05:39 | Jueves 25 de Abril de 2013 | Entre Ríos
Las claves del modelo ideológico neoliberal del gobierno de Macri
Por Carlos Andujar
Por Carlos Andujar
Groucho Marx dijo: "La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados". En ese punto, Javier Milei es marxista.
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Entre Ríos - 05-12-2022 / 07:12
PANORAMA POLÍTICO PROVINCIAL
¿Gustavo Bordet desdobla o no las elecciones en Entre Ríos?
Objetivamente la nueva iniciativa corre el calendario tres meses, y le da margen a Bordet, hasta fines de marzo y principios de abril, para definir si lo mejor es desdoblar las elecciones en la provincia, o bien sumarse al calendario electoral nacional que contempla las elecciones primarias PASO en agosto y las generales en octubre.
Pese a existir distintas evaluaciones en la Casa Gris, se conoció que el oficialismo provincial ingresará en la Cámara de Diputados un proyecto de ley por el cual se reformará el cronograma electoral de Entre Ríos. Concretamente, la iniciativa modifica la Ley 10.615 y deja abierta la puerta a que las elecciones PASO se convoquen para el 30 de julio, en tanto que las generales serían el 24 de setiembre, obviamente del 2023. En Nación, esta decisión no es bien vista.
En la iniciativa oficial, que será impulsada por el bloque mayoritario en la Legislatura, se le permitirá al gobernador Gustavo Bordet definir la convocatoria o no a un desdoblamiento de las elecciones. La Constitución provincial le otorga la facultad al Poder Ejecutivo en forma exclusiva de establecer que los comicios provinciales sean unificados o no con los nacionales. Si no se produce esta modificación, las elecciones con el calendario actual, se deberían realizar: en abril las PASO, y en junio las generales. Objetivamente la nueva iniciativa corre el calendario tres meses, y le da margen a Bordet, hasta fines de marzo y principios de abril, para definir si lo mejor es desdoblar las elecciones en la provincia, o bien sumarse al calendario electoral nacional que contempla las elecciones primarias PASO en agosto y las generales en octubre.
De no mediar la reforma que se está impulsando, Bordet podría convocar a las elecciones generales para gobernador, intendentes, senadores y diputados provinciales y concejales, para el domingo 11 de junio de 2023. Si no las convoca antes del 12 de enero, las elecciones provinciales serían en octubre, junto con las nacionales. Esto complicaría a Juntos por Entre Ríos: en una elección unificada, la feroz interna nacional de JxC se metería de lleno en la elección provincial y la presencia de Javier Milei encabezando la boleta sábana de una elección que no prevé el ballotage, le restaría muchos votos por derecha.
La decisión final del "tiempista" Bordet tendrá que ver con el contexto nacional, en términos de humor social, índice inflacionario y hasta la evaluación del candidato a presidente que presente el Frente de Todos, para evitar que los temas de la agenda nacional se cuelen negativamente en los comicios que definirán el destino de la provincia para los próximos cuatro años. Sobre el tema social, el Gobernador recibió informes oficiales del Ministerio de Economía de la Nación, que indicarían la recuperación de la economía y la reducción de la inflación. La industria manufacturera, el comercio mayorista y minorista, transporte y comunicaciones, la producción de bienes y servicios, la intermediación financiera vienen mostrando números positivos.
Pero el tema adquiere otro cariz cuando se habla del ingreso de la clase trabajadora que no logran recuperar las profundas caídas que sufrieron con la aplicación del nefasto modelo neoliberal del macrismo y es claro que la recuperación económica en curso no garantiza per se la recomposición salarial. Las enormes ganancias que vienen teniendo las grandes corporaciones empresarias no llega a los asalariados con lo cual la distribución del ingreso nacional sigue siendo regresiva. Esta es, precisamente, el mayor problema del actual Gobierno y lo complica en lo electoral dado que afecta directamente a su base de votantes.
En la iniciativa oficial, que será impulsada por el bloque mayoritario en la Legislatura, se le permitirá al gobernador Gustavo Bordet definir la convocatoria o no a un desdoblamiento de las elecciones. La Constitución provincial le otorga la facultad al Poder Ejecutivo en forma exclusiva de establecer que los comicios provinciales sean unificados o no con los nacionales. Si no se produce esta modificación, las elecciones con el calendario actual, se deberían realizar: en abril las PASO, y en junio las generales. Objetivamente la nueva iniciativa corre el calendario tres meses, y le da margen a Bordet, hasta fines de marzo y principios de abril, para definir si lo mejor es desdoblar las elecciones en la provincia, o bien sumarse al calendario electoral nacional que contempla las elecciones primarias PASO en agosto y las generales en octubre.
De no mediar la reforma que se está impulsando, Bordet podría convocar a las elecciones generales para gobernador, intendentes, senadores y diputados provinciales y concejales, para el domingo 11 de junio de 2023. Si no las convoca antes del 12 de enero, las elecciones provinciales serían en octubre, junto con las nacionales. Esto complicaría a Juntos por Entre Ríos: en una elección unificada, la feroz interna nacional de JxC se metería de lleno en la elección provincial y la presencia de Javier Milei encabezando la boleta sábana de una elección que no prevé el ballotage, le restaría muchos votos por derecha.
