07:17 | Lunes 09 de Febrero de 2013 | Entre Ríos

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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau

Nacionales - 05-01-2023 / 09:01

EL ABOGADO DEL JEFE DE LOS "COPITOS" AL RESCATE DE LA CORTE MACRISTA

La insólita conexión de Silvio Robles, la mano derecha de Rosatti, con el atentado a CFK

Defensor de Gabriel Carrizo y exasesor de JxC en la Bicameral de Inteligencia, Gastón Marano denunció a Silvio Robles en Comodoro Py por "negociaciones incompatibles". La movida busca traer a los tribunales macristas de Buenos Aires la causa que avanza con un juez santiagueño. En la imagen: Horacio Rosatti y Silvio Robles, el principal operador del Presidente de la Corte.

La mezcla impresiona. El abogado de Gabriel Carrizo, el jefe de los que vendían copos en la esquina de Libertad y Uruguay e intentaron asesinar a Cristina Kirchner, se presentó este miércoles en Comodoro Py y denunció a Silvio Robles, el operador principal del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.

La movida del letrado Gastón Marano, objetivamente termina jugando a favor de Silvio Robles porque le disputa la causa judicial al juez federal de Santiago del Estero Guillermo Molinari quien arrancó con todo: le pidió a Robles que deposite su celular en una secretaría de la Corte para luego chequear los mensajes que intercambió con el ministro de Justicia porteño, Marcelo D'Alessandro.

Robles se negó a entregar su celular. Como se sabe, Robles y D'Alessandro combinaron tácticas para que el gobierno de Larreta utilice en el máximo tribunal. O sea, en el litigio entre la Nación, las provincias y CABA, Robles funcionó como asesor de CABA siendo el alter-ego de Rosatti y de la mayoría de cortesanos contraria al Poder Ejecutivo y a las provincias.

El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, presentó el lunes una denuncia contra Robles por tráfico de influencias e incumplimiento de los deberes de funcionario público. De inmediato intervino el juez Molinari y el fiscal Pedro Simón, ambos de la capital santiagueña, y se le ordenó a Robles que deposite su celular en la secretaría de turno de la Corte Suprema.

Por supuesto, enseguida apareció el coro político-mediático-judicial aliado a Juntos por el Cambio reclamando, como siempre, que la causa se traslade a Comodoro Py, donde juegan de local. Y, en paralelo, Robles no sólo se negó a depositar el celular sino que recusó al juez y, tácitamente, pidió el traslado al edificio de Retiro: sostuvo que Molinari no es juez natural y que hubo una maniobra de forum shopping.

Curiosamente este miércoles se presentó Marano en Comodoro Py con una denuncia contra Robles por negociaciones incompatibles con la función pública. Un diagnóstico más que razonable es que el abogado de quien participó de la tentativa de matar a CFK le dio una manito al dúo Robles-Rosatti porque el juez que resulte sorteado podría pedirle al magistrado de Santiago del Estero, igual que Robles, que dé un paso al costado, con el argumento de que los hechos ocurrieron en CABA. Justito lo que andaba necesitando el bloque integrado por Juntos por el Cambio y la mayoría de la Corte Suprema macrista.

La Opinión Popular

FILTRACIÓN DE CHATS

Filtración de chats: El abogado del "copito" Carrizo denunció penalmente a la mano derecha de Rosatti

Tras la difusión de presuntos intercambios de mensajes entre el ministro porteño Marcelo D'Alessandro y Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte, se presentaron diversas denuncias en tribunales. Entre ellas, hubo una muy llamativa porque la realizó Gastón Marano, el defensor de Gabriel Carrizo, procesado y detenido en el caso del atentado contra CFK.

Por Franco Mizrahi

La filtración de presuntos chats del ministro de Justicia y Seguridad porteño Marcelo D'Alessandro, quien pidió licencia tras el escándalo, provocó una lluvia de denuncias y contradenuncias en tribunales. Una de las presentaciones que más llamó la atención fue la que realizó el abogado Gastón Marano, quien se hizo eco de la difusión de supuestos mensajes del funcionario de la Ciudad y denunció a Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, por "la posible comisión de un delito de acción pública". Pidió como medida de prueba que se le secuestre el celular a Robles. ¿Quién es Marano? El abogado defensor del jefe de los "copitos" Gabriel Carrizo, procesado y detenido en el caso del atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. También fue asesor de un senador nacional de Juntos por el Cambio en la Comisión Bicameral de Inteligencia, cargo del que fue desvinculado tras asumir la defensa de Carrizo.

