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Entre Ríos - 06-12-2022 / 10:12
LO PROTEGE JUEZ MACRISTA EN LA CAUSA POR IRREGULARIDADES EN OPERACIONES INMOBILIARIAS CUANDO ERA FUNCIONARIO NACIONAL

Frigerio fue sobreseído en forma exprés por el juez Ercolini, el de los audios por Lago Escondido

Frigerio fue sobreseído en forma exprés por el juez Ercolini, el de los audios por Lago Escondido
El sobreseimiento de Frigerio lleva la firma del juez federal Julián Ercolini, envuelto en las últimas horas en un escándalo por aparecer en una serie de audios en el que se intenta tapar un viaje de placer que habría sido costeado por el grupo Clarín.
 
Rogelio Frigerio fue sobreseído en una causa por supuestas irregularidades en operaciones inmobiliarias luego de una investigación que se inició tras una denuncia penal realizada  por la Oficina Anticorrupción.
 
El sobreseimiento de Frigerio lleva la firma del juez federal Julián Ercolini, envuelto en las últimas horas en un escándalo por aparecer en una serie de audios en el que se intenta tapar un viaje de placer que habría sido costeado por el grupo Clarín.
 
En la trama aparecen el ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro; y el fiscal general del distrito, Juan Bautista Mahiques. Éstos participaron, junto a otros integrantes del Poder Judicial, directivos de Clarín y un empresario ex agente de inteligencia, de un viaje privado a la estancia del magnate Lewis en Lago Escondido, en la Patagonia Argentina. Todo el hecho, tras filtrarse los audios, mereció el pedido de Alberto Fernández de que se investigue.
 
Lo cierto es que en la denuncia que pesaba sobre el ex ministro de Mauricio Macri se sospechaba que había firmado una decisión administrativa a través de la cual, en junio de 2017, por la que se adjudicaba a la firma Koolhaas S.A. un inmueble ubicado en la calle Fitz Roy 851 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que hasta ese momento había pertenecido al patrimonio del Estado Nacional.
 
Los principales directivos de esa sociedad comercial, Gustavo Alberto Esses y Ariel Eduardo Naistat, habrían tenido vínculos económicos o comerciales antes y después de la adjudicación del inmueble realizada mediante una subasta pública en el año 2017. Luego de disponer una serie de medidas con la finalidad de esclarecer los hechos denunciados, la fiscalía concluyó que "la totalidad de la prueba producida junto con las aclaraciones vertidas por las partes del proceso, permitían descartar la hipótesis criminal planteada en la denuncia" por lo que postuló el sobreseimiento del precandidato a gobernador de Juntos por el Cambio y del resto de los imputados.
 
Tras analizar la documentación relacionada con la subasta pública, Fiscalía destacó que no surge la intervención en el acto de ninguna persona que en ese entonces ejerciera funciones en el Ministerio del Interior a cargo en ese momento de Frigerio, según Infobae.
 
De las constancias aportadas a la investigación se desprende que el 30 de marzo se celebró la subasta pública mediante la cual el martillero designado, Jefe del Equipo de Martilleros del Banco Ciudad, puso a la venta el inmueble en cuestión. En su dictamen, el fiscal resaltó que el desarrollo de ese acto contó con la participación de la Escribanía de Gobierno de la Nación y terminó con la preadjudicación del inmueble a favor de la firma Koolhaas S.A. por 13 millones 600 mil dólares.
 
Luego del examen de los elementos probatorios colectados a lo largo de la investigación y a la luz de las aclaraciones hechas por las personas investigadas en sus diversas presentaciones, el fiscal llegó a la conclusión de que "dichas constancias permitían descartar cualquier tipo de responsabilidad penal en torno a los hechos objeto de investigación." Y agregó "si bien fueron corroboradas aquellas inversiones y operaciones comerciales mantenidas entre las personas investigadas, no se ha incorporado elemento alguno que permita sostener la hipótesis delictiva introducida en la denuncia.
 
Frigerio hizo una inversión inmobiliaria en el emprendimiento de la empresa Koolhaas meses después de la subasta en el que esta firma adquirió el terreno que antes pertenecía al Estado Nacional. Con referencia a dicha inversión efectuada por el ex Ministro del Interior los peritos contadores que intervinieron en la causa sostuvieron que las inversiones de Frigerio "fueron exteriorizadas a lo largo de las declaraciones patrimoniales presentadas ante la Oficina Anticorrupción".
 
