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Entre Ríos - 12-01-2023 / 19:01
EL JUICIO ES POLÍTICO, NO UN PROCESO PENAL

Carolina Gaillard descartó que pueda ser recusada como presidenta de la comisión de Juicio Político

Carolina Gaillard descartó que pueda ser recusada como presidenta de la comisión de Juicio Político
La diputada nacional, Carolina Gaillard, salió al cruce del planteo de un sector del radicalismo que propugnó su recusación como presidenta de la comisión de Juicio Político por "parcialidad". En este marco, Gaillard recordó que hay doctrina de la Corte Suprema que rechaza la posibilidad de que se impugnen las autoridades de un órgano de juzgamiento político.
 
La diputada nacional, Carolina Gaillard, salió al cruce del planteo de un sector del radicalismo que propugnó su recusación como presidenta de la comisión de Juicio Político por "parcialidad". En este marco, Gaillard recordó que hay doctrina de la Corte Suprema que rechaza la posibilidad de que se impugnen las autoridades de un órgano de juzgamiento político.
 
En medio de las disputas entre oficialismo y oposición por el pedido de juicio político a los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia, el diputado Rodrigo de Loredo, dirigente radical de Evolución, impulsó la recusación de Gaillard de la presidencia de la comisión por pérdida de imparcialidad.
 
Al respecto, la legisladora entrerriana aclaró: "El juicio es político. No un proceso penal. El rol que tiene Diputados es la de acusar, esa es la etapa que se sustancia en la Cámara. Por eso el artículo 53° de la Constitución nacional dice (que una de las responsabilidades de Diputados es) acusar, en este caso a los miembros de la Corte, por varias causales, entre ellas el mal desempeño".
 
"La Constitución nacional nos da la legitimación activa  para que acusemos. El rol de la comisión de Juicio Político es, primero, definir si la denuncia tiene sustento suficiente y si está fundada. Si se declara admisible, debe reunir toda la prueba para acusar. Nosotros no juzgamos. Juzga el Senado de la Nación", sentenció.
 
En la etapa de definición sobre la viabilidad o no de la denuncia "debemos respetar las reglas del debido proceso y de la defensa en juicio. Por eso, después de producida la prueba se convocará, como dice el reglamento, a los magistrados que han sido denunciados para que puedan hacer su descargo", remarcó.
 
"La Comisión funcionará ajustándose a derecho según lo que establece el reglamento interno de Juicio Político", añadió.
 
 
Antecedentes
  
Además, señaló que existe jurisprudencia de la Corte Suprema, firmada incluso por algunos de los acusados en este proceso (como el presidente del tribunal, Horacio Rosatti), donde se rechaza la posibilidad de que se establezcan recusaciones a los integrantes de un órgano constitucional de acusación política.
 
Se trata de una sentencia del 9 de agosto de 2016, dictada en razón de un recurso presentado por el juez Carlos Marchi para revertir su remoción por juicio político del Juzgado  en lo Civil y Comercial 5 de San Juan.
 
Este fallo, firmado por Rosatti; Elena Highton y Juan Carlos Maqueda, afirma: "No puede aplicarse al juicio político el mismo estándar de imparcialidad que el que se desarrolla en sede judicial. Ello es así, pues la circunstancia de admitir múltiples recusaciones por prejuzgamiento o presunto interés en la destitución del funcionario llevaría a desintegrar el órgano establecido por la Constitución para efectuar el control entre los poderes, bloqueando el apropiado funcionamiento del sistema al sustraer el conocimiento de la causa al poder controlante previsto en el ordenamiento vigente sea porque cualquier modo alternativo de reemplazo que se hubiera elegido podría ser tachado de inconstitucional, o fuera por impedir derechamente la constitución del órgano".
 
Este criterio ya había sido sostenido por el máximo tribunal en los casos "Del Val", "Molina de Alcázar" y "Trova", entre otros.
 
Rosatti y Maqueda, junto a Ricardo Lorenzetti y Carlos Rozenkrantz, están acusados por el oficialismo de mal desempeño de sus funciones a raíz de la sentencia sobre coparticipación que favoreció a la ciudad de Buenos Aires, cuya legitimidad está cuestionada debido a los intercambios entre el funcionario porteño Mauricio D'Alessandro y Silvio Robles, vocero de Rosatti.
 
La comisión de Juicio Político tiene 31 miembros, de los cuales 16 son del oficialismo. La oposición ya adelantó su negativa al planteo y amenazó con bloquear el funcionamiento del Congreso hasta que se retire el planteo de juicio político a la Corte.
 
Fuente: Babel
 

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La paralización del Congreso Nacional por iniciativa de la alianza anti peronista Juntos por el Cambio tendrá consecuencias directas para los entrerrianos, y no positivas precisamente. Más de 17.000 comprovincianos sufrirán por culpa de los diputados nacionales macristas por Entre Ríos: Rogelio Frigerio, Marcela Ántola, Pedro Galimberti, Gabriela Lena y Gustavo Hein. Estos legisladores se sumaron al bloqueo del Congreso y paralizaron la moratoria previsional, priorizando su campaña electoral por sobre las auténticas necesidades de la gente.
 
Uno de los proyectos de ley, que fue presentado por el gobierno de Alberto Fernández  en sesiones extraordinarias, es el denominado Programa de Pago de Deuda Previsional, para garantizar la continuidad de los derechos que ya tenían, y que es ansiosamente esperado por quienes están en edad de jubilarse y no pueden hacerlo porque adeudan aportes. Este año entran en esa situación 800 mil personas de todo el país, y entre ellos hay 17 mil entrerrianos y entrerrianas, mayoritariamente mujeres, según datos de Anses.
 
Juntos por el Cambio no está de acuerdo con la moratoria, aunque tiene posiciones disímiles. El PRO intenta reemplazarla por la pensión universal, la PUAN, con un haber más bajo que consiste en una mensualidad del 80% de la jubilación mínima a los mayores de 65 años sin ingresos. A esa edad se jubilan los hombres, pero las mujeres pueden retirarse a los 60 y deberían trabajar 5 años más si no completaron sus aportes, que según datos de Anses pasa en el 90% de los casos. Los radicales acompañaron la moratoria en su implementación hace 18 años, pero ahora quieren revisarla.
 
En diciembre del 2022 estaba prevista una sesión para tratar este proyecto de ley que ya cuenta con media sanción del Senado pero los diputados de la oposición, entre ellos: Frigerio, Ántola, Galimberti, Lena y Hein, varios de ellos de vacaciones, no fueron a trabajar y no hicieron lo que corresponde que haga un legislador que es presentarse a debatir las leyes, porque para eso le pagan y porque hay muchos argentinos que necesitan de esta legislación. La actitud de la oposición es antidemocrática, bloquear el Congreso es lo contrario a las practicas republicanas que pregonan, peor aun cuando niegan o impiden el ejercicio de derechos sociales de muchas entrerrianas y entrerrianos que anhelan acceder a una jubilación.
 
La decisión irresponsable de la derecha de boicotear la labor del Parlamento, usando como excusa el juicio político iniciado contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, paraliza la actividad legislativa. Como en la Cámara de Diputados el bloque del Frente de Todos y sus aliados no reúnen el número suficientes para el quórum, el cuerpo no puede sesionar. Y además de la moratoria previsional no se puede tratar el proyecto de ley agroindustrial, acordado con 60 entidades del sector para fomentar las exportaciones del campo, ni la creación de nuevas universidades, una de ellas en Entre Ríos.

04-02-2023 / 11:02
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