, son un muestrario de la ilegal relación entre el máximo tribunal del país y el macrismo. ¿Hay más información que todavía no salió a la luz y que puede comprometer a estos, u otros, protagonistas aún no involucrados? Finalmente provoca risa el "repudio al espionaje ilegal" que lanzó la dirigencia de JxC. Es como si Patricia Bullrich repudiara la violencia policial, Menem las privatizaciones, Clarín las fake-news o Videla los golpes de Estado.
 
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Nacionales - 12-01-2023 / 11:01
LA DERECHA MACRISTA DEFIENDE A “SU” CORTE SUPREMA

Con el control de la Comisión de Juicio, el FdT presenta el proyecto para el proceso de destitución

Con el control de la Comisión de Juicio, el FdT presenta el proyecto para el proceso de destitución
"Los 16 están firmes". La aseveración de un diputado oficialista llegó apenas terminó la primera reunión grupal de toda la tropa frentetodista que integra la comisión de Juicio Político en la Cámara de Diputados. En el encuentro virtual, la conducción del Frente de Todos comenzó a definir la estrategia frente al proceso de destitución de los cuatro jueces de la Corte Suprema y, de paso, aprovechó para dejar asentado su control sobre la mayoría de la comisión.
"Los 16 están firmes". La aseveración de un diputado oficialista llegó apenas terminó la primera reunión grupal de toda la tropa frentetodista que integra la comisión de Juicio Político en la Cámara de Diputados. En el encuentro virtual, la conducción del Frente de Todos comenzó a definir la estrategia frente al proceso de destitución de los cuatro jueces de la Corte Suprema y, de paso, aprovechó para dejar asentado su control sobre la mayoría de la comisión. El proyecto basado en el documento presentado por el Presidente y 11 gobernadores será suscripto por los y las diputadas del FdT.
 
La derecha política y mediática macrista está furiosa por la decisión del presidente Alberto Fernández de avanzar con el juicio político a la Corte Suprema de Justicia y salió en patota a defender lo que considera "su" propio poder del Estado. No les falta razón, si algo ha quedado en claro los últimos años es que el poder judicial ha mutado en partido judicial macrista y como tal forma parte de la alianza que nuclea a las fuerzas políticas derechistas y conservadoras.
 
Es que la ofensiva colonizadora que lanzó el gobierno de Mauricio Macri con el auxilio de su engendro, la "mesa judicial", dio sus frutos y logró que buena parte del aparato tribunalicio hoy responda dócilmente a los mismos intereses políticos y económicos que representa Juntos por el Cambio. Hay ejemplos a manos llenas de esta cooptación política, abundan los fallos y resoluciones de tribunales de todos los fueros y todas las instancias beneficiando en forma ostensible los intereses de las corporaciones empresarias en perjuicio de consumidores y trabajadores.
 
Pero los casos emblemáticos fueron los protagonizados por la Corte. Primero con el avasallamiento del Consejo de la Magistratura -exhumando una ley derogada hace 16 años- para sentar en su presidencia al titular de la Corte Suprema, quien se convirtió así en juez y parte. Y más tarde con una resolución en favor del centralismo porteño y en desmedro del sistema federal en materia de coparticipación. En ambos casos, y con evidente saña anti constitucional, pasando por arriba de normas sancionadas por el Congreso.
 
La derecha vuelve a mostrar sus dientes y su escaso apego a la democracia. Su facción política -Juntos por el Cambio- boicoteando el debate en el Congreso y amenazando con paralizar su actividad en lo que constituye un golpe contra el Poder Legislativo; su facción mediática -encabezada por Clarín y La Nación- con su especialidad: los titulares extorsivos y las mentiras. Ambos aliados simulan olvidar que el juicio político es un mecanismo constitucional y que la Corte compró todos los números para ganarse el "premio".
 
Lo que más temen no es el resultado final, porque es bien sabido que el FdT no tiene los votos suficientes en el Congreso como para garantizar que el juicio político llegue a buen puerto. Lo que en verdad los inquieta es el debate que ya empezó a generarse en la arena política sobre las verdaderas razones que justifican la aplicación de este instrumento constitucional.
 
