22:16 | Lunes 25 de Mayo de 2013 | Entre Ríos

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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau

Entre Ríos - 12-01-2023 / 19:01

EL JUICIO ES POLÍTICO, NO UN PROCESO PENAL

Carolina Gaillard descartó que pueda ser recusada como presidenta de la comisión de Juicio Político

La diputada nacional, Carolina Gaillard, salió al cruce del planteo de un sector del radicalismo que propugnó su recusación como presidenta de la comisión de Juicio Político por "parcialidad". En este marco, Gaillard recordó que hay doctrina de la Corte Suprema que rechaza la posibilidad de que se impugnen las autoridades de un órgano de juzgamiento político.

En medio de las disputas entre oficialismo y oposición por el pedido de juicio político a los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia, el diputado Rodrigo de Loredo, dirigente radical de Evolución, impulsó la recusación de Gaillard de la presidencia de la comisión por pérdida de imparcialidad.

Al respecto, la legisladora entrerriana aclaró: "El juicio es político. No un proceso penal. El rol que tiene Diputados es la de acusar, esa es la etapa que se sustancia en la Cámara. Por eso el artículo 53° de la Constitución nacional dice (que una de las responsabilidades de Diputados es) acusar, en este caso a los miembros de la Corte, por varias causales, entre ellas el mal desempeño".

"La Constitución nacional nos da la legitimación activa para que acusemos. El rol de la comisión de Juicio Político es, primero, definir si la denuncia tiene sustento suficiente y si está fundada. Si se declara admisible, debe reunir toda la prueba para acusar. Nosotros no juzgamos. Juzga el Senado de la Nación", sentenció.

En la etapa de definición sobre la viabilidad o no de la denuncia "debemos respetar las reglas del debido proceso y de la defensa en juicio. Por eso, después de producida la prueba se convocará, como dice el reglamento, a los magistrados que han sido denunciados para que puedan hacer su descargo", remarcó.

"La Comisión funcionará ajustándose a derecho según lo que establece el reglamento interno de Juicio Político", añadió.

Antecedentes

Además, señaló que existe jurisprudencia de la Corte Suprema, firmada incluso por algunos de los acusados en este proceso (como el presidente del tribunal, Horacio Rosatti), donde se rechaza la posibilidad de que se establezcan recusaciones a los integrantes de un órgano constitucional de acusación política.

Se trata de una sentencia del 9 de agosto de 2016, dictada en razón de un recurso presentado por el juez Carlos Marchi para revertir su remoción por juicio político del Juzgado en lo Civil y Comercial 5 de San Juan.

Este fallo, firmado por Rosatti; Elena Highton y Juan Carlos Maqueda, afirma: "No puede aplicarse al juicio político el mismo estándar de imparcialidad que el que se desarrolla en sede judicial. Ello es así, pues la circunstancia de admitir múltiples recusaciones por prejuzgamiento o presunto interés en la destitución del funcionario llevaría a desintegrar el órgano establecido por la Constitución para efectuar el control entre los poderes, bloqueando el apropiado funcionamiento del sistema al sustraer el conocimiento de la causa al poder controlante previsto en el ordenamiento vigente sea porque cualquier modo alternativo de reemplazo que se hubiera elegido podría ser tachado de inconstitucional, o fuera por impedir derechamente la constitución del órgano".

Este criterio ya había sido sostenido por el máximo tribunal en los casos "Del Val", "Molina de Alcázar" y "Trova", entre otros.

Rosatti y Maqueda, junto a Ricardo Lorenzetti y Carlos Rozenkrantz, están acusados por el oficialismo de mal desempeño de sus funciones a raíz de la sentencia sobre coparticipación que favoreció a la ciudad de Buenos Aires, cuya legitimidad está cuestionada debido a los intercambios entre el funcionario porteño Mauricio D'Alessandro y Silvio Robles, vocero de Rosatti.

La comisión de Juicio Político tiene 31 miembros, de los cuales 16 son del oficialismo. La oposición ya adelantó su negativa al planteo y amenazó con bloquear el funcionamiento del Congreso hasta que se retire el planteo de juicio político a la Corte.

