(ahora de licencia), y hasta el propio presidente de la Corte, el cortesano Rossatti. Por el contrario, sí manifestaron un "enérgico rechazo al espionaje ilegal" denuncian al Gobierno por "auspiciar y utilizar estos mecanismos".
 
Al encuentro aliancista se lo comió la discusión de la estrategia para silenciar la investigación sobre la Corte lo más rápido posible. Coincidieron en que, en la Comisión de Juicio Político, buscarán rechazar por inadmisible la iniciativa impulsada por el presidente Alberto Fernández y un grupo de gobernadores. Hubo debate sobre contraatacar con otros pedidos de juicio político, aunque en esto no hubo acuerdo. De todas formas, algunos integrantes de la coalición -como Ricardo López Murphy- ya están saliendo con sus propios pedidos de juicio político contra integrantes del Gobierno.
 
La estrategia será, entonces, negar el quórum para ver si logran que se caiga todo y, una vez que el oficialismo logre el quórum, sentarse a cuestionar todo el proceso. Si el Gobierno apunta, sobre todo, a que haya algunos meses de investigación, citar a testigos y hasta a los propios acusados para hablar de la relaciones non sanctas de miembros de la Corte con funcionarios macristas, queda claro que la táctica de Juntos por el Cambio es que eso nunca llegue a suceder.
 
Tras la reunión, los dirigentes de JxC emitieron un comunicado en el que se les acabaron los adjetivos para seguir denostando la iniciativa de Alberto Fernández: "Gravedad institucional", "inadmisibilidad", "atropello", "vergonzoso", son algunas de las expresiones que incluyeron. El comunicado también califica el pedido de juicio como "el quiebre del Estado de Derecho". ¿Del contenido de los chats que exponen su relación con la Corte y con los negocios sucios con empresarios contratistas de la CABA? Prefirieron no hablar.
 
Más alla del espanto sobreactuado, es necesario recordar no sólo las estrechas relaciones que mantienen con el Poder Judicial sino también el uso y abuso del espionaje ilegal por parte de Juntos por el Cambio cuando fueron Gobierno, investigando a organizaciones sociales y políticas opositoras, funcionarios díscolos, familiares de las víctimas del ARA San Juan y hasta familiares del propio Macri por cuestiones estrictamente personales. Parece que nada de eso hubiera existido en el país de los "republicanos" más delirantes del mundo.
 
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Nacionales - 11-01-2023 / 09:01
GOLPE PARLAMENTARIO EN EL CONGRESO PARA EVITAR QUE SE VENTILEN LAS OPERACIONES CONJUNTAS CONTRA EL PERONISMO

Los jerarcas de Juntos por el Cambio boicotean la investigación sobre los supremos macristas

Los jerarcas de Juntos por el Cambio boicotean la investigación sobre los supremos macristas
Los jerarcas de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio se abroquelaron en defensa de la Corte Suprema macrista frente al juicio político que planteó el oficialismo. Quieren evitar que se ventilen las operaciones conjuntas contra el peronismo, que dejaron expuestas los escandalosos chats del macrista D’Alessandro. Para conseguirlo, prometen paralizar el Congreso, algo que ya vienen haciendo sin anunciarlo.
Los principales jerarcas del PRO, la UCR y la CC consensuaron una defensa corporativa y partidista que harán del presidente de su Corte Suprema, Horacio Rosatti, y los demás jueces del tribunal en el Congreso, ante el pedido de juicio político impulsado por el oficialismo por la connivencia obscena entre magistrados y funcionarios de la alianza opositora. También amenazaron con bloquear por completo el funcionamiento del Parlamento. No hubo voces discordantes entre los dirigentes a la hora de definir que intentarán cortar de raíz el intento del oficialismo de avanzar con una investigación parlamentaria porque una vez que se presenten pruebas contra los integrantes de la Corte va a ser muy difícil votar en contra. Por eso buscarán frenar todo en la comisión de origen.
 
Los motivos son muchos: lo que más se ventilaría en esas sesiones son las relaciones peligrosas entre el Corte y funcionarios del PRO. Además, ratificaron un virtual bloqueo legislativo a absolutamente todo lo que proponga el Gobierno, que solo se levantará si cesa el pedido de juicio político a la Corte. Si bien la estrategia de bloquear leyes viene funcionando desde 2020, es la primera vez que admiten que su intención es paralizar el Congreso para que gobierne la Corte.
 
