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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 08-01-2023 / 13:01
PANORAMA POLÍTICO NACIONAL

Alberto debe reconstruir su autoridad para dar la batalla más importante de su mandato contra la Corte macrista

Alberto debe reconstruir su autoridad para dar la batalla más importante de su mandato contra la Corte macrista
Dice el refrán que existen tres cosas que no pueden deshacerse: la flecha lanzada, la palabra dicha y la oportunidad perdida. Alberto Fernández no tiene margen para perder más oportunidades; quizás por eso decidió usar la palabra y lanzar la flecha al flanco que dejó expuesto la mafia empresarial, política y judicial cuando comenzaron a salir a la luz sus vínculos promiscuos.
Dice el refrán que existen tres cosas que no pueden deshacerse: la flecha lanzada, la palabra dicha y la oportunidad perdida. Alberto Fernández no tiene margen para perder más oportunidades; quizás por eso decidió usar la palabra y lanzar la flecha al flanco que dejó expuesto la mafia empresarial, política y judicial cuando comenzaron a salir a la luz sus vínculos promiscuos.
 
Ahora no hay vuelta atrás. Con el pedido de juicio político a los cuatro miembros de la nueva mayoría automática de la Corte Suprema se pusieron en marcha mecanismos y secuencias que ya no pueden detenerse y que, inevitablemente, transformarán el país, en un imprevisible efecto cascada. Para bien o para mal, la Argentina será un país distinto cuando concluya este año.
 
La contienda institucional en ciernes vuelve a darle al Presidente la chance de ocupar el centro del escenario, del que había sido desplazado, en los últimos meses, por el regreso de Cristina Fernández de Kirchner a espacios de mayor protagonismo en el debate público y por la gestión de Sergio Massa en el área económica. El apoyo de gobernadores a su iniciativa le restituye parte del protagonismo resignado en los tres años anteriores.
 
La presión mafiosa sobre los gobernadores del centro peronista (geográfica y políticamente hablando) consiguió privar a Fernández de algunos alfiles para su batalla, por ahora, pero todavía no hizo mella en la contraparte parlamentaria, donde el Frente de Todos tiene los patitos alineados, incluso aquellos que vienen de provincias donde el jefe del distrito decidió sacarle la cola a la jeringa. De nuevo: por ahora.
 
El próximo objetivo de los acusados, que procuran extender su impunidad hasta la llegada de un nuevo gobierno menos hostil, con el que pactar nuevas condiciones, será voltearle al oficialismo al menos un vocal en la Comisión de Juicio Político, donde se deberá votar la admisión de la denuncia, cada una de las medidas de prueba y los testimonios que se consideren necesarios para la investigación y por último la elevación del dictamen al recinto.
 
El Frente de Todos cuenta con 16 votos sobre 31 miembros de la comisión, suficiente para saldar cada uno de esos pasos. En tanto que la oposición tiene 14 votos y hay uno suelto del lavagnista Alejandro Rodríguez, que ya anticipó su rechazo al juicio político. Así las cosas, si por cualquier motivo, alguno de los legisladores del peronismo se ausenta o cambia el sentido de su voto, la oposición tendrá poder de bloqueo.
 
A esta altura del partido, la meta del oficialismo no es, aún, alcanzar los dos tercios de los votos de ambas cámaras para concretar el castigo sobre los cuatro supremos. Esperan, en cambio, que el proceso les permita seguir ventilando las miserias de jueces, fiscales, empresarios y dirigentes de la oposición. Todos, en los dos lados de la grieta, actúan asumiendo que las filtraciones todavía no exhibieron los secretos más comprometedores.
 

 
Un detalle se pasó por alto en el relato de las filtraciones y la guerra de bandas que protagoniza la interna opositora. En noviembre, cuando se denunció por primera vez el hackeo de teléfonos de Marcelo D'Alessandro y Diego Santilli, se ubicó la fuente de esa intrusión en la provincia de Misiones. Desde allí también se había montado, en 2007, la base desde donde se llevaron a cabo las escuchas ilegales que desataron el primer escándalo de espionaje de Mauricio Macri. Curiosidades.
 
