, son un muestrario de la ilegal relación entre el máximo tribunal del país y el macrismo. ¿Hay más información que todavía no salió a la luz y que puede comprometer a estos, u otros, protagonistas aún no involucrados? Finalmente provoca risa el "repudio al espionaje ilegal" que lanzó la dirigencia de JxC. Es como si Patricia Bullrich repudiara la violencia policial, Menem las privatizaciones, Clarín las fake-news o Videla los golpes de Estado.
 
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'/> Con el control de la Comisión de Juicio, el FdT presenta el proyecto para el proceso de destitución / La Opinión Popular
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Nacionales - 12-01-2023 / 11:01
LA DERECHA MACRISTA DEFIENDE A “SU” CORTE SUPREMA

Con el control de la Comisión de Juicio, el FdT presenta el proyecto para el proceso de destitución

Con el control de la Comisión de Juicio, el FdT presenta el proyecto para el proceso de destitución
"Los 16 están firmes". La aseveración de un diputado oficialista llegó apenas terminó la primera reunión grupal de toda la tropa frentetodista que integra la comisión de Juicio Político en la Cámara de Diputados. En el encuentro virtual, la conducción del Frente de Todos comenzó a definir la estrategia frente al proceso de destitución de los cuatro jueces de la Corte Suprema y, de paso, aprovechó para dejar asentado su control sobre la mayoría de la comisión.
"Los 16 están firmes". La aseveración de un diputado oficialista llegó apenas terminó la primera reunión grupal de toda la tropa frentetodista que integra la comisión de Juicio Político en la Cámara de Diputados. En el encuentro virtual, la conducción del Frente de Todos comenzó a definir la estrategia frente al proceso de destitución de los cuatro jueces de la Corte Suprema y, de paso, aprovechó para dejar asentado su control sobre la mayoría de la comisión. El proyecto basado en el documento presentado por el Presidente y 11 gobernadores será suscripto por los y las diputadas del FdT.
 
La derecha política y mediática macrista está furiosa por la decisión del presidente Alberto Fernández de avanzar con el juicio político a la Corte Suprema de Justicia y salió en patota a defender lo que considera "su" propio poder del Estado. No les falta razón, si algo ha quedado en claro los últimos años es que el poder judicial ha mutado en partido judicial macrista y como tal forma parte de la alianza que nuclea a las fuerzas políticas derechistas y conservadoras.
 
Es que la ofensiva colonizadora que lanzó el gobierno de Mauricio Macri con el auxilio de su engendro, la "mesa judicial", dio sus frutos y logró que buena parte del aparato tribunalicio hoy responda dócilmente a los mismos intereses políticos y económicos que representa Juntos por el Cambio. Hay ejemplos a manos llenas de esta cooptación política, abundan los fallos y resoluciones de tribunales de todos los fueros y todas las instancias beneficiando en forma ostensible los intereses de las corporaciones empresarias en perjuicio de consumidores y trabajadores.
 
Pero los casos emblemáticos fueron los protagonizados por la Corte. Primero con el avasallamiento del Consejo de la Magistratura -exhumando una ley derogada hace 16 años- para sentar en su presidencia al titular de la Corte Suprema, quien se convirtió así en juez y parte. Y más tarde con una resolución en favor del centralismo porteño y en desmedro del sistema federal en materia de coparticipación. En ambos casos, y con evidente saña anti constitucional, pasando por arriba de normas sancionadas por el Congreso.
 
La derecha vuelve a mostrar sus dientes y su escaso apego a la democracia. Su facción política -Juntos por el Cambio- boicoteando el debate en el Congreso y amenazando con paralizar su actividad en lo que constituye un golpe contra el Poder Legislativo; su facción mediática -encabezada por Clarín y La Nación- con su especialidad: los titulares extorsivos y las mentiras. Ambos aliados simulan olvidar que el juicio político es un mecanismo constitucional y que la Corte compró todos los números para ganarse el "premio".
 
Lo que más temen no es el resultado final, porque es bien sabido que el FdT no tiene los votos suficientes en el Congreso como para garantizar que el juicio político llegue a buen puerto. Lo que en verdad los inquieta es el debate que ya empezó a generarse en la arena política sobre las verdaderas razones que justifican la aplicación de este instrumento constitucional.
 
