, ministro de Justicia y Seguridad de Horacio Rodríguez Larreta. Robles aconseja a Larreta sobre el inminente fallo de la Corte sobre coparticipación que favoreció a la CABA.
 
La fuerza favorecida por la parcialidad de la Corte, tanto en la coparticipación como sobre la integración del Consejo de la Magistratura, se niega a discutir el pedido de juicio político a Rosatti. No es que el macrismo se opone al juicio político, sino que además no quiere discutirlo. Lo rechaza sin conocer los fundamentos del pedido porque teme que aparezcan más pruebas de la relación promiscua que mantiene con la cabeza del Poder Judicial que los favorece.
 
El argumento de base es que las pruebas fueron obtenidas en forma ilegal porque provienen del hackeo al celular de D'Alessandro. Supuestamente las pruebas no tienen valor si fueron obtenidas en forma ilegal. Sin embargo el macrismo, representado por el turbio juez Claudio Bonadio, ya fallecido, usó una escucha telefónica ilegal para abrir la causa del memorándum con Irán contra el excanciller Héctor Timerman. Sin hablar de las fotocopias de cuadernos inexistentes con las que abrieron la causa de los cuadernos.
 
El macrismo ejerció en forma sistemática la estrategia de no bajar al recinto para evitar los debates. Desde el primero de diciembre pasado, es la tercera vez que no baja al recinto e impide la discusión de un temario cada vez más abultado. Quedaron así en el tintero temas como la ampliación de la moratoria jubilatoria o la creación de ocho universidades en distintas provincias.
 
La estrategia previa era votar en contra de todo lo que fuera presentado por el oficialismo. De ese nivel de obstrucción pasaron a este otro que busca cerrar el Congreso como ámbito legislativo y de debate sobre temas que interesan a la sociedad. El incremento en el nivel de obstrucción está relacionado también con otra decisión de la Corte que interfirió con la integración de los bloques legislativos, pese a que se trata de una mecánica que es de competencia exclusiva de los legisladores.
 
Desde el principio del gobierno de Alberto Fernández, el macrismo mantuvo una estrategia de obstrucción. Pero en este caso es evidente la intención de que los fundamentos del pedido de juicio político a Rosatti tengan una difusión mínima. El oficialismo afirmó que tiene muchas pruebas para respaldarlo. Incluso situaciones que no provienen de los mensajes hackeados.
 
Pero para llevar adelante el juicio, el Frente de Todos necesitaría que fuera aprobado por los dos tercios de la Cámara. La defensa en bloque que realiza la alianza del PRO, el radicalismo y el partido de Elisa Carrió, más los libertarios y los diputados peronistas de Córdoba y socialistas de Santa Fe, harían imposible el juicio político. Lo que buscan con estas medidas es acotar el daño. La difusión de los mensajes tiene un efecto demoledor. 
 
'/> La interna macrista salvaje entre Milman y D'Alessandro arrastró al cortesano Rosatti / La Opinión Popular
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Nacionales - 07-01-2023 / 08:01
GERARDO MILMAN Y MARCELO D'ALESSANDRO ESTÁN RELACIONADOS CON LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA Y RESPONDEN A SECTORES ENFRENTADOS EN LA INTERNA DEL PRO

La interna macrista salvaje entre Milman y D'Alessandro arrastró al cortesano Rosatti

La interna macrista salvaje entre Milman y D'Alessandro arrastró al cortesano Rosatti
Los dos personajes que están en el centro de esta tormenta de operaciones de espionaje, Gerardo Milman y Marcelo D'Alessandro están relacionados con los servicios de inteligencia y respondían a los sectores enfrentados en la interna del PRO. Pero el enfrentamiento arrastró también al titular de la Corte, Horacio Rosatti.
Juntos por el Cambio, encabezado por el titular del bloque de diputados del PRO, el ex menemista Cristian Ritondo, anunció que no dará quórum en el recinto "si el gobierno insiste en los ataques al Poder Judicial". Ritondo fue menemista con la famosa Corte de la mayoría automática y se pasó al macrismo cuando asumió Néstor Kirchner y transformó esa Corte corrupta en otra con jueces intachables e independientes.
 
El bloque que encabeza Ritondo se opone ahora a debatir sobre el juicio político que el presidente Alberto Fernández planteó a la Corte Suprema, empezando por su titular Horacio Rosatti cuya parcialidad quedó en evidencia con el intercambio de mensajes entre Silvio Robles, principal colaborador de Rosatti y Marcelo D'Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad de Horacio Rodríguez Larreta. Robles aconseja a Larreta sobre el inminente fallo de la Corte sobre coparticipación que favoreció a la CABA.
 
