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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau
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Nacionales - 08-01-2023 / 13:01
PANORAMA POLÍTICO NACIONAL

Alberto debe reconstruir su autoridad para dar la batalla más importante de su mandato contra la Corte macrista

Alberto debe reconstruir su autoridad para dar la batalla más importante de su mandato contra la Corte macrista
Dice el refrán que existen tres cosas que no pueden deshacerse: la flecha lanzada, la palabra dicha y la oportunidad perdida. Alberto Fernández no tiene margen para perder más oportunidades; quizás por eso decidió usar la palabra y lanzar la flecha al flanco que dejó expuesto la mafia empresarial, política y judicial cuando comenzaron a salir a la luz sus vínculos promiscuos.
Dice el refrán que existen tres cosas que no pueden deshacerse: la flecha lanzada, la palabra dicha y la oportunidad perdida. Alberto Fernández no tiene margen para perder más oportunidades; quizás por eso decidió usar la palabra y lanzar la flecha al flanco que dejó expuesto la mafia empresarial, política y judicial cuando comenzaron a salir a la luz sus vínculos promiscuos.
 
Ahora no hay vuelta atrás. Con el pedido de juicio político a los cuatro miembros de la nueva mayoría automática de la Corte Suprema se pusieron en marcha mecanismos y secuencias que ya no pueden detenerse y que, inevitablemente, transformarán el país, en un imprevisible efecto cascada. Para bien o para mal, la Argentina será un país distinto cuando concluya este año.
 
La contienda institucional en ciernes vuelve a darle al Presidente la chance de ocupar el centro del escenario, del que había sido desplazado, en los últimos meses, por el regreso de Cristina Fernández de Kirchner a espacios de mayor protagonismo en el debate público y por la gestión de Sergio Massa en el área económica. El apoyo de gobernadores a su iniciativa le restituye parte del protagonismo resignado en los tres años anteriores.
 
La presión mafiosa sobre los gobernadores del centro peronista (geográfica y políticamente hablando) consiguió privar a Fernández de algunos alfiles para su batalla, por ahora, pero todavía no hizo mella en la contraparte parlamentaria, donde el Frente de Todos tiene los patitos alineados, incluso aquellos que vienen de provincias donde el jefe del distrito decidió sacarle la cola a la jeringa. De nuevo: por ahora.
 
El próximo objetivo de los acusados, que procuran extender su impunidad hasta la llegada de un nuevo gobierno menos hostil, con el que pactar nuevas condiciones, será voltearle al oficialismo al menos un vocal en la Comisión de Juicio Político, donde se deberá votar la admisión de la denuncia, cada una de las medidas de prueba y los testimonios que se consideren necesarios para la investigación y por último la elevación del dictamen al recinto.
 
El Frente de Todos cuenta con 16 votos sobre 31 miembros de la comisión, suficiente para saldar cada uno de esos pasos. En tanto que la oposición tiene 14 votos y hay uno suelto del lavagnista Alejandro Rodríguez, que ya anticipó su rechazo al juicio político. Así las cosas, si por cualquier motivo, alguno de los legisladores del peronismo se ausenta o cambia el sentido de su voto, la oposición tendrá poder de bloqueo.
 
A esta altura del partido, la meta del oficialismo no es, aún, alcanzar los dos tercios de los votos de ambas cámaras para concretar el castigo sobre los cuatro supremos. Esperan, en cambio, que el proceso les permita seguir ventilando las miserias de jueces, fiscales, empresarios y dirigentes de la oposición. Todos, en los dos lados de la grieta, actúan asumiendo que las filtraciones todavía no exhibieron los secretos más comprometedores.
 

 
Un detalle se pasó por alto en el relato de las filtraciones y la guerra de bandas que protagoniza la interna opositora. En noviembre, cuando se denunció por primera vez el hackeo de teléfonos de Marcelo D'Alessandro y Diego Santilli, se ubicó la fuente de esa intrusión en la provincia de Misiones. Desde allí también se había montado, en 2007, la base desde donde se llevaron a cabo las escuchas ilegales que desataron el primer escándalo de espionaje de Mauricio Macri. Curiosidades.
 
