, donde le adelanta información sobre el fallo y le aconseja la estrategia a seguir en la pelea judicial por la coparticipación que benefició a Horacio Rodríguez Larreta y perjudicó a las provincias. Como era de esperar, sin conocer los fundamentos de la demanda, la oposición de derecha salió rápidamente a defender a Rosatti ante el pedido del oficialismo. Ese pedido tiene un carácter casi simbólico, porque el Gobierno no tiene todavía los votos para impulsarlo.
 
El Frente de Todos denunció así el avance del Poder Judicial. En el mensaje de Presidencia de la Nación donde se anuncia avanzar en el juicio político se lee, por ejemplo, que "en los últimos meses hemos visto un avance inadmisible del Poder Judicial de la Nación sobre los otros poderes de la Argentina". Si Juntos por el Cambio es un defensor abierto de esta casta poblada de beneficios -como ingresos millonarios, exención de impuestos o cargos vitalicios-, el Frente de Todos deberá enfrentarlos con denuncias.
 
Nadie debería sorprenderse que la oposición de derecha agrupada en Juntos por el Cambio saliera en defensa de la cuestionada Corte Suprema y de su presidente, el macrista Rosatti. En un comunicado, desde JxC señalaron que se trataba de "maniobras desesperadas contra la Justicia", que tienen el objetivo de buscar impunidad. Este tipo de acusaciones tampoco sorprenden viniendo del macrismo. Se trata de quienes aplaudieron el fallo en la llamada Causa Vialidad, ejecutado sin pruebas ni derecho a defensa.
 
Desplegando un cinismo absoluto, el comunicado denuncia el crecimiento de la "inflación, la pobreza, la desigualdad, la inseguridad y la calidad educativa". En ese marco, afirma que "el único objetivo que los desvela un 1 de enero es tener una Justicia sometida", en referencia al intento oficial. Sin embargo, es precisamente la oposición de derecha la que ejecutó en el gobierno un plan en ese sentido y ahora es la que pide un ajuste más duro al Gobierno.
 
El anuncio del Gobierno de que intentará avanzar en el juicio político contra el titular de la Corte Suprema tiene mucho de mensaje político. El Gobierno no tiene los votos necesarios para avanzar en hacer realidad el pedido en la Cámara de Diputados. Allí necesita garantizar una votación por 2/3 para que se apruebe iniciar el proceso.

Cerrado el camino de la mecánica parlamentaria, la única vía posible para el oficialismo sería una presión apelando a medidas de presión en las calles, recurriendo a la movilización popular para desgastar a los cortesanos. El desprestigio total de la casta judicial macrista despierta suficiente repudio en los sectores populares como para hacer esa convocatoria. Y ante tanta evidencia que comprueba el mal desempeño y los delitos cometidos en el ejercicio del poder, será muy difícil para la oposición defender a los cortesanos en el ámbito parlamentario.

Hay una clara animadversión de la Corte contra el peronismo. La estrategia del Frente de Todos deberá confrontar seriamente con la casta judicial y con los otros grandes poderes fácticos del país: el mediático y el económico. Lograr márgenes de negociación con ellos es imposible, ya que la derecha -como resulta previsible- se mostró siempre completamente inflexible. Además, es necesario terminar con los múltiples privilegios con que cuentan. Como parte de esa pelea, hay que plantearse la necesidad de imponer juicios por jurados en los casos que implican al poder, como son los casos de corrupción política. Solo dando pasos en esta dirección se puede terminar con las arbitrariedades de la Casta Judicial.
 
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Nacionales - 03-01-2023 / 11:01
EL GOBIERNO BUSCA DESGASTAR A LOS CORTESANOS EN UN LARGO PROCESO, DIFÍCIL DE GANAR

Como era de esperar, Juntos por el Cambio salió a bancar a Rosatti y a la Corte macrista

