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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Entre Ríos - 07-01-2023 / 12:01

CUESTIONÓ EL PERDÓN DE NACIÓN A LAS DEUDAS A EDENOR Y EDESUR EN DETRIMENTO DE EMPRESAS QUE CUMPLEN SUS OBLIGACIONES

Tarifa eléctrica: Edgardo Kueider denuncia discriminación y propone un sistema de compensación

El senador nacional Edgardo Kueider (Frente de Todos-Entre Ríos) calificó de discriminatoria la decisión de la Secretaría de Energía de la Nación de condonar la deuda que algunas distribuidoras de Energía mantienen con Cammesa, entre las cuales las más beneficiadas son Edenor y Edesur.

"Se trata de un acto de pura discrecionalidad política que beneficia a las empresas deudoras en detrimento de las que cumplen con los pagos rigurosamente", remarcó el legislador entrerriano.

Recordó que Enersa y las otras dos empresas distribuidoras que operan en Concordia y Gualeguaychú "están al día y han pagado el 100 por ciento a Cammesa".

También propuso que se determine un sistema de compensación para las distribuidoras que tienen sus deudas al día, dado que son "claves para la sostenibilidad del sistema" eléctrico; que se equipare el precio que se le paga a la represa Salto Grande con el que percibe Yacyretá; y que se incorpore a Entre Ríos a los beneficios que la resolución 719/22 de la Secretaría de Energía estableció para el Norte Grande.

En ese marco, Kueider puso de relieve que "las y los entrerrianos terminan pagando muy cara la luz eléctrica por la discriminación que ejercen Cammesa y la Secretaría de Energía de la Nación".

"Es discriminatorio que a Yacyretá le paguen 250 por ciento más la energía que a Salto Grande, porque eso deja muchas menos compensaciones para poder reducir la tarifa eléctrica en Entre Ríos", explicó y precisó que "con que Cammesa le pague a Salto Grande solamente el doble del precio actual se podría bajar la tarifa significativamente en la provincia", publicó Apf.

"Es discriminatorio que a Entre Ríos la hayan dejado afuera de los beneficios de la resolución 719/22 de la Secretaría de Energía que elevó el límite al consumo subsidiado de 400 a 650 KWh/mes, a pesar de que nuestra provincia tiene las mismas condiciones climáticas que las que contempla el decreto; y es discriminatorio que beneficien a las distribuidoras de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires condonándoles deudas enormes, cuando distribuidoras como las de Entre Ríos están al día con Cammesa, como corresponde", puntualizó.

"Son, justamente, quienes han cumplido todos estos años con sus obligaciones de pago a Cammesa quienes han dado previsibilidad y continuidad al sistema eléctrico de nuestro país, incluso solventando costos de distribución más altos que los del AMBA", advirtió Kueider.

Mediante un proyecto de declaración y otro de comunicación, el legislador entrerriano manifestó su "rechazo a los acuerdos firmados entre el gobierno nacional, a través de la Secretaría de Energía, con las empresas distribuidoras del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), en virtud de los cuales se condonan las deudas de éstas con Cammesa, y que benefician mayoritariamente a Edenor y Edesur, ambas de la región de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires".

Además de repudiar los acuerdos de Nación, a los que calificó de discriminatorios, Kueider solicitó que se tomen tres medidas para compensar a su provincia:

1) Que se incorpore a Entre Ríos en los beneficios de la resolución 719/22 de la Secretaría de Energía, que eleva el límite de la tarifa eléctrica a 650 KWh/mes en 11 jurisdicciones. "Nuestra provincia fue excluida de esos beneficios teniendo similares condiciones climáticas y de demanda eléctrica", afirmó.

2) También reclama que "se incremente el precio por generación de energía que se le paga a la Hidroeléctrica de Salto Grande", ubicada en Entre Ríos. Para ello recordó que "a la Hidroeléctrica Binacional Yacyretá se le abona un 250 más que a Salto Grande", y pidió "las mismas nociones básicas de igualdad y no discriminación en la estructura Federal de gobierno".

3) Instó a las autoridades de la Secretaría de Energía de la Nación a que "se determine un sistema de compensación que resulte justo para aquellas distribuidoras que cumplen con sus pagos al día".