Los obscenos mensajes telefónicos entre Silvio Robles, mano derecha del supremo Horacio Rosatti, y el ministro de Rodríguez Larreta, Marcelo D'Alessandro, son un muestrario de la ilegal relación entre el máximo tribunal del país y el macrismo. ¿Hay más información que todavía no salió a la luz y que puede comprometer a estos, u otros, protagonistas aún no involucrados? Finalmente provoca risa el "repudio al espionaje ilegal" que lanzó la dirigencia de JxC. Es como si Patricia Bullrich repudiara la violencia policial, Menem las privatizaciones, Clarín las fake-news o Videla los golpes de Estado.
 
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Con el control de la Comisión de Juicio, el FdT presenta hoy el proyecto para el proceso de destitución
 
Juicio a la Corte: Robles y D´Alessandro serían citados a declarar
 
El proyecto basado en el documento presentado por el Presidente y 11 gobernadores será suscripto por los y las diputadas del FdT. Hubo reunión de Zoom para la definición de estrategia y consolidar a los 16 integrantes. Cambio de nombres y fecha probable del comienzo prevista para el 23 de enero.
 
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El proyecto se presentará hoy jueves y, aunque se basará en el documento firmado por el presidente y los 11 gobernadores, serán les diputades oficialistas quienes suscribirán el pedido de destitución. No se descarta, además, que el texto final incorpore nuevos elementos a la acusación. La verdadera señal de largada, sin embargo, la dará el Presidente con la convocatoria a extraordinarias, cuya publicación se terminó retrasando una semana pero se estima que habilitará el comienzo del debate para el 23 de enero.
 
"Buena reunión. Todos presentes. Muy participativa", resumió, instintivamente, una espada oficialista apenas finalizó el zoom con el resto de les integrantes de la comisión de Juicio Político. La reunión se había extendido durante más de dos horas y había funcionado como una primera instancia de trabajo para ordenar el esquema de actividad de la comisión, discutir lineamientos generales del proyecto que se presentará hoy y repasar las herramientas disponibles por el reglamento para ahondar en la investigación sobre el mal desempeño del Máximo Tribunal.  
  
"Impulsaremos un debate profundo, con argumentos, alejados de toda chicana e interés mezquino", aseguró el bloque oficialista a través de un comunicado que se publicó horas después del encuentro.
 
El zoom había funcionado, a su vez, como una estrategia de consolidación de los 16 votos que el oficialismo cuenta en la comisión. Y es que con una mayoría ajustada -16 de 31-, el FdT no puede correr el riesgo de que algún legislador pegue el faltazo y haga derrumbar el quórum. 
 
El incipiente calendario de trabajo anticipa una actividad intensa, de dos o tres reuniones por semana que pueden duras horas y horas. Si un día, une de les legisladores falta por cualquier motivo, las reuniones de comisión se quedarán sin número, ya que tanto Juntos por el Cambio -que cuenta con 14 diputades en la comisión-como el "Topo" Rodríguez -el único diputado del Interbloque Federal en la comisión- anticiparon que no colaborarían con el quórum. 
 
Por este motivo es que, durante la reunión, se decidió oficializar el primer (y, por ahora, único) cambio: el de la diputada santafesina Vanesa Massetani. Si bien surgieron muchas especulaciones respecto a los motivos de su reemplazo -la legisladora responde a Sergio Massa, quien aún no ha dicho ni mú sobre el pedido de juicio político-, en el bloque oficialista aseguraron que el cambio de nombre tenía que ver con un problema de índole personal de Massetani. Puntualmente: un familiar de la diputada arrastra un problema de salud que conlleva un tratamiento que le impedirá dedicarle a la comisión todo el tiempo que demanda.
 
El encuentro virtual sirvió también para terminar de diagramar la presentación del proyecto. Y es que serán les diputades oficialistas -y no el Ejecutivo- les que suscribirán el pedido de juicio político para que, entre otros motivos, la vigencia de la iniciativa pueda extenderse durante tres años (ya que si fuera presentado por el Ejecutivo tendría solo un año de vigencia)
 
El proyecto final, a su vez, no será idéntico al firmado por Alberto Fernández y los gobernadores. Según pudo saber Página12, la conducción de la comisión analiza incorporar nuevos hechos a la acusación basándose en pedidos de juicio político presentados en el pasado.
 
