, donde le adelanta información sobre el fallo y le aconseja la estrategia a seguir en la pelea judicial por la coparticipación que benefició a Horacio Rodríguez Larreta y perjudicó a las provincias. Como era de esperar, sin conocer los fundamentos de la demanda, la oposición de derecha salió rápidamente a defender a Rosatti ante el pedido del oficialismo. Ese pedido tiene un carácter casi simbólico, porque el Gobierno no tiene todavía los votos para impulsarlo.
 
El Frente de Todos denunció así el avance del Poder Judicial. En el mensaje de Presidencia de la Nación donde se anuncia avanzar en el juicio político se lee, por ejemplo, que "en los últimos meses hemos visto un avance inadmisible del Poder Judicial de la Nación sobre los otros poderes de la Argentina". Si Juntos por el Cambio es un defensor abierto de esta casta poblada de beneficios -como ingresos millonarios, exención de impuestos o cargos vitalicios-, el Frente de Todos deberá enfrentarlos con denuncias.
 
Nadie debería sorprenderse que la oposición de derecha agrupada en Juntos por el Cambio saliera en defensa de la cuestionada Corte Suprema y de su presidente, el macrista Rosatti. En un comunicado, desde JxC señalaron que se trataba de "maniobras desesperadas contra la Justicia", que tienen el objetivo de buscar impunidad. Este tipo de acusaciones tampoco sorprenden viniendo del macrismo. Se trata de quienes aplaudieron el fallo en la llamada Causa Vialidad, ejecutado sin pruebas ni derecho a defensa.
 
Desplegando un cinismo absoluto, el comunicado denuncia el crecimiento de la "inflación, la pobreza, la desigualdad, la inseguridad y la calidad educativa". En ese marco, afirma que "el único objetivo que los desvela un 1 de enero es tener una Justicia sometida", en referencia al intento oficial. Sin embargo, es precisamente la oposición de derecha la que ejecutó en el gobierno un plan en ese sentido y ahora es la que pide un ajuste más duro al Gobierno.
 
El anuncio del Gobierno de que intentará avanzar en el juicio político contra el titular de la Corte Suprema tiene mucho de mensaje político. El Gobierno no tiene los votos necesarios para avanzar en hacer realidad el pedido en la Cámara de Diputados. Allí necesita garantizar una votación por 2/3 para que se apruebe iniciar el proceso.

Cerrado el camino de la mecánica parlamentaria, la única vía posible para el oficialismo sería una presión apelando a medidas de presión en las calles, recurriendo a la movilización popular para desgastar a los cortesanos. El desprestigio total de la casta judicial macrista despierta suficiente repudio en los sectores populares como para hacer esa convocatoria. Y ante tanta evidencia que comprueba el mal desempeño y los delitos cometidos en el ejercicio del poder, será muy difícil para la oposición defender a los cortesanos en el ámbito parlamentario.

Hay una clara animadversión de la Corte contra el peronismo. La estrategia del Frente de Todos deberá confrontar seriamente con la casta judicial y con los otros grandes poderes fácticos del país: el mediático y el económico. Lograr márgenes de negociación con ellos es imposible, ya que la derecha -como resulta previsible- se mostró siempre completamente inflexible. Además, es necesario terminar con los múltiples privilegios con que cuentan. Como parte de esa pelea, hay que plantearse la necesidad de imponer juicios por jurados en los casos que implican al poder, como son los casos de corrupción política. Solo dando pasos en esta dirección se puede terminar con las arbitrariedades de la Casta Judicial.
 
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Nacionales - 03-01-2023 / 11:01
EL GOBIERNO BUSCA DESGASTAR A LOS CORTESANOS EN UN LARGO PROCESO, DIFÍCIL DE GANAR

Como era de esperar, Juntos por el Cambio salió a bancar a Rosatti y a la Corte macrista