La decisión final del "tiempista" Bordet tendrá que ver con el contexto nacional, en términos de humor social, índice inflacionario y hasta la evaluación del candidato a presidente que presente el Frente de Todos, para evitar que los temas de la agenda nacional se cuelen negativamente en los comicios que definirán el destino de la provincia para los próximos cuatro años. Sobre el tema social, el Gobernador recibió informes oficiales del Ministerio de Economía de la Nación, que indicarían la recuperación de la economía y la reducción de la inflación. La industria manufacturera, el comercio mayorista y minorista, transporte y comunicaciones, la producción de bienes y servicios, la intermediación financiera vienen mostrando números positivos.
Pero el tema adquiere otro cariz cuando se habla del ingreso de la clase trabajadora que no logran recuperar las profundas caídas que sufrieron con la aplicación del nefasto modelo neoliberal del macrismo y es claro que la recuperación económica en curso no garantiza per se la recomposición salarial. Las enormes ganancias que vienen teniendo las grandes corporaciones empresarias no llega a los asalariados con lo cual la distribución del ingreso nacional sigue siendo regresiva. Esta es, precisamente, el mayor problema del actual Gobierno y lo complica en lo electoral dado que afecta directamente a su base de votantes.
Si no se desdoblan las elecciones, la convocatoria sería en octubre con la Nación y lo que el Frente de Todos debería hacer en estos meses es recomponer los salarios y bajar la inflación a la mitad. Y el dato no debería llegar en julio sino entre marzo y abril. El índice de precios de septiembre aumentó 6,3%, lo que ubicó el dato interanual cerca del 88%. Con ese nivel de incremento del costo de vida es difícil que el peronismo pueda ganar la elección de 2023.
Al gobierno del Frente de Todos le tocó la peor peste de los últimos 100 años. Y eso explica en gran medida los problemas actuales y el resultado electoral del 2021. La inflación heredada de Mauricio Macri, carcomiendo el poder adquisitivo de los ingresos fijos de los trabajadores es la otra peste. En las elecciones de 2021, el gobierno partía de la base de que el éxito del plan de vacunación lo haría ganar. La ética del accionar frente a la pandemia estuvo resumida en una frase: "una vida que se pierde no se recupera, una economía que se cae se puede levantar". Es cierto. Pero lo ético y lo justo no siempre sintoniza con lo electoral. Hoy la pandemia de Covid quedó guardada en ese cajón en el que se meten las cosas que se pretende olvidar como si nunca hubiera ocurrido. Fue un lapsus en el que el Gobierno debió pagar un alto costo político, como muchos oficialismos en el mundo.
Ahora bien, disponer sistemas electorales o imponer cronogramas electorales son iniciativas que el oficialismo suele hacer jugar en su favor, cuando tiene mayoría legislativa, claro. Con más tiempo, Bordet podrá en marzo o abril saber si Sergio Massa logró bajar la inflación, a fin de que el Frente de Todos llegue a las elecciones de octubre con un escenario nacional más favorable. Para ello hay que lograr, con la inflación y los ingresos, una señal sensible de que se revierte la tendencia. Queda poco tiempo, pero no es imposible. Si la situación mejora, se instalará en la mayoría de la población una percepción distinta a la desazón actual. Habrá un voto que tratará de no profundizar una situación problemática cuando se está mejorando, volviendo a elegir una experiencia que ya fracasó como la del neoliberalismo macrista, y será una expectativa realista. Así tendrá el peronismo serias posibilidades de ganar en 2023.
La Opinión Popular
Cristina calificó al tribunal que la juzga como un pelotón de fusilamiento
"Este no es un tribunal, sino un pelotón de fusilamiento". "Como lo dije el 2 de diciembre de 2019, al comienzo de este juicio, la sentencia está escrita. Lo que no sabía es que está tan mal escrita y que la acusación fue una serie de mentiras e incluso de hechos que no existieron". "La mujer que acompañaba a quien quiso matarme, Brenda Uliarte, seguía al fiscal Diego Luciani en las redes sociales. Eso muestra la ligazón entre este fusilamiento y el intento de fusilarme del 1 de septiembre". Estos fueron los conceptos esenciales de Cristina Fernández al hacer uso de lo que llaman "las últimas palabras" en el juicio por las rutas de Santa Cruz.
En una causa sin ninguna prueba más que las tapas de Clarín, la vicepresidenta eligió este enfoque global, político, porque las defensas ya habían contestado todas las acusaciones. Aun así, Cristina, instantes después, dio a conocer "Las 20 mentiras de la causa Vialidad" que fueron expuestas con tanta solidez por las defensas que los fiscales Luciani y Sergio Mola ni siquiera se atrevieron a responder. El Tribunal Oral Federal número dos fijó audiencias para el lunes y martes que viene. En este último día, el martes 6 de diciembre, se dará a conocer la sentencia.
Más allá del enfoque político, Cristina afrontó sorpresivamente y de manera directa uno de los estigmas que la alianza judicial-mediática-política viene instalando desde hace años en su contra: "el 10 de diciembre de 2015 me fui del gobierno exactamente con los mismos bienes con los que había llegado y que ahora quedaron para mis hijos. Tres jueces (Rodolfo Canicoba Corral, Norberto Oyarbide y Julián Ercolini) me investigaron por enriquecimiento ilícito y no encontraron nada. Vivo en el mismo departamento que cuando nos fuimos con Néstor a vivir a Olivos. En cambio, alguna otra dirigente importante de la oposición (en referencia a María Eugenia Vidal), vecina del barrio, un poco más para allá, en un lugar más selecto, La Isla, compró un departamento a mitad de precio, que además se lo vendió la hija de su contador y que además se lo vendió prestándole la plata. Pero la ladrona y la chorra soy yo. Esto es lo que se está viviendo en la República Argentina".
