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Nacionales - 04-12-2022 / 09:12
AUTOCRACIA JUDICIAL, OPOSICIÓN MACRISTA IRASCIBLE Y LA PELOTA A MASSA DISEÑAN EL ESCENARIO ELECTORAL DEL 2023

La oposición violenta le pone cepo al Estado para que los jueces macristas gobiernen

La oposición violenta le pone cepo al Estado para que los jueces macristas gobiernen
La patética puesta en escena con la que un grupo de diputados, incluyendo a jefes de bloque, interrumpió el funcionamiento de la cámara de diputados el jueves por la tarde, con insultos, amenazas y golpes en los escritorios del recinto, es un nuevo paso firme hacia adelante en la estrategia de tierra arrasada de Juntos por el Cambio: que el Estado no funcione y el gobierno no pueda gobernar. Busca la debacle absoluta del peronismo.
La patética puesta en escena con la que un grupo de diputados, incluyendo a jefes de bloque, interrumpió el funcionamiento de la cámara de diputados el jueves por la tarde, con insultos, amenazas y golpes en los escritorios del recinto, es un nuevo paso firme hacia adelante en la estrategia de tierra arrasada de Juntos por el Cambio: que el Estado no funcione y el gobierno no pueda gobernar. Busca la debacle absoluta del peronismo.
 
Desde que Horacio Rosatti dio un golpe institucional y asumió para sí la rectoría del Consejo de la Magistratura, se paralizó ese órgano de control sobre el Poder Judicial. Ahora la oposición intenta aprovechar la dificultad recurrente del Frente de Todos a la hora de conseguir mayorías en la cámara baja para ponerle un cepo al Congreso y no dejar que funcione. Ni siquiera para sacar proyectos de consenso, como estaba previsto este jueves.
 
Al mismo tiempo, los jueces toman para sí facultades que no les asigna ninguna ley ni artículo de la Constitución. La Corte se arroga opinión sobre cómo se conforman las bancadas legislativas, un juez frena con una cautelar eterna la explotación de recursos naturales estratégicos, otro prohíbe la promoción de vacunas para niños. Este martes, habrá que ver, quizás resulte que otros decidan proscribir a Cristina Fernández.
 
Se trata de un avance insidioso y orquestado ya no sobre la democracia sino contra la idea misma de política en tanto herramienta para que una sociedad sea, hasta cierto punto, artífice de su propia fortuna o desgracia. El vaciamiento de los poderes elegidos por el voto popular y su reemplazo por sentencias judiciales viciadas de parcialidad, que benefician siempre a los mismos, decanta en un desguace de la cosa pública, pieza por pieza.
 
Los funcionarios del Poder Judicial que conforman la fuerza de choque de este blitzkrieg no están solos. Son parte de una alianza conformada por jueces y fiscales, dirigentes opositores, sindicalistas quebrados, figuras mediáticas, intelectuales de tercera línea para abajo, financistas turbios, youtubers, empresarios y espías, aunados por una causa común. Un verdadero partido antipolítico que se propone fagocitar al sistema democrático desde adentro.
 
Su objetivo lo conocemos, no solamente porque lo dijeron en público y porque se filmaron ellos mismos confesándolo en una sala del edificio Banco Provincia, sino también, y sobre todo, porque es el mismo desde 1955: la eliminación del peronismo y de cualquier expresión política, sindical o social que constituya un obstáculo para la voracidad de los dueños de los negocios más importantes del país, no precisamente una constructora en Santa Cruz.
 
Sin embargo, a pesar de todos los problemas que tiene este gobierno y las circunstancias infaustas que le tocó administrar, no es sencillo conseguir que la mitad del país vote en pos de los intereses del 0,02 por ciento, por tomar como universo aquellos que fueron afectados por el impuesto a la riqueza. De ahí las dificultades de la oposición para que la realidad se acerque al relato que armaron y se creyeron, con final feliz en la Casa Rosada.
 

El fenómeno global de la polarización y sus características locales, que muchos llaman la grieta, sube el piso de las principales identidades políticas, lo que decanta en escenarios de mayor competitividad, como se vieron en Brasil y Estados Unidos. De ahí a ganar la elección hay un largo camino. La misión de Sergio Massa, ordenar la economía, es solamente el primero de varios pasos para aprovechar la oportunidad que se abre.
 