Los obscenos mensajes telefónicos entre Silvio Robles, mano derecha del supremo Horacio Rosatti, y el ministro de Rodríguez Larreta, Marcelo D'Alessandro, son un muestrario de la ilegal relación entre el máximo tribunal del país y el macrismo. ¿Hay más información que todavía no salió a la luz y que puede comprometer a estos, u otros, protagonistas aún no involucrados? Finalmente provoca risa el "repudio al espionaje ilegal" que lanzó la dirigencia de JxC. Es como si Patricia Bullrich repudiara la violencia policial, Menem las privatizaciones, Clarín las fake-news o Videla los golpes de Estado.
 
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Con el control de la Comisión de Juicio, el FdT presenta hoy el proyecto para el proceso de destitución
 
Juicio a la Corte: Robles y D´Alessandro serían citados a declarar
 
El proyecto basado en el documento presentado por el Presidente y 11 gobernadores será suscripto por los y las diputadas del FdT. Hubo reunión de Zoom para la definición de estrategia y consolidar a los 16 integrantes. Cambio de nombres y fecha probable del comienzo prevista para el 23 de enero.
 
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El proyecto se presentará hoy jueves y, aunque se basará en el documento firmado por el presidente y los 11 gobernadores, serán les diputades oficialistas quienes suscribirán el pedido de destitución. No se descarta, además, que el texto final incorpore nuevos elementos a la acusación. La verdadera señal de largada, sin embargo, la dará el Presidente con la convocatoria a extraordinarias, cuya publicación se terminó retrasando una semana pero se estima que habilitará el comienzo del debate para el 23 de enero.
 
"Buena reunión. Todos presentes. Muy participativa", resumió, instintivamente, una espada oficialista apenas finalizó el zoom con el resto de les integrantes de la comisión de Juicio Político. La reunión se había extendido durante más de dos horas y había funcionado como una primera instancia de trabajo para ordenar el esquema de actividad de la comisión, discutir lineamientos generales del proyecto que se presentará hoy y repasar las herramientas disponibles por el reglamento para ahondar en la investigación sobre el mal desempeño del Máximo Tribunal.  
  
"Impulsaremos un debate profundo, con argumentos, alejados de toda chicana e interés mezquino", aseguró el bloque oficialista a través de un comunicado que se publicó horas después del encuentro.
 
El zoom había funcionado, a su vez, como una estrategia de consolidación de los 16 votos que el oficialismo cuenta en la comisión. Y es que con una mayoría ajustada -16 de 31-, el FdT no puede correr el riesgo de que algún legislador pegue el faltazo y haga derrumbar el quórum. 
 
El incipiente calendario de trabajo anticipa una actividad intensa, de dos o tres reuniones por semana que pueden duras horas y horas. Si un día, une de les legisladores falta por cualquier motivo, las reuniones de comisión se quedarán sin número, ya que tanto Juntos por el Cambio -que cuenta con 14 diputades en la comisión-como el "Topo" Rodríguez -el único diputado del Interbloque Federal en la comisión- anticiparon que no colaborarían con el quórum. 
 
Por este motivo es que, durante la reunión, se decidió oficializar el primer (y, por ahora, único) cambio: el de la diputada santafesina Vanesa Massetani. Si bien surgieron muchas especulaciones respecto a los motivos de su reemplazo -la legisladora responde a Sergio Massa, quien aún no ha dicho ni mú sobre el pedido de juicio político-, en el bloque oficialista aseguraron que el cambio de nombre tenía que ver con un problema de índole personal de Massetani. Puntualmente: un familiar de la diputada arrastra un problema de salud que conlleva un tratamiento que le impedirá dedicarle a la comisión todo el tiempo que demanda.
 
El encuentro virtual sirvió también para terminar de diagramar la presentación del proyecto. Y es que serán les diputades oficialistas -y no el Ejecutivo- les que suscribirán el pedido de juicio político para que, entre otros motivos, la vigencia de la iniciativa pueda extenderse durante tres años (ya que si fuera presentado por el Ejecutivo tendría solo un año de vigencia)
 
El proyecto final, a su vez, no será idéntico al firmado por Alberto Fernández y los gobernadores. Según pudo saber Página12, la conducción de la comisión analiza incorporar nuevos hechos a la acusación basándose en pedidos de juicio político presentados en el pasado.
 
Uno de ellos fue presentado por Vanesa Siley en 2020 contra Carlos Rosenkrantz -en esa época era presidente de la Corte- por su actuación en causas de violación a los derechos humanos. No es el único: también está pendiente un pedido de juicio político contra Ricardo Lorenzetti. 
 