Según se desprende del escrito de tres páginas al que accedió El Destape, Marano realizó la denuncia este último martes a título personal, como abogado "y autoridad, miembro o delegado de numerosas asociaciones de profesionales abogados". En la presentación sostuvo: No "resulta inocuo enterarme de que un funcionario del Poder Judicial podría estar incurso en un ilícito, incluso implicando su conducta un desvío de poder con entidad suficiente para torcer el contenido de resoluciones judiciales".

En tribunales circulaban distintas interpretaciones sobre esta presentación, que recayó en el juzgado que comanda Ariel Lijo. Una de ellas vincula a Marano con Juntos por el Cambio dado su rol de ex asesor de un legislador de esa fuerza y apunta a que con esta denuncia se busca traer a Comodoro Py la causa que se abrió en la justicia de Santiago del Estero, donde el gobernador Gerardo Zamora también denunció a Robles por sus presuntos chats con D'Alessandro. En ese caso, la acusación fue por los posibles delitos de tráfico de influencias y violación de los deberes de funcionario público. La lógica de esa lectura es: como nadie puede ser investigado dos veces por un mismo hecho, las denuncias contra Robles por sus presuntos chats con el ministro porteño -que son al menos tres- deberán acumularse en un solo juzgado, lo que se podría saldar tras un conflicto de competencia si distintos jueces abren la investigación penal.

Consultado para esta nota, Marano afirmó: "Denuncié por lo mismo que denuncié a D'Alessio hace un tiempo (actualmente está en juicio). Ese tipo de maniobras, de existir, perjudican a toda la sociedad, pero especialmente a los abogados". La referencia es a una denuncia penal que hizo contra el espía ilegal Marcelo D'Alessio en 2019 por usurpación de títulos y honores porque el agente inorgánico, que tenía vinculaciones con la AFI macrista, decía ser abogado y no lo era.

La denuncia de Marano contra la mano derecha de Rosatti, si bien menciona que Robles no es abogado, no es por el delito de usurpación de título sino por el posible delito de negociaciones incompatibles. Y el abogado pide, tal como ocurrió en la justicia de Santiago del Estero, que se le secuestre el celular al asesor del presidente de la Corte.

El disparador de la presentación son los chats filtrados entre Robles, director general de la vocalía de Rosatti, y D'Alessandro, que Marano cita en su escrito. "He tomado conocimiento, a través de distintos medios de comunicación, de que el Dr. Silvio Federico Robles, quien detenta el Cargo de Director General, de una de las vocalías del Máximo Tribunal de la Nación, habría mantenido conversaciones harto inadecuadas con un funcionario del ejecutivo porteño, Marcelo D'alessandro", escribió el letrado que defiende a uno de los acusados de intentar asesinar a Cristina. Y añadió: "Estas conversaciones incluirían consejos por parte del funcionario de la Corte Suprema respecto a las mejores metodologías para lograr un resultado judicial, desde la faz procesal".

Acto seguido, el abogado menciona que Robles "no registra matrícula ante el Colegio Público de Abogados de Capital Federal lo que me permite descartar, en principio, que dichos consejos hayan sido brindados en el marco de un asesoramiento profesional". Y que "aún de estar matriculado en alguna otra colegiatura, su carácter de funcionario público dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo inhabilitaría para brindar asesoramiento sobre causas que pudieran terminar ante el mismísimo órgano en el que se desempeña". Tras citar los presuntos chats que involucran a la mano derecha de Rosatti y al ministro de Horacio Rodríguez Larreta considera que el tema sobre el que hablaban era sobre la nueva conformación del Consejo de la Magistratura.

