11:32 | Jueves 25 de Abril de 2013 | Entre Ríos
Las claves del modelo ideológico neoliberal del gobierno de Macri
Por Carlos Andujar
Por Carlos Andujar
Groucho Marx dijo: "La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados". En ese punto, Javier Milei es marxista.
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Entre Ríos - 09-01-2023 / 10:01
PANORAMA POLÍTICO PROVINCIAL
¿Por qué Bordet no acompañó el pedido de juicio a la Corte?
El pedido de juicio político a toda la Corte generó un inesperado cortocircuito entre la Casa Rosada y el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, que de vacaciones participó vía Zoom de la reunión. Una vez finalizada la misma, Presidencia difundió el texto con las firmas de todos los participantes. Pero más tarde, voceros del gobierno de Entre Ríos desmintieron que Bordet haya rubricado el comunicado y aseguraron que no acompañaría el pedido de juicio político contra los cuatro jueces de la Corte Suprema.
El reciente y muy cuestionado fallo, de la Corte Suprema de Justicia (CSJN), relacionado con los fondos que Mauricio Macri, en su condición de Presidente, le regaló por decreto a su discípulo preferido del PRO, Horacio Rodríguez Larreta, saqueando a las provincias, se basó en un subterfugio: compensar el costo del traspaso de la Policía Federal a la CABA, que a diferencia de cualquier provincia la paga el Estado Nacional. La decisión de la CSJN detonó el debate y la confrontación política sobre la cuestión del federalismo, la coparticipación y la distribución de los recursos nacionales.
También puso en el centro del debate el rol político que tiene la CSJN, mostrando una tendencia de fallar siempre a favor de los intereses de Mauricio Macri y el PRO. La decisión de la Corte es leída críticamente como un apoyo explícito a la campaña electoral de Larreta. El fallo fue impugnado por Alberto Fernández, 18 gobernadores y una gran parte de la opinión pública, por entender que el mismo es políticamente opositor y antifederal.
En respuesta, el Presidente se reunió con gobernadores para diseñar el pedido de juicio político que impulsará contra los cuatro jueces de la Corte Suprema: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. El pedido generó un inesperado cortocircuito entre la Casa Rosada y el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, que de vacaciones participó vía Zoom de la reunión. Una vez finalizada la misma, Presidencia difundió el texto con las firmas de todos los participantes. Pero más tarde, voceros del gobierno de Entre Ríos desmintieron que Bordet haya rubricado el comunicado y aseguraron que no acompañaría el pedido de juicio político contra los cuatro jueces de la Corte Suprema.
La desmentida generó sorpresa en la Casa Rosada. Sectores de la prensa nacional difundieron que Bordet y Fernández hablaron antes de que empezara la reunión y que el entrerriano le expresó en privado que avalaba la decisión. También se difundió que el mandatario provincial participó después del encuentro por videoconferencia. Como participó del encuentro, el gobierno nacional dio por hecho su aval al comunicado y al pedido de juicio político. En el entorno del gobernador respondieron que hubo un error en la interpretación por parte de la Rosada y ratificaron su posición contraria al proceso que se iniciará en la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados.
¿Lo de Bordet puede ser leído como un distanciamiento político de Alberto? ¿El desplante deteriorará su relación con el gobierno nacional?
También puso en el centro del debate el rol político que tiene la CSJN, mostrando una tendencia de fallar siempre a favor de los intereses de Mauricio Macri y el PRO. La decisión de la Corte es leída críticamente como un apoyo explícito a la campaña electoral de Larreta. El fallo fue impugnado por Alberto Fernández, 18 gobernadores y una gran parte de la opinión pública, por entender que el mismo es políticamente opositor y antifederal.
En respuesta, el Presidente se reunió con gobernadores para diseñar el pedido de juicio político que impulsará contra los cuatro jueces de la Corte Suprema: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. El pedido generó un inesperado cortocircuito entre la Casa Rosada y el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, que de vacaciones participó vía Zoom de la reunión. Una vez finalizada la misma, Presidencia difundió el texto con las firmas de todos los participantes. Pero más tarde, voceros del gobierno de Entre Ríos desmintieron que Bordet haya rubricado el comunicado y aseguraron que no acompañaría el pedido de juicio político contra los cuatro jueces de la Corte Suprema.
La desmentida generó sorpresa en la Casa Rosada. Sectores de la prensa nacional difundieron que Bordet y Fernández hablaron antes de que empezara la reunión y que el entrerriano le expresó en privado que avalaba la decisión. También se difundió que el mandatario provincial participó después del encuentro por videoconferencia. Como participó del encuentro, el gobierno nacional dio por hecho su aval al comunicado y al pedido de juicio político. En el entorno del gobernador respondieron que hubo un error en la interpretación por parte de la Rosada y ratificaron su posición contraria al proceso que se iniciará en la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados.
¿Lo de Bordet puede ser leído como un distanciamiento político de Alberto? ¿El desplante deteriorará su relación con el gobierno nacional?
En la previa se rumoreaba que en esta ocasión sería difícil conseguir adhesiones porque hay provincias con causas sensibles que tramitan en la Corte Suprema y que tendrían reparos en sumarse a la ofensiva contra el máximo tribunal, mucho más cuando, prima facie, no se tienen los votos para impulsar el Juicio Político en el Congreso, el cual requiere 2/3 en Diputados para abrir la acusación y 2/3 en el Senado para una hipotética destitución y todo el arco opositor ya cerró filas con el Corte. Lo que es una batalla política, que tiene como fin esmerilar a la Corte desde el gobierno nacional, se puede convertir en problemas concretos para las provincias.
Además de las especulaciones generales sobre la inviabilidad política del procedimiento en el Congreso, ¿Por qué Bordet no acompañó el pedido de juicio a la Corte? Existen varias reflexiones.
a) La más fácil de concebir tiene que ver con las causas sobre la política entrerriana que tiene la CSJN. El caso de la destituida fiscal Cecilia Goyeneche, tanto el tratamiento del amparo, por el apartamiento del Ministerio Público Fiscal en el proceso del Jury, que tiene en trámite de votación la Corte en este momento, como el hipotético tratamiento del Recurso Extraordinario Federal en apelación a la sentencia de destitución del Jury, la cual aún está hoy en el Superior Tribunal de Entre Ríos, con una conformación especial y que de confirmarse la destitución todavía falta mucho para que llegue a la CSJN. El caso Goyeneche no mueve el amperímetro de la política nacional, sostenerlo es una desmesura analítica. Además, la revisión de los procesos de remoción de magistrados, con sus diferencias en cada provincia, tienen una larga lista de precedentes de la Corte Suprema que dan un marco jurídico a cualquier posible fallo, dado que, también, estas sentencias tienen que ver no solo con las políticas locales sino con los poderes judiciales provinciales.