La fuerza favorecida por la parcialidad de la Corte, tanto en la coparticipación como sobre la integración del Consejo de la Magistratura, se niega a discutir el pedido de juicio político a Rosatti. No es que el macrismo se opone al juicio político, sino que además no quiere discutirlo. Lo rechaza sin conocer los fundamentos del pedido porque teme que aparezcan más pruebas de la relación promiscua que mantiene con la cabeza del Poder Judicial que los favorece.
 
El argumento de base es que las pruebas fueron obtenidas en forma ilegal porque provienen del hackeo al celular de D'Alessandro. Supuestamente las pruebas no tienen valor si fueron obtenidas en forma ilegal. Sin embargo el macrismo, representado por el turbio juez Claudio Bonadio, ya fallecido, usó una escucha telefónica ilegal para abrir la causa del memorándum con Irán contra el excanciller Héctor Timerman. Sin hablar de las fotocopias de cuadernos inexistentes con las que abrieron la causa de los cuadernos.
 
El macrismo ejerció en forma sistemática la estrategia de no bajar al recinto para evitar los debates. Desde el primero de diciembre pasado, es la tercera vez que no baja al recinto e impide la discusión de un temario cada vez más abultado. Quedaron así en el tintero temas como la ampliación de la moratoria jubilatoria o la creación de ocho universidades en distintas provincias.
 
La estrategia previa era votar en contra de todo lo que fuera presentado por el oficialismo. De ese nivel de obstrucción pasaron a este otro que busca cerrar el Congreso como ámbito legislativo y de debate sobre temas que interesan a la sociedad. El incremento en el nivel de obstrucción está relacionado también con otra decisión de la Corte que interfirió con la integración de los bloques legislativos, pese a que se trata de una mecánica que es de competencia exclusiva de los legisladores.
 
Desde el principio del gobierno de Alberto Fernández, el macrismo mantuvo una estrategia de obstrucción. Pero en este caso es evidente la intención de que los fundamentos del pedido de juicio político a Rosatti tengan una difusión mínima. El oficialismo afirmó que tiene muchas pruebas para respaldarlo. Incluso situaciones que no provienen de los mensajes hackeados.
 
Pero para llevar adelante el juicio, el Frente de Todos necesitaría que fuera aprobado por los dos tercios de la Cámara. La defensa en bloque que realiza la alianza del PRO, el radicalismo y el partido de Elisa Carrió, más los libertarios y los diputados peronistas de Córdoba y socialistas de Santa Fe, harían imposible el juicio político. Lo que buscan con estas medidas es acotar el daño. La difusión de los mensajes tiene un efecto demoledor. 
 

 
Los dos personajes involucrados en esta feroz batalla de espionajes: el diputado y ex secretario de Seguridad durante el macrismo, Gerardo Milman, y D'Alessandro, son dos personajes relacionados con los servicios de inteligencia y la planificación de este tipo de operaciones.
 
Milman, que era la mano derecha de Patricia Bullrich y con una carrera en ascenso, cayó de un hondazo cuando quedó en el centro de atención por una reunión con sus colaboradoras donde, dos días antes del intento de magnicidio, habló como si estuviera en conocimiento de lo que iba a suceder. A partir de allí saltaron, una tras otra, situaciones irregulares con ñoquis y manejos oscuros de dinero.
 
Milman acusó a D'Alessandro por esa campaña. El PRO le soltó la mano y la carrera ascendente del diputado quedó trunca. El hackeo del teléfono de D'Alessandro aparece como parte de esa guerra. Los mensajes que se conocieron hubieran acabado con la candidatura de Larreta en un país normal. Fue una estocada profunda. Es difícil que proviniera de una interna simple. Aparece más como la acción desesperada de hundir a la mayoría de los que lo hundieron. Una acción de perdido por perdido, de alguien que ya no tiene nada que ganar.
 
Los intentos de Larreta por defender a su ministro fueron infantiles. Lo planteó como otra operación del kirchnerismo, cuando estas operaciones de espionaje han sido históricamente una marca de Juntos por el Cambio. Dijo que se trataba de un hackeo de estos mensajes que luego habrían sido sometidos a un montaje.
 
