15:54 | Jueves 01 de Enero de 2013 | Entre Ríos

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Nacionales - 03-01-2023 / 11:01

EL GOBIERNO BUSCA DESGASTAR A LOS CORTESANOS EN UN LARGO PROCESO, DIFÍCIL DE GANAR

Como era de esperar, Juntos por el Cambio salió a bancar a Rosatti y a la Corte macrista

Juntos por el Cambio anunció este lunes su rechazo al pedido del presidente Alberto Fernández de avanzar con un juicio político al titular de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, luego de que salieran a la luz los chats entre su vocero, Silvio Robles, y el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, donde le adelanta información sobre el fallo y le aconseja la estrategia a seguir en la pelea judicial por la coparticipación que benefició a Horacio Rodríguez Larreta y perjudicó a las provincias.

Juntos por el Cambio anunció este lunes su rechazo al pedido del presidente Alberto Fernández de avanzar con un juicio político al titular de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, luego de que salieran a la luz los chats entre su vocero, Silvio Robles, y el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, donde le adelanta información sobre el fallo y le aconseja la estrategia a seguir en la pelea judicial por la coparticipación que benefició a Horacio Rodríguez Larreta y perjudicó a las provincias. Como era de esperar, sin conocer los fundamentos de la demanda, la oposición de derecha salió rápidamente a defender a Rosatti ante el pedido del oficialismo. Ese pedido tiene un carácter casi simbólico, porque el Gobierno no tiene todavía los votos para impulsarlo.

El Frente de Todos denunció así el avance del Poder Judicial. En el mensaje de Presidencia de la Nación donde se anuncia avanzar en el juicio político se lee, por ejemplo, que "en los últimos meses hemos visto un avance inadmisible del Poder Judicial de la Nación sobre los otros poderes de la Argentina". Si Juntos por el Cambio es un defensor abierto de esta casta poblada de beneficios -como ingresos millonarios, exención de impuestos o cargos vitalicios-, el Frente de Todos deberá enfrentarlos con denuncias.

Nadie debería sorprenderse que la oposición de derecha agrupada en Juntos por el Cambio saliera en defensa de la cuestionada Corte Suprema y de su presidente, el macrista Rosatti. En un comunicado, desde JxC señalaron que se trataba de "maniobras desesperadas contra la Justicia", que tienen el objetivo de buscar impunidad. Este tipo de acusaciones tampoco sorprenden viniendo del macrismo. Se trata de quienes aplaudieron el fallo en la llamada Causa Vialidad, ejecutado sin pruebas ni derecho a defensa.

Desplegando un cinismo absoluto, el comunicado denuncia el crecimiento de la "inflación, la pobreza, la desigualdad, la inseguridad y la calidad educativa". En ese marco, afirma que "el único objetivo que los desvela un 1 de enero es tener una Justicia sometida", en referencia al intento oficial. Sin embargo, es precisamente la oposición de derecha la que ejecutó en el gobierno un plan en ese sentido y ahora es la que pide un ajuste más duro al Gobierno.

El anuncio del Gobierno de que intentará avanzar en el juicio político contra el titular de la Corte Suprema tiene mucho de mensaje político. El Gobierno no tiene los votos necesarios para avanzar en hacer realidad el pedido en la Cámara de Diputados. Allí necesita garantizar una votación por 2/3 para que se apruebe iniciar el proceso.

Cerrado el camino de la mecánica parlamentaria, la única vía posible para el oficialismo sería una presión apelando a medidas de presión en las calles, recurriendo a la movilización popular para desgastar a los cortesanos. El desprestigio total de la casta judicial macrista despierta suficiente repudio en los sectores populares como para hacer esa convocatoria. Y ante tanta evidencia que comprueba el mal desempeño y los delitos cometidos en el ejercicio del poder, será muy difícil para la oposición defender a los cortesanos en el ámbito parlamentario.

