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El clima en Paraná

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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau
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Nacionales - 06-12-2022 / 09:12
EL PELOTÓN DE FUSILAMIENTO, LAGO ESCONDIDO Y LA LIVERPOOL

Juicio trucho contra Cristina: Condena cantada sin ninguna prueba en absoluto

Juicio trucho contra Cristina: Condena cantada sin ninguna prueba en absoluto
Como ocurrió con Lula en Brasil o Rafael Correa en Ecuador utilizarán la justicia para la política, para intentar sacar de la cancha a las figuras que no se disciplinan ante los poderes fácticos internacionales y nacionales. Lo que se viene es una nueva batalla. Una más. Nada demasiado distinto a lo que ya viene siendo.
Como es público, todas las semanas a lo largo de más de tres años y medio, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola protagonizaron un auténtico papelón: les declararon en contra hasta sus propios testigos. Y no sólo fue una debacle de los fiscales, sino también de los que instruyeron la causa entre 2016 y 2019. Acusaron a los 13 imputados por fraude contra el Estado sin una sola pericia que indicara qué ocurrió con las obras, dónde estuvo el fraude.
 
Al final del juicio el saldo es el siguiente:
 
·         Todas las rutas licitadas se construyeron y la construcción fue de buena calidad.
·         No se pagó nada que no se hubiera construido. Lo señalaron una auditoría convocada por el gobierno de Mauricio Macri y una consultora privada, Consulbaires.
·         Resultó falso que hubiera rutas que no conducían a ningún lado. Hubo un solo caso que llevaba a un parque industrial, pero ocurrió lo contrario: la ruta se construyó y el parque industrial tardó más en construirse.
·         Las empresas de Lázaro Báez ganaron 51 de los 81 tramos en licitaciones que no fueron objetadas y en las que participaron empresarios que, en verdad, odiaban a Báez. El santacruceño no era parte de la Cámara de la Construcción y ofrecía precios más bajos.
·         En numerosas provincias la construcción de rutas se concentró en empresas de la zona: es costoso mover el personal y la maquinaria a enormes distancias. Más aún en el caso de Santa Cruz, a 2.800 kilómetros y con un clima adverso.
·         Todas las obras fueron votadas en los presupuestos de cada año en el Congreso Nacional. Fue falso que había obras que no estaban en el presupuesto.
·         En 2011 y 2013, la oposición presentó presupuestos alternativos. En ambos casos, figuraron las mismas obras a los mismos valores.
·         Los peritos del tribunal y de la fiscalía naufragaron de manera evidente cuando quisieron probar sobreprecios. Además, una Presidenta no tiene la menor relación con el valor, los presupuestos, de las obras.
·         Todas las obras se licitaron, adjudicaron, controlaron y pagaron en Santa Cruz. Y los fondos fueron administrados por los jefes de Gabinete, no por la Presidenta.
·         En tres años y medio de juicio no hubo un solo testigo ni documento en el que se evidenciara la existencia de una instrucción para favorecer a Báez.
 
Como ocurrió con Lula en Brasil o Rafael Correa en Ecuador utilizarán la justicia para la política, para intentar sacar de la cancha a las figuras que no se disciplinan ante los poderes fácticos internacionales y nacionales. Lo que se viene es una nueva batalla. Una más. Nada demasiado distinto a lo que ya viene siendo. 
 

La secuencia es la siguiente. A las 9.30 de este martes, vía zoom, las últimas palabras del único imputado que resta, Juan Carlos Villafañe, expresidente de Vialidad de Santa Cruz. Hablará 10 minutos. Luego, los tres jueces --Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso- harán el simulacro de retirarse a deliberar y citarán para algún momento de la tarde. A esa hora leerán el veredicto. 
 
El rumor más extendido en los pasillos de Comodoro Py es que la condena para Cristina Kirchner será de siete años de prisión. Los fundamentos se darán a conocer en 2023: febrero, marzo o abril. Un rato más tarde, según cuentan quienes la rodean, la vicepresidenta saldrá a hablar. 
  