Este fue presentado, curiosamente, por la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, en 2017 -cuando Lorenzetti aún era presidente de la Corte- y fue ratificado nuevamente el año pasado. El FdT no perderá oportunidad para traerlo a colación durante el debate, buscando así meter una cuña en JxC.
 
La presentación de hoy jueves contará con la firma de un grupo de diputades oficialistas que no integran la comisión de Juicio Político. El objetivo es evitar cuestionamientos a la imparcialidad del proceso de investigación, ya que si bien el rol de la Cámara de Diputados es acusar -es el Senado el que juzga-, el bloque oficialista ya comenzó a recibir algunas críticas. 
 
La última fue el pedido de apartamiento de Carolina Gaillard como presidenta de la comisión de Juicio Político realizado por el diputado de Evolución Rodrigo De Loredo, quien denunció que la diputada entrerriana no podía "garantizar la objetividad del proceso" por declaraciones que había hecho en los medios.
 
Desde el bloque, rápidamente, salieron a desmentirlo haciéndose eco de jurisprudencia de la Corte Suprema -firmada por el propio Horacio Rosatti- que rechaza recusaciones a los integrantes de un órgano de enjuiciamiento.
 
Todavía a la espera de la convocatoria de sesiones extraordinarias, el bloque oficialista especula con que el debate en comisión comenzará la última semana de enero. Será una actividad intensa para la que se espera que haya muchos invitados: constitucionalistas, peritos informáticos, especialistas y distintos testigos sobre el "mal desempeño" de los magistrados. 
 
Ya está definido que se convocará a declarar al (ahora de licencia) ministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, y al vocero de Rosatti, Silvio Robles, para que den cuenta de los chats en los que coordinaban acciones frente a fallos del Máximo Tribunal (como el de la coparticipación porteña y el juego de sillas del Consejo de la Magistratura).  
  
A diferencia del caso de los jueces de la Corte -que también serán convocados-, a Robles y D'Alessandro la comisión puede obligarlos a comparecer, por lo que en el FdT hay mucha expectativa sobre las repercusiones públicas que tendrá el proceso de investigación una vez que comience.  
 
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Este artículo fue publicado originalmente el día 12 de enero de 2023
 
Por María Cafferata
 
Fuente: Página 12
 

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08-02-2023 / 10:02
El Gobierno vs. el discurso económico de Juntos; ya se mueven y contrastan datos con la gestión del macrismo. Los laderos del ministro de Economía, Sergio Massa, vieron el comunicado de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio avisando que, de ganar, tendrán una herencia económica "bomba" y varios se sorprendieron.
 
Comentaron que "ellos hipotecaron el país con una deuda escandalosa, que hablen de herencia es cínico". Según se reconstruyó, fue ése el primer capítulo de algo que se volverá un método y que también tiene bajada de línea a la tropa desde Presidencia.
 
El Gobierno, desde diferentes sectores del Frente de Todos, saldrá a dar la pelea discursiva, en el marco de la campaña, sobre los resultados económicos de las gestiones de Alberto Fernández y Mauricio Macri.
 
Aún en un escenario inflacionario preocupante, hay consenso para contrastar variables con la gestión de Macri, a la que identifican como plena de cifras negativas en un escenario sin guerra, pandemia ni sequía. Y la generadora, al fin y al cabo, del mayor problema de la macroeconomía: los 45 mil millones de dólares que le pidieron al Fondo Monetario para no terminar de manera anticipada el Gobierno y ser competitivos en las elecciones del año 2019.
 
"Lo mejor que nos puede pasar es que hagan comunicados instalando el debate sobre las variables económicas", contó un ministro de alto rango que prepara números y estrategia para la contienda. El mismo dirigente asegura que "nosotros no escondemos los problemas que tenemos, pero ellos son incapaces, en el mano a mano, de reconocer los datos que muestran que vamos por el buen camino".
 
Si bien Massa sabe que está al borde de incumplir con su promesa de llegar a abril con una inflación con el 3 adelante, la concordia política sobre el rumbo y la estabilidad post salida de Martín Guzmán reformularon el escenario y hoy, por necesidad, el centro parece estar en aflojar la metralla interna hacia los temas económicos.
 
"Las diferencias se resuelven, hoy, puertas adentro, todos coincidimos en que el salario tiene que ganar más terreno, y es la premisa número uno del año", se sinceró un dirigente albertista.
 