Como era de esperar, Juntos por el Cambio salió a bancar a Rosatti y a la Corte macrista
Juntos por el Cambio anunció este lunes su rechazo al pedido del presidente Alberto Fernández de avanzar con un juicio político al titular de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, luego de que salieran a la luz los chats entre su vocero, Silvio Robles, y el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, donde le adelanta información sobre el fallo y le aconseja la estrategia a seguir en la pelea judicial por la coparticipación que benefició a Horacio Rodríguez Larreta y perjudicó a las provincias.
Juntos por el Cambio anunció este lunes su rechazo al pedido del presidente Alberto Fernández de avanzar con un juicio político al titular de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, luego de que salieran a la luz los chats entre su vocero, Silvio Robles, y el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, donde le adelanta información sobre el fallo y le aconseja la estrategia a seguir en la pelea judicial por la coparticipación que benefició a Horacio Rodríguez Larreta y perjudicó a las provincias. Como era de esperar, sin conocer los fundamentos de la demanda, la oposición de derecha salió rápidamente a defender a Rosatti ante el pedido del oficialismo. Ese pedido tiene un carácter casi simbólico, porque el Gobierno no tiene todavía los votos para impulsarlo.
 
El Frente de Todos denunció así el avance del Poder Judicial. En el mensaje de Presidencia de la Nación donde se anuncia avanzar en el juicio político se lee, por ejemplo, que "en los últimos meses hemos visto un avance inadmisible del Poder Judicial de la Nación sobre los otros poderes de la Argentina". Si Juntos por el Cambio es un defensor abierto de esta casta poblada de beneficios -como ingresos millonarios, exención de impuestos o cargos vitalicios-, el Frente de Todos deberá enfrentarlos con denuncias.
 
Nadie debería sorprenderse que la oposición de derecha agrupada en Juntos por el Cambio saliera en defensa de la cuestionada Corte Suprema y de su presidente, el macrista Rosatti. En un comunicado, desde JxC señalaron que se trataba de "maniobras desesperadas contra la Justicia", que tienen el objetivo de buscar impunidad. Este tipo de acusaciones tampoco sorprenden viniendo del macrismo. Se trata de quienes aplaudieron el fallo en la llamada Causa Vialidad, ejecutado sin pruebas ni derecho a defensa.
 
Desplegando un cinismo absoluto, el comunicado denuncia el crecimiento de la "inflación, la pobreza, la desigualdad, la inseguridad y la calidad educativa". En ese marco, afirma que "el único objetivo que los desvela un 1 de enero es tener una Justicia sometida", en referencia al intento oficial. Sin embargo, es precisamente la oposición de derecha la que ejecutó en el gobierno un plan en ese sentido y ahora es la que pide un ajuste más duro al Gobierno.
 
El anuncio del Gobierno de que intentará avanzar en el juicio político contra el titular de la Corte Suprema tiene mucho de mensaje político. El Gobierno no tiene los votos necesarios para avanzar en hacer realidad el pedido en la Cámara de Diputados. Allí necesita garantizar una votación por 2/3 para que se apruebe iniciar el proceso.

Cerrado el camino de la mecánica parlamentaria, la única vía posible para el oficialismo sería una presión apelando a medidas de presión en las calles, recurriendo a la movilización popular para desgastar a los cortesanos. El desprestigio total de la casta judicial macrista despierta suficiente repudio en los sectores populares como para hacer esa convocatoria. 
Y ante tanta evidencia que comprueba el mal desempeño y los delitos cometidos en el ejercicio del poder, será muy difícil para la oposición defender a los cortesanos en el ámbito parlamentario.


Hay una clara animadversión de la Corte contra el peronismo. La estrategia del Frente de Todos deberá confrontar seriamente con la casta judicial y con los otros grandes poderes fácticos del país: el mediático y el económico. Lograr márgenes de negociación con ellos es imposible, ya que la derecha -como resulta previsible- se mostró siempre completamente inflexible. Además, es necesario terminar con los múltiples privilegios con que cuentan. Como parte de esa pelea, hay que plantearse la necesidad de imponer juicios por jurados en los casos que implican al poder, como son los casos de corrupción política. Solo dando pasos en esta dirección se puede terminar con las arbitrariedades de la Casta Judicial.
 
La Opinión Popular



 
Fernández pone la mesa y se pega a los gobernadores para avanzar contra Rosatti
 
Por Gabriela Pepe
 
Con trasfondo electoral, el Presidente se saca una foto con las provincias para el pedido de juicio político. Zamora denunció a la mano derecha del cortesano.
 