Si fuera así podría haber mostrado el teléfono de su ministro para comparar los contenidos, pero no lo hizo. El diputado Waldo Wolff, reciente adquisición del larretismo, ex abanderado de Patricia Bullrich, afirmó en América TV que "una parte es real y otra montaje". Cualquiera que fuera real alcanza para hundir al macrismo.
 
En todos los mensajes se plantean detalles que sólo podían conocer los protagonistas del diálogo. No se trata de frases encimadas o intercaladas en forma forzada, como ocurre en las fotocopias de los cuadernos.
 
Además de los que se relacionan con un tema tan grave desde el punto institucional, como la parcialidad manifiesta de la Corte en un tema tan delicado como la coparticipación, hay una gran cantidad donde se plantean coimas de empresarios relacionados con el gobierno de CABA y tráfico de influencias en un nivel de corrupción que involucra a jueces, empresarios y a todo el gobierno de CABA.
 
Mientras obstaculizan este debate en el Congreso, los principales dirigentes del macrismo comenzaron sus campañas en recorridas por la costa bonaerense. El tema no existe en la gira macrista. En los medios macristas, el tema tuvo un trato corto, y a los pocos días desapareció.
 
Se hacen eco de los argumentos de Juntos por el Cambio en el Congreso, sin que este tema aparezca. Así, los macristas no bajan al recinto porque "aunque siempre están abiertos al diálogo, no están dispuestos a que el oficialismo no los consulte para plantear el temario de las sesiones".
 
Hablan como si estuvieran convencidos que no importa lo que digan porque sus seguidores deciden por identificación y no por la razón. Han creado una identidad social que no requiere propuesta ni explicaciones. Su base electoral está compartimentada en las redes y los medios que replican esos discursos identitarios y es difícil romper esa compartimentación.
 
Muchos de los que se escandalizaban por escuchas ilegales a kirchneristas ni siquiera están enterados de estos mensajes verdaderamente graves que muestran una grieta institucional que pone en riesgo la democracia.
 
A pesar de esa llegada limitada de la información, los que acepten ser cómplices de esta mafia de servicios de inteligencia, jueces, corporaciones y políticos de la derecha, serán juzgados por la historia. Son temas que tarde o temprano salen a la luz y enchastran a los protagonistas.
 
Por Luis Bruschtein
 
Fuente: Página 12
 

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18-02-2026 / 10:02
Comenzó la reforma laboral y la empresa de neumáticos Fate resolvió el cierre definitivo de su planta en San Fernando tras 80 años. No hubo ninguna notificación ni aviso por parte de la empresa. La Policía ocupó la planta, demoró a Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, e hirió con balas de goma a trabajadores, quienes ingresaron pacíficamente a la planta y desde ahí llaman a solidarizarse con su pelea contra el cierre. Los dueños culparon a la política de apertura de importaciones indiscriminadas del gobierno libertario de Javier "el Loco" Milei, que destruye cada vez más la industria nacional.
 
Con una cruda declaración pública que demuestra los daños del modelo económico del gobierno anarco capitalista en la producción nacional, la compañía propiedad de la familia Madanes Quintanilla aclaró que el anuncio no se trata de un concurso preventivo de acreedores y descartó una reestructuración o un plan de salvataje. Se trata del cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente. "Se liquida todo y se baja la persiana", sentenciaron.
  
En un comunicado, la firma dejó claro que la principal consecuencia de la decisión que deja en la calle a casi mil familias se debe a la política de apertura de importaciones impulsada por la administración de La Libertad Avanza (LLA). Fate estaba produciendo 150 mil neumáticos mensuales, el 25 por ciento de su capacidad. Hoy, el 75 por ciento de las ruedas del mercado son chinas. Los otros grandes jugadores del sector, Pirelli y Bridgestone, enfrentan situaciones similares.
 
"Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre", dice el comunicado emitido a primeras horas de hoy por FATE. "Las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán dentro del plazo legal", aseguró el texto.
  
La planta de San Fernando es una de las más grandes del país y tenía una capacidad productiva que superó los 5 millones de neumáticos por año. Sin embargo, esa eficiencia se vio sacudida por el ingreso de 860.000 cubiertas de origen chino importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios obligó a Fate a rebajar sus productos y, consecuentemente, a dejar por el piso sus márgenes de ganancia.
 
Su cierre se trata de un evento anunciado. Desde 2024, la empresa había advertido sobre los golpes en su competitividad producto de la apertura económica indiscriminada que afecta la producción nacional. Durante los últimos dos años, la crisis comercial y productiva que hundió a la empresa fue erosionando la relación con los empleados, que a través de la representación gremial reclamó permanentemente sobre los daños al costo laboral, sueldos atrasados y reducción de jornadas de trabajo.
 
