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El clima en Paraná

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 08-01-2023 / 13:01
PANORAMA POLÍTICO NACIONAL

Alberto debe reconstruir su autoridad para dar la batalla más importante de su mandato contra la Corte macrista

Alberto debe reconstruir su autoridad para dar la batalla más importante de su mandato contra la Corte macrista
Dice el refrán que existen tres cosas que no pueden deshacerse: la flecha lanzada, la palabra dicha y la oportunidad perdida. Alberto Fernández no tiene margen para perder más oportunidades; quizás por eso decidió usar la palabra y lanzar la flecha al flanco que dejó expuesto la mafia empresarial, política y judicial cuando comenzaron a salir a la luz sus vínculos promiscuos.
Dice el refrán que existen tres cosas que no pueden deshacerse: la flecha lanzada, la palabra dicha y la oportunidad perdida. Alberto Fernández no tiene margen para perder más oportunidades; quizás por eso decidió usar la palabra y lanzar la flecha al flanco que dejó expuesto la mafia empresarial, política y judicial cuando comenzaron a salir a la luz sus vínculos promiscuos.
 
Ahora no hay vuelta atrás. Con el pedido de juicio político a los cuatro miembros de la nueva mayoría automática de la Corte Suprema se pusieron en marcha mecanismos y secuencias que ya no pueden detenerse y que, inevitablemente, transformarán el país, en un imprevisible efecto cascada. Para bien o para mal, la Argentina será un país distinto cuando concluya este año.
 
La contienda institucional en ciernes vuelve a darle al Presidente la chance de ocupar el centro del escenario, del que había sido desplazado, en los últimos meses, por el regreso de Cristina Fernández de Kirchner a espacios de mayor protagonismo en el debate público y por la gestión de Sergio Massa en el área económica. El apoyo de gobernadores a su iniciativa le restituye parte del protagonismo resignado en los tres años anteriores.
 
La presión mafiosa sobre los gobernadores del centro peronista (geográfica y políticamente hablando) consiguió privar a Fernández de algunos alfiles para su batalla, por ahora, pero todavía no hizo mella en la contraparte parlamentaria, donde el Frente de Todos tiene los patitos alineados, incluso aquellos que vienen de provincias donde el jefe del distrito decidió sacarle la cola a la jeringa. De nuevo: por ahora.
 
El próximo objetivo de los acusados, que procuran extender su impunidad hasta la llegada de un nuevo gobierno menos hostil, con el que pactar nuevas condiciones, será voltearle al oficialismo al menos un vocal en la Comisión de Juicio Político, donde se deberá votar la admisión de la denuncia, cada una de las medidas de prueba y los testimonios que se consideren necesarios para la investigación y por último la elevación del dictamen al recinto.
 
El Frente de Todos cuenta con 16 votos sobre 31 miembros de la comisión, suficiente para saldar cada uno de esos pasos. En tanto que la oposición tiene 14 votos y hay uno suelto del lavagnista Alejandro Rodríguez, que ya anticipó su rechazo al juicio político. Así las cosas, si por cualquier motivo, alguno de los legisladores del peronismo se ausenta o cambia el sentido de su voto, la oposición tendrá poder de bloqueo.
 
A esta altura del partido, la meta del oficialismo no es, aún, alcanzar los dos tercios de los votos de ambas cámaras para concretar el castigo sobre los cuatro supremos. Esperan, en cambio, que el proceso les permita seguir ventilando las miserias de jueces, fiscales, empresarios y dirigentes de la oposición. Todos, en los dos lados de la grieta, actúan asumiendo que las filtraciones todavía no exhibieron los secretos más comprometedores.
 

 
Un detalle se pasó por alto en el relato de las filtraciones y la guerra de bandas que protagoniza la interna opositora. En noviembre, cuando se denunció por primera vez el hackeo de teléfonos de Marcelo D'Alessandro y Diego Santilli, se ubicó la fuente de esa intrusión en la provincia de Misiones. Desde allí también se había montado, en 2007, la base desde donde se llevaron a cabo las escuchas ilegales que desataron el primer escándalo de espionaje de Mauricio Macri. Curiosidades.
 
