, donde le adelanta información sobre el fallo y le aconseja la estrategia a seguir en la pelea judicial por la coparticipación que benefició a Horacio Rodríguez Larreta y perjudicó a las provincias. Como era de esperar, sin conocer los fundamentos de la demanda, la oposición de derecha salió rápidamente a defender a Rosatti ante el pedido del oficialismo. Ese pedido tiene un carácter casi simbólico, porque el Gobierno no tiene todavía los votos para impulsarlo.
 
El Frente de Todos denunció así el avance del Poder Judicial. En el mensaje de Presidencia de la Nación donde se anuncia avanzar en el juicio político se lee, por ejemplo, que "en los últimos meses hemos visto un avance inadmisible del Poder Judicial de la Nación sobre los otros poderes de la Argentina". Si Juntos por el Cambio es un defensor abierto de esta casta poblada de beneficios -como ingresos millonarios, exención de impuestos o cargos vitalicios-, el Frente de Todos deberá enfrentarlos con denuncias.
 
Nadie debería sorprenderse que la oposición de derecha agrupada en Juntos por el Cambio saliera en defensa de la cuestionada Corte Suprema y de su presidente, el macrista Rosatti. En un comunicado, desde JxC señalaron que se trataba de "maniobras desesperadas contra la Justicia", que tienen el objetivo de buscar impunidad. Este tipo de acusaciones tampoco sorprenden viniendo del macrismo. Se trata de quienes aplaudieron el fallo en la llamada Causa Vialidad, ejecutado sin pruebas ni derecho a defensa.
 
Desplegando un cinismo absoluto, el comunicado denuncia el crecimiento de la "inflación, la pobreza, la desigualdad, la inseguridad y la calidad educativa". En ese marco, afirma que "el único objetivo que los desvela un 1 de enero es tener una Justicia sometida", en referencia al intento oficial. Sin embargo, es precisamente la oposición de derecha la que ejecutó en el gobierno un plan en ese sentido y ahora es la que pide un ajuste más duro al Gobierno.
 
El anuncio del Gobierno de que intentará avanzar en el juicio político contra el titular de la Corte Suprema tiene mucho de mensaje político. El Gobierno no tiene los votos necesarios para avanzar en hacer realidad el pedido en la Cámara de Diputados. Allí necesita garantizar una votación por 2/3 para que se apruebe iniciar el proceso.

Cerrado el camino de la mecánica parlamentaria, la única vía posible para el oficialismo sería una presión apelando a medidas de presión en las calles, recurriendo a la movilización popular para desgastar a los cortesanos. El desprestigio total de la casta judicial macrista despierta suficiente repudio en los sectores populares como para hacer esa convocatoria. Y ante tanta evidencia que comprueba el mal desempeño y los delitos cometidos en el ejercicio del poder, será muy difícil para la oposición defender a los cortesanos en el ámbito parlamentario.

Hay una clara animadversión de la Corte contra el peronismo. La estrategia del Frente de Todos deberá confrontar seriamente con la casta judicial y con los otros grandes poderes fácticos del país: el mediático y el económico. Lograr márgenes de negociación con ellos es imposible, ya que la derecha -como resulta previsible- se mostró siempre completamente inflexible. Además, es necesario terminar con los múltiples privilegios con que cuentan. Como parte de esa pelea, hay que plantearse la necesidad de imponer juicios por jurados en los casos que implican al poder, como son los casos de corrupción política. Solo dando pasos en esta dirección se puede terminar con las arbitrariedades de la Casta Judicial.
 
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Nacionales - 03-01-2023 / 11:01
EL GOBIERNO BUSCA DESGASTAR A LOS CORTESANOS EN UN LARGO PROCESO, DIFÍCIL DE GANAR

Como era de esperar, Juntos por el Cambio salió a bancar a Rosatti y a la Corte macrista

