18:16 | Miércoles 08 de Febrero de 2013 | Entre Ríos

Las claves del modelo ideológico neoliberal del gobierno de Macri
Por Carlos Andujar

"El peronismo es un encuadramiento de las fuerzas populares vertebrado en torno a la clase trabajadora" John William Cooke

Nacionales - 07-01-2023 / 09:01

LA RELACIÓN LABORAL CON EL LARRETISMO ES INCOMPATIBLE CON SU FUNCIÓN COMO MAGISTRADA

Los vínculos con el PRO de Capuchetti, la jueza que traba la investigación del atentado contra Cristina

El colmo: Capuchetti cobra un sueldo de la CABA. Es "investigadora senior" dentro del Ministerio de Justicia y Seguridad que manejaba el ministro de los chats, Marcelo D’Alessandro, que está gozando de una extraña "licencia". La jueza que traba sistemáticamente la investigación para determinar quién estuvo detrás del atentado a Cristina, resulta que cobra un sueldo por la changuita en el área que gestionaba Marcelo D'Alessandro, el ministro que protagonizó el viaje a Lago Escondido. Por su cargo de investigadora senior, Capuchetti cobra unos $213.961,27 por mes. En esa área suelen impartir clases los macristas Cristian Ritondo y Laura Alonso. También cobra de ahí Romina Aldana Diago, la esposa del propio Ritondo.

María Eugenia Capuchetti es una de las juezas federales que concentra todas las miradas en su trabajo, como la magistrada que tiene la investigación por el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. Pero Capuchetti también tiene un "carguito" pagado por el macrismo, se desempeña como investigadora en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP), que está encargado de formar a los cuadros superiores de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y a los funcionarios, dedicados a esta temática, en el distrito que actualmente gobierna Horacio Rodríguez Larreta. El doble rol de Capuchetti como jueza e investigadora es contrario a la ley y deja en evidencia que hay "relaciones promiscuas" entre Comodoro Py y el PRO. En esa área suelen impartir clases los macristas Cristian Ritondo y Laura Alonso. También cobra de ahí Romina Aldana Diago, la esposa del propio Ritondo.

Desde 2017, Capuchetti funge como investigadora del Observatorio de Políticas de la Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y cobra por esa función actualmente una remuneración de $213.961,27 por mes. Las autoridades porteñas se preocupan por decir que el ISSP es autárquico, pero los lazos entre el organismo y el gobierno porteño son evidentes. De hecho, en su página web se explica: "En esta institución se forma y capacita a profesionales interesados en el diseño y la implementación de políticas de seguridad pública y a personal de la Ciudad. Es, además, una instancia de apoyo a la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública". El vicerrector del ISSP es Juan Bautista Mahiques, jefe de los fiscales porteños, anterior enlace de Macri con los tribunales y uno de los que viajó en octubre pasado a Lago Escondido.

El ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, apuntó a los lazos que tendría con el PRO la magistrada que debe investigar el intento de magnicidio de CFK, la mesa judicial del macrismo o el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La revelación de Soria terminó siendo confirmada por un comunicado del ISSP que distribuyeron desde el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño -cantera de escándalos durante los últimos días particularmente después de que se filtraran los chats de Marcelo D'Alessandro, lo que terminó obligando al funcionario a tomarse licencia como ministro-.

El ministro Soria resaltó que los magistrados únicamente pueden ejercer la docencia con autorización de las autoridades judiciales que ejerzan la superintendencia -por ejemplo, con el visto bueno de la Cámara Federal porteña-. Eso surge del decreto ley 1285 de 1958. Para Soria, la actividad de Capuchetti queda fuera de lo dispuesto en esa normativa. "Ejercer funciones de supuesta investigadora es lisa y llanamente ilegal", apuntó el titular de la cartera de Justicia.

"Esta relación contractual de la jueza disfrazada como supuesta investigadora en un instituto bajo la órbita del Ministerio de Seguridad de la Ciudad, que conduce D'Alessandro, demuestra una vez más los groseros vínculos económicos y políticos entre Comodoro Py, el PRO y sus medios de comunicación", dijo Soria.