Y todo indica que no sólo hablará de la grotesca resolución de los magistrados, sino también de la trama que nuevamente quedó al descubierto. Es que lo relevante no es el chat del grupo de jueces, funcionarios macristas y ejecutivos de medios: lo relevante es el obsceno contubernio de todos ellos en el viaje pagado --el delito se llama dádivas-- por el poder mediático-empresario alineado con la derecha argentina. Podrán decir que los hackearon, pero los jueces no pueden negar que fueron a Lago Escondido con todos los gastos pagos. 
 
 
El pelotón de fusilamiento
 
"Que la sentencia está escrita lo dije el 2 de diciembre de 2019, la primera vez que declaré en el juicio --le dijo Cristina este lunes al diario Folha de Sao Paulo-. Y lo dije por una razón muy sencilla. Primero porque se violaron todas las garantías constitucionales, segundo porque todo lo que se dijo era mentira. Tercero, porque el juez que instruyó esta causa es el mismo juez que siete u ocho años antes, en la misma causa, con las mismas obras, con las mismas denuncias de la oposición, habiendo dicho que no era competente, que había que remitirlo al sur. Y allí se concluyó que no hubo delito alguno. Pero además, durante todo el juicio, todas las pruebas testimoniales, todas las pruebas documentales, todas las pruebas periciales dicen que es una absoluta falsedad el querer involucrarme. Se construye una historia de imagen de ladrón, de delitos patrimoniales cuando, en realidad, cuando termino como Presidenta, tengo los bienes por los que fui investigada tres veces, inclusive por uno de los jueces que hoy nos acusa, Julián Ercolini".
 
 
La condena a Cristina está escrita en el vuelo a Lago Escondido
 
La "escapada" a la estancia de Joe Lewis exhibe el detrás de escena de la condena. Cuatro jueces federales en el avión privado pagado por la corporación de medios que bate records de títulos contra Cristina. Entre los cuatro jueces, justamente Ercolini, el que instruyó la causa Vialidad, y que acusó a CFK sin hacer la más mínima pericia. En el asiento de al lado del vuelo 26.917, iba un magistrado de Cámara de Casación. Y del otro lado del pasillo en la aeronave LVGCK, el ministro de Justicia macrista, un armador de campañas y un exintegrante de la AFI.
 
Sin pudor, en el grupo de Telegram hablan de armar pruebas falsas, apuntar una causa contra el titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y prometen llevárselo en patrullero "para hacerlo cagar". 
 
Los diálogos reflejan la realidad y coinciden con las llamadas de este cronista con Marcelo D'Alessandro y Juan Mahiques para chequear la información. Ambos mintieron diciendo que el viaje no existió, pero se fueron derrumbando poco a poco ante la lista de pasajeros firmada y sellada y otras evidencias. Del aeropuerto de Bariloche se fueron en las camionetas de Lewis hacia el lago al que no puede acceder el ciudadano común. 
  
 
En la quinta de Macri también redactaron la condena
 
Página/12 reveló que el presidente del Tribunal, Giménez Uriburu, y el fiscal Diego Luciani, jugaban en el mismo equipo de fútbol --La Liverpool-- y que lo hicieron en Los Abrojos, la quinta del expresidente que impulsó, a través de todos los organismos del Estado, la persecución a Cristina y a una larga serie de funcionarios peronistas y empresarios.
 
A unos y a otros los encarcelaron: a los primeros, para tratar de derrumbar a los que se oponían al macrismo, a los empresarios para sacarles las empresas o los contratos que tenían.
 
Las defensas recusaron al magistrado con evidente lógica: si el juez es amigo-compañero de equipo del fiscal, no hay imparcialidad alguna. No en este caso; en cualquiera. Un ciudadano acusado que sabe que el juez es íntimo del fiscal, ya sabe que todo está cantado.
 
El aparato de Comodoro Py obviamente sostuvo toda la trama, lo contrario de lo que hicieron, por ejemplo, con dos jueces a los que consideraron que podían favorecer a CFK, Roberto Boico y Sabrina Namer. A ellos sí los apartaron. Ni siquiera el tribunal reemplazó a un perito, Eloy Bona, que se presentó como imparcial, pero registraba tweets de violencia extrema contra Cristina.
 
 
Crónica de una condena anunciada
 
Como pronosticó la vicepresidenta, el Tribunal Oral, el pelotón de fusilamiento, procederá a disparar su munición este martes. Los medios-empresarios que pagaron el avión a Bariloche y la excursión a Lago Escondido harán el papel de William Boo, aquel árbitro tramposo de Titanes en el Ring.
 