Las ramificaciones posibles de este conflicto son demasiadas y difíciles de prever, por la cantidad de variables en juego. Sin embargo, una idea sobre el futuro inmediato puede ser un insumo valioso para el análisis. Tras una consulta con fuentes de distintos sectores del FdT y de JxC, las respuestas, diversas y sin cassette, giraron siempre en torno a uno de cinco escenarios base, ordenados aquí de peor a mejor para facilitar la lectura.
 
- El conflicto político e institucional vuelve a impactar en la economía y las finanzas, interrumpiendo la baja de inflación, condicionando la recuperación del poder adquisitivo y haciendo incumplibles las metas del acuerdo con el FMI. Una nueva espiral de inestabilidad amenaza el final del mandato de Fernández y la integridad del Frente de Todos, pero las esquirlas de la crisis pueden terminar arrasando también con la oposición.
 
- El cepo a la política que practica la oposición se endurece, fruto del enfrentamiento. Un bloqueo legislativo y judicial a cada iniciativa del gobierno termina causando una parálisis aún mayor que la actual. Sin cimbronazos pero sin éxitos tangibles en materia microeconómica, los meses hasta las elecciones serán una larga agonía supervisada, que desembocarán en una derrota electoral del peronismo.
 
- La investigación avanza, revelando nuevos detalles sobre la corrupción de la Corte Suprema, Comodoro Py, Juntos por el Cambio y Clarín. Se da un cambio sensible en la agenda y la sociedad, en la medida que sienta una mejora en su economía cotidiana, también irá revisando preconceptos sobre unos y otros. El peronismo, si puede resolver sus internas, llegará competitivo y con chances a las elecciones de octubre.
 
- La aparición de nuevas evidencias y/o el recálculo político ante una oportunidad inesperada causa un quiebre en el pacto opositor, aislando a los sectores de JxC más comprometidos. Esta nueva correlación de fuerzas permite avanzar, trabajosamente, en el juicio político y, quizás, también en otras iniciativas de reforma judicial en el Congreso antes del final de este mandato.
 
- Un escándalo de proporciones históricas que termine con renuncias masivas de los funcionarios judiciales y políticos involucrados y llegue a reordenar profundamente el escenario. Parece improbable, pero en este tipo de procesos, algunas cosas maduran de forma subterránea y cuando salen a la luz lo hacen con la fuerza imparable de un torrente que arrasa con cuestiones que parecían, hasta hace poco, inscritas en piedra.
 
Por caso: hasta el 23 de julio de 1973, un año, un mes y cuatro días después de que se detuviera a un grupo de espías a sueldo de la Casa Blanca pinchando teléfonos en oficinas de la oposición en el edificio Watergate, ningún legislador republicano había quitado su respaldo al presidente Richard Nixon. Ese día, el primero de ellos anunció que apoyaría un juicio político. Dos semanas más tarde, el 8 de agosto, acorralado, Nixon renunció.
 
Que el final de esta historia se parezca más a esto último y se aleje de los escenarios de pesadilla anteriores depende, en gran parte, de tres cosas. La primera es mantener estables las condiciones macroeconómicas y conseguir, en simultáneo, una mejora fuerte en el poder de compra de los salarios. La segunda es la interna en el Frente de Todos, que tarde o temprano deberá definir a qué está jugando. La tercera es el propio Fernández.
 
Desgastado después de tres años de gobierno pesadillesco, con una pandemia, una guerra de alcance global, un montón de fuego amigo y una pila de errores no forzados, el presidente necesita reconstruir su autoridad para sortear con éxito el desafío a los poderosos cortesanos. Un mandatario débil no podrá, en ningún caso, sostener durante un año la tensión que significa una batalla como la que decidió o se vio forzado a emprender.
 
En el plano interno, eligió a los gobernadores para construir su sostén. A pesar de los aprietes y embates, sumó la banca de once provincias y en la Casa Rosada confían en que en las próximas semanas pueden recuperar a alguno de los mandatarios provinciales que se bajaron en la última vuelta: apuntan a negociar con "los Sergios", el entrerriano Bordet y el sanjuanino Uñac y con el puntano Alberto Rodríguez Saa.
 
En simultáneo, con ocasión de la próxima cumbre de la CELAC, que se celebrará el 24 de enero en Buenos Aires, Fernández intentará importar a la Argentina parte de la red de apoyos y sociedades internacional que supo construir, con éxito, desde 2019. El encuentro también servirá como plataforma para el regreso del brasileño Lula da Silva a la arena exterior, en la primera salida fuera del país de su tercera presidencia.
 