A partir de lo expuesto, el representante del Ministerio Público Fiscal concluyó que "del análisis del informe elaborado no se exteriorizaba anomalía alguna en las inversiones inmobiliarias analizadas por la unidad anticorrupción, tratándose de operaciones comerciales de carácter habitual entre las partes debidamente documentadas conforme surge de las constancias recolectadas en el expediente."
 
Si bien lo dictaminado por el fiscal en orden a no acusar a los imputados impide al juez proseguir con la investigación, el magistrado Julián Ercolini aclaró "lo cierto es que coincido con sus argumentos y sus conclusiones que llevan a un cierre definitivo de este caso." En ese sentido, Ercolini señaló en su fallo "toda vez que el titular de la vindicta pública solicitó el sobreseimiento de los encausados, habiéndose constatado la razonabilidad y la legalidad de lo dictaminado y en consonancia con ello, se resolverá de conformidad a los argumentos desarrollados reseñados precedentemente" y sobreseyó a Frigerio.
 
Fuente: Página Política
 

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24-05-2026 / 09:05
Un análisis técnico de Guillermo Michel desnuda la verdadera naturaleza del proyecto de Frigerio: una transferencia forzosa de ingresos desde el bolsillo de los trabajadores hacia las arcas de un Estado que abdica de su responsabilidad social. Michel advierte que no estamos ante una búsqueda de eficiencia, sino ante un "ajuste por goteo" que utiliza la duplicación del período de cálculo y la eliminación de la movilidad sectorial para licuar los haberes. Según el experto legislador, la reforma rompe el principio de sustitutividad, condenando a los futuros jubilados a percibir una tasa de reemplazo que no refleja su trayectoria laboral, mientras se legaliza el perjuicio previsional derivado del empleo no registrado.
 
Para Michel, el costo de este "equilibrio" fiscal es una regresión patrimonial sin precedentes que ensancha la brecha entre activos y pasivos. El análisis subraya que la delegación de facultades al Ejecutivo y la creación de aportes "solidarios" sobre jubilados no son medidas de emergencia, sino el andamiaje de un estatuto permanente de excepción. En términos de Michel, la gestión de Frigerio opta por el camino más corto y doloroso: castigar la biografía laboral del trabajador entrerriano -especialmente de las mujeres y regímenes especiales- para cumplir con metas de austeridad que ignoran la protección constitucional del salario diferido.
 
En forma lapidaria, Guillermo Michel concluyó: "Frigerio está construyendo el expediente político para ser recordado como el peor gobernador de Entre Ríos desde la vuelta de la democracia. Y con esta ley ratifica que también lo será para los trabajadores".
 

24-05-2026 / 09:05
Bajo el rótulo tecnocrático de "Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional", el gobierno de Rogelio Frigerio ha enviado a la Legislatura un proyecto de ley que, tras el análisis minucioso de su articulado, se revela como un programa de ajuste estructural sin precedentes. No estamos ante una reforma técnica de sostenibilidad; estamos ante un desmantelamiento sistemático de la Ley N° 8732 y un retroceso histórico que vulnera el principio de no regresividad amparado por nuestra Constitución Nacional y los tratados internacionales de Derechos Humanos.
 
El proyecto de Rogelio Frigerio es un asalto ataque a la seguridad social de los entrerrianos. Bajo el paraguas de la "sustentabilidad", el Ejecutivo pretende legalizar un ajuste estructural que confisca el salario de los trabajadores activos y licúa el haber de los jubilados, enmarcando los cambios en la Caja de Jubilaciones más al servicio del déficit cero que de los derechos sociales de los pasivos de la provincia. Se trata de una embestida que descarga el peso de una crisis que los trabajadores no generaron sobre sus propias espaldas, mediante un sistema de castigo que licúa ingresos y destruye la movilidad.
 
Esta ofensiva gubernamental no solo desmantela el 82% móvil y el enganche sectorial, sino que consagra una autocracia financiera donde los derechos constitucionales quedan supeditados a decretos del Ejecutivo. Al elevar la edad jubilatoria hasta umbrales biológicamente altísimos y ensañarse particularmente con las mujeres y los sectores más vulnerables, la gestión provincial firma una iniciativa que generará abierta polémica. Es, en esencia, un programa de ajuste que abdica del rol protector del Estado para arrojarse a una lógica de mercado contable que se no contempló los derechos constitucionales de los entrerrianos.
 
De la redacción de La Opinión Popular

18-05-2026 / 20:05
El reciente desplome en los indicadores de imagen de Rogelio Frigerio es, fundamentalmente, la traducción en números del costo de su disciplinamiento político ante la Casa Rosada. La gestión entrerriana ha pasado de ser un proyecto con llegó con sello propio a convertirse en el laboratorio del ajuste de Javier Milei, y los ciudadanos han comenzado a pasar la factura.
 