Como era de esperar, Juntos por el Cambio salió a bancar a Rosatti y a la Corte macrista
Juntos por el Cambio anunció este lunes su rechazo al pedido del presidente Alberto Fernández de avanzar con un juicio político al titular de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, luego de que salieran a la luz los chats entre su vocero, Silvio Robles, y el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, donde le adelanta información sobre el fallo y le aconseja la estrategia a seguir en la pelea judicial por la coparticipación que benefició a Horacio Rodríguez Larreta y perjudicó a las provincias.
Juntos por el Cambio anunció este lunes su rechazo al pedido del presidente Alberto Fernández de avanzar con un juicio político al titular de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, luego de que salieran a la luz los chats entre su vocero, Silvio Robles, y el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, donde le adelanta información sobre el fallo y le aconseja la estrategia a seguir en la pelea judicial por la coparticipación que benefició a Horacio Rodríguez Larreta y perjudicó a las provincias. Como era de esperar, sin conocer los fundamentos de la demanda, la oposición de derecha salió rápidamente a defender a Rosatti ante el pedido del oficialismo. Ese pedido tiene un carácter casi simbólico, porque el Gobierno no tiene todavía los votos para impulsarlo.
 
El Frente de Todos denunció así el avance del Poder Judicial. En el mensaje de Presidencia de la Nación donde se anuncia avanzar en el juicio político se lee, por ejemplo, que "en los últimos meses hemos visto un avance inadmisible del Poder Judicial de la Nación sobre los otros poderes de la Argentina". Si Juntos por el Cambio es un defensor abierto de esta casta poblada de beneficios -como ingresos millonarios, exención de impuestos o cargos vitalicios-, el Frente de Todos deberá enfrentarlos con denuncias.
 
Nadie debería sorprenderse que la oposición de derecha agrupada en Juntos por el Cambio saliera en defensa de la cuestionada Corte Suprema y de su presidente, el macrista Rosatti. En un comunicado, desde JxC señalaron que se trataba de "maniobras desesperadas contra la Justicia", que tienen el objetivo de buscar impunidad. Este tipo de acusaciones tampoco sorprenden viniendo del macrismo. Se trata de quienes aplaudieron el fallo en la llamada Causa Vialidad, ejecutado sin pruebas ni derecho a defensa.
 
Desplegando un cinismo absoluto, el comunicado denuncia el crecimiento de la "inflación, la pobreza, la desigualdad, la inseguridad y la calidad educativa". En ese marco, afirma que "el único objetivo que los desvela un 1 de enero es tener una Justicia sometida", en referencia al intento oficial. Sin embargo, es precisamente la oposición de derecha la que ejecutó en el gobierno un plan en ese sentido y ahora es la que pide un ajuste más duro al Gobierno.
 
El anuncio del Gobierno de que intentará avanzar en el juicio político contra el titular de la Corte Suprema tiene mucho de mensaje político. El Gobierno no tiene los votos necesarios para avanzar en hacer realidad el pedido en la Cámara de Diputados. Allí necesita garantizar una votación por 2/3 para que se apruebe iniciar el proceso.

Cerrado el camino de la mecánica parlamentaria, la única vía posible para el oficialismo sería una presión apelando a medidas de presión en las calles, recurriendo a la movilización popular para desgastar a los cortesanos. El desprestigio total de la casta judicial macrista despierta suficiente repudio en los sectores populares como para hacer esa convocatoria. 
Y ante tanta evidencia que comprueba el mal desempeño y los delitos cometidos en el ejercicio del poder, será muy difícil para la oposición defender a los cortesanos en el ámbito parlamentario.


Hay una clara animadversión de la Corte contra el peronismo. La estrategia del Frente de Todos deberá confrontar seriamente con la casta judicial y con los otros grandes poderes fácticos del país: el mediático y el económico. Lograr márgenes de negociación con ellos es imposible, ya que la derecha -como resulta previsible- se mostró siempre completamente inflexible. Además, es necesario terminar con los múltiples privilegios con que cuentan. Como parte de esa pelea, hay que plantearse la necesidad de imponer juicios por jurados en los casos que implican al poder, como son los casos de corrupción política. Solo dando pasos en esta dirección se puede terminar con las arbitrariedades de la Casta Judicial.
 
La Opinión Popular



 
Fernández pone la mesa y se pega a los gobernadores para avanzar contra Rosatti
 
Por Gabriela Pepe
 
Con trasfondo electoral, el Presidente se saca una foto con las provincias para el pedido de juicio político. Zamora denunció a la mano derecha del cortesano.
 