Hay una clara animadversión de la Corte contra el peronismo. La estrategia del Frente de Todos deberá confrontar seriamente con la casta judicial y con los otros grandes poderes fácticos del país: el mediático y el económico. Lograr márgenes de negociación con ellos es imposible, ya que la derecha -como resulta previsible- se mostró siempre completamente inflexible. Además, es necesario terminar con los múltiples privilegios con que cuentan. Como parte de esa pelea, hay que plantearse la necesidad de imponer juicios por jurados en los casos que implican al poder, como son los casos de corrupción política. Solo dando pasos en esta dirección se puede terminar con las arbitrariedades de la Casta Judicial.

La Opinión Popular

Fernández pone la mesa y se pega a los gobernadores para avanzar contra Rosatti

Por Gabriela Pepe

Con trasfondo electoral, el Presidente se saca una foto con las provincias para el pedido de juicio político. Zamora denunció a la mano derecha del cortesano.

El comienzo del año electoral encontrará al presidente Alberto Fernández reunido este martes en la Casa Rosada con la Liga de las provincias que forman parte del Frente de Todos (FdT), a la que convocó para definir la letra chica de la presentación del juicio político contra el titular de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti.

Fernández anunció la convocatoria a provincias en el mensaje que publicó en sus redes sociales el 1° de enero por la mañana, cuando apuntó contra Rosatti por la filtración de las supuestas conversaciones de su vocero y mano derecha, Silvio Robles, con el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D' Alessandro. Ese episodio se sumó al malestar que ya existía contra el magistrado por el fallo sobre la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y la disputa por la integración del Consejo de la Magistratura.

"He convocado a los señores gobernadores que acompañaron al Estado Nacional en su planteo contra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que, en conjunto, impulsemos el juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Horacio Rosatti, para que se investigue su conducta en el desempeño de sus funciones", indicó Fernández en su mensaje, y agregó: "También requeriremos que se investiguen las conductas de los restantes miembros del máximo tribunal".

El malestar de las provincias con la Corte Suprema quedó de manifiesto el 22 de diciembre, cuando, tras una reunión que mantuvieron con el Presidente, trece mandatarios y la gobernadora Alicia Kirchner firmaron un durísimo comunicado en el que calificaron como "incumplible" el fallo sobre la coparticipación de la Ciudad y criticaron en duros términos al máximo tribunal.

Tal como contó Letra P, durante esa reunión el Presidente y los mandatarios presentes hablaron sobre la posibilidad de impulsar el juicio político contra Rosatti y los otros tres miembros del máximo tribunal a raíz de una serie de decisiones que consideran como arbitrarias. Esa tarde, concluyeron que hay "una clara animadversión" de la Corte contra el peronismo. "No se aguanta más", advirtieron.

Ahora, Fernández abrió la oportunidad para que las provincias acompañen a la Nación en el pedido de juicio político, que presentará ante la Cámara de Diputados de la Nación. El Presidente tiene una mala opinión personal sobre Rosatti desde 2005, cuando renunció como ministro de Justicia de Néstor Kirchner; y también sobre Robles, mano derecha del supremo. La comisión de Juicio Político está en manos de la entrerriana Carolina Gaillard, muy cercana a Fernández.

En paralelo, fue el gobernador santiagueño Gerardo Zamora quien dio el primer paso en sede penal. El gobernador presentó una denuncia contra Robles por considerarlo "responsable de los delitos de tráfico de influencias y violación de los deberes de funcionario público".

"La denuncia penal se fundamenta atento a las publicaciones periodísticas que han generado gran conmoción pública, sobre filtraciones de chat donde se habría arreglado el fallo a favor de CABA, por el índice de coparticipación federal", detalló Zamora en su cuenta de Twitter. La presentación del gobernador recayó en el juzgado federal del santiagueño Guillermo Molinari, quien imputó a Robles y ordenó que "con carácter de urgencia deposite su teléfono celular" en la Secretaría de turno correspondiente.

