23:53 | Domingo 04 de Enero de 2013 | Entre Ríos

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Nacionales - 05-01-2023 / 09:01

EL ABOGADO DEL JEFE DE LOS "COPITOS" AL RESCATE DE LA CORTE MACRISTA

La insólita conexión de Silvio Robles, la mano derecha de Rosatti, con el atentado a CFK

Defensor de Gabriel Carrizo y exasesor de JxC en la Bicameral de Inteligencia, Gastón Marano denunció a Silvio Robles en Comodoro Py por "negociaciones incompatibles". La movida busca traer a los tribunales macristas de Buenos Aires la causa que avanza con un juez santiagueño. En la imagen: Horacio Rosatti y Silvio Robles, el principal operador del Presidente de la Corte.

La mezcla impresiona. El abogado de Gabriel Carrizo, el jefe de los que vendían copos en la esquina de Libertad y Uruguay e intentaron asesinar a Cristina Kirchner, se presentó este miércoles en Comodoro Py y denunció a Silvio Robles, el operador principal del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.

La movida del letrado Gastón Marano, objetivamente termina jugando a favor de Silvio Robles porque le disputa la causa judicial al juez federal de Santiago del Estero Guillermo Molinari quien arrancó con todo: le pidió a Robles que deposite su celular en una secretaría de la Corte para luego chequear los mensajes que intercambió con el ministro de Justicia porteño, Marcelo D'Alessandro.

Robles se negó a entregar su celular. Como se sabe, Robles y D'Alessandro combinaron tácticas para que el gobierno de Larreta utilice en el máximo tribunal. O sea, en el litigio entre la Nación, las provincias y CABA, Robles funcionó como asesor de CABA siendo el alter-ego de Rosatti y de la mayoría de cortesanos contraria al Poder Ejecutivo y a las provincias.

El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, presentó el lunes una denuncia contra Robles por tráfico de influencias e incumplimiento de los deberes de funcionario público. De inmediato intervino el juez Molinari y el fiscal Pedro Simón, ambos de la capital santiagueña, y se le ordenó a Robles que deposite su celular en la secretaría de turno de la Corte Suprema.

Por supuesto, enseguida apareció el coro político-mediático-judicial aliado a Juntos por el Cambio reclamando, como siempre, que la causa se traslade a Comodoro Py, donde juegan de local. Y, en paralelo, Robles no sólo se negó a depositar el celular sino que recusó al juez y, tácitamente, pidió el traslado al edificio de Retiro: sostuvo que Molinari no es juez natural y que hubo una maniobra de forum shopping.

Curiosamente este miércoles se presentó Marano en Comodoro Py con una denuncia contra Robles por negociaciones incompatibles con la función pública. Un diagnóstico más que razonable es que el abogado de quien participó de la tentativa de matar a CFK le dio una manito al dúo Robles-Rosatti porque el juez que resulte sorteado podría pedirle al magistrado de Santiago del Estero, igual que Robles, que dé un paso al costado, con el argumento de que los hechos ocurrieron en CABA. Justito lo que andaba necesitando el bloque integrado por Juntos por el Cambio y la mayoría de la Corte Suprema macrista.

La Opinión Popular

FILTRACIÓN DE CHATS

Filtración de chats: El abogado del "copito" Carrizo denunció penalmente a la mano derecha de Rosatti

Tras la difusión de presuntos intercambios de mensajes entre el ministro porteño Marcelo D'Alessandro y Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte, se presentaron diversas denuncias en tribunales. Entre ellas, hubo una muy llamativa porque la realizó Gastón Marano, el defensor de Gabriel Carrizo, procesado y detenido en el caso del atentado contra CFK.

Por Franco Mizrahi

La filtración de presuntos chats del ministro de Justicia y Seguridad porteño Marcelo D'Alessandro, quien pidió licencia tras el escándalo, provocó una lluvia de denuncias y contradenuncias en tribunales. Una de las presentaciones que más llamó la atención fue la que realizó el abogado Gastón Marano, quien se hizo eco de la difusión de supuestos mensajes del funcionario de la Ciudad y denunció a Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, por "la posible comisión de un delito de acción pública". Pidió como medida de prueba que se le secuestre el celular a Robles. ¿Quién es Marano? El abogado defensor del jefe de los "copitos" Gabriel Carrizo, procesado y detenido en el caso del atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. También fue asesor de un senador nacional de Juntos por el Cambio en la Comisión Bicameral de Inteligencia, cargo del que fue desvinculado tras asumir la defensa de Carrizo.

Según se desprende del escrito de tres páginas al que accedió El Destape, Marano realizó la denuncia este último martes a título personal, como abogado "y autoridad, miembro o delegado de numerosas asociaciones de profesionales abogados". En la presentación sostuvo: No "resulta inocuo enterarme de que un funcionario del Poder Judicial podría estar incurso en un ilícito, incluso implicando su conducta un desvío de poder con entidad suficiente para torcer el contenido de resoluciones judiciales".

