, ministro de Justicia y Seguridad de Horacio Rodríguez Larreta. Robles aconseja a Larreta sobre el inminente fallo de la Corte sobre coparticipación que favoreció a la CABA.
 
La fuerza favorecida por la parcialidad de la Corte, tanto en la coparticipación como sobre la integración del Consejo de la Magistratura, se niega a discutir el pedido de juicio político a Rosatti. No es que el macrismo se opone al juicio político, sino que además no quiere discutirlo. Lo rechaza sin conocer los fundamentos del pedido porque teme que aparezcan más pruebas de la relación promiscua que mantiene con la cabeza del Poder Judicial que los favorece.
 
El argumento de base es que las pruebas fueron obtenidas en forma ilegal porque provienen del hackeo al celular de D'Alessandro. Supuestamente las pruebas no tienen valor si fueron obtenidas en forma ilegal. Sin embargo el macrismo, representado por el turbio juez Claudio Bonadio, ya fallecido, usó una escucha telefónica ilegal para abrir la causa del memorándum con Irán contra el excanciller Héctor Timerman. Sin hablar de las fotocopias de cuadernos inexistentes con las que abrieron la causa de los cuadernos.
 
El macrismo ejerció en forma sistemática la estrategia de no bajar al recinto para evitar los debates. Desde el primero de diciembre pasado, es la tercera vez que no baja al recinto e impide la discusión de un temario cada vez más abultado. Quedaron así en el tintero temas como la ampliación de la moratoria jubilatoria o la creación de ocho universidades en distintas provincias.
 
La estrategia previa era votar en contra de todo lo que fuera presentado por el oficialismo. De ese nivel de obstrucción pasaron a este otro que busca cerrar el Congreso como ámbito legislativo y de debate sobre temas que interesan a la sociedad. El incremento en el nivel de obstrucción está relacionado también con otra decisión de la Corte que interfirió con la integración de los bloques legislativos, pese a que se trata de una mecánica que es de competencia exclusiva de los legisladores.
 
Desde el principio del gobierno de Alberto Fernández, el macrismo mantuvo una estrategia de obstrucción. Pero en este caso es evidente la intención de que los fundamentos del pedido de juicio político a Rosatti tengan una difusión mínima. El oficialismo afirmó que tiene muchas pruebas para respaldarlo. Incluso situaciones que no provienen de los mensajes hackeados.
 
Pero para llevar adelante el juicio, el Frente de Todos necesitaría que fuera aprobado por los dos tercios de la Cámara. La defensa en bloque que realiza la alianza del PRO, el radicalismo y el partido de Elisa Carrió, más los libertarios y los diputados peronistas de Córdoba y socialistas de Santa Fe, harían imposible el juicio político. Lo que buscan con estas medidas es acotar el daño. La difusión de los mensajes tiene un efecto demoledor. 
 
'/> La interna macrista salvaje entre Milman y D'Alessandro arrastró al cortesano Rosatti / La Opinión Popular
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Nacionales - 07-01-2023 / 08:01
GERARDO MILMAN Y MARCELO D'ALESSANDRO ESTÁN RELACIONADOS CON LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA Y RESPONDEN A SECTORES ENFRENTADOS EN LA INTERNA DEL PRO

La interna macrista salvaje entre Milman y D'Alessandro arrastró al cortesano Rosatti

La interna macrista salvaje entre Milman y D'Alessandro arrastró al cortesano Rosatti
Los dos personajes que están en el centro de esta tormenta de operaciones de espionaje, Gerardo Milman y Marcelo D'Alessandro están relacionados con los servicios de inteligencia y respondían a los sectores enfrentados en la interna del PRO. Pero el enfrentamiento arrastró también al titular de la Corte, Horacio Rosatti.
Juntos por el Cambio, encabezado por el titular del bloque de diputados del PRO, el ex menemista Cristian Ritondo, anunció que no dará quórum en el recinto "si el gobierno insiste en los ataques al Poder Judicial". Ritondo fue menemista con la famosa Corte de la mayoría automática y se pasó al macrismo cuando asumió Néstor Kirchner y transformó esa Corte corrupta en otra con jueces intachables e independientes.
 
