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Robles se negó a entregar su celular. Como se sabe, Robles y D'Alessandro combinaron tácticas para que el gobierno de Larreta utilice en el máximo tribunal. O sea, en el litigio entre la Nación, las provincias y CABA, Robles funcionó como asesor de CABA siendo el alter-ego de Rosatti y de la mayoría de cortesanos contraria al Poder Ejecutivo y a las provincias.
  
El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, presentó el lunes una denuncia contra Robles por tráfico de influencias e incumplimiento de los deberes de funcionario público. De inmediato intervino el juez Molinari y el fiscal Pedro Simón, ambos de la capital santiagueña, y se le ordenó a Robles que deposite su celular en la secretaría de turno de la Corte Suprema.
 
Por supuesto, enseguida apareció el coro político-mediático-judicial aliado a Juntos por el Cambio reclamando, como siempre, que la causa se traslade a Comodoro Py, donde juegan de local. Y, en paralelo, Robles no sólo se negó a depositar el celular sino que recusó al juez y, tácitamente, pidió el traslado al edificio de Retiro: sostuvo que Molinari no es juez natural y que hubo una maniobra de forum shopping.
 
Curiosamente este miércoles se presentó Marano en Comodoro Py con una denuncia contra Robles por negociaciones incompatibles con la función pública. Un diagnóstico más que razonable es que el abogado de quien participó de la tentativa de matar a CFK le dio una manito al dúo Robles-Rosatti porque el juez que resulte sorteado podría pedirle al magistrado de Santiago del Estero, igual que Robles, que dé un paso al costado, con el argumento de que los hechos ocurrieron en CABA. Justito lo que andaba necesitando el bloque integrado por Juntos por el Cambio y la mayoría de la Corte Suprema macrista.

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Nacionales - 05-01-2023 / 09:01
EL ABOGADO DEL JEFE DE LOS "COPITOS" AL RESCATE DE LA CORTE MACRISTA

La insólita conexión de Silvio Robles, la mano derecha de Rosatti, con el atentado a CFK

La insólita conexión de Silvio Robles, la mano derecha de Rosatti, con el atentado a CFK
Defensor de Gabriel Carrizo y exasesor de JxC en la Bicameral de Inteligencia, Gastón Marano denunció a Silvio Robles en Comodoro Py por "negociaciones incompatibles". La movida busca traer a los tribunales macristas de Buenos Aires la causa que avanza con un juez santiagueño. En la imagen: Horacio Rosatti y Silvio Robles, el principal operador del Presidente de la Corte.
La mezcla impresiona. El abogado de Gabriel Carrizo, el jefe de los que vendían copos en la esquina de Libertad y Uruguay e intentaron asesinar a Cristina Kirchner, se presentó este miércoles en Comodoro Py y denunció a Silvio Robles, el operador principal del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.
 
La movida del letrado Gastón Marano, objetivamente termina jugando a favor de Silvio Robles porque le disputa la causa judicial al juez federal de Santiago del Estero Guillermo Molinari quien arrancó con todo: le pidió a Robles que deposite su celular en una secretaría de la Corte para luego chequear los mensajes que intercambió con el ministro de Justicia porteño, Marcelo D'Alessandro.
 
Robles se negó a entregar su celular. Como se sabe, Robles y D'Alessandro combinaron tácticas para que el gobierno de Larreta utilice en el máximo tribunal. O sea, en el litigio entre la Nación, las provincias y CABA, Robles funcionó como asesor de CABA siendo el alter-ego de Rosatti y de la mayoría de cortesanos contraria al Poder Ejecutivo y a las provincias.
  
El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, presentó el lunes una denuncia contra Robles por tráfico de influencias e incumplimiento de los deberes de funcionario público. De inmediato intervino el juez Molinari y el fiscal Pedro Simón, ambos de la capital santiagueña, y se le ordenó a Robles que deposite su celular en la secretaría de turno de la Corte Suprema.
 