En Comodoro Py algunos dicen que no se utilizará la escandalosa figura de la asociación ilícita, que equipara a un gobierno elegido por el pueblo con una banda. Afirman que la condena será por fraude al Estado. En realidad, es la única incógnita.
 
Ya se sabe que la resolución es apelable después que el año que viene se conozcan los fundamentos. Y luego vendrá un largo proceso en la Cámara de Casación y en la Corte Suprema, con jueces igual o más alineados con Juntos por el Cambio que los de este tribunal: merecen un lugar en La Liverpool, el equipo que juega en Los Abrojos.
 
Por Raúl Kollmann
 
Fuente: Página 12
 

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22-02-2026 / 09:02
Todavía falta para que el desastroso gobierno de Javier "el Loco" Milei haga todo el daño que su restauración conservadora pretende. Ni siquiera se ha llegado a la mitad del camino. La reforma laboral que sancionó la Cámara de Diputados esta semana y que volverá a debatirse en el Senado es un punto central, pero todavía falta.
 
Hay un encadenamiento en la demolición. Se van derribando uno por uno los pilares civilizatorios de la sociedad argentina y la justificación para hacerlo se repite en todos los casos. Las universidades públicas, se argumentó en su momento, se financian con el IVA que pagan los sectores populares al comprar un kilo de pan. Y a estudiar asisten sectores de clase media. El razonamiento es que los pobres financian a sectores más pudientes. Entonces hay desfinanciar las universidades. Para el INCA, motor de la industria del cine nacional, se utilizó un argumento similar.
 
Luego llegó el turno de los industriales. El sector textil está siendo arrasado por el combo de la política económica de Milei, dólar barato en base al endeudamiento, aumento de los servicios públicos, apertura de las importaciones. Es la tormenta perfecta. Ya se sabe. Ya se hizo. Ya fracasó. El argumento para justificar la situación crítica del sector es que no se puede sacrificar a 50 millones de argentinos a comprar ropa más cara para sostener una industria en la que trabajan 500 mil personas. Lo dijo, entre otros fundamentalistas del neoliberalismo, el economista Miguel Boggiano.
 
En los próximos días se aplicará la misma excusa para el sector del neumático, la industria automotriz, la del calzado, y la lista sigue. La pregunta es: ¿dónde van a trabajar los argentinos? Si el razonamiento es que se está defendiendo a los consumidores, ¿cómo van a consumir los que pierden el empleo? Es tan obvio que parece absurdo decirlo. Pero la argentina mileísta tiene una buena dosis de delirio así que hay que explicar lo obvio. Quieren destruir la clase media y latinoamericanizar la Argentina. 
 
Un breve desvío del tema: es habitual que entre los fundamentalistas del supuesto libre mercado haya muchos nenes de papás que fueron funcionarios de los lugares más privilegiados del sector público. En el caso de Boggiano su padre fue ministro de la Corte Suprema, el lugar más selecto de la casta estatal. Puede agregarse el ejemplo del exmarido de la modelo Pampita, Roberto García Moritán. Su padre tiene el mismo nombre y tuvo una larga carrera como diplomático. Fue embajador en Suiza hasta 1987. Se ve que es fácil jugar al neoliberalismo habiendo crecido en una casa donde papá recibía en su cuenta un sueldo de miles de dólares todos los meses pagado por los contribuyentes.
 
Volviendo al tema, todavía falta para que Milei alcance sus objetivos de destrucción, si se toma en cuenta los modelos de país que sus funcionarios tienen como ejemplo. El actual presidente del Banco Central, Santiago Bausili, dijo en el streaming Carajo que su modelo era Perú. El ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, estaba sentado al lado de Bausili y asentía con risa cómplice.
 
Perú tiene 70,1% de trabajadores informales según las últimas estadísticas del INEI (el INDEC peruano). La Argentina tiene 43%. Creció desde que asumió Milei. Todavía faltan 27 puntos para llegar a la meta, unos 4 millones de trabajadores más deben pasar a la informalidad. Desde el punto de vista político la situación de Perú es caótica. Del 2016 a febrero de 2026 hubo 9 presidentes. Al último, José Jerí, lo removieron del cargo el martes de la semana pasada.
 