El bloque que encabeza Ritondo se opone ahora a debatir sobre el juicio político que el presidente Alberto Fernández planteó a la Corte Suprema, empezando por su titular Horacio Rosatti cuya parcialidad quedó en evidencia con el intercambio de mensajes entre Silvio Robles, principal colaborador de Rosatti y Marcelo D'Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad de Horacio Rodríguez Larreta. Robles aconseja a Larreta sobre el inminente fallo de la Corte sobre coparticipación que favoreció a la CABA.
 
La fuerza favorecida por la parcialidad de la Corte, tanto en la coparticipación como sobre la integración del Consejo de la Magistratura, se niega a discutir el pedido de juicio político a Rosatti. No es que el macrismo se opone al juicio político, sino que además no quiere discutirlo. Lo rechaza sin conocer los fundamentos del pedido porque teme que aparezcan más pruebas de la relación promiscua que mantiene con la cabeza del Poder Judicial que los favorece.
 
El argumento de base es que las pruebas fueron obtenidas en forma ilegal porque provienen del hackeo al celular de D'Alessandro. Supuestamente las pruebas no tienen valor si fueron obtenidas en forma ilegal. Sin embargo el macrismo, representado por el turbio juez Claudio Bonadio, ya fallecido, usó una escucha telefónica ilegal para abrir la causa del memorándum con Irán contra el excanciller Héctor Timerman. Sin hablar de las fotocopias de cuadernos inexistentes con las que abrieron la causa de los cuadernos.
 
El macrismo ejerció en forma sistemática la estrategia de no bajar al recinto para evitar los debates. Desde el primero de diciembre pasado, es la tercera vez que no baja al recinto e impide la discusión de un temario cada vez más abultado. Quedaron así en el tintero temas como la ampliación de la moratoria jubilatoria o la creación de ocho universidades en distintas provincias.
 
La estrategia previa era votar en contra de todo lo que fuera presentado por el oficialismo. De ese nivel de obstrucción pasaron a este otro que busca cerrar el Congreso como ámbito legislativo y de debate sobre temas que interesan a la sociedad. El incremento en el nivel de obstrucción está relacionado también con otra decisión de la Corte que interfirió con la integración de los bloques legislativos, pese a que se trata de una mecánica que es de competencia exclusiva de los legisladores.
 
Desde el principio del gobierno de Alberto Fernández, el macrismo mantuvo una estrategia de obstrucción. Pero en este caso es evidente la intención de que los fundamentos del pedido de juicio político a Rosatti tengan una difusión mínima. El oficialismo afirmó que tiene muchas pruebas para respaldarlo. Incluso situaciones que no provienen de los mensajes hackeados.
 
Pero para llevar adelante el juicio, el Frente de Todos necesitaría que fuera aprobado por los dos tercios de la Cámara. La defensa en bloque que realiza la alianza del PRO, el radicalismo y el partido de Elisa Carrió, más los libertarios y los diputados peronistas de Córdoba y socialistas de Santa Fe, harían imposible el juicio político. Lo que buscan con estas medidas es acotar el daño. La difusión de los mensajes tiene un efecto demoledor. 
 

 
Los dos personajes involucrados en esta feroz batalla de espionajes: el diputado y ex secretario de Seguridad durante el macrismo, Gerardo Milman, y D'Alessandro, son dos personajes relacionados con los servicios de inteligencia y la planificación de este tipo de operaciones.
 
Milman, que era la mano derecha de Patricia Bullrich y con una carrera en ascenso, cayó de un hondazo cuando quedó en el centro de atención por una reunión con sus colaboradoras donde, dos días antes del intento de magnicidio, habló como si estuviera en conocimiento de lo que iba a suceder. A partir de allí saltaron, una tras otra, situaciones irregulares con ñoquis y manejos oscuros de dinero.
 