El comienzo del año electoral encontrará al presidente Alberto Fernández reunido este martes en la Casa Rosada con la Liga de las provincias que forman parte del Frente de Todos (FdT), a la que convocó para definir la letra chica de la presentación del juicio político contra el titular de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti.
 
Fernández anunció la convocatoria a provincias en el mensaje que publicó en sus redes sociales el 1° de enero por la mañana, cuando apuntó contra Rosatti por la filtración de las supuestas conversaciones de su vocero y mano derecha, Silvio Robles, con el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D' Alessandro. Ese episodio se sumó al malestar que ya existía contra el magistrado por el fallo sobre la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y la disputa por la integración del Consejo de la Magistratura.
 
"He convocado a los señores gobernadores que acompañaron al Estado Nacional en su planteo contra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que, en conjunto, impulsemos el juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Horacio Rosatti, para que se investigue su conducta en el desempeño de sus funciones", indicó Fernández en su mensaje, y agregó: "También requeriremos que se investiguen las conductas de los restantes miembros del máximo tribunal".
 
 El malestar de las provincias con la Corte Suprema quedó de manifiesto el 22 de diciembre, cuando, tras una reunión que mantuvieron con el Presidente, trece mandatarios y la gobernadora Alicia Kirchner firmaron un durísimo comunicado en el que calificaron como "incumplible" el fallo sobre la coparticipación de la Ciudad y criticaron en duros términos al máximo tribunal.
 
Tal como contó Letra P, durante esa reunión el Presidente y los mandatarios presentes hablaron sobre la posibilidad de impulsar el juicio político contra Rosatti y los otros tres miembros del máximo tribunal a raíz de una serie de decisiones que consideran como arbitrarias. Esa tarde, concluyeron que hay "una clara animadversión" de la Corte contra el peronismo. "No se aguanta más", advirtieron.
 
Ahora, Fernández abrió la oportunidad para que las provincias acompañen a la Nación en el pedido de juicio político, que presentará ante la Cámara de Diputados de la Nación. El Presidente tiene una mala opinión personal sobre Rosatti desde 2005, cuando renunció como ministro de Justicia de Néstor Kirchner; y también sobre Robles, mano derecha del supremo. La comisión de Juicio Político está en manos de la entrerriana Carolina Gaillard, muy cercana a Fernández.
 
En paralelo, fue el gobernador santiagueño Gerardo Zamora quien dio el primer paso en sede penal. El gobernador presentó una denuncia contra Robles por considerarlo "responsable de los delitos de tráfico de influencias y violación de los deberes de funcionario público".
 
 "La denuncia penal se fundamenta atento a las publicaciones periodísticas que han generado gran conmoción pública, sobre filtraciones de chat donde se habría arreglado el fallo a favor de CABA, por el índice de coparticipación federal", detalló Zamora en su cuenta de Twitter. La presentación del gobernador recayó en el juzgado federal del santiagueño Guillermo Molinari, quien imputó a Robles y ordenó que "con carácter de urgencia deposite su teléfono celular" en la Secretaría de turno correspondiente.
 
Más allá de la cuestión judicial, el encuentro entre Fernández y los gobernadores tiene un trasfondo político relacionado con la interna del FdT. Como adelantó este portal, el Presidente pretendía convocar en enero a las provincias para empezar a definir el cronograma y la estrategia electoral del espacio. El encuentro está previsto para las 11 en la Casa Rosada.
 
Fuentes: Letra P y La Izquierda Diario
 

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28-03-2026 / 07:03
La historia, caprichosa pero justa, suele poner las cosas en su lugar. El reciente fallo de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que rechaza de plano la demanda de los fondos buitres contra la República Argentina por la recuperación de YPF, no es solo un alivio para las cuentas públicas; es la partida de nacimiento de una verdad que el relato libertario intentó asfixiar: la soberanía nacional no fue un error, sino el acierto estratégico más importante del siglo XXI.


Este veredicto no constituye únicamente una victoria jurídica, sino que representa una reivindicación política total para Axel Kicillof. En 2012, el entonces ministro de Economía comprendió que un país sin el control de su propia energía es un país sin destino. El tiempo, ese juez implacable, terminó por darle la razón: hoy, Vaca Muerta no es una entelequia, sino una realidad que bate récords de producción y sostiene el andamiaje de una Argentina que, de otro modo, estaría de rodillas.