En el juicio, ambas acusaciones sufrieron una auténtica paliza. Empezando por el hecho incontrovertible de que todas las obras se hicieron, era falso que hubiera alguna ruta que no conducía a ningún lado y que no se pagó nada que no se hubiera construido. Eso fue certificado por dos auditorías, ambas encargadas por el macrismo. O sea, no pudieron acreditar ningún perjuicio para el Estado.
Respecto de la asociación ilícita, además de que el delito fue plantado para agrandar la pena, no hubo un solo testigo en tres años y medio que dijera que recibió un llamado, que le dieron una instrucción o cualquier maniobra para favorecer a Lázaro Báez. Las licitaciones se hicieron en Santa Cruz, igual que las adjudicaciones y el control de las obras, de manera que las autoridades nacionales -entre ellas Cristina- no tuvieron participación directa. Al haber comunicaciones sólo atribuibles a las funciones de gobierno, CFK señaló: "quieren calificar de asociación ilícita a un gobierno votado por los argentinos".
Cristina insistió -como lo viene afirmando desde el inicio del juicio- que la condena ya está firmada. Pero en sus últimas palabras, se concentró en los fiscales Luciani y Mola: "la increíble diatriba, porque no se le puede llamar alegato a los 20 días que los fiscales Luciani y Mola dedicaron a injuriar, agraviar, denostar y actuar, no conforme a derecho, sino tal cual un editorial de Clarín o La Nación. Durante 20 días inventaron hechos, ocultaron otros hechos, tergiversaron, mintieron. Y ese 22 de agosto termina el alegato y empieza a agolparse gente frente a mi casa que, finalmente, el 1 de septiembre, aparece una persona, acompañado por una mujer, dispara o intenta disparar. Disparó, lo que pasa que el tiro no salió. Doce días después, Clarín tituló "la bala que no salió y el fallo que sí saldrá". Miren la identificación con fusilamiento y esta causa". Nadie verá una condena a Cristina como el resultado de un juicio justo porque jamás lo tuvo.
Diputados macristas armaron un nuevo escándalo y confirmaron ser incapaces de hacer política en serio
La patética puesta en escena con la que un grupo de diputados macristas, incluyendo a jefes de bloque, interrumpió el funcionamiento de la cámara de diputados el jueves por la tarde, con insultos, amenazas y golpes en los escritorios del recinto, es un nuevo paso hacia adelante en la estrategia de tierra arrasada de Juntos por el Cambio: que el Estado no funcione y el Gobierno no pueda gobernar. Buscan la debacle absoluta del peronismo.
Con comportamientos más propios a los de una barra brava que a los de un interbloque legislativo, los diputados macristas lograron bloquear una sesión en la que el oficialismo queria ratificar el cargo de la presidenta del cuerpo, Cecilia Moreau, dejar sin efecto la nómina de legisladores propuestos para el Consejo de la Magistratura y aprobar la creación de nueve universidades. Hubo gritos, empujones, insultos y gestos obscenos plagados de referencias misóginas y xenófobas.
El papelón, directa consecuencia de la notoria incapacidad de la alianza antiperonista de resolver diferencias por las vías del diálogo y la negociación política, se desató cuando los legisladores de JxC vieron frustrado su intento de dejar sin quorum a la sesión y optaron lisa y llanamente por pudrirla.
El oficialismo aspiraba a tratar un proyecto de ley creando nuevas universidades nacionales en provincias. Diputados del bloque Federal y hasta algunos cambiemitas estaban a favor. Piensan en sus distritos, en cómo votarán los ciudadanos en 2023. Pero la mayoría de JxC aborrece las universidades públicas y gratuitas. También están de punta contra la moratoria previsional que cuenta con media sanción del Senado y que ampliaría la protección social para más de 800.000 nuevos jubilados.
Son más arteros aun frente al proyecto de ley de persecución y prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. La pide el GAFI, un organismo internacional. Estados Unidos la apoya. La principal oposición aborrece desairar a sus amos yanquis pero gambetea comprometerse culpando al oficialismo. Tampoco los emociona la movida de ir contra los miles de millones de dólares, fugados y amarrocados fuera del territorio nacional.
En un primer momento, JxC intentó dejar a la sesión sin quórum, pero gracias al apoyo de los bloques de la izquierda y de otras fuerzas, el oficialismo logró reunir el número exacto de diputados para iniciar el debate. Al ver frustrada su intentona de negar el quórum, los legisladores cambiemitas bajaron al recinto con la única intención de bloquear la sesión con el falso argumento de que el oficialismo había prorrogado el inicio de la sesión de manera antirreglamentaria.
Pero los opositores no plantearon sus objeciones desde sus bancas y haciendo uso de la palabra de manera ordenada, prefirieron en cambio armar un quilombo frente al atril de la presidencia. Los patoteros Fernando Iglesias, Waldo Wolff y Silvia Lospennato encabezaban el griterío que era decorado por gestos obscenos a cargo de Cristian Ritondo (denunciado por su aliada Elisa Carrió y por la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, por manejo de influencias en la justicia a favor de narcos).
Los de JxC siguieron profiriendo insultos y golpeando bancas hasta que se levantó la caótica sesión. Los macristas volvieron a demostrar que son pésimos ejecutantes del arte de la política. En un escenario de relativo equilibrio de fuerzas, son incapaces ya no de llegar a algún acuerdo, sino de dar un debate civilizado.
Pero en esta oportunidad los representantes de JxC fueron todavía más lejos al recurrir a mecanismos arrebatados y patoteriles para imponer su voluntad. Al fracasar su estrategia de bloquear la sesión negando el quórum, buscaron impedir el debate recurriendo a la violencia.