Lula llegará un día antes para sostener una serie de actividades y una segunda bilateral con su par local, que ya lo visitó a principios de mes en Brasilia, en ocasión de la toma de mando. El encuentro servirá para firmar un acuerdo de más de treinta puntos entre ambos países, el acto de integración y coordinación más importante entre los socios estratégicos desde que Néstor Kirchner y el brasileño decidieron en simultáneo cortar lazos con el FMI.
 
La presencia de alrededor de 25 de mandatarios en Buenos Aires podría verse elevada tras la invitación que cursó Fernández a los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, y de China, Xi Jinping, para que participen de la cumbre. De difícil cumplimiento, la movida busca darle más relevancia a las relaciones exteriores que cultivó, no sin dificultades, el gobierno argentino durante los últimos años.
 
Las apretadas agendas de Biden y Xi son un obstáculo para concretar la visita con tan poco tiempo de antelación. Por ejemplo: el gobierno chino confirmó recientemente su participación en el Foro Asia Pacífico que se realizará este año en Estados Unidos en noviembre de este año, dentro de más de diez meses. La cancillería argentina trabaja por estas horas en un plan B: que los dos mandatarios participen del encuentro por zoom.
 
Además de la visita de dos docenas de presidentes (una nómina que incluye, junto con Lula, al mexicano Andrés Manuel López Obrador, el colombiano Gustavo Petro, el chileno Gabriel Boric y, probablemente, también el venezolano Nicolás Maduro), pasarán por el país en los últimos días de enero el canciller alemán, Olaf Scholz, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michell, y el ministro de Exteriores de Japón, Hayashi Yoshimasa.
 
Ninguno de ellos tiene voz ni voto en el juicio político a la Corte, pero Fernández intentará que sus logros en la arena internacional le den un renovado capital político y, sobre todo, contrarresten la imagen de un presidente aislado y sin poder. Y que le abran una salida diplomática si no busca la reelección al final de su mandato: la secretaría general de una renovada Unasur, cargo que supo ocupar, después de dejar la Casa Rosada, un tal Néstor Kirchner.
 
Por Nicolás Lantos
 
Fuente: El Destape
 

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07-02-2026 / 19:02
Claudio Drescher, presidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria, uno de los sectores que más se benefició en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, dijo que los empresarios votaron al cipayo Javier Milei porque esperaban un cambio. Bueno, el cambio llegó y ahora el ministro de Economía del gobierno que votó, promueve la ropa importada.
 
El problema de Drescher es que no es el único perjudicado. No lo dijo, es probable que no lo vea o no le importe, pero todos los miércoles apalean a los jubilados y el gobierno quiere imponer una nueva legislación laboral que precarizará el empleo. El trabajo está más barato que nunca porque con este gobierno el salario perdió el 35 por ciento de su valor, están más bajos que en el 2001. Zafan los que trabajan mal pagados en varios empleos.
 
Y el comercio debe pagar fletes, alquileres y tarifas astronómicas. Varias tiendas cerraron en la calle Avellaneda, pero una señora de condición humilde que pasaba por allí, fue entrevistada por el cronista "Sergio en la calle". La mujer dijo que le costaba llegar a fin de mes aunque tenía tres trabajos, pero que el rumbo del gobierno era correcto. "¿Qué le parecen estos comercios con las persianas bajas?" preguntó el youtuber. "No, eso no es culpa del Presidente, eso es por malas decisiones personales".
 
Con el kirchnerismo, pagando buenos salarios, los empresarios textiles hicieron fortunas, pero votaron el cambio, según Drescher. Como el empresario, la señora de la calle Avellaneda está peor, pero uno y otra son incapaces de asimilar que respaldan un modelo de país donde ellos no tienen ninguna importancia.
 
El gobierno que votaron para que las cosas cambien apareció envuelto en varios hechos de corrupción. Se destacaron dos por sus evidencias: el escándalo de las criptomonedas $Libra, que involucró de manera muy directa al presidente. El otro hecho de corrupción que destacó entre muchos, fueron las coimas del ocho por ciento a los laboratorios, por los remedios para discapacitados, una estafa denigrante, en la que se mencionó a Karina, la hermana del Presidente.
 