Así las cosas, más allá de las tensiones aún reinantes y la posibilidad de que se institucionalice el Frente en la mesa política que ya convocó el Presidente, el Gobierno llegó a un punto de acuerdo en la identificación del enemigo político en los próximos comicios.
 
Será un debate directo sobre la herencia del macrismo en todos los frentes, incluido el de la inflación, que según aseguran se duplicó en relación a la que dejó Cristina Fernández en 2015. 
 

08-02-2023 / 09:02
El juicio por el crimen de Lucio Dupuy, producido el 26 de noviembre de 2021 cuando el niño tenía 5 años, llegó a su fin. Los jueces de Tribunal de Audiencias de Santa Rosa, La Pampa, declararon culpables a la madre, Magdalena Espósito Valenti, y a la novia de ella, Abigaíl Páez, de los delitos de homicidio agravado. Para los jueces Alejandra Ongaro, Andrés Olié y Daniel Sáez no hay dudas: ambas mujeres fueron las asesinas.
 
Las condenas a Espósito Valenti y Páez por el asesinato de Lucio Dupuy, aun cuando no se conoce todavía el monto de las penas, llegaron para reparar, aunque sea en parte, el dolor de la familia del niño y la conmoción de una sociedad desgarrada por un acto de crueldad inaudito.
 
Las figuras penales que utilizó el tribunal para respaldar el veredicto permiten anticipar que, el próximo 13 de febrero, cuando los magistrados den a conocer el texto completo de la sentencia con todas sus consideraciones, les caería a las dos mujeres la condena a reclusión perpetua. Las declaraciones públicas de quienes más interesados estaban en el resultado de este juicio, especialmente los abuelos y el padre del niño, el abogado querellante y los fiscales se mostraron conformes por la resolución del tribunal.
 
La trascendencia que le dieron al caso los medios de comunicación más grandes del país hizo que coincidiera su cobertura periodística con la que viene recibiendo otro juicio resonante: el que investiga el asesinato de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell por acción de un violento grupo de jóvenes.
 
La superposición temporal de ambos procesos judiciales, motivados por homicidios cometidos con derroche escalofriante de violencia -a pesar de las diferencias sustantivas entre ambos casos- generó una suerte de clima mediático propiciatorio para que se manifestaran voces desaforadas que corrieron el debate de los temas que más deberían interesar a la sociedad: la violencia doméstica, el sistema penal y carcelario, la presencia o ausencia del Estado a la hora de proteger a la niñez, las disputas paternas por la tenencia de menores, etcétera.
 
En muchos medios porteños, especialmente en la televisión, predominó el tinte sensacionalista, admonitorio y una fuerte carga de prejuicios. La orientación sexual de las entonces acusadas y hoy condenadas, o su presunta pertenencia al movimiento feminista ocupó un lugar central y, con ello, se desperdició la oportunidad de hablar en profundidad de los sucesos determinantes que rodearon al caso. El oportunista uso político de ambos crímenes fue otro condimento sobresaliente por estos días.
 
El Poder Judicial actuó con ejecutividad y resolvió el caso sin los tiempos morosos que se observaban antes de los debates orales. En el desarrollo de las audiencias supo preservar la intimidad en un proceso que sin dudas lo requería. Pero también es cierto que se filtraron elementos de prueba que alimentaron el morbo social y, asimismo, hubo accesos desmedidos a información reservada del caso en el sistema de salud pública, un tema que deberá merecer mucha atención en las autoridades del ministerio.
 
A pesar de la condena aún quedan varias asignaturas pendientes. La actuación de la jueza de Familia y el Menor de General Pico será evaluada, como todo lo indica, en un juicio político; pero también deben profundizarse las investigaciones sobre cómo fallaron en la detección precoz de la extrema violencia que sufrió Lucio el sistema de salud y el educativo, y, también, la policía provincial.
 
La Opinión Popular

07-02-2023 / 09:02
Fernando Báez Sosa fue y es la principal víctima de esta tragedia espesa, hiper mediatizada. Con él, su mamá Graciela y su padre Silvino. En charlas familiares o de café se los identifica por sus nombres de pila, que quizá mañana sirva para designar a una ley. Tradiciones de la democracia argentina, de eso se trata. Positivas en muchos sentidos aunque jamás perfectas. La solidaridad masiva con la familia de Fernando es tangible, rotunda, reconoce pocos antecedentes.  Sería necio o unidireccional atribuirlo solo al discurso predominante en los medios de difusión.
 
