, son un muestrario de la ilegal relación entre el máximo tribunal del país y el macrismo. ¿Hay más información que todavía no salió a la luz y que puede comprometer a estos, u otros, protagonistas aún no involucrados? Finalmente provoca risa el "repudio al espionaje ilegal" que lanzó la dirigencia de JxC. Es como si Patricia Bullrich repudiara la violencia policial, Menem las privatizaciones, Clarín las fake-news o Videla los golpes de Estado.
 
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Nacionales - 12-01-2023 / 11:01
LA DERECHA MACRISTA DEFIENDE A “SU” CORTE SUPREMA

Con el control de la Comisión de Juicio, el FdT presenta el proyecto para el proceso de destitución

Con el control de la Comisión de Juicio, el FdT presenta el proyecto para el proceso de destitución
"Los 16 están firmes". La aseveración de un diputado oficialista llegó apenas terminó la primera reunión grupal de toda la tropa frentetodista que integra la comisión de Juicio Político en la Cámara de Diputados. En el encuentro virtual, la conducción del Frente de Todos comenzó a definir la estrategia frente al proceso de destitución de los cuatro jueces de la Corte Suprema y, de paso, aprovechó para dejar asentado su control sobre la mayoría de la comisión.
"Los 16 están firmes". La aseveración de un diputado oficialista llegó apenas terminó la primera reunión grupal de toda la tropa frentetodista que integra la comisión de Juicio Político en la Cámara de Diputados. En el encuentro virtual, la conducción del Frente de Todos comenzó a definir la estrategia frente al proceso de destitución de los cuatro jueces de la Corte Suprema y, de paso, aprovechó para dejar asentado su control sobre la mayoría de la comisión. El proyecto basado en el documento presentado por el Presidente y 11 gobernadores será suscripto por los y las diputadas del FdT.
 
La derecha política y mediática macrista está furiosa por la decisión del presidente Alberto Fernández de avanzar con el juicio político a la Corte Suprema de Justicia y salió en patota a defender lo que considera "su" propio poder del Estado. No les falta razón, si algo ha quedado en claro los últimos años es que el poder judicial ha mutado en partido judicial macrista y como tal forma parte de la alianza que nuclea a las fuerzas políticas derechistas y conservadoras.
 
Es que la ofensiva colonizadora que lanzó el gobierno de Mauricio Macri con el auxilio de su engendro, la "mesa judicial", dio sus frutos y logró que buena parte del aparato tribunalicio hoy responda dócilmente a los mismos intereses políticos y económicos que representa Juntos por el Cambio. Hay ejemplos a manos llenas de esta cooptación política, abundan los fallos y resoluciones de tribunales de todos los fueros y todas las instancias beneficiando en forma ostensible los intereses de las corporaciones empresarias en perjuicio de consumidores y trabajadores.
 
Pero los casos emblemáticos fueron los protagonizados por la Corte. Primero con el avasallamiento del Consejo de la Magistratura -exhumando una ley derogada hace 16 años- para sentar en su presidencia al titular de la Corte Suprema, quien se convirtió así en juez y parte. Y más tarde con una resolución en favor del centralismo porteño y en desmedro del sistema federal en materia de coparticipación. En ambos casos, y con evidente saña anti constitucional, pasando por arriba de normas sancionadas por el Congreso.
 
La derecha vuelve a mostrar sus dientes y su escaso apego a la democracia. Su facción política -Juntos por el Cambio- boicoteando el debate en el Congreso y amenazando con paralizar su actividad en lo que constituye un golpe contra el Poder Legislativo; su facción mediática -encabezada por Clarín y La Nación- con su especialidad: los titulares extorsivos y las mentiras. Ambos aliados simulan olvidar que el juicio político es un mecanismo constitucional y que la Corte compró todos los números para ganarse el "premio".
 
Lo que más temen no es el resultado final, porque es bien sabido que el FdT no tiene los votos suficientes en el Congreso como para garantizar que el juicio político llegue a buen puerto. Lo que en verdad los inquieta es el debate que ya empezó a generarse en la arena política sobre las verdaderas razones que justifican la aplicación de este instrumento constitucional.
 
