(ahora de licencia), y hasta el propio presidente de la Corte, el cortesano Rossatti. Por el contrario, sí manifestaron un "enérgico rechazo al espionaje ilegal" denuncian al Gobierno por "auspiciar y utilizar estos mecanismos".
 
Al encuentro aliancista se lo comió la discusión de la estrategia para silenciar la investigación sobre la Corte lo más rápido posible. Coincidieron en que, en la Comisión de Juicio Político, buscarán rechazar por inadmisible la iniciativa impulsada por el presidente Alberto Fernández y un grupo de gobernadores. Hubo debate sobre contraatacar con otros pedidos de juicio político, aunque en esto no hubo acuerdo. De todas formas, algunos integrantes de la coalición -como Ricardo López Murphy- ya están saliendo con sus propios pedidos de juicio político contra integrantes del Gobierno.
 
La estrategia será, entonces, negar el quórum para ver si logran que se caiga todo y, una vez que el oficialismo logre el quórum, sentarse a cuestionar todo el proceso. Si el Gobierno apunta, sobre todo, a que haya algunos meses de investigación, citar a testigos y hasta a los propios acusados para hablar de la relaciones non sanctas de miembros de la Corte con funcionarios macristas, queda claro que la táctica de Juntos por el Cambio es que eso nunca llegue a suceder.
 
Tras la reunión, los dirigentes de JxC emitieron un comunicado en el que se les acabaron los adjetivos para seguir denostando la iniciativa de Alberto Fernández: "Gravedad institucional", "inadmisibilidad", "atropello", "vergonzoso", son algunas de las expresiones que incluyeron. El comunicado también califica el pedido de juicio como "el quiebre del Estado de Derecho". ¿Del contenido de los chats que exponen su relación con la Corte y con los negocios sucios con empresarios contratistas de la CABA? Prefirieron no hablar.
 
Más alla del espanto sobreactuado, es necesario recordar no sólo las estrechas relaciones que mantienen con el Poder Judicial sino también el uso y abuso del espionaje ilegal por parte de Juntos por el Cambio cuando fueron Gobierno, investigando a organizaciones sociales y políticas opositoras, funcionarios díscolos, familiares de las víctimas del ARA San Juan y hasta familiares del propio Macri por cuestiones estrictamente personales. Parece que nada de eso hubiera existido en el país de los "republicanos" más delirantes del mundo.
 
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Nacionales - 11-01-2023 / 09:01
GOLPE PARLAMENTARIO EN EL CONGRESO PARA EVITAR QUE SE VENTILEN LAS OPERACIONES CONJUNTAS CONTRA EL PERONISMO

Los jerarcas de Juntos por el Cambio boicotean la investigación sobre los supremos macristas

Los jerarcas de Juntos por el Cambio boicotean la investigación sobre los supremos macristas
Los jerarcas de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio se abroquelaron en defensa de la Corte Suprema macrista frente al juicio político que planteó el oficialismo. Quieren evitar que se ventilen las operaciones conjuntas contra el peronismo, que dejaron expuestas los escandalosos chats del macrista D’Alessandro. Para conseguirlo, prometen paralizar el Congreso, algo que ya vienen haciendo sin anunciarlo.
Los principales jerarcas del PRO, la UCR y la CC consensuaron una defensa corporativa y partidista que harán del presidente de su Corte Suprema, Horacio Rosatti, y los demás jueces del tribunal en el Congreso, ante el pedido de juicio político impulsado por el oficialismo por la connivencia obscena entre magistrados y funcionarios de la alianza opositora. También amenazaron con bloquear por completo el funcionamiento del Parlamento. No hubo voces discordantes entre los dirigentes a la hora de definir que intentarán cortar de raíz el intento del oficialismo de avanzar con una investigación parlamentaria porque una vez que se presenten pruebas contra los integrantes de la Corte va a ser muy difícil votar en contra. Por eso buscarán frenar todo en la comisión de origen.
 
Los motivos son muchos: lo que más se ventilaría en esas sesiones son las relaciones peligrosas entre el Corte y funcionarios del PRO. Además, ratificaron un virtual bloqueo legislativo a absolutamente todo lo que proponga el Gobierno, que solo se levantará si cesa el pedido de juicio político a la Corte. Si bien la estrategia de bloquear leyes viene funcionando desde 2020, es la primera vez que admiten que su intención es paralizar el Congreso para que gobierne la Corte.
 