¿Qué es lo bueno? Desde la óptica clásica de la derecha argentina lo positivo es que la economía está centrada en los productos de exportación, principalmente la minería, que no hay desarrollo industrial y por lo tanto no hay sindicalismo que pueda generar una puja distributiva potente. Además, se cumplen las instrucciones del sistema financiero internacional. ¿Podría Perú disminuir ese 70% de informalidad? Con ese modelo parece imposible. Lo están aplicando los últimos 30 años y los resultados están a la vista.
 
Por Demián Verduga
 

21-02-2026 / 10:02
Mundo desequilibrado. Discuten el futuro de Palestina para convertirla en una Miami del Medio Oriente, pero no consultan a los palestinos. En Argentina, el gobierno de Javier "el Loco" Milei organiza el trabajo como una Disneylandia para empresarios, y no consulta a los trabajadores. A diferente escala, porque en el primer caso se oculta un genocidio. Pero los argentinos trajinan sus propias tragedias con el cierre brutal de empresas y miles de trabajadores lanzados a la calle.
 
El jueves, cuando en Buenos Aires Diputados aprobaba la reforma laboral, en el marco de un paro nacional muy masivo, en Washington el cipayo Milei, se deshacía en elogios al mandatario estadounidense Donald Trump, que se autoproclamó presidente vitalicio del Consejo de la Paz. Trump habló de sus proyectos inmobiliarios de pacificación en Gaza, sin hablar de desmilitarizarla primero, al mismo tiempo que amenazaba, pacíficamente, con bombardear a Irán.
 
En este Occidente en decadencia y tan desigual y desequilibrado suceden cosas insólitas. En medio de su relajado discurso, en el que insistió que "no me interesa el premio Nobel de la Paz, me importa salvar vidas, que quede claro", Trump detuvo su alocución para piropear al presidente paraguayo, Santiago Peña: "un joven hermoso y apuesto, pero a mí no me gustan los hombres jóvenes y apuestos, a mí me gustan las mujeres".
 
Al Consejo de la Paz se unieron 27 países, aunque a la reunión del jueves asistieron también representantes de la mayoría de los latinoamericanos y europeos, que prefirieron mantenerse en calidad de observadores.
 
El martes, cuando Milei abandonó el país, la empresa FATE anunció que cerraba las puertas de su fábrica de neumáticos y dejaba en la calle a 920 obreros. La mayoría de ellos tenía varias décadas de antigüedad en una empresa que se fundó hace 80 años y ha exportado neumáticos a Estados Unidos y Europa, pero no pudo resistir la apertura de las importaciones.
 
La destrucción de la Argentina productiva avanzó a velocidad de la luz con Milei. Primero fue la industria textil, después la de electrodomésticos, y ahora tocó el turno a industrias más consolidadas, como Techint de Paolo Rocca, o Fate de los Madanes.
 
Techint se trasnacionalizó, pero el sesgo progresista distinguió el crecimiento de Fate, con Aluar. El ministro de Economía de Perón, José Ber Gelbard fue socio de los Madanes en Aluar, cuando la empresa acogió a científicos que habían sido expulsados de Ciencias Exactas e Ingeniería por la dictadura de Onganía, como Manuel Sadovsky, Carlos Varsavsky y el ingeniero Humberto Ciancaglini.
 
En ese momento los titulares de la empresa eran Adolfo y Manuel Madanes, quien impulsó la participación de Gelbard y después las de Sadovsky y Varsavsky. Adolfo se resistía a las implicancias políticas que tenía el proyecto de su hermano. El actual dueño, Javier Madanes, es hijo de Adolfo y sobrino de Manuel.
 
Desde la gerencia de Investigación y Desarrollo impulsada por Sadovsky y Varsavsky se crearon mecanismos propios para la producción de aluminio, y se convocó a un grupo de ingenieros que décadas más tarde formaría parte del que fue el emprendimiento privado más estratégico de innovación tecnológica.
 