El comienzo del año electoral encontrará al presidente Alberto Fernández reunido este martes en la Casa Rosada con la Liga de las provincias que forman parte del Frente de Todos (FdT), a la que convocó para definir la letra chica de la presentación del juicio político contra el titular de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti.
 
Fernández anunció la convocatoria a provincias en el mensaje que publicó en sus redes sociales el 1° de enero por la mañana, cuando apuntó contra Rosatti por la filtración de las supuestas conversaciones de su vocero y mano derecha, Silvio Robles, con el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D' Alessandro. Ese episodio se sumó al malestar que ya existía contra el magistrado por el fallo sobre la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y la disputa por la integración del Consejo de la Magistratura.
 
"He convocado a los señores gobernadores que acompañaron al Estado Nacional en su planteo contra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que, en conjunto, impulsemos el juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Horacio Rosatti, para que se investigue su conducta en el desempeño de sus funciones", indicó Fernández en su mensaje, y agregó: "También requeriremos que se investiguen las conductas de los restantes miembros del máximo tribunal".
 
 El malestar de las provincias con la Corte Suprema quedó de manifiesto el 22 de diciembre, cuando, tras una reunión que mantuvieron con el Presidente, trece mandatarios y la gobernadora Alicia Kirchner firmaron un durísimo comunicado en el que calificaron como "incumplible" el fallo sobre la coparticipación de la Ciudad y criticaron en duros términos al máximo tribunal.
 
Tal como contó Letra P, durante esa reunión el Presidente y los mandatarios presentes hablaron sobre la posibilidad de impulsar el juicio político contra Rosatti y los otros tres miembros del máximo tribunal a raíz de una serie de decisiones que consideran como arbitrarias. Esa tarde, concluyeron que hay "una clara animadversión" de la Corte contra el peronismo. "No se aguanta más", advirtieron.
 
Ahora, Fernández abrió la oportunidad para que las provincias acompañen a la Nación en el pedido de juicio político, que presentará ante la Cámara de Diputados de la Nación. El Presidente tiene una mala opinión personal sobre Rosatti desde 2005, cuando renunció como ministro de Justicia de Néstor Kirchner; y también sobre Robles, mano derecha del supremo. La comisión de Juicio Político está en manos de la entrerriana Carolina Gaillard, muy cercana a Fernández.
 
En paralelo, fue el gobernador santiagueño Gerardo Zamora quien dio el primer paso en sede penal. El gobernador presentó una denuncia contra Robles por considerarlo "responsable de los delitos de tráfico de influencias y violación de los deberes de funcionario público".
 
 "La denuncia penal se fundamenta atento a las publicaciones periodísticas que han generado gran conmoción pública, sobre filtraciones de chat donde se habría arreglado el fallo a favor de CABA, por el índice de coparticipación federal", detalló Zamora en su cuenta de Twitter. La presentación del gobernador recayó en el juzgado federal del santiagueño Guillermo Molinari, quien imputó a Robles y ordenó que "con carácter de urgencia deposite su teléfono celular" en la Secretaría de turno correspondiente.
 
Más allá de la cuestión judicial, el encuentro entre Fernández y los gobernadores tiene un trasfondo político relacionado con la interna del FdT. Como adelantó este portal, el Presidente pretendía convocar en enero a las provincias para empezar a definir el cronograma y la estrategia electoral del espacio. El encuentro está previsto para las 11 en la Casa Rosada.
 
Fuentes: Letra P y La Izquierda Diario
 

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16-11-2025 / 09:11
El fiscal Franco Picardi estableció que buena parte de los sobreprecios y coimas con remedios para discapacitados era manejada por hombres de Mauricio Macri. En base a escritos secuestrados, se llamó a indagatoria al íntimo de Javier Milei, Diego Spagnuolo, y se ordenó la detención del principal macrista. Pablo Atchahabian, un exfuncionario de Cambiemos, ordenaba desde afuera fraccionar pagos a las droguerías y hasta los despidos en la propia agencia. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos". El rol de los Menem y la ruta del blanqueo que llega hasta José Luis Espert.
 
Cómo era el mecanismo utilizado, el lavado de dinero y los pasos que conducen a los Menem y la Casa Rosada. El fiscal Franco Picardi detalla en la acusación por las multimillonarias irregularidades en Discapacidad que buena parte de las maniobras las realizaron exfuncionarios del gobierno de Macri. Desde afuera de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) manejaban Andis.
 