Milman acusó a D'Alessandro por esa campaña. El PRO le soltó la mano y la carrera ascendente del diputado quedó trunca. El hackeo del teléfono de D'Alessandro aparece como parte de esa guerra. Los mensajes que se conocieron hubieran acabado con la candidatura de Larreta en un país normal. Fue una estocada profunda. Es difícil que proviniera de una interna simple. Aparece más como la acción desesperada de hundir a la mayoría de los que lo hundieron. Una acción de perdido por perdido, de alguien que ya no tiene nada que ganar.
 
Los intentos de Larreta por defender a su ministro fueron infantiles. Lo planteó como otra operación del kirchnerismo, cuando estas operaciones de espionaje han sido históricamente una marca de Juntos por el Cambio. Dijo que se trataba de un hackeo de estos mensajes que luego habrían sido sometidos a un montaje.
 
Si fuera así podría haber mostrado el teléfono de su ministro para comparar los contenidos, pero no lo hizo. El diputado Waldo Wolff, reciente adquisición del larretismo, ex abanderado de Patricia Bullrich, afirmó en América TV que "una parte es real y otra montaje". Cualquiera que fuera real alcanza para hundir al macrismo.
 
En todos los mensajes se plantean detalles que sólo podían conocer los protagonistas del diálogo. No se trata de frases encimadas o intercaladas en forma forzada, como ocurre en las fotocopias de los cuadernos.
 
Además de los que se relacionan con un tema tan grave desde el punto institucional, como la parcialidad manifiesta de la Corte en un tema tan delicado como la coparticipación, hay una gran cantidad donde se plantean coimas de empresarios relacionados con el gobierno de CABA y tráfico de influencias en un nivel de corrupción que involucra a jueces, empresarios y a todo el gobierno de CABA.
 
Mientras obstaculizan este debate en el Congreso, los principales dirigentes del macrismo comenzaron sus campañas en recorridas por la costa bonaerense. El tema no existe en la gira macrista. En los medios macristas, el tema tuvo un trato corto, y a los pocos días desapareció.
 
Se hacen eco de los argumentos de Juntos por el Cambio en el Congreso, sin que este tema aparezca. Así, los macristas no bajan al recinto porque "aunque siempre están abiertos al diálogo, no están dispuestos a que el oficialismo no los consulte para plantear el temario de las sesiones".
 
Hablan como si estuvieran convencidos que no importa lo que digan porque sus seguidores deciden por identificación y no por la razón. Han creado una identidad social que no requiere propuesta ni explicaciones. Su base electoral está compartimentada en las redes y los medios que replican esos discursos identitarios y es difícil romper esa compartimentación.
 
Muchos de los que se escandalizaban por escuchas ilegales a kirchneristas ni siquiera están enterados de estos mensajes verdaderamente graves que muestran una grieta institucional que pone en riesgo la democracia.
 
A pesar de esa llegada limitada de la información, los que acepten ser cómplices de esta mafia de servicios de inteligencia, jueces, corporaciones y políticos de la derecha, serán juzgados por la historia. Son temas que tarde o temprano salen a la luz y enchastran a los protagonistas.
 
Por Luis Bruschtein
 
Fuente: Página 12
 

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24-12-2025 / 11:12
La guerra de las coimas. Daniel Garbellini, el hombre de los primos Menem al que Daniel Spagnuolo definía en sus audios como "un delincuente" y al que le echó toda la culpa por la corrupción con los remedios para discapacitados, declaró ante la Justicia que el verdadero culpable era el propio Spagnuolo. "El asumió la suma del poder en la Andis y era el único que tenía firma autorizada para realizar pagos", sostiene en un documento.
 
La causa sobre coimas, direccionamiento y sobreprecios en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejó expuesta una batalla entre los principales imputados. Después de que el exdirector del organismo, Spagnuolo, buscara en un escrito responsabilizarlo por las irregularidades, Garbellini -su exnúmero dos, extitular de Acceso a los Servicios de Salud- le devolvió en un descargo la gentileza.
 