Fernando era un pibe de una familia tipo, pongalé. Papá y mamá paraguayos, gente de laburo, con hijo único. Tal vez de un escalón social menos empinado que el de quienes lo mataron en un acto plagado de barbarie con cuotas de machismo y racismo. En otros casos, quizá, la vocación aspiracional de los sectores medios que "hacen" opinión pública hubiera acercado a mucho público a los acusados, gente presentable, "influyente", calificó algún vecino de Zárate. No oligarcas ni aristócratas pero personas bien ranqueadas.
 
No ocurrió ante este homicidio... consecuencia de sus características, divulgadas hasta el hastío en cualquier horario de desprotección al menor. La identificación con la familia se funda en una escala de valores querible, humana.
 
El fenómeno se ha repetido, Silvino y Graciela recorren un itinerario transitado. Lo estilizo. La víctima, los familiares lo son, se planta frente a un micrófono o una cámara y cuenta el origen de su desdicha. Es una persona común, no tenía antes compromisos políticos (o si los tenía, no argumenta en su nombre), algo rompió la inercia de su existencia, algo la cambió definitivamente. Es irreparable.
 
La vida de esa víctima ya nunca será la misma y por eso se dirige a personas que se parecían a ella (las más veces) o a él antes de la privación. De privación hablamos, porque las víctimas estaban mejor, en un sentido sustantivo, antes de que ese "algo" aconteciera.
 
"Yo era como vos", le dice la víctima al espectador de la televisión o la radio. "Lo que me pasó te puede pasar porque la gente común está en riesgo, si las cosas no cambian". "Yo no quiero venganza, quiero justicia". Justicia no es sólo sanción a los culpables sino un cambio de escenario, parcial pero ineludible. Justicia es que la muerte de Fernando no haya sido en vano, que "esto no se repita".
 
Una sentencia justa, severa, forma parte de ese camino imaginario. Desprovista de detalles o de espinas en los que entraremos más abajo, es una noble utopía republicana. Las instituciones funcionan, las leyes se aplican, los culpables tienen castigo impartido por un Estado imparcial... la sociedad mejorará. Casi no hace falta agregar que este cronista enaltece esos pensamientos aunque descree de que su resultado promedio sea tan virtuoso.
 
Los familiares, larga prosapia, renuncian a la mal llamada "justicia por mano propia". O, por mejor decir: a la violencia privada, a la vendetta. Acuden a la ley y a las instituciones que deberían regular proporcionalidad en los castigos y frenar la violencia entre particulares. Deberían.
 

06-02-2023 / 12:02
Uno de los errores políticos más importantes del gobierno del presidente Alberto Fernández fue no haber impulsado cambios en la Corte Suprema heredada del macrismo en los primeros 15 días de mandato. No haber seguido el ejemplo de Néstor Kirchner, que el 5 de junio de 2003, habiendo asumido hace menos de dos semanas y con sólo el 22,25% de los votos, tomó el toro por las astas.
 
Néstor hizo ese día una cadena nacional. Leyó un discurso de 6.25 minutos. "Hemos asumido el compromiso de reconciliar a las instituciones con la sociedad", dijo, entre otras frases. Uno de los primeros efectos fue la renuncia del presidente de la Corte, el riojano Julio Nazareno, emblema de la mayoría automática del menemato. Con esa decisión, Nazareno pudo conservar la cuantiosa jubilación que reciben los jerarcas del Poder Judicial, ya que la hubiera perdido si dejaba el cargo por la vía del juicio político.
 
La mayoría de los funcionarios judiciales, por supuesto que no todos, están constituidos por una alquimia que mezcla un sentimiento de supremacía, por encima de la ley y la Constitución, con el sueño del burócrata de ser jubilado de lujo: ir todas las semanas a un palco del Colón, vacacionar en Europa.
 
En un juicio político la relación de fuerzas es clave. Néstor había sacado el 22,25%. Sin embargo, además de ser un líder político excepcional, con una enorme confianza en la fuerza de la voluntad, sabía que el anti menemismo en ese momento era mucho más que el porcentaje que él había conseguido y que esa relación de fuerzas inclinaría la balanza. La Argentina tuvo después la mejor Corte Suprema de su historia. El gobierno peronista le dio al país algunos años de una calidad institucional desconocida.
 