Por ejemplo, se encontró un escrito en el que Pablo Atchahabian -exdirector Nacional de Acceso a la Salud durante el gobierno del PRO- ordenó fraccionar los pagos a una droguería y directamente no pagarles a otras seis "por no cumplir con lo acordado" o por ser "bocón". Es decir, no pagar las coimas, no intervenir en los sobreprecios y hablar de la trama de corrupción. La referencia seguramente es al 3 por ciento para Karina Milei y a la intervención de los primos Menem.
 
En ese terreno, el fiscal prepara otra resolución, que incluye las maniobras de la Droguería Suizo Argentina. El mismo exfuncionario macrista ordenó reducir personal (27 personas) despidiendo "rápido y sin piedad", según sus palabras. Otros exMacri accedían al sistema con usuarios y contraseñas truchas y resolvían a quién se compraba y a quién no. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos" y de que se llevaron "90.000 dólares".
 
La plata sucia se blanqueaba por dos caminos: a través de criptomonedas mediante la aplicación Neblockshain y comprándole horas de vuelo a una empresa de aviones privados, Baires Fly, propiedad de Sergio Mastroprieto, el mismo que presentó al narco Fred Machado a José Luis Espert.
 
Como ejemplo, un medicamento para el cáncer, Keytruda, comprada a laboratorios extranjeros entre 12 y 16 millones de pesos se puede comprar a un laboratorio nacional en 4.5 millones. Bursosumab, 20 mg, se llegó a comprar a 45 millones de pesos, por lo que el fiscal calcula un sobreprecio de 115 por ciento. Debió comprarse en 21 millones.
  
A lo largo de 276 páginas, el fiscal le resume al juez Sebastián Casanello la forma en que no sólo se le robaron millones y millones de dólares al Estado sino también a las propias personas con discapacidad. La clave de la maniobra era que sólo unas pocas droguerías -cuatro o cinco- participaran de las compulsas especiales de precios (así las llamaron) en lo que se conoce como PACBI (prestaciones de alto costo y baja incidencia). Son especialmente medicamentos o elementos médicos que valen millones de pesos, principalmente oncológicos.
 
El juez Casanello, en la resolución que ordena la indagatoria de Diego Spagnuolo y otras 14 personas, transcribe que "las empresas Génesis S.A y Profarma S.A. se repartieron el 93 por ciento de los 30.000 millones de pesos en medicamentos en el marco de licitaciones reducidas. Asimismo, New Farma y Floresta se adjudicaron el 51 por ciento en el rubro implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados". Tiembla Karina.
 

15-11-2025 / 10:11
Desde mayo la tendencia inflacionaria es al alza pero el IPC del Indec está lejos del sufrimiento de los bolsillos argentinos. Fuertes subas sub representadas que marcan un pulso en la calle muy distinto al que registra la estadística oficial. Es la mentira de las canastas de pobreza e indigencia. En ese marco, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei atraviesa un momento de creciente desgaste político y social, marcado por una serie de errores estratégicos, decisiones económicas controvertidas y promesas de campaña que se han diluido con el paso del tiempo.
 
Aunque el presidente continúa sosteniendo su discurso de reformas estructurales y combate contra la "casta", distintos sectores señalan falencias de gestión, inconsistencias doctrinarias y retrocesos que han afectado tanto su imagen como el rumbo de la administración. Uno de los principales focos de crítica apunta a la política económica. Pese a haber prometido libertad absoluta de mercados, el oficialismo implementó un esquema de devaluaciones administradas que contradice su discurso inicial.
 
Mientras se aplicó un crawling peg que deterioró salarios, jubilaciones y capacidad de consumo, también se produjo un reacomodamiento financiero que impactó sobre pymes y sectores productivos. El desarme de instrumentos financieros, como las letras estatales, generó un clima de incertidumbre que especialistas atribuyen a errores propios de gestión más que a herencias recibidas.
 