En el marco de la causa que investiga las irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad, Garbellini, ex número dos del organismo, presentó un escrito ante la Justicia en el que negó todas las acusaciones y trasladó la responsabilidad de las decisiones operativas y administrativas a Diego Spagnuolo, ex abogado personal de Javier "el Loco" Milei y exdirector ejecutivo de la entidad.
 
Garbellini fue removido de su cargo tras el escándalo por sobornos en la compra de medicamentos y detalló que asumió la Dirección de Acceso a los Servicios de Salud en junio de 2024. Según su descargo, sus funciones se limitaban a la gestión del programa Incluir Salud, destinado a brindar cobertura médica a personas con discapacidad sin obra social, y no incluían facultades decisorias sobre contrataciones ni sobre bajas de pensiones.
 
En su presentación, sostuvo que el control total del sistema informático, las compulsas de precios y los pagos estaban en manos exclusivas de la Dirección Ejecutiva. "Tanto el suscripto como el resto de los funcionarios éramos usuarios del sistema", afirmó, y remarcó que el acceso pleno e irrestricto a la información dependía únicamente del director ejecutivo.
 
Garbellini insistió en que no tenía atribuciones para transparentar o abrir las contrataciones, y que cualquier falta de publicidad o control público fue una decisión ajena a su responsabilidad. Incluso aseguró haber sugerido cambios estructurales que fueron rechazados con el argumento de que "todo se hacía por urgencia".
 
El caso se originó a partir de grabaciones que involucraban a Spagnuolo, aunque esas pruebas no fueron consideradas válidas por el fiscal Franco Picardi. En esos registros también se mencionaba un vínculo entre Garbellini y Karina Milei, a través de un colaborador cercano, aunque esa línea no avanzó formalmente.
 
Hasta ahora, el único testimonio oral fue el de Roger Grant, quien admitió irregularidades en las contrataciones del programa PACBI y aseguró que actuaba bajo órdenes directas de Garbellini, a quien señaló como la figura que definía la operatoria. Sin embargo, evitó referirse a presuntas coimas. El expediente también incorpora anotaciones secuestradas en un allanamiento que vuelven a comprometer al exfuncionario libertario y refuerzan la disputa de responsabilidades en la causa.
 
La Opinión Popular
 

23-12-2025 / 09:12
Un fallo de Cámara obliga al Gobierno a explicar ante la Justicia dónde está el oro que, en junio de 2024, el gobierno de Javier "el Loco" Milei sacó del Banco Central para enviar al exterior. Para los jueces, esa información constituye "un asunto de indudable interés público como es la administración de las reservas". La presentación la hizo La Asociación Bancaria, el gremio que descubrió y denunció la maniobra con los lingotes de oro. El presidente del Banco central, Santiago Bausili, ya se negó a contestar un requerimiento de la Auditoría General de La Nación. Junto a "Toto" Caputo sacaron el oro del país y nunca informaron sobre su destino.
 
En un operativo clandestino de ribetes policiales, comenzó una saga de ocultamiento de las autoridades sobre el destino de uno de los principales activos líquidos del organismo monetario. El diputado nacional y líder de La Bancaria, Sergio Palazzo, presentó varios pedidos de informes exigiendo a las autoridades que expliquen donde está el oro y que tipo de cauciones lo afectan. Caputo nunca quiso explicar su destino, se limitó a comentar muy por arriba en un programa de televisión que se giró a un banco para cobrar intereses. No explicó quien lo tiene ni qué tipo de operación se hizo con ese importante activo.
 
Ahora, la Justicia Federal ordenó este lunes al Banco Central que entregue información precisa sobre el destino del oro. En una resolución firmada por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, consideró que la autoridad monetaria no justificó de manera suficiente su decisión de no informar sobre el destino del activo y sostuvo que la negativa vulneró los principios de transparencia.
 
Es que Caputo y Bausili sostienen que la operación forma parte de la "administración" de las reservas y por ende es secreta. El mismo criterio opaco que Caputo utiliza para no dar precisiones sobre el swap firmado con Estados Unidos y los bonos que le entregó al Tesoro para que rentabilice la venta de dólares que hizo sobre el cierre de la campaña.
 