Justamente quienes impostan énfasis en todos sus discursos e intervenciones mediáticas para declararse incondicionales defensores de la institucionalidad fueron los que abiertamente insultaron a una de las instituciones más importantes de la democracia.
Oposición provincial enmudecida
Rogelio Frigerio y Pedro Galimberti -como toda la dirigencia opositora- se entusiasmaron con el impacto político de las dificultades que el oficialismo pudiera tener. Pero no proponen soluciones concretas; ni siquiera está claro que las tengan. Ese empieza a ser un problema para Juntos por Entre Ríos, que reitera una y otra vez la tesis del fin de ciclo kirchnerista y del agotamiento peronista después de 20 años en el gobierno local, pero sigue sin mostrar qué tipo de cambio es el que propone para la provincia.
Los dirigentes de Juntos por Entre Ríos, peleados y desarticulados, solo miran la agenda de Buenos Aires y pretenden trasladar la grieta nacional a la provincia, haciendo venir a funcionarios porteños o precandidatos presidenciales que no conocen la realidad local, como Rodríguez Larreta, o se contradicen en la política de impuestos con los dirigentes locales, como Gerardo Morales que dijo "aquellos que piden bajar los impuestos deben ir al psicólogo" teniendo a lado a los dirigentes entrerrianos de Juntos, que permanentemente piden bajar impuestos provinciales para desfinanciar al Estado.
Frente a los problemas que muestra la provincia, la larga novela de las candidaturas paralelas de Frigerio y Galimberti, la desconfianza mutua entre el PRP y la UCR, y la permanente ausencia de reglas de juego ya se volvió redundante internamente y -lo que es más problemático- inentendible para quienes la miran de afuera. Muchos candidatos y pocas propuestas para pretender gobernar la provincia. Hace falta más que solamente oponerse y criticar sin dar soluciones a nada de lo que demanda la sociedad. Y volver al modelo neoliberal menemista de los 90 no es una opción que los entrerrianos tengan entre sus aspiraciones.
Además, los referentes provinciales de Juntos por el Cambio, acostumbrados a escandalizarse frente a cualquier denuncia, sospecha o irregularidad en la que incurra el Gobierno, esta semana no dedicaron la más mínima mención al escándalo que sus referentes nacionales provocaron para impedir el normal desarrollo de la actividad legislativa en el Congreso. Aparentemente estaban ocupados siguiendo las alternativas del mundial.
Esa distancia con la gente hace que siga creciendo una figura como Javier Milei, que capta adhesión de entrerrianos robándole votos que antes eran de Cambiemos. La ex candidata a diputada y referente de Milei en Entre Ríos, Miriam Müller, sostuvo que "Las palomas de Juntos por el Cargo son parte de las enfermedades terminales que afectan al país".
La titular de Partido SOL descartó que pueda existir un acercamiento hacia JXC. "Es difícil pensar en un Milei, con expresiones tan claras sobre las pestes y males que enferman al país, que se una a las causas que producen esos padecimientos." De este modo, Müller enterró la posibilidad de sumarse al radi-macrismo.
La Presidenta de Partido SOL, uno de los sellos en la provincia que conforma la mesa política de Milei, ironizó sobre el diputado Rogelio Frigerio. "Frigerio recorre la provincia para conocerla. Hace un tour para conocer su historia e idiosincrasia". Y recordó que en el 2015, Frigerio "impuso" como diputada nacional por Entre Ríos a Yanina Gayol, otra porteña "que nunca había pisado Entre Ríos".
El PJ entrerriano de cara al 2023
En el PJ entrerriano, de cara al 2023, consideran que la mejor carta es la administración provincial que llevó adelante Gustavo Bordet. Consideran que hay volver a renovar los votos para plebiscitar la gestión con el apoyo de la militancia y la gente. El peronismo es el que siempre saca adelante la situación y es el Estado presente el que lleva adelante toda obra necesaria para seguir plasmando la justicia social, esa bandera de los sectores populares.
Esas intenciones chocan con la incertidumbre. No se tiene todavía candidato a gobernador, debe avanzar en el armado de la estructura -futuro gabinete incluido- que fortalezca su propuesta provincial; reactivar en breve su estrategia por fuera de la ciudad de Paraná y poner a la gestión municipal capitalina y de las principales ciudades del interior en un ritmo febril de licitaciones y ejecución de obras.
Tampoco el peronismo tiene un candidato a presidente, y no cualesquiera de los sectores del Frente de Todos está muy de acuerdo con el esquema electoral, y la economía es una combinación de ajustes con alta inflación. A este conjunto de elementos negativos hay que sumarle el brete en que queda Bordet cuando sus pares se inclinan para adelantar las elecciones en sus provincias, pero en el Gobierno nacional esa decisión no es bien vista.
En sectores del peronismo entrerriano, empieza a sonar el nombre del ministro Sergio Massa como uno de los principales candidatos presidenciales con los que el Frente de Todos buscará retener los gobiernos: nacional y provincial. El programa de Precios Justos sobre el que pivotea Massa para bajar la inflación, será fundamental. Si el ministro de Economía logra dar sentido con resultados concretos a su cruzada contra la inflación, las chances de anotarse para la sucesión de Alberto Fernández tendrán sustento político. En ese escenario, difícilmente aparezcan en el oficialismo nombres alternativos para desafiarlo, consideran.