"Lo vimos con los jueces y camaristas que viajaron a Lago Escondido en un charter pagado por Clarín, o con Rosatti -que guarda silencio cómplice ante la revelación de los vínculos y el asesoramiento de su mano derecha Robles a la oposición- y ahora con la jueza Capuchetti. Todos ellos deberían seguir los pasos de D'Alessandro y tomarse un tiempo hasta que los escándalos que los involucran se esclarezcan", reclamó el ministro.

La Opinión Popular

ATENTADO A CRISTINA

Cristina Kirchner y Soria apuntaron al vínculo entre Capuchetti y la CABA

La vicepresidenta compartió información que dio a conocer el ministro de Justicia, quien acusó a la jueza que investiga el atentado a CFK de "estar contratada" por el gobierno porteño.

La vicepresidenta Cristina Kirchner y el ministro de Justicia, Martín Soria, compartieron información que, sostuvo el funcionario, revela el vínculo de la titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº5, María Eugenia Capuchetti, y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El ministro nacional acusó a Capuchetti de trabajar para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Puntualmente, para el Ministerio de Seguridad de Marcelo D'Alessandro, ahora de licencia tras el escándalo de los supuestos chats con el vocero del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.

Soria aseguró que Capuchetti está contratada desde 2019 como "investigadora senior" en el Instituto de Seguridad Pública de CABA, que es un ente autárquico que depende del Ministerio de Justicia de la Ciudad.

La magistrada, según esta información, es investigadora en el Observatorio de Políticas de la Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. "La jueza Capuchetti está contratada por el Gobierno de Larreta desde 2019 en el órgano encargado de asesorar a la conducción política de Seguridad de CABA: el ministerio de D´Alessandro. Los vínculos económicos y políticos entre Comodoro Py y el PRO parecen no tener límite alguno", afirmó Soria en una serie de tuits.

"El Decreto-Ley 1285/58 establece la incompatibilidad de "la magistratura judicial con toda actividad política" y "cualquier actividad profesional". Solo permite a los magistrados ejercer la docencia. Ejercer funciones de supuesta investigadora es lisa y llanamente ilegal", continuó el ministro. La información fue compartida también por Cristina Kirchner.

El funcionario cerró su mensaje sobre el tema: "Mantener una relación remunerada para asesorar a la máxima autoridad política de la justicia y seguridad de CABA no tiene nada ver con la docencia. Desbordan las relaciones promiscuas y corruptas entre el PRO y algunos jueces federales de Comodoro Py".

Soria, además, destacó que el vicedirector del Instituto de Seguridad Pública de CABA es Juan Bautista Mahiques, fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires y parte del vuelo del lawfare en el que participaron D'Alessandro, jueces, fiscales y directivos del Grupo Clarín en el sur del país, en la estancia de Joe Lewis en Lago Escondido.

En mayo de 2019, Capuchetti reemplazó al juez Norberto Oyarbide. La ex secretaria letrada del juez Sergio Torres quedará a cargo del juzgado federal 5. En mayo de ese 2019 fue nombrada por el gobierno de CABA como investigadora de este Instituto que forma policías de la Ciudad.

Recusada

En noviembre de 2022, la vicepresidenta Cristina Kirchner recusó a la jueza María Eugenia Capuchetti quien investiga el intento de magnicidio perpetrado el 1º de septiembre en las puertas de su casa en Recoleta. El motivo es que la ex presidenta consideró que Capuchetti no investigó al diputado Gerardo Milman, quien -según un testigo- dijo conocer que iban a atentar contra su vida.

Días después, Capuchetti rechazó apartarse de la causa. La magistrada elaboró un informe de 43 páginas que concluye con el rechazo a la recusación y la elevación del incidente a la sala primera de la Cámara Federal porteña, para que sea el tribunal de apelaciones el que decida si le corresponde seguir interviniendo en la causa.

En la resolución judicial, Capuchetti alegó que "la causal invocada por esa parte no guarda correlato con lo actuado en la causa". La ex mandataria había acusado a la magistrada de diversas "irregularidades y arbitrariedades" desde el inicio de la investigación.