Los jueces fueron punzantes sobre el lamentable manejo de Caputo sobre información que debería ser pública. "La configuración de alguna de las excepciones legales a la entrega de información pública no puede depender de una apreciación unilateral del sujeto obligado", sostiene el fallo y subraya que es el Estado quien debe demostrar, de manera concreta, que la difusión de los datos solicitados causaría un daño a un interés legítimamente protegido.
 
El Banco Central respondió apenas con un comunicado formal que "había completado transferencias de parte de sus reservas en oro entre sus diferentes cuentas", sin precisar monto, destino ni motivo concreto. La respuesta evasiva del BCRA encendió alarmas. Porque ese oro no es un adorno: según informes oficiales, las reservas de oro rondan unos USD 4.900 millones, un componente significativo del total de activos extranjeros del Central.
 
Aunque la entidad insiste en que las operaciones no alteran el volumen agregado de las reservas, nadie sabe realmente dónde están físicamente esos lingotes y si siguen efectivamente en poder del Estado o se remataron en algunas de las operaciones de préstamos igualmente opacas que concretó Caputo. El balance del BCRA, en ciertos trimestres, llegó incluso a no mostrar ese componente con claridad, como si hubiera desaparecido entre páginas y cifras.
 
La Auditoría General de la Nación (AGN) reveló recientemente que el Banco Central se negó a entregar documentación sobre dónde están los lingotes, bajo qué condiciones se conservan y si parte del oro fue transformado en instrumentos financieros. El argumento oficial: la información es "confidencial" y su difusión podría poner en riesgo la seguridad de los activos. Como sea, la pregunta es: ¿dónde está el oro? Eso es lo que la Justicia ahora exige que responda Milei.
 
La Opinión Popular
 

22-12-2025 / 10:12
Las joyas de la abuela que remata el gobierno. A espaldas del Congreso, el Gobierno ya vendió 40 valiosos terrenos del Estado (pertenecientes a las fuerzas armadas, instituciones científicas y hasta predios de ex centros clandestinos de detención) y tiene 140 inmuebles más para subastar. Luis "Toto" Caputo sueña con conseguir unos mil millones de dólares mientras las grandes inmobiliarias amigas del gobierno, con Eduardo Costantini a la cabeza, se quedan con el botín.
 
Tierras del Plan Procrear, de las Fuerzas Armadas, ferroviarias, de instituciones científicas, predios de ex Centros Clandestinos de Detención y hasta un pedazo de montaña en Mendoza. Todo eso incluye la lista de más de 180 terrenos e inmuebles públicos que conforman el plan de ventas de bienes del Estado que ya avanza en el Gobierno de Javier "el Loco" Milei.
 
Los remates, que esta semana fueron noticia por la venta de tierras destinadas originalmente a viviendas sociales, se concentran por ahora en la Ciudad de Buenos Aires con las empresas de Eduardo Costantini como principales beneficiarias y otros grandes jugadores del sector, como el Grupo IRSA, codiciando las tierras.
 
A través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), y sin pasar por el Congreso, la fuerza libertaria ya vendió cerca de 40 bienes y tiene en lista otros 140 lotes e inmuebles publicados para subastar en lo que le queda de mandato.
 
La lista de subastas futuras cuenta con terrenos de hasta 300 hectáreas a vender en el interior del país con destino al negocio agropecuario o a grandes proyectos inmobiliarios. Especialistas y organizaciones ambientalistas advierten que se trata "de uno de los procesos de descapitalización pública más agresivos de nuestra historia reciente".
 
"Vamos a vender muchos de los activos de la AABE y eso va a generar un ingreso de miles de millones". No mentía el ministro de Economía, "Toto" Caputo, cuando a principios de junio reconocía que el gobierno remataría las tierras del Estado para intentar sostener las reservas, en conjunto con los procesos de privatizaciones y concesiones.
 