Las ramificaciones posibles de este conflicto son demasiadas y difíciles de prever, por la cantidad de variables en juego. Sin embargo, una idea sobre el futuro inmediato puede ser un insumo valioso para el análisis. Tras una consulta con fuentes de distintos sectores del FdT y de JxC, las respuestas, diversas y sin cassette, giraron siempre en torno a uno de cinco escenarios base, ordenados aquí de peor a mejor para facilitar la lectura.
 
- El conflicto político e institucional vuelve a impactar en la economía y las finanzas, interrumpiendo la baja de inflación, condicionando la recuperación del poder adquisitivo y haciendo incumplibles las metas del acuerdo con el FMI. Una nueva espiral de inestabilidad amenaza el final del mandato de Fernández y la integridad del Frente de Todos, pero las esquirlas de la crisis pueden terminar arrasando también con la oposición.
 
- El cepo a la política que practica la oposición se endurece, fruto del enfrentamiento. Un bloqueo legislativo y judicial a cada iniciativa del gobierno termina causando una parálisis aún mayor que la actual. Sin cimbronazos pero sin éxitos tangibles en materia microeconómica, los meses hasta las elecciones serán una larga agonía supervisada, que desembocarán en una derrota electoral del peronismo.
 
- La investigación avanza, revelando nuevos detalles sobre la corrupción de la Corte Suprema, Comodoro Py, Juntos por el Cambio y Clarín. Se da un cambio sensible en la agenda y la sociedad, en la medida que sienta una mejora en su economía cotidiana, también irá revisando preconceptos sobre unos y otros. El peronismo, si puede resolver sus internas, llegará competitivo y con chances a las elecciones de octubre.
 
- La aparición de nuevas evidencias y/o el recálculo político ante una oportunidad inesperada causa un quiebre en el pacto opositor, aislando a los sectores de JxC más comprometidos. Esta nueva correlación de fuerzas permite avanzar, trabajosamente, en el juicio político y, quizás, también en otras iniciativas de reforma judicial en el Congreso antes del final de este mandato.
 
- Un escándalo de proporciones históricas que termine con renuncias masivas de los funcionarios judiciales y políticos involucrados y llegue a reordenar profundamente el escenario. Parece improbable, pero en este tipo de procesos, algunas cosas maduran de forma subterránea y cuando salen a la luz lo hacen con la fuerza imparable de un torrente que arrasa con cuestiones que parecían, hasta hace poco, inscritas en piedra.
 
Por caso: hasta el 23 de julio de 1973, un año, un mes y cuatro días después de que se detuviera a un grupo de espías a sueldo de la Casa Blanca pinchando teléfonos en oficinas de la oposición en el edificio Watergate, ningún legislador republicano había quitado su respaldo al presidente Richard Nixon. Ese día, el primero de ellos anunció que apoyaría un juicio político. Dos semanas más tarde, el 8 de agosto, acorralado, Nixon renunció.
 
Que el final de esta historia se parezca más a esto último y se aleje de los escenarios de pesadilla anteriores depende, en gran parte, de tres cosas. La primera es mantener estables las condiciones macroeconómicas y conseguir, en simultáneo, una mejora fuerte en el poder de compra de los salarios. La segunda es la interna en el Frente de Todos, que tarde o temprano deberá definir a qué está jugando. La tercera es el propio Fernández.
 
Desgastado después de tres años de gobierno pesadillesco, con una pandemia, una guerra de alcance global, un montón de fuego amigo y una pila de errores no forzados, el presidente necesita reconstruir su autoridad para sortear con éxito el desafío a los poderosos cortesanos. Un mandatario débil no podrá, en ningún caso, sostener durante un año la tensión que significa una batalla como la que decidió o se vio forzado a emprender.
 