Como era de esperar, Juntos por el Cambio salió a bancar a Rosatti y a la Corte macrista
Juntos por el Cambio anunció este lunes su rechazo al pedido del presidente Alberto Fernández de avanzar con un juicio político al titular de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, luego de que salieran a la luz los chats entre su vocero, Silvio Robles, y el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, donde le adelanta información sobre el fallo y le aconseja la estrategia a seguir en la pelea judicial por la coparticipación que benefició a Horacio Rodríguez Larreta y perjudicó a las provincias.
Juntos por el Cambio anunció este lunes su rechazo al pedido del presidente Alberto Fernández de avanzar con un juicio político al titular de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, luego de que salieran a la luz los chats entre su vocero, Silvio Robles, y el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, donde le adelanta información sobre el fallo y le aconseja la estrategia a seguir en la pelea judicial por la coparticipación que benefició a Horacio Rodríguez Larreta y perjudicó a las provincias. Como era de esperar, sin conocer los fundamentos de la demanda, la oposición de derecha salió rápidamente a defender a Rosatti ante el pedido del oficialismo. Ese pedido tiene un carácter casi simbólico, porque el Gobierno no tiene todavía los votos para impulsarlo.
 
El Frente de Todos denunció así el avance del Poder Judicial. En el mensaje de Presidencia de la Nación donde se anuncia avanzar en el juicio político se lee, por ejemplo, que "en los últimos meses hemos visto un avance inadmisible del Poder Judicial de la Nación sobre los otros poderes de la Argentina". Si Juntos por el Cambio es un defensor abierto de esta casta poblada de beneficios -como ingresos millonarios, exención de impuestos o cargos vitalicios-, el Frente de Todos deberá enfrentarlos con denuncias.
 
Nadie debería sorprenderse que la oposición de derecha agrupada en Juntos por el Cambio saliera en defensa de la cuestionada Corte Suprema y de su presidente, el macrista Rosatti. En un comunicado, desde JxC señalaron que se trataba de "maniobras desesperadas contra la Justicia", que tienen el objetivo de buscar impunidad. Este tipo de acusaciones tampoco sorprenden viniendo del macrismo. Se trata de quienes aplaudieron el fallo en la llamada Causa Vialidad, ejecutado sin pruebas ni derecho a defensa.
 
Desplegando un cinismo absoluto, el comunicado denuncia el crecimiento de la "inflación, la pobreza, la desigualdad, la inseguridad y la calidad educativa". En ese marco, afirma que "el único objetivo que los desvela un 1 de enero es tener una Justicia sometida", en referencia al intento oficial. Sin embargo, es precisamente la oposición de derecha la que ejecutó en el gobierno un plan en ese sentido y ahora es la que pide un ajuste más duro al Gobierno.
 
El anuncio del Gobierno de que intentará avanzar en el juicio político contra el titular de la Corte Suprema tiene mucho de mensaje político. El Gobierno no tiene los votos necesarios para avanzar en hacer realidad el pedido en la Cámara de Diputados. Allí necesita garantizar una votación por 2/3 para que se apruebe iniciar el proceso.

Cerrado el camino de la mecánica parlamentaria, la única vía posible para el oficialismo sería una presión apelando a medidas de presión en las calles, recurriendo a la movilización popular para desgastar a los cortesanos. El desprestigio total de la casta judicial macrista despierta suficiente repudio en los sectores populares como para hacer esa convocatoria. 
Y ante tanta evidencia que comprueba el mal desempeño y los delitos cometidos en el ejercicio del poder, será muy difícil para la oposición defender a los cortesanos en el ámbito parlamentario.


Hay una clara animadversión de la Corte contra el peronismo. La estrategia del Frente de Todos deberá confrontar seriamente con la casta judicial y con los otros grandes poderes fácticos del país: el mediático y el económico. Lograr márgenes de negociación con ellos es imposible, ya que la derecha -como resulta previsible- se mostró siempre completamente inflexible. Además, es necesario terminar con los múltiples privilegios con que cuentan. Como parte de esa pelea, hay que plantearse la necesidad de imponer juicios por jurados en los casos que implican al poder, como son los casos de corrupción política. Solo dando pasos en esta dirección se puede terminar con las arbitrariedades de la Casta Judicial.
 
La Opinión Popular



 
Fernández pone la mesa y se pega a los gobernadores para avanzar contra Rosatti
 
Por Gabriela Pepe
 
Con trasfondo electoral, el Presidente se saca una foto con las provincias para el pedido de juicio político. Zamora denunció a la mano derecha del cortesano.
 
