", aseguró Brawer.
 
En los fundamentos del pedido se expresa que la violencia política puede ocurrir en cualquier espacio de la vida pública y política siendo especialmente grave cuando ocurre en espacios trascendentes para la vida democrática como el Congreso. Y agrega que existen sobradas pruebas para incluir el comportamiento ofensivo y violento del diputado Ritondo en estas configuraciones. El pedido asegura que "esta gestualidad es digna de un varón violento más que de un representante del pueblo. Es digna de una patota más que de un cuerpo parlamentario elegido por el voto popular. Es la violencia machista en todo el esplendor y sencillez de la que es capaz".
 
En paralelo, legisladores y funcionarios de los distintos sectores del FdT se expresaron en apoyo a Moreau y repudiaron el accionar opositor. Mazzina remarcó que, "una vez más, la misoginia y la violencia machista se presenta ante la falta de argumentos políticos" y señaló que "en democracia solo es posible construir desde el debate de ideas, no vamos a permitir que quieran callarnos con gritos y amenazas, nunca más".
 
La alianza opositora amenaza, con la continuidad de este accionar, de impedir el funcionamiento de Diputados. De forma extorsiva buscan condicionar el debate, las sesiones o la aprobación de leyes a que se resuelva el conflicto del Consejo de la Magistratura como ellos quieren, para seguir manipulando el Poder Judicial.
 
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'/> Piden la expulsión del macrista Cristian Ritondo por violento, xenófobo y misógino / La Opinión Popular
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Nacionales - 03-12-2022 / 10:12
TRAS EL GESTO OBSCENO Y MACHISTA EN EL RECINTO HACIA CECILIA MOREAU

Piden la expulsión del macrista Cristian Ritondo por violento, xenófobo y misógino

Piden la expulsión del macrista Cristian Ritondo por violento, xenófobo y misógino
Ritondo alzó ambas manos e introdujo el dedo índice de una mano en un círculo formado por los dedos índices y mayor de la mano contraria, que si lo traducimos a lenguaje de barrio, está diciendo con claridad “te cogimos”, “te violamos”. Su gesto violento y misógino contra Moreau duró un instante pero se advirtió claramente. Y para completar el "gestito", con una connotación xenófoba, le gritó "venezolana" a la presidenta de la Cámara.
El Frente de Todos pidió la expulsión de Cristian Ritondo de la Cámara de Diputados luego de los gestos obscenos que realizó durante la sesión del jueves contra la presidenta del cuerpo, Cecilia Moreau. Ritondo alzó ambas manos e introdujo el dedo índice de una mano en un círculo formado por los dedos índices y mayor de la mano contraria, que si lo traducimos a lenguaje de barrio, está diciendo con claridad "te cogimos", "te violamos". Su gesto violento y misógino contra Moreau duró un instante pero se advirtió claramente. Y para completar el "gestito", con una connotación xenófoba, le gritó "venezolana" a la presidenta de la Cámara.
 
Las expresiones de violencia y la maniobra de los legisladores de la oposición de derecha, lograron frenar la designación de autoridades en la Cámara y la creación de ocho universidades nacionales. Juntos por el Cambio aprovechó la jugada para evitar su aprobación. Son conocidos sus ataques contra la educación pública y gratuita, y ya habían expresado su rechazo a las nuevas universidades con argumentos propios del neoliberalismo más rancio.
 
"Una vez más, la misoginia y la violencia machista se presenta ante la falta de argumentos políticos", expresó la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Ayelén Mazzina. Ritondo no solo no pidió disculpas sino que justificó su grosero comportamiento y, en modo contrataque, el PRO analiza pedir que sean expulsados Moreau, Rodolfo Tailhade y Blanca Osuna, por motivos insignificantes.
 
En medio de un fuerte rechazo al escandaloso show montado por Juntos por el Cambio en el Congreso, la diputada Mara Brawer presentó un proyecto de resolución para pedir la expulsión del titular de la bancada del PRO. En el texto, la legisladora argumenta el reclamo en "inhabilidad moral" y por haber incurrido en la violación de la Constitución Nacional y la Convenció Interamericana sobre la violencia contra la mujer. "Lo de Ritondo es gravísimo: un diputado nacional haciendo el gesto obsceno de la violación con los dedos de la mano y después a los gritos en el recinto usando el gentilicio 'venezolana' como insulto merece su expulsión. Es xenófobo, misógino, racista y machista", aseguró Brawer.
 