En el plano interno, eligió a los gobernadores para construir su sostén. A pesar de los aprietes y embates, sumó la banca de once provincias y en la Casa Rosada confían en que en las próximas semanas pueden recuperar a alguno de los mandatarios provinciales que se bajaron en la última vuelta: apuntan a negociar con "los Sergios", el entrerriano Bordet y el sanjuanino Uñac y con el puntano Alberto Rodríguez Saa.
 
En simultáneo, con ocasión de la próxima cumbre de la CELAC, que se celebrará el 24 de enero en Buenos Aires, Fernández intentará importar a la Argentina parte de la red de apoyos y sociedades internacional que supo construir, con éxito, desde 2019. El encuentro también servirá como plataforma para el regreso del brasileño Lula da Silva a la arena exterior, en la primera salida fuera del país de su tercera presidencia.
 
Lula llegará un día antes para sostener una serie de actividades y una segunda bilateral con su par local, que ya lo visitó a principios de mes en Brasilia, en ocasión de la toma de mando. El encuentro servirá para firmar un acuerdo de más de treinta puntos entre ambos países, el acto de integración y coordinación más importante entre los socios estratégicos desde que Néstor Kirchner y el brasileño decidieron en simultáneo cortar lazos con el FMI.
 
La presencia de alrededor de 25 de mandatarios en Buenos Aires podría verse elevada tras la invitación que cursó Fernández a los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, y de China, Xi Jinping, para que participen de la cumbre. De difícil cumplimiento, la movida busca darle más relevancia a las relaciones exteriores que cultivó, no sin dificultades, el gobierno argentino durante los últimos años.
 
Las apretadas agendas de Biden y Xi son un obstáculo para concretar la visita con tan poco tiempo de antelación. Por ejemplo: el gobierno chino confirmó recientemente su participación en el Foro Asia Pacífico que se realizará este año en Estados Unidos en noviembre de este año, dentro de más de diez meses. La cancillería argentina trabaja por estas horas en un plan B: que los dos mandatarios participen del encuentro por zoom.
 
Además de la visita de dos docenas de presidentes (una nómina que incluye, junto con Lula, al mexicano Andrés Manuel López Obrador, el colombiano Gustavo Petro, el chileno Gabriel Boric y, probablemente, también el venezolano Nicolás Maduro), pasarán por el país en los últimos días de enero el canciller alemán, Olaf Scholz, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michell, y el ministro de Exteriores de Japón, Hayashi Yoshimasa.
 
Ninguno de ellos tiene voz ni voto en el juicio político a la Corte, pero Fernández intentará que sus logros en la arena internacional le den un renovado capital político y, sobre todo, contrarresten la imagen de un presidente aislado y sin poder. Y que le abran una salida diplomática si no busca la reelección al final de su mandato: la secretaría general de una renovada Unasur, cargo que supo ocupar, después de dejar la Casa Rosada, un tal Néstor Kirchner.
 
Por Nicolás Lantos
 
Fuente: El Destape
 

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24-12-2025 / 11:12
La guerra de las coimas. Daniel Garbellini, el hombre de los primos Menem al que Daniel Spagnuolo definía en sus audios como "un delincuente" y al que le echó toda la culpa por la corrupción con los remedios para discapacitados, declaró ante la Justicia que el verdadero culpable era el propio Spagnuolo. "El asumió la suma del poder en la Andis y era el único que tenía firma autorizada para realizar pagos", sostiene en un documento.
 
La causa sobre coimas, direccionamiento y sobreprecios en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejó expuesta una batalla entre los principales imputados. Después de que el exdirector del organismo, Spagnuolo, buscara en un escrito responsabilizarlo por las irregularidades, Garbellini -su exnúmero dos, extitular de Acceso a los Servicios de Salud- le devolvió en un descargo la gentileza.
 
En el marco de la causa que investiga las irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad, Garbellini, ex número dos del organismo, presentó un escrito ante la Justicia en el que negó todas las acusaciones y trasladó la responsabilidad de las decisiones operativas y administrativas a Diego Spagnuolo, ex abogado personal de Javier "el Loco" Milei y exdirector ejecutivo de la entidad.
 