El modelo tiene banca también en el ámbito judicial. Esta semana un decreto de Milei retiró al Estado argentino como parte en la causa por el megacrédito tomado en 2018 con el FMI. La causa está caratulada como "Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública". Entre los "y otros" están Federico Sturzenegger y el ministro de Economía que no compra nunca en Argentina, Luis Caputo.
 
La jueza María Eugenia Capuchetti, la misma que intervino en la fallida investigación del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, determinó que los delitos denunciados no eran tales sino "discrepancias con decisiones políticas". Por ese préstamo concedido de manera irregular, los funcionarios del Fondo que intervinieron, fueron expulsados. El fiscal Franco Picardi apeló la decisión de la jueza, porque el gobierno de Mauricio Macri tampoco siguió la normativa al tomar deuda y porque nunca se aclaró cuál sería el destino del préstamo ni en qué se usó. Esa deuda comprometió la soberanía argentina y el país quedó subordinado al control permanente de sus decisiones económicas.
 
Para Caputo no era una situación nueva. En 2017 apareció en los Panama Papers, en una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, como administrador de una gerenciadora de fondos de inversión en las islas Caimán, un paraíso fiscal. El periodista Marcelo Bonelli denunció en 2018 que la entonces "titular de la Oficina Anticorrupción y exlegisladora del PRO Laura Alonso, prometió al presidente Macri cerrar la investigación contra Caputo, por haber ocultado en sus declaraciones juradas que tenía acciones en dos compañías offshore en las Islas Caimán y que era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami."
 

07-02-2026 / 11:02
El vergonzoso acuerdo que Javier "el Cipayo" Milei selló recientemente con Estados Unidos constituye el Estatuto Legal de Coloniaje, al transformar la actual dependencia de la Argentina respecto de Washington en un esquema permanente de subordinación colonialista que, además de poner en riesgo la producción y el empleo nacional en numerosos sectores, restringe severamente el margen de acción del estado nacional en áreas críticas. La decisión de convertir a la Argentina en un apéndice económico y político de la potencia yanqui ya está tomada.
 
La lectura rigurosa del tratado permite observar con claridad el contraste entre las partes. Washington utilizó el proceso para fijar reglas, ampliar su acceso al mercado argentino y alinear el marco regulatorio local con sus propias prioridades económicas y estratégicas. Los cipayos funcionarios libertarios, por su parte, aceptaron servilmente ese esquema sin introducir compensaciones, contrapesos ni salvaguardias. La Argentina incorpora más de un centenar de obligaciones operativas, mientras que Estados Unidos asume menos de una decena de compromisos, en su mayoría condicionales o discrecionales.
 
Ese patrón se reproduce capítulo por capítulo. En comercio de bienes, numerosos productos industriales pasan a tener arancel cero desde la entrada en vigor del acuerdo, incluyendo dispositivos médicos, instrumental hospitalario, reactivos químicos, maquinaria eléctrica y componentes industriales. Otros productos contemplan una reducción inmediata del arancel al 2 por ciento. Entre ellos, autopartes, insumos industriales y bienes de capital. La apertura recae, asimismo, sobre múltiples sectores sensibles, sin instancias de adecuación ni salvaguardias productivas, en un contexto de desindustrialización y destrucción de empleo.
 
El sector automotor es ilustrativo de esa lógica. El acuerdo habilita un cupo anual de 10.000 vehículos originarios de Estados Unidos con arancel cero, desde el primer año de vigencia. El impacto se concentra en provincias con fuerte base automotriz y autopartista como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Aquí tampoco se introducen mecanismos de administración del flujo ni exigencias de inversión, trasladando el impacto de la apertura directamente sobre la producción local.
 
En el complejo aviar, la asimetría es todavía más directa. El tratado obliga a habilitar el ingreso de aves y productos avícolas estadounidenses en un plazo máximo de un año. El régimen sanitario queda alineado así con los criterios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la certificación del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, facilitando el acceso de productos provenientes de uno de los principales exportadores mundiales del sector y exponiendo al entramado avícola argentino, con impacto directo en Entre Ríos y Buenos Aires.
 