La gobernabilidad es otro frente de debilidad. Sin una base legislativa sólida y con tensiones internas, el oficialismo se apoyó recurrentemente en decretos, lo que debilitó la capacidad de negociación y profundizó la distancia con fuerzas aliadas y opositoras. A ello se sumó un episodio político costoso: la fallida estrategia de forzar un plebiscito anticipado, que derivó en una derrota y dejó al Presidente expuesto en su momento de mayor fragilidad.
 
La estructura de poder extremadamente concentrada, especialmente en el círculo íntimo más reducido, manejado autoritariamente por su hermana Karina, también es señalada como un factor que limita la capacidad de reacción ante crisis. Otro golpe duro llegó con el escándalo de la criptomoneda LIBRA, impulsada desde sectores cercanos al oficialismo y que terminó desplomándose abruptamente.
 
La polémica, bautizada como "Cryptogate", dañó la credibilidad presidencial, instaló dudas sobre el rol corrupto de funcionarios vinculados al proyecto y abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades políticas. A esto se suman los efectos sociales del ajuste. Los recortes profundos en salud pública redujeron programas, afectaron personal y dejaron en situación crítica a áreas sensibles, lo que despertó fuertes cuestionamientos desde organizaciones médicas y sociales. La contradicción entre el discurso de eficiencia estatal y la caída de prestaciones esenciales alimenta críticas sobre la orientación del ajuste.
 
En paralelo, varias promesas centrales de campaña quedaron inconclusas. La privatización de Vaca Muerta y de empresas estatales no avanzó; la ruptura de vínculos comerciales con países catalogados como "comunistas" quedó en declaraciones simbólicas más que en acciones concretas; y el supuesto desmantelamiento del sistema de planes sociales no llegó acompañado de mejoras sostenibles en la asistencia. Incluso afirmaciones erróneas sobre vacunas, como en el caso de la prevención del dengue, generaron malestar por la falta de precisión en cuestiones de salud pública. Con este panorama, Milei enfrenta un desgaste que combina problemas económicos, errores políticos y promesas que no lograron materializarse.
 
La Opinión Popular
 

15-11-2025 / 09:11
En una sincronía que se ha repetido en la historia, al tiempo que en Naciones Unidas el representante del gobierno argentino acusaba de corruptas a las víctimas de la dictadura y a sus familiares, en Washington se anunciaba un acuerdo con el gobierno de Javier "el Loco" Milei de subordinación y entrega. En Argentina, la violación de los derechos humanos, o su negación como en este caso, siempre tuvo su correlato con una relación de sumisión abyecta con Estados Unidos. La injerencia yanqui sobre su colonia argentina se profundiza. 

El miserable discurso pronunciado en la Comisión contra la Tortura de la ONU generó rechazo entre los demás presentes. En general, revictimizar a personas que han sufrido las peores aberraciones en torturas, violaciones, secuestros y desapariciones, genera repugnancia.

El funcionario al que le tocó jugar ese papel denigrante fue el subsecretario de Derechos Humanos, el siniestro Alberto Baños. Acusó a los organismos de derechos humanos, a las víctimas de la represión y a sus familiares de inventar la cifra de los 30 mil desaparecidos "para hacer negocio".
 
Este personaje tenía que responder preguntas sobre la represión del gobierno de Javier Milei a la protesta social y por el cercenamiento de políticas de derechos humanos. Pero eligió el papel más repulsivo para desacreditar a los organismos de derechos humanos que han sido quizás el aporte más democratizador que tuvo el proceso de transición democrática en la Argentina.
 
Baños es un exponente típico de un amplio sector del Poder Judicial. Se incorporó al fuero civil de la ciudad de Buenos Aires durante la dictadura y fue designado juez en el gobierno de Carlos Menem. Tuvo a su cargo algunos casos de resonancia, como la desaparición del policía de la Ciudad Arshak Karshanyan, en la que estaban sospechados miembros de esa institución. Baños hizo que la misma policía sospechada participara en la investigación y después de un tiempo dejó el caso sin resolver.
 
En otro caso, declaró prescripta la corrupción por el vaciamiento de Aerolíneas, lo que después tuvo que ser reconsiderado por otro tribunal. Y cuando se reabrió la investigación por la desaparición de las manos de Perón, la carpeta donde estaban los resultados de la investigación fue misteriosamente sustraída de su despacho.
 