Además, la jueza señaló que no se exhibe en su actuar "una afectación real y concreta de la objetividad que en todo proceso penal debe imperar". De los cuestionamientos realizados por la defensa de Fernández de Kirchner, la magistrada señaló que "no se logran vislumbrar las razones por las cuales se funda su temor de pérdida de objetividad, en la medida que sus expresiones vinculadas a la causal de mi apartamiento, se relacionan con la disconformidad del resultado de un sinnúmero de medidas de prueba ordenadas en autos".

Fuente: El Destape

08-02-2023 / 10:02

Hipotecaron el país con una deuda escandalosa, y ahora hablan de herencia bomba

El Gobierno vs. el discurso económico de Juntos; ya se mueven y contrastan datos con la gestión del macrismo. Los laderos del ministro de Economía, Sergio Massa, vieron el comunicado de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio avisando que, de ganar, tendrán una herencia económica "bomba" y varios se sorprendieron.

Comentaron que "ellos hipotecaron el país con una deuda escandalosa, que hablen de herencia es cínico". Según se reconstruyó, fue ése el primer capítulo de algo que se volverá un método y que también tiene bajada de línea a la tropa desde Presidencia.

El Gobierno, desde diferentes sectores del Frente de Todos, saldrá a dar la pelea discursiva, en el marco de la campaña, sobre los resultados económicos de las gestiones de Alberto Fernández y Mauricio Macri.

Aún en un escenario inflacionario preocupante, hay consenso para contrastar variables con la gestión de Macri, a la que identifican como plena de cifras negativas en un escenario sin guerra, pandemia ni sequía. Y la generadora, al fin y al cabo, del mayor problema de la macroeconomía: los 45 mil millones de dólares que le pidieron al Fondo Monetario para no terminar de manera anticipada el Gobierno y ser competitivos en las elecciones del año 2019.

"Lo mejor que nos puede pasar es que hagan comunicados instalando el debate sobre las variables económicas", contó un ministro de alto rango que prepara números y estrategia para la contienda. El mismo dirigente asegura que "nosotros no escondemos los problemas que tenemos, pero ellos son incapaces, en el mano a mano, de reconocer los datos que muestran que vamos por el buen camino".

Si bien Massa sabe que está al borde de incumplir con su promesa de llegar a abril con una inflación con el 3 adelante, la concordia política sobre el rumbo y la estabilidad post salida de Martín Guzmán reformularon el escenario y hoy, por necesidad, el centro parece estar en aflojar la metralla interna hacia los temas económicos.

"Las diferencias se resuelven, hoy, puertas adentro, todos coincidimos en que el salario tiene que ganar más terreno, y es la premisa número uno del año", se sinceró un dirigente albertista.

Así las cosas, más allá de las tensiones aún reinantes y la posibilidad de que se institucionalice el Frente en la mesa política que ya convocó el Presidente, el Gobierno llegó a un punto de acuerdo en la identificación del enemigo político en los próximos comicios.

Será un debate directo sobre la herencia del macrismo en todos los frentes, incluido el de la inflación, que según aseguran se duplicó en relación a la que dejó Cristina Fernández en 2015.

08-02-2023 / 09:02

Crimen de Lucio Dupuy: la mamá del niño y su pareja son culpables de homicidio agravado

El juicio por el crimen de Lucio Dupuy, producido el 26 de noviembre de 2021 cuando el niño tenía 5 años, llegó a su fin. Los jueces de Tribunal de Audiencias de Santa Rosa, La Pampa, declararon culpables a la madre, Magdalena Espósito Valenti, y a la novia de ella, Abigaíl Páez, de los delitos de homicidio agravado. Para los jueces Alejandra Ongaro, Andrés Olié y Daniel Sáez no hay dudas: ambas mujeres fueron las asesinas.

Las condenas a Espósito Valenti y Páez por el asesinato de Lucio Dupuy, aun cuando no se conoce todavía el monto de las penas, llegaron para reparar, aunque sea en parte, el dolor de la familia del niño y la conmoción de una sociedad desgarrada por un acto de crueldad inaudito.