Los obscenos mensajes telefónicos entre Silvio Robles, mano derecha del supremo Horacio Rosatti, y el ministro de Rodríguez Larreta, Marcelo D'Alessandro, son un muestrario de la ilegal relación entre el máximo tribunal del país y el macrismo. ¿Hay más información que todavía no salió a la luz y que puede comprometer a estos, u otros, protagonistas aún no involucrados? Finalmente provoca risa el "repudio al espionaje ilegal" que lanzó la dirigencia de JxC. Es como si Patricia Bullrich repudiara la violencia policial, Menem las privatizaciones, Clarín las fake-news o Videla los golpes de Estado.
 
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Con el control de la Comisión de Juicio, el FdT presenta hoy el proyecto para el proceso de destitución
 
Juicio a la Corte: Robles y D´Alessandro serían citados a declarar
 
El proyecto basado en el documento presentado por el Presidente y 11 gobernadores será suscripto por los y las diputadas del FdT. Hubo reunión de Zoom para la definición de estrategia y consolidar a los 16 integrantes. Cambio de nombres y fecha probable del comienzo prevista para el 23 de enero.
 
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El proyecto se presentará hoy jueves y, aunque se basará en el documento firmado por el presidente y los 11 gobernadores, serán les diputades oficialistas quienes suscribirán el pedido de destitución. No se descarta, además, que el texto final incorpore nuevos elementos a la acusación. La verdadera señal de largada, sin embargo, la dará el Presidente con la convocatoria a extraordinarias, cuya publicación se terminó retrasando una semana pero se estima que habilitará el comienzo del debate para el 23 de enero.
 
"Buena reunión. Todos presentes. Muy participativa", resumió, instintivamente, una espada oficialista apenas finalizó el zoom con el resto de les integrantes de la comisión de Juicio Político. La reunión se había extendido durante más de dos horas y había funcionado como una primera instancia de trabajo para ordenar el esquema de actividad de la comisión, discutir lineamientos generales del proyecto que se presentará hoy y repasar las herramientas disponibles por el reglamento para ahondar en la investigación sobre el mal desempeño del Máximo Tribunal.  
  
"Impulsaremos un debate profundo, con argumentos, alejados de toda chicana e interés mezquino", aseguró el bloque oficialista a través de un comunicado que se publicó horas después del encuentro.
 
El zoom había funcionado, a su vez, como una estrategia de consolidación de los 16 votos que el oficialismo cuenta en la comisión. Y es que con una mayoría ajustada -16 de 31-, el FdT no puede correr el riesgo de que algún legislador pegue el faltazo y haga derrumbar el quórum. 
 
El incipiente calendario de trabajo anticipa una actividad intensa, de dos o tres reuniones por semana que pueden duras horas y horas. Si un día, une de les legisladores falta por cualquier motivo, las reuniones de comisión se quedarán sin número, ya que tanto Juntos por el Cambio -que cuenta con 14 diputades en la comisión-como el "Topo" Rodríguez -el único diputado del Interbloque Federal en la comisión- anticiparon que no colaborarían con el quórum. 
 
Por este motivo es que, durante la reunión, se decidió oficializar el primer (y, por ahora, único) cambio: el de la diputada santafesina Vanesa Massetani. Si bien surgieron muchas especulaciones respecto a los motivos de su reemplazo -la legisladora responde a Sergio Massa, quien aún no ha dicho ni mú sobre el pedido de juicio político-, en el bloque oficialista aseguraron que el cambio de nombre tenía que ver con un problema de índole personal de Massetani. Puntualmente: un familiar de la diputada arrastra un problema de salud que conlleva un tratamiento que le impedirá dedicarle a la comisión todo el tiempo que demanda.
 
El encuentro virtual sirvió también para terminar de diagramar la presentación del proyecto. Y es que serán les diputades oficialistas -y no el Ejecutivo- les que suscribirán el pedido de juicio político para que, entre otros motivos, la vigencia de la iniciativa pueda extenderse durante tres años (ya que si fuera presentado por el Ejecutivo tendría solo un año de vigencia)
 
El proyecto final, a su vez, no será idéntico al firmado por Alberto Fernández y los gobernadores. Según pudo saber Página12, la conducción de la comisión analiza incorporar nuevos hechos a la acusación basándose en pedidos de juicio político presentados en el pasado.
 