Quién es Gastón Marano

Gastón Marano asumió el 15 de septiembre pasado la defensa de Gabriel Carrizo, el jefe de "los copitos", en la causa en que se investiga el intento de asesinato de Cristina Kirchner. Carrizo actualmente está detenido y procesado como partícipe del atentado contra la vicepresidenta. La aparición de Marano en la causa provocó revuelo mediático porque tomó la representación legal mientras ejercía como asesor del senador de Cambiemos Ignacio Torres en la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, es decir, la encargada de controlar a los organismos y agentes de inteligencia. Luego de que ese dato se difundiera, el legislador macrista decidió desvincularlo.

Otro de los datos que llamaron la atención cuando asumió la defensa de Carrizo fue que Marano también había prestado servicios para la embajada de EE.UU.: "Se ha formado tanto en Argentina como Estados Unidos de América" y trabajó "como supervisor de la Oficina de Ciudadanía en la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires", se puede leer en su página web.

Cuando apenas asumió la representación legal de Carrizo y los periodistas a la salida de Comodoro Py le preguntaron sobre cómo llegó a asumir esa defensa, respondió: "Es una causa que me interesó desde el comienzo. Luego me reuní con la familia de Carrizo y estuvieron de acuerdo con que lo representara".

Marano adquirió bastante fama mediática cuando se presentó como representante de Mavys Álvarez en la justicia argentina para ser querellante en la denuncia por trata de personas contra el ex entorno de Diego Maradona. También fue quien logró la condena de Jonathan Fabbro en 2019 tras representar a su víctima.

El mismo martes además de la denuncia de Marano ingresó otra presentación en Comodoro Py que apuntaba contra Robles. La hizo Nicolás Nahuel Giansanti y también recayó en el juzgado de Ariel Lijo. De acuerdo a la información que se brinda en el Centro de Información Judicial (CIJ) en esa denuncia también se pide que se investigue el posible delito de negociaciones incompatibles en que pudo haber incurrido la mano derecha de Rosatti.

Fuente: El Destape

07-02-2026 / 19:02

Cero credibilidad por el escándalo del Indec que dejó a Javier Milei y a Toto Caputo con el culo al aire

Claudio Drescher, presidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria, uno de los sectores que más se benefició en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, dijo que los empresarios votaron al cipayo Javier Milei porque esperaban un cambio. Bueno, el cambio llegó y ahora el ministro de Economía del gobierno que votó, promueve la ropa importada.

El problema de Drescher es que no es el único perjudicado. No lo dijo, es probable que no lo vea o no le importe, pero todos los miércoles apalean a los jubilados y el gobierno quiere imponer una nueva legislación laboral que precarizará el empleo. El trabajo está más barato que nunca porque con este gobierno el salario perdió el 35 por ciento de su valor, están más bajos que en el 2001. Zafan los que trabajan mal pagados en varios empleos.

Y el comercio debe pagar fletes, alquileres y tarifas astronómicas. Varias tiendas cerraron en la calle Avellaneda, pero una señora de condición humilde que pasaba por allí, fue entrevistada por el cronista "Sergio en la calle". La mujer dijo que le costaba llegar a fin de mes aunque tenía tres trabajos, pero que el rumbo del gobierno era correcto. "¿Qué le parecen estos comercios con las persianas bajas?" preguntó el youtuber. "No, eso no es culpa del Presidente, eso es por malas decisiones personales".

Con el kirchnerismo, pagando buenos salarios, los empresarios textiles hicieron fortunas, pero votaron el cambio, según Drescher. Como el empresario, la señora de la calle Avellaneda está peor, pero uno y otra son incapaces de asimilar que respaldan un modelo de país donde ellos no tienen ninguna importancia.

El gobierno que votaron para que las cosas cambien apareció envuelto en varios hechos de corrupción. Se destacaron dos por sus evidencias: el escándalo de las criptomonedas $Libra, que involucró de manera muy directa al presidente. El otro hecho de corrupción que destacó entre muchos, fueron las coimas del ocho por ciento a los laboratorios, por los remedios para discapacitados, una estafa denigrante, en la que se mencionó a Karina, la hermana del Presidente.

El modelo tiene banca también en el ámbito judicial. Esta semana un decreto de Milei retiró al Estado argentino como parte en la causa por el megacrédito tomado en 2018 con el FMI. La causa está caratulada como "Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública". Entre los "y otros" están Federico Sturzenegger y el ministro de Economía que no compra nunca en Argentina, Luis Caputo.

