00:03 | Lunes 12 de Enero de 2013 | Entre Ríos
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Nacionales - 07-01-2023 / 09:01
LA RELACIÓN LABORAL CON EL LARRETISMO ES INCOMPATIBLE CON SU FUNCIÓN COMO MAGISTRADA
Los vínculos con el PRO de Capuchetti, la jueza que traba la investigación del atentado contra Cristina
El colmo: Capuchetti cobra un sueldo de la CABA. Es "investigadora senior" dentro del Ministerio de Justicia y Seguridad que manejaba el ministro de los chats, Marcelo D’Alessandro, que está gozando de una extraña "licencia". La jueza que traba sistemáticamente la investigación para determinar quién estuvo detrás del atentado a Cristina, resulta que cobra un sueldo por la changuita en el área que gestionaba Marcelo D'Alessandro, el ministro que protagonizó el viaje a Lago Escondido. Por su cargo de investigadora senior, Capuchetti cobra unos $213.961,27 por mes. En esa área suelen impartir clases los macristas Cristian Ritondo y Laura Alonso. También cobra de ahí Romina Aldana Diago, la esposa del propio Ritondo.
María Eugenia Capuchetti es una de las juezas federales que concentra todas las miradas en su trabajo, como la magistrada que tiene la investigación por el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. Pero Capuchetti también tiene un "carguito" pagado por el macrismo, se desempeña como investigadora en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP), que está encargado de formar a los cuadros superiores de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y a los funcionarios, dedicados a esta temática, en el distrito que actualmente gobierna Horacio Rodríguez Larreta. El doble rol de Capuchetti como jueza e investigadora es contrario a la ley y deja en evidencia que hay "relaciones promiscuas" entre Comodoro Py y el PRO. En esa área suelen impartir clases los macristas Cristian Ritondo y Laura Alonso. También cobra de ahí Romina Aldana Diago, la esposa del propio Ritondo.
Desde 2017, Capuchetti funge como investigadora del Observatorio de Políticas de la Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y cobra por esa función actualmente una remuneración de $213.961,27 por mes. Las autoridades porteñas se preocupan por decir que el ISSP es autárquico, pero los lazos entre el organismo y el gobierno porteño son evidentes. De hecho, en su página web se explica: "En esta institución se forma y capacita a profesionales interesados en el diseño y la implementación de políticas de seguridad pública y a personal de la Ciudad. Es, además, una instancia de apoyo a la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública". El vicerrector del ISSP es Juan Bautista Mahiques, jefe de los fiscales porteños, anterior enlace de Macri con los tribunales y uno de los que viajó en octubre pasado a Lago Escondido.
El ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, apuntó a los lazos que tendría con el PRO la magistrada que debe investigar el intento de magnicidio de CFK, la mesa judicial del macrismo o el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La revelación de Soria terminó siendo confirmada por un comunicado del ISSP que distribuyeron desde el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño -cantera de escándalos durante los últimos días particularmente después de que se filtraran los chats de Marcelo D'Alessandro, lo que terminó obligando al funcionario a tomarse licencia como ministro-.
El ministro Soria resaltó que los magistrados únicamente pueden ejercer la docencia con autorización de las autoridades judiciales que ejerzan la superintendencia -por ejemplo, con el visto bueno de la Cámara Federal porteña-. Eso surge del decreto ley 1285 de 1958. Para Soria, la actividad de Capuchetti queda fuera de lo dispuesto en esa normativa. "Ejercer funciones de supuesta investigadora es lisa y llanamente ilegal", apuntó el titular de la cartera de Justicia.
"Esta relación contractual de la jueza disfrazada como supuesta investigadora en un instituto bajo la órbita del Ministerio de Seguridad de la Ciudad, que conduce D'Alessandro, demuestra una vez más los groseros vínculos económicos y políticos entre Comodoro Py, el PRO y sus medios de comunicación", dijo Soria.
"Lo vimos con los jueces y camaristas que viajaron a Lago Escondido en un charter pagado por Clarín, o con Rosatti -que guarda silencio cómplice ante la revelación de los vínculos y el asesoramiento de su mano derecha Robles a la oposición- y ahora con la jueza Capuchetti. Todos ellos deberían seguir los pasos de D'Alessandro y tomarse un tiempo hasta que los escándalos que los involucran se esclarezcan", reclamó el ministro.
La Opinión Popular
Desde 2017, Capuchetti funge como investigadora del Observatorio de Políticas de la Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y cobra por esa función actualmente una remuneración de $213.961,27 por mes. Las autoridades porteñas se preocupan por decir que el ISSP es autárquico, pero los lazos entre el organismo y el gobierno porteño son evidentes. De hecho, en su página web se explica: "En esta institución se forma y capacita a profesionales interesados en el diseño y la implementación de políticas de seguridad pública y a personal de la Ciudad. Es, además, una instancia de apoyo a la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública". El vicerrector del ISSP es Juan Bautista Mahiques, jefe de los fiscales porteños, anterior enlace de Macri con los tribunales y uno de los que viajó en octubre pasado a Lago Escondido.
El ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, apuntó a los lazos que tendría con el PRO la magistrada que debe investigar el intento de magnicidio de CFK, la mesa judicial del macrismo o el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La revelación de Soria terminó siendo confirmada por un comunicado del ISSP que distribuyeron desde el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño -cantera de escándalos durante los últimos días particularmente después de que se filtraran los chats de Marcelo D'Alessandro, lo que terminó obligando al funcionario a tomarse licencia como ministro-.