Fuente: Babel

24-05-2026 / 09:05

Reforma previsional de Frigerio: Michel denuncia que el costo del ajuste lo pagan los trabajadores

Un análisis técnico de Guillermo Michel desnuda la verdadera naturaleza del proyecto de Frigerio: una transferencia forzosa de ingresos desde el bolsillo de los trabajadores hacia las arcas de un Estado que abdica de su responsabilidad social. Michel advierte que no estamos ante una búsqueda de eficiencia, sino ante un "ajuste por goteo" que utiliza la duplicación del período de cálculo y la eliminación de la movilidad sectorial para licuar los haberes. Según el experto legislador, la reforma rompe el principio de sustitutividad, condenando a los futuros jubilados a percibir una tasa de reemplazo que no refleja su trayectoria laboral, mientras se legaliza el perjuicio previsional derivado del empleo no registrado.

Para Michel, el costo de este "equilibrio" fiscal es una regresión patrimonial sin precedentes que ensancha la brecha entre activos y pasivos. El análisis subraya que la delegación de facultades al Ejecutivo y la creación de aportes "solidarios" sobre jubilados no son medidas de emergencia, sino el andamiaje de un estatuto permanente de excepción. En términos de Michel, la gestión de Frigerio opta por el camino más corto y doloroso: castigar la biografía laboral del trabajador entrerriano -especialmente de las mujeres y regímenes especiales- para cumplir con metas de austeridad que ignoran la protección constitucional del salario diferido.

En forma lapidaria, Guillermo Michel concluyó: "Frigerio está construyendo el expediente político para ser recordado como el peor gobernador de Entre Ríos desde la vuelta de la democracia. Y con esta ley ratifica que también lo será para los trabajadores".

24-05-2026 / 09:05

Ajuste Previsional en Entre Ríos: El Proyecto de Frigerio avanza contra los derechos sociales

Bajo el rótulo tecnocrático de "Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional", el gobierno de Rogelio Frigerio ha enviado a la Legislatura un proyecto de ley que, tras el análisis minucioso de su articulado, se revela como un programa de ajuste estructural sin precedentes. No estamos ante una reforma técnica de sostenibilidad; estamos ante un desmantelamiento sistemático de la Ley N° 8732 y un retroceso histórico que vulnera el principio de no regresividad amparado por nuestra Constitución Nacional y los tratados internacionales de Derechos Humanos.

El proyecto de Rogelio Frigerio es un asalto ataque a la seguridad social de los entrerrianos. Bajo el paraguas de la "sustentabilidad", el Ejecutivo pretende legalizar un ajuste estructural que confisca el salario de los trabajadores activos y licúa el haber de los jubilados, enmarcando los cambios en la Caja de Jubilaciones más al servicio del déficit cero que de los derechos sociales de los pasivos de la provincia. Se trata de una embestida que descarga el peso de una crisis que los trabajadores no generaron sobre sus propias espaldas, mediante un sistema de castigo que licúa ingresos y destruye la movilidad.

Esta ofensiva gubernamental no solo desmantela el 82% móvil y el enganche sectorial, sino que consagra una autocracia financiera donde los derechos constitucionales quedan supeditados a decretos del Ejecutivo. Al elevar la edad jubilatoria hasta umbrales biológicamente altísimos y ensañarse particularmente con las mujeres y los sectores más vulnerables, la gestión provincial firma una iniciativa que generará abierta polémica. Es, en esencia, un programa de ajuste que abdica del rol protector del Estado para arrojarse a una lógica de mercado contable que se no contempló los derechos constitucionales de los entrerrianos.

De la redacción de La Opinión Popular

18-05-2026 / 20:05

Frigerio y el costo de la "Era Milei": Por primera vez, el Gobernador tiene saldo negativo en las encuestas

El reciente desplome en los indicadores de imagen de Rogelio Frigerio es, fundamentalmente, la traducción en números del costo de su disciplinamiento político ante la Casa Rosada. La gestión entrerriana ha pasado de ser un proyecto con llegó con sello propio a convertirse en el laboratorio del ajuste de Javier Milei, y los ciudadanos han comenzado a pasar la factura.

El informe publicado por Sociedad Política revela una erosión acelerada del capital político que Frigerio supo construir. Lo que antes era un activo —su perfil moderado y técnico— hoy se diluye ante la percepción de una gestión paralizada por su adhesión al gobierno nacional. Hoy, el diferencial de imagen en las encuestas es deficitario. La desaprobación ya supera a la aprobación, rompiendo el "piso de cristal" que el gobernador mantuvo desde que llegó a la gobernación. "Por primera vez, la imagen de Frigerio tiene saldo negativo. El relevamiento marca un punto de inflexión en la consideración pública del mandatario entrerriano".