Pese a lo previsible de la postura, no deja de llamar la atención la nula mención al escándalo de los chats que involucran a altos funcionarios del Poder Judicial, miembros de Juntos por el Cambio como el ministro de Seguridad Porteño, Marcelo D'Alessandro (ahora de licencia), y hasta el propio presidente de la Corte, el cortesano Rossatti. Por el contrario, sí manifestaron un "enérgico rechazo al espionaje ilegal" denuncian al Gobierno por "auspiciar y utilizar estos mecanismos".
 
Al encuentro aliancista se lo comió la discusión de la estrategia para silenciar la investigación sobre la Corte lo más rápido posible. Coincidieron en que, en la Comisión de Juicio Político, buscarán rechazar por inadmisible la iniciativa impulsada por el presidente Alberto Fernández y un grupo de gobernadores. Hubo debate sobre contraatacar con otros pedidos de juicio político, aunque en esto no hubo acuerdo. De todas formas, algunos integrantes de la coalición -como Ricardo López Murphy- ya están saliendo con sus propios pedidos de juicio político contra integrantes del Gobierno.
 
La estrategia será, entonces, negar el quórum para ver si logran que se caiga todo y, una vez que el oficialismo logre el quórum, sentarse a cuestionar todo el proceso. Si el Gobierno apunta, sobre todo, a que haya algunos meses de investigación, citar a testigos y hasta a los propios acusados para hablar de la relaciones non sanctas de miembros de la Corte con funcionarios macristas, queda claro que la táctica de Juntos por el Cambio es que eso nunca llegue a suceder.
 
Tras la reunión, los dirigentes de JxC emitieron un comunicado en el que se les acabaron los adjetivos para seguir denostando la iniciativa de Alberto Fernández: "Gravedad institucional", "inadmisibilidad", "atropello", "vergonzoso", son algunas de las expresiones que incluyeron. El comunicado también califica el pedido de juicio como "el quiebre del Estado de Derecho". ¿Del contenido de los chats que exponen su relación con la Corte y con los negocios sucios con empresarios contratistas de la CABA? Prefirieron no hablar.
 
Más alla del espanto sobreactuado, es necesario recordar no sólo las estrechas relaciones que mantienen con el Poder Judicial sino también el uso y abuso del espionaje ilegal por parte de Juntos por el Cambio cuando fueron Gobierno, investigando a organizaciones sociales y políticas opositoras, funcionarios díscolos, familiares de las víctimas del ARA San Juan y hasta familiares del propio Macri por cuestiones estrictamente personales. Parece que nada de eso hubiera existido en el país de los "republicanos" más delirantes del mundo.
 
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UNA DECISIÓN ANUNCIADA
 
Juntos por el Cambio se alinea con la Corte para resistir el pedido de juicio político en el Congreso
 
Tras una cumbre de la dirigencia de la coalición opositora, se acordó no dar quórum a las reuniones de comisión y tampoco al debate de cualquier proyecto que impulse el gobierno nacional o el Frente de Todos.
 
Por: Verónica Benaim
 
A la espera de la presentación formal del pedido de juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia en el Congreso, desde la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio adelantaron que no darán quórum en las reuniones de la Comisión que tendrá que tratar el proyecto, pero que sí darán el debate. Además, desde el bloque Evolución Radical anticiparon que pedirán el apartamiento de la presidenta de la comisión de juicio político, la oficialista Carolina Gaillard, bajo el argumento de que "no se garantizará la objetividad e imparcialidad del proceso".
 
Las autoridades de la principal fuerza opositora al gobierno se reunieron este martes y emitieron un comunicado en el que la principal bancada opositora reafirmó la "gravedad institucional e inadmisibilidad del intento de juicio político a la Corte Suprema y del quiebre del estado de derecho".
 
A la vez, advirtieron: "Mientras siga este atropello contra la Corte no vamos a prestar quórum y darle viabilidad a ningún proyecto que impulse el Gobierno Nacional o el Frente de Todos".
 
"Manifestamos, también, nuestro enérgico rechazo al espionaje ilegal y denunciamos al Gobierno Nacional por auspiciar y utilizar estos mecanismos. Urge el imperio de la legalidad y la sanción sobre todas las conductas que la violenten", sumaron, y concluyeron con un mensaje de campaña: "Queremos discutir los temas que le importan a la a la sociedad. Nos estamos preparando para hacernos cargo de la grave situación a partir del 10 de diciembre de 2023".
 