La otra causa en trámite es la competencia en donde se debe tramitar el caso de corrupción de los contratos truchos en la Legislatura durante el período en que gobernó Sergio Urribarri. Más allá del análisis de lo relevante o irrelevante que puede significar para el gobierno provincial este tema, cualquier resolución definitiva en esta causa parece a años luz del tema central que nos ocupa.
b) Otras hipótesis tiene que ver el fondo y las formas del juicio político. No escapa al sentido común que un juicio a todos los miembros de la CSJN unifica la misma. Los chats que circulan en los medios y las redes sociales vinculan las escuchan con un hombre de confianza de Rosatti, quien junto con el jurista neoliberal Rosenkrantz fueron designados "a dedo" por Macri.
En este orden, Maqueda o Lorenzetti parecen ajenos a los chats. El contenido de determinados fallos, que es lo único que podría vincular a estos últimos dos miembros de la Corte, es ajeno a las imputaciones que se esbozan para el inicio del juicio político. No es casual que el gobernador Juan Schiaretti tome distancia de un juicio político a un cordobés como Maqueda o que el gobernador Omar Perotti lo haga de un rafaelino como él como es Lorenzetti. La política de volar todos los puentes y unificar a todos los cortesanos, es una batalla que no convence a algunos mandatarios provinciales.
c) Ir a una guerra con el Poder Judicial puede ser una herramienta de campaña para el gobierno nacional pero no lo es para las gestiones provinciales. Desde el bordetismo entienden que uno de los tantos elementos de la buena imagen del Gobernador se vincula con su respeto a la independencia de la Justicia provincial, con la no politización del Poder Judicial, que lo ponen en un rol republicano, institucionalista y no partidista. Los nombramientos en el Superior Tribunal provincial son una prueba de ello.
Bordet ha propuesto 5 miembros del máximo tribunal provincial (una cantidad que expresa la mayoría). Todos los nombramientos han recaído en integrantes del Poder Judicial, con años de carrera, todos ellos camaristas. Alejandro Giorgio, Martín Carbonell, Carolina Schumacher, Leonardo Portela y Laura Soage (estos últimos aun sin el acuerdo del senado provincial, que se descarta) fueron jueces camaristas al momento de ser propuestos. Despolitizar la relación con el poder judicial provincial va en contramano con sumarse al primer plano nacional con un juicio político a la Corte.
Está claro que la relación del gobierno nacional con la CSJN y Comodoro Py es sin retorno, y en esa lógica la de construir una estrategia política para deslegitimar a sectores de la Justicia tiene sentido, incluso que sea eje de discurso político o campaña electoral nacional. Pero la realidad provincial es otra. El electorado entrerriano no se percibe como afín a la maniobra, y esto pesa en un año electoral en Entre Ríos.
d) La CSJN ha fallado a favor de las provincias en materia de coparticipación federal. Lo hizo oportunamente en el fallo San Luis, que benefició a las provincias de Santa Fe, San Luis y Córdoba, cuestión que benefició a otras provincias que demandaron. Entre Ríos optó por otro camino, cuando otros demandaron, Sergio Urribarri no demandó. Las decisiones de las autoridades provinciales también condicionan los planteos. El gobernador de San Luis, por ejemplo, pese a la cercanía política con el Ejecutivo nacional, no firmó el pedido de juicio político.
e) A nivel nacional no se advierte un apoyo unánime del Frente de Todos al juicio político. Cristina no se ha expedido con claridad al respecto. Tampoco lo ha hecho Sergio Massa. La iniciativa parece ser una cuestión exclusiva del presidente para retomar protagonismo dentro de la mesa de los principales dirigentes de la coalición gobernante. Se especula que el presidente quiso subir a los gobernadores de prepo a la discusión sin procesar mucho la iniciativa.
A la idea de un proyecto armado de un día par otro, se suma que los gobernadores están desconcertados con la decisión del presidente de pagarle a CABA el fallo que disparó el conflicto. Los mandatarios provinciales fueron convocados a resistir el fallo de la CSJN enarbolando el federalismo, pero vieron por televisión y las redes sociales como el ejecutivo nacional sacó bandera blanca y en soledad decidió buscar una solución para cumplir con el fallo.
f) Hacer un juicio político, ponerlo en el centro de todos los debates en un año electoral, para luego perderlo o que no prospere por falta de votos, en la Casa Gris no lo consideran un buen plan para ganar elecciones. Se entiende la idea de confrontar políticamente con alguien que es parte de la oposición, como la Corte, pero hacerlo para perder en el Congreso no parece conveniente. En las instancias de reestructuración de la Corte Suprema que llevó adelante el peronismo, Juan Perón en 1947 y Néstor Kirchner en 2003, con sus diferencias en formas y alcances, ambos partieron de construcción de consensos sociales y de mayorías parlamentarias para implementarlos. Hay otros puntos a considerar. Posiblemente no sea una causa exclusiva, sino concausas que motivan decisiones como la que tomó Bordet en el tema.
La Opinión Popular
¿Independencia de poderes? ¡Para qué!
Hay algo muy claro: la decisión de la Corte sobre la coparticipación es un apoyo explícito a la campaña electoral de Larreta. El fallo fue impugnado por Alberto Fernández, 18 gobernadores y una gran parte de la opinión pública, por su carácter macrista y antifederal, y agotó la "independencia" de los cuatro cortesanos, camaristas, jueces y fiscales de Comodoro Py.
El vaciamiento de credibilidad se fue constituyendo por la ausencia absoluta de voluntad para cumplir con su misión de impartir justicia independiente, y por su sometimiento a los núcleos económicos y mediáticos, cumpliendo con el mandato de apropiarse de facto de esferas del poder legislativo y ejecutivo, abrogándose el derecho de vetar decisiones económicas, financieras y tarifarias. Se constituyeron en un grupo ilegítimo en contubernio con los poderes fácticos para cogobernar, aunque no los votó nadie.