Si los pronósticos del ministro de Economía se cumplen y la inflación baja a magnitudes cercanas al 3 por ciento en el primer tramo del 2023, con una recuperación de la capacidad adquisitiva que se note y haga diferencia, estarán dadas las condiciones para que el Frente de Todos afronte su segunda campaña presidencial con expectativas. Luego, faltará ordenar la coalición, encontrar buenos candidatos y conectar con el electorado, nada menos.
 
Frente a la consolidación de la alianza anti como adversario principal en este turno el oficialismo necesita encontrar su propio encuadre político para los tiempos que corren. CFK y Massa, en diálogo permanente, coinciden en la necesidad de volver a proyectar al peronismo como el partido del orden y del poder en la Argentina y recuperar ese lugar cuasi hegemónico que supo ocupar en otros momentos de la historia democrática.
 
Con resultados económicos, aunque sea incipientes, en la mano, y una oposición que entró en un proceso de retroalimentación de sus elementos más extremos, volver a tomar el centro del escenario político no debería ser una tarea imposible para el peronismo. La mayor dificultad, acaso, consista en convencer de lo mismo y al mismo tiempo al establishment angurriento y a la sociedad carente y postergada.
 
La sintonía fina necesaria para esa tarea depende de tener la coalición ordenada, deuda eterna del Frente de Todos con sí mismo, cuyos intereses paga toda la Argentina. Durante el viaje a Bali para participar de la Cumbre del G20, el presidente Alberto Fernández le prometió a Massa que convocaría a una mesa política, pero de regreso a Buenos Aires, y fiel a su estilo, postergó la movida, que todavía no tiene fecha ni --aparentemente-- apuro.
 
Sucede que el presidente sabe que, necesariamente, una de las primeras definiciones que va a tomar esa mesa será sobre su futuro. Fernández ya no tiene padrinos para resistir un operativo clamor a la inversa que le pida que renuncie a buscar su reelección. A esta altura del partido, hasta sus propios ministros admiten que ya no es y difícilmente vuelva a ser el mejor candidato posible del peronismo para el 2023.
 
Ese sigue siendo el principal obstáculo para el oficialismo, incluso si logra mostrar resultados en materia económica: el enorme desgaste que han sufrido ante la opinión pública sus principales dirigentes (CFK, Massa y Fernández) representa una dificultad adicional a la hora de enfrentar un ballotage ajustado, que se defina por el voto fluctuante de los sectores medios y medios bajos, los más afectados por las crisis recurrentes.
 
Es por eso que ha tomado fuerza por estas horas, en las vías comunicantes entre el Ministerio de Economía y el Senado, una hipótesis novedosa: elegir a una figura que no esté en las primeras planas de la política nacional y permita ofrecer algo diferente, aún siendo oficialismo. Poco conocimiento y poca imagen negativa en general y buenos números en su provincia y región sirven para construir un candidato o candidata.
 
Prima la idea de buscar en el interior. Por lógica, los ojos se posan primero sobre los gobernadores, aunque no se puede descartar que la persona adecuada surja de las filas del Frente de Todos en el Congreso. No necesariamente el número sea de uno, también está abierta la posibilidad de que dos o varios candidatos con estas características compitan en una primaria que permitiría instalarlos con rapidez en el escenario nacional.
 
¿Y Massa? Si efectivamente logra desacelerar la inflación y mejorar los ingresos de millones, su candidatura sería natural y, probablemente, ganadora. Él repite ante distintos auditorios que se siente en los últimos pasos de su carrera política y que su familia le pidió que no sea candidato a presidente, aunque quienes lo conocen bien saben que, si se abre una oportunidad cierta, es difícil que pueda ni quiera decirle que no.
 
El tigrense evalúa, alternativamente, otro escenario, inspirado en el rol que tuvo Lavagna en la elección de Néstor Kirchner, en 2003: hacer campaña junto a otro candidato presidencial que comprometa su continuidad al frente de la botonera económica, buscando simultáneamente una transferencia de votos y alquilar cierta calma del establishment durante los usualmente sísmicos meses previos a cualquier elección en este país.
 