Las ramificaciones posibles de este conflicto son demasiadas y difíciles de prever, por la cantidad de variables en juego. Sin embargo, una idea sobre el futuro inmediato puede ser un insumo valioso para el análisis. Tras una consulta con fuentes de distintos sectores del FdT y de JxC, las respuestas, diversas y sin cassette, giraron siempre en torno a uno de cinco escenarios base, ordenados aquí de peor a mejor para facilitar la lectura.
 
- El conflicto político e institucional vuelve a impactar en la economía y las finanzas, interrumpiendo la baja de inflación, condicionando la recuperación del poder adquisitivo y haciendo incumplibles las metas del acuerdo con el FMI. Una nueva espiral de inestabilidad amenaza el final del mandato de Fernández y la integridad del Frente de Todos, pero las esquirlas de la crisis pueden terminar arrasando también con la oposición.
 
- El cepo a la política que practica la oposición se endurece, fruto del enfrentamiento. Un bloqueo legislativo y judicial a cada iniciativa del gobierno termina causando una parálisis aún mayor que la actual. Sin cimbronazos pero sin éxitos tangibles en materia microeconómica, los meses hasta las elecciones serán una larga agonía supervisada, que desembocarán en una derrota electoral del peronismo.
 
- La investigación avanza, revelando nuevos detalles sobre la corrupción de la Corte Suprema, Comodoro Py, Juntos por el Cambio y Clarín. Se da un cambio sensible en la agenda y la sociedad, en la medida que sienta una mejora en su economía cotidiana, también irá revisando preconceptos sobre unos y otros. El peronismo, si puede resolver sus internas, llegará competitivo y con chances a las elecciones de octubre.
 
- La aparición de nuevas evidencias y/o el recálculo político ante una oportunidad inesperada causa un quiebre en el pacto opositor, aislando a los sectores de JxC más comprometidos. Esta nueva correlación de fuerzas permite avanzar, trabajosamente, en el juicio político y, quizás, también en otras iniciativas de reforma judicial en el Congreso antes del final de este mandato.
 
- Un escándalo de proporciones históricas que termine con renuncias masivas de los funcionarios judiciales y políticos involucrados y llegue a reordenar profundamente el escenario. Parece improbable, pero en este tipo de procesos, algunas cosas maduran de forma subterránea y cuando salen a la luz lo hacen con la fuerza imparable de un torrente que arrasa con cuestiones que parecían, hasta hace poco, inscritas en piedra.
 
Por caso: hasta el 23 de julio de 1973, un año, un mes y cuatro días después de que se detuviera a un grupo de espías a sueldo de la Casa Blanca pinchando teléfonos en oficinas de la oposición en el edificio Watergate, ningún legislador republicano había quitado su respaldo al presidente Richard Nixon. Ese día, el primero de ellos anunció que apoyaría un juicio político. Dos semanas más tarde, el 8 de agosto, acorralado, Nixon renunció.
 
Que el final de esta historia se parezca más a esto último y se aleje de los escenarios de pesadilla anteriores depende, en gran parte, de tres cosas. La primera es mantener estables las condiciones macroeconómicas y conseguir, en simultáneo, una mejora fuerte en el poder de compra de los salarios. La segunda es la interna en el Frente de Todos, que tarde o temprano deberá definir a qué está jugando. La tercera es el propio Fernández.
 
Desgastado después de tres años de gobierno pesadillesco, con una pandemia, una guerra de alcance global, un montón de fuego amigo y una pila de errores no forzados, el presidente necesita reconstruir su autoridad para sortear con éxito el desafío a los poderosos cortesanos. Un mandatario débil no podrá, en ningún caso, sostener durante un año la tensión que significa una batalla como la que decidió o se vio forzado a emprender.
 
En el plano interno, eligió a los gobernadores para construir su sostén. A pesar de los aprietes y embates, sumó la banca de once provincias y en la Casa Rosada confían en que en las próximas semanas pueden recuperar a alguno de los mandatarios provinciales que se bajaron en la última vuelta: apuntan a negociar con "los Sergios", el entrerriano Bordet y el sanjuanino Uñac y con el puntano Alberto Rodríguez Saa.
 