En su declaración, la compañía recordó que "a lo largo de más de ocho décadas Fate construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad".
 
"Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina", destacó. Milei los liquidó.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 10:02
El ministro de Economía, el endeudador serial Luis "Toto" Caputo, salió este domingo a interpelar públicamente al empresariado por la falta de respaldo explícito a la reforma laboral retrograda y esclavista impulsada por el Gobierno anarco capitalista. A través de un mensaje directo en redes sociales, el funcionario expresó su "asombro" ante lo que consideró una reacción tibia -o directamente nula- de las cámaras empresarias frente a los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.
 
El reclamo de Caputo se produjo en un momento de alta tensión política y sindical, con la Confederación General del Trabajo convocando a un paro en rechazo al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ministro buscó correr el foco del conflicto y presionar al sector privado para que se pronuncie en favor de una reforma que el Ejecutivo presenta como anti trabajadores.
 
El eje del planteo oficial es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos herramientas que apuntan a reducir significativamente el costo laboral. La reforma permitiría bajar las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador desde el 27 actual al 15 por ciento durante un período de 48 meses. En términos más amplios, la cuña laboral promedio se reduciría del 44 al 32 por ciento del salario bruto.
 
Pese a estos números, Caputo se mostró molesto por la falta de entusiasmo empresario. "Les bajamos un 85 por ciento las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", escribió en la red social X.
 
Sin embargo, el silencio por parte del empresariado expone una incomodidad que el Gobierno subestima. Voces del sector privado reconocen que la baja de cargas es un incentivo relevante, pero advierten que persisten dudas sobre la implementación del nuevo esquema, la estabilidad macroeconómica y la falta de políticas complementarias para reactivar la producción y el crédito. En sectores industriales, incluso, señalan que la reducción de costos laborales no alcanza si no hay demanda ni financiamiento.
 
Mientras el Gobierno ultra derechista exhibe el recorte de cargas patronales como una concesión histórica al empresariado, las principales cámaras evitan celebrarlo abiertamente, atrapadas entre el conflicto sindical, la incertidumbre económica y un modelo laboral que todavía genera más interrogantes que certezas.
 
Muchos empresarios están sensibilizados por los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores, afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y por lo tanto achica aún más el mercado interno, con lo que a las Pymes les pega de lleno.
 
Los empresarios ni fu ni fa con la medida. En tanto, la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día en que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno libertario quiere que la Cámara de Diputados lo transforme urgente en ley, aunque si le hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios del transporte.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 08:02
El gobierno del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei volvió a quedar en el centro del escándalo por un vergonzoso contrato estatal que cuestiona su prédica contra la "casta" y las prácticas de su gestión. La controversia gira en torno a una adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico "Pelado" Sturzenegger, el de la motosierra y el "achicamiento del Estado" para todos, menos para su esposa.
 
La contratación, formalizada mediante una disposición oficial publicada en el sistema COMPR.AR, asciende a 114.044.133 de pesos y contempla la capacitación en inglés de 132 empleados durante 2026. El procedimiento utilizado fue una "Adjudicación Simple por Especialidad", justificada en el expediente bajo el argumento de que la AACI era el único proveedor capaz de garantizar la continuidad del programa formativo. Sin embargo, el dato de que se registró una sola oferta -la de la propia entidad adjudicada- alimentó cuestionamientos sobre la competencia real del proceso.
 
El vínculo matrimonial entre Rouillet y Sturzenegger obligó a activar el mecanismo de integridad previsto por el Decreto 202/2017. En ese marco intervinieron la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, que confirmaron en dictamen la existencia de un vínculo familiar directo con un ministro nacional. Como respuesta, el área de Compras recomendó la firma de un Pacto de Integridad para prevenir conflictos de interés.
 
Aunque ese procedimiento se presentó como garantía de transparencia, especialistas en administración pública suelen advertir que estos mecanismos son correctivos y no sustituyen el principio básico de evitar situaciones que puedan generar sospechas de favoritismo. El hecho de que el Estado contrate a una organización dirigida por un familiar directo de un funcionario de alto rango, aun con controles formales, expone una zona gris difícil de conciliar con el discurso oficial contra los privilegios políticos de casta.
 