Uno de ellos fue presentado por Vanesa Siley en 2020 contra Carlos Rosenkrantz -en esa época era presidente de la Corte- por su actuación en causas de violación a los derechos humanos. No es el único: también está pendiente un pedido de juicio político contra Ricardo Lorenzetti. 
 
Este fue presentado, curiosamente, por la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, en 2017 -cuando Lorenzetti aún era presidente de la Corte- y fue ratificado nuevamente el año pasado. El FdT no perderá oportunidad para traerlo a colación durante el debate, buscando así meter una cuña en JxC.
 
La presentación de hoy jueves contará con la firma de un grupo de diputades oficialistas que no integran la comisión de Juicio Político. El objetivo es evitar cuestionamientos a la imparcialidad del proceso de investigación, ya que si bien el rol de la Cámara de Diputados es acusar -es el Senado el que juzga-, el bloque oficialista ya comenzó a recibir algunas críticas. 
 
La última fue el pedido de apartamiento de Carolina Gaillard como presidenta de la comisión de Juicio Político realizado por el diputado de Evolución Rodrigo De Loredo, quien denunció que la diputada entrerriana no podía "garantizar la objetividad del proceso" por declaraciones que había hecho en los medios.
 
Desde el bloque, rápidamente, salieron a desmentirlo haciéndose eco de jurisprudencia de la Corte Suprema -firmada por el propio Horacio Rosatti- que rechaza recusaciones a los integrantes de un órgano de enjuiciamiento.
 
Todavía a la espera de la convocatoria de sesiones extraordinarias, el bloque oficialista especula con que el debate en comisión comenzará la última semana de enero. Será una actividad intensa para la que se espera que haya muchos invitados: constitucionalistas, peritos informáticos, especialistas y distintos testigos sobre el "mal desempeño" de los magistrados. 
 
Ya está definido que se convocará a declarar al (ahora de licencia) ministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, y al vocero de Rosatti, Silvio Robles, para que den cuenta de los chats en los que coordinaban acciones frente a fallos del Máximo Tribunal (como el de la coparticipación porteña y el juego de sillas del Consejo de la Magistratura).  
  
A diferencia del caso de los jueces de la Corte -que también serán convocados-, a Robles y D'Alessandro la comisión puede obligarlos a comparecer, por lo que en el FdT hay mucha expectativa sobre las repercusiones públicas que tendrá el proceso de investigación una vez que comience.  
 
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Este artículo fue publicado originalmente el día 12 de enero de 2023
 
Por María Cafferata
 
Fuente: Página 12
 

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07-02-2026 / 11:02
El vergonzoso acuerdo que Javier "el Cipayo" Milei selló recientemente con Estados Unidos constituye el Estatuto Legal de Coloniaje, al transformar la actual dependencia de la Argentina respecto de Washington en un esquema permanente de subordinación colonialista que, además de poner en riesgo la producción y el empleo nacional en numerosos sectores, restringe severamente el margen de acción del estado nacional en áreas críticas. La decisión de convertir a la Argentina en un apéndice económico y político de la potencia yanqui ya está tomada.
 
La lectura rigurosa del tratado permite observar con claridad el contraste entre las partes. Washington utilizó el proceso para fijar reglas, ampliar su acceso al mercado argentino y alinear el marco regulatorio local con sus propias prioridades económicas y estratégicas. Los cipayos funcionarios libertarios, por su parte, aceptaron servilmente ese esquema sin introducir compensaciones, contrapesos ni salvaguardias. La Argentina incorpora más de un centenar de obligaciones operativas, mientras que Estados Unidos asume menos de una decena de compromisos, en su mayoría condicionales o discrecionales.
 
Ese patrón se reproduce capítulo por capítulo. En comercio de bienes, numerosos productos industriales pasan a tener arancel cero desde la entrada en vigor del acuerdo, incluyendo dispositivos médicos, instrumental hospitalario, reactivos químicos, maquinaria eléctrica y componentes industriales. Otros productos contemplan una reducción inmediata del arancel al 2 por ciento. Entre ellos, autopartes, insumos industriales y bienes de capital. La apertura recae, asimismo, sobre múltiples sectores sensibles, sin instancias de adecuación ni salvaguardias productivas, en un contexto de desindustrialización y destrucción de empleo.
 