En simultáneo, con ocasión de la próxima cumbre de la CELAC, que se celebrará el 24 de enero en Buenos Aires, Fernández intentará importar a la Argentina parte de la red de apoyos y sociedades internacional que supo construir, con éxito, desde 2019. El encuentro también servirá como plataforma para el regreso del brasileño Lula da Silva a la arena exterior, en la primera salida fuera del país de su tercera presidencia.
 
Lula llegará un día antes para sostener una serie de actividades y una segunda bilateral con su par local, que ya lo visitó a principios de mes en Brasilia, en ocasión de la toma de mando. El encuentro servirá para firmar un acuerdo de más de treinta puntos entre ambos países, el acto de integración y coordinación más importante entre los socios estratégicos desde que Néstor Kirchner y el brasileño decidieron en simultáneo cortar lazos con el FMI.
 
La presencia de alrededor de 25 de mandatarios en Buenos Aires podría verse elevada tras la invitación que cursó Fernández a los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, y de China, Xi Jinping, para que participen de la cumbre. De difícil cumplimiento, la movida busca darle más relevancia a las relaciones exteriores que cultivó, no sin dificultades, el gobierno argentino durante los últimos años.
 
Las apretadas agendas de Biden y Xi son un obstáculo para concretar la visita con tan poco tiempo de antelación. Por ejemplo: el gobierno chino confirmó recientemente su participación en el Foro Asia Pacífico que se realizará este año en Estados Unidos en noviembre de este año, dentro de más de diez meses. La cancillería argentina trabaja por estas horas en un plan B: que los dos mandatarios participen del encuentro por zoom.
 
Además de la visita de dos docenas de presidentes (una nómina que incluye, junto con Lula, al mexicano Andrés Manuel López Obrador, el colombiano Gustavo Petro, el chileno Gabriel Boric y, probablemente, también el venezolano Nicolás Maduro), pasarán por el país en los últimos días de enero el canciller alemán, Olaf Scholz, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michell, y el ministro de Exteriores de Japón, Hayashi Yoshimasa.
 
Ninguno de ellos tiene voz ni voto en el juicio político a la Corte, pero Fernández intentará que sus logros en la arena internacional le den un renovado capital político y, sobre todo, contrarresten la imagen de un presidente aislado y sin poder. Y que le abran una salida diplomática si no busca la reelección al final de su mandato: la secretaría general de una renovada Unasur, cargo que supo ocupar, después de dejar la Casa Rosada, un tal Néstor Kirchner.
 
Por Nicolás Lantos
 
Fuente: El Destape
 

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17-12-2025 / 09:12
A días de cumplir su segundo año de gestión, el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei busca aprobar su primer presupuesto sin frenar en las curvas. Tras conseguir dictamen de mayoría con ayuda de gobernadores aliados, este miércoles se trata la "Ley de Leyes" en Diputados. Envalentonada, Patricia Bullrich buscará incluirlo también en la sesión del viernes 26, en la que se debatirá la reforma laboral en el Senado. Para sorpresa de la oposición, el dictamen deroga el Financiamiento Universitario y la Emergencia en discapacidad. Ambas iniciativas fueron sancionadas por el Congreso, vetadas por el Gobierno e insistidas en ambas cámaras. El nuevo proyecto deroga el ajuste automático de las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo y le da discrecionalidad al gobierno.
 
En un súper miércoles, la Casa Rosada intentará disciplinar al Congreso con la ley de "Disciplina Fiscal", que penaliza a quienes atenten contra el excel libertario y buscará avanzar con la aprobación de un blanqueo blue rebautizado "inocencia fiscal". La CGT llamó a movilizar contra el desfinanciamiento de la educación, la ciencia y la tecnología.
 