El caso no es aislado. Registros del mismo portal oficial muestran que Cancillería ya había contratado a la AACI en 2024 por 55.388.180 pesos para un servicio similar. En esa ocasión, la documentación pública no incluía un Pacto de Integridad ni permitía descargar el pliego completo, lo que suma interrogantes sobre la consistencia de los estándares de transparencia aplicados.

Desde su campaña presidencial, Milei construyó su identidad política en torno a la denuncia de la "casta" y la promesa de terminar con los beneficios para funcionarios y allegados. Sin embargo, episodios como este niegan esa narrativa. Si bien la contratación no fue declarada ilegal y siguió los pasos administrativos exigidos, el problema radica en el plano político: la percepción de que ciertos vínculos personales siguen teniendo acceso privilegiado a recursos públicos.

La defensa oficial se apoya en la legalidad de los procedimientos. Pero la discusión pública se mueve en otro terreno: el de la legitimidad ética y simbólica. En un gobierno que hizo de la austeridad y la lucha contra los privilegios su principal bandera, cada contratación que involucra familiares directos de altos cargos se convierte en una prueba de inconsistencia. Ya denunciaron penalmente a Sturzenegger.

 
El caso, lejos de cerrarse con la firma de un supuesto pacto administrativo, reabre el debate sobre hasta qué punto la promesa de terminar con la "casta" queda limitada al terreno discursivo. Porque, cuando los beneficiarios de contratos estatales están vinculados a la cúpula del poder, la distancia entre relato y realidad es indisimulable.
 
La Opinión Popular
 
 

16-02-2026 / 09:02
Si algo faltaba para completar la foto de una ofensiva gubernamental a todo trapo, llegó con las medias sanciones de reforma laboral y baja en la edad de punibilidad. Triunfo político del Gobierno, sin dudas, con paliza para la oposición. Sin embargo, resta constatar si esa foto es parte de una película rumbo a ser concluida o si, al cabo, no es más que un recuadro.
 
Lo que el oficialismo se anima a denominar como "modernización" de las condiciones laborales se vio impregnado por el despliegue represivo en los alrededores del Congreso. Hay que detenerse en este punto, porque algunos de sus rasgos son sustantivos para entender fondos de la cuestión.
 
Hubo una marcha de protesta -no impactante, sí muy numerosa- que se dispersó apenas diseminado el impresionante operativo policial. Esos manifestantes fueron ignorados por la prensa oficialista, desde ya. Pero resulta que los medios opositores, con escasas excepciones, también ningunearon a los manifestantes. Prefirieron centrarse en lo burdo de infiltrados y/o marginales que fueron a pudrirla, casi sin registro de quiénes, cuántos, con qué composición, habían ganado la calle.
 
Todo fue de manual. Cuando una manifestación es imponente y bien organizada, no hay services ni ocho cuartos capaces de empiojar. Hacía falta -y esto no se dice con el diario de lunes, sino con repetida evidencia- que los organizadores tomaran precauciones ante lo obvio. No lo hicieron, y lo obvio sucedió.
 
Primeros apuntes, entonces: una marcha justificadísima pero convocada sin mayor convicción, empezando por la otrora "central obrera", y unos marchantes que quedaron al arbitrio de ser operados en forma infantil.
 
Luego, adentro del Congreso ya estaba cocinado que la cúpula cegetista -no hablamos de toda la CGT- había conseguido retener sus cuotas de privilegios burocráticos en materia de aportes sindicales y empresariales. Ellos y los tránsfugas del peronismo "del interior" o "dialoguista", en reemplazo de otras definiciones que hoy resuman de qué se trata el peronismo por fuera de consignas clásicas.
 
Lo objetivo es que se medio-sancionó una reforma de la que, en primer término, una mayoría de la población no tiene o parece no tener ni la menor idea informativa. "Porque son todos iguales". "Porque gracias si me dedico a arreglarme como puedo". "Porque la política no me interesa" y, con sus variantes, sigue la lista de respuestas similares.
 
Viene la votación en Diputados. No debiera arriesgarse una sentencia concluyente porque, en un país político como éste que para bien y mal siempre depara sorpresas, habrá de verse si no falla alguna transa en el propio oficialismo. Por caso, es incierto que el ítem espeluznante de las licencias por enfermedad atraviese el filtro de la Cámara Baja.
 
Como fuere y de hecho, el gobierno de los Milei se metió sus denuncias retóricas contra "las ratas de los senadores" allí donde la espalda pierde su buen nombre y honor. Negoció cuanto era necesario y dos de los grandes bloques de intereses, el del empresariado sin un mínimo rasgo de burguesía inteligente y el de los dirigentes sindicales entregados, obtuvieron lo que querían.
 