La jueza María Eugenia Capuchetti, la misma que intervino en la fallida investigación del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, determinó que los delitos denunciados no eran tales sino "discrepancias con decisiones políticas". Por ese préstamo concedido de manera irregular, los funcionarios del Fondo que intervinieron, fueron expulsados. El fiscal Franco Picardi apeló la decisión de la jueza, porque el gobierno de Mauricio Macri tampoco siguió la normativa al tomar deuda y porque nunca se aclaró cuál sería el destino del préstamo ni en qué se usó. Esa deuda comprometió la soberanía argentina y el país quedó subordinado al control permanente de sus decisiones económicas.

Para Caputo no era una situación nueva. En 2017 apareció en los Panama Papers, en una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, como administrador de una gerenciadora de fondos de inversión en las islas Caimán, un paraíso fiscal. El periodista Marcelo Bonelli denunció en 2018 que la entonces "titular de la Oficina Anticorrupción y exlegisladora del PRO Laura Alonso, prometió al presidente Macri cerrar la investigación contra Caputo, por haber ocultado en sus declaraciones juradas que tenía acciones en dos compañías offshore en las Islas Caimán y que era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami."

07-02-2026 / 11:02

Apertura comercial indiscriminada y sometimiento al imperialismo: Milei le entrega todo a Trump y no recibe nada a cambio

El vergonzoso acuerdo que Javier "el Cipayo" Milei selló recientemente con Estados Unidos constituye el Estatuto Legal de Coloniaje, al transformar la actual dependencia de la Argentina respecto de Washington en un esquema permanente de subordinación colonialista que, además de poner en riesgo la producción y el empleo nacional en numerosos sectores, restringe severamente el margen de acción del estado nacional en áreas críticas. La decisión de convertir a la Argentina en un apéndice económico y político de la potencia yanqui ya está tomada.

La lectura rigurosa del tratado permite observar con claridad el contraste entre las partes. Washington utilizó el proceso para fijar reglas, ampliar su acceso al mercado argentino y alinear el marco regulatorio local con sus propias prioridades económicas y estratégicas. Los cipayos funcionarios libertarios, por su parte, aceptaron servilmente ese esquema sin introducir compensaciones, contrapesos ni salvaguardias. La Argentina incorpora más de un centenar de obligaciones operativas, mientras que Estados Unidos asume menos de una decena de compromisos, en su mayoría condicionales o discrecionales.

Ese patrón se reproduce capítulo por capítulo. En comercio de bienes, numerosos productos industriales pasan a tener arancel cero desde la entrada en vigor del acuerdo, incluyendo dispositivos médicos, instrumental hospitalario, reactivos químicos, maquinaria eléctrica y componentes industriales. Otros productos contemplan una reducción inmediata del arancel al 2 por ciento. Entre ellos, autopartes, insumos industriales y bienes de capital. La apertura recae, asimismo, sobre múltiples sectores sensibles, sin instancias de adecuación ni salvaguardias productivas, en un contexto de desindustrialización y destrucción de empleo.

El sector automotor es ilustrativo de esa lógica. El acuerdo habilita un cupo anual de 10.000 vehículos originarios de Estados Unidos con arancel cero, desde el primer año de vigencia. El impacto se concentra en provincias con fuerte base automotriz y autopartista como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Aquí tampoco se introducen mecanismos de administración del flujo ni exigencias de inversión, trasladando el impacto de la apertura directamente sobre la producción local.

En el complejo aviar, la asimetría es todavía más directa. El tratado obliga a habilitar el ingreso de aves y productos avícolas estadounidenses en un plazo máximo de un año. El régimen sanitario queda alineado así con los criterios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la certificación del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, facilitando el acceso de productos provenientes de uno de los principales exportadores mundiales del sector y exponiendo al entramado avícola argentino, con impacto directo en Entre Ríos y Buenos Aires.

En salud, el acuerdo profundiza la apertura importadora de medicamentos y dispositivos médicos de uso humano. A esa liberalización comercial se suma un corrimiento del poder regulatorio del Estado argentino, al aceptar como suficientes las autorizaciones otorgadas por la autoridad sanitaria estadounidense. La combinación de apertura y subordinación normativa limita la capacidad de la ANMAT de definir estándares propios y condiciona el desarrollo del complejo médico-industrial local.