Al Gobierno le quedan menos de diez días hábiles para cumplir los deberes que le fijaron Donald Trump y el FMI: tener un presupuesto y sancionar una reforma laboral. Ayer, la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside Bertie Benegas Lynch dejó listo el dictamen que el oficialismo buscará aprobar este miércoles. Los apoyos para reunir las 28 firmas -sobre un total de 46- llegaron de la mano de sus aliados del PRO, la UCR y el MID, y de los gobernadores de Catamarca, Tucumán, San Juan, Mendoza y Misiones.
 
De esas 28 firmas, seis fueron en disidencia, lo que obliga al Gobierno a continuar las negociaciones si no quiere correr una suerte similar a la que atravesó durante el tratamiento de la Ley Bases, que perdió buena parte de su articulado en el camino.
 
Para asegurarse los respaldos, la administración de Milei abrió la billetera. En los últimos días, los gobernadores colaboracionistas recibieron Aportes del Tesoro Nacional. El misionero Hugo Passalacqua recibió 12 mil millones de pesos; el chaqueño Leandro Zdero, 11 mil millones; y el tucumano Osvaldo Jaldo, 20 mil millones. Esta última fue la cifra más generosa que el Gobierno envió a una provincia en todo 2025.
 
Además, el lunes por la noche la Casa Rosada envió al Congreso la reforma de la Ley de Glaciares. La iniciativa habilita a las provincias a avanzar con proyectos mineros sobre reservas estratégicas de agua. De aprobarse, Catamarca, Mendoza y San Juan quedarían entre las principales beneficiadas para hacer negocios con las multinacionales yanquis que miran de reojo.
 
Si bien existe consenso entre la mayoría de los bloques en que el Gobierno no puede seguir administrando el Estado sin un presupuesto, el proyecto no contempla partidas para recomponer los ingresos de los jubilados, no prevé mecanismos para reactivar la obra pública ni incluye un solo artículo orientado a impulsar la actividad económica.
 
Todo el andamiaje se reduce a blindar el equilibrio fiscal, que Milei alcanzó a fuerza de recortar en todas las áreas sensibles del Estado, a excepción del pago de los intereses de la deuda. Además, las metas que fija parecen a simple vista difíciles de cumplir. El proyecto prevé un crecimiento de la economía del 5 por ciento del PBI, una inflación anual del 10,1 por ciento y proyecta un dólar a 1423 pesos para diciembre de 2026. Esto último está por debajo del precio actual.
 

16-12-2025 / 10:12
Las reformas que impulsa el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei, en especial la laboral, buscan sin disimulo convertir a nuestro país en una economía colonial de enclave, productor de materias primas, sin industria y en donde sobre más de la mitad de los argentinos. En el país cierra una empresa por hora y 400 trabajadores por día se quedan sin empleo. El cálculo surge de tomar en cuenta que "el Peluca" y su motosierra destruyeron 19.114 firmas dejando en la calle a algo más que 264 mil asalariados registrados en sus dos primeros años de gobierno.
 
Para Argentina es un cambio dramático, pues es uno de los países en donde la legislación laboral del siglo XX más avanzó en el sentido de proteger a los trabajadores. Por esa razón, por ese "mal ejemplo" para la región latinoamericana, el objetivo del FMI de retroceder más de un siglo en las condiciones bajo las cuales se desenvuelve el mundo laboral, haya sido tomado con tanta energía por los últimos gobiernos de derecha y mucho más ahora bajo el modelo reaccionario extremo que impulsan los desquiciados Milei, Sturzenegger, Caputo y cía.
 
Todos y cada uno de los puntos del extenso proyecto que acaba de aterrizar en el Congreso es un muestrario de la ideología conservadora y retrógrada que alienta a este gobierno como fiel representante de la elite económico-financiera también conocida como "círculo rojo". A tal extremo esto es así que el gobierno ni se molestó en desmentir lo que hace un tiempo se conoció: los autores materiales de este engendro son los estudios de abogados que prestan sus servicios a las corporaciones más poderosas, los llamados "dueños de la Argentina". Es el gobierno para los ricos.
 