En los fundamentos del pedido se expresa que la violencia política puede ocurrir en cualquier espacio de la vida pública y política siendo especialmente grave cuando ocurre en espacios trascendentes para la vida democrática como el Congreso. Y agrega que existen sobradas pruebas para incluir el comportamiento ofensivo y violento del diputado Ritondo en estas configuraciones. El pedido asegura que "esta gestualidad es digna de un varón violento más que de un representante del pueblo. Es digna de una patota más que de un cuerpo parlamentario elegido por el voto popular. Es la violencia machista en todo el esplendor y sencillez de la que es capaz".
 
En paralelo, legisladores y funcionarios de los distintos sectores del FdT se expresaron en apoyo a Moreau y repudiaron el accionar opositor. Mazzina remarcó que, "una vez más, la misoginia y la violencia machista se presenta ante la falta de argumentos políticos" y señaló que "en democracia solo es posible construir desde el debate de ideas, no vamos a permitir que quieran callarnos con gritos y amenazas, nunca más".
 
La alianza opositora amenaza, con la continuidad de este accionar, de impedir el funcionamiento de Diputados. De forma extorsiva buscan condicionar el debate, las sesiones o la aprobación de leyes a que se resuelva el conflicto del Consejo de la Magistratura como ellos quieren, para seguir manipulando el Poder Judicial.
 
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RESPALDO A MOREAU
 
Piden la expulsión del Congreso de Cristian Ritondo
 
Las y los firmantes sostienen que el jefe del bloque de JxC tuvo "actos que implican violación a la Constitución" en la sesión en la Cámara baja.
 
Con distintos mensajes y comunicados, representantes políticos, sindicales, sociales y algunos funcionarios salieron a respaldar a Cecilia Moreau y rechazaron la violencia sufrida ayer por la presidente de la Cámara de Diputados durante una sesión en el Congreso. En paralelo, un grupo de legisladoras y legisladores presentaron un proyecto en el que se pide la expulsión de Cristian Ritondo por «actos que implican la violación a la Constitución Nacional».
 
"Los gestos obscenos y degradantes de violencia machista y los dichos xenófobos e insultos del diputado Ritondo son un límite que no debemos traspasar y que no vamos a dejar impune", sostuvo Mara Brawer, quien presentó el proyecto junto a Mónica Macha, Daniel Gollan y Juan Carlos Alderete, entre otros.
 
'Basta de violencia política' su «repudio a los ataques antidemocráticos violentos y misóginos de representantes de Juntos por el Cambio contra las legisladoras y dirigentes del Frente de Todos», señala el comunicado firmado organizaciones sociales y sindicales, como la Confederación General del Trabajo (CGT), la CTA, la CTA Autónoma, la UTEP, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el sindicato de prensa de Buenos Aires (SiPreBA), Mujeres Sindicalistas y la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, entre otras.
 
Funcionarios y dirigentes del Frente de Todos (FdT) respaldaron hoy a la titular de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, y repudiaron la «violencia machista» que sufrió ayer durante la frustrada sesión de la Cámara Baja.
 
«No fue ofensivo ni impropio, y no fue al oficialismo ni al kirchnerismo. Fue violento y machista. Fue violencia política contra la presidenta de la Cámara Cecilia Moreau. Y contra todas. En el recinto del Parlamento. Pasaron todos los límites», publicó en Twitter la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti.
 
La ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Ayelén Mazzina, dijo que, «una vez más, la misoginia y la violencia machista se presenta ante la falta de argumentos políticos» y también expresó su solidaridad con Moreau. «En democracia solo es posible construir desde el debate de ideas, no vamos a permitir que quieran callarnos con gritos y amenazas, nunca más", dijo.
 
En un clima tenso, este jueves, la Cámara de Diputados fracasó en su intento de aprobar diversos proyectos. En ese contexto, el titular de la bancada de PRO, Cristian Ritondo, hizo un gesto ofensivo hacia el oficialismo.
 