En salud, el acuerdo profundiza la apertura importadora de medicamentos y dispositivos médicos de uso humano. A esa liberalización comercial se suma un corrimiento del poder regulatorio del Estado argentino, al aceptar como suficientes las autorizaciones otorgadas por la autoridad sanitaria estadounidense. La combinación de apertura y subordinación normativa limita la capacidad de la ANMAT de definir estándares propios y condiciona el desarrollo del complejo médico-industrial local.
 
El capítulo aduanero consolida una apertura sin instrumentos de administración del comercio. Se elimina el requisito consular y se fija la eliminación de la tasa estadística en un plazo de tres años; mientras en economía digital, el tratado garantiza el libre flujo transfronterizo de datos, reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada y prohíbe requisitos de localización o transferencia tecnológica, restringiendo severamente la capacidad regulatoria del Estado sobre las grandes plataformas tecnológicas.
 

06-02-2026 / 09:02
Con un comunicado insólito el gobierno autoritario de Javier "el Loco" Milei anunció la creación de una cuenta de X que será la Oficina de Respuesta Oficial que tendrá como objetivo "desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política". Asociaciones como Adepa (que agrupa a más de 180 empresas periodísticas) y Fopea (que nuclea a cientos de periodistas) expresaron su rechazo. El Gobierno anarco capitalista se autopercibe como dueño de la verdad y busca atacar la libertad de expresión con fondos públicos para imponer sus dogmas y su relato libertario.
 
"La Oficina de Respuesta Oficial fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas", anunció el Gobierno al crear esta página que funcionará como el oscuro "Ministerio de la Verdad" que Orwell anunció en su novela de ciencia ficción "1984". Del odio periodístico a la patrulla digital: el cipayo Milei copia a Trump y crea quilombo anti-fake news.
 
Este esfuerzo por esclarecer lo verdadero en la era de la posverdad que representa este gobierno, seguramente destruirá la mentira de la inflación. Milei dijo que no cambiará el método para establecer la medición de este flagelo. O sea, reconoció que es necesario cambiar el sistema que usó hasta ahora porque no arrojó resultados reales. La Oficina de Respuesta Oficial deberá aclarar porqué si reconoce que el Indec mintió cada mes, igual anunció que seguirá mintiendo hasta que desaparezca la inflación sobre la cual está mintiendo.
 
Hay falsedades concretas por todos lados. Que la Oficina de Respuesta Oficial desmienta entonces a su inventor. En un canal de cable, la "psiquiatra pediátrica" Lilia Lemoine diagnosticó al chico autista Ian Moche como un chico sin autismo que simulaba su condición. El pibe recorrió los medios de comunicación para defender los derechos de la discapacidad, que el Gobierno abolió. Y la "psiquiatra" Lemoine diagnosticó que eso demostraba que no era autista. Al parecer Lemoine no es pediatra ni psiquiatra y, aunque lo fuera, nunca tuvo contacto con Ian como para diagnosticarlo. Mintió la terraplanista. Pero a Ian le hizo bien defender su dignidad, porque además lo hizo de manera inteligente, a diferencia de la señora mentirosa Lemoine que cree en la Tierra plana.
 
O sea, la terraplanista estaba mintiendo con el único objetivo de hacerle daño al pibe con autismo que lucha por sus derechos, que es lo mismo que luchar por dignidad. La Justicia le dio la razón a Ian y a su madre porque obligó al gobierno que integra Lemoine a reponer los derechos de la discapacidad que intentó retirarle. O sea, la señora Lemoine, mintió para hacer daño desde un lugar de poder y contra personas especialmente vulnerables. Como si un médico se ensañara con su paciente atado a la camilla. O sea que, además de mentirosa, es cruel y poco inteligente si se tiene en cuenta que era una mentira repugnante y de patas cortas.
 
Señores de la Oficina de la Respuesta Oficial de la República Argentina, ya tienen dos grandes mentiras para desmentir: la de una inflación de mentira que le ha comido el salario y la jubilación a los argentinos y una diputada que miente para atacar a un pibe de doce años para defender las mentiras del gobierno. Pero la Oficina Tal por Cual solo desmentirá y perseguirá a la verdad. Como siempre, el ladrón se rasga las vestiduras con el discurso de la honradez y ataca con mentiras a los demás. Y el mentiroso sobreactúa el discurso de la verdad para ocultar sus mentiras.
 