20-02-2026 / 10:02
La bronca desde abajo le impuso a la CGT el paro nacional. Fue contundente a pesar de los límites de la conducción y mostró que la reforma laboral esclavista de Javier "el Loco" Milei es socialmente ilegítima. Casi ningún colectivo, nada de trenes, nada de industria, el centro de la ciudad vacía, muchos comercios cerrados y en el conurbano la misma inactividad. La convocatoria al paro lanzada por la CGT y las dos CTA y militada por el Frente de Sindicatos Unidos tuvo un enorme respaldo. Pasada la medianoche se aprobó en Diputados con modificaciones. Ahora vuele al Senado.
 
El movimiento obrero no tiene la fuerza de los años del capitalismo industrial o de la sustitución de importaciones. Sin embargo, el acatamiento al paro fue de una masividad que debería llamar a la reflexión al Gobierno y a los miserables diputados que votaron la reforma laboral. Más que el movimiento obrero, el paro fue representativo de la mayoría de la sociedad. Hay rechazo al despojo de reivindicaciones históricas. Pero muchos de los que acataron el paro conocen poco la letra completa del proyecto de ley, pero interpretaron y rechazaron el sustrato de desprecio y discriminación a los trabajadores que conlleva la propuesta.
 
La carga de desprecio, el volumen de humillación y maltrato que sobrevuelan a toda la norma consolida la idea que quieren instalar de un país con ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. El personaje profundamente mediocre y ofensivo de Federico Sturzenegger expresa un fanatismo tan vulgar, tan gris, que no alcanza a percibir el rechazo profundo que produjo en la mayoría de la sociedad. El economista que fracasó en los gobiernos de Fernando de la Rúa y de Mauricio Macri ha sido la cara visible de esta propuesta y al que todos acusan de haber intercalado la miserable iniciativa de pagarles la mitad del salario a los trabajadores enfermos.
 
Hay una narrativa antiderechos, antipolítica y antisindical que se construyó sobre defectos que existen pero que son excepcionales si se los compara con los beneficios, a los que esa narrativa desprecia o, al menos no valora. Todo lo que sea derechos constituye un robo. Los discapacitados mienten su discapacidad, los trabajadores mienten cuando dicen que están enfermos, los trabajadores nunca van a la universidad, los científicos son diletantes, la política y el sindicalismo solo sirven para robar.
 
Pero se les fue la mano y tuvieron que retirar la monstruosidad de pagarle la mitad a un trabajador enfermo. Eso no ocurría ni con los esclavos. Esa burrada es Sturzenegger puro. Esa narrativa tomó cuerpo en un sector de la sociedad y mucha gente votó esta gestión. Pero cuando empiezan a sacar derechos y obligaciones que buscaban asegurar a todos los ciudadanos como sujetos de derecho, la mayoría se siente afectada, incluso muchos de los que votaron al Loco Milei. Puede ser que haya otra explicación para este paro contundente, pero sería importante que el masivo acatamiento a esta convocatoria sirva para la reflexión de muchos de los diputados y senadores que aprueban esta norma que los marcará a fuego.
 
Pero toda la norma está concebida desde ese lugar donde se considera al trabajador poco menos que como un estafador con el que los autores de la norma están obligados a convivir. Por eso, los radicales, los gobernadores traidores de Catamarca, Tucumán y Salta, que se dicen peronistas, y los diputados misioneros, todos ellos que colaboraron en habilitar esta ley, quedaron muy lejos de la expectativa de sus votantes. El punto crítico para este gobierno será cuando ese enorme porcentaje que rechaza estas políticas se convierta también en rechazo a los que las impulsan.
 
Para impedir que se apruebe hay que multiplicar fuerzas, peleando por imponer un verdadero paro activo de 36 horas, que garantice una movilización masiva para impedir el retroceso en protección laboral.
 
La Opinión Popular
 

18-02-2026 / 10:02
Comenzó la reforma laboral y la empresa de neumáticos Fate resolvió el cierre definitivo de su planta en San Fernando tras 80 años. No hubo ninguna notificación ni aviso por parte de la empresa. La Policía ocupó la planta, demoró a Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, e hirió con balas de goma a trabajadores, quienes ingresaron pacíficamente a la planta y desde ahí llaman a solidarizarse con su pelea contra el cierre. Los dueños culparon a la política de apertura de importaciones indiscriminadas del gobierno libertario de Javier "el Loco" Milei, que destruye cada vez más la industria nacional.
 