Entre los repudios, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, también se expresó Santiago Maggiotti. «Las agresiones que recibió ayer Cecilia Moreau son inadmisibles. El momento histórico nos pide unión a los argentinos y las argentinas».
 
En tanto, para el jefe de la bancada oficialista en la Cámara Baja, Germán Martínez "hubo una clara oposición a que podamos tener la sesión propuesta. Fue un escándalo, con gestos y actitudes sumamente violentas".
 
Axel Kicillof también lamentó y cuestionó los episodios: "Que los vergonzosos gritos, los gestos obscenos y la violencia de la oposición en el Congreso no nos impidan ver también el fondo. La sesión que interrumpieron estaba destinada a crear nuevas Universidades en la Provincia".
 
En tanto, el ministro de Justicia, Martin Soria, se manifestó en Twitter que "los diputados de Cambiemos bloquean el Congreso. La jueza (María Eugenia) Capuchetti bloquea la investigación del atentado a Cristina Kirchner. La Corte bloquea el Consejo de la Magistratura. La oposición, sus medios y el partido judicial intentan bloquear la democracia".
 
Además, se sumó a los repudios el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza y la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza. «Se la hacen peor por ser mujer, los violentos no pueden tener más lugar en la vida democrática», dijo.
 
Fuente: Tiempo Argentino
 

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20-02-2026 / 10:02
La bronca desde abajo le impuso a la CGT el paro nacional. Fue contundente a pesar de los límites de la conducción y mostró que la reforma laboral esclavista de Javier "el Loco" Milei es socialmente ilegítima. Casi ningún colectivo, nada de trenes, nada de industria, el centro de la ciudad vacía, muchos comercios cerrados y en el conurbano la misma inactividad. La convocatoria al paro lanzada por la CGT y las dos CTA y militada por el Frente de Sindicatos Unidos tuvo un enorme respaldo. Pasada la medianoche se aprobó en Diputados con modificaciones. Ahora vuele al Senado.
 
El movimiento obrero no tiene la fuerza de los años del capitalismo industrial o de la sustitución de importaciones. Sin embargo, el acatamiento al paro fue de una masividad que debería llamar a la reflexión al Gobierno y a los miserables diputados que votaron la reforma laboral. Más que el movimiento obrero, el paro fue representativo de la mayoría de la sociedad. Hay rechazo al despojo de reivindicaciones históricas. Pero muchos de los que acataron el paro conocen poco la letra completa del proyecto de ley, pero interpretaron y rechazaron el sustrato de desprecio y discriminación a los trabajadores que conlleva la propuesta.
 
La carga de desprecio, el volumen de humillación y maltrato que sobrevuelan a toda la norma consolida la idea que quieren instalar de un país con ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. El personaje profundamente mediocre y ofensivo de Federico Sturzenegger expresa un fanatismo tan vulgar, tan gris, que no alcanza a percibir el rechazo profundo que produjo en la mayoría de la sociedad. El economista que fracasó en los gobiernos de Fernando de la Rúa y de Mauricio Macri ha sido la cara visible de esta propuesta y al que todos acusan de haber intercalado la miserable iniciativa de pagarles la mitad del salario a los trabajadores enfermos.
 
Hay una narrativa antiderechos, antipolítica y antisindical que se construyó sobre defectos que existen pero que son excepcionales si se los compara con los beneficios, a los que esa narrativa desprecia o, al menos no valora. Todo lo que sea derechos constituye un robo. Los discapacitados mienten su discapacidad, los trabajadores mienten cuando dicen que están enfermos, los trabajadores nunca van a la universidad, los científicos son diletantes, la política y el sindicalismo solo sirven para robar.
 
Pero se les fue la mano y tuvieron que retirar la monstruosidad de pagarle la mitad a un trabajador enfermo. Eso no ocurría ni con los esclavos. Esa burrada es Sturzenegger puro. Esa narrativa tomó cuerpo en un sector de la sociedad y mucha gente votó esta gestión. Pero cuando empiezan a sacar derechos y obligaciones que buscaban asegurar a todos los ciudadanos como sujetos de derecho, la mayoría se siente afectada, incluso muchos de los que votaron al Loco Milei. Puede ser que haya otra explicación para este paro contundente, pero sería importante que el masivo acatamiento a esta convocatoria sirva para la reflexión de muchos de los diputados y senadores que aprueban esta norma que los marcará a fuego.
 