Por Nicolás Lantos
 
Fuente: El Destape
 

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28-02-2026 / 09:02
Morituri te salutant (Los que van a morir te saludan). Así saludan los empresarios argentinos al imperator Javier "el Loco" Milei. Lo aplauden el titular de la Rural, Nicolás Pino; el de la Cámara de Comercio, Mario Grinman; el de la Cámara de la Construcción, Gustavo Weiss, y hasta el de la UIA, Martín Rapallini.
 
En dos años del presidente cantor cerraron 23 mil empresas, 30 por día, la mayoría de la construcción, del comercio y de la industria manufacturera, pero los tipos aplauden la masacre de muchos empresarios que ellos representan porque al mismo tiempo 290 mil trabajadores quedaron en la calle. Los empresarios fanáticos aceptan el sacrificio a cambio de la reforma laboral esclavista.
 
En el Congreso, los anarcocerebrales, los del PRO, los radicales y el MID, apoyaron el despojo de los derechos a los trabajadores. Seis gobernadores, tres de ellos de origen peronista lejano (de Río Negro, Alberto Weretilnek; de Neuquén, Rolando Figueroa, y de Salta, Gustavo Sáenz), otros dos que se siguen llamando peronistas, (Osvaldo Jaldo, de Tucumán, y Raúl Jalil, de Catamarca) otro de origen sindical (Claudio Vidal, de Santa Cruz) y otro que compitió contra el oficialismo (Hugo Passalacqua, de Misiones) mandaron votar con el gobierno nacional.
 
En las elecciones, esos gobernadores hicieron campaña contra el oficialismo libertario. Fueron votados para hacer oposición, pero lejos de sus provincias mandaron a sus legisladores a acatar al gobierno nacional para desvalijar a los trabajadores de todo el país, incluso aquellos que los votaron en su territorio.
 
Jaldo dijo que esos gobernadores representaban la voz del interior como si eso fuera la expresión del federalismo, pero ellos se sometieron a la extorsión del gobierno central y más bien representan todo lo contrario al verdadero federalismo.
 
Hubo seis gobernadores de Unión por la Patria, Axel Kicillof, de la provincia de Buenos Aires; Sergio Ziliotto, de La Pampa; Gustavo Melella, de Tierra del Fuego; Elías Suárez, de Santiago del Estero; Gildo Insfrán, de Formosa, y Ricardo Quintela, de La Rioja, que formaron un bloque opositor a la reforma laboral. Jaldo, que es uno de los gobernadores mejor pagos por el gobierno nacional con los ATN que le corresponden a su provincia, trató de disfrazar su sumisión a Milei con un supuesto federalismo que lo diferenciaba del peronismo a nivel nacional.
 
Cuando el primer gobierno peronista decretó las grandes reivindicaciones obreras, lo hizo para los trabajadores de todas las provincias. Nada más contrario al verdadero federalismo que someterse a las políticas antiobreras del gobierno central.
 
Derrotado en las elecciones, el peronismo mantuvo su oposición a las políticas neoliberales del gobierno, lo que le valió deserciones, como la senadora Carolina Moisés, que aceptó ocupar el espacio que correspondía al principal interbloque opositor, que tiene 25 senadores, frente a los 21 del oficialismo. Más atrás están los radicales con 10 bancas y el PRO, con tres y luego hay varios bloques, algunos unipersonales.
 
Un principio democrático que nunca fue transgredido hasta la llegada del PRO y los libertarios, plantea que la conformación de las autoridades de cada Cámara se integre de manera proporcional. La vicepresidencia correspondía a Unión por la Patria, pero el oficialismo, aliado con otros bloques menores, dejó a la segunda minoría sin representación en el esquema de dirección del Senado.
 