Para el PJ entrerriano, quedaría fuertemente allanado así su camino para ir por su propia continuidad. Existe otra cuestión no menos importante: el actual mandatario Bordet sigue siendo, por lejos, el dirigente que mejor mide en las encuestas de la Provincia. Esa conjugación de intereses empieza a ser analizada y en algún punto digerida por los intendentes peronistas que se moverían fuerte para respaldar a Massa. El tigrense ya es mirado, acaso, como la última tabla de salvación para evitar un naufragio electoral del oficialismo en las elecciones del año que viene.
En sectores del PJ entrerriano empiezan a aceptar que la campaña electoral será en condiciones de adversidad permanente. Y ya no se esconde que el resultado de la pelea contra la inflación es una bala de plata que ya fue disparada. Habrá que ver el destino político de ese proyectil.
El propio Ministro alienta esa presunción. Viene diciendo que su plan busca que para el mes de abril la inflación mensual comience con el número 3. Sería una baja significativa en relación al promedio del 6 por ciento mensual en el que el costo de vida se estacionó en los últimos meses. "Si eso pasa y acomodamos el problema salarial, estamos en carrera", blanqueaba uno de los intendentes que irá por su reelección.
Juntos por Entre Ríos consolida la división
En Juntos por Entre Ríos parece haberse consolidado un escenario, el de la división. El porteño Rogelio Frigerio es candidato desde que se impuso en las legislativas de 2021, Pedro Galimberti anunció que competirá a comienzos de año y hace unas semanas se confirmó que Fabián Rogel también disputará la carrera por llegar al sillón de Urquiza, aunque muchos sospechan que su pre candidatura solo tiene la intención de dividir el voto radical para favorecer al dirigente porteño.
El problema para Frigerio es como incidirá en el PRO entrerriano la fuerte pelea por la candidatura presidencial entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, que ya está desatada. "No hay marcha atrás", aseguran desde uno y otro campamento.
Frigerio pretende estar con todos y con ninguno. El porteño, postulante a la gobernación entrerriana, recibió en tres meses a cinco presidenciables de JxC. Como único candidato a gobernador del PRO, Frigerio sobrevuela la interna nacional y recibe a todos sin definirse por ninguno. El interrogante es cuánto tiempo podrá mantener esa equidistancia oportunista.
El otro dato importante es que el radicalismo entrerriano sigue sin hacer pie en la contienda nacional. En ese marco se mantienen lanzados a Facundo Manes -que en los próximos días retomará sus recorridas por el país luego de rediseñar estrategias y equipo de campaña, y al jujeño Gerardo Morales, pero la sombra de un acuerdo con sectores más dialoguistas del PRO, para ir en fórmulas compartidas, tanto en la Nación como en las provincias empiezan a sumar adhesiones.
Acaso en un último interno para fortalecer a la UCR en esa disputa que parece monopolizar el PRO, trascendió posibilidad de que los radicales realicen una interna previa en marzo para que de allí salga un candidato presidencial empoderado para enfrentar a Larreta y Bullrich.
Esta interna nacional agrega atractivo a la interna provincial que los radicales deben tener en abril para renovar la conducción de la UCR. El apoyo o no a Frigerio estará en el centro del debate. El resultado de esa interna tendrá consecuencias en la pelea Frigerio - Galimberti.
La escalada de la disputa interna con la que Juntos por Entre Ríos termina 2022 y comienza el año electoral forma parte de la estrategia de mantener a la UCR en carrera en medio de la guerra abierta desatada en el PRO que se lleva buena parte de la atención pública. Toda la gente mira a la distancia ese conflicto. No sólo el peronismo.
La Opinión Popular
Al gobierno del Frente de Todos le tocó la peor peste de los últimos 100 años. Y eso explica en gran medida los problemas actuales y el resultado electoral del 2021. La inflación heredada de Mauricio Macri, carcomiendo el poder adquisitivo de los ingresos fijos de los trabajadores es la otra peste. En las elecciones de 2021, el gobierno partía de la base de que el éxito del plan de vacunación lo haría ganar. La ética del accionar frente a la pandemia estuvo resumida en una frase: "una vida que se pierde no se recupera, una economía que se cae se puede levantar". Es cierto. Pero lo ético y lo justo no siempre sintoniza con lo electoral. Hoy la pandemia de Covid quedó guardada en ese cajón en el que se meten las cosas que se pretende olvidar como si nunca hubiera ocurrido. Fue un lapsus en el que el Gobierno debió pagar un alto costo político, como muchos oficialismos en el mundo.
Ahora bien, disponer sistemas electorales o imponer cronogramas electorales son iniciativas que el oficialismo suele hacer jugar en su favor, cuando tiene mayoría legislativa, claro. Con más tiempo, Bordet podrá en marzo o abril saber si Sergio Massa logró bajar la inflación, a fin de que el Frente de Todos llegue a las elecciones de octubre con un escenario nacional más favorable. Para ello hay que lograr, con la inflación y los ingresos, una señal sensible de que se revierte la tendencia. Queda poco tiempo, pero no es imposible. Si la situación mejora, se instalará en la mayoría de la población una percepción distinta a la desazón actual. Habrá un voto que tratará de no profundizar una situación problemática cuando se está mejorando, volviendo a elegir una experiencia que ya fracasó como la del neoliberalismo macrista, y será una expectativa realista. Así tendrá el peronismo serias posibilidades de ganar en 2023.