Pero toda la norma está concebida desde ese lugar donde se considera al trabajador poco menos que como un estafador con el que los autores de la norma están obligados a convivir. Por eso, los radicales, los gobernadores traidores de Catamarca, Tucumán y Salta, que se dicen peronistas, y los diputados misioneros, todos ellos que colaboraron en habilitar esta ley, quedaron muy lejos de la expectativa de sus votantes. El punto crítico para este gobierno será cuando ese enorme porcentaje que rechaza estas políticas se convierta también en rechazo a los que las impulsan.
 
Para impedir que se apruebe hay que multiplicar fuerzas, peleando por imponer un verdadero paro activo de 36 horas, que garantice una movilización masiva para impedir el retroceso en protección laboral.
 
La Opinión Popular
 

18-02-2026 / 10:02
Comenzó la reforma laboral y la empresa de neumáticos Fate resolvió el cierre definitivo de su planta en San Fernando tras 80 años. No hubo ninguna notificación ni aviso por parte de la empresa. La Policía ocupó la planta, demoró a Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, e hirió con balas de goma a trabajadores, quienes ingresaron pacíficamente a la planta y desde ahí llaman a solidarizarse con su pelea contra el cierre. Los dueños culparon a la política de apertura de importaciones indiscriminadas del gobierno libertario de Javier "el Loco" Milei, que destruye cada vez más la industria nacional.
 
Con una cruda declaración pública que demuestra los daños del modelo económico del gobierno anarco capitalista en la producción nacional, la compañía propiedad de la familia Madanes Quintanilla aclaró que el anuncio no se trata de un concurso preventivo de acreedores y descartó una reestructuración o un plan de salvataje. Se trata del cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente. "Se liquida todo y se baja la persiana", sentenciaron.
  
En un comunicado, la firma dejó claro que la principal consecuencia de la decisión que deja en la calle a casi mil familias se debe a la política de apertura de importaciones impulsada por la administración de La Libertad Avanza (LLA). Fate estaba produciendo 150 mil neumáticos mensuales, el 25 por ciento de su capacidad. Hoy, el 75 por ciento de las ruedas del mercado son chinas. Los otros grandes jugadores del sector, Pirelli y Bridgestone, enfrentan situaciones similares.
 
"Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre", dice el comunicado emitido a primeras horas de hoy por FATE. "Las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán dentro del plazo legal", aseguró el texto.
  
La planta de San Fernando es una de las más grandes del país y tenía una capacidad productiva que superó los 5 millones de neumáticos por año. Sin embargo, esa eficiencia se vio sacudida por el ingreso de 860.000 cubiertas de origen chino importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios obligó a Fate a rebajar sus productos y, consecuentemente, a dejar por el piso sus márgenes de ganancia.
 
Su cierre se trata de un evento anunciado. Desde 2024, la empresa había advertido sobre los golpes en su competitividad producto de la apertura económica indiscriminada que afecta la producción nacional. Durante los últimos dos años, la crisis comercial y productiva que hundió a la empresa fue erosionando la relación con los empleados, que a través de la representación gremial reclamó permanentemente sobre los daños al costo laboral, sueldos atrasados y reducción de jornadas de trabajo.
 
En su declaración, la compañía recordó que "a lo largo de más de ocho décadas Fate construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad".
 
"Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina", destacó. Milei los liquidó.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 10:02
El ministro de Economía, el endeudador serial Luis "Toto" Caputo, salió este domingo a interpelar públicamente al empresariado por la falta de respaldo explícito a la reforma laboral retrograda y esclavista impulsada por el Gobierno anarco capitalista. A través de un mensaje directo en redes sociales, el funcionario expresó su "asombro" ante lo que consideró una reacción tibia -o directamente nula- de las cámaras empresarias frente a los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.
 
El reclamo de Caputo se produjo en un momento de alta tensión política y sindical, con la Confederación General del Trabajo convocando a un paro en rechazo al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ministro buscó correr el foco del conflicto y presionar al sector privado para que se pronuncie en favor de una reforma que el Ejecutivo presenta como anti trabajadores.
 