En tribunales circulaban distintas interpretaciones sobre esta presentación, que recayó en el juzgado que comanda Ariel Lijo. Una de ellas vincula a Marano con Juntos por el Cambio dado su rol de ex asesor de un legislador de esa fuerza y apunta a que con esta denuncia se busca traer a Comodoro Py la causa que se abrió en la justicia de Santiago del Estero, donde el gobernador Gerardo Zamora también denunció a Robles por sus presuntos chats con D'Alessandro. En ese caso, la acusación fue por los posibles delitos de tráfico de influencias y violación de los deberes de funcionario público. La lógica de esa lectura es: como nadie puede ser investigado dos veces por un mismo hecho, las denuncias contra Robles por sus presuntos chats con el ministro porteño -que son al menos tres- deberán acumularse en un solo juzgado, lo que se podría saldar tras un conflicto de competencia si distintos jueces abren la investigación penal.

Consultado para esta nota, Marano afirmó: "Denuncié por lo mismo que denuncié a D'Alessio hace un tiempo (actualmente está en juicio). Ese tipo de maniobras, de existir, perjudican a toda la sociedad, pero especialmente a los abogados". La referencia es a una denuncia penal que hizo contra el espía ilegal Marcelo D'Alessio en 2019 por usurpación de títulos y honores porque el agente inorgánico, que tenía vinculaciones con la AFI macrista, decía ser abogado y no lo era.

La denuncia de Marano contra la mano derecha de Rosatti, si bien menciona que Robles no es abogado, no es por el delito de usurpación de título sino por el posible delito de negociaciones incompatibles. Y el abogado pide, tal como ocurrió en la justicia de Santiago del Estero, que se le secuestre el celular al asesor del presidente de la Corte.

El disparador de la presentación son los chats filtrados entre Robles, director general de la vocalía de Rosatti, y D'Alessandro, que Marano cita en su escrito. "He tomado conocimiento, a través de distintos medios de comunicación, de que el Dr. Silvio Federico Robles, quien detenta el Cargo de Director General, de una de las vocalías del Máximo Tribunal de la Nación, habría mantenido conversaciones harto inadecuadas con un funcionario del ejecutivo porteño, Marcelo D'alessandro", escribió el letrado que defiende a uno de los acusados de intentar asesinar a Cristina. Y añadió: "Estas conversaciones incluirían consejos por parte del funcionario de la Corte Suprema respecto a las mejores metodologías para lograr un resultado judicial, desde la faz procesal".

Acto seguido, el abogado menciona que Robles "no registra matrícula ante el Colegio Público de Abogados de Capital Federal lo que me permite descartar, en principio, que dichos consejos hayan sido brindados en el marco de un asesoramiento profesional". Y que "aún de estar matriculado en alguna otra colegiatura, su carácter de funcionario público dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo inhabilitaría para brindar asesoramiento sobre causas que pudieran terminar ante el mismísimo órgano en el que se desempeña". Tras citar los presuntos chats que involucran a la mano derecha de Rosatti y al ministro de Horacio Rodríguez Larreta considera que el tema sobre el que hablaban era sobre la nueva conformación del Consejo de la Magistratura.

Quién es Gastón Marano

Gastón Marano asumió el 15 de septiembre pasado la defensa de Gabriel Carrizo, el jefe de "los copitos", en la causa en que se investiga el intento de asesinato de Cristina Kirchner. Carrizo actualmente está detenido y procesado como partícipe del atentado contra la vicepresidenta. La aparición de Marano en la causa provocó revuelo mediático porque tomó la representación legal mientras ejercía como asesor del senador de Cambiemos Ignacio Torres en la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, es decir, la encargada de controlar a los organismos y agentes de inteligencia. Luego de que ese dato se difundiera, el legislador macrista decidió desvincularlo.

Otro de los datos que llamaron la atención cuando asumió la defensa de Carrizo fue que Marano también había prestado servicios para la embajada de EE.UU.: "Se ha formado tanto en Argentina como Estados Unidos de América" y trabajó "como supervisor de la Oficina de Ciudadanía en la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires", se puede leer en su página web.

Cuando apenas asumió la representación legal de Carrizo y los periodistas a la salida de Comodoro Py le preguntaron sobre cómo llegó a asumir esa defensa, respondió: "Es una causa que me interesó desde el comienzo. Luego me reuní con la familia de Carrizo y estuvieron de acuerdo con que lo representara".

Marano adquirió bastante fama mediática cuando se presentó como representante de Mavys Álvarez en la justicia argentina para ser querellante en la denuncia por trata de personas contra el ex entorno de Diego Maradona. También fue quien logró la condena de Jonathan Fabbro en 2019 tras representar a su víctima.

El mismo martes además de la denuncia de Marano ingresó otra presentación en Comodoro Py que apuntaba contra Robles. La hizo Nicolás Nahuel Giansanti y también recayó en el juzgado de Ariel Lijo. De acuerdo a la información que se brinda en el Centro de Información Judicial (CIJ) en esa denuncia también se pide que se investigue el posible delito de negociaciones incompatibles en que pudo haber incurrido la mano derecha de Rosatti.