Uno de ellos fue presentado por Vanesa Siley en 2020 contra Carlos Rosenkrantz -en esa época era presidente de la Corte- por su actuación en causas de violación a los derechos humanos. No es el único: también está pendiente un pedido de juicio político contra Ricardo Lorenzetti. 
 
Este fue presentado, curiosamente, por la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, en 2017 -cuando Lorenzetti aún era presidente de la Corte- y fue ratificado nuevamente el año pasado. El FdT no perderá oportunidad para traerlo a colación durante el debate, buscando así meter una cuña en JxC.
 
La presentación de hoy jueves contará con la firma de un grupo de diputades oficialistas que no integran la comisión de Juicio Político. El objetivo es evitar cuestionamientos a la imparcialidad del proceso de investigación, ya que si bien el rol de la Cámara de Diputados es acusar -es el Senado el que juzga-, el bloque oficialista ya comenzó a recibir algunas críticas. 
 
La última fue el pedido de apartamiento de Carolina Gaillard como presidenta de la comisión de Juicio Político realizado por el diputado de Evolución Rodrigo De Loredo, quien denunció que la diputada entrerriana no podía "garantizar la objetividad del proceso" por declaraciones que había hecho en los medios.
 
Desde el bloque, rápidamente, salieron a desmentirlo haciéndose eco de jurisprudencia de la Corte Suprema -firmada por el propio Horacio Rosatti- que rechaza recusaciones a los integrantes de un órgano de enjuiciamiento.
 
Todavía a la espera de la convocatoria de sesiones extraordinarias, el bloque oficialista especula con que el debate en comisión comenzará la última semana de enero. Será una actividad intensa para la que se espera que haya muchos invitados: constitucionalistas, peritos informáticos, especialistas y distintos testigos sobre el "mal desempeño" de los magistrados. 
 
Ya está definido que se convocará a declarar al (ahora de licencia) ministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, y al vocero de Rosatti, Silvio Robles, para que den cuenta de los chats en los que coordinaban acciones frente a fallos del Máximo Tribunal (como el de la coparticipación porteña y el juego de sillas del Consejo de la Magistratura).  
  
A diferencia del caso de los jueces de la Corte -que también serán convocados-, a Robles y D'Alessandro la comisión puede obligarlos a comparecer, por lo que en el FdT hay mucha expectativa sobre las repercusiones públicas que tendrá el proceso de investigación una vez que comience.  
 
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Este artículo fue publicado originalmente el día 12 de enero de 2023
 
Por María Cafferata
 
Fuente: Página 12
 

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18-11-2025 / 10:11
De estafa virtual a estafa real. La Comisión Investigadora de $LIBRA en Diputados identificó el compromiso de Javier Milei con la monetización de su imagen y con otros negocios con criptomonedas dos meses antes del lanzamiento de la criptoestafa. En el informe que presentan hoy, también identifican transacciones que involucran a los tres hombres claves del Presidente en el área y presuntos pagos a funcionarios públicos. El informe ya está en manos del fiscal de la causa, Eduardo Taiano.
 
Se trata de contundente trabajo que aporta datos sobre la monetización y Kip Protocol, el token sin respaldo perteneciente al ciudadano de Singapur que se hacía llamar Julian Peh, que ingresó con un nombre falso a la Argentina y que se sacó una foto con Milei en el Hotel Libertador en octubre de 2024.
 
La presentación también consta de importantes avances sobre "la identificación de la operatoria en las transferencias Davis, Novelli y compañía a la cueva cripto y el aporte de un ciudadano que todavía no estaba identificado al momento en la criptoestafa", según adelantaron.
 
Además, aseguran que se trata de un informe muy completo y contundente, que contó con el trabajo activo de 15 diputados de los 28 que integran la comisión. Entre otros elementos importantes, habrían identificado transacciones que podrían corresponderse con presuntos pagos indirectos a funcionarios públicos, tal cual surge de la línea de investigación a cargo de la fiscalía.
 