El capítulo aduanero consolida una apertura sin instrumentos de administración del comercio. Se elimina el requisito consular y se fija la eliminación de la tasa estadística en un plazo de tres años; mientras en economía digital, el tratado garantiza el libre flujo transfronterizo de datos, reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada y prohíbe requisitos de localización o transferencia tecnológica, restringiendo severamente la capacidad regulatoria del Estado sobre las grandes plataformas tecnológicas.

06-02-2026 / 09:02

Milei, copiando a Trump, lanza cuenta oficial para desmentir, perseguir y cazar periodistas

Con un comunicado insólito el gobierno autoritario de Javier "el Loco" Milei anunció la creación de una cuenta de X que será la Oficina de Respuesta Oficial que tendrá como objetivo "desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política". Asociaciones como Adepa (que agrupa a más de 180 empresas periodísticas) y Fopea (que nuclea a cientos de periodistas) expresaron su rechazo. El Gobierno anarco capitalista se autopercibe como dueño de la verdad y busca atacar la libertad de expresión con fondos públicos para imponer sus dogmas y su relato libertario.

"La Oficina de Respuesta Oficial fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas", anunció el Gobierno al crear esta página que funcionará como el oscuro "Ministerio de la Verdad" que Orwell anunció en su novela de ciencia ficción "1984". Del odio periodístico a la patrulla digital: el cipayo Milei copia a Trump y crea quilombo anti-fake news.

Este esfuerzo por esclarecer lo verdadero en la era de la posverdad que representa este gobierno, seguramente destruirá la mentira de la inflación. Milei dijo que no cambiará el método para establecer la medición de este flagelo. O sea, reconoció que es necesario cambiar el sistema que usó hasta ahora porque no arrojó resultados reales. La Oficina de Respuesta Oficial deberá aclarar porqué si reconoce que el Indec mintió cada mes, igual anunció que seguirá mintiendo hasta que desaparezca la inflación sobre la cual está mintiendo.

Hay falsedades concretas por todos lados. Que la Oficina de Respuesta Oficial desmienta entonces a su inventor. En un canal de cable, la "psiquiatra pediátrica" Lilia Lemoine diagnosticó al chico autista Ian Moche como un chico sin autismo que simulaba su condición. El pibe recorrió los medios de comunicación para defender los derechos de la discapacidad, que el Gobierno abolió. Y la "psiquiatra" Lemoine diagnosticó que eso demostraba que no era autista. Al parecer Lemoine no es pediatra ni psiquiatra y, aunque lo fuera, nunca tuvo contacto con Ian como para diagnosticarlo. Mintió la terraplanista. Pero a Ian le hizo bien defender su dignidad, porque además lo hizo de manera inteligente, a diferencia de la señora mentirosa Lemoine que cree en la Tierra plana.

O sea, la terraplanista estaba mintiendo con el único objetivo de hacerle daño al pibe con autismo que lucha por sus derechos, que es lo mismo que luchar por dignidad. La Justicia le dio la razón a Ian y a su madre porque obligó al gobierno que integra Lemoine a reponer los derechos de la discapacidad que intentó retirarle. O sea, la señora Lemoine, mintió para hacer daño desde un lugar de poder y contra personas especialmente vulnerables. Como si un médico se ensañara con su paciente atado a la camilla. O sea que, además de mentirosa, es cruel y poco inteligente si se tiene en cuenta que era una mentira repugnante y de patas cortas.

Señores de la Oficina de la Respuesta Oficial de la República Argentina, ya tienen dos grandes mentiras para desmentir: la de una inflación de mentira que le ha comido el salario y la jubilación a los argentinos y una diputada que miente para atacar a un pibe de doce años para defender las mentiras del gobierno. Pero la Oficina Tal por Cual solo desmentirá y perseguirá a la verdad. Como siempre, el ladrón se rasga las vestiduras con el discurso de la honradez y ataca con mentiras a los demás. Y el mentiroso sobreactúa el discurso de la verdad para ocultar sus mentiras.