Fuente: El Destape

04-01-2026 / 17:01

Trump consuma otro ciclo imperialista con la fuerza como único argumento

La doctrina "Donroe" (Donald + Monroe) arrasa con la prevención que tuvo hasta George W. Bush para no ser confundido con la ilegalidad de los setenta en América Latina. Al amigo narco de Honduras, todo; al dictador "comunista" de Venezuela, ni justicia. Sin épica, ni coherencia, ni discurso; prima la violencia de los hechos. Milei se recluye en el papel que se asignó: rabia y goce.

Aunque Trump gaste algunas palabras sin convicción, no promete la victoria de la libertad frente al totalitarismo como en la Guerra Fría, ni la primacía de la razón en el choque de civilizaciones desatado tras la caída del Muro de Berlín. Vocifera la guerra contra el comunismo, un enemigo casi inexistente. En rigor, el magnate no dedica mucha energía al engaño: quiere asegurar(se) negocios.

Ayer se cumplió un mes del indulto de Trump a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, condenado por narcotráfico a 45 años de prisión por un tribunal federal de Nueva York. Testimonios tomados en cuenta por el jurado indican que Hernández recibió al menos USD 1 millón del Chapo Guzmán y que se vanagloriaba de "meter la droga a los gringos en sus narices".

El fallo del jurado fue unánime, pero, como Hernández es derechista y su delegado en la elección reciente de Honduras, Nasry Asfura, promete seguir la agenda ultra, Trump lo dejó en libertad. Maduro será trasladado a Nueva York para ser juzgado por narcotráfico en los próximos días. Probablemente le tocará el mismo tribunal que juzgó a Hernández, pero éste lo mirará desde alguna finca de lujo entre Florida o Tegucigalpa.

Tampoco hay que prestar atención a los versículos sobre el amor por la democracia y contra los crímenes de lesa humanidad. Ello no está en la agenda real de Trump ni de Milei. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tiene pedido de captura de la Corte Penal Internacional por sus supuestos crímenes de lesa humanidad, mientras Israel como Estado es juzgado por genocidio en la Corte Internacional de Justicia.

Son procesos que se rigen por el derecho internacional, con acusaciones, testigos, expertos y defensas garantizados por la ley. El presidente estadounidense no sólo desconoce esos procesos, sino que activa sanciones abusivas contra investigadores, jueces y fiscales que los llevan a cabo.

Maduro se transformó en un dictador y está acusado de delitos contra la humanidad, pero nadie puede sospechar que un mandatario, Trump, que dispara misiles contra barcazas y coquetea con supremacistas de su país tiene alguna intención real de combatir el narcotráfico ni los abusos de los derechos humanos. Qué decir de Milei, gozador patológico con los apaleamientos a jubilados y familiares de discapacitados, y negacionista del terrorismo de Estado.

El Presidente y los suyos entraron en éxtasis ayer por la mañana. Agustín Romo, presidente del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y uno de los fieles de mayor peso de gurú Santiago Caputo, se sintió poseído por un protagonismo hollywoodense para explicar la razón real del ataque de Trump a Venezuela.

"Why? Because we fucking can. And if we can, we do" ("¿Por qué? Porque podemos, carajo. Y si podemos, lo hacemos"). Su segundo mensaje fue contra Axel Kicillof. "Sos un zurdo hijo de puta que defiende dictadores, asesinos y narcotraficantes. No metas a los bonaerenses en tu mierda, forro", posteó el jefe de la oposición de la principal provincia argentina ante la condena del gobernador de Buenos Aires a la intervención armada yanqui.

No se trató de un arrebato circunscripto a un integrista católico enardecido como Romo. Pablo Quirno, veterano del JP Morgan, ahora ocupa el cargo de canciller. También se dirigió a Kicillof a través de un reposteo. "Ya que les gusta tanto el derecho, empezá por cerrar bien el orto, enano comunista". La brutalidad de la época avergüenza, pero la historia demostró que no concluye en sus destellos más revulsivos.

02-01-2026 / 10:01

SIDE: la nueva Gestapo de Milei para encarcelar políticos, gremialistas y periodistas opositores

El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.

La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control judicial. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.

El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU). Además, a la SIDE se la ha sumado un cuantioso presupuesto de gastos reservados, sin rendición de cuentas, para sobornar, legisladores, jueces y periodistas.

Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?

Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".

Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la politización de la defensa militar; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.

La Opinión Popular

01-01-2026 / 21:01

El objetivo del Loco Milei: La latinoamericación argentina con la destrucción de la clase media

Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).

De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.

Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.

Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.

Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.

Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.

El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.

Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.

Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).

Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.

31-12-2025 / 09:12

Para disimular las coimas a Karina y los sobreprecios con los medicamentos para discapacitados, cerraron la Andis

Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.

Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.

"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.

El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.

Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.

Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.

Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".

Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.

En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.

30-12-2025 / 10:12

El fallo de la Justicia declaró al cruel protocolo antipiquetes de Bullrich nulo e ilegítimo

La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.

La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.

El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.

El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".

"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.

Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.

En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.

La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.