Por supuesto, enseguida apareció el coro político-mediático-judicial aliado a Juntos por el Cambio reclamando, como siempre, que la causa se traslade a Comodoro Py, donde juegan de local. Y, en paralelo, Robles no sólo se negó a depositar el celular sino que recusó al juez y, tácitamente, pidió el traslado al edificio de Retiro: sostuvo que Molinari no es juez natural y que hubo una maniobra de forum shopping.
 
Curiosamente este miércoles se presentó Marano en Comodoro Py con una denuncia contra Robles por negociaciones incompatibles con la función pública. Un diagnóstico más que razonable es que el abogado de quien participó de la tentativa de matar a CFK le dio una manito al dúo Robles-Rosatti porque el juez que resulte sorteado podría pedirle al magistrado de Santiago del Estero, igual que Robles, que dé un paso al costado, con el argumento de que los hechos ocurrieron en CABA. Justito lo que andaba necesitando el bloque integrado por Juntos por el Cambio y la mayoría de la Corte Suprema macrista.

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FILTRACIÓN DE CHATS
 
Filtración de chats: El abogado del "copito" Carrizo denunció penalmente a la mano derecha de Rosatti
 
Tras la difusión de presuntos intercambios de mensajes entre el ministro porteño Marcelo D'Alessandro y Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte, se presentaron diversas denuncias en tribunales. Entre ellas, hubo una muy llamativa porque la realizó Gastón Marano, el defensor de Gabriel Carrizo, procesado y detenido en el caso del atentado contra CFK.
 
Por Franco Mizrahi
 
La filtración de presuntos chats del ministro de Justicia y Seguridad porteño Marcelo D'Alessandro, quien pidió licencia tras el escándalo, provocó una lluvia de denuncias y contradenuncias en tribunales. Una de las presentaciones que más llamó la atención fue la que realizó el abogado Gastón Marano, quien se hizo eco de la difusión de supuestos mensajes del funcionario de la Ciudad y denunció a Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, por "la posible comisión de un delito de acción pública". Pidió como medida de prueba que se le secuestre el celular a Robles. ¿Quién es Marano? El abogado defensor del jefe de los "copitos" Gabriel Carrizo, procesado y detenido en el caso del atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. También fue asesor de un senador nacional de Juntos por el Cambio en la Comisión Bicameral de Inteligencia, cargo del que fue desvinculado tras asumir la defensa de Carrizo.
 
Según se desprende del escrito de tres páginas al que accedió El Destape, Marano realizó la denuncia este último martes a título personal, como abogado "y autoridad, miembro o delegado de numerosas asociaciones de profesionales abogados". En la presentación sostuvo: No "resulta inocuo enterarme de que un funcionario del Poder Judicial podría estar incurso en un ilícito, incluso implicando su conducta un desvío de poder con entidad suficiente para torcer el contenido de resoluciones judiciales".
 
En tribunales circulaban distintas interpretaciones sobre esta presentación, que recayó en el juzgado que comanda Ariel Lijo. Una de ellas vincula a Marano con Juntos por el Cambio dado su rol de ex asesor de un legislador de esa fuerza y apunta a que con esta denuncia se busca traer a Comodoro Py la causa que se abrió en la justicia de Santiago del Estero, donde el gobernador Gerardo Zamora también denunció a Robles por sus presuntos chats con D'Alessandro. En ese caso, la acusación fue por los posibles delitos de tráfico de influencias y violación de los deberes de funcionario público. La lógica de esa lectura es: como nadie puede ser investigado dos veces por un mismo hecho, las denuncias contra Robles por sus presuntos chats con el ministro porteño -que son al menos tres- deberán acumularse en un solo juzgado, lo que se podría saldar tras un conflicto de competencia si distintos jueces abren la investigación penal.
 