Las figuras penales que utilizó el tribunal para respaldar el veredicto permiten anticipar que, el próximo 13 de febrero, cuando los magistrados den a conocer el texto completo de la sentencia con todas sus consideraciones, les caería a las dos mujeres la condena a reclusión perpetua. Las declaraciones públicas de quienes más interesados estaban en el resultado de este juicio, especialmente los abuelos y el padre del niño, el abogado querellante y los fiscales se mostraron conformes por la resolución del tribunal.

La trascendencia que le dieron al caso los medios de comunicación más grandes del país hizo que coincidiera su cobertura periodística con la que viene recibiendo otro juicio resonante: el que investiga el asesinato de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell por acción de un violento grupo de jóvenes.

La superposición temporal de ambos procesos judiciales, motivados por homicidios cometidos con derroche escalofriante de violencia -a pesar de las diferencias sustantivas entre ambos casos- generó una suerte de clima mediático propiciatorio para que se manifestaran voces desaforadas que corrieron el debate de los temas que más deberían interesar a la sociedad: la violencia doméstica, el sistema penal y carcelario, la presencia o ausencia del Estado a la hora de proteger a la niñez, las disputas paternas por la tenencia de menores, etcétera.

En muchos medios porteños, especialmente en la televisión, predominó el tinte sensacionalista, admonitorio y una fuerte carga de prejuicios. La orientación sexual de las entonces acusadas y hoy condenadas, o su presunta pertenencia al movimiento feminista ocupó un lugar central y, con ello, se desperdició la oportunidad de hablar en profundidad de los sucesos determinantes que rodearon al caso. El oportunista uso político de ambos crímenes fue otro condimento sobresaliente por estos días.

El Poder Judicial actuó con ejecutividad y resolvió el caso sin los tiempos morosos que se observaban antes de los debates orales. En el desarrollo de las audiencias supo preservar la intimidad en un proceso que sin dudas lo requería. Pero también es cierto que se filtraron elementos de prueba que alimentaron el morbo social y, asimismo, hubo accesos desmedidos a información reservada del caso en el sistema de salud pública, un tema que deberá merecer mucha atención en las autoridades del ministerio.

A pesar de la condena aún quedan varias asignaturas pendientes. La actuación de la jueza de Familia y el Menor de General Pico será evaluada, como todo lo indica, en un juicio político; pero también deben profundizarse las investigaciones sobre cómo fallaron en la detección precoz de la extrema violencia que sufrió Lucio el sistema de salud y el educativo, y, también, la policía provincial.

La Opinión Popular

07-02-2023 / 09:02

Crimen de Báez Sosa: condenan a prisión perpetua a cinco de los rugbiers y a 15 años a los tres restantes

Fernando Báez Sosa fue y es la principal víctima de esta tragedia espesa, hiper mediatizada. Con él, su mamá Graciela y su padre Silvino. En charlas familiares o de café se los identifica por sus nombres de pila, que quizá mañana sirva para designar a una ley. Tradiciones de la democracia argentina, de eso se trata. Positivas en muchos sentidos aunque jamás perfectas. La solidaridad masiva con la familia de Fernando es tangible, rotunda, reconoce pocos antecedentes. Sería necio o unidireccional atribuirlo solo al discurso predominante en los medios de difusión.

Fernando era un pibe de una familia tipo, pongalé. Papá y mamá paraguayos, gente de laburo, con hijo único. Tal vez de un escalón social menos empinado que el de quienes lo mataron en un acto plagado de barbarie con cuotas de machismo y racismo. En otros casos, quizá, la vocación aspiracional de los sectores medios que "hacen" opinión pública hubiera acercado a mucho público a los acusados, gente presentable, "influyente", calificó algún vecino de Zárate. No oligarcas ni aristócratas pero personas bien ranqueadas.

No ocurrió ante este homicidio... consecuencia de sus características, divulgadas hasta el hastío en cualquier horario de desprotección al menor. La identificación con la familia se funda en una escala de valores querible, humana.