El sector automotor es ilustrativo de esa lógica. El acuerdo habilita un cupo anual de 10.000 vehículos originarios de Estados Unidos con arancel cero, desde el primer año de vigencia. El impacto se concentra en provincias con fuerte base automotriz y autopartista como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Aquí tampoco se introducen mecanismos de administración del flujo ni exigencias de inversión, trasladando el impacto de la apertura directamente sobre la producción local.
 
En el complejo aviar, la asimetría es todavía más directa. El tratado obliga a habilitar el ingreso de aves y productos avícolas estadounidenses en un plazo máximo de un año. El régimen sanitario queda alineado así con los criterios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la certificación del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, facilitando el acceso de productos provenientes de uno de los principales exportadores mundiales del sector y exponiendo al entramado avícola argentino, con impacto directo en Entre Ríos y Buenos Aires.
 
En salud, el acuerdo profundiza la apertura importadora de medicamentos y dispositivos médicos de uso humano. A esa liberalización comercial se suma un corrimiento del poder regulatorio del Estado argentino, al aceptar como suficientes las autorizaciones otorgadas por la autoridad sanitaria estadounidense. La combinación de apertura y subordinación normativa limita la capacidad de la ANMAT de definir estándares propios y condiciona el desarrollo del complejo médico-industrial local.
 
El capítulo aduanero consolida una apertura sin instrumentos de administración del comercio. Se elimina el requisito consular y se fija la eliminación de la tasa estadística en un plazo de tres años; mientras en economía digital, el tratado garantiza el libre flujo transfronterizo de datos, reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada y prohíbe requisitos de localización o transferencia tecnológica, restringiendo severamente la capacidad regulatoria del Estado sobre las grandes plataformas tecnológicas.
 

06-02-2026 / 09:02
Con un comunicado insólito el gobierno autoritario de Javier "el Loco" Milei anunció la creación de una cuenta de X que será la Oficina de Respuesta Oficial que tendrá como objetivo "desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política". Asociaciones como Adepa (que agrupa a más de 180 empresas periodísticas) y Fopea (que nuclea a cientos de periodistas) expresaron su rechazo. El Gobierno anarco capitalista se autopercibe como dueño de la verdad y busca atacar la libertad de expresión con fondos públicos para imponer sus dogmas y su relato libertario.
 
"La Oficina de Respuesta Oficial fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas", anunció el Gobierno al crear esta página que funcionará como el oscuro "Ministerio de la Verdad" que Orwell anunció en su novela de ciencia ficción "1984". Del odio periodístico a la patrulla digital: el cipayo Milei copia a Trump y crea quilombo anti-fake news.
 
Este esfuerzo por esclarecer lo verdadero en la era de la posverdad que representa este gobierno, seguramente destruirá la mentira de la inflación. Milei dijo que no cambiará el método para establecer la medición de este flagelo. O sea, reconoció que es necesario cambiar el sistema que usó hasta ahora porque no arrojó resultados reales. La Oficina de Respuesta Oficial deberá aclarar porqué si reconoce que el Indec mintió cada mes, igual anunció que seguirá mintiendo hasta que desaparezca la inflación sobre la cual está mintiendo.
 
Hay falsedades concretas por todos lados. Que la Oficina de Respuesta Oficial desmienta entonces a su inventor. En un canal de cable, la "psiquiatra pediátrica" Lilia Lemoine diagnosticó al chico autista Ian Moche como un chico sin autismo que simulaba su condición. El pibe recorrió los medios de comunicación para defender los derechos de la discapacidad, que el Gobierno abolió. Y la "psiquiatra" Lemoine diagnosticó que eso demostraba que no era autista. Al parecer Lemoine no es pediatra ni psiquiatra y, aunque lo fuera, nunca tuvo contacto con Ian como para diagnosticarlo. Mintió la terraplanista. Pero a Ian le hizo bien defender su dignidad, porque además lo hizo de manera inteligente, a diferencia de la señora mentirosa Lemoine que cree en la Tierra plana.
 