En ese contexto, la "Oficina de Respuesta Oficial" no parece solo una herramienta comunicacional. Es la institucionalización de una lógica: responder siempre, atacar primero y convertir cada crítica en un enemigo. Una versión local de un libreto yanqui importado, aplicada con fanatismo y sin demasiados matices. La libertad de expresión y el derecho a la información están bajo ataque autoritario.

La Opinión Popular

05-02-2026 / 11:02

Milei dejó a las familias al borde del default: la morosidad se disparó a niveles históricos

Sacar un adelanto de sueldo con el banco, tarjetear, tomar un préstamo se volvieron cosas habituales bajo el desastroso gobierno de Javier Milei. No poder pagar toda la tarjeta, refinanciar con intereses elevados o no pagar la cuota del préstamo genera mora y eso está aumentando mes a mes. El endeudamiento de los hogares argentinos entró en una zona crítica. Los últimos datos del Banco Central, analizados por el Instituto Argentina Grande, muestran un salto alarmante en la morosidad: el 11 por ciento de los créditos personales y el 9,2 por ciento de las tarjetas de crédito registran irregularidades en los pagos. Hace apenas 2 años, a fines de 2023, esos números eran muy distintos: 4,2 por ciento en préstamos personales y 1,7 por ciento en tarjetas.

Se trata de los niveles más altos desde que el organismo tiene registros, es decir, desde 2010. El fenómeno refleja una realidad concreta: los ingresos ya no alcanzan para cubrir gastos cotidianos como alimentos, tarifas o medicina privada. Frente a ese escenario, el desahorro y el endeudamiento dejaron de ser excepciones y pasaron a formar parte de la rutina de millones de familias. Cada vez más hogares recurren al pago mínimo de la tarjeta de crédito como estrategia para estirar el ingreso mensual. Esa práctica, que puede dar aire en el corto plazo, termina convirtiéndose en una trampa por las altas tasas de interés, que aceleran el deterioro de la capacidad de pago.

El problema no se limita al consumo diario. También crece la morosidad en los préstamos prendarios, generalmente destinados a la compra de autos, motos o maquinaria. En noviembre de 2025 alcanzó el 5,2 por ciento, cuando 2 años antes era del 2,7. Esto evidencia que el estrés financiero ya impacta en decisiones de mayor plazo y compromete el patrimonio familiar. El deterioro de estos indicadores expone un cuadro social cada vez más frágil. El crédito dejó de ser una herramienta para mejorar la calidad de vida y pasó a convertirse en un recurso de supervivencia que oculta la pérdida del poder adquisitivo.

Para muchas familias, especialmente jóvenes sin ingresos formales, el financiamiento no proviene de los bancos sino de cadenas comerciales, prestadores directos y, cada vez más, billeteras virtuales y fintech, que ofrecen créditos rápidos y de acceso inmediato. En ese terreno, la situación también es preocupante. La morosidad en compras de electrodomésticos alcanzó el 27 por ciento en julio de 2025, el valor más alto en más de 4 años. En el caso de los préstamos otorgados por fintech, el 18 por ciento presentaba incumplimientos en julio, pero estimaciones privadas indican que esa cifra ya ronda el 21 por ciento.

Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares confirman el deterioro de las economías domésticas. En el segundo trimestre de 2025, el 48 por ciento de los hogares no logró cubrir sus gastos y debió recurrir a ahorros, venta de bienes o endeudamiento, tanto formal como informal. La clase media aparece como uno de los sectores más afectados: el 53 por ciento de sus hogares no logra llegar a fin de mes. Según datos del Indec publicados este viernes, el 60% de los asalariados gana menos de $950.000 en el tercer trimestre del año. Es decir, que la mayoría de los trabajadores viven con ingresos por debajo de la canasta de consumos mínimos que realiza la Junta Interna de ATE Indec (el promedio del tercer trimestre del año fue $1.941.853). Esta canasta no es un ideal ni un óptimo, pero se acerca a lo que se necesita para llegar a fin de mes.

Mientras el Gobierno libertario insiste en mentir con indicadores de estabilidad y crecimiento, la realidad que se vive puertas adentro de los hogares argentinos es otra: deuda creciente, ingresos que no alcanzan y una morosidad que ya funciona como termómetro del deterioro económico y social. Los hogares están endeudados porque los ingresos no alcanzan. Es urgente un aumento de emergencia de salarios, jubilaciones y programas sociales.