Más allá de la cuestión judicial, el encuentro entre Fernández y los gobernadores tiene un trasfondo político relacionado con la interna del FdT. Como adelantó este portal, el Presidente pretendía convocar en enero a las provincias para empezar a definir el cronograma y la estrategia electoral del espacio. El encuentro está previsto para las 11 en la Casa Rosada.

Fuentes: Letra P y La Izquierda Diario

31-12-2025 / 09:12

Para disimular las coimas a Karina y los sobreprecios con los medicamentos para discapacitados, cerraron la Andis

Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.

Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.

"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.

El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.

Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.

Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.

Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".

Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.

En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.

30-12-2025 / 10:12

El fallo de la Justicia declaró al cruel protocolo antipiquetes de Bullrich nulo e ilegítimo

La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.

La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.

El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.

El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".

"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.

Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.

En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.

La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.

29-12-2025 / 09:12

Los datos oficiales, muy lejos de la realidad en inflación, pobreza y salario, entre los más deficitarios

La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.

Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.

Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.

El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".

El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".

El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.

Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.

"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.

La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.

"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".

28-12-2025 / 12:12

Al revés de lo que pretende Milei, las empresas remarcan para amortiguar caída de ventas y pérdidas millonarias

Las ventas en rubros estratégicos de Alimentos caen hasta 20% interanual, y aun así las fábricas avisaron aumentos mayores al 5% desde el 1 de enero. El diagnóstico de la UIA da balance en rojo de Los 4 grandes. Deberá el presidente Javier "el Loco" Milei quemar en la hoguera de los balances de fin de año una de sus teorías predilectas sobre uno de los fenómenos que creyó tener bajo control, pero que se le está desmadrando.

Apasionado por la idea del poco iluminado economista austríaco Carl Menger, el mandatario aplicó uno de sus principios para -a lo largo de estos dos años- afirmar que los precios se establecen en relación no a los costos de producción y otros factores, sino a la cantidad de dinero que los consumidores estén dispuestos a convalidar como precio de ese bien.

Pero los hechos muestran que pasó exactamente lo contrario: hace varios meses, y sobre todo con mayor intensidad desde el triunfo electoral libertario el 26 de octubre, las grandes empresas del sector alimentos decidieron subir los precios, aún en un contexto de consumo masivo desplomado.

Es decir, eligieron regular su pérdida aumentando el precio del producto, sin importar lo que los consumidores creen, convalidan o rechazan sobre esos precios. Y esto pegó de lleno en las mediciones de inflación del INDEC, que siguen centradas más en Bienes que en Servicios, a pesar del cambio de composición en el gasto de los hogares.

Así, Milei y su ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, se garantizaron la permanencia en el escenario que todos los gobiernos intentan esquivar: la estanflación, es decir, estancamiento de la actividad con inflación al alza.

Desde octubre, de hecho, no hubo ni una sola semana con precios de alimentos estables, y las últimas cuatro semanas del mes acumulan un alza de al menos 2,5 por ciento en un rubro clave como es el consumo de bienes básicos.

PáginaI12 accedió en las últimas horas a listados con aumentos de precios de hasta 6 por ciento a aplicarse desde el 1° de enero en diferentes rubros. "No hay explicación alguna", admiten los comerciantes que recibieron las alzas, pero aseguran que las empresas de alimentos nucleadas en la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL) precisan que no hay otra forma de amortiguar que la crisis que venden por precios lo que no sale de góndola por cantidades.

Hay un pelotón de firmas, entre las que están los gigantes Procter & Gamble, SC Johnson y Unilever, que ya avisaron que desde el 1° de enero aumentan un 5 por ciento toda su línea de productos. Un poco más abajo, aparecen lácteas como La Serenísima, que pasaron listas con aumentos del 2,5 para enero. Esto último es curioso, dado que la mayoría de las empresas, a diferencia de lo que ve el Gobierno, estiman que la inflación será mayor, no menor, en los meses siguientes.

En ese grupo de las que pasaron aumentos cercanos al 3 por ciento también aparecen Coca Cola y Pepsi, y varias de las empresas que producen cerveza, que hace al menos tres meses no suben de precio y tienen ventas derrumbadas, aún en los calores, temporada alta de su negocio.