 
En este escenario, es imperativo apelar a la memoria y desenmascarar el cinismo. El hoy presidente no fue un observador neutral en esta disputa; fue un militante activo y un lobbista desfachatado del bando buitre. Javier Milei, el mismo hombre que ahora intenta "caranchear" miserablemente un triunfo judicial ajeno, construyó su carrera mediática descalificando sistemáticamente la recuperación de YPF como un "robo" y un "atropello a la propiedad privada". Su alineamiento con el capital especulativo fue tan obsceno que llegó a proponer la creación de un humillante "Impuesto Kicillof": una tasa destinada a esquilmar al pueblo argentino para pagarle a los fondos buitres una deuda que, hoy lo sabemos, era ilegítima. Como bien señaló el gobernador bonaerense ante la contundencia del fallo: "Es lamentable que el presidente de la Nación haya defendido a los fondos buitres en lugar de defender los intereses del país".

 
La contundencia de la sentencia dictada en Nueva York se traduce en una victoria multidimensional. En el plano fiscal, la Argentina logra un alivio monumental al evitar el desembolso de una cifra astronómica fabricada por la voracidad especuladora. En lo estratégico, el fallo ratifica la legalidad internacional de la expropiación, blindando la soberanía sobre nuestros recursos naturales. Finalmente, en el terreno político, el veredicto desmantela el relato de la "mala praxis" esgrimido por Milei, validando la solvencia técnica y el coraje de una defensa que priorizó el patrimonio nacional por sobre los dictados de los mercados financieros internacionales.


De la redacción de La Opinión Popular
27-03-2026 / 19:03
24-03-2026 / 13:03
24-03-2026 / 13:03
24-03-2026 / 12:03
Mientras la mayor parte de los argentinos dormían, en la madrugada del miércoles 24 de marzo de 1976, me desperté sobresaltado por los golpes en la puerta de mi casa. El "Chueco", un viejo compañero de militancia, me vino a comunicar que las Fuerzas Armadas habían derrocado al gobierno constitucional del peronismo.
 
Me vestí apresuradamente, me cambié el peinado, me afeite los bigotes y salí inmediatamente a alertar a otros compañeros. La primera casa a la que llegué, la de Rodolfo "Rody" Vittar, no existía más. Horas antes un comando paramilitar había llegado para detenerlo, y como no lo encontró, instaló explosivos y voló la vivienda hasta los cimientos.
 
La represión en Córdoba fue muy dura, igual que en muchos otros lugares del país. Este proceso desembocó en una sangrienta y larga noche de males, que dejó como saldo miles desaparecidos, una guerra perdida a manos de Gran Bretaña y un país económicamente quebrado, entre otras cosas.
 
Por eso, en el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y Justicia, en este nuevo aniversario del golpe militar genocida, quiero recordar y rendir un recóndito homenaje a tres queridos compañeros y amigos, asesinados ese siniestro 24 de marzo.

Ellos son: Víctor Lorenzo, Concejal en Córdoba Capital por la Juventud Revolucionaria Peronista, quien fuera ejecutado, el día del golpe, de un tiro en la cabeza en la cárcel local; don Luis Carnevale, Senador Nacional por la misma provincia, secuestrado y desaparecido ese mismo día; y el mayor Bernardo Alberte, ex Delegado Personal de Juan Perón, quien fuera arrojado a través de la ventana de su departamento, en un sexto piso, por una patrulla militar, la madrugada del siniestro Golpe de Estado.

Hay muertes, que por ser las primeras, son todo un símbolo. Los militares asesinos los eligieron primero porque eran peronistas. Y no se lo perdonaron. Pero, a pesar de las cárceles y los fusilamientos, de los compañeros muertos y los desaparecidos, nunca fuimos vencidos. Continuamos invariablemente las luchas que emprendieron Eva y Juan Perón.

Compañeros Víctor Lorenzo, Luis Carnevale y Bernardo Alberte, Presentes. Hasta la victoria, siempre.

Por Blas García para La Opinión Popular 

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