Pese a lo previsible de la postura, no deja de llamar la atención la nula mención al escándalo de los chats que involucran a altos funcionarios del Poder Judicial, miembros de Juntos por el Cambio como el ministro de Seguridad Porteño, Marcelo D'Alessandro (ahora de licencia), y hasta el propio presidente de la Corte, el cortesano Rossatti. Por el contrario, sí manifestaron un "enérgico rechazo al espionaje ilegal" denuncian al Gobierno por "auspiciar y utilizar estos mecanismos".
 
Al encuentro aliancista se lo comió la discusión de la estrategia para silenciar la investigación sobre la Corte lo más rápido posible. Coincidieron en que, en la Comisión de Juicio Político, buscarán rechazar por inadmisible la iniciativa impulsada por el presidente Alberto Fernández y un grupo de gobernadores. Hubo debate sobre contraatacar con otros pedidos de juicio político, aunque en esto no hubo acuerdo. De todas formas, algunos integrantes de la coalición -como Ricardo López Murphy- ya están saliendo con sus propios pedidos de juicio político contra integrantes del Gobierno.
 
La estrategia será, entonces, negar el quórum para ver si logran que se caiga todo y, una vez que el oficialismo logre el quórum, sentarse a cuestionar todo el proceso. Si el Gobierno apunta, sobre todo, a que haya algunos meses de investigación, citar a testigos y hasta a los propios acusados para hablar de la relaciones non sanctas de miembros de la Corte con funcionarios macristas, queda claro que la táctica de Juntos por el Cambio es que eso nunca llegue a suceder.
 
Tras la reunión, los dirigentes de JxC emitieron un comunicado en el que se les acabaron los adjetivos para seguir denostando la iniciativa de Alberto Fernández: "Gravedad institucional", "inadmisibilidad", "atropello", "vergonzoso", son algunas de las expresiones que incluyeron. El comunicado también califica el pedido de juicio como "el quiebre del Estado de Derecho". ¿Del contenido de los chats que exponen su relación con la Corte y con los negocios sucios con empresarios contratistas de la CABA? Prefirieron no hablar.
 
Más alla del espanto sobreactuado, es necesario recordar no sólo las estrechas relaciones que mantienen con el Poder Judicial sino también el uso y abuso del espionaje ilegal por parte de Juntos por el Cambio cuando fueron Gobierno, investigando a organizaciones sociales y políticas opositoras, funcionarios díscolos, familiares de las víctimas del ARA San Juan y hasta familiares del propio Macri por cuestiones estrictamente personales. Parece que nada de eso hubiera existido en el país de los "republicanos" más delirantes del mundo.
 
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UNA DECISIÓN ANUNCIADA
 
Juntos por el Cambio se alinea con la Corte para resistir el pedido de juicio político en el Congreso
 
Tras una cumbre de la dirigencia de la coalición opositora, se acordó no dar quórum a las reuniones de comisión y tampoco al debate de cualquier proyecto que impulse el gobierno nacional o el Frente de Todos.
 
Por: Verónica Benaim
 
A la espera de la presentación formal del pedido de juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia en el Congreso, desde la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio adelantaron que no darán quórum en las reuniones de la Comisión que tendrá que tratar el proyecto, pero que sí darán el debate. Además, desde el bloque Evolución Radical anticiparon que pedirán el apartamiento de la presidenta de la comisión de juicio político, la oficialista Carolina Gaillard, bajo el argumento de que "no se garantizará la objetividad e imparcialidad del proceso".
 
Las autoridades de la principal fuerza opositora al gobierno se reunieron este martes y emitieron un comunicado en el que la principal bancada opositora reafirmó la "gravedad institucional e inadmisibilidad del intento de juicio político a la Corte Suprema y del quiebre del estado de derecho".
 
A la vez, advirtieron: "Mientras siga este atropello contra la Corte no vamos a prestar quórum y darle viabilidad a ningún proyecto que impulse el Gobierno Nacional o el Frente de Todos".
 