El sueño húmedo de esta minoría enferma de codicia es voltear, una por una, todas las protecciones legales que tienen los trabajadores argentinos, aunque también debe decirse que buena parte de ellas ya fueron demolidas de hecho por el propio accionar de un mercado laboral que, con independencia de los gobiernos que se sucedieron desde el estallido social y la gran crisis económica de 2001, dejaron a casi la mitad de los asalariados desempeñándose "en negro", al margen de la formalidad.
 
Lo que veremos en las próximas horas en el Congreso les dejará en claro a los argentinos quiénes son los senadores y diputados dignos de ser llamados oposición y quiénes se someterán ante las ofertas de dinero que ya está circulando por oscuras vías. Gobernadores dialoguistas también estarán en el "toma y daca" que este gobierno puso en marcha sin que la gran prensa porteña, convertida en vocera oficial de la Casa Rosada, hable como lo hacía habitualmente de "látigo y billetera" con otros gobiernos que nunca llegaron a extremos de manipulación de los recursos fiscales como el actual.
 
El triunfo electoral de octubre de Milei es el combustible que aceleró la decisión de avanzar con este proyecto y con otros que también buscan reconfigurar en profundidad el diseño social, económico e institucional de la Argentina. La llamada ley de tierras, de glaciares, la reforma educativa, la tributaria, etc. conforman una ofensiva de los sectores concentrados de la economía contra el conjunto social. Convertir a este país en una economía colonial, sin industria, sin ciencia, sin educación de calidad, sin protección social ni laboral para las mayorías populares es una meta que está en las mentes de los libertarios. La política de tierra arrasada que se proponen les resulta indiferente, pues la ambición de poder -político y económico- está por encima de todo.
 
La CGT convocó a una movilización a la Plaza de Mayo para el jueves a la que adhirieron las dos CTA, ATE y otros gremios, el peronismo, organizaciones sociales y partidos políticos de izquierda.  Para aterrorizar, la especialidad del mileísmo, aplicarán el protocolo antipiquetes. Si la movilización es masiva, cuesta creer que la amenaza de represión violenta se cumpla. Crispar el clima social en vísperas de fin de año, en nuestro país, nunca tuvo buenos resultados para los gobiernos.
 
La Opinión Popular
 

14-12-2025 / 09:12
Bajo el mote de reforma laboral se esconde la decisión de Javier "el Loco" Milei que pretende consagrar institucionalmente, en 2026, los objetivos que en 1976 se planteara la dictadura militar genocida. Los cambios en el proceso de acumulación en el marco del genocidio, el endeudamiento, la valorización financiera y la fuga de capitales, la desindustrialización, el modo de incorporación del cambio tecnológico y la llegada del capitalismo de plataformas, produjo una sustancial alteración de la relación capital-trabajo, obviamente en desmedro del conjunto de los trabajadores.
 
En ese marco de brutal regresividad en las condiciones materiales de vida de quienes trabajan, se sucedieron en las distintas administraciones conservadoras cambios normativos, todos con la misma dirección. 1. Abaratar el precio del trabajo. 2. Facilitar el despido. 3. Debilitar los convenios colectivos. 4. Limitar y destruir la organización sindical.
 
Estas orientaciones fueron parte de los cambios normativos que impulsó la dictadura militar, de las leyes que llevaron adelante Cavallo, Menem y De la Rúa, del frustrado intento de Macri y también del proyecto de Milei. Proyecto este cuya profundidad en términos de alteración de la Ley de Contrato de Trabajo solo es equiparable a lo planteado hace 50 años por la dictadura militar.
 
Además, se lleva a cabo la directa eliminación de los costos del despido a partir de la creación de un Fondo de Asistencia Laboral que se financiará con tres puntos de las actuales contribuciones patronales. A la vez, se les reduce en un punto adicional los aportes a los empresarios en relación a las obras sociales que dejarían de percibir un punto de los que están recibiendo en la actualidad.
 
En síntesis, cuatro puntos de los aportes patronales dejan de financiar las jubilaciones y la salud de los trabajadores, con el objeto de eliminar los costos del despido y reducir los costos laborales. Situación ésta que implica una redistribución de ingresos desde los trabajadores al capital, cercana a los 3000 millones de dólares.
 