Nadie en su sano juicio supone que esta reforma significará potenciar el mercado laboral, ni oportunidades de empleo, ni cosa que se le asemeje. Lo aceptan ellos mismos, los voceros del establishment, en sus diálogos reservados. Reconocen que se da trabajo cuando crece la economía y la gente tiene un mango en el bolsillo. No cuando se profundizan las condiciones contractuales entre el zorro y las gallinas.
 

15-02-2026 / 09:02
Hay algo que Javier "el Loco" Milei parece haber entendido con claridad y que demuestra que, más allá de cuán loco esté, tiene intuición política. Lo que Milei entendió es que la oligarquía: los sectores del poder fáctico de la argentina, los siete grupos empresarios aglutinados en AEA, los medios de comunicación hegemónicos, el Poder Judicial de la guarida de Cómodo Py, tienen un mismo jefe. Vive en Avenida Pennsylvania al 1600, en la Casa Blanca, ciudad de Washington. Milei puede decirle "señor chatarrín" al supuestamente todo poderoso Paolo Rocca porque tiene el respaldo abierto de Donald Trump. El líder del Grupo Techint jamás entraría en fricción con el inquilino de la Casa Blanca. Lo mismo se aplica a Héctor Magnetto de Clarín y a toda la cúpula judicial. 
 
El "gran empresariado argentino", a diferencia del brasileño, no tiene proyecto nacional. Una "burguesía nacional" se piensa a si misma rivalizando con otras por negocios y mercados. Eduardo Duhalde, cuando fue presidente interino, decía que había que cobrarle impuestos a los grandes empresarios, pero "aliarse con ellos" para rivalizar con las empresas de otras latitudes. Es la concepción básica del capitalismo nacional. El punto es que los grupos económicos locales no tienen una visión de país. Su imaginario es el de quien administra un territorio colonial. Tienen sus cuentas en EE UU y consiguen ahí el financiamiento. Entonces están sometidos a la legislación americana y a los jueces americanos que sólo un niño puede creer que son independientes.
 
Cristina Fernández está presa por el deseo de venganza de la derecha argentina que quiere darle una lección a la clase política. Es cierto. Pero también es una perseguida política de un sector del poder estadounidense que hoy está gobernando. El anuncio del secretario de Estado Marco Rubio en marzo de 2025 de que le quitaba la visa a CFK para ingresar a EE UU fue la batiseñal para que el poder judicial argentino actuara. Y lo hizo de inmediato. El poder judicial es veloz cuando las órdenes vienen del jefe supremo. Hay que recordar el episodio vergonzoso del Boing 747 de la empresa venezolana Emtrasur que fue directamente robado por la justicia argentina por orden de EE UU. Los jueces le tienen terror a la CIA.
 
Incluso entre los políticos peronistas, si se mira con detenimiento, los que conservan buenas relaciones con Washington también tienen menos problemas judiciales. No es una crítica a esos dirigentes ni una acusación de cipayismo. Es una descripción de cómo funciona el poder en Argentina, de quién maneja los hilos detrás del telón. El economista Roberto Felleti sostiene la hipótesis de que Milei quiere reemplazar al gran capital argentino por uno de origen norteamericano. El único freno que ese proyecto podría tener está en el propio Estados Unidos. El gran capital local se entregaría sin ofrecer resistencia.
 
¿Cómo se libera a la Colonia Argentina? Liberarla del todo es imposible. Se pueden ganar márgenes de soberanía. Los 12 años de peronismo muestran que mientras más soberanía se gana mejor vive el pueblo. No existe la colonia próspera. Es la gran mentira de la derecha. Tampoco hay prosperidad enfrentándose por completo al imperio militar más poderosos que conoció la historia humana. Es un juego de equilibrios.
 
El documento que anunció la lista de unidad para elegir las autoridades del peronismo bonaerense es una luz en el camino. Se sabe que quienes lo firmaron no se quieren demasiado. No se reunirían para brindar en año nuevo. La política se trata justamente de construir entre los que no se quieren en pos de un objetivo superior. El documento tiene dos puntos clave: termina de posicionar a Axel Kicillof como jefe político y no como subalterno y pone el acento en la necesidad de lograr la liberación de CFK como objetivo estratégico. No hay recuperación de soberanía sin la liberación de Cristina. Y el peronismo no tiene sentido sin la búsqueda de soberanía.
 
La Opinión Popular
 

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