Consultado para esta nota, Marano afirmó: "Denuncié por lo mismo que denuncié a D'Alessio hace un tiempo (actualmente está en juicio). Ese tipo de maniobras, de existir, perjudican a toda la sociedad, pero especialmente a los abogados". La referencia es a una denuncia penal que hizo contra el espía ilegal Marcelo D'Alessio en 2019 por usurpación de títulos y honores porque el agente inorgánico, que tenía vinculaciones con la AFI macrista, decía ser abogado y no lo era.
 
La denuncia de Marano contra la mano derecha de Rosatti, si bien menciona que Robles no es abogado, no es por el delito de usurpación de título sino por el posible delito de negociaciones incompatibles. Y el abogado pide, tal como ocurrió en la justicia de Santiago del Estero, que se le secuestre el celular al asesor del presidente de la Corte.
 
El disparador de la presentación son los chats filtrados entre Robles, director general de la vocalía de Rosatti, y D'Alessandro, que Marano cita en su escrito. "He tomado conocimiento, a través de distintos medios de comunicación, de que el Dr. Silvio Federico Robles, quien detenta el Cargo de Director General, de una de las vocalías del Máximo Tribunal de la Nación, habría mantenido conversaciones harto inadecuadas con un funcionario del ejecutivo porteño, Marcelo D'alessandro", escribió el letrado que defiende a uno de los acusados de intentar asesinar a Cristina. Y añadió: "Estas conversaciones incluirían consejos por parte del funcionario de la Corte Suprema respecto a las mejores metodologías para lograr un resultado judicial, desde la faz procesal".
 
Acto seguido, el abogado menciona que Robles "no registra matrícula ante el Colegio Público de Abogados de Capital Federal lo que me permite descartar, en principio, que dichos consejos hayan sido brindados en el marco de un asesoramiento profesional". Y que "aún de estar matriculado en alguna otra colegiatura, su carácter de funcionario público dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo inhabilitaría para brindar asesoramiento sobre causas que pudieran terminar ante el mismísimo órgano en el que se desempeña".  Tras citar los presuntos chats que involucran a la mano derecha de Rosatti y al ministro de Horacio Rodríguez Larreta considera que el tema sobre el que hablaban era sobre la nueva conformación del Consejo de la Magistratura.
 
 
Quién es Gastón Marano
  
Gastón Marano asumió el 15 de septiembre pasado la defensa de Gabriel Carrizo, el jefe de "los copitos", en la causa en que se investiga el intento de asesinato de Cristina Kirchner. Carrizo actualmente está detenido y procesado como partícipe del atentado contra la vicepresidenta. La aparición de Marano en la causa provocó revuelo mediático porque tomó la representación legal mientras ejercía como asesor del senador de Cambiemos Ignacio Torres en la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, es decir, la encargada de controlar a los organismos y agentes de inteligencia. Luego de que ese dato se difundiera, el legislador macrista decidió desvincularlo.
 
Otro de los datos que llamaron la atención cuando asumió la defensa de Carrizo fue que Marano también había prestado servicios para la embajada de EE.UU.: "Se ha formado tanto en Argentina como Estados Unidos de América" y trabajó "como supervisor de la Oficina de Ciudadanía en la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires", se puede leer en su página web.
 
Cuando apenas asumió la representación legal de Carrizo y los periodistas a la salida de Comodoro Py le preguntaron sobre cómo llegó a asumir esa defensa, respondió: "Es una causa que me interesó desde el comienzo. Luego me reuní con la familia de Carrizo y estuvieron de acuerdo con que lo representara".
 
Marano adquirió bastante fama mediática cuando se presentó como representante de Mavys Álvarez en la justicia argentina para ser querellante en la denuncia por trata de personas contra el ex entorno de Diego Maradona. También fue quien logró la condena de Jonathan Fabbro en 2019 tras representar a su víctima.
 
El mismo martes además de la denuncia de Marano ingresó otra presentación en Comodoro Py que apuntaba contra Robles. La hizo Nicolás Nahuel Giansanti y también recayó en el juzgado de Ariel Lijo. De acuerdo a la información que se brinda en el Centro de Información Judicial (CIJ) en esa denuncia también se pide que se investigue el posible delito de negociaciones incompatibles en que pudo haber incurrido la mano derecha de Rosatti.
 