O sea, la terraplanista estaba mintiendo con el único objetivo de hacerle daño al pibe con autismo que lucha por sus derechos, que es lo mismo que luchar por dignidad. La Justicia le dio la razón a Ian y a su madre porque obligó al gobierno que integra Lemoine a reponer los derechos de la discapacidad que intentó retirarle. O sea, la señora Lemoine, mintió para hacer daño desde un lugar de poder y contra personas especialmente vulnerables. Como si un médico se ensañara con su paciente atado a la camilla. O sea que, además de mentirosa, es cruel y poco inteligente si se tiene en cuenta que era una mentira repugnante y de patas cortas.
 
Señores de la Oficina de la Respuesta Oficial de la República Argentina, ya tienen dos grandes mentiras para desmentir: la de una inflación de mentira que le ha comido el salario y la jubilación a los argentinos y una diputada que miente para atacar a un pibe de doce años para defender las mentiras del gobierno. Pero la Oficina Tal por Cual solo desmentirá y perseguirá a la verdad. Como siempre, el ladrón se rasga las vestiduras con el discurso de la honradez y ataca con mentiras a los demás. Y el mentiroso sobreactúa el discurso de la verdad para ocultar sus mentiras.
 
En ese contexto, la "Oficina de Respuesta Oficial" no parece solo una herramienta comunicacional. Es la institucionalización de una lógica: responder siempre, atacar primero y convertir cada crítica en un enemigo. Una versión local de un libreto yanqui importado, aplicada con fanatismo y sin demasiados matices. La libertad de expresión y el derecho a la información están bajo ataque autoritario.
 
La Opinión Popular
 

05-02-2026 / 11:02
Sacar un adelanto de sueldo con el banco, tarjetear, tomar un préstamo se volvieron cosas habituales bajo el desastroso gobierno de Javier Milei. No poder pagar toda la tarjeta, refinanciar con intereses elevados o no pagar la cuota del préstamo genera mora y eso está aumentando mes a mes. El endeudamiento de los hogares argentinos entró en una zona crítica. Los últimos datos del Banco Central, analizados por el Instituto Argentina Grande, muestran un salto alarmante en la morosidad: el 11 por ciento de los créditos personales y el 9,2 por ciento de las tarjetas de crédito registran irregularidades en los pagos. Hace apenas 2 años, a fines de 2023, esos números eran muy distintos: 4,2 por ciento en préstamos personales y 1,7 por ciento en tarjetas.
 
Se trata de los niveles más altos desde que el organismo tiene registros, es decir, desde 2010. El fenómeno refleja una realidad concreta: los ingresos ya no alcanzan para cubrir gastos cotidianos como alimentos, tarifas o medicina privada. Frente a ese escenario, el desahorro y el endeudamiento dejaron de ser excepciones y pasaron a formar parte de la rutina de millones de familias. Cada vez más hogares recurren al pago mínimo de la tarjeta de crédito como estrategia para estirar el ingreso mensual. Esa práctica, que puede dar aire en el corto plazo, termina convirtiéndose en una trampa por las altas tasas de interés, que aceleran el deterioro de la capacidad de pago.
 
El problema no se limita al consumo diario. También crece la morosidad en los préstamos prendarios, generalmente destinados a la compra de autos, motos o maquinaria. En noviembre de 2025 alcanzó el 5,2 por ciento, cuando 2 años antes era del 2,7. Esto evidencia que el estrés financiero ya impacta en decisiones de mayor plazo y compromete el patrimonio familiar. El deterioro de estos indicadores expone un cuadro social cada vez más frágil. El crédito dejó de ser una herramienta para mejorar la calidad de vida y pasó a convertirse en un recurso de supervivencia que oculta la pérdida del poder adquisitivo.
 
Para muchas familias, especialmente jóvenes sin ingresos formales, el financiamiento no proviene de los bancos sino de cadenas comerciales, prestadores directos y, cada vez más, billeteras virtuales y fintech, que ofrecen créditos rápidos y de acceso inmediato. En ese terreno, la situación también es preocupante. La morosidad en compras de electrodomésticos alcanzó el 27 por ciento en julio de 2025, el valor más alto en más de 4 años. En el caso de los préstamos otorgados por fintech, el 18 por ciento presentaba incumplimientos en julio, pero estimaciones privadas indican que esa cifra ya ronda el 21 por ciento.
 
Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares confirman el deterioro de las economías domésticas. En el segundo trimestre de 2025, el 48 por ciento de los hogares no logró cubrir sus gastos y debió recurrir a ahorros, venta de bienes o endeudamiento, tanto formal como informal. La clase media aparece como uno de los sectores más afectados: el 53 por ciento de sus hogares no logra llegar a fin de mes. Según datos del Indec publicados este viernes, el 60% de los asalariados gana menos de $950.000 en el tercer trimestre del año. Es decir, que la mayoría de los trabajadores viven con ingresos por debajo de la canasta de consumos mínimos que realiza la Junta Interna de ATE Indec (el promedio del tercer trimestre del año fue $1.941.853). Esta canasta no es un ideal ni un óptimo, pero se acerca a lo que se necesita para llegar a fin de mes.
 
Mientras el Gobierno libertario insiste en mentir con indicadores de estabilidad y crecimiento, la realidad que se vive puertas adentro de los hogares argentinos es otra: deuda creciente, ingresos que no alcanzan y una morosidad que ya funciona como termómetro del deterioro económico y social. Los hogares están endeudados porque los ingresos no alcanzan. Es urgente un aumento de emergencia de salarios, jubilaciones y programas sociales.
 
La Opinión Popular
 

04-02-2026 / 11:02
A través de la práctica de demorar la puesta en vigencia del cambio de ponderaciones que resulta de una encuesta de gastos de hogares más actualizada que la de 2004, que todavía se aplica, se verán afectados los ingresos reales de todos aquellos sectores que ajustan sus remuneraciones siguiendo el Índice de precios al consumidor (IPC), como jubilaciones, pensiones y asignaciones de la previsión social como la AUH, y se estará alterando el cálculo de variables fundamentales para la economía, como el producto bruto (que en el futuro va a ser recalculado a la baja) o la pobreza (en sentido inverso, en el futuro se demostrará que es mayor a la que actualmente se informe).
 
Así lo han puesto de manifiesto especialistas en el tema, entre ellos Alejandro Barrios, ex director del Indec, quien explicó que las ponderaciones resultantes de la Encuesta de Gastos de Hogares de 2017/18 "ya está disponible hace años, incluso la Ciudad de Buenos Aires ya la está aplicando; la demora en aplicarla a nivel nacional es que hay un gobierno que iba a implementar un cambio en los precios relativos, con subas importantes en los servicios regulados por el Estado (por quita de subsidios). La decisión fue parar la aplicación de los nuevos índices hasta que se completen esos cambios; y se considere que ya no van a seguir aumentando, mes a mes, el teléfono, la luz, el transporte, las prepagas, etc. Rubros que en el índice actualizado tienen un peso mucho mayor que en el de la canasta de gastos de hace 20 años".
 
En consecuencia, el índice que se seguirá aplicando "hasta que se complete el proceso de desinflación", en palabras de Luis Caputo, da como resultado un aumento de precios al consumidor inferior al que surge del cálculo con el nuevo índice. "Esto va a provocar en el futuro un recálculo de variables de los años anteriores, como pasó otras veces, pero esta vez con el agravante de que las autoridades actuales son conscientes de que demoran el cambio de fórmula para subestimar la inflación", agregó Barrios.
 
Así, por ejemplo, el cálculo del PBI tendrá probablemente una revisión, porque al desindexar los precios a una tasa más alta que la que se usa actualmente, resultará un PBI real (descontada la inflación) menor al que hoy se informa. En consecuencia, se recalculará a la baja el PBI de todos estos años (aumentos inferiores a los que ahora se informan, caídas superiores, e incluso subas leves que se transformarán en bajas).
 
Lo contrario sucederá con los índices de pobreza, ya que cuando en el futuro se recalculen los ingresos deflactados por un índice no subestimado como el actual, van a ser menores en términos reales, mientras que las canastas de precios al ser reajustados van a ser más altas. En consecuencia los índices de pobreza así recalculados resultarán más altos que los que ahora se informen.
 