El fallo de la Corte tiene un perfil claramente unitario y centralista, porque ordena a la Nación redireccionar fondos a favor del distrito más rico del país, el principal bastión político y de "caja" del PRO para sus negocios sucios. En ese aspecto la Corte coincide con los intereses de PRO, fuerza que siempre priorizó a la Ciudad de Buenos Aires -única jurisdicción en la que gobierna y hace sus "negocios"- por encima del resto del territorio nacional.
El sesgo pro-porteño de la Corte queda además en evidencia cuando se tiene en cuenta que ese cuerpo nunca tomó en consideración ningún reclamo que vienen haciendo las provincias y se negó al interior federal el derecho a ser parte en un juicio que ineludiblemente los afecta. Sin fundamentar la medida, una falta de respeto y una arbitrariedad total.
Hay una clara animadversión de la Corte contra el peronismo y el fallo instala con fuerza en la agenda el funcionamiento del Aparato Judicial. La imagen pública de este poder del Estado está por el suelo, en particular la justicia federal porteña de Comodoro Py. Esto obedece al largo proceso de degradación que profundizó Mauricio Macri. La ofensiva colonizadora del Poder Judicial que llevó a cabo el macrismo no registra antecedentes en los gobiernos constitucionales argentinos.
La "mesa judicial" que presidía el hoy prófugo "Pepín" Rodríguez Simón; la inicial designación, sin acuerdo del Senado, de dos cortesanos que se mostraron dispuestos a asumir de tal modo: Rosatti y Rosenkrantz; la remoción de jueces por sentencias que no gustaban al paladar macrista y su reemplazo por "mascotas" puestas a dedo; la visita furtiva de jueces y fiscales al entonces presidente en Olivos o la Rosada... Es interminable la lista de chanchullos que se cometieron y terminaron de corromper un poder del Estado que, para peor, no se renueva periódicamente como los otros dos por voluntad de la ciudadanía.
La Corte Suprema ha profundizado en los últimos tiempos sus ofensivas contra los otros dos poderes: el Legislativo y el Ejecutivo. Las más escandalosas fueron sus incursiones contra el Consejo de la Magistratura y su arbitraria resolución beneficiando ostensiblemente a Larreta con la coparticipación. En ambos casos desconociendo leyes, resucitando otras que habían sido derogadas por el Congreso, imponiendo antojadizamente un criterio unitario en beneficio del Puerto de Buenos Aires, ignorando el sistema federal garantizado por la Constitución Nacional.
Alberto y gobernadores pedirán juicio político para Rosatti e investigar al resto de la Corte macrista
El presidente Alberto Fernández anunció que pedirá, junto a gobernadores, el juicio político del titular de la Corte Suprema, el macrista Horacio Rosatti, para que "se investigue su conducta en el desempeño de sus funciones", tras la difusión de informaciones "jamás contradichas" que dejan al descubierto "el vínculo escandaloso entre parte de la política y la justicia" en el marco de "un avance inadmisible del Poder Judicial de la Nación sobre los otros poderes de la República".
Para el Presidente, "las conductas, los diálogos entre funcionarios judiciales y políticos de la oposición en los que se anticipan decisiones y recomiendan fundamentos políticos para ser usados a la hora de decidir judicialmente casos con trascendencia institucional indudable, han quedado impúdicamente expuestos ante el asombro generalizado".
La contienda institucional con la Corte vuelve a darle al Presidente la chance de ocupar el centro del escenario, del que había sido desplazado, en los últimos meses, por el regreso de Cristina a espacios de mayor protagonismo en el debate público y por la gestión de Sergio Massa en el área económica. El apoyo de gobernadores a su iniciativa le restituye parte del protagonismo resignado en tiempos anteriores.
En los últimos días se difundieron chats de Telegram entre el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, y el principal operador del presidente de la Corte Suprema, Silvio Robles, donde éste le recomendaba al funcionario de Larreta los pasos a seguir para que la Corte pueda convalidar judicialmente el reclamo del senador Luis Juez a un lugar en el Consejo de la Magistratura.
También se revelaron intercambios sobre el amparo otorgado por la Corte Suprema al Gobierno porteño, a través del cual le aumenta por su cuenta, sin respetar la división de poderes, el porcentaje de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires en perjuicio de todas las demás provincias argentinas.
"Al asumir mi mandato juré observar y hacer observar la Constitucional en cuanto de mi dependiere", destacó Fernández en su comunicado para explicar la decisión que había tomado: "Debo impedir que se siga manipulando el Consejo de la Magistratura con insólitas interpretaciones jurisprudenciales que permiten al Poder Judicial entrometerse en las decisiones del Congreso Nacional. Es mi deber promover acciones cuando el sistema federal es puesto en crisis a través de una innecesaria medida cautelar y del indebido planteo de una ciudad autonómica".
El anuncio fue realizado a través de un mensaje por el Año Nuevo, publicado en las redes oficiales del Gobierno, en el que señaló que también impulsará que se investiguen "las conductas de los restantes miembros del máximo tribunal".
Asimismo, Fernández resaltó que le ordenará al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, que "promueva las acciones penales pertinentes para que se investiguen los presuntos hechos de corrupción que involucrarían a funcionarios de la ciudad de Buenos Aires con empresarios contratistas de ese Estado autónomo".
Entre los chats filtrados, hay una serie de intercambios entre D'Alessandro y Marcelo Violante, el empresario que maneja el servicio de grúas y acarreo de la Ciudad, con expresos pedidos de ayuda para licitaciones en curso y la mención de sobres con dólares de coimas destinados al funcionario. Lo que muestra a las clara la corrupción macrista.
A esta altura del partido, la meta del oficialismo no es, aún, alcanzar los dos tercios de los votos de ambas cámaras para concretar el castigo sobre los cuatro supremos. Esperan, en cambio, que el proceso les permita seguir ventilando las miserias de jueces, fiscales, empresarios y dirigentes de la oposición. Todos, en los dos lados de la grieta, actúan asumiendo que las filtraciones todavía no exhibieron los secretos más comprometedores.