El comienzo del año electoral encontrará al presidente Alberto Fernández reunido este martes en la Casa Rosada con la Liga de las provincias que forman parte del Frente de Todos (FdT), a la que convocó para definir la letra chica de la presentación del juicio político contra el titular de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti.
 
Fernández anunció la convocatoria a provincias en el mensaje que publicó en sus redes sociales el 1° de enero por la mañana, cuando apuntó contra Rosatti por la filtración de las supuestas conversaciones de su vocero y mano derecha, Silvio Robles, con el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D' Alessandro. Ese episodio se sumó al malestar que ya existía contra el magistrado por el fallo sobre la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y la disputa por la integración del Consejo de la Magistratura.
 
"He convocado a los señores gobernadores que acompañaron al Estado Nacional en su planteo contra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que, en conjunto, impulsemos el juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Horacio Rosatti, para que se investigue su conducta en el desempeño de sus funciones", indicó Fernández en su mensaje, y agregó: "También requeriremos que se investiguen las conductas de los restantes miembros del máximo tribunal".
 
 El malestar de las provincias con la Corte Suprema quedó de manifiesto el 22 de diciembre, cuando, tras una reunión que mantuvieron con el Presidente, trece mandatarios y la gobernadora Alicia Kirchner firmaron un durísimo comunicado en el que calificaron como "incumplible" el fallo sobre la coparticipación de la Ciudad y criticaron en duros términos al máximo tribunal.
 
Tal como contó Letra P, durante esa reunión el Presidente y los mandatarios presentes hablaron sobre la posibilidad de impulsar el juicio político contra Rosatti y los otros tres miembros del máximo tribunal a raíz de una serie de decisiones que consideran como arbitrarias. Esa tarde, concluyeron que hay "una clara animadversión" de la Corte contra el peronismo. "No se aguanta más", advirtieron.
 
Ahora, Fernández abrió la oportunidad para que las provincias acompañen a la Nación en el pedido de juicio político, que presentará ante la Cámara de Diputados de la Nación. El Presidente tiene una mala opinión personal sobre Rosatti desde 2005, cuando renunció como ministro de Justicia de Néstor Kirchner; y también sobre Robles, mano derecha del supremo. La comisión de Juicio Político está en manos de la entrerriana Carolina Gaillard, muy cercana a Fernández.
 
En paralelo, fue el gobernador santiagueño Gerardo Zamora quien dio el primer paso en sede penal. El gobernador presentó una denuncia contra Robles por considerarlo "responsable de los delitos de tráfico de influencias y violación de los deberes de funcionario público".
 
 "La denuncia penal se fundamenta atento a las publicaciones periodísticas que han generado gran conmoción pública, sobre filtraciones de chat donde se habría arreglado el fallo a favor de CABA, por el índice de coparticipación federal", detalló Zamora en su cuenta de Twitter. La presentación del gobernador recayó en el juzgado federal del santiagueño Guillermo Molinari, quien imputó a Robles y ordenó que "con carácter de urgencia deposite su teléfono celular" en la Secretaría de turno correspondiente.
 
Más allá de la cuestión judicial, el encuentro entre Fernández y los gobernadores tiene un trasfondo político relacionado con la interna del FdT. Como adelantó este portal, el Presidente pretendía convocar en enero a las provincias para empezar a definir el cronograma y la estrategia electoral del espacio. El encuentro está previsto para las 11 en la Casa Rosada.
 
Fuentes: Letra P y La Izquierda Diario
 

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14-12-2025 / 09:12
Bajo el mote de reforma laboral se esconde la decisión de Javier "el Loco" Milei que pretende consagrar institucionalmente, en 2026, los objetivos que en 1976 se planteara la dictadura militar genocida. Los cambios en el proceso de acumulación en el marco del genocidio, el endeudamiento, la valorización financiera y la fuga de capitales, la desindustrialización, el modo de incorporación del cambio tecnológico y la llegada del capitalismo de plataformas, produjo una sustancial alteración de la relación capital-trabajo, obviamente en desmedro del conjunto de los trabajadores.
 