Garbellini fue removido de su cargo tras el escándalo por sobornos en la compra de medicamentos y detalló que asumió la Dirección de Acceso a los Servicios de Salud en junio de 2024. Según su descargo, sus funciones se limitaban a la gestión del programa Incluir Salud, destinado a brindar cobertura médica a personas con discapacidad sin obra social, y no incluían facultades decisorias sobre contrataciones ni sobre bajas de pensiones.
 
En su presentación, sostuvo que el control total del sistema informático, las compulsas de precios y los pagos estaban en manos exclusivas de la Dirección Ejecutiva. "Tanto el suscripto como el resto de los funcionarios éramos usuarios del sistema", afirmó, y remarcó que el acceso pleno e irrestricto a la información dependía únicamente del director ejecutivo.
 
Garbellini insistió en que no tenía atribuciones para transparentar o abrir las contrataciones, y que cualquier falta de publicidad o control público fue una decisión ajena a su responsabilidad. Incluso aseguró haber sugerido cambios estructurales que fueron rechazados con el argumento de que "todo se hacía por urgencia".
 
El caso se originó a partir de grabaciones que involucraban a Spagnuolo, aunque esas pruebas no fueron consideradas válidas por el fiscal Franco Picardi. En esos registros también se mencionaba un vínculo entre Garbellini y Karina Milei, a través de un colaborador cercano, aunque esa línea no avanzó formalmente.
 
Hasta ahora, el único testimonio oral fue el de Roger Grant, quien admitió irregularidades en las contrataciones del programa PACBI y aseguró que actuaba bajo órdenes directas de Garbellini, a quien señaló como la figura que definía la operatoria. Sin embargo, evitó referirse a presuntas coimas. El expediente también incorpora anotaciones secuestradas en un allanamiento que vuelven a comprometer al exfuncionario libertario y refuerzan la disputa de responsabilidades en la causa.
 
La Opinión Popular
 
23-12-2025 / 09:12
Un fallo de Cámara obliga al Gobierno a explicar ante la Justicia dónde está el oro que, en junio de 2024, el gobierno de Javier "el Loco" Milei sacó del Banco Central para enviar al exterior. Para los jueces, esa información constituye "un asunto de indudable interés público como es la administración de las reservas". La presentación la hizo La Asociación Bancaria, el gremio que descubrió y denunció la maniobra con los lingotes de oro. El presidente del Banco central, Santiago Bausili, ya se negó a contestar un requerimiento de la Auditoría General de La Nación. Junto a "Toto" Caputo sacaron el oro del país y nunca informaron sobre su destino.
 
En un operativo clandestino de ribetes policiales, comenzó una saga de ocultamiento de las autoridades sobre el destino de uno de los principales activos líquidos del organismo monetario. El diputado nacional y líder de La Bancaria, Sergio Palazzo, presentó varios pedidos de informes exigiendo a las autoridades que expliquen donde está el oro y que tipo de cauciones lo afectan. Caputo nunca quiso explicar su destino, se limitó a comentar muy por arriba en un programa de televisión que se giró a un banco para cobrar intereses. No explicó quien lo tiene ni qué tipo de operación se hizo con ese importante activo.
 
Ahora, la Justicia Federal ordenó este lunes al Banco Central que entregue información precisa sobre el destino del oro. En una resolución firmada por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, consideró que la autoridad monetaria no justificó de manera suficiente su decisión de no informar sobre el destino del activo y sostuvo que la negativa vulneró los principios de transparencia.
 
Es que Caputo y Bausili sostienen que la operación forma parte de la "administración" de las reservas y por ende es secreta. El mismo criterio opaco que Caputo utiliza para no dar precisiones sobre el swap firmado con Estados Unidos y los bonos que le entregó al Tesoro para que rentabilice la venta de dólares que hizo sobre el cierre de la campaña.
 