No sería el sujeto más indicado para hablar de corrupción o para ser la cara de los derechos humanos de un gobierno que los respete. Más bien, su función ha sido hasta ahora liquidar las políticas de derechos humanos que la sociedad construyó laboriosamente desde la retirada de la dictadura.
 
Y en su presentación en Ginebra ante la Comisión contra la Tortura intentó ocultar la violencia institucional del gobierno del estafador Milei que todos los miércoles es pública y notoria cuando reprime con violencia a los jubilados.
 
La presentación tan sucia de Baños coincidió con el anuncio del gobierno de Estados Unidos del acuerdo con Milei que levanta aranceles aduaneros a los productos de ese país, elimina controles de calidad, así como controles sanitarios y se compromete a obstaculizar el ingreso de productos de otros países.
 
La contrapartida es cero. Estados Unidos no se compromete a nada que favorezca a los productos argentinos. Lo que se conoce del acuerdo afectará gravemente a la industria local como advirtió el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde se asienta gran parte de esa actividad. Hay una regla invariable en la historia moderna del país: la violación sistemática de los derechos humanos ha estado siempre relacionada con gobiernos que al mismo tiempo entregaron soberanía. 
 

14-11-2025 / 09:11
La Casa Blanca de Estados Unidos dio a conocer unilateralmente los primeros lineamientos del acuerdo comercial entre Argentina y EE.UU., a espaldas de los argentinos y del debate en el Congreso. Anunciaron un acuerdo comercial y de inversiones que materializa el momento histórico de mayor subordinación colonialista de Argentina a Estados Unidos. Más apertura hacia la entrada de productos yanquis incluso agrarios, eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias, entre otros puntos. Sin detalles, que todavía deben ser negociados, el texto muestra un completo alineamiento con todas las regulaciones norteamericanas, más allá del interés argentino, y la apertura total a sus mercaderías. El comunicado local no expresa claramente cuáles serían los "beneficios" para Argentina.
 
Los argentinos nos enteramos del acuerdo por el que Trump viene a cobrar su apoyo electoral a Milei, y que pagaremos todos los argentinos. Allí, se anuncia la firma de un convenio Marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos con Argentina. Ambos países se comprometen en abrir sus mercados en "áreas clave", aunque en la letra del texto difundido es mucho más la Argentina abriendo sus fronteras a los productos norteamericanos que los "compromisos" asumidos por este último. Es una reversión de Pacto Roca-Runcimann de 1933, el Estatuto Legal del Coloniaje, que subordinó la economía argentina a los intereses británicos.
 
El acuerdo favorece mucho más a los Estados Unidos. Entre los puntos principales destaca que Argentina brindará "acceso preferencial a productos estadounidenses como medicamentos, maquinaria, tecnologías de la información y productos agrícolas". A su vez, Estados Unidos eliminará aranceles para "ciertos recursos naturales argentinos y bienes farmacéuticos no patentados" y considerará el impacto del acuerdo al aplicar medidas comerciales relacionadas con la seguridad nacional.
 
En el ámbito agrícola, ambas partes se comprometieron a mejorar las condiciones de acceso al mercado de carne vacuna y aviar, así como a facilitar el comercio de productos como menudencias, carne de cerdo y productos lácteos. También se acordó no restringir el uso de ciertos términos cárnicos y lácteos.
 
El documento subraya que Argentina eliminará barreras no arancelarias como licencias de importación y formalidades consulares, y se comprometió a desmantelar gradualmente el impuesto estadístico para productos estadounidenses. Asimismo, se alineará con estándares internacionales en múltiples sectores y reconocerá certificaciones de organismos estadounidenses como la FDA. Este último punto implica un mazazo para la industria farmacéutica nacional.
 
Es un acuerdo con costos. El Marco de Comercio Recíproco e Inversión se presenta como un paso histórico para el vínculo bilateral. Sin embargo, la letra fina sugiere que Milei es un títere de los yanquis y los principales beneficios inmediatos recaerán sobre la economía de la potencia del norte: mayor acceso a sectores industriales y tecnológicos argentinos, influencia regulatoria ampliada, apertura en agroalimentos y una posición reforzada en cadenas de valor estratégicas. Para Argentina, los potenciales beneficios -posible llegada de inversiones- dependerán de cómo se implementen las reformas y de si el país puede evitar que la apertura derive en una nueva dependencia comercial asimétrica.
 