En ese marco de brutal regresividad en las condiciones materiales de vida de quienes trabajan, se sucedieron en las distintas administraciones conservadoras cambios normativos, todos con la misma dirección. 1. Abaratar el precio del trabajo. 2. Facilitar el despido. 3. Debilitar los convenios colectivos. 4. Limitar y destruir la organización sindical.
 
Estas orientaciones fueron parte de los cambios normativos que impulsó la dictadura militar, de las leyes que llevaron adelante Cavallo, Menem y De la Rúa, del frustrado intento de Macri y también del proyecto de Milei. Proyecto este cuya profundidad en términos de alteración de la Ley de Contrato de Trabajo solo es equiparable a lo planteado hace 50 años por la dictadura militar.
 
Además, se lleva a cabo la directa eliminación de los costos del despido a partir de la creación de un Fondo de Asistencia Laboral que se financiará con tres puntos de las actuales contribuciones patronales. A la vez, se les reduce en un punto adicional los aportes a los empresarios en relación a las obras sociales que dejarían de percibir un punto de los que están recibiendo en la actualidad.
 
En síntesis, cuatro puntos de los aportes patronales dejan de financiar las jubilaciones y la salud de los trabajadores, con el objeto de eliminar los costos del despido y reducir los costos laborales. Situación ésta que implica una redistribución de ingresos desde los trabajadores al capital, cercana a los 3000 millones de dólares.
 
Las experiencias internacionales y la propia experiencia nacional indican que estas propuestas solo profundizan la desocupación, la informalidad y la pobreza. Es más, aspectos laborales de esta naturaleza son los que contenía la Ley Bases y que ya tuvieron dos años de aplicación en el curso del gobierno de Milei. Años que lejos de promover el empleo registrado, coexisten con la destrucción de 222 mil puestos de trabajo formales registrados de los cuales 139 mil son del propio sector privado, al tiempo que el monotributo y los asalariados no registrados constituyen las formas de inserción laboral de mayor importancia en los últimos dos años.
 
Por si esto fuera poco, los modelos que pregonan los funcionarios libertarios como objetivos a alcanzar por la Argentina, no hacen más que negar con la evidencia lo que el propio gobierno pregona para justificar lo que propone. Poner como ejemplo a seguir países como Paraguay o Perú, que prácticamente carecen de legislación laboral, resulta inentendible. Estos dos países exhiben, aún sin legislación laboral, niveles de informalidad superiores a los que hoy exhibe la Argentina.
 
Para frenar esta ofensiva hay que convocar a la sociedad a discutir la necesidad de relaciones laborales diferentes para un país distinto al que construye Milei. Para eso necesitamos relaciones laborales que se edifiquen en base a la redistribución del ingreso, la revalorización del trabajo y la necesidad de expandir derechos para todos aquellos que trabajan independientemente del tipo de inserción laboral que tengan.
 
La Opinión Popular
 

13-12-2025 / 09:12
El proyecto de país que perfila el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei tomó el aspecto de una sociedad sin derechos organizada por el mercado. El mercado elimina el concepto de soberanía y decidirá quién irá preso y quién se tomará vacaciones. A su vez, el mercado está organizado por una escala jerárquica según el poder económico.
 
O sea: la libertad de los libertarios es como la milanesa tucumana hecha con papel higiénico. Y de postre: inflación. Si alguno pensó que el esfuerzo valía la pena, el 2,5 de inflación -medido por un Indec que todo el mundo sabe trucho-- le dio una mala noticia: se quedó sin trabajo, se quedó sin empresa, y además tiene inflación.
 
En la misma semana asumió Joaquín Mogaburu como subsecretario de Derechos Humanos y se presentó el proyecto de reforma laboral en el Congreso. El nuevo funcionario es un personaje ligado a los represores y da cursos en los cuarteles sobre "memoria completa".
  
Mogaburu aboga por la conciliación y el perdón a los genocidas. El combo es coherente con el protocolo de seguridad que criminalizó la protesta social, el decreto que permitió a las fuerzas armadas intervenir en conflictos internos y la eliminación del derecho a huelga y otros derechos como lo estipula la reforma laboral enviada al Congreso.
 