La Opinión Popular
Cristina calificó al tribunal que la juzga como un pelotón de fusilamiento
"Este no es un tribunal, sino un pelotón de fusilamiento". "Como lo dije el 2 de diciembre de 2019, al comienzo de este juicio, la sentencia está escrita. Lo que no sabía es que está tan mal escrita y que la acusación fue una serie de mentiras e incluso de hechos que no existieron". "La mujer que acompañaba a quien quiso matarme, Brenda Uliarte, seguía al fiscal Diego Luciani en las redes sociales. Eso muestra la ligazón entre este fusilamiento y el intento de fusilarme del 1 de septiembre". Estos fueron los conceptos esenciales de Cristina Fernández al hacer uso de lo que llaman "las últimas palabras" en el juicio por las rutas de Santa Cruz.
En una causa sin ninguna prueba más que las tapas de Clarín, la vicepresidenta eligió este enfoque global, político, porque las defensas ya habían contestado todas las acusaciones. Aun así, Cristina, instantes después, dio a conocer "Las 20 mentiras de la causa Vialidad" que fueron expuestas con tanta solidez por las defensas que los fiscales Luciani y Sergio Mola ni siquiera se atrevieron a responder. El Tribunal Oral Federal número dos fijó audiencias para el lunes y martes que viene. En este último día, el martes 6 de diciembre, se dará a conocer la sentencia.
Más allá del enfoque político, Cristina afrontó sorpresivamente y de manera directa uno de los estigmas que la alianza judicial-mediática-política viene instalando desde hace años en su contra: "el 10 de diciembre de 2015 me fui del gobierno exactamente con los mismos bienes con los que había llegado y que ahora quedaron para mis hijos. Tres jueces (Rodolfo Canicoba Corral, Norberto Oyarbide y Julián Ercolini) me investigaron por enriquecimiento ilícito y no encontraron nada. Vivo en el mismo departamento que cuando nos fuimos con Néstor a vivir a Olivos. En cambio, alguna otra dirigente importante de la oposición (en referencia a María Eugenia Vidal), vecina del barrio, un poco más para allá, en un lugar más selecto, La Isla, compró un departamento a mitad de precio, que además se lo vendió la hija de su contador y que además se lo vendió prestándole la plata. Pero la ladrona y la chorra soy yo. Esto es lo que se está viviendo en la República Argentina".
En el juicio, ambas acusaciones sufrieron una auténtica paliza. Empezando por el hecho incontrovertible de que todas las obras se hicieron, era falso que hubiera alguna ruta que no conducía a ningún lado y que no se pagó nada que no se hubiera construido. Eso fue certificado por dos auditorías, ambas encargadas por el macrismo. O sea, no pudieron acreditar ningún perjuicio para el Estado.
Respecto de la asociación ilícita, además de que el delito fue plantado para agrandar la pena, no hubo un solo testigo en tres años y medio que dijera que recibió un llamado, que le dieron una instrucción o cualquier maniobra para favorecer a Lázaro Báez. Las licitaciones se hicieron en Santa Cruz, igual que las adjudicaciones y el control de las obras, de manera que las autoridades nacionales -entre ellas Cristina- no tuvieron participación directa. Al haber comunicaciones sólo atribuibles a las funciones de gobierno, CFK señaló: "quieren calificar de asociación ilícita a un gobierno votado por los argentinos".
Cristina insistió -como lo viene afirmando desde el inicio del juicio- que la condena ya está firmada. Pero en sus últimas palabras, se concentró en los fiscales Luciani y Mola: "la increíble diatriba, porque no se le puede llamar alegato a los 20 días que los fiscales Luciani y Mola dedicaron a injuriar, agraviar, denostar y actuar, no conforme a derecho, sino tal cual un editorial de Clarín o La Nación. Durante 20 días inventaron hechos, ocultaron otros hechos, tergiversaron, mintieron. Y ese 22 de agosto termina el alegato y empieza a agolparse gente frente a mi casa que, finalmente, el 1 de septiembre, aparece una persona, acompañado por una mujer, dispara o intenta disparar. Disparó, lo que pasa que el tiro no salió. Doce días después, Clarín tituló "la bala que no salió y el fallo que sí saldrá". Miren la identificación con fusilamiento y esta causa". Nadie verá una condena a Cristina como el resultado de un juicio justo porque jamás lo tuvo.
Diputados macristas armaron un nuevo escándalo y confirmaron ser incapaces de hacer política en serio
La patética puesta en escena con la que un grupo de diputados macristas, incluyendo a jefes de bloque, interrumpió el funcionamiento de la cámara de diputados el jueves por la tarde, con insultos, amenazas y golpes en los escritorios del recinto, es un nuevo paso hacia adelante en la estrategia de tierra arrasada de Juntos por el Cambio: que el Estado no funcione y el Gobierno no pueda gobernar. Buscan la debacle absoluta del peronismo.
Con comportamientos más propios a los de una barra brava que a los de un interbloque legislativo, los diputados macristas lograron bloquear una sesión en la que el oficialismo queria ratificar el cargo de la presidenta del cuerpo, Cecilia Moreau, dejar sin efecto la nómina de legisladores propuestos para el Consejo de la Magistratura y aprobar la creación de nueve universidades. Hubo gritos, empujones, insultos y gestos obscenos plagados de referencias misóginas y xenófobas.
El papelón, directa consecuencia de la notoria incapacidad de la alianza antiperonista de resolver diferencias por las vías del diálogo y la negociación política, se desató cuando los legisladores de JxC vieron frustrado su intento de dejar sin quorum a la sesión y optaron lisa y llanamente por pudrirla.
El oficialismo aspiraba a tratar un proyecto de ley creando nuevas universidades nacionales en provincias. Diputados del bloque Federal y hasta algunos cambiemitas estaban a favor. Piensan en sus distritos, en cómo votarán los ciudadanos en 2023. Pero la mayoría de JxC aborrece las universidades públicas y gratuitas. También están de punta contra la moratoria previsional que cuenta con media sanción del Senado y que ampliaría la protección social para más de 800.000 nuevos jubilados.