Si aparecen nuevas evidencias, el recálculo político ante una oportunidad inesperada puede causar un quiebre en la alianza opositora, aislando a los sectores de JxC más comprometidos con los hechos de corrupción. Esta nueva correlación de fuerzas podría permitir avanzar, trabajosamente, en el juicio político y, quizás, también en otras iniciativas de reforma judicial en el Congreso antes del final de este mandato.
Si este escenario avanza, revelando nuevos detalles sobre la corrupción de la Corte Suprema, Comodoro Py, Juntos por el Cambio y Clarín, se dará un cambio sensible en la agenda y la sociedad, en la medida que sienta una mejora en su economía cotidiana, también irá revisando preconceptos sobre unos y otros. El peronismo, si puede resolver sus internas, llegará competitivo y con chances de ganar a las elecciones de octubre.
Como era de esperar, Juntos por el Cambio salió a bancar a Rosatti y a la Corte macrista
Juntos por el Cambio anunció el lunes su rechazo al pedido del presidente Fernández de avanzar con un juicio político al titular de la Corte Suprema de Justicia, Rosatti, luego de que salieran a la luz los chats entre su vocero, Robles, y el ministro de Seguridad porteño, D'Alessandro, donde le adelanta información sobre el fallo y le aconseja la estrategia a seguir en la pelea judicial por la coparticipación que benefició a Horacio Rodríguez Larreta y perjudicó a las provincias argentinas.
Como era de esperar, sin conocer los fundamentos de la demanda, la oposición de derecha salió rápidamente a defender a Rosatti y a la mafia de servicios de inteligencia, jueces, corporaciones y políticos de la derecha, ante el pedido del oficialismo. Ese pedido tiene un carácter casi simbólico, porque el Gobierno no tiene todavía los votos para impulsarlo.
El Frente de Todos puso en evidencia así el avance del Poder Judicial. En el mensaje de Presidencia de la Nación donde se anuncia avanzar en el juicio político se lee, por ejemplo, que "en los últimos meses hemos visto un avance inadmisible del Poder Judicial de la Nación sobre los otros poderes de la Argentina". Si Juntos por el Cambio es un defensor abierto de una casta judicial poblada de beneficios -como ingresos millonarios, exención de impuestos o cargos vitalicios-, el Frente de Todos deberá enfrentarlos con denuncias.
Nadie debería sorprenderse que la oposición de derecha agrupada en Juntos por el Cambio saliera en defensa de la cuestionada Corte Suprema y de su presidente, el macrista Rosatti. En un comunicado, desde JxC señalaron que se trataba de "maniobras desesperadas contra la Justicia", que tienen el objetivo de buscar impunidad. Este tipo de acusaciones tampoco sorprenden viniendo del macrismo. Se trata de quienes aplaudieron el fallo en la llamada Causa Vialidad, ejecutado sin pruebas ni derecho a defensa.
Desplegando un cinismo absoluto, el comunicado denuncia el crecimiento de la "inflación, la pobreza, la desigualdad, la inseguridad y la calidad educativa". En ese marco, afirma que "el único objetivo que los desvela un 1 de enero es tener una Justicia sometida", en referencia al intento oficial. Sin embargo, es precisamente la oposición de derecha la que ejecutó en el gobierno un plan en ese sentido y ahora es la que pide un ajuste más duro al Gobierno. Además de manipular la justicia.
El anuncio del Gobierno de que intentará avanzar en el juicio político contra el titular de la Corte Suprema tiene mucho de mensaje político. El Gobierno no tiene los votos necesarios para avanzar en hacer realidad el pedido en la Cámara de Diputados. Allí necesita garantizar una votación por 2/3 para que se apruebe iniciar el proceso.
Juntos por el Cambio, encabezado por el titular del bloque de diputados del PRO, el ex menemista Cristian Ritondo, anunció que no dará quórum en el recinto "si el gobierno insiste en los ataques al Poder Judicial". Ritondo fue menemista con la famosa Corte de la mayoría automática y se pasó al macrismo cuando asumió Néstor Kirchner y transformó esa Corte corrupta en otra con jueces intachables e independientes.
El macrismo, la fuerza favorecida por la total parcialidad de la Corte, tanto en la coparticipación como sobre la integración del Consejo de la Magistratura, se niega a discutir el pedido de juicio político a Rosatti. No es que el macrismo se opone al juicio político, sino que además no quiere discutirlo. Lo rechaza sin conocer los fundamentos del pedido porque teme que aparezcan más pruebas de la relación promiscua que mantiene con la cabeza del Poder Judicial que los favorece.
Cerrado el camino de la mecánica parlamentaria, la única vía posible para el oficialismo sería una imposición apelando a medidas de presión en las calles, recurriendo a la movilización popular para desgastar a los cortesanos. El desprestigio total de la casta judicial macrista despierta suficiente repudio en los sectores populares como para hacer esa convocatoria. Y ante tanta evidencia que comprueba el mal desempeño y los delitos cometidos en el ejercicio del poder, será muy difícil para la oposición defender a los cortesanos en el ámbito parlamentario. Por eso se negarían a sesionar en el Congreso.
Hay una clara animadversión de la Corte contra el peronismo. La estrategia del Frente de Todos deberá confrontar seriamente con la casta judicial y con los otros grandes poderes fácticos del país: el mediático y el económico. Lograr márgenes de negociación con ellos es imposible, ya que la derecha -como resulta previsible- se mostró siempre completamente inflexible.
Además, es necesario terminar con los múltiples privilegios con que cuentan. Como parte de esa pelea, hay que plantearse la necesidad de imponer juicios por jurados en los casos que implican al poder, como son los casos de corrupción política. Solo dando pasos en esta dirección se puede terminar con las arbitrariedades de la Casta Judicial.
¿El juicio contra la Corte repercute en la política entrerriana?
La avanzada contra la Corte marca a propios y a extraños. Cuando inicia un juicio político a toda la Corte Suprema de Justicia sabiendo que no servirá para nada sólo ayuda a sembrar confusiones. ¿Se olvida Alberto Fernández de que los argentinos lo eligieron para ordenar el país y él actúa como si fuera el jefe de un sector político interno del peronismo?
La movida de Alberto no está circunscripta a la plaza de Mayo y a sus alrededores. Tarde o temprano va a golpear en la vida comarcana. Una vez más las autoridades nacionales por más que declamen federalismo lo que más les preocupa es su propio ombligo.