El fenómeno se ha repetido, Silvino y Graciela recorren un itinerario transitado. Lo estilizo. La víctima, los familiares lo son, se planta frente a un micrófono o una cámara y cuenta el origen de su desdicha. Es una persona común, no tenía antes compromisos políticos (o si los tenía, no argumenta en su nombre), algo rompió la inercia de su existencia, algo la cambió definitivamente. Es irreparable.

La vida de esa víctima ya nunca será la misma y por eso se dirige a personas que se parecían a ella (las más veces) o a él antes de la privación. De privación hablamos, porque las víctimas estaban mejor, en un sentido sustantivo, antes de que ese "algo" aconteciera.

"Yo era como vos", le dice la víctima al espectador de la televisión o la radio. "Lo que me pasó te puede pasar porque la gente común está en riesgo, si las cosas no cambian". "Yo no quiero venganza, quiero justicia". Justicia no es sólo sanción a los culpables sino un cambio de escenario, parcial pero ineludible. Justicia es que la muerte de Fernando no haya sido en vano, que "esto no se repita".

Una sentencia justa, severa, forma parte de ese camino imaginario. Desprovista de detalles o de espinas en los que entraremos más abajo, es una noble utopía republicana. Las instituciones funcionan, las leyes se aplican, los culpables tienen castigo impartido por un Estado imparcial... la sociedad mejorará. Casi no hace falta agregar que este cronista enaltece esos pensamientos aunque descree de que su resultado promedio sea tan virtuoso.

Los familiares, larga prosapia, renuncian a la mal llamada "justicia por mano propia". O, por mejor decir: a la violencia privada, a la vendetta. Acuden a la ley y a las instituciones que deberían regular proporcionalidad en los castigos y frenar la violencia entre particulares. Deberían.

06-02-2023 / 12:02

Del error de juicio al juicio necesario

Uno de los errores políticos más importantes del gobierno del presidente Alberto Fernández fue no haber impulsado cambios en la Corte Suprema heredada del macrismo en los primeros 15 días de mandato. No haber seguido el ejemplo de Néstor Kirchner, que el 5 de junio de 2003, habiendo asumido hace menos de dos semanas y con sólo el 22,25% de los votos, tomó el toro por las astas.

Néstor hizo ese día una cadena nacional. Leyó un discurso de 6.25 minutos. "Hemos asumido el compromiso de reconciliar a las instituciones con la sociedad", dijo, entre otras frases. Uno de los primeros efectos fue la renuncia del presidente de la Corte, el riojano Julio Nazareno, emblema de la mayoría automática del menemato. Con esa decisión, Nazareno pudo conservar la cuantiosa jubilación que reciben los jerarcas del Poder Judicial, ya que la hubiera perdido si dejaba el cargo por la vía del juicio político.

La mayoría de los funcionarios judiciales, por supuesto que no todos, están constituidos por una alquimia que mezcla un sentimiento de supremacía, por encima de la ley y la Constitución, con el sueño del burócrata de ser jubilado de lujo: ir todas las semanas a un palco del Colón, vacacionar en Europa.

En un juicio político la relación de fuerzas es clave. Néstor había sacado el 22,25%. Sin embargo, además de ser un líder político excepcional, con una enorme confianza en la fuerza de la voluntad, sabía que el anti menemismo en ese momento era mucho más que el porcentaje que él había conseguido y que esa relación de fuerzas inclinaría la balanza. La Argentina tuvo después la mejor Corte Suprema de su historia. El gobierno peronista le dio al país algunos años de una calidad institucional desconocida.

Alberto partió de la base de que la Corte se iba a adaptar a los nuevos vientos por instinto de supervivencia. Apostó a que los ministros que habían convalidado el lawfare dejando que se practique la violación a los derechos constitucionales iban a dar un volantazo y corregir el rumbo, similar a lo que ocurrió en Brasil. No pasó. Los procesos políticos en Brasil tienen esa tradición histórica. Argentina no es Brasil, para bien y para mal.