El ministro Soria resaltó que los magistrados únicamente pueden ejercer la docencia con autorización de las autoridades judiciales que ejerzan la superintendencia -por ejemplo, con el visto bueno de la Cámara Federal porteña-. Eso surge del decreto ley 1285 de 1958. Para Soria, la actividad de Capuchetti queda fuera de lo dispuesto en esa normativa. "Ejercer funciones de supuesta investigadora es lisa y llanamente ilegal", apuntó el titular de la cartera de Justicia.
"Esta relación contractual de la jueza disfrazada como supuesta investigadora en un instituto bajo la órbita del Ministerio de Seguridad de la Ciudad, que conduce D'Alessandro, demuestra una vez más los groseros vínculos económicos y políticos entre Comodoro Py, el PRO y sus medios de comunicación", dijo Soria.
"Lo vimos con los jueces y camaristas que viajaron a Lago Escondido en un charter pagado por Clarín, o con Rosatti -que guarda silencio cómplice ante la revelación de los vínculos y el asesoramiento de su mano derecha Robles a la oposición- y ahora con la jueza Capuchetti. Todos ellos deberían seguir los pasos de D'Alessandro y tomarse un tiempo hasta que los escándalos que los involucran se esclarezcan", reclamó el ministro.
La Opinión Popular
ATENTADO A CRISTINA
Cristina Kirchner y Soria apuntaron al vínculo entre Capuchetti y la CABA
La vicepresidenta compartió información que dio a conocer el ministro de Justicia, quien acusó a la jueza que investiga el atentado a CFK de "estar contratada" por el gobierno porteño.
La vicepresidenta Cristina Kirchner y el ministro de Justicia, Martín Soria, compartieron información que, sostuvo el funcionario, revela el vínculo de la titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº5, María Eugenia Capuchetti, y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
El ministro nacional acusó a Capuchetti de trabajar para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Puntualmente, para el Ministerio de Seguridad de Marcelo D'Alessandro, ahora de licencia tras el escándalo de los supuestos chats con el vocero del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.
Soria aseguró que Capuchetti está contratada desde 2019 como "investigadora senior" en el Instituto de Seguridad Pública de CABA, que es un ente autárquico que depende del Ministerio de Justicia de la Ciudad.
La magistrada, según esta información, es investigadora en el Observatorio de Políticas de la Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. "La jueza Capuchetti está contratada por el Gobierno de Larreta desde 2019 en el órgano encargado de asesorar a la conducción política de Seguridad de CABA: el ministerio de D´Alessandro. Los vínculos económicos y políticos entre Comodoro Py y el PRO parecen no tener límite alguno", afirmó Soria en una serie de tuits.
"El Decreto-Ley 1285/58 establece la incompatibilidad de "la magistratura judicial con toda actividad política" y "cualquier actividad profesional". Solo permite a los magistrados ejercer la docencia. Ejercer funciones de supuesta investigadora es lisa y llanamente ilegal", continuó el ministro. La información fue compartida también por Cristina Kirchner.
El funcionario cerró su mensaje sobre el tema: "Mantener una relación remunerada para asesorar a la máxima autoridad política de la justicia y seguridad de CABA no tiene nada ver con la docencia. Desbordan las relaciones promiscuas y corruptas entre el PRO y algunos jueces federales de Comodoro Py".
Soria, además, destacó que el vicedirector del Instituto de Seguridad Pública de CABA es Juan Bautista Mahiques, fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires y parte del vuelo del lawfare en el que participaron D'Alessandro, jueces, fiscales y directivos del Grupo Clarín en el sur del país, en la estancia de Joe Lewis en Lago Escondido.
En mayo de 2019, Capuchetti reemplazó al juez Norberto Oyarbide. La ex secretaria letrada del juez Sergio Torres quedará a cargo del juzgado federal 5. En mayo de ese 2019 fue nombrada por el gobierno de CABA como investigadora de este Instituto que forma policías de la Ciudad.
Recusada
En noviembre de 2022, la vicepresidenta Cristina Kirchner recusó a la jueza María Eugenia Capuchetti quien investiga el intento de magnicidio perpetrado el 1º de septiembre en las puertas de su casa en Recoleta. El motivo es que la ex presidenta consideró que Capuchetti no investigó al diputado Gerardo Milman, quien -según un testigo- dijo conocer que iban a atentar contra su vida.
Días después, Capuchetti rechazó apartarse de la causa. La magistrada elaboró un informe de 43 páginas que concluye con el rechazo a la recusación y la elevación del incidente a la sala primera de la Cámara Federal porteña, para que sea el tribunal de apelaciones el que decida si le corresponde seguir interviniendo en la causa.
En la resolución judicial, Capuchetti alegó que "la causal invocada por esa parte no guarda correlato con lo actuado en la causa". La ex mandataria había acusado a la magistrada de diversas "irregularidades y arbitrariedades" desde el inicio de la investigación.
Además, la jueza señaló que no se exhibe en su actuar "una afectación real y concreta de la objetividad que en todo proceso penal debe imperar". De los cuestionamientos realizados por la defensa de Fernández de Kirchner, la magistrada señaló que "no se logran vislumbrar las razones por las cuales se funda su temor de pérdida de objetividad, en la medida que sus expresiones vinculadas a la causal de mi apartamiento, se relacionan con la disconformidad del resultado de un sinnúmero de medidas de prueba ordenadas en autos".
Fuente: El Destape
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