La encuesta ramarca una caída en los sectores medios. El segmento que fue la base de su victoria en 2023 es el que más rápido le ha soltado la mano, agobiado por el aumento de precios, tarifas y la licuación de los salarios de estatales provinciales.

La caída de Frigerio es la consecuencia natural de un gobernador que ha decidido —por convicción o por asfixia financiera— ser un alumno aplicado del ajuste libertario. Al alinearse de forma casi incondicional con los proyectos legislativos de la Nación y aceptar sin mayores resistencias el recorte de transferencias, Frigerio está mimetizando su suerte con la de Milei.

De la redacción de La Opinión Popular

17-05-2026 / 20:05

Los polémicos argumentos del gobierno de Frigerio sobre los cotos de caza

El gobierno de Rogelio Frigerio ha vuelto a cruzar una línea polémica en materia de preservación ambiental y ética pública. En una reciente entrevista que desató el rechazo de organizaciones socioambientales y de la ciudadanía entrerriana, el Ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, blindó la polémica habilitación de la temporada de caza menor en la provincia recurriendo a un argumento tan insólito como jurídicamente insostenible: “La Constitución lo permite, no lo podemos prohibir”.

El discurso de Bernaudo tiene un error técnico, pero también un polémico juicio ético y jurídico. Es un error dado que se pretende disfrazar de "derecho constitucional" lo que en realidad es una concesión a empresas que trabajan en buena parte con extranjeros.

Al invocar una supuesta protección legal para la matanza de fauna, el funcionario parece confundir la normativa entrerriana con la Segunda Enmienda estadounidense, importando una retórica libertaria que Milei utilizó en su campaña presidencial, la que prioriza el negocio extractivo por sobre el deber constitucional de preservar la biodiversidad y los derechos de los seres sintientes.

Es cuestionable que se intente justificar el "turismo de caza" bajo la exagerada promesa de generación de empleo que, en la práctica, suele estar matizado por la precarización laboral en enclaves cerrados para extranjeros. Mientras el Estado admite su incapacidad de control mediante fiscalizaciones aleatorias, Entre Ríos queda expuesta como un territorio donde la vida silvestre se remata al mejor postor, ignorando el avance global hacia la protección animal y consolidando un modelo económico que deja ganancias en pocas manos. Es un tema que merece una profunda discusión.

De la redacción de La Opinión Popular

17-05-2026 / 14:05

Adrián Fuertes: "En la vida hay límites y las sanciones en el PJ son necesarias"

En una reciente entrevista en el Programa Cuestión de Fondo, el intendente de Villaguay, Adrián Fuertes, dejó definiciones que sacudieron el tablero interno del Partido Justicialista de Entre Ríos. Con una mezcla de pragmatismo y firmeza discursiva, el dirigente no esquivó el bulto ante la polémica por las sanciones disciplinarias y apuntó directamente contra quienes, según su visión, utilizan al partido como una plataforma de "agresión permanente".

Al ser consultado sobre las sanciones que el Tribunal de Disciplina ha comenzado a aplicar, Fuertes fue tajante: "Sí, estoy de acuerdo. Por supuesto que estoy de acuerdo". Para el villaguayense, la libertad de participación no es un cheque en blanco para el ataque sistemático hacia la conducción o los pares. "En la vida hay límites. Si lo que hay es una permanente agresión a los dirigentes del peronismo, están las normativas de sanción", disparó Fuertes.

Uno de los puntos más álgidos de su alocución fue la mención al sector de Héctor María Maya. Fuertes denunció lo que considera una estrategia de "división" orquestada desde afuera. Acusó a este sector de no cumplir con la Carta Orgánica y, acto seguido, utilizar sellos de partidos vinculados al oficialismo provincial para competir contra el peronismo. La metáfora del zapallo: "Le dieron el sello como si le dieran un zapallo... tomá, usalo para dividir al peronismo", graficó con ironía. En un dardo al Socialismo, el intendente del PJ uestionó que una fuerza de la coalición gobernante actual "alquilara" su personería para intervenir en la interna peronista sin un proceso orgánico claro.