Participaron de la reunión, los presidentes de los partidos que integran JxC, el gobernador de Jujuy Gerardo Morales (UCR); Patricia Bullrich (Pro); Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica); y Miguel Ángel Pichetto (Peronismo Republicano), además del expresidente de la Nación Mauricio Macri; el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y el gobernador de Mendoza Rodolfo Suárez; los diputados nacionales por el Pro María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo y Federico Angelini y el senador nacional Humberto Schiavoni. Por la UCR estuvieron el jefe del bloque de diputados nacionales Mario Negri, los senadores nacionales Alfredo Cornejo, Martin Lousteau y Luis Naidenoff.
 
Por la Coalición Cívica participaron la diputada provincial Maricel Etchecoin y el jefe del bloque de diputados nacionales Juan Manuel López. Estuvieron presentes, también, Ramón Puerta (Peronismo Republicano), los diputados nacionales Alberto Asseff y Margarita Stolbizer y el exlegislador porteño Sergio Abrevaya, además de miembros coordinadores Jorge Triaca, Andrés De Leo, Ramón Mestre y Jorge Franco.
 
Por otro lado, Rodrigo de Loredo, titular de la bancada de Evolución informó que "el adelanto de opinión pone en riesgo garantías consagradas en el art.18 de la Constitución Nacional como la de ser juzgado por un tribunal imparcial. Ningún juzgador judicial o administrativo puede ser parcial".
 
Según analiza la oposición "no se recogió prueba alguna, no se escuchó a los acusados, no ingresó ni siquiera formalmente el pedido a la Cámara, pero ya hay un final cantado". "No habrá argumento o elemento probatorio o circunstancia alguna que le hagan cambiar de opinión a la diputada Gaillard. Esto ratifica que se han vulnerado flagrantemente las garantías procedimentales de los acusados", planteó.
 
Desde el oficialismo circula que este miércoles podría llevarse a cabo un encuentro entre los miembros de la comisión para comenzar a diagramar el esquema de trabajo en un plazo de 60 días cuando ingrese el proyecto, que todavía no está claro si será impulsado por el Ejecutivo o por los propios diputados del Frente de Todos. El objetivo es garantizar el apoyo al pedido de enjuiciamiento dentro de la Comisión, donde el oficialismo tiene una mayoría ajustada.
 
Fuente: Tiempo Argentino 
 

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08-02-2023 / 10:02
El Gobierno vs. el discurso económico de Juntos; ya se mueven y contrastan datos con la gestión del macrismo. Los laderos del ministro de Economía, Sergio Massa, vieron el comunicado de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio avisando que, de ganar, tendrán una herencia económica "bomba" y varios se sorprendieron.
 
Comentaron que "ellos hipotecaron el país con una deuda escandalosa, que hablen de herencia es cínico". Según se reconstruyó, fue ése el primer capítulo de algo que se volverá un método y que también tiene bajada de línea a la tropa desde Presidencia.
 
El Gobierno, desde diferentes sectores del Frente de Todos, saldrá a dar la pelea discursiva, en el marco de la campaña, sobre los resultados económicos de las gestiones de Alberto Fernández y Mauricio Macri.
 
Aún en un escenario inflacionario preocupante, hay consenso para contrastar variables con la gestión de Macri, a la que identifican como plena de cifras negativas en un escenario sin guerra, pandemia ni sequía. Y la generadora, al fin y al cabo, del mayor problema de la macroeconomía: los 45 mil millones de dólares que le pidieron al Fondo Monetario para no terminar de manera anticipada el Gobierno y ser competitivos en las elecciones del año 2019.
 
"Lo mejor que nos puede pasar es que hagan comunicados instalando el debate sobre las variables económicas", contó un ministro de alto rango que prepara números y estrategia para la contienda. El mismo dirigente asegura que "nosotros no escondemos los problemas que tenemos, pero ellos son incapaces, en el mano a mano, de reconocer los datos que muestran que vamos por el buen camino".
 
Si bien Massa sabe que está al borde de incumplir con su promesa de llegar a abril con una inflación con el 3 adelante, la concordia política sobre el rumbo y la estabilidad post salida de Martín Guzmán reformularon el escenario y hoy, por necesidad, el centro parece estar en aflojar la metralla interna hacia los temas económicos.
 
"Las diferencias se resuelven, hoy, puertas adentro, todos coincidimos en que el salario tiene que ganar más terreno, y es la premisa número uno del año", se sinceró un dirigente albertista.
 