Las experiencias internacionales y la propia experiencia nacional indican que estas propuestas solo profundizan la desocupación, la informalidad y la pobreza. Es más, aspectos laborales de esta naturaleza son los que contenía la Ley Bases y que ya tuvieron dos años de aplicación en el curso del gobierno de Milei. Años que lejos de promover el empleo registrado, coexisten con la destrucción de 222 mil puestos de trabajo formales registrados de los cuales 139 mil son del propio sector privado, al tiempo que el monotributo y los asalariados no registrados constituyen las formas de inserción laboral de mayor importancia en los últimos dos años.
 
Por si esto fuera poco, los modelos que pregonan los funcionarios libertarios como objetivos a alcanzar por la Argentina, no hacen más que negar con la evidencia lo que el propio gobierno pregona para justificar lo que propone. Poner como ejemplo a seguir países como Paraguay o Perú, que prácticamente carecen de legislación laboral, resulta inentendible. Estos dos países exhiben, aún sin legislación laboral, niveles de informalidad superiores a los que hoy exhibe la Argentina.
 
Para frenar esta ofensiva hay que convocar a la sociedad a discutir la necesidad de relaciones laborales diferentes para un país distinto al que construye Milei. Para eso necesitamos relaciones laborales que se edifiquen en base a la redistribución del ingreso, la revalorización del trabajo y la necesidad de expandir derechos para todos aquellos que trabajan independientemente del tipo de inserción laboral que tengan.
 
La Opinión Popular
 

13-12-2025 / 09:12
El proyecto de país que perfila el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei tomó el aspecto de una sociedad sin derechos organizada por el mercado. El mercado elimina el concepto de soberanía y decidirá quién irá preso y quién se tomará vacaciones. A su vez, el mercado está organizado por una escala jerárquica según el poder económico.
 
O sea: la libertad de los libertarios es como la milanesa tucumana hecha con papel higiénico. Y de postre: inflación. Si alguno pensó que el esfuerzo valía la pena, el 2,5 de inflación -medido por un Indec que todo el mundo sabe trucho-- le dio una mala noticia: se quedó sin trabajo, se quedó sin empresa, y además tiene inflación.
 
En la misma semana asumió Joaquín Mogaburu como subsecretario de Derechos Humanos y se presentó el proyecto de reforma laboral en el Congreso. El nuevo funcionario es un personaje ligado a los represores y da cursos en los cuarteles sobre "memoria completa".
  
Mogaburu aboga por la conciliación y el perdón a los genocidas. El combo es coherente con el protocolo de seguridad que criminalizó la protesta social, el decreto que permitió a las fuerzas armadas intervenir en conflictos internos y la eliminación del derecho a huelga y otros derechos como lo estipula la reforma laboral enviada al Congreso.
 
Durante el mes hubo decenas de actos sobre derechos humanos en centros culturales, casas de la memoria y en plazas de todo el país. Y el jueves se realizó un festival en la Plaza de Mayo encabezado por Madres, Abuelas y el Serpaj de Adolfo Pérez Esquivel. Al mismo tiempo, la CGT anunciaba un acto público para oponerse al proyecto de ley enviado al Congreso.
 
No hay derechos humanos y no hay derechos laborales. No hay derecho a la protesta y no hay derecho que proteja contra la tortura y la violación como reclaman los que piden la libertad de torturadores y violadores que actuaron tras haber usurpado el Estado durante el golpe genocida. No hay sujetos de derecho en esta sociedad que conciben los libertarios y que ha sido votada por muchos que perderán los derechos que tenían.
 
Con el mercado se come, con el mercado se educa, con el mercado se cura. Si eso era difícil con la democracia, el mercado ni se lo plantea porque el único derecho que reconoce es el del que tiene más capital. El mercado habla de méritos, pero los derechos no se ganan. Los derechos implican también responsabilidades, pero no se ganan por méritos. Al menos la democracia reconoce que todos tienen derecho a comer, a la educación y a la salud. Después dependerá de los gobiernos proveer esos derechos.
 