El eje del planteo oficial es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos herramientas que apuntan a reducir significativamente el costo laboral. La reforma permitiría bajar las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador desde el 27 actual al 15 por ciento durante un período de 48 meses. En términos más amplios, la cuña laboral promedio se reduciría del 44 al 32 por ciento del salario bruto.
 
Pese a estos números, Caputo se mostró molesto por la falta de entusiasmo empresario. "Les bajamos un 85 por ciento las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", escribió en la red social X.
 
Sin embargo, el silencio por parte del empresariado expone una incomodidad que el Gobierno subestima. Voces del sector privado reconocen que la baja de cargas es un incentivo relevante, pero advierten que persisten dudas sobre la implementación del nuevo esquema, la estabilidad macroeconómica y la falta de políticas complementarias para reactivar la producción y el crédito. En sectores industriales, incluso, señalan que la reducción de costos laborales no alcanza si no hay demanda ni financiamiento.
 
Mientras el Gobierno ultra derechista exhibe el recorte de cargas patronales como una concesión histórica al empresariado, las principales cámaras evitan celebrarlo abiertamente, atrapadas entre el conflicto sindical, la incertidumbre económica y un modelo laboral que todavía genera más interrogantes que certezas.
 
Muchos empresarios están sensibilizados por los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores, afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y por lo tanto achica aún más el mercado interno, con lo que a las Pymes les pega de lleno.
 
Los empresarios ni fu ni fa con la medida. En tanto, la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día en que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno libertario quiere que la Cámara de Diputados lo transforme urgente en ley, aunque si le hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios del transporte.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 08:02
El gobierno del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei volvió a quedar en el centro del escándalo por un vergonzoso contrato estatal que cuestiona su prédica contra la "casta" y las prácticas de su gestión. La controversia gira en torno a una adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico "Pelado" Sturzenegger, el de la motosierra y el "achicamiento del Estado" para todos, menos para su esposa.
 
La contratación, formalizada mediante una disposición oficial publicada en el sistema COMPR.AR, asciende a 114.044.133 de pesos y contempla la capacitación en inglés de 132 empleados durante 2026. El procedimiento utilizado fue una "Adjudicación Simple por Especialidad", justificada en el expediente bajo el argumento de que la AACI era el único proveedor capaz de garantizar la continuidad del programa formativo. Sin embargo, el dato de que se registró una sola oferta -la de la propia entidad adjudicada- alimentó cuestionamientos sobre la competencia real del proceso.
 
El vínculo matrimonial entre Rouillet y Sturzenegger obligó a activar el mecanismo de integridad previsto por el Decreto 202/2017. En ese marco intervinieron la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, que confirmaron en dictamen la existencia de un vínculo familiar directo con un ministro nacional. Como respuesta, el área de Compras recomendó la firma de un Pacto de Integridad para prevenir conflictos de interés.
 
Aunque ese procedimiento se presentó como garantía de transparencia, especialistas en administración pública suelen advertir que estos mecanismos son correctivos y no sustituyen el principio básico de evitar situaciones que puedan generar sospechas de favoritismo. El hecho de que el Estado contrate a una organización dirigida por un familiar directo de un funcionario de alto rango, aun con controles formales, expone una zona gris difícil de conciliar con el discurso oficial contra los privilegios políticos de casta.
 
El caso no es aislado. Registros del mismo portal oficial muestran que Cancillería ya había contratado a la AACI en 2024 por 55.388.180 pesos para un servicio similar. En esa ocasión, la documentación pública no incluía un Pacto de Integridad ni permitía descargar el pliego completo, lo que suma interrogantes sobre la consistencia de los estándares de transparencia aplicados.

Desde su campaña presidencial, Milei construyó su identidad política en torno a la denuncia de la "casta" y la promesa de terminar con los beneficios para funcionarios y allegados. Sin embargo, episodios como este niegan esa narrativa. Si bien la contratación no fue declarada ilegal y siguió los pasos administrativos exigidos, el problema radica en el plano político: la percepción de que ciertos vínculos personales siguen teniendo acceso privilegiado a recursos públicos.