Durante el mes hubo decenas de actos sobre derechos humanos en centros culturales, casas de la memoria y en plazas de todo el país. Y el jueves se realizó un festival en la Plaza de Mayo encabezado por Madres, Abuelas y el Serpaj de Adolfo Pérez Esquivel. Al mismo tiempo, la CGT anunciaba un acto público para oponerse al proyecto de ley enviado al Congreso.
 
No hay derechos humanos y no hay derechos laborales. No hay derecho a la protesta y no hay derecho que proteja contra la tortura y la violación como reclaman los que piden la libertad de torturadores y violadores que actuaron tras haber usurpado el Estado durante el golpe genocida. No hay sujetos de derecho en esta sociedad que conciben los libertarios y que ha sido votada por muchos que perderán los derechos que tenían.
 
Con el mercado se come, con el mercado se educa, con el mercado se cura. Si eso era difícil con la democracia, el mercado ni se lo plantea porque el único derecho que reconoce es el del que tiene más capital. El mercado habla de méritos, pero los derechos no se ganan. Los derechos implican también responsabilidades, pero no se ganan por méritos. Al menos la democracia reconoce que todos tienen derecho a comer, a la educación y a la salud. Después dependerá de los gobiernos proveer esos derechos.
 
Los libertarios inventaron una democracia con voto, pero sin derechos. Y los derechos son para todos porque son inherentes a la condición del ser humano. Si son para pocos, no califica. La democracia se construye sobre los derechos ciudadanos. Sin esos derechos básicos no hay sistema democrático. Este gobierno habla de democracia y libertad, pero cuando hace la milanesa, le pone papel higiénico en vez de libertad y democracia.
 

12-12-2025 / 10:12
El gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei mandó al Senado un proyecto de contrarreforma para eliminar derechos laborales, sindicales y de huelga que atrasa un siglo. Contra la Constitución desconoce hasta la jornada de 8 horas y el derecho a huelga. Redactado por los abogados de las grandes empresas, de Paolo Rocca, Galperin y Eurnekian, en cada rubro empeora la posición de los trabajadores. Perjudica también a monotributistas e informales y se propone financiar los despidos con la plata de los jubilados.
 
El gobierno libertario demoró la presentación de la contrareforma laboral, que no registra precedentes desde la dictadura genocida de 1976, para estirar los tiempos de negociación y definir cuán a fondo iría en su ofensiva contra los trabajadores y el sindicalismo. El proyecto que ingresó al Senado retoma lo peor de todas las versiones anteriores y lo condensa en 71 páginas y 191 artículos.
 
Enmascarada en una supuesta "modernización", la iniciativa retrocede más de un siglo y desconoce pilares básicos del derecho laboral como la jornada de ocho horas y restringe el derecho a huelga. Lejos de mejorar la vida de los trabajadores, crear empleo o incorporar a los informales al mercado formal, la reforma sólo busca abaratar costos para que el empleador pueda despedir y amplía la desprotección sobre el sector más débil.
 
Los especialistas coinciden en que "invierte la presunción de laborabilidad" perjudicando a monotributistas y trabajadores "independientes". El texto final del proyecto confirma la transferencia regresiva de los derechos de los trabajadores en favor del gran capital, debilita su capacidad de organización y faculta al empleador para modificar condiciones laborales según sus necesidades.
 
La reforma laboral, firmada por Milei, fue elevada al Congreso de manera errónea por parte de Gobierno. Legisladores opositores y abogados laboralistas cuestionaron el ingreso por el Senado, ya que la reforma laboral contiene un capítulo tributario que modifica impuestos centrales. Al respecto, la Constitución fija que toda ley de carácter impositivo debe originarse en Diputados.
 
La reforma laboral que impulsa Milei atrasa porque reinstala un modelo previo al propio nacimiento del derecho laboral. La abogada Natalia Salvo advierte que es "una novedad de museo que nos devuelve a un tiempo sin normas". El proyecto permite jornadas de hasta 12 horas, un retroceso a antes de la Ley 11.544, conquistada después de las huelgas y masacres de la Patagonia y la Semana Trágica.