Los jueces fueron punzantes sobre el lamentable manejo de Caputo sobre información que debería ser pública. "La configuración de alguna de las excepciones legales a la entrega de información pública no puede depender de una apreciación unilateral del sujeto obligado", sostiene el fallo y subraya que es el Estado quien debe demostrar, de manera concreta, que la difusión de los datos solicitados causaría un daño a un interés legítimamente protegido.
 
El Banco Central respondió apenas con un comunicado formal que "había completado transferencias de parte de sus reservas en oro entre sus diferentes cuentas", sin precisar monto, destino ni motivo concreto. La respuesta evasiva del BCRA encendió alarmas. Porque ese oro no es un adorno: según informes oficiales, las reservas de oro rondan unos USD 4.900 millones, un componente significativo del total de activos extranjeros del Central.
 
Aunque la entidad insiste en que las operaciones no alteran el volumen agregado de las reservas, nadie sabe realmente dónde están físicamente esos lingotes y si siguen efectivamente en poder del Estado o se remataron en algunas de las operaciones de préstamos igualmente opacas que concretó Caputo. El balance del BCRA, en ciertos trimestres, llegó incluso a no mostrar ese componente con claridad, como si hubiera desaparecido entre páginas y cifras.
 
La Auditoría General de la Nación (AGN) reveló recientemente que el Banco Central se negó a entregar documentación sobre dónde están los lingotes, bajo qué condiciones se conservan y si parte del oro fue transformado en instrumentos financieros. El argumento oficial: la información es "confidencial" y su difusión podría poner en riesgo la seguridad de los activos. Como sea, la pregunta es: ¿dónde está el oro? Eso es lo que la Justicia ahora exige que responda Milei.
 
La Opinión Popular
 

22-12-2025 / 10:12
Las joyas de la abuela que remata el gobierno. A espaldas del Congreso, el Gobierno ya vendió 40 valiosos terrenos del Estado (pertenecientes a las fuerzas armadas, instituciones científicas y hasta predios de ex centros clandestinos de detención) y tiene 140 inmuebles más para subastar. Luis "Toto" Caputo sueña con conseguir unos mil millones de dólares mientras las grandes inmobiliarias amigas del gobierno, con Eduardo Costantini a la cabeza, se quedan con el botín.
 
Tierras del Plan Procrear, de las Fuerzas Armadas, ferroviarias, de instituciones científicas, predios de ex Centros Clandestinos de Detención y hasta un pedazo de montaña en Mendoza. Todo eso incluye la lista de más de 180 terrenos e inmuebles públicos que conforman el plan de ventas de bienes del Estado que ya avanza en el Gobierno de Javier "el Loco" Milei.
 
Los remates, que esta semana fueron noticia por la venta de tierras destinadas originalmente a viviendas sociales, se concentran por ahora en la Ciudad de Buenos Aires con las empresas de Eduardo Costantini como principales beneficiarias y otros grandes jugadores del sector, como el Grupo IRSA, codiciando las tierras.
 
A través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), y sin pasar por el Congreso, la fuerza libertaria ya vendió cerca de 40 bienes y tiene en lista otros 140 lotes e inmuebles publicados para subastar en lo que le queda de mandato.
 
La lista de subastas futuras cuenta con terrenos de hasta 300 hectáreas a vender en el interior del país con destino al negocio agropecuario o a grandes proyectos inmobiliarios. Especialistas y organizaciones ambientalistas advierten que se trata "de uno de los procesos de descapitalización pública más agresivos de nuestra historia reciente".
 
"Vamos a vender muchos de los activos de la AABE y eso va a generar un ingreso de miles de millones". No mentía el ministro de Economía, "Toto" Caputo, cuando a principios de junio reconocía que el gobierno remataría las tierras del Estado para intentar sostener las reservas, en conjunto con los procesos de privatizaciones y concesiones.
 
Sólo desde ese mes la Agencia abrió subastas para un total de 26 terrenos e inmuebles a los que hay que sumarle otros 17 procesos de remate que se habían abierto desde fines de 2023. En paralelo a las subastas de la AABE, el gobierno remata también las tierras que estaban destinadas al ya disuelto Plan Procrear y apunta a recaudar una suma de entre 800 y 1000 millones de dólares por todo el paquete. Aunque hubo ventas en Mendoza, La Plata, Pinamar y Córdoba, la mayor parte de los bienes vendidos hasta ahora se concentran en la Ciudad de Buenos Aires.
 