Además, identificaron las transacciones que podrían corresponderse con pagos del supuesto acuerdo de cooperación para monetizar la imagen de Javier Milei, además de reconocer el aval político del Presidente a otra criptomoneda, también junto a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, dos meses antes de lanzar $LIBRA.
 
En sobre cerrado y en un dispositivo pen drive, le remitieron la información procesada junto a especialistas que creen que puede ser trascendente para su investigación. "Llegamos a esta instancia ejerciendo nuestro rol con mucha responsabilidad y trabajando para que todo lo investigado quede claramente reflejado, de modo que la Cámara de Diputados y la sociedad cuenten con una respuesta seria, fundada y completa. El informe final incluirá las consideraciones y recomendaciones surgidas de este proceso", aseguró Ferraro días atrás.
 
La comisión asegura haber Identificado la titularidad de billeteras y trazar transacciones que involucran a los ciudadanos argentinos: Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Daniel Morales, y otros ciudadanos, así como también grandes transacciones que pueden ser trascendentes a la investigación que está llevando adelante la justicia federal de los Estados Unidos.
 
Fueron los diputados Maximiliano Ferraro, Juan Marino, Sabrina Selva y Mónica Frade, quienes le hicieron entrega al fiscal Taiano de toda la información reunida por la Comisión Investigadora $LIBRA que puede ser relevante para la causa judicial. La Comisión Investigadora se reunirá esta tarde a las 16, en la Sala 1 del Anexo A para presentar y aprobar el informe final.
 
En calidad de titular de la comisión, el diputado Maximiliano Ferraro trabajó en los detalles de lo recopilado hasta el momento contemplado en diez cuerpos con las pruebas recabadas durante meses de labor, que fueron enviados además al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi
 

17-11-2025 / 10:11
16-11-2025 / 09:11
El fiscal Franco Picardi estableció que buena parte de los sobreprecios y coimas con remedios para discapacitados era manejada por hombres de Mauricio Macri. En base a escritos secuestrados, se llamó a indagatoria al íntimo de Javier Milei, Diego Spagnuolo, y se ordenó la detención del principal macrista. Pablo Atchahabian, un exfuncionario de Cambiemos, ordenaba desde afuera fraccionar pagos a las droguerías y hasta los despidos en la propia agencia. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos". El rol de los Menem y la ruta del blanqueo que llega hasta José Luis Espert.
 
Cómo era el mecanismo utilizado, el lavado de dinero y los pasos que conducen a los Menem y la Casa Rosada. El fiscal Franco Picardi detalla en la acusación por las multimillonarias irregularidades en Discapacidad que buena parte de las maniobras las realizaron exfuncionarios del gobierno de Macri. Desde afuera de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) manejaban Andis.
 
Por ejemplo, se encontró un escrito en el que Pablo Atchahabian -exdirector Nacional de Acceso a la Salud durante el gobierno del PRO- ordenó fraccionar los pagos a una droguería y directamente no pagarles a otras seis "por no cumplir con lo acordado" o por ser "bocón". Es decir, no pagar las coimas, no intervenir en los sobreprecios y hablar de la trama de corrupción. La referencia seguramente es al 3 por ciento para Karina Milei y a la intervención de los primos Menem.
 
En ese terreno, el fiscal prepara otra resolución, que incluye las maniobras de la Droguería Suizo Argentina. El mismo exfuncionario macrista ordenó reducir personal (27 personas) despidiendo "rápido y sin piedad", según sus palabras. Otros exMacri accedían al sistema con usuarios y contraseñas truchas y resolvían a quién se compraba y a quién no. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos" y de que se llevaron "90.000 dólares".
 
La plata sucia se blanqueaba por dos caminos: a través de criptomonedas mediante la aplicación Neblockshain y comprándole horas de vuelo a una empresa de aviones privados, Baires Fly, propiedad de Sergio Mastroprieto, el mismo que presentó al narco Fred Machado a José Luis Espert.
 