También elimina ítems remunerativos para achicar aguinaldo y vacaciones, ahora fraccionadas como en etapas de precariedad anteriores a cualquier estándar moderno. Al mismo tiempo, remarca que la iniciativa desconoce los avances globales sobre las plataformas: mientras en Europa los tribunales y países como España o Portugal ya reconocen a esos trabajadores como dependientes, aquí se los deja en un limbo jurídico. Modernizar sería ampliar la protección, no recortarla. Con un 43 por ciento de informalidad, el proyecto empuja al país hacia un pasado sin resguardo, donde la relación laboral quedaba librada a la voluntad de la patronal.

Un Gobierno que miente en todo, presenta el argumento principal en la supuesta "creación de trabajo formal". Silogismo falaz, acaba de ser refutado por un hombre del gran capital, el abogado Julián de Diego. Dijo que "sin crecimiento, no habrá generación de empleo". Ese crecimiento se presenta, como promesa lejana, relato de un provenir etéreo, medido en décadas. Equiparada a Irlanda, Alemania, y otras naciones. Por ahora, lo que hay es recesión, inflación en alza y deuda. Cada vez más deuda.

La Opinión Popular


11-12-2025 / 10:12
Turismo "con la nuestra". Nuevo papelón internacional de Javier "el Loco" Milei que fue a perder el tiempo a Noruega disfrazado con el mameluco de YPF, viajó 25.000 kilómetros para sacarse una foto... y se volvió sin nada. María Corina Machado faltó a su premiación como Nobel de la Paz. Viajó con su hermana Karina a Oslo en el avión presidencial, en un viaje que cuesta 300 mil dólares, y se alojó en el Gran Hotel de Oslo, en donde una habitación cuesta mil euros por noche. "El Peluca" volvió a las apuradas y de inmediato puso su firma en el funesto proyecto que apunta contra la justicia social y modifica la regulación de horas extras, vacaciones e indemnizaciones.
 
El fugaz y costoso paseo de Milei por Noruega terminó en un traspié político que expuso improvisación y falta de estrategia. La salida apresurada dejó al libertario sin el rédito simbólico que buscaba y reforzó las críticas sobre un viaje reducido a gestos vacíos, sin resultados concretos ni agenda internacional consistente. Tenía una agenda que incluía reuniones con el primer ministro y con el rey, además de la posibilidad de un encuentro cara a cara con Corina Machado, y los dejó "de garpe". Cosa de loco.
 
Milei regresó de apuro para evitar que una interna ponga en riesgo el tratamiento de la reforma laboral. Las explicaciones oficiales, en off the record, hablaban de la necesidad de "firmar la ley de reforma laboral" después de hacer "algún ajuste de último momento", sin embargo, tanto los cambios como la firma se pueden gestionar de manera remota. Lo que sucedió en realidad es que una nueva interna en el gobierno casi hace volar por los aires la Ley Rifle. Lo más llamativo, en este caso, es que los que frenaron el proyecto son dos enemigos íntimos: Santiago Caputo y Martín Menem.
 
Ellos son los dos interlocutores más fluidos que tiene la CGT dentro de la estructura libertaria y vienen advirtiendo desde hace tiempo que así como la estaba planteando Federico Sturzenegger, la reforma laboral corre el riesgo de empantanarse en el Congreso y terminar siendo rechazada, modificada hasta volverla irreconocible o aprobada a un costo demasiado alto. El recuerdo de la reforma previsional de Mauricio Macri en 2017 está presente en todos los cálculos.
 
Las partes observadas son justamente las que apuntan contra el andamiaje financiero y normativo que sostiene a los sindicatos, los llamados "derechos colectivos" que la CGT prioriza antes que las condiciones de trabajo individuales. De hecho, este lunes Sturzenegger estuvo reunido con los diputados de LLA, en un encuentro del que Menem no participó, y ante las consultas sobre estos asuntos el ministro prometió una "versión light", más sencilla de aprobar.
 