Sólo desde ese mes la Agencia abrió subastas para un total de 26 terrenos e inmuebles a los que hay que sumarle otros 17 procesos de remate que se habían abierto desde fines de 2023. En paralelo a las subastas de la AABE, el gobierno remata también las tierras que estaban destinadas al ya disuelto Plan Procrear y apunta a recaudar una suma de entre 800 y 1000 millones de dólares por todo el paquete. Aunque hubo ventas en Mendoza, La Plata, Pinamar y Córdoba, la mayor parte de los bienes vendidos hasta ahora se concentran en la Ciudad de Buenos Aires.
 
El terreno más grande de ese paquete es el predio de cuatro hectáreas que pertenecía al Ejército y que Eduardo Costantini adquirió por más de 120 millones de dólares. El mismo empresario se quedó con un lote de la Policía Federal en Bajo Belgrano a través de la firma Argencons, que controla desde mayo, en una subasta peleada en la que la empresa le ganó incluso al peso pesado de Eduardo Elsztain y su Grupo IRSA.
 
Antes, Costantini también había sumado otro terreno a pocos metros del Campo Argentino de Polo. En los tres casos se construirán desarrollos inmobiliarios.
 

21-12-2025 / 09:12
Cuando los cimientos están agrietados, todo lo que se construye es frágil e inestable. Cincuenta días tardó Javier "el Loco" Milei, tras una sorpresiva e impactante victoria en las elecciones de medio término, en fagocitarse el crédito político, de la misma forma que se fagocitó -durante los últimos dos años- una cantidad récord de divisas sin poder acumular reservas.
 
Ahora, tiene por delante dos años en los que su suerte está atada a la voluntad de aliados poco confiables. El FMI volvió a intervenir la economía, forzando un volantazo; los gobernadores pasaron por caja y después le votaron en contra. Un poco de su propia medicina. Hola incertidumbre, mi vieja amiga, podría cantar el presidente. Dos años, en Argentina, es mucho tiempo.
 
Después de la sesión del miércoles en la Cámara de Diputados, la mayoría de los medios titularon con un triunfo del oficialismo por la media sanción de diputados y apenas destinaron alguna línea en la bajada para comentar, como algo secundario, la inesperada derrota en el Capítulo 11 que se votó de madrugada. Con el correr de las horas, la realidad se encargó de corregir ese evidente error de criterio.
 
La derrota del gobierno fue completa y sus consecuencias están teniendo ramificaciones imprevistas. Milei amenazó con vetar su propio presupuesto y Patricia Bullrich tuvo que anunciar la postergación del tratamiento de la reforma laboral, justo a la hora que la CGT desconcentraba la Plaza de Mayo. Una derrota indisimulable.
 
El debate sobre la Ley de Presupuesto en la Cámara Baja era la primera y la más sencilla de todas las sesiones que tiene por delante el Gobierno para aprobar las reformas que anunció. La dificultad insalvable que encontró esta semana echa dudas sobre la viabilidad del resto de sus planes, justo cuando tiene que convencer a los acreedores que le vuelvan a prestar el dinero que no podrá devolver en 20 días.
 
La forma en la que intentó, sin éxito, salvar esa dificultad, repercutió negativamente en la relación con todos sus aliados, a los que necesita para que el Congreso le siga dando una pátina de legitimidad a sus decisiones, muchas veces ilegales e inconstitucionales.
 
La caída del artículo 75, el corazón de la derrota, está cargada de significado político porque fue una rebelión contra la cláusula de la humillación. Enceguecido por una mala lectura de las urnas, Milei no se contentó con ganar sino que quiso escenificar un triunfo absoluto y definitivo sometiendo a los legisladores que antes de la elección habían apoyado las leyes que daban presupuesto a la Universidad Pública y a las personas con discapacidad, para que votaran explícitamente en contra de esas mismas leyes. Ese era el corazón político del proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo. Las partidas pueden reconducirse por decreto. Lo importante era coronar a Milei.
 
Así, el solsticio de verano no sólo marca hoy el final de la primavera, sino también, en coincidencia, el de la primaverita política que había comenzado para el gobierno con el resultado de las elecciones de medio término y que terminó sin que pudiera capitalizar de manera alguna ese éxito. La realidad muestra que, al fin y al cabo, las cosas no son tan malas como parecían en septiembre ni tan buenas como nos quisieron hacer creer después de octubre.
 