Como ejemplo, un medicamento para el cáncer, Keytruda, comprada a laboratorios extranjeros entre 12 y 16 millones de pesos se puede comprar a un laboratorio nacional en 4.5 millones. Bursosumab, 20 mg, se llegó a comprar a 45 millones de pesos, por lo que el fiscal calcula un sobreprecio de 115 por ciento. Debió comprarse en 21 millones.
  
A lo largo de 276 páginas, el fiscal le resume al juez Sebastián Casanello la forma en que no sólo se le robaron millones y millones de dólares al Estado sino también a las propias personas con discapacidad. La clave de la maniobra era que sólo unas pocas droguerías -cuatro o cinco- participaran de las compulsas especiales de precios (así las llamaron) en lo que se conoce como PACBI (prestaciones de alto costo y baja incidencia). Son especialmente medicamentos o elementos médicos que valen millones de pesos, principalmente oncológicos.
 
El juez Casanello, en la resolución que ordena la indagatoria de Diego Spagnuolo y otras 14 personas, transcribe que "las empresas Génesis S.A y Profarma S.A. se repartieron el 93 por ciento de los 30.000 millones de pesos en medicamentos en el marco de licitaciones reducidas. Asimismo, New Farma y Floresta se adjudicaron el 51 por ciento en el rubro implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados". Tiembla Karina.
 

15-11-2025 / 10:11
Desde mayo la tendencia inflacionaria es al alza pero el IPC del Indec está lejos del sufrimiento de los bolsillos argentinos. Fuertes subas sub representadas que marcan un pulso en la calle muy distinto al que registra la estadística oficial. Es la mentira de las canastas de pobreza e indigencia. En ese marco, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei atraviesa un momento de creciente desgaste político y social, marcado por una serie de errores estratégicos, decisiones económicas controvertidas y promesas de campaña que se han diluido con el paso del tiempo.
 
Aunque el presidente continúa sosteniendo su discurso de reformas estructurales y combate contra la "casta", distintos sectores señalan falencias de gestión, inconsistencias doctrinarias y retrocesos que han afectado tanto su imagen como el rumbo de la administración. Uno de los principales focos de crítica apunta a la política económica. Pese a haber prometido libertad absoluta de mercados, el oficialismo implementó un esquema de devaluaciones administradas que contradice su discurso inicial.
 
Mientras se aplicó un crawling peg que deterioró salarios, jubilaciones y capacidad de consumo, también se produjo un reacomodamiento financiero que impactó sobre pymes y sectores productivos. El desarme de instrumentos financieros, como las letras estatales, generó un clima de incertidumbre que especialistas atribuyen a errores propios de gestión más que a herencias recibidas.
 
La gobernabilidad es otro frente de debilidad. Sin una base legislativa sólida y con tensiones internas, el oficialismo se apoyó recurrentemente en decretos, lo que debilitó la capacidad de negociación y profundizó la distancia con fuerzas aliadas y opositoras. A ello se sumó un episodio político costoso: la fallida estrategia de forzar un plebiscito anticipado, que derivó en una derrota y dejó al Presidente expuesto en su momento de mayor fragilidad.
 
La estructura de poder extremadamente concentrada, especialmente en el círculo íntimo más reducido, manejado autoritariamente por su hermana Karina, también es señalada como un factor que limita la capacidad de reacción ante crisis. Otro golpe duro llegó con el escándalo de la criptomoneda LIBRA, impulsada desde sectores cercanos al oficialismo y que terminó desplomándose abruptamente.
 
La polémica, bautizada como "Cryptogate", dañó la credibilidad presidencial, instaló dudas sobre el rol corrupto de funcionarios vinculados al proyecto y abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades políticas. A esto se suman los efectos sociales del ajuste. Los recortes profundos en salud pública redujeron programas, afectaron personal y dejaron en situación crítica a áreas sensibles, lo que despertó fuertes cuestionamientos desde organizaciones médicas y sociales. La contradicción entre el discurso de eficiencia estatal y la caída de prestaciones esenciales alimenta críticas sobre la orientación del ajuste.
 