Fuente: El Destape

 

 

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18-02-2026 / 10:02
Comenzó la reforma laboral y la empresa de neumáticos Fate resolvió el cierre definitivo de su planta en San Fernando tras 80 años. No hubo ninguna notificación ni aviso por parte de la empresa. La Policía ocupó la planta, demoró a Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, e hirió con balas de goma a trabajadores, quienes ingresaron pacíficamente a la planta y desde ahí llaman a solidarizarse con su pelea contra el cierre. Los dueños culparon a la política de apertura de importaciones indiscriminadas del gobierno libertario de Javier "el Loco" Milei, que destruye cada vez más la industria nacional.
 
Con una cruda declaración pública que demuestra los daños del modelo económico del gobierno anarco capitalista en la producción nacional, la compañía propiedad de la familia Madanes Quintanilla aclaró que el anuncio no se trata de un concurso preventivo de acreedores y descartó una reestructuración o un plan de salvataje. Se trata del cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente. "Se liquida todo y se baja la persiana", sentenciaron.
  
En un comunicado, la firma dejó claro que la principal consecuencia de la decisión que deja en la calle a casi mil familias se debe a la política de apertura de importaciones impulsada por la administración de La Libertad Avanza (LLA). Fate estaba produciendo 150 mil neumáticos mensuales, el 25 por ciento de su capacidad. Hoy, el 75 por ciento de las ruedas del mercado son chinas. Los otros grandes jugadores del sector, Pirelli y Bridgestone, enfrentan situaciones similares.
 
"Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre", dice el comunicado emitido a primeras horas de hoy por FATE. "Las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán dentro del plazo legal", aseguró el texto.
  
La planta de San Fernando es una de las más grandes del país y tenía una capacidad productiva que superó los 5 millones de neumáticos por año. Sin embargo, esa eficiencia se vio sacudida por el ingreso de 860.000 cubiertas de origen chino importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios obligó a Fate a rebajar sus productos y, consecuentemente, a dejar por el piso sus márgenes de ganancia.
 
Su cierre se trata de un evento anunciado. Desde 2024, la empresa había advertido sobre los golpes en su competitividad producto de la apertura económica indiscriminada que afecta la producción nacional. Durante los últimos dos años, la crisis comercial y productiva que hundió a la empresa fue erosionando la relación con los empleados, que a través de la representación gremial reclamó permanentemente sobre los daños al costo laboral, sueldos atrasados y reducción de jornadas de trabajo.
 
En su declaración, la compañía recordó que "a lo largo de más de ocho décadas Fate construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad".
 
"Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina", destacó. Milei los liquidó.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 10:02
El ministro de Economía, el endeudador serial Luis "Toto" Caputo, salió este domingo a interpelar públicamente al empresariado por la falta de respaldo explícito a la reforma laboral retrograda y esclavista impulsada por el Gobierno anarco capitalista. A través de un mensaje directo en redes sociales, el funcionario expresó su "asombro" ante lo que consideró una reacción tibia -o directamente nula- de las cámaras empresarias frente a los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.
 
El reclamo de Caputo se produjo en un momento de alta tensión política y sindical, con la Confederación General del Trabajo convocando a un paro en rechazo al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ministro buscó correr el foco del conflicto y presionar al sector privado para que se pronuncie en favor de una reforma que el Ejecutivo presenta como anti trabajadores.
 
El eje del planteo oficial es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos herramientas que apuntan a reducir significativamente el costo laboral. La reforma permitiría bajar las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador desde el 27 actual al 15 por ciento durante un período de 48 meses. En términos más amplios, la cuña laboral promedio se reduciría del 44 al 32 por ciento del salario bruto.
 
Pese a estos números, Caputo se mostró molesto por la falta de entusiasmo empresario. "Les bajamos un 85 por ciento las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", escribió en la red social X.
 