27-02-2026 / 10:02
Un peritaje clave en el caso $LIBRA, que el fiscal Eduardo Taiano demoró más de la cuenta, complica al presidente Javier "el Loco" Milei y su hermana la coimera Karina, secretaria general de la Presidencia. La información surge de celulares y computadoras de dos de los involucrados en la estafa: el trader Mauricio Novelli, con quien Milei hacía rato que tenía negocios y fue el nexo con el creador de $LIBRA Hayden Davis; y Sergio Morales, que era funcionario de la Comisión Nacional de Valores (CNV) mientras participaba de este entramado y es, hasta ahora, el único que renunció por este escándalo.
 
Del peritaje se desprende que Milei sabía perfectamente qué estaba haciendo cuando promocionó $LIBRA el 14 de febrero de 2025 y confirma en el expediente judicial lo que ya era evidente por el trabajo periodístico sobre el caso: que tenía una relación muy estrecha con los involucrados y el mundo cripto.
 
El otro dato fundamental del peritaje es que Novelli borró muchos mensajes de su teléfono y sólo "se hallaron dos conversaciones de WhatsApp y una de Instagram" con Milei. Es inverosímil y muestra señales de ocultamiento y encubrimiento, ya que Milei y Novelli tenían un vínculo estrecho de años, con una escuela de negocios financieros en común, presencia de el joven trader en la Casa Rosada e incluso en Olivos e incluso en la exclusiva gala de asunción del libertario en el Teatro Colón.
 
Los mensajes eliminados incluyen también al grupo de Whatsapp que compartían Novelli, Morales y Manuel Terrones Godoy, otro de los involucrados en la estafa. "Todas las conversaciones individuales y las relativas a grupos de WhatsApp conformados por Novelli, Terrones Godoy y Sergio Morales se hallaron vacías o habrían sido eliminadas", dice el peritaje. Novelli también borró mensajes con su madre y su hermana, que inmediatamente después de la estafa fueron a vaciar una caja de seguridad bancaria.
 
A su vez, en otra muestra de letargo voluntario, Taiano requirió este martes al gobierno que informe "si existe un acuerdo confidencial" entre el impulsor de $LIBRA, Hayden Davis, y Milei. Más allá de que lo más probable es que ni le contesten, lo pide tardísimo. Si había una copia en los cajones de la Casa Rosada ya pasó por la trituradora de papeles hace rato.
 
El resultado del peritaje fue elaborado por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) que depende del Ministerio Público Fiscal. En gran parte es "reservado", pero lo poco que muestran ya revela que sobran elementos para que Milei, su hermana y todos los involucrados sean, al menos, llamados a indagatoria.
 
De acuerdo a los datos que surgen del estudio de la DATIP, Milei había sido "capacitador en materia de teoría monetaria respecto de criptomonedas" en la escuela "N&W Professional Traders" de Novelli, con quien el jefe de Estado mantenía una aceitada relación. Se hallaron videos e imágenes de las clases que daba Milei. Es decir, no era un ignorante en la materia, como pretende hacer creer. Pero eso no es todo: el estudio de los teléfonos da cuenta de que Milei y su hermana mantuvieron intercambios de mensajes con el lobista Novelli, que es un actor clave en el lanzamiento de $LIBRA. 
 

26-02-2026 / 11:02
En una de las marchas más convocantes del año, los jubilados volvieron a alzar la voz frente al Congreso de la Nación, como acostumbran a hacerlo cada miércoles. En esta ocasión contaron con el apoyo de organizaciones gremiales, con vistas a una nueva marcha en rechazo al proyecto de reforma laboral que debatirá el Senado el próximo viernes. Advirtieron sobre el impacto del funesto Fondo de Asistencia Laboral (FAL) en el financiamiento de las jubilaciones.
 
El gobierno de Javier "el Loco" Milei avanza con la aprobada reforma laboral y, en el centro del proyecto, aparece el Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Bajo la promesa de "aliviar" a las empresas, el esquema permitirá distribuir el costo de las desvinculaciones a lo largo de la relación laboral. El Fondo de Asistencia Laboral reducirá aportes patronales y restará 0,37 por ciento del PBI a la Anses, superando lo destinado a ciencia, salud y discapacidad.
 
En los hechos, implicará un recorte anual de 2.600 millones de dólares a la Anses, equivalente al 0,37 por ciento del PBI. El mecanismo es sencillo: las empresas deberán destinar un 2,5 por ciento del salario en el caso de pymes y un 1 por ciento en grandes firmas a un fondo individual.
 