Con una cruda declaración pública que demuestra los daños del modelo económico del gobierno anarco capitalista en la producción nacional, la compañía propiedad de la familia Madanes Quintanilla aclaró que el anuncio no se trata de un concurso preventivo de acreedores y descartó una reestructuración o un plan de salvataje. Se trata del cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente. "Se liquida todo y se baja la persiana", sentenciaron.
  
En un comunicado, la firma dejó claro que la principal consecuencia de la decisión que deja en la calle a casi mil familias se debe a la política de apertura de importaciones impulsada por la administración de La Libertad Avanza (LLA). Fate estaba produciendo 150 mil neumáticos mensuales, el 25 por ciento de su capacidad. Hoy, el 75 por ciento de las ruedas del mercado son chinas. Los otros grandes jugadores del sector, Pirelli y Bridgestone, enfrentan situaciones similares.
 
"Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre", dice el comunicado emitido a primeras horas de hoy por FATE. "Las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán dentro del plazo legal", aseguró el texto.
  
La planta de San Fernando es una de las más grandes del país y tenía una capacidad productiva que superó los 5 millones de neumáticos por año. Sin embargo, esa eficiencia se vio sacudida por el ingreso de 860.000 cubiertas de origen chino importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios obligó a Fate a rebajar sus productos y, consecuentemente, a dejar por el piso sus márgenes de ganancia.
 
Su cierre se trata de un evento anunciado. Desde 2024, la empresa había advertido sobre los golpes en su competitividad producto de la apertura económica indiscriminada que afecta la producción nacional. Durante los últimos dos años, la crisis comercial y productiva que hundió a la empresa fue erosionando la relación con los empleados, que a través de la representación gremial reclamó permanentemente sobre los daños al costo laboral, sueldos atrasados y reducción de jornadas de trabajo.
 
En su declaración, la compañía recordó que "a lo largo de más de ocho décadas Fate construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad".
 
"Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina", destacó. Milei los liquidó.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 10:02
El ministro de Economía, el endeudador serial Luis "Toto" Caputo, salió este domingo a interpelar públicamente al empresariado por la falta de respaldo explícito a la reforma laboral retrograda y esclavista impulsada por el Gobierno anarco capitalista. A través de un mensaje directo en redes sociales, el funcionario expresó su "asombro" ante lo que consideró una reacción tibia -o directamente nula- de las cámaras empresarias frente a los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.
 
El reclamo de Caputo se produjo en un momento de alta tensión política y sindical, con la Confederación General del Trabajo convocando a un paro en rechazo al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ministro buscó correr el foco del conflicto y presionar al sector privado para que se pronuncie en favor de una reforma que el Ejecutivo presenta como anti trabajadores.
 
El eje del planteo oficial es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos herramientas que apuntan a reducir significativamente el costo laboral. La reforma permitiría bajar las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador desde el 27 actual al 15 por ciento durante un período de 48 meses. En términos más amplios, la cuña laboral promedio se reduciría del 44 al 32 por ciento del salario bruto.
 
Pese a estos números, Caputo se mostró molesto por la falta de entusiasmo empresario. "Les bajamos un 85 por ciento las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", escribió en la red social X.
 
Sin embargo, el silencio por parte del empresariado expone una incomodidad que el Gobierno subestima. Voces del sector privado reconocen que la baja de cargas es un incentivo relevante, pero advierten que persisten dudas sobre la implementación del nuevo esquema, la estabilidad macroeconómica y la falta de políticas complementarias para reactivar la producción y el crédito. En sectores industriales, incluso, señalan que la reducción de costos laborales no alcanza si no hay demanda ni financiamiento.
 
Mientras el Gobierno ultra derechista exhibe el recorte de cargas patronales como una concesión histórica al empresariado, las principales cámaras evitan celebrarlo abiertamente, atrapadas entre el conflicto sindical, la incertidumbre económica y un modelo laboral que todavía genera más interrogantes que certezas.
 
Muchos empresarios están sensibilizados por los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores, afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y por lo tanto achica aún más el mercado interno, con lo que a las Pymes les pega de lleno.
 
Los empresarios ni fu ni fa con la medida. En tanto, la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día en que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno libertario quiere que la Cámara de Diputados lo transforme urgente en ley, aunque si le hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios del transporte.
 
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