Son más arteros aun frente al proyecto de ley de persecución y prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. La pide el GAFI, un organismo internacional. Estados Unidos la apoya. La principal oposición aborrece desairar a sus amos yanquis pero gambetea comprometerse culpando al oficialismo. Tampoco los emociona la movida de ir contra los miles de millones de dólares, fugados y amarrocados fuera del territorio nacional.
En un primer momento, JxC intentó dejar a la sesión sin quórum, pero gracias al apoyo de los bloques de la izquierda y de otras fuerzas, el oficialismo logró reunir el número exacto de diputados para iniciar el debate. Al ver frustrada su intentona de negar el quórum, los legisladores cambiemitas bajaron al recinto con la única intención de bloquear la sesión con el falso argumento de que el oficialismo había prorrogado el inicio de la sesión de manera antirreglamentaria.
Pero los opositores no plantearon sus objeciones desde sus bancas y haciendo uso de la palabra de manera ordenada, prefirieron en cambio armar un quilombo frente al atril de la presidencia. Los patoteros Fernando Iglesias, Waldo Wolff y Silvia Lospennato encabezaban el griterío que era decorado por gestos obscenos a cargo de Cristian Ritondo (denunciado por su aliada Elisa Carrió y por la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, por manejo de influencias en la justicia a favor de narcos).
Los de JxC siguieron profiriendo insultos y golpeando bancas hasta que se levantó la caótica sesión. Los macristas volvieron a demostrar que son pésimos ejecutantes del arte de la política. En un escenario de relativo equilibrio de fuerzas, son incapaces ya no de llegar a algún acuerdo, sino de dar un debate civilizado.
Pero en esta oportunidad los representantes de JxC fueron todavía más lejos al recurrir a mecanismos arrebatados y patoteriles para imponer su voluntad. Al fracasar su estrategia de bloquear la sesión negando el quórum, buscaron impedir el debate recurriendo a la violencia.
Justamente quienes impostan énfasis en todos sus discursos e intervenciones mediáticas para declararse incondicionales defensores de la institucionalidad fueron los que abiertamente insultaron a una de las instituciones más importantes de la democracia.
Oposición provincial enmudecida
Rogelio Frigerio y Pedro Galimberti -como toda la dirigencia opositora- se entusiasmaron con el impacto político de las dificultades que el oficialismo pudiera tener. Pero no proponen soluciones concretas; ni siquiera está claro que las tengan. Ese empieza a ser un problema para Juntos por Entre Ríos, que reitera una y otra vez la tesis del fin de ciclo kirchnerista y del agotamiento peronista después de 20 años en el gobierno local, pero sigue sin mostrar qué tipo de cambio es el que propone para la provincia.
Los dirigentes de Juntos por Entre Ríos, peleados y desarticulados, solo miran la agenda de Buenos Aires y pretenden trasladar la grieta nacional a la provincia, haciendo venir a funcionarios porteños o precandidatos presidenciales que no conocen la realidad local, como Rodríguez Larreta, o se contradicen en la política de impuestos con los dirigentes locales, como Gerardo Morales que dijo "aquellos que piden bajar los impuestos deben ir al psicólogo" teniendo a lado a los dirigentes entrerrianos de Juntos, que permanentemente piden bajar impuestos provinciales para desfinanciar al Estado.
Frente a los problemas que muestra la provincia, la larga novela de las candidaturas paralelas de Frigerio y Galimberti, la desconfianza mutua entre el PRP y la UCR, y la permanente ausencia de reglas de juego ya se volvió redundante internamente y -lo que es más problemático- inentendible para quienes la miran de afuera. Muchos candidatos y pocas propuestas para pretender gobernar la provincia. Hace falta más que solamente oponerse y criticar sin dar soluciones a nada de lo que demanda la sociedad. Y volver al modelo neoliberal menemista de los 90 no es una opción que los entrerrianos tengan entre sus aspiraciones.
Además, los referentes provinciales de Juntos por el Cambio, acostumbrados a escandalizarse frente a cualquier denuncia, sospecha o irregularidad en la que incurra el Gobierno, esta semana no dedicaron la más mínima mención al escándalo que sus referentes nacionales provocaron para impedir el normal desarrollo de la actividad legislativa en el Congreso. Aparentemente estaban ocupados siguiendo las alternativas del mundial.
Esa distancia con la gente hace que siga creciendo una figura como Javier Milei, que capta adhesión de entrerrianos robándole votos que antes eran de Cambiemos. La ex candidata a diputada y referente de Milei en Entre Ríos, Miriam Müller, sostuvo que "Las palomas de Juntos por el Cargo son parte de las enfermedades terminales que afectan al país".
La titular de Partido SOL descartó que pueda existir un acercamiento hacia JXC. "Es difícil pensar en un Milei, con expresiones tan claras sobre las pestes y males que enferman al país, que se una a las causas que producen esos padecimientos." De este modo, Müller enterró la posibilidad de sumarse al radi-macrismo.
La Presidenta de Partido SOL, uno de los sellos en la provincia que conforma la mesa política de Milei, ironizó sobre el diputado Rogelio Frigerio. "Frigerio recorre la provincia para conocerla. Hace un tour para conocer su historia e idiosincrasia". Y recordó que en el 2015, Frigerio "impuso" como diputada nacional por Entre Ríos a Yanina Gayol, otra porteña "que nunca había pisado Entre Ríos".