En ese contexto, la "Oficina de Respuesta Oficial" no parece solo una herramienta comunicacional. Es la institucionalización de una lógica: responder siempre, atacar primero y convertir cada crítica en un enemigo. Una versión local de un libreto yanqui importado, aplicada con fanatismo y sin demasiados matices. La libertad de expresión y el derecho a la información están bajo ataque autoritario.
 
La Opinión Popular
 

05-02-2026 / 11:02
Sacar un adelanto de sueldo con el banco, tarjetear, tomar un préstamo se volvieron cosas habituales bajo el desastroso gobierno de Javier Milei. No poder pagar toda la tarjeta, refinanciar con intereses elevados o no pagar la cuota del préstamo genera mora y eso está aumentando mes a mes. El endeudamiento de los hogares argentinos entró en una zona crítica. Los últimos datos del Banco Central, analizados por el Instituto Argentina Grande, muestran un salto alarmante en la morosidad: el 11 por ciento de los créditos personales y el 9,2 por ciento de las tarjetas de crédito registran irregularidades en los pagos. Hace apenas 2 años, a fines de 2023, esos números eran muy distintos: 4,2 por ciento en préstamos personales y 1,7 por ciento en tarjetas.
 
Se trata de los niveles más altos desde que el organismo tiene registros, es decir, desde 2010. El fenómeno refleja una realidad concreta: los ingresos ya no alcanzan para cubrir gastos cotidianos como alimentos, tarifas o medicina privada. Frente a ese escenario, el desahorro y el endeudamiento dejaron de ser excepciones y pasaron a formar parte de la rutina de millones de familias. Cada vez más hogares recurren al pago mínimo de la tarjeta de crédito como estrategia para estirar el ingreso mensual. Esa práctica, que puede dar aire en el corto plazo, termina convirtiéndose en una trampa por las altas tasas de interés, que aceleran el deterioro de la capacidad de pago.
 
El problema no se limita al consumo diario. También crece la morosidad en los préstamos prendarios, generalmente destinados a la compra de autos, motos o maquinaria. En noviembre de 2025 alcanzó el 5,2 por ciento, cuando 2 años antes era del 2,7. Esto evidencia que el estrés financiero ya impacta en decisiones de mayor plazo y compromete el patrimonio familiar. El deterioro de estos indicadores expone un cuadro social cada vez más frágil. El crédito dejó de ser una herramienta para mejorar la calidad de vida y pasó a convertirse en un recurso de supervivencia que oculta la pérdida del poder adquisitivo.
 
Para muchas familias, especialmente jóvenes sin ingresos formales, el financiamiento no proviene de los bancos sino de cadenas comerciales, prestadores directos y, cada vez más, billeteras virtuales y fintech, que ofrecen créditos rápidos y de acceso inmediato. En ese terreno, la situación también es preocupante. La morosidad en compras de electrodomésticos alcanzó el 27 por ciento en julio de 2025, el valor más alto en más de 4 años. En el caso de los préstamos otorgados por fintech, el 18 por ciento presentaba incumplimientos en julio, pero estimaciones privadas indican que esa cifra ya ronda el 21 por ciento.
 
Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares confirman el deterioro de las economías domésticas. En el segundo trimestre de 2025, el 48 por ciento de los hogares no logró cubrir sus gastos y debió recurrir a ahorros, venta de bienes o endeudamiento, tanto formal como informal. La clase media aparece como uno de los sectores más afectados: el 53 por ciento de sus hogares no logra llegar a fin de mes. Según datos del Indec publicados este viernes, el 60% de los asalariados gana menos de $950.000 en el tercer trimestre del año. Es decir, que la mayoría de los trabajadores viven con ingresos por debajo de la canasta de consumos mínimos que realiza la Junta Interna de ATE Indec (el promedio del tercer trimestre del año fue $1.941.853). Esta canasta no es un ideal ni un óptimo, pero se acerca a lo que se necesita para llegar a fin de mes.
 