El informe publicado por Sociedad Política revela una erosión acelerada del capital político que Frigerio supo construir. Lo que antes era un activo —su perfil moderado y técnico— hoy se diluye ante la percepción de una gestión paralizada por su adhesión al gobierno nacional. Hoy, el diferencial de imagen en las encuestas es deficitario. La desaprobación ya supera a la aprobación, rompiendo el "piso de cristal" que el gobernador mantuvo desde que llegó a la gobernación. "Por primera vez, la imagen de Frigerio tiene saldo negativo. El relevamiento marca un punto de inflexión en la consideración pública del mandatario entrerriano".
 
La encuesta ramarca una caída en los sectores medios. El segmento que fue la base de su victoria en 2023 es el que más rápido le ha soltado la mano, agobiado por el aumento de precios, tarifas y la licuación de los salarios de estatales provinciales.
 
La caída de Frigerio es la consecuencia natural de un gobernador que ha decidido —por convicción o por asfixia financiera— ser un alumno aplicado del ajuste libertario. Al alinearse de forma casi incondicional con los proyectos legislativos de la Nación y aceptar sin mayores resistencias el recorte de transferencias, Frigerio está mimetizando su suerte con la de Milei.
 
De la redacción de La Opinión Popular 

17-05-2026 / 20:05
El gobierno de Rogelio Frigerio ha vuelto a cruzar una línea polémica en materia de preservación ambiental y ética pública. En una reciente entrevista que desató el rechazo de organizaciones socioambientales y de la ciudadanía entrerriana, el Ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, blindó la polémica habilitación de la temporada de caza menor en la provincia recurriendo a un argumento tan insólito como jurídicamente insostenible: “La Constitución lo permite, no lo podemos prohibir”.
 
El discurso de Bernaudo tiene un error técnico, pero también un polémico juicio ético y jurídico. Es un error dado que se pretende disfrazar de "derecho constitucional" lo que en realidad es una concesión a empresas que trabajan en buena parte con extranjeros.
 
Al invocar una supuesta protección legal para la matanza de fauna, el funcionario parece confundir la normativa entrerriana con la Segunda Enmienda estadounidense, importando una retórica libertaria que Milei utilizó en su campaña presidencial, la que prioriza el negocio extractivo por sobre el deber constitucional de preservar la biodiversidad y los derechos de los seres sintientes. 
 
Es cuestionable que se intente justificar el "turismo de caza" bajo la exagerada promesa de generación de empleo que, en la práctica, suele estar matizado por la precarización laboral en enclaves cerrados para extranjeros. Mientras el Estado admite su incapacidad de control mediante fiscalizaciones aleatorias, Entre Ríos queda expuesta como un territorio donde la vida silvestre se remata al mejor postor, ignorando el avance global hacia la protección animal y consolidando un modelo económico que deja ganancias en pocas manos. Es un tema que merece una profunda discusión. 
 
De la redacción de La Opinión Popular 

17-05-2026 / 14:05
En una reciente entrevista en el Programa Cuestión de Fondo, el intendente de Villaguay, Adrián Fuertes, dejó definiciones que sacudieron el tablero interno del Partido Justicialista de Entre Ríos. Con una mezcla de pragmatismo y firmeza discursiva, el dirigente no esquivó el bulto ante la polémica por las sanciones disciplinarias y apuntó directamente contra quienes, según su visión, utilizan al partido como una plataforma de "agresión permanente".

Al ser consultado sobre las sanciones que el Tribunal de Disciplina ha comenzado a aplicar, Fuertes fue tajante: "Sí, estoy de acuerdo. Por supuesto que estoy de acuerdo". Para el villaguayense, la libertad de participación no es un cheque en blanco para el ataque sistemático hacia la conducción o los pares. "En la vida hay límites. Si lo que hay es una permanente agresión a los dirigentes del peronismo, están las normativas de sanción", disparó Fuertes.
 
Uno de los puntos más álgidos de su alocución fue la mención al sector de Héctor María Maya. Fuertes denunció lo que considera una estrategia de "división" orquestada desde afuera. Acusó a este sector de no cumplir con la Carta Orgánica y, acto seguido, utilizar sellos de partidos vinculados al oficialismo provincial para competir contra el peronismo. La metáfora del zapallo: "Le dieron el sello como si le dieran un zapallo... tomá, usalo para dividir al peronismo", graficó con ironía. En un dardo al Socialismo, el intendente del PJ uestionó que una fuerza de la coalición gobernante actual "alquilara" su personería para intervenir en la interna peronista sin un proceso orgánico claro.

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