En paralelo, varias promesas centrales de campaña quedaron inconclusas. La privatización de Vaca Muerta y de empresas estatales no avanzó; la ruptura de vínculos comerciales con países catalogados como "comunistas" quedó en declaraciones simbólicas más que en acciones concretas; y el supuesto desmantelamiento del sistema de planes sociales no llegó acompañado de mejoras sostenibles en la asistencia. Incluso afirmaciones erróneas sobre vacunas, como en el caso de la prevención del dengue, generaron malestar por la falta de precisión en cuestiones de salud pública. Con este panorama, Milei enfrenta un desgaste que combina problemas económicos, errores políticos y promesas que no lograron materializarse.
 
La Opinión Popular
 

15-11-2025 / 09:11
En una sincronía que se ha repetido en la historia, al tiempo que en Naciones Unidas el representante del gobierno argentino acusaba de corruptas a las víctimas de la dictadura y a sus familiares, en Washington se anunciaba un acuerdo con el gobierno de Javier "el Loco" Milei de subordinación y entrega. En Argentina, la violación de los derechos humanos, o su negación como en este caso, siempre tuvo su correlato con una relación de sumisión abyecta con Estados Unidos. La injerencia yanqui sobre su colonia argentina se profundiza. 

El miserable discurso pronunciado en la Comisión contra la Tortura de la ONU generó rechazo entre los demás presentes. En general, revictimizar a personas que han sufrido las peores aberraciones en torturas, violaciones, secuestros y desapariciones, genera repugnancia.

El funcionario al que le tocó jugar ese papel denigrante fue el subsecretario de Derechos Humanos, el siniestro Alberto Baños. Acusó a los organismos de derechos humanos, a las víctimas de la represión y a sus familiares de inventar la cifra de los 30 mil desaparecidos "para hacer negocio".
 
Este personaje tenía que responder preguntas sobre la represión del gobierno de Javier Milei a la protesta social y por el cercenamiento de políticas de derechos humanos. Pero eligió el papel más repulsivo para desacreditar a los organismos de derechos humanos que han sido quizás el aporte más democratizador que tuvo el proceso de transición democrática en la Argentina.
 
Baños es un exponente típico de un amplio sector del Poder Judicial. Se incorporó al fuero civil de la ciudad de Buenos Aires durante la dictadura y fue designado juez en el gobierno de Carlos Menem. Tuvo a su cargo algunos casos de resonancia, como la desaparición del policía de la Ciudad Arshak Karshanyan, en la que estaban sospechados miembros de esa institución. Baños hizo que la misma policía sospechada participara en la investigación y después de un tiempo dejó el caso sin resolver.
 
En otro caso, declaró prescripta la corrupción por el vaciamiento de Aerolíneas, lo que después tuvo que ser reconsiderado por otro tribunal. Y cuando se reabrió la investigación por la desaparición de las manos de Perón, la carpeta donde estaban los resultados de la investigación fue misteriosamente sustraída de su despacho.
 
No sería el sujeto más indicado para hablar de corrupción o para ser la cara de los derechos humanos de un gobierno que los respete. Más bien, su función ha sido hasta ahora liquidar las políticas de derechos humanos que la sociedad construyó laboriosamente desde la retirada de la dictadura.
 
Y en su presentación en Ginebra ante la Comisión contra la Tortura intentó ocultar la violencia institucional del gobierno del estafador Milei que todos los miércoles es pública y notoria cuando reprime con violencia a los jubilados.
 
La presentación tan sucia de Baños coincidió con el anuncio del gobierno de Estados Unidos del acuerdo con Milei que levanta aranceles aduaneros a los productos de ese país, elimina controles de calidad, así como controles sanitarios y se compromete a obstaculizar el ingreso de productos de otros países.
 
La contrapartida es cero. Estados Unidos no se compromete a nada que favorezca a los productos argentinos. Lo que se conoce del acuerdo afectará gravemente a la industria local como advirtió el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde se asienta gran parte de esa actividad. Hay una regla invariable en la historia moderna del país: la violación sistemática de los derechos humanos ha estado siempre relacionada con gobiernos que al mismo tiempo entregaron soberanía. 
 

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