Mientras el Gobierno libertario insiste en mentir con indicadores de estabilidad y crecimiento, la realidad que se vive puertas adentro de los hogares argentinos es otra: deuda creciente, ingresos que no alcanzan y una morosidad que ya funciona como termómetro del deterioro económico y social. Los hogares están endeudados porque los ingresos no alcanzan. Es urgente un aumento de emergencia de salarios, jubilaciones y programas sociales.
 
La Opinión Popular
 

04-02-2026 / 11:02
A través de la práctica de demorar la puesta en vigencia del cambio de ponderaciones que resulta de una encuesta de gastos de hogares más actualizada que la de 2004, que todavía se aplica, se verán afectados los ingresos reales de todos aquellos sectores que ajustan sus remuneraciones siguiendo el Índice de precios al consumidor (IPC), como jubilaciones, pensiones y asignaciones de la previsión social como la AUH, y se estará alterando el cálculo de variables fundamentales para la economía, como el producto bruto (que en el futuro va a ser recalculado a la baja) o la pobreza (en sentido inverso, en el futuro se demostrará que es mayor a la que actualmente se informe).
 
Así lo han puesto de manifiesto especialistas en el tema, entre ellos Alejandro Barrios, ex director del Indec, quien explicó que las ponderaciones resultantes de la Encuesta de Gastos de Hogares de 2017/18 "ya está disponible hace años, incluso la Ciudad de Buenos Aires ya la está aplicando; la demora en aplicarla a nivel nacional es que hay un gobierno que iba a implementar un cambio en los precios relativos, con subas importantes en los servicios regulados por el Estado (por quita de subsidios). La decisión fue parar la aplicación de los nuevos índices hasta que se completen esos cambios; y se considere que ya no van a seguir aumentando, mes a mes, el teléfono, la luz, el transporte, las prepagas, etc. Rubros que en el índice actualizado tienen un peso mucho mayor que en el de la canasta de gastos de hace 20 años".
 
En consecuencia, el índice que se seguirá aplicando "hasta que se complete el proceso de desinflación", en palabras de Luis Caputo, da como resultado un aumento de precios al consumidor inferior al que surge del cálculo con el nuevo índice. "Esto va a provocar en el futuro un recálculo de variables de los años anteriores, como pasó otras veces, pero esta vez con el agravante de que las autoridades actuales son conscientes de que demoran el cambio de fórmula para subestimar la inflación", agregó Barrios.
 
Así, por ejemplo, el cálculo del PBI tendrá probablemente una revisión, porque al desindexar los precios a una tasa más alta que la que se usa actualmente, resultará un PBI real (descontada la inflación) menor al que hoy se informa. En consecuencia, se recalculará a la baja el PBI de todos estos años (aumentos inferiores a los que ahora se informan, caídas superiores, e incluso subas leves que se transformarán en bajas).
 
Lo contrario sucederá con los índices de pobreza, ya que cuando en el futuro se recalculen los ingresos deflactados por un índice no subestimado como el actual, van a ser menores en términos reales, mientras que las canastas de precios al ser reajustados van a ser más altas. En consecuencia los índices de pobreza así recalculados resultarán más altos que los que ahora se informen.
 
Este manoseo de los índices en el corto plazo también podrá ser motivo de controversias, de parte por ejemplo de tenedores de bonos con variable CER (ajuste por inflación) o títulos con cláusula de ajuste UVA (también tiene un componente que varía según el IPC). Además, el cálculo del valor de las jubilaciones y pensiones se hace, mensualmente, de acuerdo al aumento del IPC en meses anteriores, por lo cual la sub estimación del índice va en desmedro de los perceptores de esos ingresos. Lo mismo vale para los que reciben la AUH y otras asignaciones que se ajustan periódicamente por la inflación.
 
Otro ingreso que se verá afectado es el salario, en la medida en que las paritarias se negocien en función de un índice de inflación que luego se demuestre que no era el real. "La decisión de que tendremos un índice de fantasía abre las puertas del infierno", advirtió el ex diputado nacional y ex dirigente de ATE Claudio Lozano. "De manera desembozada e impune decretan que ellos decidirán lo que debe dar la estadística pública sobre inflación. Lo ocurrido no hace más que explicitar lo que se venía observando en el funcionamiento del Indec, porque hace rato que debería haberse incorporado la Encuesta de Gastos de los Hogares del 2016/17 y se lo demoró sin ninguna razón estadísticamente válida".
 
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