Sin embargo, el anuncio que hizo el vocero con sueldo de jefe de gabinete, Manuel Adorni, al día siguiente, no contempla la mayoría de esos recortes e incluye cláusulas inaceptables para el más dialoguista de los líderes gremiales. Dicen en la Casa Rosada que la orden de ir a fondo la dio el mismo Milei. El proyecto ya estaba listo para ingresar al Senado cuando Caputo y los Menem lograron frenarlo. Ese fue el motivo por el que el presidente tuvo que volver de apuro.
 
Patricia Bullrich, en tanto, defiende la redacción de Stuzenegger pero reclama que la situación se destrabe porque cree que si la reforma no tiene un tratamiento express y media sanción antes de las fiestas, después puede empantanarse. Su plan original de dictaminar esta misma semana, incluso el viernes a última hora, se fue diluyendo con el correr de las horas. El escenario más optimista apunta a sesionar en vísperas de noche buena. Sería un verdadero milagro navideño, mientras la CGT y el peronismo se abroquelan contra la reforma laboral anti obrera y pro patronal de Milei.
 
La Opinión Popular
 

10-12-2025 / 09:12
La denuncia por la compra de chatarra militar suma un nuevo capítulo. A la venta por un euro de los F-16 a Rumania, se añade el inminente acuerdo entre Polonia y Estados Unidos para la comprar de 250 vehículos blindados Stryker por sólo el valor simbólico de un dólar.
 
Los Stryker forman parte del catálogo militar yanqui que fueron utilizados en Afganistán e Irak y están diseñados para el transporte ágil de tropas y equipamiento. Según versiones oficiales, la elección del modelo responde a una planificación que prioriza la movilidad, la protección y la capacidad de respuesta ante diversas situaciones operativas.
 
Se trata de unidades adaptadas a distintos escenarios urbanos y misiones, con posibilidad de implementación progresiva conforme a los requerimientos logísticos y de capacitación establecidos por el Ejército Argentino.
 
Ya en julio que había opciones mejores que estaban siendo barajadas como el Guaraní de Brasil, que son vehículos muy similares a los que se usan en Argentina con el aditamento que los componentes mecánicos son argentinos como el motor y transmisión de IVECO.
 
Según publicó el medio ecuatoriano El Universal en base a un informe de Interesting Engineering, con esta oferta se pretende que los Strykers, que actualmente están desplegados en Europa, no vuelvan a territorio estadounidense, sino que sean entregados directamente a Polonia como parte del proceso de disminución de presencia militar norteamericana en la región.
 
Un análisis de Breaking Defense detalla que los Strykers llegarían en condiciones deterioradas, lo que implicaría reparaciones costosas, modernización y la creación de un nuevo sistema de soporte y entrenamiento, especialmente complejo para una plataforma que Argentina nunca operó.
 
Por otra parte, sostiene el informe, también hay dudas sobre el impacto industrial que traería la llegada de estos blindados, ya que puede desplazar la demanda de vehículos de fabricación nacional, como el Rosomak. En efecto, como ocurre con los F-16, se confirma que Estados Unidos y sus aliados de la OTAN están deshaciéndose de la buena parte de su material militar por considerarlo vetusto y desactualizado.
 
Por eso, en el Ejército argentino preferían El Guaraní brasileño dado no se impone límite de cantidad, son nuevos, se transfiere tecnología de fabricación de partes y es interoperable con Brasil.
 
"Los EEUU limitan la cantidad, nos entregan un lote de usados que Chile descartó oportunamente. No son anfibios y puede ser que venga una flota final heterogénea, con menor ciclo de vida útil y mayor costo de mantenimiento. Es relevante que no sean anfibios. No van a poder varear nuestros ríos", detalló un militar activo en ese momento.
 
Para armas, plata hay. De los 27 vehículos que el gobierno le compró a Estados Unidos el valor total fue de 100 millones de dólares. La propuesta de Brasil por los Guaraní era de 161 vehículos (156 + 5 de entrenamiento) por 400 millones de dólares, quedando cada unidad en valor de 2,5 millones de dólares cada uno contra los 3,7 de los Stryker. Es decir, si se hubiesen comprado la misma cantidad a Brasil, hubiera gastado 67 millones, 32 millones menos que lo que gastó ahora. ¿Aliados a EEUU? Las pelotas... A Milei, los yanquis lo toman de gil.

 

 

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