Así las cosas, más allá de las tensiones aún reinantes y la posibilidad de que se institucionalice el Frente en la mesa política que ya convocó el Presidente, el Gobierno llegó a un punto de acuerdo en la identificación del enemigo político en los próximos comicios.
 
Será un debate directo sobre la herencia del macrismo en todos los frentes, incluido el de la inflación, que según aseguran se duplicó en relación a la que dejó Cristina Fernández en 2015. 
 

08-02-2023 / 09:02
El juicio por el crimen de Lucio Dupuy, producido el 26 de noviembre de 2021 cuando el niño tenía 5 años, llegó a su fin. Los jueces de Tribunal de Audiencias de Santa Rosa, La Pampa, declararon culpables a la madre, Magdalena Espósito Valenti, y a la novia de ella, Abigaíl Páez, de los delitos de homicidio agravado. Para los jueces Alejandra Ongaro, Andrés Olié y Daniel Sáez no hay dudas: ambas mujeres fueron las asesinas.
 
Las condenas a Espósito Valenti y Páez por el asesinato de Lucio Dupuy, aun cuando no se conoce todavía el monto de las penas, llegaron para reparar, aunque sea en parte, el dolor de la familia del niño y la conmoción de una sociedad desgarrada por un acto de crueldad inaudito.
 
Las figuras penales que utilizó el tribunal para respaldar el veredicto permiten anticipar que, el próximo 13 de febrero, cuando los magistrados den a conocer el texto completo de la sentencia con todas sus consideraciones, les caería a las dos mujeres la condena a reclusión perpetua. Las declaraciones públicas de quienes más interesados estaban en el resultado de este juicio, especialmente los abuelos y el padre del niño, el abogado querellante y los fiscales se mostraron conformes por la resolución del tribunal.
 
La trascendencia que le dieron al caso los medios de comunicación más grandes del país hizo que coincidiera su cobertura periodística con la que viene recibiendo otro juicio resonante: el que investiga el asesinato de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell por acción de un violento grupo de jóvenes.
 
La superposición temporal de ambos procesos judiciales, motivados por homicidios cometidos con derroche escalofriante de violencia -a pesar de las diferencias sustantivas entre ambos casos- generó una suerte de clima mediático propiciatorio para que se manifestaran voces desaforadas que corrieron el debate de los temas que más deberían interesar a la sociedad: la violencia doméstica, el sistema penal y carcelario, la presencia o ausencia del Estado a la hora de proteger a la niñez, las disputas paternas por la tenencia de menores, etcétera.
 
En muchos medios porteños, especialmente en la televisión, predominó el tinte sensacionalista, admonitorio y una fuerte carga de prejuicios. La orientación sexual de las entonces acusadas y hoy condenadas, o su presunta pertenencia al movimiento feminista ocupó un lugar central y, con ello, se desperdició la oportunidad de hablar en profundidad de los sucesos determinantes que rodearon al caso. El oportunista uso político de ambos crímenes fue otro condimento sobresaliente por estos días.
 
El Poder Judicial actuó con ejecutividad y resolvió el caso sin los tiempos morosos que se observaban antes de los debates orales. En el desarrollo de las audiencias supo preservar la intimidad en un proceso que sin dudas lo requería. Pero también es cierto que se filtraron elementos de prueba que alimentaron el morbo social y, asimismo, hubo accesos desmedidos a información reservada del caso en el sistema de salud pública, un tema que deberá merecer mucha atención en las autoridades del ministerio.
 
A pesar de la condena aún quedan varias asignaturas pendientes. La actuación de la jueza de Familia y el Menor de General Pico será evaluada, como todo lo indica, en un juicio político; pero también deben profundizarse las investigaciones sobre cómo fallaron en la detección precoz de la extrema violencia que sufrió Lucio el sistema de salud y el educativo, y, también, la policía provincial.
 
La Opinión Popular

07-02-2023 / 09:02
Fernando Báez Sosa fue y es la principal víctima de esta tragedia espesa, hiper mediatizada. Con él, su mamá Graciela y su padre Silvino. En charlas familiares o de café se los identifica por sus nombres de pila, que quizá mañana sirva para designar a una ley. Tradiciones de la democracia argentina, de eso se trata. Positivas en muchos sentidos aunque jamás perfectas. La solidaridad masiva con la familia de Fernando es tangible, rotunda, reconoce pocos antecedentes.  Sería necio o unidireccional atribuirlo solo al discurso predominante en los medios de difusión.
 