El gobernador Bordet no ha sido un espectador más de las decisiones de Alberto. Ha puesto sus huellas digitales y su osamenta en en la desmentida de su participación en el enjuiciamiento a toda la Corte. Más que un juicio político es una declaración de guerra o mensajes para la tropa nacional propia, por eso se entiende por qué Bordet ha tomado esa postura. Está claro que hay una ley nunca sancionada en ningún Congreso que dice que no se lo debe contradecir al Presidente porque eso hace perder plata de la coparticipación. Y convengamos que Bordet nunca tuvo vergüenza a la hora de ser pragmático.
La decisión de abrir un juicio político a la Corte Suprema de Justicia de la Nación dividió en dos la "Liga de gobernadores", poderosa estructura sin papeles que tanto poder supo tener tanto a fines del siglo pasado como hasta hace poco, cuando fue el soporte del Presidente de la Nación para sacar leyes en el Congreso y para fortalecer a Alberto Fernández.
Los que firmaron la jugada de Alberto además del tucumano Osvaldo Jaldo fueron Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Capitanich (Chaco), Mariano Arcioni (Chubut), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Gustavo Melella (Tierra de Fuego). Del otro lado quedaron los gobernadores de San Juan (Sergio Uñac), de Santa Fe (Omar Perotti), de San Luis (Alberto Rodríguez Saa), de Entre Ríos (Gustavo Bordet) y de Salta (Gustavo Sáenz).
Desde antes de que Alberto se animara a ser Presidente había un hombre que se dedicó a hilvanar hasta que consiguió la unidad de los gobernadores. Ese fue el entrerriano Bordet. Con la fortaleza de los gobernadores -y de algunos gremialistas y empresarios- contribuyó a impulsar la candidatura, en la interna peronista, del actual presidente. La división de los mandatarios provinciales, por lo tanto, afecta a Bordet que mantiene su sueño de un rol protagónico de los mandatarios provinciales en la fórmula nacional en los comicios de este año.
Tantas indecisiones y tanta confusión en Alberto han llevado a Bordet a tomar distancia sobre el juicio a la Corte y sobre la posición del Presidente. Y aunque nunca dejó algún manto de sospecha sobre su posición acerca del juicio político a Horacio Rosatti, tampoco tuvo públicas y fuertes declaraciones en su contra. En esas actitudes se enredó el santiagueño Zamora que no puede disimular sus ganas de llegar a la Rosada. Lo mismo hizo el riojano Quintela y en su afán por quedar bien con Alberto terminó más confundido que el Presidente, a juzgar por sus opiniones.
Hay muchos motivos para el juicio a los cortesanos, pero no alcanzan los votos en el Congreso para destituirlo a Rosatti y a los otros ministros de Corte. No obstante, los peronistas se están preparando para "hacerse la fiesta" en la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, donde son mayoría. El problema es cómo impacta en la política provincial.
La Opinión Popular
Además de las especulaciones generales sobre la inviabilidad política del procedimiento en el Congreso, ¿Por qué Bordet no acompañó el pedido de juicio a la Corte? Existen varias reflexiones.
a) La más fácil de concebir tiene que ver con las causas sobre la política entrerriana que tiene la CSJN. El caso de la destituida fiscal Cecilia Goyeneche, tanto el tratamiento del amparo, por el apartamiento del Ministerio Público Fiscal en el proceso del Jury, que tiene en trámite de votación la Corte en este momento, como el hipotético tratamiento del Recurso Extraordinario Federal en apelación a la sentencia de destitución del Jury, la cual aún está hoy en el Superior Tribunal de Entre Ríos, con una conformación especial y que de confirmarse la destitución todavía falta mucho para que llegue a la CSJN. El caso Goyeneche no mueve el amperímetro de la política nacional, sostenerlo es una desmesura analítica. Además, la revisión de los procesos de remoción de magistrados, con sus diferencias en cada provincia, tienen una larga lista de precedentes de la Corte Suprema que dan un marco jurídico a cualquier posible fallo, dado que, también, estas sentencias tienen que ver no solo con las políticas locales sino con los poderes judiciales provinciales.
La otra causa en trámite es la competencia en donde se debe tramitar el caso de corrupción de los contratos truchos en la Legislatura durante el período en que gobernó Sergio Urribarri. Más allá del análisis de lo relevante o irrelevante que puede significar para el gobierno provincial este tema, cualquier resolución definitiva en esta causa parece a años luz del tema central que nos ocupa.
b) Otras hipótesis tiene que ver el fondo y las formas del juicio político. No escapa al sentido común que un juicio a todos los miembros de la CSJN unifica la misma. Los chats que circulan en los medios y las redes sociales vinculan las escuchan con un hombre de confianza de Rosatti, quien junto con el jurista neoliberal Rosenkrantz fueron designados "a dedo" por Macri.
En este orden, Maqueda o Lorenzetti parecen ajenos a los chats. El contenido de determinados fallos, que es lo único que podría vincular a estos últimos dos miembros de la Corte, es ajeno a las imputaciones que se esbozan para el inicio del juicio político. No es casual que el gobernador Juan Schiaretti tome distancia de un juicio político a un cordobés como Maqueda o que el gobernador Omar Perotti lo haga de un rafaelino como él como es Lorenzetti. La política de volar todos los puentes y unificar a todos los cortesanos, es una batalla que no convence a algunos mandatarios provinciales.
c) Ir a una guerra con el Poder Judicial puede ser una herramienta de campaña para el gobierno nacional pero no lo es para las gestiones provinciales. Desde el bordetismo entienden que uno de los tantos elementos de la buena imagen del Gobernador se vincula con su respeto a la independencia de la Justicia provincial, con la no politización del Poder Judicial, que lo ponen en un rol republicano, institucionalista y no partidista. Los nombramientos en el Superior Tribunal provincial son una prueba de ello.
Bordet ha propuesto 5 miembros del máximo tribunal provincial (una cantidad que expresa la mayoría). Todos los nombramientos han recaído en integrantes del Poder Judicial, con años de carrera, todos ellos camaristas. Alejandro Giorgio, Martín Carbonell, Carolina Schumacher, Leonardo Portela y Laura Soage (estos últimos aun sin el acuerdo del senado provincial, que se descarta) fueron jueces camaristas al momento de ser propuestos. Despolitizar la relación con el poder judicial provincial va en contramano con sumarse al primer plano nacional con un juicio político a la Corte.