Todo sigue más o menos parecido a lo que fue el largo 2025: precario, inestable, violento, cada vez más autoritario y deteriorado. Este año Milei necesitó tres rescates del FMI, de Trump y de las urnas, para llegar hasta acá. Va a necesitar uno más, de los Senadores, antes del brindis del 31. Y con el 2026 comenzará una historia diferente.
 

20-12-2025 / 10:12
Agrandado como alpargata de pobre, en pocas semanas el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei dilapidó el resultado favorable de las urnas, resquebrajó su alianza con el PRO al romper la promesa de un lugar en la AGN; soportó un masivo acto de protesta de la CGT; debió postergar la reforma laboral, y le rechazaron en el Congreso su intento de derogar las leyes de presupuestos universitario y para discapacidad.
 
El efecto colateral del resultado favorable pero inesperado en las urnas fue confiarse demasiado y tomar de su propia medicina para creerse el relato sobre la estupidez humana. No ganó las elecciones porque los ciudadanos piensen que están bien. Es posible que así piense una pequeña parte de sus votantes. La mayoría sabe que está mal y votó -o no fue a votar- entre el discurso gorila antiperonista y la amenaza de un apocalipsis argentino inminente revoleado por el presidente norteamericano Donald Trump.
 
Javier Milei insiste en que la gente está bien. Es una mala lectura de la realidad que dibujan el Indec, el ministro Toto Caputo y Santiago Bausili en el Banco Central. Es el peor mensaje para mentir porque cualquier hijo de vecino puede constatar su falsedad. No importa si la inflación es cero o diez, ni si los medios dicen que bajó la pobreza. El sueldo no llega a fin de mes. O para que llegue hay que hacer sacrificios en calidad de vida, en calidad de salud y alimentación, en las vacaciones y el transporte. Todos saben que el padre, el tío o los abuelos están en el horno con las jubilaciones.
 
La lista de desgracias es más larga porque hay que anotar a los que perdieron negocios o el trabajo, que son cientos de miles. El gobierno hizo una mala lectura y sobre esa base tomó decisiones equivocadas. Una de ellas fue prometerles a sus aliados del PRO un puesto en la Auditoría General de la Nación que no podría otorgarle.
 
Se habló de una negociación con Unión por la Patria, pero en realidad, el puesto que estaba en discusión fue el que asumió la salteña Pamela Calleti que responde al gobernador Gustavo Sáenz. Si hubo negociación no fue por los votos. Los diputados de Unión por la Patria rechazaron las propuestas del Gobierno en todas las votaciones siguientes. Desde el intento oficial de derogar las leyes de financiamiento universitario y para la discapacidad, hasta el presupuesto. No hubo votos de Unión por la Patria en ninguna de esas votaciones.
 
El bochorno mayor fue con la compra de voluntades con los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) previo a la votación. Las provincias más fieles a las decisiones del bloque, como Buenos Aires, La Pampa, Tierra del Fuego, La Rioja y Formosa quedaron fuera del reparto. Milei repartió 66 mil millones de pesos de ATN para comprar esos votos. Lo hizo en forma descarada.
 
Al tucumano Osvaldo Jaldo, el más favorecido, lo hizo llegar hasta Buenos Aires para que le bese el anillo y para escracharlo con una fotografía en la Rosada. Votos en remate para el Presupuesto y la Reforma Laboral, que son parte de las políticas del Gobierno que está destruyendo la industria y expulsando inversiones.
 
Se ha naturalizado esa actitud como un acto "responsable" de los gobernadores, como si el gobierno pudiera usar con ese fin los ATN que son para problemas concretos y no para comprar votos. Usado de esa manera, ese mecanismo es directamente extorsivo.
 
Los diputados que representan a las provincias de Misiones, Salta, San Juan y Mendoza, que originalmente habían votado a favor del aumento del presupuesto a las universidades y a la discapacidad, cambiaron su voto luego de que sus gobernadores recibieran los ATN.
 

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