El PJ entrerriano de cara al 2023
En el PJ entrerriano, de cara al 2023, consideran que la mejor carta es la administración provincial que llevó adelante Gustavo Bordet. Consideran que hay volver a renovar los votos para plebiscitar la gestión con el apoyo de la militancia y la gente. El peronismo es el que siempre saca adelante la situación y es el Estado presente el que lleva adelante toda obra necesaria para seguir plasmando la justicia social, esa bandera de los sectores populares.
Esas intenciones chocan con la incertidumbre. No se tiene todavía candidato a gobernador, debe avanzar en el armado de la estructura -futuro gabinete incluido- que fortalezca su propuesta provincial; reactivar en breve su estrategia por fuera de la ciudad de Paraná y poner a la gestión municipal capitalina y de las principales ciudades del interior en un ritmo febril de licitaciones y ejecución de obras.
Tampoco el peronismo tiene un candidato a presidente, y no cualesquiera de los sectores del Frente de Todos está muy de acuerdo con el esquema electoral, y la economía es una combinación de ajustes con alta inflación. A este conjunto de elementos negativos hay que sumarle el brete en que queda Bordet cuando sus pares se inclinan para adelantar las elecciones en sus provincias, pero en el Gobierno nacional esa decisión no es bien vista.
En sectores del peronismo entrerriano, empieza a sonar el nombre del ministro Sergio Massa como uno de los principales candidatos presidenciales con los que el Frente de Todos buscará retener los gobiernos: nacional y provincial. El programa de Precios Justos sobre el que pivotea Massa para bajar la inflación, será fundamental. Si el ministro de Economía logra dar sentido con resultados concretos a su cruzada contra la inflación, las chances de anotarse para la sucesión de Alberto Fernández tendrán sustento político. En ese escenario, difícilmente aparezcan en el oficialismo nombres alternativos para desafiarlo, consideran.
Para el PJ entrerriano, quedaría fuertemente allanado así su camino para ir por su propia continuidad. Existe otra cuestión no menos importante: el actual mandatario Bordet sigue siendo, por lejos, el dirigente que mejor mide en las encuestas de la Provincia. Esa conjugación de intereses empieza a ser analizada y en algún punto digerida por los intendentes peronistas que se moverían fuerte para respaldar a Massa. El tigrense ya es mirado, acaso, como la última tabla de salvación para evitar un naufragio electoral del oficialismo en las elecciones del año que viene.
En sectores del PJ entrerriano empiezan a aceptar que la campaña electoral será en condiciones de adversidad permanente. Y ya no se esconde que el resultado de la pelea contra la inflación es una bala de plata que ya fue disparada. Habrá que ver el destino político de ese proyectil.
El propio Ministro alienta esa presunción. Viene diciendo que su plan busca que para el mes de abril la inflación mensual comience con el número 3. Sería una baja significativa en relación al promedio del 6 por ciento mensual en el que el costo de vida se estacionó en los últimos meses. "Si eso pasa y acomodamos el problema salarial, estamos en carrera", blanqueaba uno de los intendentes que irá por su reelección.
Juntos por Entre Ríos consolida la división
En Juntos por Entre Ríos parece haberse consolidado un escenario, el de la división. El porteño Rogelio Frigerio es candidato desde que se impuso en las legislativas de 2021, Pedro Galimberti anunció que competirá a comienzos de año y hace unas semanas se confirmó que Fabián Rogel también disputará la carrera por llegar al sillón de Urquiza, aunque muchos sospechan que su pre candidatura solo tiene la intención de dividir el voto radical para favorecer al dirigente porteño.
El problema para Frigerio es como incidirá en el PRO entrerriano la fuerte pelea por la candidatura presidencial entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, que ya está desatada. "No hay marcha atrás", aseguran desde uno y otro campamento.
Frigerio pretende estar con todos y con ninguno. El porteño, postulante a la gobernación entrerriana, recibió en tres meses a cinco presidenciables de JxC. Como único candidato a gobernador del PRO, Frigerio sobrevuela la interna nacional y recibe a todos sin definirse por ninguno. El interrogante es cuánto tiempo podrá mantener esa equidistancia oportunista.
El otro dato importante es que el radicalismo entrerriano sigue sin hacer pie en la contienda nacional. En ese marco se mantienen lanzados a Facundo Manes -que en los próximos días retomará sus recorridas por el país luego de rediseñar estrategias y equipo de campaña, y al jujeño Gerardo Morales, pero la sombra de un acuerdo con sectores más dialoguistas del PRO, para ir en fórmulas compartidas, tanto en la Nación como en las provincias empiezan a sumar adhesiones.
Acaso en un último interno para fortalecer a la UCR en esa disputa que parece monopolizar el PRO, trascendió posibilidad de que los radicales realicen una interna previa en marzo para que de allí salga un candidato presidencial empoderado para enfrentar a Larreta y Bullrich.
Esta interna nacional agrega atractivo a la interna provincial que los radicales deben tener en abril para renovar la conducción de la UCR. El apoyo o no a Frigerio estará en el centro del debate. El resultado de esa interna tendrá consecuencias en la pelea Frigerio - Galimberti.
La escalada de la disputa interna con la que Juntos por Entre Ríos termina 2022 y comienza el año electoral forma parte de la estrategia de mantener a la UCR en carrera en medio de la guerra abierta desatada en el PRO que se lleva buena parte de la atención pública. Toda la gente mira a la distancia ese conflicto. No sólo el peronismo.
La Opinión Popular
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