El terreno más grande de ese paquete es el predio de cuatro hectáreas que pertenecía al Ejército y que Eduardo Costantini adquirió por más de 120 millones de dólares. El mismo empresario se quedó con un lote de la Policía Federal en Bajo Belgrano a través de la firma Argencons, que controla desde mayo, en una subasta peleada en la que la empresa le ganó incluso al peso pesado de Eduardo Elsztain y su Grupo IRSA.
 
Antes, Costantini también había sumado otro terreno a pocos metros del Campo Argentino de Polo. En los tres casos se construirán desarrollos inmobiliarios.
 

21-12-2025 / 09:12
Cuando los cimientos están agrietados, todo lo que se construye es frágil e inestable. Cincuenta días tardó Javier "el Loco" Milei, tras una sorpresiva e impactante victoria en las elecciones de medio término, en fagocitarse el crédito político, de la misma forma que se fagocitó -durante los últimos dos años- una cantidad récord de divisas sin poder acumular reservas.
 
Ahora, tiene por delante dos años en los que su suerte está atada a la voluntad de aliados poco confiables. El FMI volvió a intervenir la economía, forzando un volantazo; los gobernadores pasaron por caja y después le votaron en contra. Un poco de su propia medicina. Hola incertidumbre, mi vieja amiga, podría cantar el presidente. Dos años, en Argentina, es mucho tiempo.
 
Después de la sesión del miércoles en la Cámara de Diputados, la mayoría de los medios titularon con un triunfo del oficialismo por la media sanción de diputados y apenas destinaron alguna línea en la bajada para comentar, como algo secundario, la inesperada derrota en el Capítulo 11 que se votó de madrugada. Con el correr de las horas, la realidad se encargó de corregir ese evidente error de criterio.
 
La derrota del gobierno fue completa y sus consecuencias están teniendo ramificaciones imprevistas. Milei amenazó con vetar su propio presupuesto y Patricia Bullrich tuvo que anunciar la postergación del tratamiento de la reforma laboral, justo a la hora que la CGT desconcentraba la Plaza de Mayo. Una derrota indisimulable.
 
El debate sobre la Ley de Presupuesto en la Cámara Baja era la primera y la más sencilla de todas las sesiones que tiene por delante el Gobierno para aprobar las reformas que anunció. La dificultad insalvable que encontró esta semana echa dudas sobre la viabilidad del resto de sus planes, justo cuando tiene que convencer a los acreedores que le vuelvan a prestar el dinero que no podrá devolver en 20 días.
 
La forma en la que intentó, sin éxito, salvar esa dificultad, repercutió negativamente en la relación con todos sus aliados, a los que necesita para que el Congreso le siga dando una pátina de legitimidad a sus decisiones, muchas veces ilegales e inconstitucionales.
 
La caída del artículo 75, el corazón de la derrota, está cargada de significado político porque fue una rebelión contra la cláusula de la humillación. Enceguecido por una mala lectura de las urnas, Milei no se contentó con ganar sino que quiso escenificar un triunfo absoluto y definitivo sometiendo a los legisladores que antes de la elección habían apoyado las leyes que daban presupuesto a la Universidad Pública y a las personas con discapacidad, para que votaran explícitamente en contra de esas mismas leyes. Ese era el corazón político del proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo. Las partidas pueden reconducirse por decreto. Lo importante era coronar a Milei.
 
Así, el solsticio de verano no sólo marca hoy el final de la primavera, sino también, en coincidencia, el de la primaverita política que había comenzado para el gobierno con el resultado de las elecciones de medio término y que terminó sin que pudiera capitalizar de manera alguna ese éxito. La realidad muestra que, al fin y al cabo, las cosas no son tan malas como parecían en septiembre ni tan buenas como nos quisieron hacer creer después de octubre.
 