Fernando era un pibe de una familia tipo, pongalé. Papá y mamá paraguayos, gente de laburo, con hijo único. Tal vez de un escalón social menos empinado que el de quienes lo mataron en un acto plagado de barbarie con cuotas de machismo y racismo. En otros casos, quizá, la vocación aspiracional de los sectores medios que "hacen" opinión pública hubiera acercado a mucho público a los acusados, gente presentable, "influyente", calificó algún vecino de Zárate. No oligarcas ni aristócratas pero personas bien ranqueadas.
 
No ocurrió ante este homicidio... consecuencia de sus características, divulgadas hasta el hastío en cualquier horario de desprotección al menor. La identificación con la familia se funda en una escala de valores querible, humana.
 
El fenómeno se ha repetido, Silvino y Graciela recorren un itinerario transitado. Lo estilizo. La víctima, los familiares lo son, se planta frente a un micrófono o una cámara y cuenta el origen de su desdicha. Es una persona común, no tenía antes compromisos políticos (o si los tenía, no argumenta en su nombre), algo rompió la inercia de su existencia, algo la cambió definitivamente. Es irreparable.
 
La vida de esa víctima ya nunca será la misma y por eso se dirige a personas que se parecían a ella (las más veces) o a él antes de la privación. De privación hablamos, porque las víctimas estaban mejor, en un sentido sustantivo, antes de que ese "algo" aconteciera.
 
"Yo era como vos", le dice la víctima al espectador de la televisión o la radio. "Lo que me pasó te puede pasar porque la gente común está en riesgo, si las cosas no cambian". "Yo no quiero venganza, quiero justicia". Justicia no es sólo sanción a los culpables sino un cambio de escenario, parcial pero ineludible. Justicia es que la muerte de Fernando no haya sido en vano, que "esto no se repita".
 
Una sentencia justa, severa, forma parte de ese camino imaginario. Desprovista de detalles o de espinas en los que entraremos más abajo, es una noble utopía republicana. Las instituciones funcionan, las leyes se aplican, los culpables tienen castigo impartido por un Estado imparcial... la sociedad mejorará. Casi no hace falta agregar que este cronista enaltece esos pensamientos aunque descree de que su resultado promedio sea tan virtuoso.
 
Los familiares, larga prosapia, renuncian a la mal llamada "justicia por mano propia". O, por mejor decir: a la violencia privada, a la vendetta. Acuden a la ley y a las instituciones que deberían regular proporcionalidad en los castigos y frenar la violencia entre particulares. Deberían.
 

06-02-2023 / 12:02
Uno de los errores políticos más importantes del gobierno del presidente Alberto Fernández fue no haber impulsado cambios en la Corte Suprema heredada del macrismo en los primeros 15 días de mandato. No haber seguido el ejemplo de Néstor Kirchner, que el 5 de junio de 2003, habiendo asumido hace menos de dos semanas y con sólo el 22,25% de los votos, tomó el toro por las astas.
 
Néstor hizo ese día una cadena nacional. Leyó un discurso de 6.25 minutos. "Hemos asumido el compromiso de reconciliar a las instituciones con la sociedad", dijo, entre otras frases. Uno de los primeros efectos fue la renuncia del presidente de la Corte, el riojano Julio Nazareno, emblema de la mayoría automática del menemato. Con esa decisión, Nazareno pudo conservar la cuantiosa jubilación que reciben los jerarcas del Poder Judicial, ya que la hubiera perdido si dejaba el cargo por la vía del juicio político.
 
La mayoría de los funcionarios judiciales, por supuesto que no todos, están constituidos por una alquimia que mezcla un sentimiento de supremacía, por encima de la ley y la Constitución, con el sueño del burócrata de ser jubilado de lujo: ir todas las semanas a un palco del Colón, vacacionar en Europa.
 
En un juicio político la relación de fuerzas es clave. Néstor había sacado el 22,25%. Sin embargo, además de ser un líder político excepcional, con una enorme confianza en la fuerza de la voluntad, sabía que el anti menemismo en ese momento era mucho más que el porcentaje que él había conseguido y que esa relación de fuerzas inclinaría la balanza. La Argentina tuvo después la mejor Corte Suprema de su historia. El gobierno peronista le dio al país algunos años de una calidad institucional desconocida.
 