Lo curioso es que, a muchas de estas firmas, hace cerca de dos semanas, los supermercados y comercios ya les rechazaron listas de aumentos por no querer aplicarlos. El Gobierno, que se jacta de ser el más liberal del mundo, les ruega a los comerciantes que no acepten aumentos, sino el desborde sería mayor.

27-12-2025 / 09:12

Defendiendo lo indefendible: El apoyo a Milei fue contra los intereses de la mayoría que lo votó, aunque ellos se ilusionan con lo contrario

Negando lo innegable, defendiendo lo indefendible. Con iglesias evangélicas que se oponen al aborto pero apoyan a un gobierno que regala libros que elogian a proxenetas y narcos; con militares que votan en masa a un gobierno que los lleva al suicidio; con industriales que se entusiasman con el oficialismo que los lleva a la quiebra; con jóvenes que se ilusionan con un "cambio" que les roba el futuro; con un gobierno que abandona a los discapacitados, pero se queda con una coima del tres por ciento de sus medicamentos, el país parece terminar el año en un descomunal aquelarre cuya lógica la oposición no termina de aprehender.

Surgen gurúes de la pobreza que entienden todo y autoflagelaciones de culpa que recriminan incapacidad, pero en realidad no se trata de un fenómeno exclusivo, sino que acompaña la deriva de Occidente. Estados Unidos, que ha sido la matriz ideológica de las últimas décadas, se ha lanzado a la conquista agresiva de Latinoamérica.

El diseño es igual de esquizofrénico, primero establece una ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que le permite sólo a Estados Unidos fabricar guerras para robar petróleo, como a Venezuela, confiscar recursos financieros, como a Rusia, o decretar aranceles de castigo para todo el mundo.

Y después la completa con lineamientos de seguridad nacional que le permiten agredir, invadir o bloquear a cualquier otro país. La esquizofrenia está en la pretensión de que el mundo acepte esos auto permisos como leyes establecidas incluso por los que son agredidos.

En la que fue la primera democracia del planeta cualquiera puede ser detenido sin causa sólo por el tono de su piel y tiene de presidente a Donald Trump que fue acusado de intentar un golpe de Estado. Por años, Occidente ha asimilado en forma bizarra el producto ideológico de esa matriz que en realidad ocultaba la relación entre el imperio y sus colonias dominadas.

Con la pérdida de poder de Estados Unidos en su puja con China, el fondo de esa lógica quedó al descubierto, pero Washington mantiene la pretensión de que su propuesta de opresión se asuma como de libertad. Parece una estupidez obvia, pero cuenta con el dispositivo de construcción simbólica más poderoso del planeta y de la historia de la humanidad para hacerlo creíble.

Aparecieron réplicas en América Latina y aquí en Argentina se expresó en los libertarios, donde esa palabra que identificaba a los viejos anarquistas fue apropiada por lo opuesto: el poder de las corporaciones sobre el resto de la sociedad; la palabra Libertad también significa lo opuesto a lo que ellos proponen y la idea de "cambio" en realidad significa para ellos romper los cambios verdaderos que promovieron igualdad y libertad.

Son sociedades donde la esperanza se reemplazó por la ansiedad y la depresión, porque la ilusión de que sólo basta el mérito personal termina en frustración. Son sociedades, como la Argentina, donde el suicidio se ha triplicado a causa de la frustración y la depresión y se ha convertido en la principal causa de muerte violenta en los jóvenes entre los 10 y 19 años. Todos los días se suicida un chico o chica en Argentina según un informe del Ministerio de Seguridad que se publicó a mediados de noviembre, en 2024 hubo 4294 suicidios.

En la semana previa a las navidades, -que la diputada libertaria Juliana Santillán confundió con las Pascuas (¡!)- hubo tres suicidios de soldados y otro de un gendarme. Las Fuerzas Armadas y De Seguridad votaron masivamente a este gobierno que los ha hundido en la pobreza.