"Manifestamos, también, nuestro enérgico rechazo al espionaje ilegal y denunciamos al Gobierno Nacional por auspiciar y utilizar estos mecanismos. Urge el imperio de la legalidad y la sanción sobre todas las conductas que la violenten", sumaron, y concluyeron con un mensaje de campaña: "Queremos discutir los temas que le importan a la a la sociedad. Nos estamos preparando para hacernos cargo de la grave situación a partir del 10 de diciembre de 2023".
 
Participaron de la reunión, los presidentes de los partidos que integran JxC, el gobernador de Jujuy Gerardo Morales (UCR); Patricia Bullrich (Pro); Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica); y Miguel Ángel Pichetto (Peronismo Republicano), además del expresidente de la Nación Mauricio Macri; el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y el gobernador de Mendoza Rodolfo Suárez; los diputados nacionales por el Pro María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo y Federico Angelini y el senador nacional Humberto Schiavoni. Por la UCR estuvieron el jefe del bloque de diputados nacionales Mario Negri, los senadores nacionales Alfredo Cornejo, Martin Lousteau y Luis Naidenoff.
 
Por la Coalición Cívica participaron la diputada provincial Maricel Etchecoin y el jefe del bloque de diputados nacionales Juan Manuel López. Estuvieron presentes, también, Ramón Puerta (Peronismo Republicano), los diputados nacionales Alberto Asseff y Margarita Stolbizer y el exlegislador porteño Sergio Abrevaya, además de miembros coordinadores Jorge Triaca, Andrés De Leo, Ramón Mestre y Jorge Franco.
 
Por otro lado, Rodrigo de Loredo, titular de la bancada de Evolución informó que "el adelanto de opinión pone en riesgo garantías consagradas en el art.18 de la Constitución Nacional como la de ser juzgado por un tribunal imparcial. Ningún juzgador judicial o administrativo puede ser parcial".
 
Según analiza la oposición "no se recogió prueba alguna, no se escuchó a los acusados, no ingresó ni siquiera formalmente el pedido a la Cámara, pero ya hay un final cantado". "No habrá argumento o elemento probatorio o circunstancia alguna que le hagan cambiar de opinión a la diputada Gaillard. Esto ratifica que se han vulnerado flagrantemente las garantías procedimentales de los acusados", planteó.
 
Desde el oficialismo circula que este miércoles podría llevarse a cabo un encuentro entre los miembros de la comisión para comenzar a diagramar el esquema de trabajo en un plazo de 60 días cuando ingrese el proyecto, que todavía no está claro si será impulsado por el Ejecutivo o por los propios diputados del Frente de Todos. El objetivo es garantizar el apoyo al pedido de enjuiciamiento dentro de la Comisión, donde el oficialismo tiene una mayoría ajustada.
 
Fuente: Tiempo Argentino 
 

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17-11-2025 / 10:11
16-11-2025 / 09:11
El fiscal Franco Picardi estableció que buena parte de los sobreprecios y coimas con remedios para discapacitados era manejada por hombres de Mauricio Macri. En base a escritos secuestrados, se llamó a indagatoria al íntimo de Javier Milei, Diego Spagnuolo, y se ordenó la detención del principal macrista. Pablo Atchahabian, un exfuncionario de Cambiemos, ordenaba desde afuera fraccionar pagos a las droguerías y hasta los despidos en la propia agencia. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos". El rol de los Menem y la ruta del blanqueo que llega hasta José Luis Espert.
 
Cómo era el mecanismo utilizado, el lavado de dinero y los pasos que conducen a los Menem y la Casa Rosada. El fiscal Franco Picardi detalla en la acusación por las multimillonarias irregularidades en Discapacidad que buena parte de las maniobras las realizaron exfuncionarios del gobierno de Macri. Desde afuera de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) manejaban Andis.
 
Por ejemplo, se encontró un escrito en el que Pablo Atchahabian -exdirector Nacional de Acceso a la Salud durante el gobierno del PRO- ordenó fraccionar los pagos a una droguería y directamente no pagarles a otras seis "por no cumplir con lo acordado" o por ser "bocón". Es decir, no pagar las coimas, no intervenir en los sobreprecios y hablar de la trama de corrupción. La referencia seguramente es al 3 por ciento para Karina Milei y a la intervención de los primos Menem.
 