Este manoseo de los índices en el corto plazo también podrá ser motivo de controversias, de parte por ejemplo de tenedores de bonos con variable CER (ajuste por inflación) o títulos con cláusula de ajuste UVA (también tiene un componente que varía según el IPC). Además, el cálculo del valor de las jubilaciones y pensiones se hace, mensualmente, de acuerdo al aumento del IPC en meses anteriores, por lo cual la sub estimación del índice va en desmedro de los perceptores de esos ingresos. Lo mismo vale para los que reciben la AUH y otras asignaciones que se ajustan periódicamente por la inflación.
 
Otro ingreso que se verá afectado es el salario, en la medida en que las paritarias se negocien en función de un índice de inflación que luego se demuestre que no era el real. "La decisión de que tendremos un índice de fantasía abre las puertas del infierno", advirtió el ex diputado nacional y ex dirigente de ATE Claudio Lozano. "De manera desembozada e impune decretan que ellos decidirán lo que debe dar la estadística pública sobre inflación. Lo ocurrido no hace más que explicitar lo que se venía observando en el funcionamiento del Indec, porque hace rato que debería haberse incorporado la Encuesta de Gastos de los Hogares del 2016/17 y se lo demoró sin ninguna razón estadísticamente válida".
 
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03-02-2026 / 11:02
Tras la renuncia de Marco Lavagna al frente del Indec, porque Javier Milei se niega a medir bien la inflación, Luis "Toto" Caputo decidió postergar la publicación de la nueva canasta de medición de precios, que daría una inflación mucho mayor. "Con el Presidente siempre pensamos que había que cambiarlo una vez que el proceso de desinflación estuviera consolidado", afirmó. O sea, nunca. El Gobierno libertario oculta así el fracaso económico mientras los trabajadores del organismo alertan por intervención.
 
La decisión de Milei y Caputo de suspender sin límites la actualización del IPC solo una semana antes de su puesta en marcha fue demasiado hasta para Lavagna, que había aceptado retrasarla hasta ahora, además de hacer magia con los índices de la inflación y la pobreza. Presentó la renuncia al Indec y fue reemplazado por su segundo, incondicional de Caputo.
 
No hay eufemismos ni figuras simuladas que tapen lo que realmente pasó, a sólo 8 días de que se conozca un IPC que debería estar actualizado, tal como lo había prometido el Gobierno: Lavagna confió internamente que salió del ente estadístico, precisamente, porque Milei y el ministro de Economía, Caputo, se negaban a implementar la nueva medición de inflación por la que él venía peleando hacía más de dos años. Horas más tarde, Caputo se vio obligado a salir a confirmar los dichos de Lavagna.
 
Los dichos de Caputo son escandalosos y abren dudas peligrosas respecto a los números, porque los técnicos del INDEC ya tenían medidos precios con el nuevo IPC y se había anunciado la aplicación de ese índice para el próximo martes 10, cuando se sepa la inflación de enero. Esa medición daba arriba del 3 por ciento, pero a Lavagna le pedían que esté en torno al 2 por ciento. Además, es polémico porque Caputo no le pone fecha a la nueva medición. Es decir, Milei y Caputo se niegan, sin fecha cierta, a medir la inflación con la Encuesta de Hogares del 2018, para seguir haciéndolo con la del 2004.
 
Una medición que no refleja el costo de vida de las familias. Lo que el Gobierno hace evitando actualizarlos, es que no se vean reflejados en enero los aumentos de tarifas, en un escenario donde además los alimentos vienen subiendo. En pocas palabras, Milei está midiendo la inflación con los mismos parámetros de gastos familiares que había 22 años atrás.
 
Lo que eran sospechas terminaron siendo confirmadas por el propio gobierno. El viernes pasado el Banco Central difundió el Informe de Política Monetaria donde se admite abiertamente que si se hubiese utilizado el nuevo IPC la inflación hubiese sido más alta en los últimos dos años por la suba de los servicios públicos, que recién a partir de ahora tendrán más peso en la canasta del Indec. El propio Banco Central confirmó la manipulación del índice de inflación.
 
Mientras la población siente que los salarios se pulverizan y el pluriempleo crece, los datos oficiales truchos muestran un aumento inflacionario "moderado", utilizado por el Gobierno anarco capitalista también para planchar paritarias y jubilaciones. Esta brecha entre la realidad social y las estadísticas alimenta la desconfianza generalizada, incluso entre especialistas.
 
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