Sin embargo, el silencio por parte del empresariado expone una incomodidad que el Gobierno subestima. Voces del sector privado reconocen que la baja de cargas es un incentivo relevante, pero advierten que persisten dudas sobre la implementación del nuevo esquema, la estabilidad macroeconómica y la falta de políticas complementarias para reactivar la producción y el crédito. En sectores industriales, incluso, señalan que la reducción de costos laborales no alcanza si no hay demanda ni financiamiento.
 
Mientras el Gobierno ultra derechista exhibe el recorte de cargas patronales como una concesión histórica al empresariado, las principales cámaras evitan celebrarlo abiertamente, atrapadas entre el conflicto sindical, la incertidumbre económica y un modelo laboral que todavía genera más interrogantes que certezas.
 
Muchos empresarios están sensibilizados por los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores, afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y por lo tanto achica aún más el mercado interno, con lo que a las Pymes les pega de lleno.
 
Los empresarios ni fu ni fa con la medida. En tanto, la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día en que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno libertario quiere que la Cámara de Diputados lo transforme urgente en ley, aunque si le hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios del transporte.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 08:02
El gobierno del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei volvió a quedar en el centro del escándalo por un vergonzoso contrato estatal que cuestiona su prédica contra la "casta" y las prácticas de su gestión. La controversia gira en torno a una adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico "Pelado" Sturzenegger, el de la motosierra y el "achicamiento del Estado" para todos, menos para su esposa.
 
La contratación, formalizada mediante una disposición oficial publicada en el sistema COMPR.AR, asciende a 114.044.133 de pesos y contempla la capacitación en inglés de 132 empleados durante 2026. El procedimiento utilizado fue una "Adjudicación Simple por Especialidad", justificada en el expediente bajo el argumento de que la AACI era el único proveedor capaz de garantizar la continuidad del programa formativo. Sin embargo, el dato de que se registró una sola oferta -la de la propia entidad adjudicada- alimentó cuestionamientos sobre la competencia real del proceso.
 
El vínculo matrimonial entre Rouillet y Sturzenegger obligó a activar el mecanismo de integridad previsto por el Decreto 202/2017. En ese marco intervinieron la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, que confirmaron en dictamen la existencia de un vínculo familiar directo con un ministro nacional. Como respuesta, el área de Compras recomendó la firma de un Pacto de Integridad para prevenir conflictos de interés.
 
Aunque ese procedimiento se presentó como garantía de transparencia, especialistas en administración pública suelen advertir que estos mecanismos son correctivos y no sustituyen el principio básico de evitar situaciones que puedan generar sospechas de favoritismo. El hecho de que el Estado contrate a una organización dirigida por un familiar directo de un funcionario de alto rango, aun con controles formales, expone una zona gris difícil de conciliar con el discurso oficial contra los privilegios políticos de casta.
 
El caso no es aislado. Registros del mismo portal oficial muestran que Cancillería ya había contratado a la AACI en 2024 por 55.388.180 pesos para un servicio similar. En esa ocasión, la documentación pública no incluía un Pacto de Integridad ni permitía descargar el pliego completo, lo que suma interrogantes sobre la consistencia de los estándares de transparencia aplicados.

Desde su campaña presidencial, Milei construyó su identidad política en torno a la denuncia de la "casta" y la promesa de terminar con los beneficios para funcionarios y allegados. Sin embargo, episodios como este niegan esa narrativa. Si bien la contratación no fue declarada ilegal y siguió los pasos administrativos exigidos, el problema radica en el plano político: la percepción de que ciertos vínculos personales siguen teniendo acceso privilegiado a recursos públicos.

La defensa oficial se apoya en la legalidad de los procedimientos. Pero la discusión pública se mueve en otro terreno: el de la legitimidad ética y simbólica. En un gobierno que hizo de la austeridad y la lucha contra los privilegios su principal bandera, cada contratación que involucra familiares directos de altos cargos se convierte en una prueba de inconsistencia. Ya denunciaron penalmente a Sturzenegger.