En ese terreno, el fiscal prepara otra resolución, que incluye las maniobras de la Droguería Suizo Argentina. El mismo exfuncionario macrista ordenó reducir personal (27 personas) despidiendo "rápido y sin piedad", según sus palabras. Otros exMacri accedían al sistema con usuarios y contraseñas truchas y resolvían a quién se compraba y a quién no. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos" y de que se llevaron "90.000 dólares".
 
La plata sucia se blanqueaba por dos caminos: a través de criptomonedas mediante la aplicación Neblockshain y comprándole horas de vuelo a una empresa de aviones privados, Baires Fly, propiedad de Sergio Mastroprieto, el mismo que presentó al narco Fred Machado a José Luis Espert.
 
Como ejemplo, un medicamento para el cáncer, Keytruda, comprada a laboratorios extranjeros entre 12 y 16 millones de pesos se puede comprar a un laboratorio nacional en 4.5 millones. Bursosumab, 20 mg, se llegó a comprar a 45 millones de pesos, por lo que el fiscal calcula un sobreprecio de 115 por ciento. Debió comprarse en 21 millones.
  
A lo largo de 276 páginas, el fiscal le resume al juez Sebastián Casanello la forma en que no sólo se le robaron millones y millones de dólares al Estado sino también a las propias personas con discapacidad. La clave de la maniobra era que sólo unas pocas droguerías -cuatro o cinco- participaran de las compulsas especiales de precios (así las llamaron) en lo que se conoce como PACBI (prestaciones de alto costo y baja incidencia). Son especialmente medicamentos o elementos médicos que valen millones de pesos, principalmente oncológicos.
 
El juez Casanello, en la resolución que ordena la indagatoria de Diego Spagnuolo y otras 14 personas, transcribe que "las empresas Génesis S.A y Profarma S.A. se repartieron el 93 por ciento de los 30.000 millones de pesos en medicamentos en el marco de licitaciones reducidas. Asimismo, New Farma y Floresta se adjudicaron el 51 por ciento en el rubro implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados". Tiembla Karina.
 

15-11-2025 / 10:11
Desde mayo la tendencia inflacionaria es al alza pero el IPC del Indec está lejos del sufrimiento de los bolsillos argentinos. Fuertes subas sub representadas que marcan un pulso en la calle muy distinto al que registra la estadística oficial. Es la mentira de las canastas de pobreza e indigencia. En ese marco, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei atraviesa un momento de creciente desgaste político y social, marcado por una serie de errores estratégicos, decisiones económicas controvertidas y promesas de campaña que se han diluido con el paso del tiempo.
 
Aunque el presidente continúa sosteniendo su discurso de reformas estructurales y combate contra la "casta", distintos sectores señalan falencias de gestión, inconsistencias doctrinarias y retrocesos que han afectado tanto su imagen como el rumbo de la administración. Uno de los principales focos de crítica apunta a la política económica. Pese a haber prometido libertad absoluta de mercados, el oficialismo implementó un esquema de devaluaciones administradas que contradice su discurso inicial.
 
Mientras se aplicó un crawling peg que deterioró salarios, jubilaciones y capacidad de consumo, también se produjo un reacomodamiento financiero que impactó sobre pymes y sectores productivos. El desarme de instrumentos financieros, como las letras estatales, generó un clima de incertidumbre que especialistas atribuyen a errores propios de gestión más que a herencias recibidas.
 
La gobernabilidad es otro frente de debilidad. Sin una base legislativa sólida y con tensiones internas, el oficialismo se apoyó recurrentemente en decretos, lo que debilitó la capacidad de negociación y profundizó la distancia con fuerzas aliadas y opositoras. A ello se sumó un episodio político costoso: la fallida estrategia de forzar un plebiscito anticipado, que derivó en una derrota y dejó al Presidente expuesto en su momento de mayor fragilidad.
 
La estructura de poder extremadamente concentrada, especialmente en el círculo íntimo más reducido, manejado autoritariamente por su hermana Karina, también es señalada como un factor que limita la capacidad de reacción ante crisis. Otro golpe duro llegó con el escándalo de la criptomoneda LIBRA, impulsada desde sectores cercanos al oficialismo y que terminó desplomándose abruptamente.
 