Todo sigue más o menos parecido a lo que fue el largo 2025: precario, inestable, violento, cada vez más autoritario y deteriorado. Este año Milei necesitó tres rescates del FMI, de Trump y de las urnas, para llegar hasta acá. Va a necesitar uno más, de los Senadores, antes del brindis del 31. Y con el 2026 comenzará una historia diferente.
 

20-12-2025 / 10:12
Agrandado como alpargata de pobre, en pocas semanas el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei dilapidó el resultado favorable de las urnas, resquebrajó su alianza con el PRO al romper la promesa de un lugar en la AGN; soportó un masivo acto de protesta de la CGT; debió postergar la reforma laboral, y le rechazaron en el Congreso su intento de derogar las leyes de presupuestos universitario y para discapacidad.
 
El efecto colateral del resultado favorable pero inesperado en las urnas fue confiarse demasiado y tomar de su propia medicina para creerse el relato sobre la estupidez humana. No ganó las elecciones porque los ciudadanos piensen que están bien. Es posible que así piense una pequeña parte de sus votantes. La mayoría sabe que está mal y votó -o no fue a votar- entre el discurso gorila antiperonista y la amenaza de un apocalipsis argentino inminente revoleado por el presidente norteamericano Donald Trump.
 
Javier Milei insiste en que la gente está bien. Es una mala lectura de la realidad que dibujan el Indec, el ministro Toto Caputo y Santiago Bausili en el Banco Central. Es el peor mensaje para mentir porque cualquier hijo de vecino puede constatar su falsedad. No importa si la inflación es cero o diez, ni si los medios dicen que bajó la pobreza. El sueldo no llega a fin de mes. O para que llegue hay que hacer sacrificios en calidad de vida, en calidad de salud y alimentación, en las vacaciones y el transporte. Todos saben que el padre, el tío o los abuelos están en el horno con las jubilaciones.
 
La lista de desgracias es más larga porque hay que anotar a los que perdieron negocios o el trabajo, que son cientos de miles. El gobierno hizo una mala lectura y sobre esa base tomó decisiones equivocadas. Una de ellas fue prometerles a sus aliados del PRO un puesto en la Auditoría General de la Nación que no podría otorgarle.
 
Se habló de una negociación con Unión por la Patria, pero en realidad, el puesto que estaba en discusión fue el que asumió la salteña Pamela Calleti que responde al gobernador Gustavo Sáenz. Si hubo negociación no fue por los votos. Los diputados de Unión por la Patria rechazaron las propuestas del Gobierno en todas las votaciones siguientes. Desde el intento oficial de derogar las leyes de financiamiento universitario y para la discapacidad, hasta el presupuesto. No hubo votos de Unión por la Patria en ninguna de esas votaciones.
 
El bochorno mayor fue con la compra de voluntades con los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) previo a la votación. Las provincias más fieles a las decisiones del bloque, como Buenos Aires, La Pampa, Tierra del Fuego, La Rioja y Formosa quedaron fuera del reparto. Milei repartió 66 mil millones de pesos de ATN para comprar esos votos. Lo hizo en forma descarada.
 
Al tucumano Osvaldo Jaldo, el más favorecido, lo hizo llegar hasta Buenos Aires para que le bese el anillo y para escracharlo con una fotografía en la Rosada. Votos en remate para el Presupuesto y la Reforma Laboral, que son parte de las políticas del Gobierno que está destruyendo la industria y expulsando inversiones.
 
Se ha naturalizado esa actitud como un acto "responsable" de los gobernadores, como si el gobierno pudiera usar con ese fin los ATN que son para problemas concretos y no para comprar votos. Usado de esa manera, ese mecanismo es directamente extorsivo.
 
Los diputados que representan a las provincias de Misiones, Salta, San Juan y Mendoza, que originalmente habían votado a favor del aumento del presupuesto a las universidades y a la discapacidad, cambiaron su voto luego de que sus gobernadores recibieran los ATN.
 

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