el reglamento, a los magistrados que han sido denunciados para que puedan hacer su descargo", remarcó.

"La Comisión funcionará ajustándose a derecho según lo que establece el reglamento interno de Juicio Político", añadió.

Antecedentes

Además, señaló que existe jurisprudencia de la Corte Suprema, firmada incluso por algunos de los acusados en este proceso (como el presidente del tribunal, Horacio Rosatti), donde se rechaza la posibilidad de que se establezcan recusaciones a los integrantes de un órgano constitucional de acusación política.

Se trata de una sentencia del 9 de agosto de 2016, dictada en razón de un recurso presentado por el juez Carlos Marchi para revertir su remoción por juicio político del Juzgado en lo Civil y Comercial 5 de San Juan.

Este fallo, firmado por Rosatti; Elena Highton y Juan Carlos Maqueda, afirma: "No puede aplicarse al juicio político el mismo estándar de imparcialidad que el que se desarrolla en sede judicial. Ello es así, pues la circunstancia de admitir múltiples recusaciones por prejuzgamiento o presunto interés en la destitución del funcionario llevaría a desintegrar el órgano establecido por la Constitución para efectuar el control entre los poderes, bloqueando el apropiado funcionamiento del sistema al sustraer el conocimiento de la causa al poder controlante previsto en el ordenamiento vigente sea porque cualquier modo alternativo de reemplazo que se hubiera elegido podría ser tachado de inconstitucional, o fuera por impedir derechamente la constitución del órgano".

Este criterio ya había sido sostenido por el máximo tribunal en los casos "Del Val", "Molina de Alcázar" y "Trova", entre otros.

Rosatti y Maqueda, junto a Ricardo Lorenzetti y Carlos Rozenkrantz, están acusados por el oficialismo de mal desempeño de sus funciones a raíz de la sentencia sobre coparticipación que favoreció a la ciudad de Buenos Aires, cuya legitimidad está cuestionada debido a los intercambios entre el funcionario porteño Mauricio D'Alessandro y Silvio Robles, vocero de Rosatti.

La comisión de Juicio Político tiene 31 miembros, de los cuales 16 son del oficialismo. La oposición ya adelantó su negativa al planteo y amenazó con bloquear el funcionamiento del Congreso hasta que se retire el planteo de juicio político a la Corte.

Fuente: Babel

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Frigerio en la Asamblea: Mucho gre-gre para decir Gregorio

El gobernador Rogelio Frigerio, en su discurso ante la Asamblea Legislativa del 18 de febrero 2026, marcado por el autoelogio y un optimismo que contrasta con la experiencia cotidiana de miles de entrerrianos, reivindicó el doble título de haber salvado a la provincia del desastre y de estar generando las bases de un destino de grandeza y bienestar. "Vamos a realizar lo que nunca se hizo en la provincia", exageró. Esa gloria auto conferida será su único roce con la trascendencia: las apologías pierden el resonar a gesta cuando, más allá de los ámbitos adictos, el pueblo le opone el clamor de la protesta o su indiferencia, adelantándose al futuro, que no aprobará esos logros apresurados.

En la Casa Gris, ignotos funcionarios políticos, traídos del Puerto de Buenos Aires, con propensión fácil al lamento y el llanto, suelen quejarse frecuentemente de la "herencia recibida". Es que cada ciclo político los pone frente al desafío de lidiar con lo heredado y de realizar una gestión nueva para cambiar el destino provincial. La refundación política siempre es un acto difícil y por eso, la herencia les parece pesada. Sobre todo para un gobernador foráneo que no conoce la provincia, un equipo sin experiencia de gestión y un contexto de caída en la coparticipación por la fuerte recesión a la que lleva el país Javier Milei.

En su discurso ante los legisladores, el porteño Frigerio detalló una romería de problemas, que supuestamente le dejó la gestión anterior de Gustavo Bordet y se despachó con su diagnóstico tremendista de siempre sobre la "herencia recibida". Y además falseó con haber encontrado "una provincia quebrada". El discurso de Frigerio dibujó una gestión ordenada, eficiente y en transformación. La provincia real es la de comerciantes con ventas en caída, empleados públicos y jubilados que ajustan gastos y vecinos que reclaman servicios que funcionen mejor. En su monocorde y enredado discurso leído de 80 minutos no mencionó que, en lo que va de esta gestión, se perdieron más de 10.000 empleos registrados y hay 774 empresas menos en la provincia. "Mucho gre-gre para decir Gregorio", se dice cuando alguien mete profuso "verso" o explica algo de forma innecesariamente complicada.

Sin embargo, superada ya la mitad del mandato, los problemas persisten y se sigue hablando del pasado para omitir las verdaderas causas de los problemas presentes. Frigerio critica el pasado porque no puede establecer una mirada hacia el futuro, y hubo muy pocas referencias en ese sentido, quizás por la imposibilidad de proyectar en la Argentina de los 300 mil despidos, los 20.000 cierres de empresas y la caída constante de la recaudación. Frigerio lo tiene presente y por eso se refirió a una situación económica "muy difícil" en la que Entre Ríos sufrió la caída de casi diez puntos en sus arcas respecto de 2023. Esta realidad, sin embargo, no lo corrió un centímetro de su respaldo al gobierno de Milei.

¿Cuáles fueron las principales críticas al gobernador? Las críticas al porteño Frigerio se centraron en la desconexión que se percibe entre el relato oficial y la realidad socioeconómica de Entre Ríos. Los principales cuestionamientos fueron: Falta de realismo y "ficción": distintos referente opositores calificaron el discurso como un "relato de ficción" o "vacío" que no se condice con la situación de los entrerrianos. Legisladores nacionales como Guillermo Michel y Adán Bahl señalaron que el mensaje intentó tapar un "déficit de gestión" en áreas clave.

Paralización de la obra pública: Se criticó que la ejecución actual representa apenas una cuarta parte de gestiones anteriores, con una construcción de viviendas sociales "casi nula". La promesa de Frigerio, de intervenir el 100% de las rutas entrerrianas carece de sustento real, financiamiento claro y plazos concretos. Deterioro económico y salarial: Advirtieron sobre la caída del poder adquisitivo de los salarios, el freno en la producción y la crisis de las pymes y economías regionales. Endeudamiento: El diputado provincial Enrique Cresto alertó sobre un fuerte endeudamiento que "hipoteca a los entrerrianos" a dos años de iniciada la gestión. Servicios públicos y empleo: Señalaron un deterioro en la calidad de servicios esenciales y una caída en los niveles de empleo privado, además de criticar la "estigmatización" del empleado público en el discurso.

Vínculo con el Gobierno Nacional: La oposición sostuvo que las dificultades de la provincia son consecuencia de políticas nacionales de Milei, que el gobernador no cuestionó en su mensaje. Milei tuvo un objetivo claro y contundente, y lo cumplió con creces: la Nación se adueñó de fondos de las provincias. El Gobierno de Entre Ríos quedó en la actitud vacilante de quien evalúa que puede perder mucho más.

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