 
El caso, lejos de cerrarse con la firma de un supuesto pacto administrativo, reabre el debate sobre hasta qué punto la promesa de terminar con la "casta" queda limitada al terreno discursivo. Porque, cuando los beneficiarios de contratos estatales están vinculados a la cúpula del poder, la distancia entre relato y realidad es indisimulable.
 
La Opinión Popular
 
 

16-02-2026 / 09:02
Si algo faltaba para completar la foto de una ofensiva gubernamental a todo trapo, llegó con las medias sanciones de reforma laboral y baja en la edad de punibilidad. Triunfo político del Gobierno, sin dudas, con paliza para la oposición. Sin embargo, resta constatar si esa foto es parte de una película rumbo a ser concluida o si, al cabo, no es más que un recuadro.
 
Lo que el oficialismo se anima a denominar como "modernización" de las condiciones laborales se vio impregnado por el despliegue represivo en los alrededores del Congreso. Hay que detenerse en este punto, porque algunos de sus rasgos son sustantivos para entender fondos de la cuestión.
 
Hubo una marcha de protesta -no impactante, sí muy numerosa- que se dispersó apenas diseminado el impresionante operativo policial. Esos manifestantes fueron ignorados por la prensa oficialista, desde ya. Pero resulta que los medios opositores, con escasas excepciones, también ningunearon a los manifestantes. Prefirieron centrarse en lo burdo de infiltrados y/o marginales que fueron a pudrirla, casi sin registro de quiénes, cuántos, con qué composición, habían ganado la calle.
 
Todo fue de manual. Cuando una manifestación es imponente y bien organizada, no hay services ni ocho cuartos capaces de empiojar. Hacía falta -y esto no se dice con el diario de lunes, sino con repetida evidencia- que los organizadores tomaran precauciones ante lo obvio. No lo hicieron, y lo obvio sucedió.
 
Primeros apuntes, entonces: una marcha justificadísima pero convocada sin mayor convicción, empezando por la otrora "central obrera", y unos marchantes que quedaron al arbitrio de ser operados en forma infantil.
 
Luego, adentro del Congreso ya estaba cocinado que la cúpula cegetista -no hablamos de toda la CGT- había conseguido retener sus cuotas de privilegios burocráticos en materia de aportes sindicales y empresariales. Ellos y los tránsfugas del peronismo "del interior" o "dialoguista", en reemplazo de otras definiciones que hoy resuman de qué se trata el peronismo por fuera de consignas clásicas.
 
Lo objetivo es que se medio-sancionó una reforma de la que, en primer término, una mayoría de la población no tiene o parece no tener ni la menor idea informativa. "Porque son todos iguales". "Porque gracias si me dedico a arreglarme como puedo". "Porque la política no me interesa" y, con sus variantes, sigue la lista de respuestas similares.
 
Viene la votación en Diputados. No debiera arriesgarse una sentencia concluyente porque, en un país político como éste que para bien y mal siempre depara sorpresas, habrá de verse si no falla alguna transa en el propio oficialismo. Por caso, es incierto que el ítem espeluznante de las licencias por enfermedad atraviese el filtro de la Cámara Baja.
 
Como fuere y de hecho, el gobierno de los Milei se metió sus denuncias retóricas contra "las ratas de los senadores" allí donde la espalda pierde su buen nombre y honor. Negoció cuanto era necesario y dos de los grandes bloques de intereses, el del empresariado sin un mínimo rasgo de burguesía inteligente y el de los dirigentes sindicales entregados, obtuvieron lo que querían.
 
Nadie en su sano juicio supone que esta reforma significará potenciar el mercado laboral, ni oportunidades de empleo, ni cosa que se le asemeje. Lo aceptan ellos mismos, los voceros del establishment, en sus diálogos reservados. Reconocen que se da trabajo cuando crece la economía y la gente tiene un mango en el bolsillo. No cuando se profundizan las condiciones contractuales entre el zorro y las gallinas.
 