Alberto partió de la base de que la Corte se iba a adaptar a los nuevos vientos por instinto de supervivencia. Apostó a que los ministros que habían convalidado el lawfare dejando que se practique la violación a los derechos constitucionales iban a dar un volantazo y corregir el rumbo, similar a lo que ocurrió en Brasil. No pasó. Los procesos políticos en Brasil tienen esa tradición histórica. Argentina no es Brasil, para bien y para mal.
 
La Corte no se adaptó a los nuevos vientos que auguró el triunfo del FdT. Reaccionó de modo corporativo. Encubrió los delitos que habían realizado los tribunales inferiores: las extorsiones para conseguir las delaciones que le dieran carnadura a las acusaciones por supuesta corrupción, las violaciones al debido proceso para encarcelar y generar puestas en escena que les sirvieran a los grandes medios para construir shows y condenas mediáticas.
 
Luego, en 2021, tras la derrota electoral del peronismo a nivel nacional, el Máximo Tribunal dobló la apuesta. Los cortesanos se sintieron fortalecidos por la victoria de Juntos por el Cambio y se consolidaron como la Corte que defiende a los grandes grupos económicos que operan en la Argentina y al sector antiperonista de la política, con el respaldo de la embajada yanqui. Las causas contra Mauricio Macri no avanzan ni un centímetro. Están congeladas como Walt Disney.
 
La Corte y la Procuración General, ocupada por el interino Eduardo Casal, han sido durante estos tres años las trincheras del macrismo dentro de la estructura del Estado. Cuando Macri ganó las elecciones de 2015, su consultor Jaime Durán Barba solía decirle algo que se puede aplicar al FdT: "Tomamos el gobierno, pero todavía no el poder". El FdT ganó el gobierno, pero faltó la decisión política de desmontar la Corte macrista.
 
El juicio político impulsado ahora, disparado por el pornográfico fallo sobre coparticipación que financia la campaña de Horacio Rodríguez Larreta, se produce en un contexto de debilidad del peronismo, comparado con el inicio del mandato de Alberto. Pero en la política -y en la vida- se pelea por lo que puede pelear, aunque sea haya empezado tarde. 
 

06-02-2023 / 11:02
El presidente Alberto Fernández se ha declarado dispuesto a armar la "mesa electoral", una denominación que no dice gran cosa con relación a las tareas y el poder de decisión que el organismo asumiría.
 
La cuestión se desplaza -con algo de ingenuidad- a la creación de algo así como un foro de discusión pública en el que cada representante haría público su punto de vista sobre la "política electoral"; la indefinición es muy evidente y nada casual: se procura evitar la puesta en escena de distintos tipos y formas de cuestionamiento a la actual política gubernamental bajo la forma de "propuestas electorales".
 
Esto es lógico y muy criterioso: si la "mesa" se convierte en un coro de voces críticas desde distintas lógicas y perspectivas políticas poco podría acumular a favor de un impulso de unidad de acción a la que se supone una exigencia mínima de cualquier pretensión de triunfo electoral.
 
Además, para la elección presidencial faltan varios meses todavía. Pero es muy importante que los organizadores sean conscientes de que tarde o temprano el balance del gobierno de estos cuatro años de gobierno deberá hacerse. Y no solamente eso, sino que ese balance deberá ser estructurado en una clave política que permita que todas las voces -o la mayoría, las más influyentes, las más representativas- se expresen públicamente.
 
Es impensable que una "mesa" jerarquice los puntos de vista de unos sobre los de otros: lo mejor sería dejar todas las interpretaciones abiertas. Porque el momento decisivo de un eventual renacimiento del frente debería ser el de las primarias abiertas. Allí será donde se organicen los acuerdos y las diferencias, el balance y la proyección futura de la coalición.
 
Una mirada "ideal" aconseja ese orden: primero el balance que cada sector hace de la marcha de la experiencia de gobierno, una evaluación pública, plenamente abierta a la discusión de todo aquel que quiera sumar su punto de vista. No habría posiciones "buenas o malas", la etapa establecería los contornos de la discusión, los acuerdos y los desacuerdos.
 
Ahora bien, la "mesa" debería abstenerse de establecer jerarquías entre los puntos de vista. Este circuito tiene una enorme ventaja respecto de lo que fue práctica del FdT desde su fundación: el cierre de las primarias a un puñado de actores. Todos tendrían derecho a defender su punto de vista desde la plataforma que existe y tiene fuerza legal precisamente por esa virtud: la de someterse a la prueba de la voluntad del electorado. 
 

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