Pero esa erogación será compensada con una reducción equivalente en las cargas patronales. Resultado: el despido queda virtualmente a costo cero para el empleador y el agujero lo absorbe el sistema previsional. Según el Instituto Argentina Grande, con datos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, la pérdida supera ampliamente partidas que el Ejecutivo consideró inviables por falta de recursos.
 
Este proyecto, redactado por los abogados de las grandes empresas, es nefasto si se lo compara con que el Presupuesto 2026 prevé 1.107 millones de dólares para ciencia, tecnología e innovación, apenas 0,16 por ciento del PBI. Para el Hospital Garrahan asigna 162 millones de dólares, 0,023 por ciento del producto.
 
La comparación se vuelve más áspera al recordar que el Presidente vetó el aumento del 7,2 por ciento a jubilados, la suba del bono a 110.000 pesos y la extensión de la moratoria, con impactos fiscales muy inferiores. También rechazó la Ley de Emergencia en Discapacidad, cuyo costo estimado oscilaba entre 0,25 por ciento y 0,45 por ciento del PBI.
 
La apuesta oficial sostiene la falsedad que la reforma generará más empleo formal y fortalecerá el sistema jubilatorio. Sin embargo, la economía acumula dos meses de caída según el EMAE del Indec, y no hay señales de expansión que anticipen una compensación rápida del rojo previsional.
 
¿Y cómo se detiene esta agresividad del gobierno libertario? Seguir dándole pelea, saliendo a la calle, llenando las plazas, protestando, con los partidos populares, con los movimientos sociales, que tienen que hacerles temblar el piso a los dueños del poder y del dinero. La calle a coro, plena, con las voces de la valentía civil.
 
La Opinión Popular
 

25-02-2026 / 11:02
Mientras el Gobierno de Javier "el Loco" Milei apura el tratamiento de la reforma laboral en el Senado en el tramo final de las sesiones extraordinarias, el Gobierno libertario ya deja expuesto el próximo frente de conflicto que pretende abrir en el Congreso: un recorte al régimen de licencias médicas, bajo el argumento de combatir supuestos abusos. Insiste en recortar salarios y derechos laborales bajo el argumento de combatir "abusos" en las licencias médicas.
 
El anticipo llegó de boca del presidente provisional del Senado de la Nación Argentina, Bartolomé Abdala, quien confirmó que el Ejecutivo buscará impulsar durante el período ordinario una ley específica para modificar las licencias por enfermedad. Se trata del mismo capítulo que el Gobierno debió retirar de la reforma laboral original ante el rechazo generalizado de la oposición e incluso de sectores "dialoguistas" que suelen acompañar al oficialismo.
 
El eje de la polémica fue el artículo 44 del proyecto inicial, que introducía una rebaja en el pago de salarios durante licencias por enfermedades o accidentes no laborales. La redacción encendió alarmas por su impacto directo sobre los ingresos de los trabajadores y terminó siendo eliminada para evitar que naufragara el resto de la iniciativa.
 
Lejos de dar marcha atrás, Abdala admitió que la Casa Rosada planea retomar el tema más adelante. "Lo de las licencias es algo menor dentro de una ley mucho más amplia", intentó minimizar el senador puntano, al tiempo que defendió la reforma laboral que se votará el viernes 27 de febrero. Sin embargo, sus declaraciones dejaron en claro que el Gobierno no abandona la idea de avanzar sobre un derecho sensible, alineado con la lógica de ajuste y desregulación de la gestión libertaria.
 
Luego de que Patricia Bullrich admitiera que la retirada del cuestionado artículo 44 sirvió para "blindar" el FAL y otros puntos, el senador Abdalá adelantó que buscarán aprobar una ley en el período ordinario para recortar las licencias pagas. Según Abdala, en el oficialismo existe "preocupación" por licencias extensas, presuntos abusos y certificados médicos irregulares, tanto en el sector público como en el privado.
 