Está claro que la relación del gobierno nacional con la CSJN y Comodoro Py es sin retorno, y en esa lógica la de construir una estrategia política para deslegitimar a sectores de la Justicia tiene sentido, incluso que sea eje de discurso político o campaña electoral nacional. Pero la realidad provincial es otra. El electorado entrerriano no se percibe como afín a la maniobra, y esto pesa en un año electoral en Entre Ríos.
d) La CSJN ha fallado a favor de las provincias en materia de coparticipación federal. Lo hizo oportunamente en el fallo San Luis, que benefició a las provincias de Santa Fe, San Luis y Córdoba, cuestión que benefició a otras provincias que demandaron. Entre Ríos optó por otro camino, cuando otros demandaron, Sergio Urribarri no demandó. Las decisiones de las autoridades provinciales también condicionan los planteos. El gobernador de San Luis, por ejemplo, pese a la cercanía política con el Ejecutivo nacional, no firmó el pedido de juicio político.
e) A nivel nacional no se advierte un apoyo unánime del Frente de Todos al juicio político. Cristina no se ha expedido con claridad al respecto. Tampoco lo ha hecho Sergio Massa. La iniciativa parece ser una cuestión exclusiva del presidente para retomar protagonismo dentro de la mesa de los principales dirigentes de la coalición gobernante. Se especula que el presidente quiso subir a los gobernadores de prepo a la discusión sin procesar mucho la iniciativa.
A la idea de un proyecto armado de un día par otro, se suma que los gobernadores están desconcertados con la decisión del presidente de pagarle a CABA el fallo que disparó el conflicto. Los mandatarios provinciales fueron convocados a resistir el fallo de la CSJN enarbolando el federalismo, pero vieron por televisión y las redes sociales como el ejecutivo nacional sacó bandera blanca y en soledad decidió buscar una solución para cumplir con el fallo.
f) Hacer un juicio político, ponerlo en el centro de todos los debates en un año electoral, para luego perderlo o que no prospere por falta de votos, en la Casa Gris no lo consideran un buen plan para ganar elecciones. Se entiende la idea de confrontar políticamente con alguien que es parte de la oposición, como la Corte, pero hacerlo para perder en el Congreso no parece conveniente. En las instancias de reestructuración de la Corte Suprema que llevó adelante el peronismo, Juan Perón en 1947 y Néstor Kirchner en 2003, con sus diferencias en formas y alcances, ambos partieron de construcción de consensos sociales y de mayorías parlamentarias para implementarlos. Hay otros puntos a considerar. Posiblemente no sea una causa exclusiva, sino concausas que motivan decisiones como la que tomó Bordet en el tema.
La Opinión Popular
¿Independencia de poderes? ¡Para qué!
Hay algo muy claro: la decisión de la Corte sobre la coparticipación es un apoyo explícito a la campaña electoral de Larreta. El fallo fue impugnado por Alberto Fernández, 18 gobernadores y una gran parte de la opinión pública, por su carácter macrista y antifederal, y agotó la "independencia" de los cuatro cortesanos, camaristas, jueces y fiscales de Comodoro Py.
El vaciamiento de credibilidad se fue constituyendo por la ausencia absoluta de voluntad para cumplir con su misión de impartir justicia independiente, y por su sometimiento a los núcleos económicos y mediáticos, cumpliendo con el mandato de apropiarse de facto de esferas del poder legislativo y ejecutivo, abrogándose el derecho de vetar decisiones económicas, financieras y tarifarias. Se constituyeron en un grupo ilegítimo en contubernio con los poderes fácticos para cogobernar, aunque no los votó nadie.
El fallo de la Corte tiene un perfil claramente unitario y centralista, porque ordena a la Nación redireccionar fondos a favor del distrito más rico del país, el principal bastión político y de "caja" del PRO para sus negocios sucios. En ese aspecto la Corte coincide con los intereses de PRO, fuerza que siempre priorizó a la Ciudad de Buenos Aires -única jurisdicción en la que gobierna y hace sus "negocios"- por encima del resto del territorio nacional.
El sesgo pro-porteño de la Corte queda además en evidencia cuando se tiene en cuenta que ese cuerpo nunca tomó en consideración ningún reclamo que vienen haciendo las provincias y se negó al interior federal el derecho a ser parte en un juicio que ineludiblemente los afecta. Sin fundamentar la medida, una falta de respeto y una arbitrariedad total.
Hay una clara animadversión de la Corte contra el peronismo y el fallo instala con fuerza en la agenda el funcionamiento del Aparato Judicial. La imagen pública de este poder del Estado está por el suelo, en particular la justicia federal porteña de Comodoro Py. Esto obedece al largo proceso de degradación que profundizó Mauricio Macri. La ofensiva colonizadora del Poder Judicial que llevó a cabo el macrismo no registra antecedentes en los gobiernos constitucionales argentinos.
La "mesa judicial" que presidía el hoy prófugo "Pepín" Rodríguez Simón; la inicial designación, sin acuerdo del Senado, de dos cortesanos que se mostraron dispuestos a asumir de tal modo: Rosatti y Rosenkrantz; la remoción de jueces por sentencias que no gustaban al paladar macrista y su reemplazo por "mascotas" puestas a dedo; la visita furtiva de jueces y fiscales al entonces presidente en Olivos o la Rosada... Es interminable la lista de chanchullos que se cometieron y terminaron de corromper un poder del Estado que, para peor, no se renueva periódicamente como los otros dos por voluntad de la ciudadanía.
La Corte Suprema ha profundizado en los últimos tiempos sus ofensivas contra los otros dos poderes: el Legislativo y el Ejecutivo. Las más escandalosas fueron sus incursiones contra el Consejo de la Magistratura y su arbitraria resolución beneficiando ostensiblemente a Larreta con la coparticipación. En ambos casos desconociendo leyes, resucitando otras que habían sido derogadas por el Congreso, imponiendo antojadizamente un criterio unitario en beneficio del Puerto de Buenos Aires, ignorando el sistema federal garantizado por la Constitución Nacional.