La polémica, bautizada como "Cryptogate", dañó la credibilidad presidencial, instaló dudas sobre el rol corrupto de funcionarios vinculados al proyecto y abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades políticas. A esto se suman los efectos sociales del ajuste. Los recortes profundos en salud pública redujeron programas, afectaron personal y dejaron en situación crítica a áreas sensibles, lo que despertó fuertes cuestionamientos desde organizaciones médicas y sociales. La contradicción entre el discurso de eficiencia estatal y la caída de prestaciones esenciales alimenta críticas sobre la orientación del ajuste.
 
En paralelo, varias promesas centrales de campaña quedaron inconclusas. La privatización de Vaca Muerta y de empresas estatales no avanzó; la ruptura de vínculos comerciales con países catalogados como "comunistas" quedó en declaraciones simbólicas más que en acciones concretas; y el supuesto desmantelamiento del sistema de planes sociales no llegó acompañado de mejoras sostenibles en la asistencia. Incluso afirmaciones erróneas sobre vacunas, como en el caso de la prevención del dengue, generaron malestar por la falta de precisión en cuestiones de salud pública. Con este panorama, Milei enfrenta un desgaste que combina problemas económicos, errores políticos y promesas que no lograron materializarse.
 
La Opinión Popular
 

15-11-2025 / 09:11
En una sincronía que se ha repetido en la historia, al tiempo que en Naciones Unidas el representante del gobierno argentino acusaba de corruptas a las víctimas de la dictadura y a sus familiares, en Washington se anunciaba un acuerdo con el gobierno de Javier "el Loco" Milei de subordinación y entrega. En Argentina, la violación de los derechos humanos, o su negación como en este caso, siempre tuvo su correlato con una relación de sumisión abyecta con Estados Unidos. La injerencia yanqui sobre su colonia argentina se profundiza. 

El miserable discurso pronunciado en la Comisión contra la Tortura de la ONU generó rechazo entre los demás presentes. En general, revictimizar a personas que han sufrido las peores aberraciones en torturas, violaciones, secuestros y desapariciones, genera repugnancia.

El funcionario al que le tocó jugar ese papel denigrante fue el subsecretario de Derechos Humanos, el siniestro Alberto Baños. Acusó a los organismos de derechos humanos, a las víctimas de la represión y a sus familiares de inventar la cifra de los 30 mil desaparecidos "para hacer negocio".
 
Este personaje tenía que responder preguntas sobre la represión del gobierno de Javier Milei a la protesta social y por el cercenamiento de políticas de derechos humanos. Pero eligió el papel más repulsivo para desacreditar a los organismos de derechos humanos que han sido quizás el aporte más democratizador que tuvo el proceso de transición democrática en la Argentina.
 
Baños es un exponente típico de un amplio sector del Poder Judicial. Se incorporó al fuero civil de la ciudad de Buenos Aires durante la dictadura y fue designado juez en el gobierno de Carlos Menem. Tuvo a su cargo algunos casos de resonancia, como la desaparición del policía de la Ciudad Arshak Karshanyan, en la que estaban sospechados miembros de esa institución. Baños hizo que la misma policía sospechada participara en la investigación y después de un tiempo dejó el caso sin resolver.
 
En otro caso, declaró prescripta la corrupción por el vaciamiento de Aerolíneas, lo que después tuvo que ser reconsiderado por otro tribunal. Y cuando se reabrió la investigación por la desaparición de las manos de Perón, la carpeta donde estaban los resultados de la investigación fue misteriosamente sustraída de su despacho.
 
No sería el sujeto más indicado para hablar de corrupción o para ser la cara de los derechos humanos de un gobierno que los respete. Más bien, su función ha sido hasta ahora liquidar las políticas de derechos humanos que la sociedad construyó laboriosamente desde la retirada de la dictadura.
 
Y en su presentación en Ginebra ante la Comisión contra la Tortura intentó ocultar la violencia institucional del gobierno del estafador Milei que todos los miércoles es pública y notoria cuando reprime con violencia a los jubilados.
 