15-02-2026 / 09:02
Hay algo que Javier "el Loco" Milei parece haber entendido con claridad y que demuestra que, más allá de cuán loco esté, tiene intuición política. Lo que Milei entendió es que la oligarquía: los sectores del poder fáctico de la argentina, los siete grupos empresarios aglutinados en AEA, los medios de comunicación hegemónicos, el Poder Judicial de la guarida de Cómodo Py, tienen un mismo jefe. Vive en Avenida Pennsylvania al 1600, en la Casa Blanca, ciudad de Washington. Milei puede decirle "señor chatarrín" al supuestamente todo poderoso Paolo Rocca porque tiene el respaldo abierto de Donald Trump. El líder del Grupo Techint jamás entraría en fricción con el inquilino de la Casa Blanca. Lo mismo se aplica a Héctor Magnetto de Clarín y a toda la cúpula judicial. 
 
El "gran empresariado argentino", a diferencia del brasileño, no tiene proyecto nacional. Una "burguesía nacional" se piensa a si misma rivalizando con otras por negocios y mercados. Eduardo Duhalde, cuando fue presidente interino, decía que había que cobrarle impuestos a los grandes empresarios, pero "aliarse con ellos" para rivalizar con las empresas de otras latitudes. Es la concepción básica del capitalismo nacional. El punto es que los grupos económicos locales no tienen una visión de país. Su imaginario es el de quien administra un territorio colonial. Tienen sus cuentas en EE UU y consiguen ahí el financiamiento. Entonces están sometidos a la legislación americana y a los jueces americanos que sólo un niño puede creer que son independientes.
 
Cristina Fernández está presa por el deseo de venganza de la derecha argentina que quiere darle una lección a la clase política. Es cierto. Pero también es una perseguida política de un sector del poder estadounidense que hoy está gobernando. El anuncio del secretario de Estado Marco Rubio en marzo de 2025 de que le quitaba la visa a CFK para ingresar a EE UU fue la batiseñal para que el poder judicial argentino actuara. Y lo hizo de inmediato. El poder judicial es veloz cuando las órdenes vienen del jefe supremo. Hay que recordar el episodio vergonzoso del Boing 747 de la empresa venezolana Emtrasur que fue directamente robado por la justicia argentina por orden de EE UU. Los jueces le tienen terror a la CIA.
 
Incluso entre los políticos peronistas, si se mira con detenimiento, los que conservan buenas relaciones con Washington también tienen menos problemas judiciales. No es una crítica a esos dirigentes ni una acusación de cipayismo. Es una descripción de cómo funciona el poder en Argentina, de quién maneja los hilos detrás del telón. El economista Roberto Felleti sostiene la hipótesis de que Milei quiere reemplazar al gran capital argentino por uno de origen norteamericano. El único freno que ese proyecto podría tener está en el propio Estados Unidos. El gran capital local se entregaría sin ofrecer resistencia.
 
¿Cómo se libera a la Colonia Argentina? Liberarla del todo es imposible. Se pueden ganar márgenes de soberanía. Los 12 años de peronismo muestran que mientras más soberanía se gana mejor vive el pueblo. No existe la colonia próspera. Es la gran mentira de la derecha. Tampoco hay prosperidad enfrentándose por completo al imperio militar más poderosos que conoció la historia humana. Es un juego de equilibrios.
 
El documento que anunció la lista de unidad para elegir las autoridades del peronismo bonaerense es una luz en el camino. Se sabe que quienes lo firmaron no se quieren demasiado. No se reunirían para brindar en año nuevo. La política se trata justamente de construir entre los que no se quieren en pos de un objetivo superior. El documento tiene dos puntos clave: termina de posicionar a Axel Kicillof como jefe político y no como subalterno y pone el acento en la necesidad de lograr la liberación de CFK como objetivo estratégico. No hay recuperación de soberanía sin la liberación de Cristina. Y el peronismo no tiene sentido sin la búsqueda de soberanía.
 
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