Milei celebró la difusión del acuerdo por parte del gobierno de Estados Unidos (que en Argentina no se oficializó formalmente). Para los norteamericanos, los "recates" al gobierno anarco capitalista tras haber fracasado no una, sino dos veces en menos de seis meses (salvataje del FMI en abril y de EEUU en octubre), están rindiendo con el sometimiento de Argentina en forma de entrega de soberanía.
 
La Opinión Popular

13-11-2025 / 09:11
Se perdieron más de 220.000 puestos de trabajo durante el gobierno cipayo, vende patria y pro oligarca de Javier "el Loco" Milei. Es la caída de empleo registrado privado, público y trabajadoras de casas particulares en agosto en relación a noviembre de 2023. En el mismo período creció el monotributo (+121.740). La precarización laboral avanza. En ese marco, Milei puso nuevamente en agenda la reforma laboral con el falso argumento de crear empleo. En la historia del país ya se demostró que eso no ocurrió, solo avanzó la precarización laboral, con salarios por el piso, que aumentó las ganancias de los empresarios.
 
El impensable y contundente resultado electoral de hace unos domingos atrás agrandó al gobierno anarco capitalista, que pasó a la ofensiva. La punta de lanza de esta ofensiva es la promocionada reforma laboral. ¿Se trata de una modernización equitativa y democrática de las relaciones capital trabajo, o se trata de una regresión a formas de dominio absoluto del capital sobre el trabajo?
 
Aprovechando el envión dado por las urnas, Milei está decidido a cumplir con las imposiciones del FMI. Que el Congreso apruebe el presupuesto 2026 en las sesiones extraordinarias de diciembre y sancione las leyes que impongan las reformas laboral esclavista y la tributaria, también exigidas por el Círculo Rojo, en enero. La previsional quedaría para más adelante.
 
Así como desde el inicio de su gestión creó una suerte de sentido común acerca de las bondades del equilibrio fiscal, que ya nadie en la oposición sistémica discute. Así ha buscado imponer un ambiente favorable a las reformas, particularmente la que tiene que ver en contra de los derechos del trabajo.
 
Los argumentos son por demás conocidos. Modernizar la legislación y sus normativas que estarían obsoletas frente a los nuevos procesos de producción y comercialización, que no se adaptarían a las nuevas tecnologías en continuo cambio, que su rigidez impediría la creación de empleo y por lo tanto obstaculizaría la reducción de la informalidad. Cuando el desempleo en Argentina llegó al 7,9% en el primer trimestre de 2025, según el INDEC. Casi 1,8 millones de personas estuvieron sin trabajo en ese período.
 
No se trata de ninguna modernización, es una regresión a las condiciones laborales del pre peronismo, si se quiere de fines del siglo XIX y principios del XX, que maximizan las ganancias de las empresas sobre la base de rebajar aún más el ingreso de los trabajadores. La experiencia demuestra que este tipo de reformas solo traen más precarización y pérdida de derechos. (Recordar "Ley de Empleo", 1991 y "Ley de Empleo, productividad y equidad", 2000 (Ley Banelco). La creación de empleos formales, que baja la informalidad, no depende de este tipo de normativas sino del crecimiento de la inversión productiva y la expansión de la actividad económica.
 
¿Qué tipo de reforma es necesaria? Una que compense la asimetría entre capital y trabajo, que no incline la cancha más de lo que está. Que por ejemplo reduzca la jornada para crear empleo. Que reconozca la calidad de trabajadores y por lo tanto sus derechos a quiénes se desempeñan en los servicios de plataformas. Que otorgue derechos a quienes trabajan en la Economía Popular. Que reconozca las licencias por paternidad y regule las tareas de cuidados...
 
Las condiciones de vida de los trabajadores no mejorarán con la reforma laboral de Milei, hay que rechazar el proyecto y conquistar trabajo con derecho para todos. No hay nada que negociar. Por el contrario, hay que resistir y luchar contra esta reforma antiobrera y antisindical que beneficia a los ricos y perjudica a los pobres. 
 
La Opinión Popular
 

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