La Opinión Popular

04-02-2026 / 11:02

Caputazo en el Indec: Ilegalidades que afectan a los salarios, las jubilaciones, la AUH y la pobreza

A través de la práctica de demorar la puesta en vigencia del cambio de ponderaciones que resulta de una encuesta de gastos de hogares más actualizada que la de 2004, que todavía se aplica, se verán afectados los ingresos reales de todos aquellos sectores que ajustan sus remuneraciones siguiendo el Índice de precios al consumidor (IPC), como jubilaciones, pensiones y asignaciones de la previsión social como la AUH, y se estará alterando el cálculo de variables fundamentales para la economía, como el producto bruto (que en el futuro va a ser recalculado a la baja) o la pobreza (en sentido inverso, en el futuro se demostrará que es mayor a la que actualmente se informe).

Así lo han puesto de manifiesto especialistas en el tema, entre ellos Alejandro Barrios, ex director del Indec, quien explicó que las ponderaciones resultantes de la Encuesta de Gastos de Hogares de 2017/18 "ya está disponible hace años, incluso la Ciudad de Buenos Aires ya la está aplicando; la demora en aplicarla a nivel nacional es que hay un gobierno que iba a implementar un cambio en los precios relativos, con subas importantes en los servicios regulados por el Estado (por quita de subsidios). La decisión fue parar la aplicación de los nuevos índices hasta que se completen esos cambios; y se considere que ya no van a seguir aumentando, mes a mes, el teléfono, la luz, el transporte, las prepagas, etc. Rubros que en el índice actualizado tienen un peso mucho mayor que en el de la canasta de gastos de hace 20 años".

En consecuencia, el índice que se seguirá aplicando "hasta que se complete el proceso de desinflación", en palabras de Luis Caputo, da como resultado un aumento de precios al consumidor inferior al que surge del cálculo con el nuevo índice. "Esto va a provocar en el futuro un recálculo de variables de los años anteriores, como pasó otras veces, pero esta vez con el agravante de que las autoridades actuales son conscientes de que demoran el cambio de fórmula para subestimar la inflación", agregó Barrios.

Así, por ejemplo, el cálculo del PBI tendrá probablemente una revisión, porque al desindexar los precios a una tasa más alta que la que se usa actualmente, resultará un PBI real (descontada la inflación) menor al que hoy se informa. En consecuencia, se recalculará a la baja el PBI de todos estos años (aumentos inferiores a los que ahora se informan, caídas superiores, e incluso subas leves que se transformarán en bajas).

Lo contrario sucederá con los índices de pobreza, ya que cuando en el futuro se recalculen los ingresos deflactados por un índice no subestimado como el actual, van a ser menores en términos reales, mientras que las canastas de precios al ser reajustados van a ser más altas. En consecuencia los índices de pobreza así recalculados resultarán más altos que los que ahora se informen.

Este manoseo de los índices en el corto plazo también podrá ser motivo de controversias, de parte por ejemplo de tenedores de bonos con variable CER (ajuste por inflación) o títulos con cláusula de ajuste UVA (también tiene un componente que varía según el IPC). Además, el cálculo del valor de las jubilaciones y pensiones se hace, mensualmente, de acuerdo al aumento del IPC en meses anteriores, por lo cual la sub estimación del índice va en desmedro de los perceptores de esos ingresos. Lo mismo vale para los que reciben la AUH y otras asignaciones que se ajustan periódicamente por la inflación.

Otro ingreso que se verá afectado es el salario, en la medida en que las paritarias se negocien en función de un índice de inflación que luego se demuestre que no era el real. "La decisión de que tendremos un índice de fantasía abre las puertas del infierno", advirtió el ex diputado nacional y ex dirigente de ATE Claudio Lozano. "De manera desembozada e impune decretan que ellos decidirán lo que debe dar la estadística pública sobre inflación. Lo ocurrido no hace más que explicitar lo que se venía observando en el funcionamiento del Indec, porque hace rato que debería haberse incorporado la Encuesta de Gastos de los Hogares del 2016/17 y se lo demoró sin ninguna razón estadísticamente válida".

La Opinión Popular