La presentación tan sucia de Baños coincidió con el anuncio del gobierno de Estados Unidos del acuerdo con Milei que levanta aranceles aduaneros a los productos de ese país, elimina controles de calidad, así como controles sanitarios y se compromete a obstaculizar el ingreso de productos de otros países.
 
La contrapartida es cero. Estados Unidos no se compromete a nada que favorezca a los productos argentinos. Lo que se conoce del acuerdo afectará gravemente a la industria local como advirtió el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde se asienta gran parte de esa actividad. Hay una regla invariable en la historia moderna del país: la violación sistemática de los derechos humanos ha estado siempre relacionada con gobiernos que al mismo tiempo entregaron soberanía. 
 

14-11-2025 / 09:11
La Casa Blanca de Estados Unidos dio a conocer unilateralmente los primeros lineamientos del acuerdo comercial entre Argentina y EE.UU., a espaldas de los argentinos y del debate en el Congreso. Anunciaron un acuerdo comercial y de inversiones que materializa el momento histórico de mayor subordinación colonialista de Argentina a Estados Unidos. Más apertura hacia la entrada de productos yanquis incluso agrarios, eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias, entre otros puntos. Sin detalles, que todavía deben ser negociados, el texto muestra un completo alineamiento con todas las regulaciones norteamericanas, más allá del interés argentino, y la apertura total a sus mercaderías. El comunicado local no expresa claramente cuáles serían los "beneficios" para Argentina.
 
Los argentinos nos enteramos del acuerdo por el que Trump viene a cobrar su apoyo electoral a Milei, y que pagaremos todos los argentinos. Allí, se anuncia la firma de un convenio Marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos con Argentina. Ambos países se comprometen en abrir sus mercados en "áreas clave", aunque en la letra del texto difundido es mucho más la Argentina abriendo sus fronteras a los productos norteamericanos que los "compromisos" asumidos por este último. Es una reversión de Pacto Roca-Runcimann de 1933, el Estatuto Legal del Coloniaje, que subordinó la economía argentina a los intereses británicos.
 
El acuerdo favorece mucho más a los Estados Unidos. Entre los puntos principales destaca que Argentina brindará "acceso preferencial a productos estadounidenses como medicamentos, maquinaria, tecnologías de la información y productos agrícolas". A su vez, Estados Unidos eliminará aranceles para "ciertos recursos naturales argentinos y bienes farmacéuticos no patentados" y considerará el impacto del acuerdo al aplicar medidas comerciales relacionadas con la seguridad nacional.
 
En el ámbito agrícola, ambas partes se comprometieron a mejorar las condiciones de acceso al mercado de carne vacuna y aviar, así como a facilitar el comercio de productos como menudencias, carne de cerdo y productos lácteos. También se acordó no restringir el uso de ciertos términos cárnicos y lácteos.
 
El documento subraya que Argentina eliminará barreras no arancelarias como licencias de importación y formalidades consulares, y se comprometió a desmantelar gradualmente el impuesto estadístico para productos estadounidenses. Asimismo, se alineará con estándares internacionales en múltiples sectores y reconocerá certificaciones de organismos estadounidenses como la FDA. Este último punto implica un mazazo para la industria farmacéutica nacional.
 
Es un acuerdo con costos. El Marco de Comercio Recíproco e Inversión se presenta como un paso histórico para el vínculo bilateral. Sin embargo, la letra fina sugiere que Milei es un títere de los yanquis y los principales beneficios inmediatos recaerán sobre la economía de la potencia del norte: mayor acceso a sectores industriales y tecnológicos argentinos, influencia regulatoria ampliada, apertura en agroalimentos y una posición reforzada en cadenas de valor estratégicas. Para Argentina, los potenciales beneficios -posible llegada de inversiones- dependerán de cómo se implementen las reformas y de si el país puede evitar que la apertura derive en una nueva dependencia comercial asimétrica.
 
Milei celebró la difusión del acuerdo por parte del gobierno de Estados Unidos (que en Argentina no se oficializó formalmente). Para los norteamericanos, los "recates" al gobierno anarco capitalista tras haber fracasado no una, sino dos veces en menos de seis meses (salvataje del FMI en abril y de EEUU en octubre), están rindiendo con el sometimiento de Argentina en forma de entrega de soberanía.
 
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