El artículo 44 que generó el escándalo proponía un esquema de pago diferenciado durante las licencias. Para enfermedades o accidentes no vinculados con el trabajo, el trabajador solo percibía una parte del salario. Si la dolencia era consecuencia de una acción considerada voluntaria y riesgosa -como una lesión deportiva-, el ingreso se reducía al 50 por ciento del sueldo por tres meses, o seis si tenía familiares a cargo. En el caso de enfermedades crónicas, además, se endurecían las condiciones para reconocer recaídas.
 
Cuando la causa no se atribuía a una conducta voluntaria, el porcentaje subía al 75 por ciento, aunque siempre con plazos limitados. El texto también aclaraba que eventuales suspensiones económicas o disciplinarias no interrumpían ese pago reducido, consolidando un esquema de menor protección para el trabajador enfermo.
 
Aunque el vergonzoso capítulo fue retirado del dictamen que llegará al recinto, el mensaje político es claro: el Gobierno de Milei solo postergó el conflicto. El debate por las licencias médicas volverá durante el período ordinario, como parte de una agenda que insiste en trasladar el costo del ajuste a los trabajadores, incluso cuando se trata de situaciones de enfermedad. Para el Loco Milei y su pandilla de explotadores, los trabajadores, no tienen derecho a enfermarse.
 
La Opinión Popular
 

24-02-2026 / 09:02
Por decisión unánime, el Comité Ejecutivo de la AFA suspendió la fecha 9 de La Liga Profesional, que va del 5 al 8 de marzo, en repudio a la denuncia de ARCA contra los dirigentes de la institución. La AFA sostiene que "está todo pago" y que, en realidad, el Gobierno del Loco Milei "le está declarando la guerra al fútbol para imponer las Sociedades Anónimas Deportivas que los clubes no quieren", y de la que el Gato Macri se quiere beneficiar. La Asociación refutó las acusaciones contra sus principales dirigentes y votó suspender las fechas que se iban a jugar entre el jueves 5 y el domingo 8. "Se está declarando una guerra contra el fútbol", expresó el presidente de Vélez.
 
El enfrentamiento entre el Gobierno libertario y la alta dirigencia del fútbol argentino se recalentó este lunes a partir de la decisión del Comité Ejecutivo de la AFA de suspender toda la actividad del fútbol local entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo en protesta por la acusación de evasión impositiva hacia las máximas autoridades de la casa madre del fútbol. El parate, de características inéditas en la historia del fútbol argentino, abarcará a la novena fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional y a todas las restantes categorías, incluso formativas, que deberán ser reprogramadas oportunamente.
 
El jueves 5 de marzo, primero del cese de actividades futbolísticas, es el día en el que está prevista la declaración del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico en la causa abierta el 12 de diciembre pasado, a partir de una denuncia del ARCA, el ente recaudador a nivel nacional, por una presunta omisión sistemática en el pago de tributos y la retención de aportes previsionales entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. El monto estimado superaría los 19 mil millones de pesos.
 
El cronograma de audiencias indagatorias comenzará el jueves 5 con la declaración de Tapia y proseguirá un día más tarde con las de Toviggino y Gustavo Lorenzo, director general de la AFA. Mientras que el lunes 9 deberán presentarse Víctor Blanco Rodríguez, expresidente de Racing y anterior secretario general de la entidad, y Cristian Malaspina, actual titular de Argentinos Juniors. La pelota estará parada mientras duren estas audiencias.
 
La decisión de la alta dirigencia del fútbol argentino se disparó en la reunión de Comité Ejecutivo desarrollada en la mañana de este lunes en el predio Lionel Messi de Ezeiza. En ese encuentro, Gustavo Lorenzo, director general de la AFA y uno de los acusados, presentó una captura de la página oficial de ARCA que, de acuerdo con sus palabras, demostraba que la AFA no registra deudas ni tiene declaraciones juradas pendientes.
 
A partir de este documento, los dirigentes sostuvieron que la deuda que motivó la causa judicial no existe. Por lo cual, los representantes de la Primera División resolvieron impulsar el paro como señal de respaldo institucional e iniciar una ronda de consultas con las mesas de las diferentes divisionales para que adhieran a la medida.
 
La Opinión Popular
 

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