La Corte no se adaptó a los nuevos vientos que auguró el triunfo del FdT. Reaccionó de modo corporativo. Encubrió los delitos que habían realizado los tribunales inferiores: las extorsiones para conseguir las delaciones que le dieran carnadura a las acusaciones por supuesta corrupción, las violaciones al debido proceso para encarcelar y generar puestas en escena que les sirvieran a los grandes medios para construir shows y condenas mediáticas.

Luego, en 2021, tras la derrota electoral del peronismo a nivel nacional, el Máximo Tribunal dobló la apuesta. Los cortesanos se sintieron fortalecidos por la victoria de Juntos por el Cambio y se consolidaron como la Corte que defiende a los grandes grupos económicos que operan en la Argentina y al sector antiperonista de la política, con el respaldo de la embajada yanqui. Las causas contra Mauricio Macri no avanzan ni un centímetro. Están congeladas como Walt Disney.

La Corte y la Procuración General, ocupada por el interino Eduardo Casal, han sido durante estos tres años las trincheras del macrismo dentro de la estructura del Estado. Cuando Macri ganó las elecciones de 2015, su consultor Jaime Durán Barba solía decirle algo que se puede aplicar al FdT: "Tomamos el gobierno, pero todavía no el poder". El FdT ganó el gobierno, pero faltó la decisión política de desmontar la Corte macrista.

El juicio político impulsado ahora, disparado por el pornográfico fallo sobre coparticipación que financia la campaña de Horacio Rodríguez Larreta, se produce en un contexto de debilidad del peronismo, comparado con el inicio del mandato de Alberto. Pero en la política -y en la vida- se pelea por lo que puede pelear, aunque sea haya empezado tarde.

06-02-2023 / 11:02

Mesa electoral: memoria, balance y futuro del Frente de Todos

El presidente Alberto Fernández se ha declarado dispuesto a armar la "mesa electoral", una denominación que no dice gran cosa con relación a las tareas y el poder de decisión que el organismo asumiría.

La cuestión se desplaza -con algo de ingenuidad- a la creación de algo así como un foro de discusión pública en el que cada representante haría público su punto de vista sobre la "política electoral"; la indefinición es muy evidente y nada casual: se procura evitar la puesta en escena de distintos tipos y formas de cuestionamiento a la actual política gubernamental bajo la forma de "propuestas electorales".

Esto es lógico y muy criterioso: si la "mesa" se convierte en un coro de voces críticas desde distintas lógicas y perspectivas políticas poco podría acumular a favor de un impulso de unidad de acción a la que se supone una exigencia mínima de cualquier pretensión de triunfo electoral.

Además, para la elección presidencial faltan varios meses todavía. Pero es muy importante que los organizadores sean conscientes de que tarde o temprano el balance del gobierno de estos cuatro años de gobierno deberá hacerse. Y no solamente eso, sino que ese balance deberá ser estructurado en una clave política que permita que todas las voces -o la mayoría, las más influyentes, las más representativas- se expresen públicamente.

Es impensable que una "mesa" jerarquice los puntos de vista de unos sobre los de otros: lo mejor sería dejar todas las interpretaciones abiertas. Porque el momento decisivo de un eventual renacimiento del frente debería ser el de las primarias abiertas. Allí será donde se organicen los acuerdos y las diferencias, el balance y la proyección futura de la coalición.

Una mirada "ideal" aconseja ese orden: primero el balance que cada sector hace de la marcha de la experiencia de gobierno, una evaluación pública, plenamente abierta a la discusión de todo aquel que quiera sumar su punto de vista. No habría posiciones "buenas o malas", la etapa establecería los contornos de la discusión, los acuerdos y los desacuerdos.

Ahora bien, la "mesa" debería abstenerse de establecer jerarquías entre los puntos de vista. Este circuito tiene una enorme ventaja respecto de lo que fue práctica del FdT desde su fundación: el cierre de las primarias a un puñado de actores. Todos tendrían derecho a defender su punto de vista desde la plataforma que existe y tiene fuerza legal precisamente por esa virtud: la de someterse a la prueba de la voluntad del electorado.