Los libertarios inventaron una democracia con voto, pero sin derechos. Y los derechos son para todos porque son inherentes a la condición del ser humano. Si son para pocos, no califica. La democracia se construye sobre los derechos ciudadanos. Sin esos derechos básicos no hay sistema democrático. Este gobierno habla de democracia y libertad, pero cuando hace la milanesa, le pone papel higiénico en vez de libertad y democracia.
 

12-12-2025 / 10:12
El gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei mandó al Senado un proyecto de contrarreforma para eliminar derechos laborales, sindicales y de huelga que atrasa un siglo. Contra la Constitución desconoce hasta la jornada de 8 horas y el derecho a huelga. Redactado por los abogados de las grandes empresas, de Paolo Rocca, Galperin y Eurnekian, en cada rubro empeora la posición de los trabajadores. Perjudica también a monotributistas e informales y se propone financiar los despidos con la plata de los jubilados.
 
El gobierno libertario demoró la presentación de la contrareforma laboral, que no registra precedentes desde la dictadura genocida de 1976, para estirar los tiempos de negociación y definir cuán a fondo iría en su ofensiva contra los trabajadores y el sindicalismo. El proyecto que ingresó al Senado retoma lo peor de todas las versiones anteriores y lo condensa en 71 páginas y 191 artículos.
 
Enmascarada en una supuesta "modernización", la iniciativa retrocede más de un siglo y desconoce pilares básicos del derecho laboral como la jornada de ocho horas y restringe el derecho a huelga. Lejos de mejorar la vida de los trabajadores, crear empleo o incorporar a los informales al mercado formal, la reforma sólo busca abaratar costos para que el empleador pueda despedir y amplía la desprotección sobre el sector más débil.
 
Los especialistas coinciden en que "invierte la presunción de laborabilidad" perjudicando a monotributistas y trabajadores "independientes". El texto final del proyecto confirma la transferencia regresiva de los derechos de los trabajadores en favor del gran capital, debilita su capacidad de organización y faculta al empleador para modificar condiciones laborales según sus necesidades.
 
La reforma laboral, firmada por Milei, fue elevada al Congreso de manera errónea por parte de Gobierno. Legisladores opositores y abogados laboralistas cuestionaron el ingreso por el Senado, ya que la reforma laboral contiene un capítulo tributario que modifica impuestos centrales. Al respecto, la Constitución fija que toda ley de carácter impositivo debe originarse en Diputados.
 
La reforma laboral que impulsa Milei atrasa porque reinstala un modelo previo al propio nacimiento del derecho laboral. La abogada Natalia Salvo advierte que es "una novedad de museo que nos devuelve a un tiempo sin normas". El proyecto permite jornadas de hasta 12 horas, un retroceso a antes de la Ley 11.544, conquistada después de las huelgas y masacres de la Patagonia y la Semana Trágica.

También elimina ítems remunerativos para achicar aguinaldo y vacaciones, ahora fraccionadas como en etapas de precariedad anteriores a cualquier estándar moderno. Al mismo tiempo, remarca que la iniciativa desconoce los avances globales sobre las plataformas: mientras en Europa los tribunales y países como España o Portugal ya reconocen a esos trabajadores como dependientes, aquí se los deja en un limbo jurídico. Modernizar sería ampliar la protección, no recortarla. Con un 43 por ciento de informalidad, el proyecto empuja al país hacia un pasado sin resguardo, donde la relación laboral quedaba librada a la voluntad de la patronal.

Un Gobierno que miente en todo, presenta el argumento principal en la supuesta "creación de trabajo formal". Silogismo falaz, acaba de ser refutado por un hombre del gran capital, el abogado Julián de Diego. Dijo que "sin crecimiento, no habrá generación de empleo". Ese crecimiento se presenta, como promesa lejana, relato de un provenir etéreo, medido en décadas. Equiparada a Irlanda, Alemania, y otras naciones. Por ahora, lo que hay es recesión, inflación en alza y deuda. Cada vez más deuda.

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