La defensa oficial se apoya en la legalidad de los procedimientos. Pero la discusión pública se mueve en otro terreno: el de la legitimidad ética y simbólica. En un gobierno que hizo de la austeridad y la lucha contra los privilegios su principal bandera, cada contratación que involucra familiares directos de altos cargos se convierte en una prueba de inconsistencia. Ya denunciaron penalmente a Sturzenegger.

 
El caso, lejos de cerrarse con la firma de un supuesto pacto administrativo, reabre el debate sobre hasta qué punto la promesa de terminar con la "casta" queda limitada al terreno discursivo. Porque, cuando los beneficiarios de contratos estatales están vinculados a la cúpula del poder, la distancia entre relato y realidad es indisimulable.
 
La Opinión Popular
 
 

16-02-2026 / 09:02
Si algo faltaba para completar la foto de una ofensiva gubernamental a todo trapo, llegó con las medias sanciones de reforma laboral y baja en la edad de punibilidad. Triunfo político del Gobierno, sin dudas, con paliza para la oposición. Sin embargo, resta constatar si esa foto es parte de una película rumbo a ser concluida o si, al cabo, no es más que un recuadro.
 
Lo que el oficialismo se anima a denominar como "modernización" de las condiciones laborales se vio impregnado por el despliegue represivo en los alrededores del Congreso. Hay que detenerse en este punto, porque algunos de sus rasgos son sustantivos para entender fondos de la cuestión.
 
Hubo una marcha de protesta -no impactante, sí muy numerosa- que se dispersó apenas diseminado el impresionante operativo policial. Esos manifestantes fueron ignorados por la prensa oficialista, desde ya. Pero resulta que los medios opositores, con escasas excepciones, también ningunearon a los manifestantes. Prefirieron centrarse en lo burdo de infiltrados y/o marginales que fueron a pudrirla, casi sin registro de quiénes, cuántos, con qué composición, habían ganado la calle.
 
Todo fue de manual. Cuando una manifestación es imponente y bien organizada, no hay services ni ocho cuartos capaces de empiojar. Hacía falta -y esto no se dice con el diario de lunes, sino con repetida evidencia- que los organizadores tomaran precauciones ante lo obvio. No lo hicieron, y lo obvio sucedió.
 
Primeros apuntes, entonces: una marcha justificadísima pero convocada sin mayor convicción, empezando por la otrora "central obrera", y unos marchantes que quedaron al arbitrio de ser operados en forma infantil.
 
Luego, adentro del Congreso ya estaba cocinado que la cúpula cegetista -no hablamos de toda la CGT- había conseguido retener sus cuotas de privilegios burocráticos en materia de aportes sindicales y empresariales. Ellos y los tránsfugas del peronismo "del interior" o "dialoguista", en reemplazo de otras definiciones que hoy resuman de qué se trata el peronismo por fuera de consignas clásicas.
 
Lo objetivo es que se medio-sancionó una reforma de la que, en primer término, una mayoría de la población no tiene o parece no tener ni la menor idea informativa. "Porque son todos iguales". "Porque gracias si me dedico a arreglarme como puedo". "Porque la política no me interesa" y, con sus variantes, sigue la lista de respuestas similares.
 
Viene la votación en Diputados. No debiera arriesgarse una sentencia concluyente porque, en un país político como éste que para bien y mal siempre depara sorpresas, habrá de verse si no falla alguna transa en el propio oficialismo. Por caso, es incierto que el ítem espeluznante de las licencias por enfermedad atraviese el filtro de la Cámara Baja.
 
Como fuere y de hecho, el gobierno de los Milei se metió sus denuncias retóricas contra "las ratas de los senadores" allí donde la espalda pierde su buen nombre y honor. Negoció cuanto era necesario y dos de los grandes bloques de intereses, el del empresariado sin un mínimo rasgo de burguesía inteligente y el de los dirigentes sindicales entregados, obtuvieron lo que querían.
 
Nadie en su sano juicio supone que esta reforma significará potenciar el mercado laboral, ni oportunidades de empleo, ni cosa que se le asemeje. Lo aceptan ellos mismos, los voceros del establishment, en sus diálogos reservados. Reconocen que se da trabajo cuando crece la economía y la gente tiene un mango en el bolsillo. No cuando se profundizan las condiciones contractuales entre el zorro y las gallinas.
 

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