Alberto y gobernadores pedirán juicio político para Rosatti e investigar al resto de la Corte macrista
El presidente Alberto Fernández anunció que pedirá, junto a gobernadores, el juicio político del titular de la Corte Suprema, el macrista Horacio Rosatti, para que "se investigue su conducta en el desempeño de sus funciones", tras la difusión de informaciones "jamás contradichas" que dejan al descubierto "el vínculo escandaloso entre parte de la política y la justicia" en el marco de "un avance inadmisible del Poder Judicial de la Nación sobre los otros poderes de la República".
Para el Presidente, "las conductas, los diálogos entre funcionarios judiciales y políticos de la oposición en los que se anticipan decisiones y recomiendan fundamentos políticos para ser usados a la hora de decidir judicialmente casos con trascendencia institucional indudable, han quedado impúdicamente expuestos ante el asombro generalizado".
La contienda institucional con la Corte vuelve a darle al Presidente la chance de ocupar el centro del escenario, del que había sido desplazado, en los últimos meses, por el regreso de Cristina a espacios de mayor protagonismo en el debate público y por la gestión de Sergio Massa en el área económica. El apoyo de gobernadores a su iniciativa le restituye parte del protagonismo resignado en tiempos anteriores.
En los últimos días se difundieron chats de Telegram entre el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, y el principal operador del presidente de la Corte Suprema, Silvio Robles, donde éste le recomendaba al funcionario de Larreta los pasos a seguir para que la Corte pueda convalidar judicialmente el reclamo del senador Luis Juez a un lugar en el Consejo de la Magistratura.
También se revelaron intercambios sobre el amparo otorgado por la Corte Suprema al Gobierno porteño, a través del cual le aumenta por su cuenta, sin respetar la división de poderes, el porcentaje de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires en perjuicio de todas las demás provincias argentinas.
"Al asumir mi mandato juré observar y hacer observar la Constitucional en cuanto de mi dependiere", destacó Fernández en su comunicado para explicar la decisión que había tomado: "Debo impedir que se siga manipulando el Consejo de la Magistratura con insólitas interpretaciones jurisprudenciales que permiten al Poder Judicial entrometerse en las decisiones del Congreso Nacional. Es mi deber promover acciones cuando el sistema federal es puesto en crisis a través de una innecesaria medida cautelar y del indebido planteo de una ciudad autonómica".
El anuncio fue realizado a través de un mensaje por el Año Nuevo, publicado en las redes oficiales del Gobierno, en el que señaló que también impulsará que se investiguen "las conductas de los restantes miembros del máximo tribunal".
Asimismo, Fernández resaltó que le ordenará al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, que "promueva las acciones penales pertinentes para que se investiguen los presuntos hechos de corrupción que involucrarían a funcionarios de la ciudad de Buenos Aires con empresarios contratistas de ese Estado autónomo".
Entre los chats filtrados, hay una serie de intercambios entre D'Alessandro y Marcelo Violante, el empresario que maneja el servicio de grúas y acarreo de la Ciudad, con expresos pedidos de ayuda para licitaciones en curso y la mención de sobres con dólares de coimas destinados al funcionario. Lo que muestra a las clara la corrupción macrista.
A esta altura del partido, la meta del oficialismo no es, aún, alcanzar los dos tercios de los votos de ambas cámaras para concretar el castigo sobre los cuatro supremos. Esperan, en cambio, que el proceso les permita seguir ventilando las miserias de jueces, fiscales, empresarios y dirigentes de la oposición. Todos, en los dos lados de la grieta, actúan asumiendo que las filtraciones todavía no exhibieron los secretos más comprometedores.
Si aparecen nuevas evidencias, el recálculo político ante una oportunidad inesperada puede causar un quiebre en la alianza opositora, aislando a los sectores de JxC más comprometidos con los hechos de corrupción. Esta nueva correlación de fuerzas podría permitir avanzar, trabajosamente, en el juicio político y, quizás, también en otras iniciativas de reforma judicial en el Congreso antes del final de este mandato.
Si este escenario avanza, revelando nuevos detalles sobre la corrupción de la Corte Suprema, Comodoro Py, Juntos por el Cambio y Clarín, se dará un cambio sensible en la agenda y la sociedad, en la medida que sienta una mejora en su economía cotidiana, también irá revisando preconceptos sobre unos y otros. El peronismo, si puede resolver sus internas, llegará competitivo y con chances de ganar a las elecciones de octubre.
Como era de esperar, Juntos por el Cambio salió a bancar a Rosatti y a la Corte macrista
Juntos por el Cambio anunció el lunes su rechazo al pedido del presidente Fernández de avanzar con un juicio político al titular de la Corte Suprema de Justicia, Rosatti, luego de que salieran a la luz los chats entre su vocero, Robles, y el ministro de Seguridad porteño, D'Alessandro, donde le adelanta información sobre el fallo y le aconseja la estrategia a seguir en la pelea judicial por la coparticipación que benefició a Horacio Rodríguez Larreta y perjudicó a las provincias argentinas.
Como era de esperar, sin conocer los fundamentos de la demanda, la oposición de derecha salió rápidamente a defender a Rosatti y a la mafia de servicios de inteligencia, jueces, corporaciones y políticos de la derecha, ante el pedido del oficialismo. Ese pedido tiene un carácter casi simbólico, porque el Gobierno no tiene todavía los votos para impulsarlo.
El Frente de Todos puso en evidencia así el avance del Poder Judicial. En el mensaje de Presidencia de la Nación donde se anuncia avanzar en el juicio político se lee, por ejemplo, que "en los últimos meses hemos visto un avance inadmisible del Poder Judicial de la Nación sobre los otros poderes de la Argentina". Si Juntos por el Cambio es un defensor abierto de una casta judicial poblada de beneficios -como ingresos millonarios, exención de impuestos o cargos vitalicios-, el Frente de Todos deberá enfrentarlos con denuncias.
Nadie debería sorprenderse que la oposición de derecha agrupada en Juntos por el Cambio saliera en defensa de la cuestionada Corte Suprema y de su presidente, el macrista Rosatti. En un comunicado, desde JxC señalaron que se trataba de "maniobras desesperadas contra la Justicia", que tienen el objetivo de buscar impunidad. Este tipo de acusaciones tampoco sorprenden viniendo del macrismo. Se trata de quienes aplaudieron el fallo en la llamada Causa Vialidad, ejecutado sin pruebas ni derecho a defensa.