Alberto partió de la base de que la Corte se iba a adaptar a los nuevos vientos por instinto de supervivencia. Apostó a que los ministros que habían convalidado el lawfare dejando que se practique la violación a los derechos constitucionales iban a dar un volantazo y corregir el rumbo, similar a lo que ocurrió en Brasil. No pasó. Los procesos políticos en Brasil tienen esa tradición histórica. Argentina no es Brasil, para bien y para mal.
 
La Corte no se adaptó a los nuevos vientos que auguró el triunfo del FdT. Reaccionó de modo corporativo. Encubrió los delitos que habían realizado los tribunales inferiores: las extorsiones para conseguir las delaciones que le dieran carnadura a las acusaciones por supuesta corrupción, las violaciones al debido proceso para encarcelar y generar puestas en escena que les sirvieran a los grandes medios para construir shows y condenas mediáticas.
 
Luego, en 2021, tras la derrota electoral del peronismo a nivel nacional, el Máximo Tribunal dobló la apuesta. Los cortesanos se sintieron fortalecidos por la victoria de Juntos por el Cambio y se consolidaron como la Corte que defiende a los grandes grupos económicos que operan en la Argentina y al sector antiperonista de la política, con el respaldo de la embajada yanqui. Las causas contra Mauricio Macri no avanzan ni un centímetro. Están congeladas como Walt Disney.
 
La Corte y la Procuración General, ocupada por el interino Eduardo Casal, han sido durante estos tres años las trincheras del macrismo dentro de la estructura del Estado. Cuando Macri ganó las elecciones de 2015, su consultor Jaime Durán Barba solía decirle algo que se puede aplicar al FdT: "Tomamos el gobierno, pero todavía no el poder". El FdT ganó el gobierno, pero faltó la decisión política de desmontar la Corte macrista.
 
El juicio político impulsado ahora, disparado por el pornográfico fallo sobre coparticipación que financia la campaña de Horacio Rodríguez Larreta, se produce en un contexto de debilidad del peronismo, comparado con el inicio del mandato de Alberto. Pero en la política -y en la vida- se pelea por lo que puede pelear, aunque sea haya empezado tarde. 
 

06-02-2023 / 11:02
El presidente Alberto Fernández se ha declarado dispuesto a armar la "mesa electoral", una denominación que no dice gran cosa con relación a las tareas y el poder de decisión que el organismo asumiría.
 
La cuestión se desplaza -con algo de ingenuidad- a la creación de algo así como un foro de discusión pública en el que cada representante haría público su punto de vista sobre la "política electoral"; la indefinición es muy evidente y nada casual: se procura evitar la puesta en escena de distintos tipos y formas de cuestionamiento a la actual política gubernamental bajo la forma de "propuestas electorales".
 
Esto es lógico y muy criterioso: si la "mesa" se convierte en un coro de voces críticas desde distintas lógicas y perspectivas políticas poco podría acumular a favor de un impulso de unidad de acción a la que se supone una exigencia mínima de cualquier pretensión de triunfo electoral.
 
Además, para la elección presidencial faltan varios meses todavía. Pero es muy importante que los organizadores sean conscientes de que tarde o temprano el balance del gobierno de estos cuatro años de gobierno deberá hacerse. Y no solamente eso, sino que ese balance deberá ser estructurado en una clave política que permita que todas las voces -o la mayoría, las más influyentes, las más representativas- se expresen públicamente.
 
Es impensable que una "mesa" jerarquice los puntos de vista de unos sobre los de otros: lo mejor sería dejar todas las interpretaciones abiertas. Porque el momento decisivo de un eventual renacimiento del frente debería ser el de las primarias abiertas. Allí será donde se organicen los acuerdos y las diferencias, el balance y la proyección futura de la coalición.
 
Una mirada "ideal" aconseja ese orden: primero el balance que cada sector hace de la marcha de la experiencia de gobierno, una evaluación pública, plenamente abierta a la discusión de todo aquel que quiera sumar su punto de vista. No habría posiciones "buenas o malas", la etapa establecería los contornos de la discusión, los acuerdos y los desacuerdos.
 
Ahora bien, la "mesa" debería abstenerse de establecer jerarquías entre los puntos de vista. Este circuito tiene una enorme ventaja respecto de lo que fue práctica del FdT desde su fundación: el cierre de las primarias a un puñado de actores. Todos tendrían derecho a defender su punto de vista desde la plataforma que existe y tiene fuerza legal precisamente por esa virtud: la de someterse a la prueba de la voluntad del electorado. 
 

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