Para la fundamentación de este último pedido, el Senador de la Nación resaltó los argumentos esgrimidos por la Secretaría de Energía para condonar las deudas de Edenor y Edesur, en tanto habla de "acuerdos claves para la sostenibilidad del sistema".

"Son justamente quienes han cumplido todos estos años con sus obligaciones de pago quienes han dado previsibilidad y continuidad al sistema eléctrico de nuestro país, incluso solventando costos de distribución más altos que los del AMBA", señaló.

Fuente: Análisis Digital

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Frigerio, el centralismo porteño y el saqueo inaceptable de fondos que son de las provincias

Una parte significativa del superávit fiscal que el gobierno centralista y porteño de Javier Milei afirma registrar desde diciembre de 2023 se basa en la retención indebida de fondos que, por ley, corresponden a las provincias y que se recaudan en ellas. Según un informe de la consultora Politikón Chaco, en los primeros once meses del año, la administración libertaria habría retenido recursos no distribuidos de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) por una cifra cercana a los $ 730 mil millones. Pese a esta situación, el gobernador Rogelio Frigerio jamás ha presentado un reclamo contundente.

Estos ATN se integran con fondos recaudados a través de impuestos que componen la masa de la Coparticipación Federal. El monto total a entregar rondaba los $ 850 mil millones, pero solo una parte ínfima fue distribuida a 15 provincias, sin un criterio de distribución igualitario. Este panorama se reconfigura constantemente a favor del Gobierno nacional, que apela al "método Kueider" y en detrimento de los intereses del interior federal, alumbrando nuevos desafíos.

El Gobierno de Milei utiliza estos recursos retenidos como una herramienta extorsiva para conseguir respaldo en el Congreso Nacional para la sanción de las leyes clave de su proyecto "anarcocapitalista". La debilidad de ciertos gobernadores, que se traslada a sus representantes legislativos, obedece a la urgente necesidad de contar con fondos para programas provinciales vitales. Esta presión se impone por encima de los convencimientos personales o las ideologías de los mandatarios.

Se les fuerza, mediante intimidación o amenazas, a actuar en contra de sus propias posiciones políticas para obtener un beneficio económico con recursos que legalmente les corresponden. La demanda de estos fondos es crítica para el sostenimiento de: programas de educación, salud y transporte, conclusión de viviendas paralizadas y mantenimiento de rutas nacionales, cuya prioridad fue abandonada por el Gobierno libertario.

La convalidación del superávit en las cuentas públicas se logra, en gran parte, mediante el saqueo de recursos legítimos que pertenecen a las provincias y el abandono de obligaciones que competen al Estado nacional en la organización del país. El proyecto de Ley de Presupuesto 2026 contempla una partida de apenas $ 122.763 millones para atender estas transferencias, una cifra que los gobernadores han calificado de insuficiente. La exigencia mínima para cubrir los déficits reales de sus jurisdicciones asciende a $ 900.000 millones.

Además, Milei ha dejado claro que no piensa restituir las transferencias a las 13 provincias que no transfirieron sus cajas previsionales a la Nación, desentendiéndose por completo de sus obligaciones. La Corte Suprema de Justicia ha adoptado una postura de espera, supeditando una definición sobre las cajas provinciales a que la Nación avance en la anunciada reforma previsional. Mientras tanto, el envío de fondos jubilatorios se ha paralizado, para asegurar que seremos la nación más grande y exitosa en la historia de la humanidad y el hogar de la libertad en el mundo, según Milei.

En concreto, el Gobierno nacional no garantiza los fondos para estas 13 Cajas de Jubilaciones. Entre Ríos, por ejemplo, recibe a cuentagotas el aporte para cubrir el déficit de su Caja, a pesar de que este compromiso fue asumido por la Nación en 1994, con la puesta en marcha del anterior esquema de jubilación privada. Por eso, hace 8 meses que no aumenta las jubilaciones. Esta situación se agrava con el accionar de Frigerio, en la incorporación de personal en modalidades informales con escasos o nulos aportes a la Caja, y el impacto de los bonos de aumento no bonificables que no llegan a los jubilados.

El actual esquema de reparto de recursos, con parches y distribución no automática, permite el manejo político de fondos por parte de la administración central libertaria, favorecen el clientelismo y perjudican la productividad regional. La tan anunciada reforma impositiva, que el Gobierno presentaría en febrero, debería corregir estas distorsiones. Es que ganaron 40 a 35, no 80 a 20.

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