Desplegando un cinismo absoluto, el comunicado denuncia el crecimiento de la "inflación, la pobreza, la desigualdad, la inseguridad y la calidad educativa". En ese marco, afirma que "el único objetivo que los desvela un 1 de enero es tener una Justicia sometida", en referencia al intento oficial. Sin embargo, es precisamente la oposición de derecha la que ejecutó en el gobierno un plan en ese sentido y ahora es la que pide un ajuste más duro al Gobierno. Además de manipular la justicia.
El anuncio del Gobierno de que intentará avanzar en el juicio político contra el titular de la Corte Suprema tiene mucho de mensaje político. El Gobierno no tiene los votos necesarios para avanzar en hacer realidad el pedido en la Cámara de Diputados. Allí necesita garantizar una votación por 2/3 para que se apruebe iniciar el proceso.
Juntos por el Cambio, encabezado por el titular del bloque de diputados del PRO, el ex menemista Cristian Ritondo, anunció que no dará quórum en el recinto "si el gobierno insiste en los ataques al Poder Judicial". Ritondo fue menemista con la famosa Corte de la mayoría automática y se pasó al macrismo cuando asumió Néstor Kirchner y transformó esa Corte corrupta en otra con jueces intachables e independientes.
El macrismo, la fuerza favorecida por la total parcialidad de la Corte, tanto en la coparticipación como sobre la integración del Consejo de la Magistratura, se niega a discutir el pedido de juicio político a Rosatti. No es que el macrismo se opone al juicio político, sino que además no quiere discutirlo. Lo rechaza sin conocer los fundamentos del pedido porque teme que aparezcan más pruebas de la relación promiscua que mantiene con la cabeza del Poder Judicial que los favorece.
Cerrado el camino de la mecánica parlamentaria, la única vía posible para el oficialismo sería una imposición apelando a medidas de presión en las calles, recurriendo a la movilización popular para desgastar a los cortesanos. El desprestigio total de la casta judicial macrista despierta suficiente repudio en los sectores populares como para hacer esa convocatoria. Y ante tanta evidencia que comprueba el mal desempeño y los delitos cometidos en el ejercicio del poder, será muy difícil para la oposición defender a los cortesanos en el ámbito parlamentario. Por eso se negarían a sesionar en el Congreso.
Hay una clara animadversión de la Corte contra el peronismo. La estrategia del Frente de Todos deberá confrontar seriamente con la casta judicial y con los otros grandes poderes fácticos del país: el mediático y el económico. Lograr márgenes de negociación con ellos es imposible, ya que la derecha -como resulta previsible- se mostró siempre completamente inflexible.
Además, es necesario terminar con los múltiples privilegios con que cuentan. Como parte de esa pelea, hay que plantearse la necesidad de imponer juicios por jurados en los casos que implican al poder, como son los casos de corrupción política. Solo dando pasos en esta dirección se puede terminar con las arbitrariedades de la Casta Judicial.
¿El juicio contra la Corte repercute en la política entrerriana?
La avanzada contra la Corte marca a propios y a extraños. Cuando inicia un juicio político a toda la Corte Suprema de Justicia sabiendo que no servirá para nada sólo ayuda a sembrar confusiones. ¿Se olvida Alberto Fernández de que los argentinos lo eligieron para ordenar el país y él actúa como si fuera el jefe de un sector político interno del peronismo?
La movida de Alberto no está circunscripta a la plaza de Mayo y a sus alrededores. Tarde o temprano va a golpear en la vida comarcana. Una vez más las autoridades nacionales por más que declamen federalismo lo que más les preocupa es su propio ombligo.
El gobernador Bordet no ha sido un espectador más de las decisiones de Alberto. Ha puesto sus huellas digitales y su osamenta en en la desmentida de su participación en el enjuiciamiento a toda la Corte. Más que un juicio político es una declaración de guerra o mensajes para la tropa nacional propia, por eso se entiende por qué Bordet ha tomado esa postura. Está claro que hay una ley nunca sancionada en ningún Congreso que dice que no se lo debe contradecir al Presidente porque eso hace perder plata de la coparticipación. Y convengamos que Bordet nunca tuvo vergüenza a la hora de ser pragmático.
La decisión de abrir un juicio político a la Corte Suprema de Justicia de la Nación dividió en dos la "Liga de gobernadores", poderosa estructura sin papeles que tanto poder supo tener tanto a fines del siglo pasado como hasta hace poco, cuando fue el soporte del Presidente de la Nación para sacar leyes en el Congreso y para fortalecer a Alberto Fernández.
Los que firmaron la jugada de Alberto además del tucumano Osvaldo Jaldo fueron Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Capitanich (Chaco), Mariano Arcioni (Chubut), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Gustavo Melella (Tierra de Fuego). Del otro lado quedaron los gobernadores de San Juan (Sergio Uñac), de Santa Fe (Omar Perotti), de San Luis (Alberto Rodríguez Saa), de Entre Ríos (Gustavo Bordet) y de Salta (Gustavo Sáenz).
Desde antes de que Alberto se animara a ser Presidente había un hombre que se dedicó a hilvanar hasta que consiguió la unidad de los gobernadores. Ese fue el entrerriano Bordet. Con la fortaleza de los gobernadores -y de algunos gremialistas y empresarios- contribuyó a impulsar la candidatura, en la interna peronista, del actual presidente. La división de los mandatarios provinciales, por lo tanto, afecta a Bordet que mantiene su sueño de un rol protagónico de los mandatarios provinciales en la fórmula nacional en los comicios de este año.
Tantas indecisiones y tanta confusión en Alberto han llevado a Bordet a tomar distancia sobre el juicio a la Corte y sobre la posición del Presidente. Y aunque nunca dejó algún manto de sospecha sobre su posición acerca del juicio político a Horacio Rosatti, tampoco tuvo públicas y fuertes declaraciones en su contra. En esas actitudes se enredó el santiagueño Zamora que no puede disimular sus ganas de llegar a la Rosada. Lo mismo hizo el riojano Quintela y en su afán por quedar bien con Alberto terminó más confundido que el Presidente, a juzgar por sus opiniones.
Hay muchos motivos para el juicio a los cortesanos, pero no alcanzan los votos en el Congreso para destituirlo a Rosatti y a los otros ministros de Corte. No obstante, los peronistas se están preparando para "hacerse la fiesta" en la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, donde son mayoría. El problema es cómo impacta en la política provincial.
La Opinión Popular
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